Los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron 70% en la primera mitad de 2025 al comparar la cifra con el año pasado, hasta llegar a 102 hechos de violencia y 17 muertes, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI.

En la primera mitad de 2024 los crímenes de este tipo habían sido solo 60, y además llegaron al 72% de la cifra alcanzada en todo el año pasado.

El 70,6% de los casos (72) los sufrieron mujeres trans, el 16,7% (17) fueron contra varones gay cis y en el 6,9% (7) de los episodios, lesbianas fueron objeto de violencia.

De acuerdo a los cálculos del Observatorio, realizados a nivel nacional entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, 17 personas de la diversidad sexual murieron como consecuencia de “acciones u omisiones basadas en el odio hacia su orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, y otras 85 sufrieron lesiones a su integridad física.

Entre las 17 muertes, el informe desglosa un 23,5% (3 varones gay cis y 1 lesbiana) como asesinatos, incluyendo aquellos perpetrados por agentes estatales.

El 58,8% (8 de mujeres trans, 1 de un varón trans y 1 de una persona no binaria) son muertes por violencia estructural, concepto que se refiere a decesos en los que “la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”.

El 17,6% restante (2 de varones gay cis y 1 de una mujer trans) está constituido por casos de suicidios.

El Observatorio subraya que en lo corrido de 2025 los golpes, presentes en el 57,8% de los todos casos (59), representan la modalidad más frecuente con que se cometen los crímenes de odio, seguida de las puñaladas (5,9%), los empujones o forcejeos (4,0%), los balazos (2,9%) y el estrangulamiento o asfixia (2,0%), entre otros.

Más de la mitad de los casos de violencia tienen, según el estudio, autoría estatal (54 casos, 52,9% del total general), de manos de personal de las fuerzas de seguridad argentinas en ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la distribución geográfica, el número más alto de crímenes se concentró en la provincia de Buenos Aires, con el 60,8% (62 casos) del total, seguido por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 23,5% (24 casos).

Al respecto, el Observatorio agrega: “Es importante aclarar que en aquellas provincias donde los porcentajes son más bajos —o incluso donde no se registran casos en este período— no necesariamente hay menos crímenes de odio, sino que persiste un problema estructural de subregistro (...) La ausencia de registros no debe interpretarse como ausencia de violencia”.

En sus conclusiones finales, el Observatorio define el resultado del estudio como una prueba manifiesta de la “práctica sistemática de persecución sostenida a través de discursos de odio que vemos cómo actualmente se despliega y repite desde distintos ámbitos; algunas veces desde el anonimato, y otras veces con la voz impune y legitimada de autoridades del propio Gobierno nacional y/o gobiernos locales”.

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, tras su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023, fueron desmanteladas las principales instituciones y programas de protección a la comunidad LGTBI, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

El pasado 1 de febrero, miles de personas se manifestaron en distintos puntos de Argentina en rechazo a las declaraciones del mandatario contra el colectivo LGTBI, días antes en el Foro Económico Mundial de Davos.

Qué es la Defensoría LGBT

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con la primera Defensoría LGBT de Latinoamérica y el Caribe

La Defensoría LGBT se creó en noviembre de 2014 mediante convenios de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT).

OBJETIVOS

La Defensoría LGBT tiene como objetivo principal acompañar a lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) que hayan vivido alguna situación de vulneración de sus derechos humanos. Brinda asesoramiento, recibe reclamos y denuncias, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros organismos del Estado local y nacional.

Además realiza aportes en el diseño de políticas públicas y proyectos de ley, y a su vez promueve la difusión de acciones y de prácticas que visibilizan los derechos de todas las personas; también brinda entrevistas y reuniones con estudiantes y/o profesionales que quieran abordar las temáticas LGBT y cuenta con un equipo de capacitaciones que realiza e impulsa charlas, talleres y espacios de formación. Trabaja de manera integral y transversal promoviendo el cambio cultural necesario para transformar la igualdad jurídica alcanzada -a través de los derechos conquistados- en igualdad real.

ACCIONES

- Articula con el Estado y con la sociedad civil.

- Colabora en el diseño de políticas públicas.

- Impulsa iniciativas parlamentarias.

- Realiza atención de consultas y de derivaciones.

- Inicia acciones judiciales que promueven igualdad.

- Difunde y promociona los derechos y recursos de la comunidad.

- Brinda capacitaciones, charlas y talleres.

- Elabora materiales de difusión de derechos.

- Trabaja por un mayor acceso a la justicia.

- Genera espacios de formación con diversas universidades del país.

- Promueve prácticas no discriminatorias en los medios de comunicación.

- Realiza un seguimiento de legislaciones igualitarias a nivel internacional.

ALGUNOS DE LOS LOGROS DE LA DEFENSORÍA LGBT

TRIPLE FILIACIÓN EN ARGENTINA: gestiona y asesora el primer reconocimiento de la identidad de un niño con tres vínculos filiatorios del país y de toda América Latina.

CAMBIO REGISTRAL DE UN NIÑO TRANS: acompaña y gestiona el primer cambio registral de nombre y sexo en los documentos de un niño trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NUEVA LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE CABA: participa en el debate y aprobación de esta nueva Ley, que se sancionó el 9 de abril de 2015.

MATRIMONIOS IGUALITARIOS DE PAREJAS EXTRANJERAS: asesora y acompaña a numerosas parejas de otros paises para contraer matrimonio en Argentina.

A LA CALLE: realiza acciones de sensibilización y de promoción de politicas en contra de la discriminación en actividades y jornadas que se realizaron en la ciudad.

¿ANTE QUÉ SITUACIONES PODES RECURRIR A LA DEFENSORÍA LGBT?

www.defensoria.org.ar

El informe de 2024

EFE.

IG

La referente e integrante del movimiento lesbianxs autoconvocadxs Eli Trimarchi remarcó que los homosexuales estuvieron “siempre en peligro, pero ahora hay más miedo”, luego del triple lesbicidio en un hotel familiar de Barracas, al que calificó como “una masacre”.

Trimarchi sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que las políticas de género del Estado no las amparan y “revalidan la violencia verbal y física”, por lo que “es mayor el peligro” que tendrán en sus “propios hogares”.

“Hay más miedo en este momento. En peligro estuvimos siempre y ahora estamos más desamparadas. El miedo y el dolor que nos genera esto nos permite encontrarnos más unidas que nunca y tenemos también cómo y con qué luchar. Nuestro colectivo sabe pelear por la libertad y ningún cerco mediático nos va a limitar. Vamos a seguir saliendo a la calle”, indicó.

La también comediante de stand up arremetió contra el Gobierno de Javier Milei al entender que “no hay políticas” que las ampare “ante la discriminación”.

“Los discursos de odio disfrazados de opiniones instalan ideas violentas que se replican en las calles debido a que hay personas que piensan igual y que son violentas. Las chicas estaban durmiendo en su habitación y la asesinaron por ser lesbianas. Por eso decimos que es un lesbicidio, un crimen de odio”, precisó.

Asimismo, Trimarchi indicó que este hombre “venía amenazando de muerte a estas chicas y los vecinos contaron que en ese hotel familiar vivía un varón gay que se tuvo que mudar por la violencia de este señor”.

“Es un comportamiento abiertamente homofóbico y respaldado por no tener consecuencias de sus actos. Cumplió con lo que venía a hacer. De hecho, cuando incendia la habitación y las chicas buscaban salir de ahí, este tipo las golpeaba y las empujaba para que no pudieran salir de la habitación”, relató en relación al incendio del pasado 6 de mayo en la habitación de un edificio situado en la calle Olavarría al 1600 de Barracas.

A raíz de las quemaduras murieron Andrea Amarante, de 42 años, Pamela Cobas, de 52, y Roxana Figueroa, de 52, mientras que Sofía Castro Riglos de 49 años permanece internada fuera de peligro en el Hospital Del Quemado.

El femicida Justo Fernando Barrientos permanece detenido a la espera de las pericias correspondientes y de ser indagado por la Justicia.

“LLA tiene un discurso misógino y homodiante”

Trimarchi arremetió contra el Gobierno de Milei al señalar que “La Libertad Avanza tiene un discurso misógino y homoodiante que atenta contra los Derechos Humanos, que se encarga de limpiar proyectos, ministerios”.

“No recuerdo una sola medida a favor de una minoría o a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Lo que pasó en Barracas fue una masacre”, remarcó.

Respecto a los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, Trimarchi sostuvo: “Adorni salió a decir que no existía la palabra `lesbicidio´. Esa no es una respuesta que debe dar un funcionario”.

Para la referente, “el crimen fue movilizado por ser lesbianas y de bajos recursos”, ya que en ese hotel “vivían cuatro personas en una misma habitación de bajos recursos, algo que no harían si tuvieran plata”.

“Por ejemplo Andre (Andrea Amarante) era sobreviviente del boliche (República) Cromañón y tenía que tener un amparo de salud mental y económico porque había una ley y no estaba en ese listado”, aseguró.

Por último, Trimarchi planteó que todo “hubiera sido distinto si hubieran matado a cuatro mujeres o a cuatro hombres”.

Con información de NA.

IG

El 11 de abril de 2023 se cometió un travesticidio más dentro de una comisaría argentina. El cuerpo de Sofía Fernández, una compañera trans de la localidad de Pilar, fue hallado sin vida dentro de un calabozo de la comisaría 5° de Presidente Derqui. Hacía tres días que la habían detenido ahí mismo, sin notificación alguna. A su familia, la policía le comunicó distintas versiones sobre la causa de su muerte, mientras que la autopsia demostró que se había tratado de asfixia traumática. Sofi, de 39 años, era profesora de lengua; tenía sueños y aspiraciones de ser enfermera. Estaba tramitando su cambio registral. La semana pasada, primera semana de mayo de 2024, fueron detenidos efectivos de las fuerzas de seguridad bonaerense que estaban implicados en el asesinato de Sofía.

Yo sé muy bien lo que es estar totalmente indefensa, en un espacio cerrado a merced de la policía, sin que tu detención haya sido notificada a tu familia o amigxs (lo que es, en realidad, un secuestro). Puedo recrear perfectamente un enfrentamiento de 10 personas en contra de una sola. Pienso en lo que debe haber pasado por la cabeza de Sofía, recibiendo el maltrato de un grupo de policías únicamente por ser una persona trans. Marco esto porque nadie pudo probar que Sofi estuviera cometiendo un delito cuando la llevaron presa. Lo más probable era que estuviera teniendo la vida que nos dicen que hay que tener: trabajar, estudiar, ir a hacer las compras y volver a casa seguras. 

Una de las tantas veces que fui detenida injusta e ilegalmente, en lugar de dejarme encerrada con el resto de mis compañeras en el calabozo del sótano, como era habitual, me llevaron por un pasillo que había sido oculto por un mueble enorme que corrieron para que pudiera entrar. El pasillo daba a cuatro calabozos chicos, más o menos de un metro por un metro. Después de dejarme adentro, volvieron a correr el mueble. Quedé encerrada en un hueco en la pared de la comisaría N°23 de Palermo. Grité para que mis compañeras supieran que estaba ahí. Si no hubiera sido porque una de ellas había logrado entrar un celular con el que avisó a nuestra abogada, Ángela Vanni, que nos habían detenido, quizá hubiera tenido el mismo destino que Vanesa Ledesma, en la ciudad de Córdoba, o que Mocha Celis, en la comisaría número 50 del barrio de Flores: ambas murieron en manos de efectivos de la policía que “cumplían su función estatal”. 

La familia, las amistades y las distintas agrupaciones que apoyan el pedido de justicia para esclarecer lo que le hicieron a Sofía Fernández hace ya más de un año, están organizando para este viernes 10 de mayo una movilización citada a las 11 de la mañana en Colectora Oeste Ramal Pilar 1475 (Juzgado de Garantías 6 y 7 de Pilar). Estemos presentes en el pedido de justicia por Sofía, por la investigación y cárcel común para todos los responsables. La cita es clara: defendámonos, a nuestras vidas y a nuestra comunidad.

MBC/SN/DTC

Las denuncias relacionadas con delitos de odio por orientación sexual o identidad de género aumentaron un 67,63% con respecto a 2019, año previo a la pandemia de COVID-19, según el Ministerio del Interior. Los datos los ha ofrecido el ministro Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa en la que ha detallado que en 2021 las Fuerzas de Seguridad abrieron 1.802 investigaciones por delitos de odio. De estos se logró esclarecer 1.133, lo que marca un “récord” en la serie histórica en la tasa de resolución.

En concreto, el año dejó 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas, lo que representa un aumento del 5,63% de estos delitos de odio con respecto a 2019 y un 28,62% si se compara con 2020, un año este último marcado por las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Del total de delitos, 466 guardaron en 2021 relación con la orientación sexual o identidad de género de la víctima (67,63%) y 639 con un móvil racista o xenófobo (24,08%). Los de móvil político por ideología contabilizaron 326 casos, un descenso del 45,30% con respecto a 2019.

“La serie histórica nos muestra que cada vez son más los hechos de odio resueltos por las Fuerzas de Seguridad, cada vez son menos los delitos que quedan impunes y la eficacia policial aumenta por encima del crecimiento de este tipo de incidentes”, ha señalado Grande-Marlaska.

El ministro ha calificado como “alarmante” que en España y el resto de países europeos la infradenuncia esté en el 80%, aunque ha subrayado que perciben una mejora en la confianza en las investigaciones policiales.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) afirmó este jueves que el gigante de internet Facebook debería indemnizar a las víctimas de la violencia institucional en Myanmar -los representantes de la minoría étnica rohingya-, porque los mensajes de odio publicados en su plataforma “promovieron” en parte esa acción represora.

“Los peligrosos algoritmos de Meta, que posee Facebook, así como la búsqueda desenfrenada de beneficios han contribuido considerablemente a las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar (exBirmania) contra el pueblo rohingya en 2017”, denunció la ONG.

AI estimó que “Meta sabía o debía saber que los sistemas de algoritmos de Facebook amplifican la propagación de contenidos nocivos antirohingyas en Birmania” pero “esta empresa se abstuvo de actuar”, citó la agencia de noticias AFP.

En 2017, cerca de 850.000 musulmanes rohingyas huyeron de una sangrienta represión del ejército y de milicias budistas en Myanmar.

“En los meses y años que precedieron estas atrocidades, los algoritmos de Facebook intensificaron la ola de odio contra los rohingyas, contribuyendo así a la emergencia de las violencias en la vida real”, estima Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía.

Representantes de los rohingyas presentaron tres querellas contra Facebook en Reino Unido y Estados Unidos, así como ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la denuncia en Estados Unidos, presentada el pasado diciembre en California, sede de Facebook y Meta, los refugiados rohingyas piden una compensación de 150.000 millones de dólares.

Para Amnistía es “absolutamente indispensable” que Meta lleve a cabo una “amplia reforma de su sistema de algoritmos (...) pues en caso contrario el drama que vincula a Meta y a los rohingyas puede reproducirse en otras partes del mundo, en especial donde subyacen violencia étnicas”.

En un comunicado, Rafael Frankel, director de políticas públicas de Meta para los mercados emergentes en Asia-Pacífico, dijo que la compañía apoya los esfuerzos por “hacer al ejército birmano responsable de sus crímenes contra el pueblo rohingya”.

Frankel no respondió de manera específica a los pedidos de reparación financiera, y añadió que su trabajo en Birmania sigue nutriéndose de la información “aportada por la sociedad civil local y las instituciones internacionales”.

Con información de agencias.

IG

A 11 años del homicidio impune de Octavio Romero (33), el suboficial de Prefectura Naval Argentina (PNA) asesinado en 2011 presuntamente para evitar que se convirtiera en el primer integrante de esa fuerza en contraer matrimonio igualitario, el Estado Argentino reconoció hoy “su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  al tiempo que se comprometió a adoptar una serie de medidas reparatorias.

“Se trata de un crimen de odio que marcó un antes y un después porque iba a ser el primer prefecto en unirse en matrimonio igualitario pero también porque luego vino un poder judicial homofóbico, hegemónico y excluyente que no quiso ni supo avanzar en esta causa como en tantos otras casos con víctimas nuestra comunidad por los que reclamamos”, dijo a elDiarioAR el abogado y ex presidente de la CHA, Pedro Paradiso Sottile,

“Por otro lado, este es un acuerdo histórico porque es la primera vez que un Estado llega a una solución amistosa por un crimen de odio”, agregó el actual titular de la Fundación Igualdad que junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañaron al novio de la víctima –Gabriel Gersbach- en el recorrido iniciado hace 10 años ante la CIDH que hoy concluye con este acuerdo.

Además de reconocer que la investigación judicial incumplió con  “la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, en esta solución amistosa el Estado argentino “reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach” y se obliga a otorgarle una reparación pecuniaria a determinar. También se compromete a brindar apoyos a la fiscalía a cargo de esclarecer lo sucedido, a implementar acciones de reparación simbólica y políticas de no repetición.

Orgullo gay

“El ‘orgullo gay’, era un concepto que antes me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso de Octavio, de lo que siento por él y por estar haciendo algo en su honor. Creo que él está viendo y agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita”, dijo a elDiarioAR Gabriel Gersbach horas antes de la audiencia.

“Ahora va a haber protocolo de actuación (ante denuncias de discriminación por orientación sexual en las fuerzas de seguridad), que es fundamental porque otros chicos (gays) de Prefectura fueron amenazados después del crimen y a un suboficial le dijeron que ‘iba a terminar como Octavio Romero’”, agregó.

Según el Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

Según un Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

“Simbólicamente es muy valioso que el Estado esté haciéndose cargo de que la justicia argentina no tiene perspectiva de género; ahora esperamos que las medidas de no repetición se puedan aplicar”, dijo a este medio Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ.

La letrada explicó que “el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino,  no es por el crimen de Octavio (en sí) que todavía la justicia no comprobó si fue cometido por la fuerza, sino porque la investigación penal no fue hecho de acuerdo a los estándares internacionales”, como consecuencia de lo cual “seguimos sin saber lo que pasó”.

Del acto de rúbrica de la solución amistosa participaron además de Gersbach, Sottile y Fernández, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU, Víctor Madrigal-Borloz.

Signos de tortura

Octavio Romero tenía 13 años de trayectoria como suboficial de la Prefectura Naval Argentina -uno más que de noviazgo con Gabriel- cuando fue secuestrado de su domicilio la fría noche del 11 de junio de 2011, donde estaba solo, alistándose para asistir a una fiesta de cumpleaños en Parque Centenario.

Dos botellas enfriándose inútilmente en la heladera, la puerta de calle abierta, luces y televisión en funcionamiento fueron las señales de alarma que recibió su pareja al regresar más tarde esa noche. 

Después, el silencio: Octavio nunca llegó a la fiesta, todo llamado telefónico fue en vano y nadie supo más nada de él hasta seis días más tarde, cuando su cuerpo desnudo y con signos de torturas fue encontrado flotando a orillas del Río de la Plata, a la altura de Vicente López y en jurisdicción de PNA.

De entonces a esta parte, poco es lo que se sabe más allá de los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte sobrevino por “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. El cuerpo presentaba una alta concentración de alcohol en sangre (2,6 gramos por litro de sangre), golpes en la cara y nuca efectuados con un objeto contundente pero en cambio no tenía rastros de lesiones defensivas. El elemento con el que fue agredido nunca se encontró, como tampoco su teléfono celular ni su arma reglamentaria.

“Octavio se iba a casar y en Prefectura no todos aceptaban que fuera un casamiento gay o que un gay llegara a ser oficial, porque al obtener el título pasaba a automáticamente a ser oficial Por eso me inclino a pensar en un crimen de odio a su condición sexual que ya había sido motivo de amenazas aunque, por otro lado, trabajaba en Control de Gestión que otorgaba permisos entrada y salida de buques, que es una oficina con mucho poder”, dijo Gabriel.

Por su parte, Sottile recordó que “desde siempre hemos sostenido que es un crimen de odio, cometido por integrantes de la fuerza” porque de otra forma es imposible  “desaparecer de pleno centro porteño a una persona y que aparezca el cuerpo una semana después” en jurisdicción de la PNA

“Si se lograra constatar esta hipótesis, estaríamos hablando de los mismos procedimientos que utilizó la dictadura cívico-miliar-eclesiástica, incluyendo haber sido chupado de su casa. Es muy simbólico y causal”, dijo.

Sin imputados

En la causa por homicidio que tramita en la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº40 bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº24, no hay siquiera imputados. De sus numerosas fojas no surge tampoco dónde estuvo Octavio entre el 11 y el 17 de junio de 2011, dónde lo golpearon como tampoco en qué fue trasladado desde su domicilio hasta la Costanera Norte.

Ante la falta de avance en la investigación judicial, Gabriel Gersbasch presentó en 2012 una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seis años después el organismo admitió el caso.

A comienzos de 2021, se inició un proceso de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado Nacional, que fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el que  participaron representantes de diferentes ministerios y organismos públicos, con esta solución amistosa como corolario.

“Yo a Octavio lo conocí durante una salida con amigos. Me llamó la atención un chico que bailaba muy bien. Un amigo me dice ‘mirá qué bien baila, ¡cómo me gusta!’ Le dije ‘yo te lo traigo’ y allá fui. Pero él me dijo pero ‘a mí no me gusta tu amigo, a mí me gustás vos’ y así empezamos”, cuenta Gersbach.

Gabriel asegura que fueron “muy unidos” tanto entre ellos, como con sus respectivas familias, las cuales estaban felices con la idea del casamiento planificado para diciembre de 2011 que nunca llegó a realizarse.

“Octavio pegó onda con todos en mi familia, se los ganó a todos porque tenía mucha chispa”, contó.

Cuando iniciaron la relación, Octavio ya era suboficial de prefectura pero durante un tiempo se lo ocultó.

“Pasa que yo tenía ocho años más, viví la dictadura militar y jamás me hubiera metido con un milico pero a él lo acepté porque cuando lo supe porque ya estábamos enganchasídimos y él era una persona que siempre me decía que no se identificaba con nadie de las fuerzas, donde todos eran machitos alfa”, dijo.

Por eso, Octavio apenas pudo se metió a estudiar idiomas y la carrera de relaciones públicas internacionales: su sueño era dedicarse a la carrera diplomática.

Mientras tanto, el joven tenía que soportar que lo discriminaran, acosaran, hostigaran y hasta amenazaran por su orientación en el edificio Guardacostas donde desempeñaba tareas administrativas.

“Nosotros siempre íbamos a la marcha del orgullo y él me decía que tenía que ir con la cara pintada, con sombrero, porque había personal de inteligencia que lo podía identificar. De hecho una vez lo apercibieron con tres días de arresto. Además ya lo habían amenazado y hostigado otros superiores de Prefectura, lo tremendo es que nunca dijo los nombres”, contó.

Esa hostilidad se hizo más patente aún después de que Octavio solicitara su aprobación para casarse con Gabriel, una condición que hasta este crimen se le exigía a todos los integrantes de la fuerza antes de contraer matrimonio para asegurarse que el candidato o candidata no representara “un conflicto por motivos políticos o sociales”, como un remanente de las épocas de la represión ilegal.

“Cuando se aprueba el matrimonio igualitario, esa disposición estaba en vigor, y en un asado familiar de fin de semana, después de pedirle la mano a mis padres, Octavio les dijo ‘el problema es que ustedes van a ser investigados y es posible que intervengan algún teléfono’, pero mis padres dijeron que no había problema porque ‘no tenemos nada que esconder’”, contó.

Una fiesta divina

Ya con el permiso otorgado, “estábamos preparando una fiesta divina” que sería la prolongación de la celebración iniciada un año antes -cuando se aprobó la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario - y que inauguraría una nueva etapa en su relación, una en la que se soñaban asumiendo nuevos desafíos, como el de ser padres adoptivos.

“Volvimos de una luna de miel anticipada en Europa y al mes lo secuestran y lo matan; no solo lo matan sino que aparece torturado, desnudo, golpeado, alcoholizado y a orillas del Río de la Plata, como en la dictadura”, dijo.

Durante el primer año de investigación, Gersbach tuvo que soportar además que lo tuvieran como sospechoso del crimen según una hipótesis “pasional” de los hechos que no cerraba por ningún lado, pero que le impidió durante 12 meses ser querellante en la causa.

En 2015 parecía que finalmente se reactivaría la investigación con una pista firme, cuando la fiscal y el periodista Franco Torchia recibieron un informe anónimo con información detallada que avalaba una versión de los hechos según la cual el crimen fue cometido por integrantes de la propia fuerza que habrían actuado movidos por la homofobia. Incluso, en la carpeta se aseguraba que toda la información relativa al crimen estaba en un disco escondido en uno de los edificios de prefectura. Pero como la orden de allanamiento se dictó un mes después, ya no se encontró nada.

“Por cómo está escrita, la carpeta proviene de alguien de adentro. Gran parte de la información tiene correlación con los hechos, por ejemplo yo no me explicaba el nivel de alcohol en sangre que tenía y eso se explica por la tortura conocida como ‘el submarino seco’ que ahí dice que le aplicaron. Pero para que esa carpeta hubiera servido, la justicia tenía que actuar rápidamente y no lo hizo”, dijo.

Las medidas de reparación simbólica a las que se comprometió el Estado argentino son la incorporación del caso en el Plan Nacional contra la Discriminación del INADI, la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad por parte del Canal Encuentro y la realización de un mural en memoria de la víctima.

En cuanto a las garantías de no repetición, asumió la obligación de crear un “protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y/o característica sexual” en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la elaboración de un programa de capacitación “Octavio Romero” destinada a cadetes y aspirantes, la difusión de un cuadernillos sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas LGBT+ en situación de violencia de género y el trazado de “lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual o característica sexual”.

MAA/MG

La desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo último cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente y por cuyo caso hay dos hombres detenidos, será investigada como un “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, informaron este martes fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tras un pedido de la fiscal de la causa, Karina Guyot, ya que el expediente aún se investigaba hasta hoy como una “averiguación de paradero”.

De esta manera, los dos hombres que se hallaban detenidos por el caso, identificados como Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46), quedaron formalmente acusados por ese nuevo delito que prevé una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua y por el cual serán indagados posiblemente mañana.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los dos sospechosos estaban acusados hasta el momento por el delito de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

Sin embargo, a pesar de que aún no fue encontrado el cuerpo, la fiscalía pidió el mes pasado, y el juzgado avaló en las últimas horas, el cambio de carátula al de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual”, ya que creen que el asesinato es la hipótesis más firme.

Es que hace unos meses los peritos determinaron que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los sospechosos pertenecía a Tehuel.

Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Ramos, situada en la calle Mendoza al 1200 del barrio La Esperanza, en Alejandro Korn.

Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

Al momento de desaparecer, Tehuel vestía una camisa de mangas cortas blanca, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris, una gorra con visera gris y negra y zapatillas de color azul.

La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.

Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.

Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien en principio la funcionaria judicial le había imputado el mismo delito que al primer acusado: “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

Ahora, con el cambio de carátula, ambos sospechosos podrían recibir la máxima pena en un futuro juicio oral.

En tanto, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días de la desaparición y desde el Gabinete de Atención de esa área los profesionales mantienen un vínculo permanente con los familiares, informó el Ministerio de Seguridad.

Con información de agencias.

IG

“A los desviados hay que matarlos: provocando generan el efecto contrario, más rechazo del que ya tienen”.  Así, desde al menos tres cuentas de Instagram diferentes y con mensajes cargados de voluntad de exterminio, en octubre del año pasado Matías Nahuel López de Briñas, de 33 años, hostigó, amenazó y violentó a Pablo Cavaignac y Cristian Jacobsen. Novios, Pablo y “Yaco”, días antes de estos amendrentamientos escritos, se besaban en Aráoz al 1900. Era 30 de septiembre de 2020, noche primaveral en Palermo (in)sensible. Unas cervezas juntos. Un festejo ante la flamante convivencia. De repente, tres hombres, un palo y varios golpes en sus cuerpos. Vecinos solidarios y llamado al 911. Horas vanas en la Comisaría 14 y a partir de allí, una ingeniería institucional para la que “puto” es quien probó el sabor de la violencia y se la banca. “Puto bueno”, ciudadano integrado de la megalópolis afrodisíaca, es aquel que asume que a pesar del instinto goleador del porteño avaronado que pega para obtener la copa, la deja pasar. 

Por esas horas, la indignación se vistió de nota en algunos medios “grandes” -los que cuentan los 100 mil muertos por la pandemia en colecciones desplegables y las mismas cuentas no les resultan nada fáciles en un mundo en el que seis países condenan a los homosexuales a la pena de muerte-. Pasó en Palermo, cara de sorpresa y a otra cosa, porque el núcleo duro de lo que sensibiliza a las mayorías nunca es la vida de “las mantequitas” lloronas.

Así, cuando el periodismo dejó de llamar a Pablo y a “Yaco” y volvió a instalar sus móviles en vivo desde el Ministerio de Salud y la city porteña, los perfiles de las víctimas en las redes rebalsaron de diatribas del tipo “Putos de mierda”, “Sidosos”, “Los vamos a matar”, “Aguante el HIV”, “Bien cagados a palos quedaron”, “La ideología de género se la repudia” y hasta el darwinista “Las minorías se adaptan a las mayorías”. Haberse donado al testimonio, dar la cara y denunciar, potenció a quienes, sin palos en la mano y lejos de Aráoz al 1900, también estaban dispuestos a detener chupones maricas, como Matías López de Briñas, autor desde su teléfono celular de la mayoría de estas misivas, según certificó el Ministerio Público Fiscal. 

Se sabe: las redes sociales son la continuidad de la guerra por otros medios. La mera noción de “ciberdelito” procura diferenciar procedimientos en rigor indisociables porque… ¿qué es la red y qué no es la red a esta altura de las bajezas a las que la pandemia obligó a la población conectada? ¿Hasta dónde las patadas de la “vida digital” son mucho menos dolorosas que las de la “vida real”? ¿Dónde queda “lo real” si sólo divide y reina “lo digital”? La liviandad con la que suelen desestimarse los denominados “odiadores seriales” -liviandad facilitada precisamente por esa adjetivación, como si de absorber la serialidad del crimen se tratara- fue expuesta en 2020 en The hater, el filme polaco que ficcionaliza el camino del héroe contemporáneo. Para que un régimen persiga hasta la tortura a las personas LGBTTIQ+, necesita hoy de una partícula elemental. Con un solo individuo dispuesto, la micropolítica exterminadora está garantizada. 

Matías parece nostálgico. Como vive cerca del aeropuerto de El Palomar, hasta el año pasado fotografiaba aviones, imágenes barriales con pretensión internacionalista que capturaba desde la ventana de su casa. Matías adora la estación Medrano de la línea B de subterráneos porque le trae muchos recuerdos (“Es en la que más tiempo he pasado, tanto de la época de la facultad como de mi vida en general” escribió alguna vez). Y Matías es fan de la cultura iraní: seguía a muchos iraníes, de allá y de acá. En su perfil de LinkedIn, asegura ser productor de la señal América TV, aunque en la empresa nadie lo conoce. Sin embargo, los datos asociados a su cuenta -información procesada que la fiscal Paola de Minicis tiene desde hace meses en su despacho- comprueban su existencia. Ex alumno de la Universidad de Palermo, Matías va por la vida campante y sonante, encubierto por una Fiscalía que nunca lo citó. A diferencia de otros hostigadores de Pablo y Yaco, él fue totalmente individualizado. A él nunca le pegaron por heterosexual. Él está libre. “Yaco”, en cambio, bajo tratamiento psicológico.

Egresado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Hurlingham, ahora Matías López de Briñas activa desde otras cuentas. Pablo y Yaco no claudican y el mundo lamenta (¿lamenta en serio?) el asesinato del joven español Samuel Luiz Muñiz en La Coruña. Una concejal de ese distrito, por cierto, dijo que después del crimen homoodiante de Samuel la ciudad no puede ser la misma. Buenos Aires en cambio sigue siendo la misma. La provincia en la que Matías vive y la ciudad por la que deambula son las mismas. La ciudad también es la misma en la que los tres atacantes de Pablo y Yaco no fueron enfocados por las cámaras de vigilancia y que en la que la administración de justicia siempre prefiere condenar una entradera bancaria, fallo ejemplar que ilustra cómo con la guita no se jode y con los trolos sí. 

¿Qué es el horror del horror? No contar quién es Matías, cómo piensa y qué siente y vivir sí, narrando a las víctimas. Nadies es más común que Matías, constructo ideal de este tiempo histórico, gestado al son de sus valores, con un diagrama ideológico infalible que le permite decirle por mensaje directo a Pablo “El que se cayó y lloraba como nenita eras vos”, en referencia al ataque. Quién se cae y quién llora, de un lado. Enfrente, quien trabaja de comunicador y ante sede judicial, es apenas el hijo travieso de un matrimonio bien constituido. 

FT

Tenía 14 cuando desapareció hace cuatro años. De repente no se supo más nada. El caso conmocionó a Salta y su foto con pelo corto y gorrita empapeló toda una provincia, que se preguntaba dónde estaba. Había salido de su casa para una clase de gimnasia, con un equipo de jogging y el buzo de la escuela. Los detalles de su vida comenzaron a hacerse públicos: sus amigas contaban que le gustaba que le dijeran “Nico”, que sufría hostigamiento en la escuela, que no soportaba su educación religiosa y que en su casa las cosas tampoco estaban del todo bien. Su nombre de nacimiento era Gala Cancinos, así se referían en las búsquedas y lo hicieron ayer los fiscales al confirmar la noticia.

Las líneas de investigación se subieron a esos relatos y la buscaron por todos lados. Pasaron meses, luego años y el caso se fue apagando. Hasta que hoy por la noche fuentes de la investigación confirmaron que restos de un cuerpo encontrado en la ladera de un cerro, a veinte minutos de la capital, eran del adolescente. Lo encontraron dos hombres que habían pasado por un ese lugar por pura casualidad. 

La tarde del 16 de mayo de 2017, Cancinos salió con su ropa deportiva, como todos los martes. Iba primero para Educación Física y de ahí a una clase de Inglés. Todo su radio de acción estaba en 15 cuadras. Esa vez no se llevó plata ni celular porque lo había perdido tres meses atrás. A la noche, cuando su ausencia comenzó a inquietar, su `padre no tenía cómo comunicarse con él.

 Una tía contó que vio al joven trans esa tarde en el Parque del Bicentenario. Ya se había sacado el jogging, tenía jeans, un buzo negro y una de las gorras que usaba siempre. Cargaba su mochila violeta. Con esa descripción se inició la búsqueda hasta hoy.

La investigación giró alrededor del secuestro y de, la posibilidad de una captación de una red de trata pero nunca descartaron que se hubiese ido de su casa porque no aceptaban su identidad de género. Antes de su desaparición, había escrito en Twitter frases sobre su identidad y sus diferencias con sus distintos entornos. “Para qué voy a hacer la tarea si pronto no estaré”. “Chau”. Posteó unos días antes de que su familia cerrara la cuenta. 

En febrero de 2019 se hicieron cargo de la causa los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Santiago López Soto. A partir de ese momento la investigación se reactivó y comenzaron a descartar que el caso tuviera un vínculo con la trata de personas. Hace apenas unos meses, el Ministerio de Seguridad de la Nación había elevado a 1.500.000 pesos como recompensa para quienes aportaran datos. 

Lo que sí se mantuvo fueron los debates sobre las dificultades que una joven que estaba en una búsqueda sobre su género podía tener en una sociedad muy conservadora. Desde el Colegio Belgrano, una tradicional institución religiosa mandaron en esa época un mensaje público en el cual la invitaban a recapacitar y volver, algo muy cuestionado por los colectivos trans salteños. “Es un engaño para que negara su individualidad”, sostenían entonces.

Las versiones comenzaron a la tarde de hoy, hasta que a la noche, el director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Pablo Rivero, y los dos fiscales que investigan la causa, Mónica Poma y Santiago López Soto, convocaron a una conferencia de prensa. Allí confirmaron que los restos hallados en la ladera de un cerro, en la localidad de Vaqueros eran de Gala Cancinos, usaron su nombre de nacimiento. La identificación fue a partir del reconocimiento de elementos encontrados en el lugar y de una pericia odontológica. El lugar del hallazgo está a menos de 20 minutos del centro de Salta capital.

En estas últimas semanas se había recordado el caso de Cancinos a partir del caso de Tehuel de la Torre, el joven trans, que desapareció en Alejandro Korn el 11 de marzo, luego de que fuera a encontrarse con un hombre por una oferta de trabajo. Las fotos con que se busca a Tehuel son muy similares a las que se utilizaron para hallar a Nico. En las dos aparecen con sus pelos cortos y con una gorrita dada vuelta. Por la investigación de Tehuel están detenidos dos hombres que lo vieron el día de su muerte y que hasta ahora decidieron no entregar ninguna información. En la casa de uno de ellos fue encontrado destruido el celular de Tehuel y su campera, incinerada.

AM

Esta nota fue actualizada el sábado 5 de junio a las 10.30 para modificar datos sobre la identidad de la víctima.

La “festichola” alrededor de la sanción de la ley de matrimonio igualitario de la Argentina -aprobada el 15 de julio de 2010- recién empezaba. El derecho ahora universalizado de emparejarse formalmente no tenía aún ni un año de vigencia cuando el sábado 11 de junio de 2011, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero desaparece de su departamento en el centro porteño. Seis días después, su cuerpo aparece desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre en el río, a la altura de Vicente López. 

En el río, sí. Octavio asesinado y en la mismísima jurisdicción territorial de la Prefectura. La autopsia determinó que fue arrojado al agua ya muerto. Iba ser el primer integrante de las Fuerzas de Seguridad en hacer uso de la estelar norma y casarse con su novio, Gabriel Pipín Gersbach. De acuerdo a cierta tradición, Octavio ya le había avisado a sus jefes. ¿Eso había que hacer? Eso hizo. A partir de allí, fue víctima de pintadas homoodiantes en el baño y de varias amenazas.

Diez años. El próximo 17 de junio se cumplen diez años de pétrea e inamovible impunidad: el crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Nilda Garré, y su plenipotenciaria Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, performatearon preocupación. Llamados por teléfono y móviles en vivo. Sin embargo, como novio de la víctima, Gabriel pasó a ser el primer sospechoso. Y no sólo merced al procedimiento habitual de investigar antes que a nadie a la pareja. Se sabe: si de “depravados” se trata, nunca como el “infierno” promiscuo de dos homosexuales bajo un mismo techo y en un mismo y “sucio” lecho. 

El crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina

Gabriel fue objeto de allanamientos varios. Su familia también. La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40, con Estela Andrades de Segura a la cabeza, hizo lo imposible y más por dudar de él. Al respecto, ejemplos sobran: los investigadores se entusiasmaron cuando hallaron un arma de juguete en la baulera, mientras se trataba de profundizar en el paradero del arma reglamentaria de Romero, desaparecida en posible acción en su contra. Ese 11 de junio, Gabriel había salido a trabajar con su taxi y Octavio iba camino a un encuentro con amigos en Parque Centenario. Cuando el primero volvió a la casa que ambos compartían, la televisión estaba encendida y el volumen altísimo. Todas las luces prendidas y la puerta, sin llave. 

Recién en 2013, Pipín Gersbach logró dejar de ser sospechoso de matar a su novio (“la pista pasional” alegaban los investigadores) y pudo pasar a ser querellante en una causa que en diez años no experimentó ni un solo avance en la fiscalía ni en el Tribunal Oral nº 29, con Juan María Ramos Padilla (el padre, sí) como titular. Suena elemental y lo es: ni un solo avance en diez años. La inacción judicial, no obstante, no se corresponde con la acción política: el Poder Ejecutivo de entonces -primer gobierno de CFK- se encargó de reubicar a los “superiores” de Octavio en Prefectura. Como suele decirse en cierta jerga milicoide, fueron trasladados a otros puntos del país a “observar pingüinos”. Apenas interrogados y nunca investigados. Siempre adentro. 

La cobertura del caso reactivó el cese -vigente desde 2008- de las antiguas “Normas para solicitudes de venia de enlace”. Desde hacía cuatro años, las Fuerzas de Seguridad no tenían facultad alguna para disponer sobre cuestiones de familia. ¿Por qué entonces Romero sí debió avisar antes de dar el sí? Por ser gay ¿Y quiénes se oponían a ser la avanzada militar del matrimoniaje trolo? Los que fueron trasladados del edificio Guardacostas, cubiertos por los pactos de un Estado heteromortuorio.

No sólo el arma reglamentaria de la víctima se esfumó: el chip y el teléfono del prefecto también. Gabriel Pipín Gersbach nunca recibió asistencia psicológica oficial y sus letrados son profesionales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización autodefinida como “apartidaria, sin fines de lucro y dedicada a la defensa de los más desfavorecidos”. También lo acompaña la Fundación Igualdad. Con todo,  ni un solo avance en 10 años. 

 En 2015, una precisa, detalladísima crónica anónima del recorrido de Octavio Romero hasta su muerte llegó a manos de la Fiscalía y de quien escribe estas líneas. Abundantes en detalles descriptos con léxico de comisaria, las páginas de ese informe narraban cómo la voluntad expresa de la cúpula de la Prefectura, en connivencia con Sergio Berni, fue depurar la fuerza; liberarla de la culpa y el cargo de tener al “enemigo puto” adentro. Era año electoral y era una versión de los hechos tan relativa como verosímil. Prolija y coherente, sin firma. 

 Promocionado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 2018 el abandono del Poder Judicial local respecto de Octavio Romero alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe preliminar sostuvo que semejante desamparo e incumplimiento de pactos internacionales reunía todos los requisitos para que ese organismo tratara el caso. ¿Qué significa? Que la nula investigación de la Argentina debe asumirse como tal o revertirse de inmediato. De lo contrario, actuará la Comisión y eventualmente también la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. La respuesta fue: “Necesitamos más tiempo”. Así culmina -y empieza- la década ahogada de un cuerpo en soledad definitiva. Una tortura mortal aletargada por el aroma a nueva primavera democrática.

¿Qué de la historia de Octavio y de Gabriel no llegó ni llega aún a intranquilizar? ¿Qué vuelve difusa, olvidable o no definible como pérdida una experiencia digna del enciclopedismo dictatorial? Es evidente que distrajo la cercanía con un tiempo político concentrado en celebrar conquistas legales. A algunos activistas y al sensódromo epocal también les resultaba en buena medida fastidiosa una muerte en el clímax de las libretas rojas gay-lésbicas. Era temporada de aperturas. 

Octavio pidió permiso y apareció muerto. 

¿En qué momento defender vidas indefendidas pasó a ser sinónimo de confiar en las instituciones? 

FT