El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a unos 300 kilómetros de Plaza Miserere y a diez años de la Tragedia de Once, pero en sus respuestas, esa distancia en espacio y tiempo parece no existir. En la fiscalía de Rosario que ocupa actualmente, Arrigo recuerda como si fuera hoy el juicio oral y público de 2014 y 2015, en el que encabezó la acusación contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliani -finalmente absuelto-, y otros 24 imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012. 

Arrigo no puede evitar las lágrimas cuando rememora las historias de las víctimas y todavía alega como si estuviera frente al Tribunal Oral Federal número 2 las pruebas que demostraron que funcionarios, empresarios y ejecutivos sabían que el ferrocarril Sarmiento era una bomba de tiempo y eligieron no hacer nada para evitar el choque que le costó la vida a 51 pasajeros -y una niña por nacer-, y atravesó las de 789 heridos y de incontables familiares y seres queridos de las víctimas. 

Entonces, Arrigo subrogaba la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Retiro y se le asignó por sorteo llevar adelante la acusación del juicio por la Tragedia de Once. 

El juicio oral y público conocido como Once I comenzó el 18 de marzo de 2014. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y seguía en su cargo el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a quien el juez Claudio Bonadio había excluido de la lista de procesados por la tragedia ferroviaria. Durante el juicio -afirma el fiscal Arrigo- “trabajábamos en la fiscalía, en Comodoro Py. Coincidentemente con que empecé a interrogar al (funcionario) testigo (Gustavo) Simeonoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- sobre quién era el jefe que establecía las renegociaciones (con los concesionarios de trenes) y empezó a mencionar a De Vido, nos dijeron que teníamos que dejar la oficina de la fiscalía”. 

¿Debía dejar la fiscalía mientras encabezaba la acusación en el juicio?

Presidencia designó al nuevo titular de la fiscalía 4 y nos mandaban a una fiscalía que estaba con gente, así que simultáneamente empecé a preparar el living de mi casa para mudarme ahí con el grupo de gente (abocada al juicio). Temiendo que podía pasar algo así, había hecho dos grupos en la fiscalía, uno estaba enteramente dedicado al juicio. Gracias a una compañera, Judith König -entonces titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal, que colaboraba en el juicio-, que me hizo un contacto con la obra social de la Armada me facilitaron un lugar que era justo frente a la sala de tribunales, con lo cual facilitó mucho la cosa. La oficina que nos decían (en la Procuración) que nos ofrecían estaba en la calle Tucumán. Era pequeña y estaba ocupada. Esa gestión duró durante todo el mes de enero (de 2015). (Ver más sobre esto al final de la entrevista).

¿Cuánto tiempo pasó entre que la fiscalía consigue en el juicio que el asesor de De Vido lo incriminara y que les comunicaran que debían dejar la oficina de Comodoro Py? 

Fue a la semana siguiente.

¿Cómo y quién se lo comunicó?

El concurso de la fiscalía 4 había quedado trabado y se destraba. En esa fecha sale la designación del nuevo fiscal titular. Venía el fiscal nuevo. Johanna Cristallo, que era la secretaria privada de la Procuradora y quien se comunicaba con los fiscales, me dice que me habían conseguido una oficina en la calle Tucumán. Le pedí las llaves y me dijo: “Está ocupada”. Ahí empecé a ver la posibilidad de preparar la fiscalía en mi casa. 

¿Esto fue en pleno juicio?

En audiencias de testigos.

¿La persona que se lo comunicó le dijo si era una decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó?

No porque planteado como estaba era que no tenían lugar, lo cual no era nada nuevo, y que la designación (del nuevo fiscal titular) en definitiva había salido del Ejecutivo y que tenía que dar lugar a ellos.

“El director de la Obra Social nos dio un espacio que estaba abandonado -afirmó Arrigo a elDiarioAR-. Ya le habían dado algunas dependencias al Poder Judicial. Tenían el depósito de expedientes. Le dije: ‘No hace falta ni que tenga ventanas, que tenga ventilación es suficiente’.  Compré la heladera, la cafetera, el microondas. Las cosas que necesitábamos llegaron cuando terminó el juicio. Se los mandé”.

“Entonces -recuerda Arrigo-, en un diario, un periodista publicó que me había dado un pico de presión porque me habían dicho que tenía que dejar la fiscalía porque un día apareció la ambulancia en Comodoro Py y me llevaron en una bandejita -bromea-, pero era una apendicitis. La verdad es que no tenía que ver con eso, tenía que ver en realidad con un ritmo de trabajo y de alimentación complicado, mucho café y almuerzos salteados. La semana laboral tenía siete días”. 

¿Puede contar más sobre cómo surge la figura de De Vido en el juicio?

Una mecánica que nosotros veíamos en ese momento y de la que no se hablaba era que a partir de la decisión presidencial de congelar las tarifas, los concesionarios del Estado solicitaban al Ejecutivo que los compensaran de alguna forma porque el desequilibrio entre los costos y ganancia. Entonces empiezan a hablar de una renegociación para ver si mantenían las concesiones o no y le solicitan al Estado que compense de alguna forma. Había una comisión de renegociación y la designación de los integrantes dependía de De Vido. Resulta que en ese momento no estaba conformada, con lo cual quien resolvía todo era Sinmenoff, que respondía órdenes y decía que hacía lo que mandaba su jefe, pero nunca lo mencionaba. Entonces le empecé a preguntar quién era. 

Once fue la destrucción de la vida a nivel transversal.

“Quedó ahí planteado que había una mecánica, siguiendo un razonamiento que parecía diabólico -aseguró Arrigo- porque los empresarios iban creando deudas en la medida en que el Estado les reclamaba a ellos las multas que tenían que pagar por incumplimiento con el contrato de concesión. Con relación a Schiavi, nosotros planteamos que se superó el porcentaje de multas y que por el propio pliego de licitación se les podía quitar la concesión y eso no lo hicieron. La mantuvieron. Y particularmente en el caso de Schiavi, una prueba de la toma de conocimiento de ese riesgo creado que generó la responsabilidad de su conducta es cuando en varios canales de televisión salió llorando, hablando del estado deplorable en que estaban (los trenes)”.

Tras las condenadas a Jaime y Schiavi, hubo un segundo juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff en 2017 y 2018, pero ¿podría explicar usted la consecuencia de haber traído la figura de De Vido al primer juicio de Once?

En el marco de esa renegociación perpetua que venían llevando, le preguntamos a Simeonoff dónde estaban los papeles de trabajo y él contestó que no tenía papeles de trabajo para que no hubiera pruebas. Fue así de terrible. Ahí es donde surge su intervención (de De Vido) y su relevancia, a criterio nuestro, en ese momento, con el resultado, porque justamente esa situación de indefinición y de mantener la concesión, tenía que ver con que TBA siguiera incumpliendo, discutiendo algo indefinido que, dicho sea de paso, era la única empresa que conseguía que el Estado a través de asignación de recursos le pagará las reparaciones. Con ese dinero que daba el Estado, hacían licitaciones para las reparaciones y en las licitaciones, ¿quiénes ganaban? Las empresas del mismo grupo de ellos.

¿Tenían una serie de compañías tercerizadas que eran del mismo grupo TBA y que le proveía servicios a TBA para las refacciones y mantenimiento de los trenes?

Exactamente. Ellos mismos se cobraban servicios de asesoramiento, donde estaba Cirigliano, y cobraba honorarios por asesorarse a él mismo. Era una mecánica de inventar gastos, en definitiva. Contrataron un jet privado, por ejemplo, que en realidad usaba la familia para ir a Punta del Este y a Necochea. Establecimos un nivel de ingresos en el período investigado de $3.000 millones del Estado, desde el momento en que empezaron la concesión hasta el momento en que se la quitaron. Cobraban por un servicio por el cual se habían comprometido a que si el tren se quedaba, iban a buscar a los pasajeros en colectivos. El grupo económico tenía varias empresas de colectivos. Le pregunté a todos los pasajeros que vinieron a declarar como testigos si alguna vez los habían trasladado y dijeron que nunca. 

Del motorman al ministro

Desde hace cuatro años, Arrigo encabeza una de las fiscalías ante los tribunales orales federales de Rosario, desde donde se conecta vía zoom con elDiarioAR, el jueves último por la tarde, luego de una audiencia de testigos en el juicio contra 19 policías de la ciudad santafesina por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014.

“Una vez (el periodista) Nelson Castro me preguntó: ‘¿Cómo puede ser que el que maneja un tren y el funcionario que controla sean condenados por el mismo hecho? Yo le dije: porque ahí hay un entrecruzamiento de riesgos creados que dieron como consecuencia ese resultado”, recuerda Arrigo. “El clímax, digamos, de esa conjunción fue ese día”, aseguró el fiscal, en referencia al miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando el tren número 3772 chocó en la cabecera de la estación de Once.

El tren era conducido por Marcos Córdoba, quien terminó condenado a tres años y medio de prisión por estrago culposo e inhabilitado por siete años para desempeñarse como conductor ferroviario (Casación redujo luego su pena). Otras 20 personas fueron condenadas a penas mayores. Arrigo había solicitado penas de entre 10 años y medio y 11 años para los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios de TBA, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Las querellas hicieron sus propios alegatos.

“Uno de los peritos determinó que había un patrón de conducta en la forma de manejar del motorman (Marcos) Córdoba. Descubre que siempre aceleraba y frenaba en las mismas condiciones. Determinamos que esa formación estaba conformada por 16 vagones que habían sido sacados de circulación por pérdidas generalizadas de aire. Las formaciones Toshiba tienen un sistema de freno de lógica inversa: si en la cañería, el tren no tiene suficiente presión de aire, no funciona. Los caños de las formaciones sacadas de circulación por la empresa, en vez de ser del material que tenían que ser, eran mangueras de plástico. Perdían aire por todos lados”, relató Arrigo. 

“Además, por la falta de mantenimiento, no tenían la cantidad de compresores que correspondía, tenían muchos menos. Entonces el aire se perdía y no se comprimía a la velocidad que se tenía que comprimir. Esto generó la pérdida generalizada de aire en la formación”. Continúa su explicación: “El motorman aplica el freno degradado. Cuando, pasando la Cabina B, determina y ve que esos frenos no funcionaron correctamente, su obligación hubiera sido aplicar el freno de emergencia en ese momento. Continuó circulando. Y ahí se gastó un montón de aire. Realizó varias aplicaciones sucesivas. Cuando llega a la cabeza de emergencia y ve que no frena, aplica un freno de emergencia, que según la velocidad del GPS, aparece como un freno de emergencia degradado porque ya se había gastado el aire”. 

“Estando en la cabecera del andén, el perito Brito observó que el parachoques del Chapa 16 no estaba chocado y sí lo estaba el parachoques de tierra firme, que es un neumático. Él explica que en esa aplicación de freno, como están conectados todos los vagones, el tren empezó a bajar y subir, y así pasó. Si la formación hubiera tenido el mantenimiento, la cantidad de compresores y de cañerías que necesitaba, el freno de emergencia hubiera funcionado”, concluyó el fiscal.

El negocio de desinvertir

Arrigo sostiene que “el no mantenimiento no fue desidia, era un negocio para la empresa”. “Cuando pudimos desencriptar los correos electrónicos, los propios empresarios decían que para después del carnaval iba a reventar. Decían que con altas temperaturas y en un fin de semana largo, vamos a tener un accidente”.

¿Esos correos encriptados que obtuvieron eran entre ejecutivos de TBA?

Entre ejecutivos de TBA. Los funcionarios públicos también tenían conocimiento por la imposición de multas en forma descarada. 

¿El análisis de los documentos contables de las empresas del grupo TBA fue clave en el juicio?

Sí, contamos con la colaboración de Guillermo Bellini, quien quedó implicado en la compra del edificio de la calle Perón (la causa contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Hizo un análisis impecable de los libros de actas de reunión de las sociedades. Se la pasaba dentro del tribunal revolviendo papeles. A través de las discusiones en el acta de directorio surgía quién tenía en definitiva conocimiento de esa situación, de la defraudación. Después nos ayudó mucho la oficina de comunicaciones de la Procuración con todos los Power Point empresariales, con personajes que se iban repitiendo en las distintas empresas, los movimientos de fondos. Todo apuntaba a los mismos: Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano. Estaban ellos al final de absolutamente todo.

El tribunal absolvió a Jaime por el estrago culposo y sólo lo condenó por defraudación a la administración pública, pero la fiscalía lo había acusado por ambos delitos como al resto de los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios…

Si, absuelven a Jaime diciendo que Jaime estaba muy lejos del estrago -había dejado el cargo en julio de 2009-, pero no importa cuán lejos estaba. Lo que importa en el delito culposo es el aporte que se ve reflejado en el resultado. Es la causalidad. En el caso de Jaime por más lejos que esté, es culpable. El mejor ejemplo es el de un tipo que pone una bomba, el sistema retardador no funciona y explota 20 años después. ¿Por qué está lejos no tiene nada que ver? No, puso la bomba. Justamente Jaime empieza con el incumplimiento de exigirle a la empresa los mantenimientos o el pago de las multas, todas las acciones que después se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en el resultado. El tribunal dijo que la falta de mantenimiento tenía una relación directa con la existencia de óxido en la formación. Gracias al óxido de la formación hubo acaballamiento de la formación y la muerte por aplastamiento de 51 personas más una por nacer. 

Absolvieron también a Mario Cirigliano, a quien usted había acusado…

Sí, cuando leí los fundamentos de la sentencia presenté un recurso (para que se revise) la absolución (parcial) de Jaime. Con respecto a Mario Cirigliano me pareció bien fundamentado (su absolución) por el tribunal porque también es una forma de corregir mi propia actuación como fiscal. Pero en el caso de Jaime se equivocaron.

¿El accidente fue consecuencia de acciones que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner o que venían incluso de antes?

Uno de los problemas que tuvimos para la determinación de la prueba fue que en la gestión anterior a Jaime no había documentación ni argumentación de nada, de incumplimiento ni cumplimiento, absolutamente nada. Con lo cual nosotros, a partir de la prueba que obtuvimos, dijimos bueno, esto empezó en esta época. De hecho, la concesión era anterior a Jaime pero no teníamos pruebas. El tribunal nos dijo que empezáramos a ver desde 2003 en adelante porque si no era el infinito. Como dijo Jaime en una entrevista en Página/12, las concesiones quedaron en manos del Presidente, de él y de De Vido. No hubiésemos conseguido lo que conseguimos si cada uno no hubiese cumplido su rol. Sólo en el equipo de la fiscalía, Adrian Folliero, Mariana Aiello, Daniela Capmany, Federico Aversa, Esteban Heldt, Mariana Aiello y Guillermo Bellingi. También el equipo de comunicación de la Procuración.

Usted describe una combinación entre el congelamiento de tarifas, la defraudación con subsidios y el desvío de los fondos para mantenimiento, además de una acción del motorman. ¿Cuánto influyó la situación económica, el congelamiento de tarifas y la corrupción?

Con la inflación y el congelamiento de tarifas, la subsistencia (de TBA) dependía casi 100 por ciento del subsidio, pero si, por ejemplo, la comisión de renegociación se hubiera implementado, hubieran quitado la concesión, hubieran visto el tema de los incumplimientos, incluso habiendo subsidios, no hubiera pasado lo mismo. En un momento empezaron a hacer trenes doble piso con trenes de un piso usados, viejos, lo reforzaban y lo querían vender al Estado. Para mí, el congelamiento de tarifas fue, digamos así, el caldo de cultivo que después se unió con estos ingredientes.

Culpables

¿Cómo fue su relación en el juicio con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas?

Es una parte del juicio en la que claramente, como fiscales, tenemos que participar sin ser, digamos… sin violar secretos de la investigación pero sí mantener la comunicación. Sos un abogado y te paga el Estado pero estás defendiendo a la gente, velando por sus intereses y representando a la gente que trabaja. En ese marco, fue que tomé contacto con ellos. Les iba contando cuáles eran las distintas etapas, les fui avisando que iban a escuchar cosas de las defensas y que no se tenían que enojar para que no desalojen la sala. Les dije: “La presencia de ustedes ahí es importante”. Cada tanto venían y nos juntábamos, me preguntaban por qué habían dicho tal cosa, por qué no decía yo tal otra. Y yo le decía que había distintos momentos para cada una de las situaciones.

¿Qué historias lo marcaron más y le siguen viviendo en los recuerdos del juicio?

Cada vez que me acuerdo se me escapa una lágrima… (sigue con la voz entrecortada y no evita las lágrimas) El papá que perdió a su mujer y a su bebé… Fue terrible… Un hijo que una vuelta escuché en un acto que le despedía a su papá… Cuando los bomberos contaban que querían sacar a las víctimas apretadas. Se produce una reacción química en el organismo cuando ese organismo está apretado por más de determinado tiempo, no recuerdo en este momento si es media hora, 45 minutos, una hora. Empieza a largar toxinas y el cuerpo se empieza a morir. Ellos quisieron sacarlos y de tan apretados que estaban y le sacaron el brazo a una de las víctimas y de pronto empezaron a ver cómo se iban muriendo siguen muriendo. La historia de (Lucas) Menghini Rey… porque fue la desesperación, la angustia de cualquier papá y cualquier mamá que pierde un hijo. Como una vez me dijo un jefe mío que había perdido un hijo, es como si estuvieras muerto pero siguieras caminando. Y después la culpa generalizada de todos los que sobrevivieron, que no estuvieron en el tren pero que lloraban y decían (se toma unos segundos): “Si esa mañana le hubiera dicho ‘Viejo quédate a tomar unos mates’. No hubiese muerto”. Es como si hubieran seguido sufriendo, como si no hubiera terminado ese día, con la angustia de los parientes que estaban ahí desesperados, buscándolos en la morgue. El relato de un chico que sobrevivió y en el juicio dijo: “Señores jueces, perdónenme lo que voy a decir. ¿Puedo puedo decir una guarangada? El servicio del tren Sarmiento era una mierda. No lo puedo describir de otra forma. Entrábamos por la ventana. Estábamos amontonados entre los asientos. Íbamos con la puerta abierta, enganchados porque llegábamos tarde al trabajo”. Recordemos que las personas que viajaban en el tren eran las que menos recursos tenían porque el boleto era lo más barato que había, con lo cual era un grupo de lo más vulnerable, en la peor situación, que era un negocio para una empresa. Su reclamo y su presencia echaron luz sobre algo diabólico: alguien que veía hacer un negocio para construirse una casa frente al mar o ir a Punta del Este en un jet privado, y cobrar todo lo que se podía a costilla de la inseguridad de un grupo social, el más vulnerable, el que trabaja. El factor común de todos fue la destrucción anímica, afectiva y familiar; 52 fueron los que murieron, pero multiplica eso por un número incansable de personas vinculadas a ellos que quedaron destruidos y que hoy, o por lo menos la última vez que yo estuve (con ellos), siguen sintiendo culpa de estar vivos y creen que podrían haber dicho algo para que no murieran su mujer, su marido, su papá, una mujer embarazada con su hijo.

¿Cada cuánto recuerda la Tragedia de Once?

A ver, bastante seguido… (se toma unos segundos) Hay una constante en casi todos los hechos que vemos en cotidiano los fiscales y tiene que ver con… con el dolor de la destrucción. Ahora, es la droga y la desintegración social familiar de quienes están en el narcomenudeo, del que es víctima de homicidio, de una persona adicta. Y Once fue eso. Esta destrucción de la vida a nivel transversal, de la sociedad, de una época, de un momento y de un lugar, como pasa acá en Rosario. Es terrible. Fue muy revelador de cómo juega el delito, cómo daña y cómo atraviesa a la víctima directa, a la familia y a la sociedad. Cada tanto, cuando tomo un tren y me quedo mirando el sistema de freno, que ahora son mucho más evolucionados, se ve que son frenos de disco como los autos, o a veces que he tomado también el Sarmiento, se me vienen automáticamente los relatos de los pasajeros, cuando iban escuchando cómo golpeaban las vías por falta de mantenimiento. Y es como si volviera cada tanto en otro juicio, con alguna noticia. Otra de las cosas que me quedó de ese juicio, que aprendí un montón, es lo que dicen los principales desarrolladores de trenes que hoy andan a velocidades infernales: la frecuencia del tren y la frecuencia del servicio es como la presión arterial de un ser humano. Cuando tenés un servicio en horario y que tiene la cantidad suficiente de trenes para que la gente vaya en los metros cuadrados que corresponde, es la primera señal de que un sistema funciona. 

¿Qué más le sorprendió del relato de los bomberos?

Que fue desesperante. Me acuerdo de (el jefe del SAME, Alberto) Crescenti. Fue un trabajo a contrarreloj porque tampoco podían poner una sierra, si metían la sierra, mataban al que le metía la sierra. Era desesperante, era tal la compresión que no entraba nada. Y las propias víctimas que sobrevivieron dijeron que escuchaban cómo dejaban de hablar otros y era que se estaba muriendo. Y los bomberos sabían eso. Fue terrible para los bomberos y para los paramédicos.

¿Cómo recuerda a los funcionarios imputados? ¿Cómo vio que vivían ese juicio?

El único que recuerdo que sí lo vivía con mucha angustia y era ostensiblemente diferente al resto era Schiavi. Se lo veía muy angustiado. Recuerdo que en un momento, se me habrá cruzado por la calle y me preguntaba qué iba a pasar. Yo le dije: “La verdad, no depende de mí. Y dicho sea de paso, usted tiene para lo que yo veo, dos de los mejores abogados que he visto en Comodoro Py, vaya a hablar con ellos y confíe en ellos. Que ellos van a hacer un excelente trabajo y yo voy a ser el mío a medida que va apareciendo la prueba”. 

¿Y cómo lo atravesaron los ejecutivos y empresarios de TBA?

Una de las actitudes que me llamaba la atención era casi de ofendidos porque estaban ahí; como que estaban lejos de todo. “Nosotros no tenemos nada que ver”, apuntando que la culpa la tenía el motorman y de alguna forma la primera línea que estaba ahí en los controles, pero que ellos no tenían nada que ver, que no sabían. Recuerdo a uno de los abogados, muy buen abogado también, que planteaba que habían salido 10.000 tren o una cosa así y sólo había habido un accidente. Tenía una actitud de distancia con el hecho. Hasta se reían. Recuerdo justamente a Sergio Claudio Cririgliano en algunas ocasiones que me llamaban la atención.

El 29 de diciembre de 2015, los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a 21 de los 28 acusados, según el Centro de Información Judicial (CIJ). Schiavi recibió una pena de ocho años de cárcel; Jaime, de seis años de prisión. Sergio Claudio Cirigliano, nueve años. El resto de los ejecutivos y exfuncionarios condenados recibieron penas más bajas.

En mayo de 2018, los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, de la Cámara Federal de Casación, elevaron la pena de Jaime de seis a siete años pero bajaron la mayoría de las condenas del resto, incluyendo la de Cirigliano, que pasó de 9 años a 7 años. Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la decisión del máximo tribunal penal federal pero dejó pendiente revisar la condena de Jaime.

Tras la sentencia de 2015, tanto la fiscalía como el tribunal oral impulsaron la acusación contra De Vido. Bonadio debió citarlo a indagatoria y lo procesó el 10 de mayo de 2016, según los registros del Centro de Información Judicial (CIJ). El exministro fue condenado en octubre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El Tribuna Oral Federal número 4 lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Atravesó el juicio desde la cárcel de Marcos Paz, detenido de manera preventiva por otro expediente conocido como el caso Río Turbio. Obtuvo la prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad, gracias a que su condena en Once II no está firme en la Corte Suprema, cuando el kirchnerismo hizo entrar en vigencia artículos del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso en abril de 2021 que el exfuncionario esté monitoreado por una tobillera electrónica.

Este artículo se modificó el 20 de febrero de 2022 para corregir un error referido a la concesión del Belgrano Norte. Se corrigieron también epígrafes referidos a Sergio Claudio y Mario Cirigliano.

ED

El fiscal federal Franco Picardi requirió una serie de medidas de prueba, que incluyen análisis de llamadas entrantes y salientes y de ingresos y egresos de la Casa Rosada, con el objetivo de reconstruir la supuesta presión ejercida por el diputado del Parlasur y exdirector de YPF Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para provocar la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó durante el gobierno de Cambiemos, informaron este domingo fuentes judiciales.

El fiscal dispuso algunas de las medidas y solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene otras en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada “Mesa Judicial” del gobierno de Mauricio Macri, sospechada de ejercer influencia indebida sobre jueces y fiscales con el objetivo de obtener resoluciones judiciales a la medida de los intereses de quienes integraban aquel Gobierno nacional.

El representante del Ministerio Público requirió que la jefatura de Gabinete informe los ingresos de “Pepín” Rodríguez Simón a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2016 y 2017, a la vez que pidió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informe si el supuesto operador judicial del gobierno de Macri visitó ese organismo en los mismos años y que, en tal caso, detalle cuándo se produjeron aquellas visitas.

Además, le solicitó a la jueza Capuchetti que le ordene a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) un análisis de las llamadas entrantes y salientes de “Pepín” y de la localización de las antenas desde las cuales se pudieran haber llevado a cabo llamadas de interés para la investigación.

Todas las medidas fueron solicitadas o requeridas, según el caso, en el capítulo Gils Carbó de la causa conocida como Mesa Judicial: allí se investigan las supuestas presiones ejercidas sobre la entonces procuradora para que abandonara su cargo.

Uno de los hitos principales de la investigación de las supuestas presiones sobre Gils Carbó surge del testimonio ofrecido por el fiscal Gabriel De Vedia, quien declaró bajo juramento de decir verdad que en su momento contactó a “Pepín” para preguntarle cuando terminaría la “persecución” a la entonces procuradora y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.

“Me contacté, con el Sr. Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. El Sr. Fabián Rodríguez Simón me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF”, declaró De Vedia, según pudo reconstruir Télam.

Luego relató cómo fue aquella conversación: “¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? En seguida, en tono de afirmación le dije «Se va a terminar la persecución a la Procuradora General de la Nación». A lo que el Sr. Fabián Rodríguez Simón me respondió: ”Si me conseguís la renuncia, termina acá“. Ante eso le contesté: «No va a renunciar la Procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar». A continuación, él me dijo «Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella» y me reafirma «en ese orden»”.

En esta causa se investigan las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado “Mesa Judicial”, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.

Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar; mientras que en el expediente declararon también otros exmagistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

CRM con información de la agencia Télam

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

ED