Las lesbianas, las travestis, los putos, las personas trans y bisexuales, no nacimos un 10 de diciembre de 1983. Por el contrario, miles de miles de nosotros, veníamos resistiendo con nuestro Eros deseante la represión social que los militares impusieron. Antes, otros también lo hicieron contra iguales represiones, aunque algunas de estas no llevaran gorra sino banda presidencial.

Mediando la dictadura del `76 mi cuerpo fue animándose a un estallido adolescente que enfrentaba la normatividad de aquella sociedad. Mis primeras experiencias sexuales fueron en las teteras, que no eran otra cosa que baños de estaciones de trenes, de algún bar o de las casas de comida rápida, acompañado por el yire por la avenida Santa Fe, la plaza San Pedro Telmo, la avenida Corrientes o los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos.

Comencé a caminar sobre los pasos de otros como yo, que antes del horror genocida de Videla y sus cómplices, también caminaron clandestinamente. No los conocí, pero dejaron una huella de audacia, provocadora, que no se borró aún expuesta a miles de peligros, para que otros en el futuro la continuemos, y otros -que nosotros ya no veremos- la ensanchen. Mariposas y colibrís buscando libertad en un vuelo de muchos años, cuando las palabras no se decían, camufladas en la necesaria oscuridad protectora de la identidad, la orientación sexual y el deseo prohibido.

Aun en contra de todo y de todos, lo que reconocemos hoy como personas LGTBI+ encontraron su lugar en el mundo en esa patria expulsante que los parió, pero desconociéndolos, los condenó a la vergüenza, al dolor y en muchos casos al exilio y la muerte.

Ese 10 de diciembre cuando asumió la presidencia de la Argentina el doctor Raúl Alfonsín, la esperanza renació. Se abrió de par en par una ventana de derechos para muchísimos sectores sociales del país. Pero las lesbianas, las travestis, los putos, las personas trans y bisexuales no estuvimos invitados a la fiesta. Las mariposas y los colibrís otra vez quedamos en la jaula, como tantas veces, en tantos momentos históricos y políticos.

Escribió Carlos Jáuregui “los estados contemporáneos han intentado imponer -con distintos grados de éxito- un modelo único de relación, para lo que han necesitado legislar el comportamiento sexual” . Los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes habían sido pensados como herramientas higienistas de la nación heterosexual que proclama la existencia de dos sexos y dos géneros a los que hay que proteger a través del control de la justicia, la medicina y la psiquiatría. Todo lo que anduviera por fuera de esta normalidad debía ser castigado con estos mecanismos que se mantuvieron intocables bajo la gozosa mirada de Antonio Troccoli, ministro del Interior en el gabinete de Alfonsín, que consideraba a la homosexualidad una enfermedad y afirmaba que iba a tratarnos como tal: enfermos 

Pero, ¿cuál era la justificación ideológica de sus palabras? Según Jorge Salessi, “Las definiciones de contravenciones de los Códigos y Edictos policiales eran leídas y construidas arbitrariamente y servían para instalar, regular y reforzar por medio de la policía normas de respetabilidad y comportamiento burgués entre las clases medias en formación. Los Códigos y Edictos que definían contravenciones policiales rigieron en Buenos Aires desde 1870 aproximadamente. Pero en los últimos años del siglo diecinueve y los primeros del siglo veinte se hicieron evidentes un aumento considerable y una mayor especificación de regulaciones utilizadas para vigilar y controlar los espacios del ocio, las reuniones y formas de entretenimiento de las clases bajas y del movimiento obrero.”

Así, en la democracia con la “que se come, se educa, se cura”, la libertad de las lesbianas, las travestis, los putos, las personas trans y bisexuales no era parte del discurso. Los edictos policiales quedaron intactos y activos, el Artículo 2° F que señalaba como objeto de detención a “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” era el más utilizado para detener a las personas trans y travestis, y el Artículo 2º H “a las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” daba marco legal para las detenciones en la vía pública o en locales de ocio, mayoritariamente a putos, pero también a lesbianas. El brazo ejecutor fueron sobre todo las eficientes comisarías 17 y 19 de Barrio Norte, y la corrupta y lumpen división Moralidad de la Policía Federal más interesada en las coimas que en el orden democrático. Dos de los cabecillas de la esforzada represión a las identidades no heterosexuales eran el comisario Benito Mola (al que apodaban “Benito el terrible”) y el oficial principal Díaz (al que apodaban “Chupete”), justos émulos del tristemente recordado comisario Margaride, de larga trayectoria represiva ejercida bajo la presidencia de Guido, la dictadura de Onganía y el último gobierno de Perón.

Esa democracia, la que no nos consideraban ni siquiera algo, tuvo que ser zarandeada por las primeras organizaciones activistas, que denunciamos la represión, creamos comunidad, e intentamos lograr un vínculo con aquellos que nos debían la protección constitucional y legal; principalmente partidos políticos, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero también los organismos de Derechos Humanos a quienes considerábamos nuestros aliados naturales. La tarea no fue nada fácil. Es más, por momentos fue frustrante, algunos directamente nos discriminaban, otros ni siquiera entendían qué queríamos, otros nos subvaloraban, otros sencillamente nos cerraron la puerta en la cara, desconociéndonos una vez más. Los primeros y escasos apoyos del mundo de la política fueron más personales que programáticos.

A pesar de la escasa receptividad nos organizamos de múltiples formas, construimos y nos separamos, discutimos, debatimos y ajustamos estrategias. Empezamos a salir a las calles. Mientras tanto llorábamos a las primeras víctimas del sida, amigos, novios, amantes, compañeros, conocidos, extraños. Nos dimos a conocer exigiendo derechos, reclamando contra la represión. No fuimos populares entre muchas personas LGTBI+ de aquellos años. El machismo y la misoginia salpicaba a toda la sociedad. Ni que hablar del rechazo que sufrieron muchísimas compañeras travestis y trans sin las cuales las primeras marchas del Orgullo no hubieran sido lo mismo. Vuelvo a citar a Carlos Jáuregui, quien solía decir que “el movimiento debe tener cuatro patas: gays, lesbianas, travestis y transexuales. Si una pata faltaba, el movimiento se venía abajo”. Hoy, cuando todo lo que se logró puede estar en peligro ante el avance reaccionario mundial y nacional, es claro que un colectivo LGTBI+ fuerte y diverso es la mejor barrera de contención a los anti derechos.

¿Cuáles fueron nuestros logros y cuándo dejamos de ser ciudadanía de segunda? El primer hito de nuestro colectivo es cuando se empiezan a multiplicar las organizaciones y se crean diferentes grupos de putos, lesbianas, travestis, personas trans y bisexuales. Luego la organización de la Primera Marcha del Orgullo en 1992 convocada por siete organizaciones (entre ellas Gays DC que integrábamos varios activistas que habíamos roto con la CHA como Carlos Jáuregui, César Cigliutti, Marcelo Ferreyra, Luis Biglié, Ricardo González, Juan Pablo Fernández, Alejandro Modarelli y quien escribe). En medio, como si faltara valor, querellamos por discriminación al Cardenal Primado de la Argentina, Monseñor Quarraccino.

En 1994 con la reforma de la Constitución Nacional se dota de autonomía a la ciudad de Buenos Aires, la cual necesita crear sus leyes. La primera, una Constitución propia. Para ello se abre un sistema de participación ciudadana que acercó propuestas. Sobre una idea de Jáuregui, el equipo de abogados de Gays DC elaboró un documento que se presentaría ante la Asamblea Estatuyente de la ciudad, que comenzaba a sesionar el 19 de julio de 1996. Lo debían discutir los integrantes de esa Asamblea, aprobar e incorporar a la Constitución. Fue uno de los procesos activistas que más apoyo recibió de la ciudadanía, referentes culturales y diversas personalidades de la política y la sociedad. Ya no estábamos tan solos.

Lo que pretendíamos era que la ciudad protegiera constitucionalmente el derecho a ser diferente y que por ser diferente ningún ciudadano fuera discriminado. En un principio el ala conservadora que encabezaba Carlos Ruckauf estaba completamente en contra. Fue un trabajo arduo de convencimiento, donde el colectivo LGTBI+ no cesó en sus intenciones.

El 20 de agosto de 1996 muere Carlos Jáuregui, diez días después la Asamblea Estatuyente aprueba por unanimidad lo que se conoce como cláusula antidiscriminatoria, que en realidad es el Artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dice que, “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.

Un sueño en vida de Carlos que no pudo ver realizado, pero que significó el primer gran logro de jurisprudencia en la Argentina para pensar todas las leyes del ámbito provincial o nacional que se conquistaron en las décadas posteriores como la Ley de Matrimonio para personas del mismo sexo, la Ley de Identidad de Género, el Ley de Cupo Laboral Trans, o la Ley de Fertilización Asistida, entre otras.

En 40 años de democracia las lesbianas, las travestis, los putos, las personas trans y bisexuales hemos aportado muchísimo para su consolidación, mejora y profundización. La Argentina también es una sociedad más justa por los derechos peleados y conquistados por la agenda del colectivo LGTBI+ y eso es reconocido a nivel mundial.

Pero la democracia nos debe los años en donde fuimos ciudadanía de segunda. Que los vivimos sin derechos, bajo leyes anticonstitucionales represivas, donde el Estado no reconocían nuestra identidad ni protegía nuestra orientación sexual, ni nuestra forma de amar, ni el derecho a garantizar legalmente nuestras familias. Tiempos donde quienes vivimos con VIH tuvimos que exigir por nuestras vidas.

El desafío de este momento es proteger la democracia, los derechos conquistados, avanzar en lo que falta, exigir las leyes que nos deben, garantizar la protección de las infancias LGTBI+, hacer cumplir la aplicación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y colegios del territorio, y sobre todo no dar ni un solo paso atrás. Para ello debemos estar muy alertas y saber que nuestro mayor poder reside en las calles, con nuestros reclamos, pero también con nuestra alegría, y celebrándonos orgullosos de ser lo que queremos ser. Celebrarnos, sí, que mucho nos ha costado llegar hasta acá.

GP/MG

Este sábado se llevará a cabo, como todos los años, la Marcha del Orgullo LGTB+ por las calles del país. Con carrozas, música, vestuarios, maquillaje y manifestación festiva. La Semana del Orgullo invadirá las calles porteñas, sin embargo para aquellas personas que quieran conmemorar y celebrar desde sus hogares, la película El puto Inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui es una buena opción.

Carlos Jáuregui fue un activista por los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), fundador de la Asociación Civil Gays por los Derechos Civiles, organizador de la primera marcha del Orgullo en Buenos Aires y una figura esencial para el activismo argentino.

Como pionero, Jáuregui se convirtió en El puto inolvidable, y la película de Lucas Santa Ana se encarga de retratarlo, mediante documental de archivo y entrevistas que se encargan de reconstruir la vida de este líder de la comunidad gay.

Este documental, disponible en la plataforma CineAR, carga con el drama de la época, en consecuencia a la discriminación y a la poca información habida sobre el VIH. Jáuregui es reconocido por ser una de las primeras personas argentinas con VIH que se ocupó de visibilizar e informar en los medios de comunicación masivos su vida y las características del virus.

Ficha técnica

DIRECTOR: Lucas Santa Ana

PROTAGONISTAS: Carlos Jáuregui

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Pablo Galarza

SONIDO: Lucas Ulecia

PRODUCTOR: Lucas Santa Ana, Alberto Masliah

VARIOS: Alberto Masliah, Lucila Kesselman, Laura Viviani

MÚSICA: Karen Bennett

CASA PRODUCTORA: Sombracine SRL

GUIÓN: Lucas Santa Ana, Gustavo Pecoraro

MONTAJE: Lucas Santa Ana, Martín Senderowicz

MGF

La “festichola” alrededor de la sanción de la ley de matrimonio igualitario de la Argentina -aprobada el 15 de julio de 2010- recién empezaba. El derecho ahora universalizado de emparejarse formalmente no tenía aún ni un año de vigencia cuando el sábado 11 de junio de 2011, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero desaparece de su departamento en el centro porteño. Seis días después, su cuerpo aparece desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre en el río, a la altura de Vicente López. 

En el río, sí. Octavio asesinado y en la mismísima jurisdicción territorial de la Prefectura. La autopsia determinó que fue arrojado al agua ya muerto. Iba ser el primer integrante de las Fuerzas de Seguridad en hacer uso de la estelar norma y casarse con su novio, Gabriel Pipín Gersbach. De acuerdo a cierta tradición, Octavio ya le había avisado a sus jefes. ¿Eso había que hacer? Eso hizo. A partir de allí, fue víctima de pintadas homoodiantes en el baño y de varias amenazas.

Diez años. El próximo 17 de junio se cumplen diez años de pétrea e inamovible impunidad: el crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Nilda Garré, y su plenipotenciaria Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, performatearon preocupación. Llamados por teléfono y móviles en vivo. Sin embargo, como novio de la víctima, Gabriel pasó a ser el primer sospechoso. Y no sólo merced al procedimiento habitual de investigar antes que a nadie a la pareja. Se sabe: si de “depravados” se trata, nunca como el “infierno” promiscuo de dos homosexuales bajo un mismo techo y en un mismo y “sucio” lecho. 

El crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina

Gabriel fue objeto de allanamientos varios. Su familia también. La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40, con Estela Andrades de Segura a la cabeza, hizo lo imposible y más por dudar de él. Al respecto, ejemplos sobran: los investigadores se entusiasmaron cuando hallaron un arma de juguete en la baulera, mientras se trataba de profundizar en el paradero del arma reglamentaria de Romero, desaparecida en posible acción en su contra. Ese 11 de junio, Gabriel había salido a trabajar con su taxi y Octavio iba camino a un encuentro con amigos en Parque Centenario. Cuando el primero volvió a la casa que ambos compartían, la televisión estaba encendida y el volumen altísimo. Todas las luces prendidas y la puerta, sin llave. 

Recién en 2013, Pipín Gersbach logró dejar de ser sospechoso de matar a su novio (“la pista pasional” alegaban los investigadores) y pudo pasar a ser querellante en una causa que en diez años no experimentó ni un solo avance en la fiscalía ni en el Tribunal Oral nº 29, con Juan María Ramos Padilla (el padre, sí) como titular. Suena elemental y lo es: ni un solo avance en diez años. La inacción judicial, no obstante, no se corresponde con la acción política: el Poder Ejecutivo de entonces -primer gobierno de CFK- se encargó de reubicar a los “superiores” de Octavio en Prefectura. Como suele decirse en cierta jerga milicoide, fueron trasladados a otros puntos del país a “observar pingüinos”. Apenas interrogados y nunca investigados. Siempre adentro. 

La cobertura del caso reactivó el cese -vigente desde 2008- de las antiguas “Normas para solicitudes de venia de enlace”. Desde hacía cuatro años, las Fuerzas de Seguridad no tenían facultad alguna para disponer sobre cuestiones de familia. ¿Por qué entonces Romero sí debió avisar antes de dar el sí? Por ser gay ¿Y quiénes se oponían a ser la avanzada militar del matrimoniaje trolo? Los que fueron trasladados del edificio Guardacostas, cubiertos por los pactos de un Estado heteromortuorio.

No sólo el arma reglamentaria de la víctima se esfumó: el chip y el teléfono del prefecto también. Gabriel Pipín Gersbach nunca recibió asistencia psicológica oficial y sus letrados son profesionales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización autodefinida como “apartidaria, sin fines de lucro y dedicada a la defensa de los más desfavorecidos”. También lo acompaña la Fundación Igualdad. Con todo,  ni un solo avance en 10 años. 

 En 2015, una precisa, detalladísima crónica anónima del recorrido de Octavio Romero hasta su muerte llegó a manos de la Fiscalía y de quien escribe estas líneas. Abundantes en detalles descriptos con léxico de comisaria, las páginas de ese informe narraban cómo la voluntad expresa de la cúpula de la Prefectura, en connivencia con Sergio Berni, fue depurar la fuerza; liberarla de la culpa y el cargo de tener al “enemigo puto” adentro. Era año electoral y era una versión de los hechos tan relativa como verosímil. Prolija y coherente, sin firma. 

 Promocionado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 2018 el abandono del Poder Judicial local respecto de Octavio Romero alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe preliminar sostuvo que semejante desamparo e incumplimiento de pactos internacionales reunía todos los requisitos para que ese organismo tratara el caso. ¿Qué significa? Que la nula investigación de la Argentina debe asumirse como tal o revertirse de inmediato. De lo contrario, actuará la Comisión y eventualmente también la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. La respuesta fue: “Necesitamos más tiempo”. Así culmina -y empieza- la década ahogada de un cuerpo en soledad definitiva. Una tortura mortal aletargada por el aroma a nueva primavera democrática.

¿Qué de la historia de Octavio y de Gabriel no llegó ni llega aún a intranquilizar? ¿Qué vuelve difusa, olvidable o no definible como pérdida una experiencia digna del enciclopedismo dictatorial? Es evidente que distrajo la cercanía con un tiempo político concentrado en celebrar conquistas legales. A algunos activistas y al sensódromo epocal también les resultaba en buena medida fastidiosa una muerte en el clímax de las libretas rojas gay-lésbicas. Era temporada de aperturas. 

Octavio pidió permiso y apareció muerto. 

¿En qué momento defender vidas indefendidas pasó a ser sinónimo de confiar en las instituciones? 

FT