A Geerte Piening le vinieron las ganas una noche de 2015 mientras regresaba a su casa en Ámsterdam después de estar en un bar. Sopesó rápidamente sus opciones: el baño público más cercano estaba a dos kilómetros de allí y en la concurrida zona de Leidseplein ya había pasado la hora de cierre, así que tampoco podía usar las instalaciones de un bar.

Tuvo que ponerse de cuclillas en un callejón y pedir a sus amigas que la taparan, pero la policía no tardó en aparecer y le puso una multa de 140 euros por orinar en público. Pocos podían imaginar lo que vendría después. Tras nueve años de batalla por la “igualdad para orinar” y miles de personas manifestándose en las calles de los Países Bajos, Ámsterdam ha anunciado por fin que abrirá más baños públicos en octubre.

La mañana siguiente a la multa, Piening se despertó furiosa por lo injusta que era. “Cerca de allí había muchos urinarios para hombres pero yo no podía ir a ningún sitio a mear”, dice. “Pensé: 'Pues sí, esto es un problema”.

Citación judicial

Piening, que en ese momento tenía 21 años, escribió una carta declarándose en rebeldía con la multa, señalando que en Ámsterdam había 35 urinarios públicos para hombres y solo tres baños públicos para mujeres. “No afecta solo a las mujeres, también a las personas en silla de ruedas”, afirmó. “Es muy importante que haya sitios para todos”.

Tras dos años sin recibir respuesta formal, Piening recibió de repente una cita en el juzgado por la multa pendiente. “Pensé: '¿Qué? ¿Que tengo que ir al juzgado? Está bien, es raro, pero sí, voy a ir”.

Piening empezó a correr la voz. No podía creer que la estuvieran llevando ante los tribunales por un tema de paridad de orinales. Una veintena de representantes de los medios acudió a la comparecencia ante el juez, que desestimó su recurso pero redujo a 90 euros la multa por el tiempo que el caso había tardado en llegar a los tribunales.

El juez también ofreció su propia opinión sobre el asunto y dijo a Piening que, en ausencia de instalaciones para mujeres, debería haber usado un urinario para hombres. “Puede que no sea agradable, pero es posible”, le dijo. Más tarde, mientras tomaba café junto a sus seres queridos, Piening reflexionó sobre lo que había dicho el magistrado. “Todos nos reímos porque era ridículo”, cuenta. “Creo que de verdad no es posible”.

'Power to the Peepee'

En el resto de Países Bajos, la respuesta fue más contundente, con protestas por ciudades de todo el país animando a las mujeres a desafiar la opinión del juez. “Se invita a las mujeres de todo el país a demostrar la (im)posibilidad de orinar en un urinario público construido para hombres”, decían las organizadoras de Power to the Peepee [poder para el pipí], el nombre con que se dio a conocer la protesta [un juego de palabras con la frase power to the people [poder popular, en inglés].

Algunas personas publicaron en Internet fotos en las que aparecían retorcidas y tratando de ejecutar complicadas poses gimnásticas para cumplir con las órdenes del juez, o firmaron una petición en la que se pedía al ministro de Educación, Cultura y Ciencia de Países Bajos que abordara el tema de la “igualdad para orinar”.

Ilana Rooderkerk, en aquel momento concejala del Ayuntamiento de Ámsterdam, fue una de las personas que se sumaron al movimiento contra el machismo en el ámbito de la higiene. “Hay cosas que no puedes dejar de ver una vez que las has visto”, dice Rooderkerk, que ahora trabaja como diputada en el Parlamento neerlandés. “Y este es un ejemplo perfecto: ni es justo ni es práctico”.

Rooderkerk y Piening trabajaron juntas para presentar una ordenanza municipal que exigiera ampliar el número de aseos públicos accesibles en Ámsterdam. La reacción inicial fue dispar. “Al principio la gente se preguntaba cuál era el problema, o les parecía un poco raro hablar del tema”, dice Rooderkerk. “Pero siempre he dicho que tratándose de algo tan básico, ¿cómo es que no lo tenemos resuelto? Sobre todo cuando para una mitad de la población de la ciudad sí está resuelto, pero no para la otra”.

Uniéndose a otras concejalas, Rooderkerk comenzó a recabar el apoyo de la opinión pública y la ciudad fue introduciendo cambios de manera paulatina, colocando aseos portátiles en los principales parques y zonas verdes durante el verano, e informando al público de que podía usar las instalaciones sanitarias en sitios como los parques de bomberos y las comisarías de policía. Pero hicieron falta años antes de llegar a la victoria definitiva lograda el pasado abril, cuando Ámsterdam anunció que, a partir de octubre, habrá aseos públicos nuevos a los que será posible acceder en silla de ruedas. Aunque no ha confirmado el número exacto, el Ayuntamiento dice que la inversión total será de cuatro millones de euros.

Piening es una de las personas que han celebrado la noticia. “¿Cómo me siento? Verdaderamente bien”, dice. Para ella, los últimos nueve años han sido una prueba de paciencia, a veces demasiado grande, pero también un curso intensivo sobre cómo el diseño de las ciudades –que a menudo se remonta a una época en la que se esperaba que las mujeres se quedaran en casa– puede excluir activamente a sectores de la población si no se cuestiona.

“En su mayor parte, la ciudad está construida por y para hombres”, dice Piening. “Así que mirándolo desde ese punto de vista, no me sorprende que solo haya urinarios para hombres”.

Traducción de Francisco de Zárate.

DM

La primera Marcha del Orgullo en la que participé fue la del año 1993. En ese momento, todavía tenía el nombre de Marcha Gay Lésbica. Como se estilaba en esa época, las manifestaciones en general se daban en el horario del vivo de los noticieros, a modo de garantizar su visibilización. De hecho, fue así como me enteré: estábamos en casa con Claudia Pía Baudracco y Alejandra Romero cuando vimos por la televisión que los gays y las lesbianas se estaban manifestando en frente de la Catedral. Vivíamos cerca del Botánico, así que nos tomamos un taxi y nos fuimos para allá. Fue esa tarde noche cuando conocimos, entre otros, a los activistas históricos Carlos Jáuregui, Marcelo Ferreyra y César Cigliutti, quienes luego de esa marcha nos invitaron a ser parte de un movimiento que, con el tiempo, se convertiría en la la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO). A partir de ese momento, esa fue mi escuela de activismo, en donde pude aprender lo que eran el debate y el consenso. Sobre todo, respetábamos la voz de la minoría: no se votaba por mayoría democrática, sino que se respetaban todas y cada una de las voces.

Aquellas primeras marchas eran meramente de protesta y no pasaban de las 150 o 200 personas. La mayoría eran gays y lesbianas que marchaban encapuchadxs o con máscaras, por el riesgo de perder sus estudios, sus trabajos, sus familias, hasta sus hijxs, en el caso de las mujeres. Por otro lado estábamos nosotras, que no teníamos nada que perder: ya estábamos penalizadas por ser travestis. En ese sentido, nuestras demandas eran bien distintas; mientras que gays y lesbianas pedían por su derecho a casarse, a adoptar, a aparecer en la herencia de un ser amado o a compartir la obra social de su trabajo, nosotras pedíamos simplemente poder caminar libres por la calle sin ser arrastradas por nuestra identidad. Las necesidades eran otras, la emergencia era otra. Recién en el año 1996, en el primer encuentro de Rosario, se creó el movimiento LGTB, que nos unió en comunidad bajo una misma lucha. 

En el año 1995, al ser parte activa de la organización, desde la comunidad trans propusimos cerrar la manifestación con show, y así dar un salto de la protesta a la celebración. Al finalizar la marcha, nos ubicamos en el monumento que está frente al Congreso y, como todavía no tenía rejas en su escalinata, la usamos de escenario. Daiana, Wendy, Peter, Bedoya, Romina y yo nos encargamos de preparar el espectáculo. Yo hice un playback representando a Eva Perón. Fue un escándalo: el peronismo no estaba muy bien visto, y mucho menos que una travesti hiciera de Eva. 

En el año 2001, antes de exiliarme, lo último que hice fue co-organizar y participar de la marcha. A la semana, me fui. Cuando volví a la Argentina en el 2008, logré cerrar un ciclo: después de haber pasado por un exilio y un asilo político, regresé unos días antes de la marcha para volver a ser parte, nuevamente, del show.

Desde que vivo en Alemania, todos los años regreso para la Marcha del Orgullo. Este año, en particular, se celebró la número 32. Para esta ocasión, la COMO hizo un homenaje a quienes fuimos lxs primerxs integrantes. Nos invitaron, junto a muchxs compañerxs de la comunidad que hacía mucho tiempo no veía, a ser parte del Consejo Asesor Histórico. Fue muy emocionante reencontrarme con ellxs para leer un discurso sobre el escenario, como en aquellos tiempos. 

La motivación para crear el Consejo Asesor Histórico fue mostrar de dónde venimos, cuántas luchas hemos ganado, en dónde estamos y a dónde no queremos ir. Se buscó poner en tema a toda la población joven con respecto a nuestra historia: antes marchábamos con máscaras y encapuchadxs, hoy en día, lo podemos hacer libres y sin persecución. Yo soy de una época en la cual nos organizábamos en un calabozo, eso es algo que la juventud ni siquiera se imagina. Nuestra herencia es un piso de derechos para que lxs jóvenes puedan elegir, pero elegir correctamente: ni un ajuste más, ni un derecho menos. 

MBC/SN/DTC

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) anunció que le prohibirá a las mujeres trans competir en sus eventos femeninos oficiales mientras lleva a cabo un “análisis exhaustivo” de la evolución de la situación, un proceso que podría durar hasta dos años.

La nueva normativa, aprobada por el consejo de la FIDE este mes, entrará en vigor el 21 de agosto y exige a las personas trans que aporten “pruebas suficientes de un cambio de género que cumpla con sus leyes y normativas nacionales”.

“En el caso de que el género haya sido cambiado de masculino a femenino, el jugador no tendrá derecho a participar en eventos oficiales de la FIDE para mujeres hasta que la FIDE tome una nueva decisión”, dijo la Federación.

“La FIDE reconoce que este es un tema en evolución para el ajedrez y que, además de las regulaciones técnicas sobre las regulaciones trans, puede ser necesario desarrollar políticas adicionales en el futuro en línea con la evidencia de la investigación”, añadió.

En una declaración enviada por correo electrónico a la agencia Reuters el jueves, un portavoz de la FIDE dijo que la decisión se tomó para definir mejor los procesos involucrados cuando un jugador cambia de género.

“La legislación trans se está desarrollando rápidamente en muchos países y muchos organismos deportivos están adoptando sus propias políticas. La FIDE seguirá de cerca esta evolución y verá cómo podemos aplicarla al mundo del ajedrez”, señala el comunicado.

“Dos años es un margen de visión que parece razonable para analizar a fondo estos desarrollos. Se trata de fijar un cierto plazo para una nueva reiteración de estas políticas, sin precipitarse”.

Añadió que los jugadores trans pueden seguir compitiendo en las categorías “abiertas” de los torneos.

La mayoría de las competiciones de ajedrez están abiertas a todos los jugadores, a excepción de algunos torneos como el Campeonato Mundial Femenino.

Los organismos rectores de deportes como el ciclismo, el atletismo y la natación endurecieron sus normas de participación para las mujeres trans en las competiciones femeninas de élite.

Con información de NA.

IG

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado este martes en favor de la atleta sudafricana Caster Semenya, que denunció haber sido discriminada tras negarle la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) su participación en la categoría femenina de algunas pruebas por producir un nivel de testosterona por encima de lo habitual.

En su sentencia, los jueces europeos condenan a Suiza, que es donde tiene su sede el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), que había rechazado el arbitraje que pedía Semenya para que no se le exigiera someterse a un tratamiento hormonal que le redujera el nivel de testosterona por debajo del umbral que le había fijado la IAAF como condición para permitirle competir. En mayo de 2019 el tribunal había avalado la norma de la IAAF que obligaba a las atletas como Semenya, que tiene hiperandrogenismo, a medicarse para reducir su nivel de testosterona para “preservar la integridad del atletismo femenino”

Ahora Estrasburgo reprocha a la Justicia suiza haberse lavado las manos con el argumento de que su poder de examen de este caso era limitado, ya que la decisión de origen había sido del TAS, que había aplicado un reglamento de la federación -un límite de testosterona en pruebas femeninas- que le parecía “apta, necesaria y proporcionada” para que hubiera equidad deportiva. A ese respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) subraya que la mediofondista sudafricana no tuvo las garantías institucionales y de procedimiento suficientes en Suiza para hacer valer sus argumentos de estar siendo discriminada, que eran “creíbles” y estaban “bien fundamentados”.

De hecho, el TEDH recuerda que el mismo TAS reconoció sus dudas sobre el reglamento que elaboró la IAAF que en la práctica le obligaba a someterse a tratamientos hormonales con efectos secundarios “significativos” y que además no le daban una garantía total de permitirle bajar la testosterona a un nivel suficiente. Además, hace notar que en recientes informes, órganos competentes en los derechos humanos del Consejo de Europa (al que pertenece el Tribunal del Estrasburgo) han puesto el acento en sus “serias preocupaciones” por la discriminación de mujeres o de atletas intersexuales en el deporte con reglamentos como ése.

Igualmente recuerda que repetidamente ha insistido en que “las diferencias basadas exclusivamente en el sexo deben justificarse por ‘consideraciones muy fuertes’, ‘motivos imperiosos’ o ”razones particularmente sólidas y convincentes'“. Por eso, el margen de apreciación de los poderes públicos es ”restringido“ cuando pretenden aplicar una diferencia de tratamiento sobre la base de las características sexuales de una persona.

En definitiva, con Semenya, Suiza (y en consecuencia el TAS y la IAAF) violó el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las discriminaciones. Como la atleta no había pedido ninguna compensación por daños materiales o morales, los jueces europeos no han fijado ninguna indemnización, pero Suiza sí que le tendrá que abonar 60.000 euros por las costas judiciales.

Estrasburgo es competente

Más allá del fondo del asunto, la sentencia tiene consecuencias sobre el funcionamiento de la Justicia deportiva en la medida en que el TEDH deja muy claro que es competente en asuntos como éste para garantizar el respeto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y por tanto que constituye una vía de recurso sobre lo que pueda decidir el TAS. Y eso aun reconociendo las ventajas de que exista un sistema centralizado para los litigios en el terreno deportivo a nivel internacional.

En el origen de este caso está la negativa de Semenya a someterse al reglamento de la IAAF que le obligaba a realizar un tratamiento hormonal para bajar su nivel testosterona, una regla que se aplica únicamente a las personas con un sistema genético XY, correspondiente a las mujeres, y no con XX, el de los hombres.

La decisión se produce en pleno debate a nivel internacional por las normativas de las federaciones sobre el nivel de testosterona que permiten para competir como mujeres, reglas pensadas específicamente para limitar la participación de mujeres trans en las competiciones pero que también afecta a otras como Semenya. De hecho, este año la federación internacional de atletismo, World Athletics, acordó prohibir a las atletas trans que comenzaran su transición después de la pubertad participar en competiciones internacionales.

Miles de manifestantes de agrupaciones feministas, políticas y sociales conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Mujer, que incluyó diferentes movilizaciones, actos y otras actividades, entre ellas la principal fue una marcha desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para concentrar frente al Congreso de la Nación.

Desde las 16, la movilización hacia el Congreso colmó las siete cuadras que lo separan de la intersección de la Avenida de Mayo con la Avenida 9 de Julio con canciones, pancartas y hasta tatuajes que reivindicaban derechos y conquistas, en el marco de un nuevo Paro Internacional de Mujeres.

Convocada por el colectivo Ni Una Menos, la movilización reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como también a miles de mujeres y disidencias que se sumaron solas, en parejas, con amigas o en familia.

A pesar del calor agobiante para las manifestantes tanto en las veredas a la sombra o dentro de los comercios para comprar bebidas frías, caminar por la Avenida de Mayo se volvía muy complicado, debido a la cantidad de personas que pasadas las 17.30 todavía continuaban llegando al centro porteño.

En las fachadas se repetían pintadas con consignas sobre la igualdad de oportunidades laborales, con afiches que reclamaban justicia por las víctimas de femicidio o la aparición con vida de jóvenes desaparecidas. En tanto, las banderas de organizaciones como La Poderosa reclamaban por el proyecto de Ley que busca garantizar un ingreso a las cocineras de comedores comunitarios.

Las columnas de organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, la Martín Fierro o La Cámpora complementaban la jornada con la música de bombos y redoblantes, mientras que diversos artistas populares hacían espectáculos de malabares, danza o tango a lo largo de la concentración.

Fanny, una inmigrante boliviana que encabeza un comedor comunitario en Ingeniero Budge, afirmó: “yo hace tiempo que venía con el comedor y no me había metido en la discusión del feminismo porque pensaba que no era algo urgente, pero el año pasado compañeras del Movimiento Evita me insistieron para que viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y eso me cambió la cabeza”.

“No es que yo no identificara antes lo que pasaba cuando fajaban a una vecina en el barrio o el miedo de nuestras hijas a volver de noche, pero creía que teníamos que concentrarnos en la urgencia del hambre; en el encuentro me di cuenta que éramos muchas de todo el país en la misma y cuando volví empecé a charlar de estas cosas con mis vecinas y por eso hoy vinimos todas juntas”, agregó.

Camila, una estudiante de secundaria que llegó con sus compañeras desde Liniers, dijo que “el año pasado ya nos habíamos organizado para venir por nuestra cuenta, y este año decidimos volver, para nosotras estar acá es importante porque la marea verde de la legalización del aborto la vimos por la tele y todavía no nos dejaban venir porque decían que éramos chicas”.

“No se trata sólo de la Educación Sexual Integral que tenemos que tener como corresponde en la escuela o de los métodos anticonceptivos o de los noviazgos violentos; todo eso es parte de la lucha, pero nosotras pronto vamos a empezar a buscar trabajo, y lo que queremos son oportunidades que no nos limiten por ser mujeres, y aprendimos que eso se gana acá en la calle”, añadió la joven.

Romina, una empleada administrativa que vino con su beba de 8 meses, dijo: “soy una trabajadora que está en blanco en un ámbito laboral en el que me reconocen mis derechos y lamentablemente eso en Argentina todavía es un privilegio; por eso vine, porque hay millones de mujeres que tienen que elegir si ser madres o trabajar y eso tiene que acabarse”.

“Mi pareja y yo tenemos trabajos estables y bien remunerados, y familias que nos apoyan en el cuidado de nuestra beba; pero hay muchas mujeres que no tienen nada de eso que debería garantizar el Estado, y así como la legalización del Aborto se parió en la calle, con esto también tiene que pasar lo mismo”, concluyó.

En la esquina de 9 de Julio y la Avenida de Mayo, la agrupación Madres de víctimas de trata se concentró bajo el lema “los prostíbulos son terrorismo de Estado”, donde montaron una gran bandera con fotos de diferentes mujeres que fueron víctimas de trata.

Una de las mujeres en ese espacio era María López de Almirante Brown, quien desde hace 10 años lucha por la aparición de su hija Ailén. “Estos 10 años representan una lucha constante en donde lamentable no somos escuchadas por la justicia por varios factores tanto judiciales como políticos”. “Nosotras luchamos para que ninguna piba más sea víctima de la prostitución”, declaró.

En las calles del centro de la ciudad, había una variedad de pintadas sobre el asfalto con frases como “existo porque resisto” o “aplicación de la Educación Sexual Integral”.

LC con información de agencia Télam

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una efeméride promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, pero que se viene celebrando desde mucho antes. La fecha está dedicada a las mujeres y su lucha por la igualdad, su participación y su empoderamiento en todos los ámbitos de la sociedad.

Anteriormente llamado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día era una ocasión donde las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, así como derecho al trabajo y al estudio.

En el año 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del día, que comenzó el año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces, se ha extendió a muchos otros países.

En la actualidad, el Día Internacional es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales, donde las mujeres de todo el planeta celebran y reafirman la lucha por la igualdad de derechos y contra la discriminación de género.

El Movimiento Mundial del 8M

El numerónimo “8M” se usa para referenciar el Paro Internacional de Mujeres (PIM) o el International Women's Strike (IWS), que también tiene lugar el 8 de marzo. El 8M fue creado en el 2016, con el apoyo de más de 50 organizaciones de mujeres alrededor del mundo.

La principal finalidad del Paro Internacional es visibilizar las diversas formas y expresiones de la violencia machista que sufren las mujeres en todo el planeta. Lo hacen realizando una huelga internacional de mujeres, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.

El movimiento se hace más fuerte y poderoso cada año, con el apoyo de grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres que continúan su lucha permanente para acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.

Lema 2023: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”

Todos los años, se elige un tema central para celebrar el 8 de marzo. La campaña del Día Internacional de la Mujer para el 2023 es: “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”.

Para este año, se pretende reconocer y homenajear a las niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología, la cual contribuye a acortar la brecha digital de género, disminuyendo las desigualdades sociales y económicas. Las mujeres hicieron invalorables contribuciones al mundo digital, cada vez más presente en nuestra vida. Logros contra todo pronóstico, en un campo donde nunca han sido bienvenidas ni valoradas.

Asimismo, esta temática destaca la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, así como generar acciones orientadas a erradicar la violencia de género. A partir de un estudio realizado en 51 países, se supo que un 38% de las mujeres participantes declaró haber sufrido violencia en línea.

Otro aspecto importante es la incorporación de las mujeres y grupos marginalizados a la tecnología, promoviendo la igualdad de género, basados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Esto es porque, en un mundo atravesado por los avances tecnológicos, un 37% de las mujeres no tienen acceso a él.

LC

La brecha de género en el hogar se reduce tras la pandemia, especialmente en tareas como el cuidado de menores, la limpieza o pequeñas reparaciones, según un estudio del Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa', en España.

El informe, elaborado por un equipo liderado por Lidia Farré, de la Universitat de Barcelona, y Libertad González, de la Universitat Pompeu Fabra y BSE, precisa que la brecha de género en el total de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado bajó al pasar de un diferencial de 9 horas semanales antes de pandemia, a un diferencial de 5 horas en 2022.

En el reparto de tareas domésticas se constata una distribución ligeramente más igualitaria en relación al periodo previo a la pandemia, de manera que, dos años después del confinamiento, los hombres dedican, de promedio, tres horas más a la semana al cuidado de los menores, y las mujeres, tres horas menos.

Lavar la ropa, limpiar el hogar y las pequeñas reparaciones son, además, otras tareas en las que más disminuyó la brecha de género, de acuerdo a las conclusiones del estudio.

El documento alude a la mayor exposición a las responsabilidades familiares durante el confinamiento y al aumento de la flexibilidad laboral como posibles causas de esta reducción de la brecha de género.

Pese a ello, las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas del hogar y de los cuidados domésticos, pues les dedican un 62% de su jornada, frente al 43% que dedican los hombres.

En un estudio publicado en 2021, las mismas investigadoras mostraron que las medidas adoptadas en España ante la crisis sanitaria produjeron un incremento inmediato de la brecha de género tras analizar el tiempo que invertían hombres y mujeres en sus labores remuneradas, en las tareas domésticas y en el cuidado de los menores.

El aumento de la brecha fue consecuencia de la mayor dedicación de las mujeres a las tareas del hogar sin una reducción equivalente en las horas destinadas a sus responsabilidades laborales. Así, entre marzo y mayo de 2020, los hombres dedicaron 14 horas semanales menos al trabajo remunerado, pasando de 37 a 23 horas semanales, mientras que las mujeres redujeron su jornada laboral en 11 horas semanales, pues pasaron de 25 a 14 horas.

En cambio, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (labores del hogar y cuidado de los hijos) se incrementó en ambos casos. Los hombres destinaron 10 horas más a la semana a las tareas domésticas y a la atención de los hijos menores (de 24 a 34 horas semanales), mientras que las mujeres dedicaron 12 horas más a esas funciones (de 45 a 57 horas semanales).

Como consecuencia, durante el confinamiento las mujeres trabajaron, de media, 14 horas más que los hombres a la semana, de modo que se acentuó el fenómeno de la doble jornada entre las mujeres.

Dos años después, los hombres dedican 28 horas semanales al cuidado de sus hijos menores y a las tareas del hogar, lo que supone 4 horas semanales más en comparación con el periodo previo al confinamiento, con especial atención al tiempo que dedican a los hijos menores (hasta 3 horas más).

Esta implicación podría originar una distribución más igualitaria de las responsabilidades familiares a largo plazo, según las investigadoras. Por su parte, las mujeres destinan 43 horas a este tipo de trabajo no remunerado, 2 horas menos en comparación con el periodo prepandemia, pero siguen asumiendo gran parte de las responsabilidades familiares.

En cuanto al trabajo remunerado, tanto hombres como mujeres volvieron a un nivel relativamente similar al que tenían antes de la pandemia. En mayo de 2022, los hombres dedicaron 36 horas semanales a sus responsabilidades profesionales, una hora menos que en marzo de 2020. En cambio, las mujeres invirtieron 26 horas semanales a su ocupación laboral, lo que supone una hora más respecto al periodo prepandemia.

Como consecuencia, la brecha de género en el total de horas de trabajo, tanto fuera como dentro del hogar, se redujo. El estudio, que analiza la brecha de género tanto dentro como fuera del hogar dos años después del inicio de la pandemia, examinó un conjunto de datos transversales con información socioeconómica para dos muestras representativas de la población española de entre 25 y 50 años recogidas en mayo de 2020.

En el capítulo de tareas domésticas, dos años después del inicio de la crisis sanitaria y tras recuperar los niveles de actividad laboral previos a la pandemia, el estudio observa que la brecha de género en la participación de las tareas domésticas se achicó en relación con el periodo previo al confinamiento por el COVID-19.

En concreto, en mayo de 2022 el diferencial era del 17% frente al 23% registrado en marzo de 2020. Entre las tareas domésticas en las que más disminuyó este diferencial se destacan labores como el lavado de ropa, las reparaciones y la limpieza del hogar.

PRÁCTICAS LABORALES MÁS FLEXIBLES

La implementación de medidas laborales más flexibles como el teletrabajo y las jornadas más compactas son dos de los cambios más importantes que experimentó el mercado laboral a raíz de la pandemia. Según datos de marzo de 2020, antes de la irrupción del virus el 13% de los trabajadores con hijos menores a su cargo trabajaban más de la mitad del tiempo desde casa. Durante el confinamiento, el 50% de los hombres y el 59% de las mujeres trabajaron desde casa.

Dos años después de la crisis sanitaria, el 33% de las mujeres y el 30% de los hombres hacen, como mínimo, un día de teletrabajo, mientras que el 14% de las mujeres y el 17% de los hombres trabajan desde casa, por lo menos, 3 días a la semana.

Asimismo, las jornadas laborales se compactaron, con una reducción en el porcentaje de personas que trabajan más allá de las 17.00 horas de la tarde: el 9% en el caso de los hombres (pasó del 71 al 62%) y el 6% en el caso de las mujeres (del 61 al 55%).

El teletrabajo y las jornadas laborales más compactas facilitaron la conciliación familiar, tal como asegura el 90% de las mujeres y el 87% de los hombres que trabajan desde casa al menos un día a la semana. Estas prácticas empresariales más flexibles, junto con la mayor exposición de los hombres a las tareas y cuidados domésticos durante el confinamiento, favoreció la reducción de la brecha de género en las horas destinadas al trabajo no remunerado, según el estudio.

Europa Press.

IG

Entre las muchas formas de control de la mujer en Afganistán está empujarlas a la drogadicción, evitando así el marido que su esposa se rebele o le abandone. En un centro de rehabilitación en Kabul intentan devolverlas a la sociedad.

Este centro de rehabilitación para mujeres y niños se inauguró en 2017 con el apoyo de diferentes donantes internacionales, y cuenta con capacidad para 150 pacientes, pero la llegada de los talibanes en agosto del año pasado y la huida de muchas organizaciones ha limitado sobre manera los recursos de esta institución.

Su directora, la doctora Shaista Hakeem, explicó a EFE que en la actualidad hay 75 pacientes, los cuales reciben un tratamiento de unos 45 días, un tiempo en el que el apoyo psicológico juega un papel fundamental para que dejen de consumir drogas.

“Hay muchas razones para la adicción en Afganistán, pero las más comunes son la pobreza, el desempleo, la disponibilidad de drogas en el mercado (como país productor), problemas psicológicos, vivir con familiares adictos y tener creencias erróneas sobre el uso de las drogas como medicina”, detalla la doctora.

Sin embargo, añade, otros casos perturbadores son aquellos en los que las pacientes “fueron empujadas a la drogadicción por sus maridos para controlar su vida o no permitirle que se divorcien”.

FORZADAS POR SUS MARIDOS

Fue el caso de Masooda (nombre ficticio), que actualmente se encuentra internada en el centro y responsabiliza de su consumo de drogas a su marido, también adicto.

“Quise divorciarme pero mi esposo me pegaba y me forzó a consumir drogas. Cuando me volví adicta, mis otros familiares también comenzaron a golpearme. Les dije que era culpa de su hijo, pero perdí a mis familiares, incluido mi esposo, y estoy viviendo con mis hijos”, relató a EFE.

Masooda forma parte de los cerca de cuatro millones de afganos adictos a algún tipo de droga en Afganistán, según los informes para la reducción de la demanda de drogas en el país asiático.

Una lista en la que también figura la interna Shakila (nombre ficticio), que recuerda cómo su historia de adicción comenzó un día que se encontraba enferma y tomó opio en lugar de medicamentos, volviéndose progresivamente dependiente hasta que acabó por perder todo lo que tenía.

“Tras mi adicción la situación cambió por completo, no sé dónde está mi esposo, ahora estoy viviendo con mis tres hijas, ya no tengo techo ni familia”, lamentó.

Ahora se esfuerza por poner fin a trece años de adicción, y pide “a todas las mujeres y hombres que no usen ningún tipo de droga, intencionadamente o no, ya que después de la adicción perderán todo, familia, seres queridos, respeto y dignidad”.

PROBLEMAS ECONÓMICOS

El centro que dirige la doctora Hakeem es uno de los pocos que no ha cerrado pese a la crisis económica que atraviesa el país desde la llegada al poder de los talibanes, aunque cada vez afronta más desafíos tras la retirada masiva de los donantes internacionales.

Ahora el centro recibe una partida económica desde el Ministerio de Salud, pero los servicios se han reducido significativamente.

“Nuestros servicios disminuyeron, hemos perdido al contratista de alimentos y al de fruta fresca y tampoco tenemos combustible para la calefacción en invierno”, explicó la directora.

Ante la proximidad del frío invierno, solicita el apoyo de la comunidad internacional, esencial para desarrollar un mecanismo sostenible y a largo plazo que permita reintegrar con éxito a las mujeres y a sus hijos, algunos de ellos también adictos, una vez culminen su proceso de rehabilitación.

PROMESAS VACÍAS

Un problema es el de la reinserción, para el que el Gobierno talibán no propone medidas concretas, a pesar de que el portavoz de la Policía de Kabul, Khalid Zadran, aseguró recientemente en una entrevista en televisión que tiene “buenos planes de futuro”.

Además, Zadran señaló que las autoridades habían llevado a más de cien mujeres a estos centros para su rehabilitación.

Afganistán es el principal país exportador de opio, cubriendo el 80 % de la demanda mundial. El cultivo de adormidera en 2022 alcanzó las 233.000 hectáreas y se calcula que puede convertirse en hasta 380 toneladas de heroína de gran pureza, la droga que más muertes produce a escala global, según reveló este mes en su informe la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El excedente que no exporta acaba suponiendo un gran problema en el país, dando lugar a un producto muy barato y fácil de adquirir, disparando la drogadicción.

EFE.

IG

Con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el presidente Alberto Fernández llamó hoy miércoles a combatir el “racismo, la discriminación y la intolerancia”, y apuntó contra “alguna provincia” donde la Justicia “ha quedado sometida al poder político”, con el fin de “estigmatizar personas” y “eliminar” del debate político a opositores.

“Conmemoramos hoy la Diversidad Cultural, que es un hecho, un derecho y un motivo de orgullo para nuestra tierra. El racismo, la discriminación y la intolerancia siguen presentes en todas las sociedades y vamos a seguir combatiéndolos”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado señaló que la fecha de hoy es “una oportunidad para reflexionar sobre la injusta historia que sufrieron y sufren los pueblos originarios en Argentina”, pero también para “promover el diálogo entre todos y todas y para asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

En esa línea, recordó y citó el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna, el cual reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.

“La convivencia entre culturas y la cooperación creativa debe guiarnos en Argentina, América Latina y el mundo”, indicó el Presidente, y destacó: “Cumplir con nuestra Constitución es también no sumarse a campañas que pretenden estigmatizar a personas o poblaciones por su cultura, pensamiento político u origen. En un Estado de derecho deben respetarse las normas constitucionales que también reclaman la independencia de poderes”.

Por otra parte, Fernández apuntó: “lamentablemente alguna provincia de nuestra patria muestra ejemplos donde la Justicia ha quedado sometida al poder político”, y añadió que el Poder Judicial “ha servido para estigmatizar personas, privarlas de su libertad desatendiendo las normas del debido proceso y eliminar del escenario político a opositores”.

Concluyó diciendo: “Para respetar cabalmente nuestra Constitución, continuaremos construyendo una Argentina justa, igualitaria, intercultural y en la que los derechos humanos sean respetados”.

LC con información de agencia Télam

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia tiene en la mira un fallo que puede poner fin a la protección legal para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el país. Si bien la decisión final podría conocerse en junio, lo que ya trascendió a través de una insólita pero crucial filtración a comienzos de mayo es que habría voluntad y argumentos para avanzar en esa dirección. Lo angustiante es que esta acción no solo podría afectar la salud sexual y reproductiva de millones, sino que también sacudiría los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

La llave para entender lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

El fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 lo ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, la Corte ratificó el principio básico del caso Roe, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. Sin embargo, se ratificaron algunas restricciones, incluyendo requisitos que pueden generar demoras en el acceso a la práctica. No obstante, ese tribunal jamás se expidió sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo per se como tampoco el Congreso de los Estados Unidos avanzó en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Si bien el documento que publicó el sitio POLÍTICO no es una postura definitiva y hasta los votos pueden variar, su autenticidad fue reconocida por el propio tribunal. Eso solo basta para encender una alerta a partir de los enunciados vertidos por el juez Samuel Alito en su opinión sobre el tema porque encarnan el reflejo jurídico de una avanzada reaccionaria que cada día gana más visibilidad en la sociedad del Norte y de todas partes del mundo. Y hasta ahora, en los Estados Unidos, la Justicia se erigía como la última barrera para frenar este tipo de embestidas tan discriminatorias como arcaicas por parte ciertas autoridades electas. 

En efecto, uno de los argumentos sobre el que el magistrado sustenta su decisión de anular ambos fallos y transferir la responsabilidad “a los representantes elegidos por el pueblo” es que la naturaleza del debate no es de orden sanitario sino una cuestión de principios. “La conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”, asevera y remarca que no existe derecho semejante en la Constitución. Un planteo que dista de ser nuevo. Al contrario, nutre el pensamiento y acción de un movimiento legal conservador en los Estados Unidos que centra su doctrina en el carácter original de la Constitución y una interpretación cerrada de su letra, escrita por hombres blancos del siglo XVIII. 

En contrapartida, fue el ala progresista en ese mismo tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los último setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy debe decidir sobre el presente y futuro de millones.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales

El propio Alito, autor del documento que podría reflejar el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— con leyes “gatillo” a la espera de que la Justicia federal ponga un cerrojo. Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa en un futuro. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de esta presunta mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley yafue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. Un fallo que revoque este derecho sexual y reproductivo solo podría empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afectaría la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto si la avanzada prosigue como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras

Aunque el juez Alito circunscriba su decisión a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, como lo sugiere en su texto, dejando al margen el resto de los derechos, nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

MB

El líder supremo de Afganistán y jefe de los talibanes ordenó este sábado que todas las mujeres usen en público el burka, un velo que las cubre integralmente, e impuso así la restricción más severa contra la libertad femenina desde que los radicales islamistas se hicieron con el poder en agosto pasado.

El decreto fue divulgado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, responsable de vigilar el cumplimiento de la ley islámica.

Un vocero ministerial explicó en rueda de prensa que las mujeres deben cubrirse el rostro en público, ya que de lo contrario sus “guardianes” varones serán detenidos o convocados por las autoridades y se arriesgan incluso a terminar en prisión, informó la agencia de noticias Jaama.

“Tendrán que llevar un chador (un término que también se usa para designar al burka o velo de los pies a la cabeza) porque es tradicional y respetuoso”, según reza el decreto firmado por Hibatullah Akhundzada y difundido por las autoridades talibanas en un acto en Kabul.

Y precisó: “Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia para evitar la provocación”.

Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es “mejor para ellas que permanezcan en casa”, agregó, según la agencia de noticias AFP.

Los talibanes también impusieron el uso del burka durante su primer Gobierno, entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación de la “sharia”, la ley islámica.

Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al término de dos décadas de ocupación de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, los talibanes prometieron que su Gobierno sería más tolerante. Pero rápidamente fueron tomando medidas contra las mujeres, como excluirlas de los empleos públicos o prohibirles viajar solas.

En marzo, tras meses prometiendo que autorizarían la educación a las mujeres, los talibanes ordenaron el cierre de los centros femeninos de enseñanza secundaria, apenas unas horas después de haber abierto sus puertas.

Esta semana, funcionarios talibanes de Herat, la ciudad más progresista de Afganistán, pidieron a los instructores de escuelas de conducir no entregar registros a las mujeres.

La reacción de la ONU y Estados Unidos

La ONU repudió el nuevo código de vestimenta y conducta femeninas anunciado por los talibanes afganos y acusó al movimiento fundamentalista de traicionar sus compromisos de libertad adoptados tras reconquistar el poder.

Para la Unama, la misión de Naciones Unidas en Afganistán, “esta decisión contradice numerosas garantías sobre el respeto y la protección de los Derechos Humanos de todos los afganos, incluidos los de las mujeres y las niñas, que los representantes de los talibán proporcionaron a la comunidad internacional durante los debates y negociaciones de la última década”.

La ONU recordó que “la comunidad internacional ha estado ansiosa por recibir señales de que los talibán están listos para tener relaciones positivas con el resto del mundo” y que decisiones como ésta, o la adoptada hace seis semanas de posponer la educación secundaria para las niñas afganas “podría tensar aún más el compromiso con la comunidad internacional”.

Por todo ello, la Unama indicó que solicitará de inmediato una reunión con las autoridades talibán para buscar aclaraciones sobre el impacto de esta decisión, y anuncia que “también participará en consultas con miembros de la comunidad internacional sobre sus implicaciones”.

Un portavoz del Departamento de Estado, por otro lado, dijo que el Gobierno de Estados Unidos está “preocupado” por la erosión de los derechos de las mujeres en Afganistán. “Estamos extremadamente preocupados porque los derechos y el progreso que las mujeres y niñas afganas lograron y disfrutaron en los últimos 20 años se están erosionando”, agregó el portavoz.

A Washington y sus socios internacionales, señaló, les inquieta “profundamente” los pasos recientes dados por los talibanes “en relación a las mujeres y las niñas, incluidas las restricciones a la educación y los viajes”.

MB con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández remarcó este lunes que “es hora de igualar a las mujeres y todas las diversidades con los hombres”, para que todos tengan mejores derechos, al presentar el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de la Argentina. La propuesta oficialista busca ampliar la licencia para personas gestantes y no gestantes, crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas. La licencia por maternidad se ampliará de 90 días a 126 días y, por paternidad, pasará de 2 a 90 días.

En su alocución en el Parque Colón de Casa de Gobierno, Fernández aseguró que esa ley es para que “se vuelva un derecho permanente en la Argentina y gobierne quien gobierne esto sea respetado”.

El mandatario sostuvo que la ley es necesaria “para que la suerte de las mujeres y los derechos de la igualdad no queden en una declamación política”.

“Este proyecto sigue la senda que planteamos, la necesidad de seguir ampliando derechos, de reconocerle a la mujer que cuida lo que representan para el desarrollo social ese cuidado”, señaló Fernández, y subrayó que “es avance en la ampliación de derechos”.

En su discurso, Fernández destacó que el país “se diferenció de otros países por la forma que ha dado derechos” y ejemplificó a “la educación pública, que tuvo en dos buenos liberales, como (Juan Bautista) Alberdi, como (Domingo Faustino) Sarmiento, centrales para que esa educación publica se concretara, y la Argentina empezó a ser distinta porque todos podían acceder a la educación”.

Reseñó que “pasaron los años y en 1918 la reforma universitaria tener libertad de cátedra” y luego Juan Domingo Perón “un día dijo que los hijos de los trabajadores pudieran ir a la universidad” y la “hizo gratuita”.

También remarcó que la Argentina “se caracterizo por la salud pública” y destacó durante el gobierno de Perón la gestión del primer ministro de Salud de la historia del país, Ramón Carrillo, quien “llevó a la salud pública a todos los rincones de la Argentina”.

Para Fernández, “cada vez que la sociedad argentina tuvo derechos fue una mejor sociedad” y reseñó que desde el día que asumió la idea fue “ampliar derechos” porque “tendrá más facilidades para acceder a sus proyectos”.

El proyecto de ley fue presentado esta tarde en Casa Rosada, para ser enviado el Parlamento, y promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho.

Acompañaron en el estrado a Fernández los ministros de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Gómez Alcorta señaló que ese proyecto de ley propone modificar “licencias para madres o gestantes de 90 a 126 días, y licencias para padres o personas no gestantes, de dos a 15 días, y a lo largo de ocho años hasta 90 días”, además de otras licencias especiales, como “90 días para adoptantes”.

“Este proyecto amplia derechos, tanto en el sector privado como en la administración pública, agrario y de casas particulares; y los crea para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos”, para “un universo de ocho millones de personas”, resumió la ministra.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno noruego presentó este miércoles un pedido de disculpas oficiales a las personas homosexuales por ser perseguidas y criminalizadas debido a su orientación sexual, en la víspera del 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el país.

“Quiero, en nombre del Gobierno noruego, pedir perdón porque las personas homosexuales fueron tratadas como criminales y perseguidas por las autoridades”, dijo el primer ministro Jonas Gahr Store.

Según cifras gubernamentales, entre los años 1902 y 1950, se condenó a 119 hombres por mantener relaciones con otros hombres, en virtud de un artículo del código penal que fue suprimido el 21 de abril de 1972, según indicó la agencia de noticias AFP.

En ese entonces, la homosexualidad podía merecer penas de cárcel y eso contribuía a estigmatizar a las personas.

“La ley tenía un valor simbólico importante ya que los homosexuales estaban expuestos a múltiples condenas, discriminaciones, calumnias y chantajes”, expresó el Gobierno en un comunicado.

El texto señaló que “criminalizar y perseguir a las personas por sus vidas personales, tratarlas médicamente estando en buena salud y privarlos de oportunidades profesionales son violaciones graves de nuestros valores”.

Sin embargo, colectivos de defensa de los homosexuales señalaron que “queda camino por recorrer en materia de derechos” como la prohibición de terapias de conversión, la introducción de un tercer sexo jurídico o el acceso de cuidados médicos para los transexuales.

Según un informe publicado en 2020 por la Asociación internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Ilga), la homosexualidad está prohibida en 69 países y en 11 de ellos, inclusive, puede merecer la pena de muerte.

Con información de agencias.

IG

La activista jujeña Elsa Gladis Colqui, referente histórica de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en la ciudad de San Pedro y creadora de la Casa de la Mujer “María Conti”, que asiste a víctimas de violencia de género, falleció este lunes luego de padecer cáncer, por lo que colectivos de mujeres y la diversidad lamentaron su pérdida.

“Hoy no es un día más, hoy se nos va parte de una historia forjada con voz de lucha, valentía y fuerza. Lamentablemente nos toca despedir a nuestra fundadora, mentora, profesora y muchas cosas más que significó para varios compañeros. Desde el más profundo dolor te decimos adiós compañera Elsa”, manifestaron en sus redes sociales integrantes de la CCC.

Los restos de la mujer de 60 años eran despedidos hoy por activistas, familiares y vecinos en el salón del espacio sindical al que pertenecía, ubicado en la avenida San Expedito de la ciudad de San Pedro.

“Te recordaremos siempre con esa actitud vigorosa que te caracterizaba. Hasta siempre, Elsa Colqui”, remarcaron sus compañeras de lucha.

En ese marco, Mariana Vargas, dirigente de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, recordó a la militante fallecida: “Pienso en ella y recuerdo su sonrisa. Sus labios pintados. Supe a través de ella situaciones de mujeres y niñas que sufrían, porque ella escuchaba, acompañaba, y no se cansaba”.

“Le ponía todo el tiempo de sus días, sábados, domingos, cualquier hora, a esa persona que la iba a buscar a su casa o la llamaba pidiendo ayuda o socorro, o escucha. Y peleaba lo que tenía que pelear, siempre guerrera y valiente, poniendo el cuerpo, acompañando, empujando, respetando. Siempre estaba del lado correcto, con esa mujer humilde, violentada, a quien sufría”, añadió.

Elsa Colqui, junto a otras mujeres, crearon en 2007 la Casa de la Mujer María Conti, donde se brinda asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad donde forjó su lucha.

A su vez, el colectivo “Solidaridad Internacional SI e V” de Berlín (Alemania), expresó: “Nuestro más sentido pésame para la familia y amistades de nuestra compañera Elsa Gladis Colqui, tuvimos el gusto de conocerla como embajadora de las causas justas de los pueblos”, indicaron.

“Un sensible abrazo, con mucha tristeza, pero con la esperanza de ver los frutos de su activismo y compromiso político”, completaron para luego finalizar: “¡Cuando una camarada muere, nunca muere!”.

El fallecimiento de la reconocida activista también fue lamentado por dirigentes políticos, sindicales y de la sociedad civil de múltiples lugares de la provincia de Jujuy.

Con información de agencias.

IG

¿Dónde poner el énfasis en esta fecha de conmemoración y reflexión sobre las mujeres y nuestras muy diversas condiciones de vida? ¿Dónde posar la mirada? ¿En los avances o en los retrocesos? ¿En los derechos que se conquistan o en las demoras para transformar de manera concreta las vidas de tantas niñas, adolescentes, mujeres?

Ninguna conquista es definitiva: con largos años de lucha se transformó de manera profunda el reconocimiento de nuestros derechos por parte del Estado que comenzó a saldar la deuda de ciudadanía primero con las mujeres y de manera mucho más reciente con las personas trans y travestis excluidas de las condiciones más básicas de igualdad. Pero el mismo avance se pone en riesgo cuando recibe el constante desafío de las experiencias cotidianas, condicionadas por la ineficacia de los esfuerzos del Estado para dar respuestas frente a las  reiteradas vulneraciones de derechos.

El mismo avance se pone en riesgo cuando recibe el constante desafío de las experiencias cotidianas, condicionadas por la ineficacia de los esfuerzos del Estado para dar respuestas frente a las reiteradas vulneraciones de derechos.

Es importante detenerse en las conquistas y celebrar la construcción colectiva; valorar los esfuerzos genuinos de instituciones y personas que mueven las barreras en el mundo público y privado; que aceptan el desafío de gestionar en el marco de la inercia de la burocracia estatal, en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. Pero es imprescindible cuestionar las resistencias, denunciar las falencias, superar la indiferencia y resistir la resignación.

Llegamos a este 8 de marzo con una cantidad de femicidios que no cede, con denuncias de violencias por razones de género que no encuentra respuestas suficientes de la justicia ni de las políticas públicas en distintos puntos del país; con un impacto de la desocupación y la informalidad en el empleo que golpea especialmente a las mujeres y a los hogares monomarentales empobreciendo a la niñez y condicionando su desarrollo. Llegamos con un acceso dispar al cuidado de la salud, a los derechos sexuales y reproductivos; con instituciones que se resisten no solo a incluir una agenda de igualdad sino también a incorporar a mujeres en los espacios de decisión desafiando obligaciones concretas de aplicar acciones afirmativas. 

Las resistencias no son de forma: son de fondo. Es la resistencia a cumplir con sus obligaciones pero también a mirarse críticamente hacia adentro (en sus responsabilidades públicas pero también seguramente en sus vidas privadas, porque lo privado también es político).  Los cambios, para ser duraderos, tienen que ser profundamente honestos. 

Hace pocos días nos conmovimos como sociedad ante el horror de una violación sexual perpetrada en grupo contra una joven, con una pretensión de impunidad tal que les permitió creer que se podía hacer a la luz del día y en la vía pública. La reacción de las personas que vieron el hecho lograron detenerlo, buscaron proteger a la joven y retener a los agresores hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.  Pero el horror colectivo que sentimos no alcanza para transformar las condiciones que permiten que esas situaciones sigan pasando. Tan públicas y evidentes como esa, pero también tan privadas y esquivas a la protección del Estado como las que viven a reiteración niñas, adolescentes, mujeres, trans y travestis en todo el país.

El desafío y la gran cuenta pendiente es fortalecer las condiciones para el ejercicio de la autonomía. Para eso, es preciso impulsar cambios estructurales, normativos, culturales y de distribución de recursos. 

Mientras la distribución del tiempo y las horas que las mujeres dedican al cuidado de todos los integrantes de sus familias siga siendo tan desbalanceada se mantendrán sus limitaciones para insertarse de manera más sostenida en el mercado de trabajo formal, que les seguirá reservando las ocupaciones más precarias, intermitentes y desprotegidas. Eso tiene un impacto no solo en sus condiciones de vida actuales sino también futuras, ante la vejez y la enfermedad. Por eso se debe garantizar una distribución de recursos públicos equitativa, con perspectiva de género que se ejecute de manera transparente y que contribuya a transformar estas desigualdades. Para lograrlo, la participación social, política y económica de las mujeres en toda su diversidad es una precondición necesaria, aunque sabemos que no suficiente. Lo que sí sabemos es que con decisores políticos tan homogéneos, tan parecidos a sí mismos, tan poco representativos de los intereses y las experiencias de vida de la ciudadanía que deben representar, difícilmente se logre el objetivo.

Compartamos el horror ante la vulneración extrema de los derechos de nuestras compañeras, nuestras familias, nuestras congéneres. Y al mismo tiempo que nos miramos hacia adentro, que cuestionamos nuestros propios espacios de influencia, reclamemos con fuerza sostenida las responsabilidades que el Estado, en todo su conjunto, todavía debe abordar.

La autora es abogada, Directora Ejecutiva d ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

NG

Un mujer fue asesinada cada 34 horas en promedio por violencia de género en 2021 en el país, al registrarse en el año 256 femicidios, según un informe publicado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, que también relevó ocho transfemicidios.

De acuerdo con el reporte difundido este viernes en sus redes sociales, en base al análisis de medios gráficos y digitales del país, desde el 1 de enero al 30 de diciembre de 2021 se registraron 256 femicidios.

Del total de femicidios registrados, 233 fueron de mujeres, mientras que los femicidios vinculados (perpetrados para causar daño a una mujer) fueron 15 de hombres o niños y ocho de mujeres o niñas.

“En 2021 registramos un promedio de un femicidio cada 34 horas, cifra que en los últimos años no ha sufrido cambios significativos. Esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta a la vida de las mujeres sigue siendo un problema que parece no tener respuestas”, explicó el Observatorio en un comunicado.

Además, se registraron ocho transfemicidios durante todo el año, precisó el informe.

En tanto, en el 39,5 por ciento de los casos, el femicida fue la actual pareja de la víctima, mientras que el 29 por ciento es la expareja.

El informe detalla que 42 víctimas habían realizado una o más denuncias previas a la Justicia sobre violencia de género -es decir, el 16 por ciento-, y 24 tenían activa una medida de restricción hacia su agresor -solo el 9 por ciento de los casos-.

Por otra parte, en total, 181 chicos quedaron sin madre por estos crímenes, según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Enero fue el mes con más víctimas registradas, con un total de 39 mujeres asesinadas, mientras que Buenos Aires fue la provincia en la que más femicidios ocurrieron, con 29 hechos.

La utilización de arma blanca para cometer los crímenes se dio en el 33,6 por ciento de los casos, seguido por armas de fuego, con el 26 por ciento.

Entre los agresores, 20 eran policías de distintas fuerzas, cuatro militares y un gendarme, detalló el informe.

El 60 por ciento de los femicidios ocurren en la vivienda de las víctimas, hogar que en muchos casos comparten con los agresores.

“Los llamados al 144 han aumentado durante la pandemia por eso es fundamental sostener las campañas y promover que las mujeres construyamos redes de apoyo”, indicó la entidad.

Por último, el Observatorio reclamó al Estado, a la sociedad y a los medios de prensa que consideren “que las vidas travestis y trans también importan”, y que se las incluyan “en las políticas públicas, en los empleos, en la cultura, en la educación, en los relatos y los imaginarios”.

Con información de agencias.

IG

Hace siete décadas las argentinas votamos por primera vez en una elección presidencial. Por estos días, además, celebramos tres décadas de una de las innovaciones democráticas más importantes de nuestra historia: la ley de cupo femenino. El aniversario de la aprobación de esta norma pionera es una oportunidad para destacar la creatividad y el arrojo de quienes la concibieron. También es una ocasión para rememorar las luchas de nuestras lideresas políticas y del movimiento de mujeres, los éxitos de sus acuerdos transversales y su tarea sostenida de exigir cada norma conquistada desde entonces. El homenaje a la ley y a sus autoras es un buen momento para interpelarnos sobre cuán difícil es integrarnos al ejercicio real del poder. Un proyecto que nos desafía a volver sobre los pasos de las experiencias exitosas de construcción de transversalidad para pensar cómo alcanzar nuevos consensos. 

La Ley 24.012 fue aprobada el 6 de noviembre de 1991. Estableció los términos de la primera política de acción afirmativa del país que exigía un 30% de mujeres en la conformación de las listas partidarias. Al fomentar un trato diferenciado para la inclusión de mujeres en las candidaturas a ambas cámaras del Congreso, la ley sentó las bases para una redefinición del ideario igualitario de la Constitución. Esta expansión de la ciudadanía política basada en el género se consolidó con la reforma de1994, que incorporó las acciones afirmativas y los tratados de derechos humanos a la Constitución. A nivel provincial, entre 1991 y 2017, año en el que la Ley 27.412 selló un compromiso más exigente con la paridad democrática, la expansión de las políticas de acción afirmativa se extendió a los sistemas electorales provinciales.

El homenaje a la ley y a sus autoras es un buen momento para interpelarnos sobre cuán difícil es integrarnos al ejercicio real del poder. Un proyecto que nos desafía a volver sobre los pasos de las experiencias exitosas de construcción de transversalidad

El cupo fue muy poco respetado en la primera elección y su constitucionalidad fue objetada en diversos planteos judiciales que devinieron abstractos gracias a la reforma constitucional de 1994. Entre 1992 y 1995, la Cámara Electoral emitió 79 pronunciamientos mientras que en 1996 y 1997, las decisiones emitidas fueron solo 8. Sin embargo, la ley produjo otras olas de litigios a los que se sumaron, entre otros, los planteos de las candidatas postergadas en el orden de las listas. Entre los conflictos contra la interpretación restrictiva de la ley, se destaca el que llevó al sistema interamericano de derechos humanos la Dra. Meciadri de Morini. Como consecuencia de ese litigio internacional, la legisladora radical provocó un acuerdo amistoso entre la Comisión Interamericana y la Argentina que culminó en la reforma de la reglamentación. La aplicación del Decreto 1246/00 dio lugar al salto en la cantidad de integrantes de ambas cámaras que asumieron en diciembre de 2001, cuando la ley cumplía su primera década.

La judicialización acompañó durante años la aplicación de la norma nacional y de sus pares provinciales. Más allá de los incumplimientos, en ocasiones los planteos vinieron de propuestas más exigentes, como la promovida por el partido Ciudad Futura de Rosario, a quien la justicia impidió integrar una lista solo por mujeres. A partir de 2018 los reclamos judiciales volvieron a aumentar como consecuencia de los conflictos sobre vacancias en la tensión entre la regulación del cupo y la ley de paridad. En los últimos años, gracias al trabajo cooperativo de legisladoras, académicas y organizaciones de la sociedad civil a través de la iniciativa Ojo Paritario, la cámara electoral, los tribunales provinciales y la Corte Suprema volvieron a pronunciarse sobre la igualdad política y su relación con la democracia paritaria.

Al mismo tiempo que operaban estos ciclos de regulación, judicialización y reescritura legislativa, las acciones afirmativas llegaron a la integración de la Corte Suprema. En ese sentido, cabe recordar el compromiso con la diversidad de género asumido por el Presidente Kirchner en el Decreto 222/03 que dio lugar a la elección de las juezas Carmen Argibay y Helena Highton. La aplicación de esta norma tampoco fue lineal y, como es sabido, en 2016 la vacancia que había provocado la muerte de la Dra. Argibay no implicó su reemplazo por otra jueza.

Las demandas y el consenso sobre la necesidad de expandir la paridad democrática a otros ámbitos tardaron más en llegar. Recién en los últimos años se han adoptado normas sobre las nominaciones del Consejo de la Magistratura, los directorios de las organizaciones corporativas, la conducción universitaria y el sistema científico-tecnológico. La aplicación de algunas de las nuevas reglas todavía se discute en los tribunales, como el caso de la decisión de la Inspección General de Justicia sobre los directorios. Aguardamos aún el debate sobre las regulaciones para la integración del Gabinete de Ministros y la alta dirigencia pública, mayores compromisos para la nominación de candidatas a gobernaciones e intendencias, y más roles de liderazgo en el sector privado. Ámbitos de gran valoración social como los deportes y sus instituciones aún son espacios donde no se cuestiona la preponderancia masculina. La tarea de construir consensos para aplicar la paridad en estos nuevos territorios de una forma armoniosa con la Ley de identidad de género es uno de los desafíos pendientes, ya que implica la inclusión de personas travestis, trans y no binarias.

Las demandas y el consenso sobre la necesidad de expandir la paridad democrática a otros ámbitos tardaron más en llegar

La historia del cupo nos invita a recuperar los éxitos de la experiencia acumulada en la construcción transversal. Sabemos por los testimonios de las políticas radicales y peronistas que la ley surgió de una cooperación multipartidaria sin precedentes. Una articulación de tiempos de crisis en los que las mujeres ofrecían aires de renovación. El proyecto aprobado vino del puño de la radical Margarita Malharro de Torres y fue negociado por las primeras sororas radicales y peronistas en ambas cámaras. Entre ellas estaban Liliana Gurdulich, Norma Allegrone, María Teresa Merciadri de Morini y Marcela Durrieu. Una vez lograda la media sanción, fue clave para su aprobación el trabajo articulado por Virginia Franganillo desde el Consejo de Nacional de la Mujer y las redes provenientes de los encuentros feministas. La noche de la sesión maratónica en la que se sancionó la ley, la movilización transversal de las mujeres en las calles y dentro del recinto resultó clave para sostener la presión y asegurar un resultado positivo. 

Durante la primera década de vigencia de la ley, estas políticas colaboraron en la construcción de multipartidarias provinciales, equipos de abogadas y nuevas organizaciones feministas que lograron algunos triunfos modestos en la legislación nacional. La tendencia en términos de la representación sustantiva en el Congreso comenzó a cambiar en 2002. Entonces, la nueva crisis y un número mayor de diputadas y senadoras llevó la construcción transversal y la articulación federal con los movimientos feministas y de la diversidad a un nuevo escalón. Así fue posible que entre 2002 y 2020, el Congreso aprobara 26 leyes en materia de violencias, salud, educación, sexualidad, reproducción, identidad de género, regulación de la familia, infancias, empleo, trabajo doméstico, cupo laboral trans, representación sindical y paridad.

Así fue posible que entre 2002 y 2020, el Congreso aprobara 26 leyes en materia de violencias, salud, educación, sexualidad, reproducción, identidad de género, regulación de la familia, infancias, empleo, trabajo doméstico, cupo laboral trans y más

La aplicación de ninguna de esas normas fue sencilla y los incumplimientos de todas son aún hoy frecuentes. Sin embargo, los ejercicios de cooperación que las hicieron posibles modelaron otra forma de diálogo democrático para encarar cuestiones muy divisivas para la sociedad, como pudo verse en la discusión sobre la legislación de interrupción del embarazo. En épocas de polarización extrema y diagnósticos sombríos para muchas de las democracias constitucionales del mundo, la democracia argentina deliberó y produjo una legislación liberal sobre el aborto en el curso de tres años de debates, movilizaciones, ciclos legislativos y electorales.

La integración paritaria del ejercicio del poder público y privado es aún una aspiración a pesar de que las mujeres ocupamos más lugares de decisión que nunca antes en la historia. Recordar los obstáculos y revalorizar las experiencias de cooperación transversal que jalonan las tres décadas iniciadas con un experimento de vanguardia como fue el cupo legislativo es una de las claves para lograr los acuerdos necesarios para retomar la senda del desarrollo inclusivo y sustentable. 

* Directora del Área de Géneros de Fundar y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella.

PB

La Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) lanzaron de manera conjunta el curso de formación virtual Derechos para Nosotrxs, dirigido a mujeres y LGBTI+ entre 16 y 24 años de edad.  La inscripción está abierta hasta el 15 de agosto.

El curso comienza el 23 de agosto y cuenta con cinco encuentros semanales desde el 23 agosto al 28 de septiembre. Los contenidos son:

Se desarrollarán cinco espacios de participación de forma asincrónica mediante foros. A su vez, se realiza un encuentro sincrónico en el que de manera simultánea se encuentran las, los y les participantes. Se llevará a cabo en la plataforma virtual País Digital.

Derechos para Nosotrxs es gratuito y cuenta con cupos limitados. La inscripción se realiza enviando este formulario en el que se deben incluir los datos personales de la persona interesada. El curso cuenta con una certificación por parte de INJUVE, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y País Digital. El requisito para la obtención de la misma es la participación en los foros semanales, y la entrega de una consigna final integradora.

MGF

Travas en las bancas de Callao y Rivadavia. Ahora que de integración laboral travesti - trans se trata; ahora que la casta político-partidaria de la Argentina dejó bien expuestas las vacantes legislativas para todo aquel que no sea tan “normaloide” como ella, la imaginación dirigencial pugna por listas electorales con representantes de la población a la que la flamante norma viene a asistir. 2021 será el año de la llegada al Poder Legislativo de la Nación de -por lo menos- alguna diputada trans. Por lo menos. Y el “una” y no el “une” obedece, claro, a la probabilidad, porque paradójicamente o no, en el país de Tehuel la ultrafeminización de las identidades disidentes manda.

La historia de la militancia travesti - trans es frondosa. Los nombres, muchos. Las pérdidas, incontables. Las posibles candidatas, varias. ¿El peligro? La opción farandulesca: apostar por alguna “Amalia Granata trans”. Si los aparatos partidarios se limitan a repasar la nómina de las mujeres no cis que han encontrado en el circo cierta chance de desarrollo y se preparan para extraer de su fama la rimbombancia de un nombre por todes conocido, la estrategia será propia de un extractivismo travesti. Y lo que es aún más grave, el trabajo histórico de decenas de notables dirigentes de marcada trayectoria habrá sido declinado en favor de una esteleridad que tranquilice a las mayorías. 

El trabajo histórico de decenas de notables dirigentes de marcada trayectoria habrá sido declinado en favor de una esteleridad que tranquilice a las mayorías

Un riesgo semejante encuentra antecedentes obvios en la promoción política de muchas mujeres televisadas: Irma Roy en el peronismo, Pinky en el PRO, las especialistas en jubilaciones y columnistas de noticieros María América González y Mirta Tundis (porque a la “clase pasiva” mejor que se le hable con la “dulzura de las mujeres”) y la candidatura finalmente testimonial de Nacha Guevara en 2009. Ahora, Cinthia Fernández. ¿Con qué fines? La marquesina distrae y ahorra explicaciones. La fama colma el espacio y es el territorio por default de “las distintas”, figuras de excepción en una regla de machos al volante y cuadros políticos femeninos que costaría décadas imponer. Con las personas travestis y trans se suma, además, la culpa: la historia partidaria y gremialista local está colmada de asados varoneros en los que “cogerse al travelo” fue (y es) el chiste, la acusación o el desenlace más frencuente. Nadie resiste archivo y el archivo, ahora, se manda a destruir. 

A la vez, claro, la devaluación de la palabra: cuando une famose diserta o reclama, la imagen anula al discurso. Y el discurso es absorbido como palabrerío tributario del batifodo del espectáculo. La lógica del sketch y el caso Miguel del Sel: termina mal o muy mal. Para actores y actrices, es una salida laboral transitoria. Para líderes políticos, un reconocimiento explícito de sus deficiencias. 

 Por eso, hacia el interior de las organizaciones LGBTTIQ+, el objetivo es que en nombre de la representación institucional lleguen a la Cámara de Diputados de la Nación y también a los concejos deliberantes y las legislaturas provinciales, referentes verdaderamente comprometidas. Sin vidriera y con militancia. Y a diferencia de la experiencia de la activista Paula Arraigada en 2019 -décima en la lista del Frente de Todos para aspirantes a la cámara baja por CABA-, la garantía de acceso esté bastante dada. Como con los puestos de trabajo, los tipos de contratos y las tareas asignadas, en las listas sábana se trata de que a travestis y trans no se las confine al Camino de Cintura. 

Responsable de la agrupación La Nelly Omar, con sede en Parque Chacabuco, Arraigada contó hace días en una entrevista con el periodista Gustavo Pecoraro en la red de podcasts El Vahído que habló con Máximo Kirchner al respecto. Derramar presencias trans y que nadie más hable en nombre de elles. ¿Qué hará la oposición? ¿A quiénes intentarán tentar las otras fuerzas políticas? ¿O concentradas en su electorado ni siquiera harán el esfuerzo? Interpelar sectores minozarizados ¿es sólo una cuestión de sensibilidad y táctica electoral? ¿Qué cambios esperables producirían les desobedientes en las instancias decisoras del Estado?

 La sociedad de la política y el espectáculo murió. O mutó. Los modos de farandulizar el poder ya no apuestan por la relocalización del escenario y que Moisés Ikonicoff alterne entre la Casa Rosada y un show de Jorge Corona, pese a que Macri aún cree que sí y convocó a Alfredo Casero. Si bien los últimos quince años popularizaron expresiones del tipo “actores militantes”, lo cierto es que esos actores y actrices, en su abrumadora mayoría, no ocupan cargos ni entran en las listas. Un ejemplo pavoroso acude al servicio de este viraje: el de Marcelo Tinelli. De la AFA a la Mesa del Hambre y del sueño presidencial al apagón. Como supo expresar alguna vez Charly García cuando le preguntaron si se dedicaría a la política: “No, porque ahora está hecha por especialistas”. 

Que no sea entonces justo a la hora histórica de las travestis y trans que la ocasión no candidatee especialistas y se incline por emergentes de Corrientes esquina Glamour. La sangre derramada no puede ser negociada como en una de Sofovich. 

   FT

Un mejor estado de salud a corto y a largo plazo, vínculos más fuertes y un mayor coeficiente intelectual. Las ventajas de la lactancia materna han llevado a la OMS, desde 2001, a recomendar esta práctica durante “dos años o más”, incluyendo seis meses de forma exclusiva. Pero en Suiza, el permiso de maternidad de 14 semanas (16 en Ginebra) no permite que las mujeres puedan seguir fácilmente dichas recomendaciones. Aunque esto podría cambiar. Desde 2014 se aplica en todo el país una ordenanza de derecho laboral que protege la lactancia en el trabajo. 

Durante el primer año de vida de sus hijos, las trabajadoras deben disponer de 90 minutos remunerados por cada día de más de 7 horas de trabajo para extraerse leche o dar el pecho, ya sea en su casa o en una sala habilitada para ello. Además de los beneficios para el niño, la posibilidad de amamantar en el trabajo podría ayudar a aquellas mujeres que dudan en volver a trabajar, en un país en donde una de cada siete mujeres deja su trabajo tras dar a luz, según la Oficina Federal de Estadística de Suiza.

¿Qué efecto tiene esta ordenanza sobre la lactancia materna? “Es demasiado pronto para saber, ya que las próximas estadísticas, que se recogen cada diez años, no se conocerán hasta 2024”, afirma Britta Boutry, coordinadora de la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna (WBTI, por sus siglas en francés) y consultora de la Asociación Ginebrina de Alimentación Infantil (GIFA). En Suiza, el 95% de las madres amamantan a sus hijos inmediatamente después del parto, y el 40% de los niños siguen siendo amamantados a los seis meses, el 26% de ellos de forma exclusiva.

El ejemplo de la ONU

Algunos empleadores están dando el ejemplo, alineándose con las recomendaciones de la OMS. Celine, funcionaria internacional de la ONU y madre de un bebé de seis meses, dice que su jefe le informó de sus derechos de lactancia en cuanto se quedó embarazada. “Tengo dos horas remuneradas al día para amamantar o extraer leche, no durante un año sino hasta que el niño cumpla dos años”. 

La ciudad de Ginebra también se jacta de ir “más allá de la ley” al “no imponer un límite diario al tiempo de lactancia”. Una moción de la ex diputada del Partido Laborista Annick Ecuyer, presentada en 2020 y que pedía la creación de una sala de lactancia para los parlamentarios, aún está pendiente de aprobación. El caso de su ex compañera de partido, María Pérez, quien amamantó a su hija durante casi seis años, es célebre en el país. Se extraía leche “en los aseos” porque no disponía de una habitación específica para ello.

 Complicaciones en el sector sanitario

En muchas profesiones, el derecho a la lactancia sigue siendo un asunto complicado, y depende de la empatía de la jerarquía. Es el caso del sector hospitalario. Getsy Mathavan, interna en los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), recuerda: “Volví a trabajar al 100% cuando mi hijo menor tenía cinco meses y medio, en 2020. Todavía le estaba dando el pecho de forma exclusiva y tenía que sacarme leche varias veces al día. La primera semana estuve a cargo de un director de clínica muy comprometido, que tenía la gentileza de quitarme el localizador durante mis descansos para no interrumpirme en caso de emergencia. Sentí la diferencia con los jefes posteriores, que no tenían ese tipo de atenciones”.

Para Britta Boutry, Suiza debe mejorar la formación del personal sanitario que entra en contacto con las madres y los bebés. Lamenta que el HUG y el Hospital de la Tour no hayan renovado su certificación como hospitales “amigos del bebé” (HAB), una certificación que garantiza que la institución invierte en formación continua para sus equipos en materia de promoción de la lactancia materna. “Es importante que el personal sanitario no subestime los beneficios de la lactancia materna, y no la recomiende sólo durante los primeros cuatro meses”, argumenta la consultora.   

  “Algunas personas tienden a abogar por dejar de dar el pecho a la menor dificultad. Pero cuando un bebé no gana suficiente peso, por ejemplo, hay algunos puntos clave que hay que comprobar. ¿Está mamando libremente? ¿Es cómoda la posición del bebé en el pecho? ¿Le han dado un chupete? Si la madre desea seguir amamantando, lo mejor es que intervenga personal capacitado”. 

A la espera de que la ley se aplique a todas las madres trabajadoras en período de lactancia, se han ido creado grupos de apoyo dirigidos por madres voluntarias. La organización internacional Liga de la Leche tiene sucursales en la Suiza francófona y en Ginebra. Sus reuniones están abiertas a todas las madres que necesiten asesoramiento, apoyo e información fiable sobre la lactancia materna. Porque “la cuestión no es sólo sanitaria, sino también social”, según Mélina, que amamanta a su hijo de 20 meses a pesar de continuar con su trabajo en la Universidad de Ginebra: “Dejar que las madres que lo deseen sean madres de esta manera, en lugar de obligarlas a destetar a su hijo para satisfacer el mundo del trabajo, es el tipo de feminismo que a mí me gusta”. Una opinión compartida por muchos miembros de la Liga de la Leche, que contrasta con la de Simone de Beauvoir, que veía la lactancia materna como una forma de esclavitud.