El 27 de septiembre de 2023, Fausto Jones Huala, que este jueves fue encontrado muerto en su casa de Bariloche, enfrentó a los tres jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca y, en calidad de testigo, detalló cómo se produjo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Jones Huala ingresó al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, el 24 de noviembre de 2017. Fue hasta allí para llevar comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en la montaña, tras el desalojo del día 23. “Estábamos bajando (por la montaña) y escuchamos ‘alto Prefectura’ y en el mismo instante empezaron a escucharse disparos. Uno atrás de otro”, dijo ante el Tribunal.

“Mi primera reacción -agregó- fue darme vuelta y empezar a correr, llegamos a la planicie donde habíamos hecho noche. Con el peñi (hermano) Lautaro fuimos los primeros que llegamos a la planicie y al ver que los demás no podían llegar y los disparos eran todo el tiempo, decidimos agarrar piedras y empezar a tirar a las personas que venían disparando. No sé cuánto habrá durado, se sintió eterno”.

Luego vio caer a Rafael, intentó asistirlo, y en una improvisada camilla de palos lo bajó. En el estrecho sendero de montaña Rafael falleció. Fausto Jones Huala siguió bajando el cuerpo, lo dejó a la vera de la ruta a la espera de ayuda, y fue detenido.

“Apenas dejamos la camilla -explicó durante el juicio- se nos abalanzaron cuatro o cinco efectivos a querer pegarnos, otros los paraban, nos tiraron al piso, nos redujeron. Hacía mucho calor. Nos tenían boca abajo, no nos dejaban hablar, decir nada, ni movernos. El peñi Lautaro les dijo que el precinto le cortaba la circulación, no tomaban registro de lo que decíamos. Llegó (el secretario del Juzgado Federal, Alejandro) Iwanow, cuando lo escucho me doy vuelta y lo empiezo a llamar, otro de Prefectura me agarró para que no hable, el secretario le dijo que me deje hablar, le dije que Lautaro tenía las manos hinchadas por los precintos, les dije que habían matado a Rafa. En el transcurso que lo íbamos bajando recogí un casquillo de 9 mm y me lo guardé en el bolsillo. Le dije ellos mataron a Rafa, le dije que tenía el casquillo, le pedí si se lo podía dar para que no se pierda. Le cambiaron los precintos a Lautaro, le pusieron las esposas, nos tuvieron un rato más. Nos cambiaron de lugar, nos llevaron atrás de una camioneta, uno de cada lado. En ese momento también lo llevaban al peñi Rafa, en la misma camilla. Había un montón de efectivos, venían nos miraban, otros más cerca le levantaban la ropa con la que estaba tapado Rafa, lo miraban al peñi Rafa que estaba muerto, lo volvían a tapar y se iban”.

Finalmente declaró: “No entendíamos nada, no sabíamos por qué estábamos tan custodiados, (por la) Policía de Seguridad Aeroportuaria con armas largas. Ahí nos dicen que supuestamente había habido un enfrentamiento. Llegó la Policía de Río Negro de Criminalística, nos sacaron fotos y nos tomaron muestras en las manos. En ese momento sí me enojé bastante, le pregunté por qué y me dijeron que porque supuestamente nosotros estábamos acusados que habíamos disparado, le dije que no habíamos disparado, solo los prefectos. Firmé (el acta) en disconformidad. Pasó un rato, era tarde, nos llevaron hasta la PSA, quedamos en calidad de detenidos, incomunicados. Todos los días detenidos nos declaramos en huelga de hambre, casi cinco días”.

Al finalizar su testimonio. Jones Huala se levantó, alzó el puño, gritó que se haga justicia por Rafael Nahuel y luego el afafán, un grito que ratifica la identidad mapuche, la pertenencia, su lucha.

SR/DTC

A 11 años del homicidio impune de Octavio Romero (33), el suboficial de Prefectura Naval Argentina (PNA) asesinado en 2011 presuntamente para evitar que se convirtiera en el primer integrante de esa fuerza en contraer matrimonio igualitario, el Estado Argentino reconoció hoy “su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  al tiempo que se comprometió a adoptar una serie de medidas reparatorias.

“Se trata de un crimen de odio que marcó un antes y un después porque iba a ser el primer prefecto en unirse en matrimonio igualitario pero también porque luego vino un poder judicial homofóbico, hegemónico y excluyente que no quiso ni supo avanzar en esta causa como en tantos otras casos con víctimas nuestra comunidad por los que reclamamos”, dijo a elDiarioAR el abogado y ex presidente de la CHA, Pedro Paradiso Sottile,

“Por otro lado, este es un acuerdo histórico porque es la primera vez que un Estado llega a una solución amistosa por un crimen de odio”, agregó el actual titular de la Fundación Igualdad que junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañaron al novio de la víctima –Gabriel Gersbach- en el recorrido iniciado hace 10 años ante la CIDH que hoy concluye con este acuerdo.

Además de reconocer que la investigación judicial incumplió con  “la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, en esta solución amistosa el Estado argentino “reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach” y se obliga a otorgarle una reparación pecuniaria a determinar. También se compromete a brindar apoyos a la fiscalía a cargo de esclarecer lo sucedido, a implementar acciones de reparación simbólica y políticas de no repetición.

Orgullo gay

“El ‘orgullo gay’, era un concepto que antes me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso de Octavio, de lo que siento por él y por estar haciendo algo en su honor. Creo que él está viendo y agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita”, dijo a elDiarioAR Gabriel Gersbach horas antes de la audiencia.

“Ahora va a haber protocolo de actuación (ante denuncias de discriminación por orientación sexual en las fuerzas de seguridad), que es fundamental porque otros chicos (gays) de Prefectura fueron amenazados después del crimen y a un suboficial le dijeron que ‘iba a terminar como Octavio Romero’”, agregó.

Según el Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

Según un Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

“Simbólicamente es muy valioso que el Estado esté haciéndose cargo de que la justicia argentina no tiene perspectiva de género; ahora esperamos que las medidas de no repetición se puedan aplicar”, dijo a este medio Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ.

La letrada explicó que “el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino,  no es por el crimen de Octavio (en sí) que todavía la justicia no comprobó si fue cometido por la fuerza, sino porque la investigación penal no fue hecho de acuerdo a los estándares internacionales”, como consecuencia de lo cual “seguimos sin saber lo que pasó”.

Del acto de rúbrica de la solución amistosa participaron además de Gersbach, Sottile y Fernández, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU, Víctor Madrigal-Borloz.

Signos de tortura

Octavio Romero tenía 13 años de trayectoria como suboficial de la Prefectura Naval Argentina -uno más que de noviazgo con Gabriel- cuando fue secuestrado de su domicilio la fría noche del 11 de junio de 2011, donde estaba solo, alistándose para asistir a una fiesta de cumpleaños en Parque Centenario.

Dos botellas enfriándose inútilmente en la heladera, la puerta de calle abierta, luces y televisión en funcionamiento fueron las señales de alarma que recibió su pareja al regresar más tarde esa noche. 

Después, el silencio: Octavio nunca llegó a la fiesta, todo llamado telefónico fue en vano y nadie supo más nada de él hasta seis días más tarde, cuando su cuerpo desnudo y con signos de torturas fue encontrado flotando a orillas del Río de la Plata, a la altura de Vicente López y en jurisdicción de PNA.

De entonces a esta parte, poco es lo que se sabe más allá de los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte sobrevino por “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. El cuerpo presentaba una alta concentración de alcohol en sangre (2,6 gramos por litro de sangre), golpes en la cara y nuca efectuados con un objeto contundente pero en cambio no tenía rastros de lesiones defensivas. El elemento con el que fue agredido nunca se encontró, como tampoco su teléfono celular ni su arma reglamentaria.

“Octavio se iba a casar y en Prefectura no todos aceptaban que fuera un casamiento gay o que un gay llegara a ser oficial, porque al obtener el título pasaba a automáticamente a ser oficial Por eso me inclino a pensar en un crimen de odio a su condición sexual que ya había sido motivo de amenazas aunque, por otro lado, trabajaba en Control de Gestión que otorgaba permisos entrada y salida de buques, que es una oficina con mucho poder”, dijo Gabriel.

Por su parte, Sottile recordó que “desde siempre hemos sostenido que es un crimen de odio, cometido por integrantes de la fuerza” porque de otra forma es imposible  “desaparecer de pleno centro porteño a una persona y que aparezca el cuerpo una semana después” en jurisdicción de la PNA

“Si se lograra constatar esta hipótesis, estaríamos hablando de los mismos procedimientos que utilizó la dictadura cívico-miliar-eclesiástica, incluyendo haber sido chupado de su casa. Es muy simbólico y causal”, dijo.

Sin imputados

En la causa por homicidio que tramita en la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº40 bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº24, no hay siquiera imputados. De sus numerosas fojas no surge tampoco dónde estuvo Octavio entre el 11 y el 17 de junio de 2011, dónde lo golpearon como tampoco en qué fue trasladado desde su domicilio hasta la Costanera Norte.

Ante la falta de avance en la investigación judicial, Gabriel Gersbasch presentó en 2012 una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seis años después el organismo admitió el caso.

A comienzos de 2021, se inició un proceso de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado Nacional, que fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el que  participaron representantes de diferentes ministerios y organismos públicos, con esta solución amistosa como corolario.

“Yo a Octavio lo conocí durante una salida con amigos. Me llamó la atención un chico que bailaba muy bien. Un amigo me dice ‘mirá qué bien baila, ¡cómo me gusta!’ Le dije ‘yo te lo traigo’ y allá fui. Pero él me dijo pero ‘a mí no me gusta tu amigo, a mí me gustás vos’ y así empezamos”, cuenta Gersbach.

Gabriel asegura que fueron “muy unidos” tanto entre ellos, como con sus respectivas familias, las cuales estaban felices con la idea del casamiento planificado para diciembre de 2011 que nunca llegó a realizarse.

“Octavio pegó onda con todos en mi familia, se los ganó a todos porque tenía mucha chispa”, contó.

Cuando iniciaron la relación, Octavio ya era suboficial de prefectura pero durante un tiempo se lo ocultó.

“Pasa que yo tenía ocho años más, viví la dictadura militar y jamás me hubiera metido con un milico pero a él lo acepté porque cuando lo supe porque ya estábamos enganchasídimos y él era una persona que siempre me decía que no se identificaba con nadie de las fuerzas, donde todos eran machitos alfa”, dijo.

Por eso, Octavio apenas pudo se metió a estudiar idiomas y la carrera de relaciones públicas internacionales: su sueño era dedicarse a la carrera diplomática.

Mientras tanto, el joven tenía que soportar que lo discriminaran, acosaran, hostigaran y hasta amenazaran por su orientación en el edificio Guardacostas donde desempeñaba tareas administrativas.

“Nosotros siempre íbamos a la marcha del orgullo y él me decía que tenía que ir con la cara pintada, con sombrero, porque había personal de inteligencia que lo podía identificar. De hecho una vez lo apercibieron con tres días de arresto. Además ya lo habían amenazado y hostigado otros superiores de Prefectura, lo tremendo es que nunca dijo los nombres”, contó.

Esa hostilidad se hizo más patente aún después de que Octavio solicitara su aprobación para casarse con Gabriel, una condición que hasta este crimen se le exigía a todos los integrantes de la fuerza antes de contraer matrimonio para asegurarse que el candidato o candidata no representara “un conflicto por motivos políticos o sociales”, como un remanente de las épocas de la represión ilegal.

“Cuando se aprueba el matrimonio igualitario, esa disposición estaba en vigor, y en un asado familiar de fin de semana, después de pedirle la mano a mis padres, Octavio les dijo ‘el problema es que ustedes van a ser investigados y es posible que intervengan algún teléfono’, pero mis padres dijeron que no había problema porque ‘no tenemos nada que esconder’”, contó.

Una fiesta divina

Ya con el permiso otorgado, “estábamos preparando una fiesta divina” que sería la prolongación de la celebración iniciada un año antes -cuando se aprobó la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario - y que inauguraría una nueva etapa en su relación, una en la que se soñaban asumiendo nuevos desafíos, como el de ser padres adoptivos.

“Volvimos de una luna de miel anticipada en Europa y al mes lo secuestran y lo matan; no solo lo matan sino que aparece torturado, desnudo, golpeado, alcoholizado y a orillas del Río de la Plata, como en la dictadura”, dijo.

Durante el primer año de investigación, Gersbach tuvo que soportar además que lo tuvieran como sospechoso del crimen según una hipótesis “pasional” de los hechos que no cerraba por ningún lado, pero que le impidió durante 12 meses ser querellante en la causa.

En 2015 parecía que finalmente se reactivaría la investigación con una pista firme, cuando la fiscal y el periodista Franco Torchia recibieron un informe anónimo con información detallada que avalaba una versión de los hechos según la cual el crimen fue cometido por integrantes de la propia fuerza que habrían actuado movidos por la homofobia. Incluso, en la carpeta se aseguraba que toda la información relativa al crimen estaba en un disco escondido en uno de los edificios de prefectura. Pero como la orden de allanamiento se dictó un mes después, ya no se encontró nada.

“Por cómo está escrita, la carpeta proviene de alguien de adentro. Gran parte de la información tiene correlación con los hechos, por ejemplo yo no me explicaba el nivel de alcohol en sangre que tenía y eso se explica por la tortura conocida como ‘el submarino seco’ que ahí dice que le aplicaron. Pero para que esa carpeta hubiera servido, la justicia tenía que actuar rápidamente y no lo hizo”, dijo.

Las medidas de reparación simbólica a las que se comprometió el Estado argentino son la incorporación del caso en el Plan Nacional contra la Discriminación del INADI, la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad por parte del Canal Encuentro y la realización de un mural en memoria de la víctima.

En cuanto a las garantías de no repetición, asumió la obligación de crear un “protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y/o característica sexual” en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la elaboración de un programa de capacitación “Octavio Romero” destinada a cadetes y aspirantes, la difusión de un cuadernillos sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas LGBT+ en situación de violencia de género y el trazado de “lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual o característica sexual”.

MAA/MG

La “Isla de los Sueños” o “Isla del Diablo”, dependiendo de la experiencia del que haya desembarcado en ella, fue descubierta el 24 de enero de 1616 por una expedición holandesa. Originalmente, la isla fue llamada “Tierra de los Estados”. Tierra, porque se creía que se trataba de una península de un supuesto continente denominado Terra Australis Incognita; y de los Estados, en honor a las siete provincias de los Países Bajos que en ese momento estaban luchando por su independencia.

Fueron varias las personas que visitaron la isla e hicieron soberanía, desde que Jacobo Le Maire emprendió un viaje hacia “el fin del mundo” y halló un nuevo paso hacia el Océano Pacífico. El estrecho que lleva su nombre hoy separa a la isla de la Tierra del Fuego por 18 millas y, sumado al descubrimiento del Cabo de Hornos, demostró que esta “Terra Australis” no era en realidad un continente.

En 1829, la recorrió Luis Vernet, el primer comandante político y militar argentino de las Islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en el Océano Atlántico.

El 6 de octubre de 1868, el gobierno del presidente Bartolomé Mitre otorgó al Capitán Luis Piedrabuena las primeras concesiones de tierras en la Patagonia austral: la isla Pavón y la isla “denominada del Estado”, en reconocimiento a su labor patriótica en favor de la reafirmación de la soberanía argentina en esa región. Meses después, el 19 de febrero de 1869, Piedrabuena izó por primera vez la bandera argentina en la isla, cerca de Puerto Cook, el único asentamiento nacional reconocido hasta ese momento al sur de Carmen de Patagones, que también funcionó como presidio, previo a la Prisión Militar de Ushuaia.

La fecha elegida recuerda el fallecimiento de Luis Piedrabuena, el 10 de agosto de 1883. En 1862, dejó grabada en un peñasco del Cabo de Hornos esta frase:

Aquí termina el dominio de la República Argentina. En la Isla de los Estados (Puerto Cook) se socorre a los náufragos.

Capitán Luis Piedrabuena

En abril de 1884, la División Expedicionaria al Atlántico Sur, al mando del Comodoro Augusto Lasserre, arribó a San Juan de Salvamento, con el fin de establecer una subprefectura e instalar un faro. El 25 de mayo se inauguró el faro de San Juan de Salvamento, mejor conocido como el Faro del Fin del Mundo. Posteriormente, fue designado Monumento Histórico Nacional.

LC

Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmó que los dos cuerpos encontrados hoy entre las 11 y las 13 horas en el río Luján corresponden a las personas desaparecidas por el choque. El mismo dejó también dos heridos, los cuales estaban a bordo de la embarcación. El jefe local de la Prefectura, Cristian Sarasua, identificó a los fallecidos ante la prensa como Martín Castro, de 33 años, y Sergio Duarte, de 30. Las otras dos personas que fueron rescatadas con heridas son Sixto Quiroga, de 29 años, y Claudia Verónica Castro, de 35, hermana de uno de los fallecidos y pareja del otro.

En la noche del jueves, cerca de las 20, un bote a remo con cuatro trabajadores embarcados regresaba por el río desde una isla del delta, y fue impactado por una lancha deportiva que venía a gran velocidad frente al puesto de vigilancia del canal San Fernando de la Prefectura Naval. Como consecuencia de la colisión, el bote se partió, provocando dichas heridas en dos de sus ocupantes, quienes al ser rescatados por el personal de la PNA, fueron trasladados al hospital Petrona de Cordero, en la localidad de San Fernando.

Sarasua precisó que las tareas para dar con los trabajadores comenzaron este viernes “con la luz del día” dado que el accidente ocurrió durante la noche y que “en un amplio operativo de búsqueda y rastrillaje” se encontraron los cuerpos que corresponden a las personas que viajaban en el bote. Indicó que “por pedido del fiscal” que interviene en la causa, quien se encuentra aún “tomando declaraciones en la dependencia de la Prefectura” y, dado “el secreto de sumario”, no dará más información sobre la causa.

En la investigación del hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Rincón de Milberg y Tigre, a cargo de José Amallo. Precisaron que, tras el accidente, las dos personas que viajaban en la lancha fueron sometidas al test de alcoholemia y dieron positivo. Asimismo, se les realizó un examen de sangre y resta esperar los resultados del mismo para confirmar cuál es el dosaje.

LC con información de agencia Télam

Más de una tonelada y media de cocaína que iba a ser trasladada en embarcaciones a Europa fue secuestrada en allanamientos realizados en el partido de Escobar y en la localidad bonaerense de Canning, en el marco de la denominada “Operación Atlantis”, en la que fueron detenidos seis acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional.

El operativo fue resultado de una pesquisa que se inició en 2018 sobre una organización que planeaba trasladar la droga en velero hasta aguas internacionales y, una vez en mar abierto, cargarla en un barco que la llevaria a Europa, donde se ejecutaría la maniobra inversa, explicaron fuentes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

El monitoreo de ubicaciones geográficas alertó a los investigadores sobre los movimientos de los principales sospechosos, que navegaban en tres embarcaciones por el río Paraná, intercalando paradas en dos domicilios de las orillas.

Los uniformados observaron como personas realizaban pasamanos de bolsos estancos -que brindan protección total ante agua, polvo y barro- desde las viviendas hacia las lanchas, por lo que se dispuso un seguimiento controlado en el agua, donde se constató cómo la embarcación se acoderaba junto a un velero llamado “Quo Vadis”. Inmediatamente se ordenó interceptar las embarcaciones, a bordo de las cuales fueron detenidos cinco ciudadanos argentinos y un ciudadano de nacionalidad española.

En base a esos arrestos y, luego de incorporarse a la causa imágenes de las maniobras, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora ordenó días atrás 11 allanamientos.

La mayor parte del cargamento de cocaína fue incautado en una vivienda con muelle sobre el río Paraná, en Escobar, y en el placard de un domicilio ubicado en un country de la localidad bonaerense de Canning.

En Escobar, tras el registro de cabañas y vehículos, se encontraron 34 bolsos con 800 paquetes sellados con plástico y envueltos en piñatas rosas, que contenìan en total 889,255 kilos de cocaína.

En tanto, en un country en la zona de Canning, se hallaron apilados paquetes con otros 660,740 kilos de esa misma droga en el placard de una vivienda, detallaron los voceros.

Para dar con la organización, en la pesquisa -en la que que también intervino la Procraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- se analizaron las maniobras llevadas por la banda crminal, que incluían lavado de activos y aportes logísticos de transporte, además de la distribución de estupefacientes. El principal investigado, a quien respondían los seis detenidos, es un ciudadano argentino que fue detenido en abril del 2020 en España, agregaron los voceros.

En el marco de la “Operación Atlantis”, se secuestraron por el momento seis camionetas, cinco autos -dos de ellos de2 alta gama-, tres embarcaciones (velero, lancha rápida y semirrígido), seis motos, elementos de logística, 650.000 pesos, 38.000 dólares, 53.690 euros y 11.300 reales, un dispositivo de almacenamiento de bitcoin, una máquina cuenta dinero y documentación arias de interés para la causa, además de los 1.549 kilos de cocaína.

DL con información de Télam.

El cabo primero Sergio Guillermo Cavia fue procesado, sin prisión preventiva, por el delito de “homicidio agravado” contra el joven mapuche Rafael Nahuel. La decisión adoptada en las últimas horas por el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche Gustavo Zapata alcanza también a otros cuatro integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, fueron procesados como “partícipes necesarios” del hecho.

El fallo da por cierto el relato sobre la existencia de un enfrentamiento entre los uniformados e integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, y por ese motivo el procesamiento incluye la figura de “exceso en legítima defensa”. En la práctica, ese atenuante podría provocar que el responsable del disparo letal, en caso de ser encontrado culpable en el juicio oral, no cumpla prisión efectiva. Abogados penalistas explicaron a elDiarioAR que será el Tribunal del juicio el que establezca cómo se amalgaman en una sentencia el agravante por el uso de arma de fuego y el atenuante por “exceso en legítima defensa”.

Además, la resolución de Zapata avala el resultado de la tercera pericia balística en detrimento de la primera, efectuada por peritos independientes que cotejaron el proyectil que causó la muerte de Nahuel de manera directa y a las pocas horas de producido el homicidio. Esa pericia determinó que la bala que mató al joven mapuche provino del subfusil MP5 que portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos. A pesar de haber intervenido reconocidos peritos en ese informe, el por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, convocó a una nueva pericia y se la solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la señalada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien insistió sobre la inocencia de los Albatros.

Esa segunda pericia determinó que el proyectil no fue disparado por el subfusil de Pintos, y abrió el llamado a una tercera pericia balística. Ese trabajo concluyó en enero pasado -tras la “pérdida” durante dos días del proyectil oportunamente extraído del cuerpo del joven mapuche- y arrojó como resultado que había sido la pistola de Cavia de donde provino la bala que acabó con la vida de Rafael Nahuel.

Ahora el Juez Zapata dio crédito a esa tercera pericia y atribuyó a Cavia el “homicidio agravado por su comisión con violencia mediante la utilización de armas de fuego”, aunque “cometido con exceso en la legítima defensa”.

A Cavia, Pintos, Obregón, Sosa y García se les trabó un embargo por 5 millones de pesos e impuso la prohibición de salir del país y la obligación de mantener el domicilio real declarado y presentarse cada quince días en la Delegación San Isidro de la Policía Federal.

El fallo -de 151 carillas y basado en la Resolución de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py que revocó los procesamientos efectuados por la Cámara Federal de General Roca- repasa los hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2017, cuando en la zona de Villa Mascardi, distante 25 kilómetros de Bariloche, un comando del grupo de élite Albatros de la Prefectura ingresó en la comunidad Lafken Winkul Mapu, un territorio en disputa con Parques Nacionales.

De acuerdo a las pericias, los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, tal como quedó acreditado en los faltantes de proyectiles en los cargadores de las pistolas 9 mm Beretta y los subfusiles MP5; así como por la cantidad de vainas servidas que quedaron en el territorio.

En tanto, la versión sobre la supuesta utilización de armas de fuego por parte de integrantes de la comunidad en un enfrentamiento, está sostenida por el juez en la resolución en las declaraciones de los propios prefectos procesados; escuchas telefónicas a los integrantes de la comunidad en las que se menciona la palabra en mapuzungun tralka o tralkan que el magistrado traduce como “arma”; y en peritajes sobre la presencia de pólvora en la manos de todos los actores que intervinieron aquella tarde, que se encuentran cuestionados técnicamente.

La inspección ocular realizada a principios de diciembre de 2017 no permitió encontrar en el lugar una sola prueba sobre la utilización de armas de fuego que no sea las que portaban los Albatros.

Del expediente no solo participa la familia de Rafael Nahuel, sino también que son querellantes la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Las partes mencionadas, al igual que los abogados defensores de los uniformados podrán apelar ahora la resolución del Juez Zapata. Resuelta esa instancia la causa podría finalmente elevarse a juicio.

SR

La “festichola” alrededor de la sanción de la ley de matrimonio igualitario de la Argentina -aprobada el 15 de julio de 2010- recién empezaba. El derecho ahora universalizado de emparejarse formalmente no tenía aún ni un año de vigencia cuando el sábado 11 de junio de 2011, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero desaparece de su departamento en el centro porteño. Seis días después, su cuerpo aparece desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre en el río, a la altura de Vicente López. 

En el río, sí. Octavio asesinado y en la mismísima jurisdicción territorial de la Prefectura. La autopsia determinó que fue arrojado al agua ya muerto. Iba ser el primer integrante de las Fuerzas de Seguridad en hacer uso de la estelar norma y casarse con su novio, Gabriel Pipín Gersbach. De acuerdo a cierta tradición, Octavio ya le había avisado a sus jefes. ¿Eso había que hacer? Eso hizo. A partir de allí, fue víctima de pintadas homoodiantes en el baño y de varias amenazas.

Diez años. El próximo 17 de junio se cumplen diez años de pétrea e inamovible impunidad: el crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Nilda Garré, y su plenipotenciaria Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, performatearon preocupación. Llamados por teléfono y móviles en vivo. Sin embargo, como novio de la víctima, Gabriel pasó a ser el primer sospechoso. Y no sólo merced al procedimiento habitual de investigar antes que a nadie a la pareja. Se sabe: si de “depravados” se trata, nunca como el “infierno” promiscuo de dos homosexuales bajo un mismo techo y en un mismo y “sucio” lecho. 

El crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina

Gabriel fue objeto de allanamientos varios. Su familia también. La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40, con Estela Andrades de Segura a la cabeza, hizo lo imposible y más por dudar de él. Al respecto, ejemplos sobran: los investigadores se entusiasmaron cuando hallaron un arma de juguete en la baulera, mientras se trataba de profundizar en el paradero del arma reglamentaria de Romero, desaparecida en posible acción en su contra. Ese 11 de junio, Gabriel había salido a trabajar con su taxi y Octavio iba camino a un encuentro con amigos en Parque Centenario. Cuando el primero volvió a la casa que ambos compartían, la televisión estaba encendida y el volumen altísimo. Todas las luces prendidas y la puerta, sin llave. 

Recién en 2013, Pipín Gersbach logró dejar de ser sospechoso de matar a su novio (“la pista pasional” alegaban los investigadores) y pudo pasar a ser querellante en una causa que en diez años no experimentó ni un solo avance en la fiscalía ni en el Tribunal Oral nº 29, con Juan María Ramos Padilla (el padre, sí) como titular. Suena elemental y lo es: ni un solo avance en diez años. La inacción judicial, no obstante, no se corresponde con la acción política: el Poder Ejecutivo de entonces -primer gobierno de CFK- se encargó de reubicar a los “superiores” de Octavio en Prefectura. Como suele decirse en cierta jerga milicoide, fueron trasladados a otros puntos del país a “observar pingüinos”. Apenas interrogados y nunca investigados. Siempre adentro. 

La cobertura del caso reactivó el cese -vigente desde 2008- de las antiguas “Normas para solicitudes de venia de enlace”. Desde hacía cuatro años, las Fuerzas de Seguridad no tenían facultad alguna para disponer sobre cuestiones de familia. ¿Por qué entonces Romero sí debió avisar antes de dar el sí? Por ser gay ¿Y quiénes se oponían a ser la avanzada militar del matrimoniaje trolo? Los que fueron trasladados del edificio Guardacostas, cubiertos por los pactos de un Estado heteromortuorio.

No sólo el arma reglamentaria de la víctima se esfumó: el chip y el teléfono del prefecto también. Gabriel Pipín Gersbach nunca recibió asistencia psicológica oficial y sus letrados son profesionales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización autodefinida como “apartidaria, sin fines de lucro y dedicada a la defensa de los más desfavorecidos”. También lo acompaña la Fundación Igualdad. Con todo,  ni un solo avance en 10 años. 

 En 2015, una precisa, detalladísima crónica anónima del recorrido de Octavio Romero hasta su muerte llegó a manos de la Fiscalía y de quien escribe estas líneas. Abundantes en detalles descriptos con léxico de comisaria, las páginas de ese informe narraban cómo la voluntad expresa de la cúpula de la Prefectura, en connivencia con Sergio Berni, fue depurar la fuerza; liberarla de la culpa y el cargo de tener al “enemigo puto” adentro. Era año electoral y era una versión de los hechos tan relativa como verosímil. Prolija y coherente, sin firma. 

 Promocionado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 2018 el abandono del Poder Judicial local respecto de Octavio Romero alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe preliminar sostuvo que semejante desamparo e incumplimiento de pactos internacionales reunía todos los requisitos para que ese organismo tratara el caso. ¿Qué significa? Que la nula investigación de la Argentina debe asumirse como tal o revertirse de inmediato. De lo contrario, actuará la Comisión y eventualmente también la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. La respuesta fue: “Necesitamos más tiempo”. Así culmina -y empieza- la década ahogada de un cuerpo en soledad definitiva. Una tortura mortal aletargada por el aroma a nueva primavera democrática.

¿Qué de la historia de Octavio y de Gabriel no llegó ni llega aún a intranquilizar? ¿Qué vuelve difusa, olvidable o no definible como pérdida una experiencia digna del enciclopedismo dictatorial? Es evidente que distrajo la cercanía con un tiempo político concentrado en celebrar conquistas legales. A algunos activistas y al sensódromo epocal también les resultaba en buena medida fastidiosa una muerte en el clímax de las libretas rojas gay-lésbicas. Era temporada de aperturas. 

Octavio pidió permiso y apareció muerto. 

¿En qué momento defender vidas indefendidas pasó a ser sinónimo de confiar en las instituciones? 

FT