El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemora cada 15 de marzo, busca recordar la importancia de proteger a quienes adquieren bienes y servicios y promover normas que garanticen relaciones de consumo más justas. La fecha se celebra en decenas de países y suele estar acompañada por campañas de concientización, reclamos de organizaciones de usuarios y acciones de organismos de control.

La conmemoración tiene su origen en un discurso pronunciado en 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien planteó ante el Congreso que los consumidores constituyen el grupo económico más grande y menos organizado, y enumeró cuatro derechos fundamentales: el derecho a la seguridad, a la información, a elegir y a ser escuchado. Décadas después, esas ideas se transformaron en un marco de referencia internacional para las políticas de protección al consumidor.

Con el tiempo, distintos organismos internacionales ampliaron ese listado. Entre los principios que hoy suelen considerarse básicos también se incluyen el derecho a la reparación, a la educación para el consumo, a un ambiente saludable y a la satisfacción de las necesidades básicas. En 1985, las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor consolidaron estos criterios y promovieron su adopción por parte de los Estados.

En la Argentina, la defensa de los usuarios está regulada principalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, sancionada en 1993, que establece obligaciones para empresas y proveedores, así como mecanismos para realizar reclamos y exigir compensaciones. La normativa fue ampliada con reformas posteriores y con la incorporación del derecho del consumidor en la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Entre otros puntos, la legislación establece que los consumidores deben recibir información clara y veraz sobre los productos, garantías frente a defectos, condiciones de seguridad y protección contra prácticas abusivas. También contempla mecanismos de reclamo administrativo y judicial, además de instancias de conciliación para resolver conflictos entre empresas y usuarios.

En los últimos años, el debate sobre los derechos de los consumidores se amplió con la expansión del comercio electrónico, los servicios digitales y las plataformas de intermediación. Organizaciones de defensa del consumidor advierten que estos cambios plantean nuevos desafíos vinculados a la protección de datos personales, la transparencia en los precios, las políticas de devolución y las condiciones de contratación en línea.

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de marzo. Esta fecha fue establecida en el año 1962, gracias al presidente John F. Kennedy que decretó que todas las personas sin distinción de clases, tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor.

A partir de 1983, se instituyó este día y dos años después, se establece en las Naciones Unidas un decreto para la protección de los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de los consumidores a nivel internacional.

Principales derechos del consumidor

De acuerdo a lo establecido en el Consejo de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a:

¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos a la hora de comprar?

Como consumidores, también debemos plantearnos ciertas preguntas en el momento de adquirir los productos que necesitamos, entre las cuales están:

El papel del consumidor en la economía mundial

La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad, que no dañen su salud, ni mucho menos al medioambiente.

Gracias a la compra de productos y el acceso a los servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante, que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados.

Consumo responsable para un planeta sostenible

Para que tengamos un planeta cien por cien sostenible, es necesario un consumo responsable, que no vaya en detrimento del medioambiente y donde se pueda seguir teniendo una mejor calidad de vida.

A pesar de ser una de nuestras necesidades básicas, donde es necesario adquirir alimentos, vestimentas, educación, salud y otros beneficios, tenemos que aprender y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.

De acuerdo a las cifras establecidas por la ONU, tan sólo un 20% de la población consume un 80% de los recursos que hay en todo el planeta.

En este sentido, urge un cambio de conciencia por parte de la sociedad, si queremos seguir disfrutando a largo plazo un desarrollo, económico, social y ambiental sostenible.

NB

El Gobierno oficializó la puesta en marcha de una plataforma de acceso libre para dar a conocer diariamente 12 millones de precios a través del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

La medida, que trascendió en las últimas horas, se confirmó este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 494/2024 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Argentina.

La normativa dispuso el acceso público a la base de datos con la información que procesa a diario el SEPA, que fue creado durante la presidencia de Mauricio Macri. Se trata de un paquete de datos que reúne alrededor de 12 millones de precios de 3.600 comercios que realizan venta minorista de productos de consumo masivo en todo el país.

El SEPA reúne diariamente información de precios de 70 mil productos de los rubros alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal, productos para mascotas, electrodomésticos, equipamiento para el hogar y materiales para la construcción. Los precios de venta minorista de estos 70 mil productos representan el 90% del total de los precios.

De esta manera, los consumidores junto las empresas, las asociaciones de consumidores, los emprendedores, el mundo académico y los medios de comunicación, tendrán a disposición esta información de manera pública y no arancelada. Los precios se podrán empezar a consultar desde este miércoles al mediodía en la web de Defensa del Consumidor.

Desde Comercio destacaron que la iniciativa “busca promover la participación ciudadana, fomentar un comercio más transparente y fortalecer el federalismo real” y explicaron que “la medida se inscribe en las políticas de Gobierno Abierto, que apuntan a dotar de más transparencia, innovación y participación ciudadana a la gestión pública”.

Asimismo, remarcaron que “garantiza el derecho constitucional de los consumidores a que la información sea adecuada y veraz, permitiendo tomar mejores decisiones de consumo”, indicando que “fomenta, además, un comercio transparente y un capitalismo moderno en un clima de competencia de mercado”.

Al mismo tiempo, sostuvieron que “el acceso público a esta base permitirá, entre otras iniciativas, el desarrollo de nuevas aplicaciones para la comparación de precios geolocalizados y dotará de más calidad a las que ya existen”, mientras que “posibilitará también el surgimiento de proyectos de análisis de datos que no contaban hasta el momento con la escala suficiente para obtener grandes cantidades de información”.

Claves sobre Precios Claros y el SEPA

¿Qué es el SEPA?

El Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) es una base de datos compuesta por información diaria de precios, por punto de venta, suministrada por grandes comercios minoristas y mayoristas que comercializan productos de consumo masivo, electrodomésticos, electrónica y materiales para la construcción.

¿Para qué sirve el SEPA?

El SEPA permite conocer los precios de los principales productos de consumo masivo, electrodomésticos y equipamiento del hogar y materiales para la construcción, que se comercializan en el país.

¿Cómo funciona?

Todos los días, los grandes establecimientos comerciales que realizan venta minorista y mayorista deben informar a la Secretaría de Comercio Interior, los precios de más de 70.000 productos de los rubros alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal, alimentos y productos para mascotas, electrodomésticos y equipamiento para el hogar, y materiales para la construcción.

Todas las grandes cadenas de comercialización se encuentran alcanzadas por el deber de informar, siendo optativa la adhesión por parte de pequeñas y medianas empresas. Esta información se visualiza diariamente en la página web del SEPA, accediendo desde un celular o computadora.

¿Qué comercios tienen que informar sus precios?

Los comercios obligados a informar son aquellos que realizan venta minorista y mayorista de productos de consumo masivo, electrodomésticos y equipamiento para el hogar y materiales para la construcción, a excepción de medianas y pequeñas empresas.

Para los comercios medianos y pequeños, la adhesión al SEPA es voluntaria.

¿Qué deben informar los comercios?

Todos los días se publican por cada local de venta los precios de productos pertenecientes a los rubros alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal, alimentos y productos para mascotas, electrodomésticos y equipamiento para el hogar y materiales para la construcción. Son casi 400 subcategorías de productos como leche, azúcar y edulcorante, fideos, detergente y jabón, entre muchos otros. Dependiendo de la variedad de cada comercio, se trata de más de 70.000 productos.

¿Qué pasa si el comercio no envía los precios?

Aquellos que no publiquen los precios requeridos en tiempo y en forma son pasibles de sanciones de acuerdo a la Ley de Lealtad Comercial y Defensa al Consumidor.

¿Qué productos puedo encontrar en el sitio?

Todo el surtido ofrecido por los comercios en los rubros alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal, alimentos y productos para mascotas, electrodomésticos y equipamiento para el hogar y materiales para la construcción.

¿Cuántos productos puedo encontrar?

Dependiendo del surtido de cada comercio podés encontrar más de 70.000 productos.

¿Qué precios se publican?

En SEPA se publican precios de comercios minoristas y mayoristas:

Minoristas: publican el precio de lista, y, de estar disponibles, los precios de hasta 2 promociones.

Mayoristas: publican el precio de lista unitario con y sin IVA y la unidad mínima de venta para ese precio (Cantidad por bulto).

Precio de lista: se refiere al precio del producto en góndola sin ninguna promoción.

También vas a poder ver 2 promociones que el comercio quiera comunicarte, del total de promociones que ofrece:

Precio Promo A: de alcance general, cualquier consumidor puede acceder a ella.

Precio Promo B: puede ser otra promoción de alcance general u otra particular según decisión del comercio. El comercio puede incluir tarjetas de fidelidad, tarjeta bancaria, estudiantes, jubilados, etc.

* Importante: las promociones, en ningún caso, son propuestas por el SEPA. Los comercios pueden ofrecer más promociones que las publicadas.

Con información de agencias.

IG

Por un error en su sistema, la aerolínea Flybondi vendió pasajes a precios muy bajos y ayer anunció que cancelará esos tickets. En los últimos días también la web de Adidas ofertó camperas y zapatillas a valores que rondan los $3.000 y todavía está fresca en los portales la noticia del argentino que, por una falla de la plataforma eDreams, compró cuatro pasajes para el mundial de Qatar a $150. 

En el caso de Flybondi, su CEO, Maricio Sana, informó a los clientes que no sería posible “usar” los pasajes comprados y les ofreció, a cambio de la cancelación de la reserva, un crédito de $3.000 para futuras compras. Según explicó, el problema fue que “quedó activado en la web un beneficio interno que es exclusivo para empleados”, por el que sólo se abonan las tasas impositivas, un componente que representa alrededor del 25% del costo final del ticket. 

Frente a errores de las empresas, ¿los consumidores pueden exigir que se cumpla con el contrato y se les entregue el bien o el servicio que compraron?

Gerardo Gullelmotti, coordinador operativo de Consumidores de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó a elDiarioAR que si se toma una posición “proconsumidor muy rígida”, se podría exigir la “ejecución forzada de la compra”, pero que no está garantizada y que los casos se resuelven uno a uno en la Justicia. 

Según precisó, lo determinante para la resolución del conflicto será si el consumidor obró “de buena fe”. Si la compra se hizo con la idea de que podría tratarse de su valor real –idea permeada por la propia estrategia comercial de la empresa; si la firma tiene un historial de promociones agresivas, un precio muy bajo podría ser verosímil– tiene más chances de iniciar acciones legales y conseguir una resolución favorable. 

Si, en cambio, es evidente que el consumidor quiso aprovechar un error, entonces la posibilidad de obtener el bien o servicio se reduce. Gullelmotti mencionó el ejemplo de la empresa Simmons, que por un error vendió colchones a precios muy baratos. Un consumidor compró 20, lo que se interpretó como una maniobra especulativa. Mientras que a algunos clientes que habían comprado uno solo se les reconoció la compra, a quien compró 20, no.  

Un caso similar ocurrió con Jumbo, que vendió un televisor al 10% de su valor. El juez a cargo del proceso dispensó a la empresa de cumplir con la obligación de entregarlo, con el argumento de que “cualquier persona en cabal conocimiento sabía que ese no era el precio real de un televisor”.

En concreto, la cuestión fundamental es la “buena fe”, concepto que aparece tanto en la ley de Defensa al Consumidor como en el Código Civil y Comercial, pero está sujeto a la interpretación de cada magistrado o magistrada. 

“Una buena salida a situaciones de este tipo es un esfuerzo compartido entre las partes”, apuntó. En el caso de Flybondi, Sana detalló que se les devolverá el dinero del pago a quienes compraron esos pasajes y, como compensación por el error de la compañía, se les otorgará un crédito de $3.000 para usar en pasajes. Si algún consumidor quisiera, y a riesgo de no obtener el resultado esperado, podría iniciar reclamos por otra vía. 

DT

Sofía Mackinlay, agente inmobiliario, recibió en su resumen mensual de la tarjeta de crédito Visa un gasto que no había hecho y quiso comunicarse con su banco, el Galicia, para desconocerlo. Difícil misión. “Llamé muchas veces, una tarde por lo menos durante dos horas, me atendían, me pasaban a otro lado y después de mucho tiempo me atendía otro y me decía: 'No, este no es el sector'. Y me pasaban a otro y se cortaba”, recuerda Sofía. Desistió y entró en la página web de Visa. “Como no me acordaba el usuario o la clave, me pedía todos los datos de mi tarjeta, incluido el código de seguridad, pero igual no logré entrar”, continúa. Más tarde habló con una de sus hermanas, que le advirtió lo que se repite hasta el hartazgo en las publicidades de advertencia de los bancos: “No, nena, en ningún lado te pueden pedir el código de seguridad de tu tarjeta. Llamá a Visa y avisales que quizás entraste a una página incorrecta y diste todos los datos de tu tarjeta”. “Me sentí una tarada”, confiesa Sofía. Llamó a Visa, pasó otra dos horas al teléfono, entre que demoraban en atenderla, la transferían a otro empleado, se cortaba. “El problema es que no hay gente en el call center y mucho de los que trabajan allí no tienen idea de los trámites”, concluye. Al final, uno de los que la atendió le aclaró: “Sí, la página de Visa pide el código de seguridad para verificar la identidad”. Sofía respiró aliviada y finalmente pudo resolver su problema.

No por nada en el informe del primer trimestre del año de reclamos en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor los servicios financieros y los seguros son el rubro con más quejas, unas 12.812, el 18% del total, por encima de los servicios de comunicaciones y los artefactos del hogar. A su vez, de esas más de 12.000 protestas, el 34,9% correspondió a las tarjetas de crédito; el 16,2% a las cajas de ahorro; el 13,4% a los paquetes de productos y el 11,2% a los seguros. ¿Por qué la gente se queja tanto de las tarjetas? En primer lugar, por el cumplimiento “parcial o defectuoso” de la prestación del servicio, según la dirección que conduce Adrián Ganino y que responde al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. En segundo término, problemas de fraude o estafa. Tercero, falta de procesamiento de baja del servicio. Después, incumplimiento de oferta, promociones o bonificaciones. En el primer ítem, el de incumplimiento parcial o defectuoso, los usuarios apuntan a débitos o cobros indebidos, falta de reconocimiento de pagos, imposición de seguros no solicitados, bloqueo de la tarjeta y rechazo del plástico o exigencia de monto mínimo en comercios adheridos.

Las empresas de tarjetas de crédito se lavan las manos y responsabilizan a los bancos que las emiten. “Deberías consultar con los bancos emisores. Nosotros no tenemos la atención a los clientes de los bancos”, responden en Visa. En Naranja X prefirieron evitar comentarios. Tampoco respondieron en Cencosud, Mastercard y American Express. Y en este negocio también están los bancos, un mercado donde el top ten está compuesto por el Nación, el Galicia, el Provincia de Buenos Aires, el Santander, el BBVA, el Macro, el Credicoop, el HSBC, el Ciudad de Buenos Aires y el ICBC. Ante las quejas de los usuarios, elDiarioAR consultó a los diez bancos, pero ninguno ofreció una respuesta oficial. En uno de ellos comentaron sobre la acumulación de reclamos no sólo por las tarjetas sino por otros servicios bancarios: “Viste que son servicios demasiado masivos, como ningún otro, ya que no se puede comparar con electricidad, cable o agua, que son simples y lineales. En cambio un cliente del servicio financiero tiene tal vez una decena de servicios simultáneos en un mismo paquete o entidad”.

En la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), su presidente, Pedro Bussetti, recibe más reclamos contra los bancos que contra las tarjetas y por diversos motivos. Este jueves le escribió un beneficiario del bono de Refuerzo de Ingresos, Diego Gordon: “Yo lo había contactado por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque el banco me había sustraído el dinero y usted me lo pudo solucionar. Quisiera contarle que me acaban de depositar la primera cuota del bono, de 9.000 pesos, y de nuevo el banco me los chupó y ¡no me los deja sacar!”. “Nos llegó este primer reclamo de una situación similar a la que atendimos en 2020”, cuenta Bussetti a elDiarioAR. “A quienes cobraban el IFE distintos bancos le retenían el subsidio por deudas ante empresas u organizamos oficiales. Esta puede ser una situación similar. En 2020 atendimos 125 casos que resolvimos haciendo los reclamos directamente a cada banco. Está establecido que estos subsidios son inembargables, pero algunos bancos no respetan la norma. Puede ser que la situación vuelva a repetirse”, advierte.

AR

El Ministerio de Desarrollo Productivo aplicó una multa de $5 millones, valor máximo determinado por la Ley Defensa del Consumidor, a la empresa Facebook Argentina SRL por la inclusión de cláusulas abusivas en sus Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del servicio WhatsApp de mensajería instantánea.

La sanción fue establecida a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo (DNDC), luego de determinar que las cláusulas en cuestión no cumplen con el deber de brindar información cierta, clara y detallada y, a su vez, resultan abusivas ya que la firma se desliga de sus obligaciones al limitar su responsabilidad por daños, restringir los derechos del consumidor y, por lo tanto, ampliar los de la empresa.

Esto le otorga a la firma la interpretación exclusiva del contrato y le concede la facultad de modificar unilateralmente los términos del mismo, al mismo tiempo que la autoriza a rescindir el contrato sin causa y sin que medie incumplimiento del consumidor, señaló el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

El proceso administrativo se inició a partir de una denuncia recibida por parte de la DNDC contra la empresa Facebook Argentina SRL por la modificación de los Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del Servicio para Whatsapp, anunciado en enero de 2021.

Tras abrirse la instancia de instrucción y luego de analizar los instrumentos en cuestión, se imputó a Facebook Argentina SRL por infracción a los arts. 4° y 37° de la Ley de Defensa del Consumidor. La empresa, por su parte, no presentó descargo en el plazo correspondiente.

Específicamente, se encontró, en primer lugar, abusividad en cuanto establece la eximición de responsabilidad de la firma frente a las y los consumidores, que asumen todos los riesgos por el uso del servicio. A su vez, la empresa pretende mediante la disposición transcripta, eximirse de responsabilidad por daños o limitarla a la suma de USD 100.

Por otra parte, se detectó una cláusula de prórroga de jurisdicción, que le otorga al proveedor la facultad exclusiva de elegir el tribunal competente para la resolución de conflictos, cuando la normativa establece lo contrario. En este caso, los usuarios de Argentina deberían ante un conflicto recurrir exclusivamente al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California o un Tribunal Estatal ubicado en el condado de San Mateo en California.

Además, la empresa incumpliría con el deber de brindar información clara, ya que establece que la única versión válida al momento de dirimir un conflicto es la escrita en idioma inglés y las traducciones no tienen carácter oficial.

Por último, la compañía procura, además de los números de teléfono de los usuarios de Whatsapp, arrogarse la potestad de requerir de las y los usuarios del servicio de mensajería los contactos de sus libretas de direcciones -aún cuando aquellos no sean usuarios del servicio-, sin determinar el objeto, ni su alcance y, dejándolo librado a su exclusivo recurso.

Desde la DNDC se destaca la importancia de los reclamos individuales para detectar vulneraciones a los derechos de las y los consumidores. Si tuviste un problema con un producto que compraste o un servicio que contrataste y la empresa no te brinda una solución adecuada, podés ingresar un reclamo en: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.

Con información de agencias.

IG

En una nueva edición del Cyber Monday, el evento online de descuentos, vuelven a aparecer advertencias y recomendaciones por posibles estafas. Sin embargo, aún siguiendo estos consejos pueden aparecer inconvenientes. Por esto, se habilitaron guías y vías para hacer reclamos frente a problemas en las compras.

En primer lugar es importante ser rigurosos con la información y seguimiento del pedido. Esto implica mirar previamente las condiciones de venta, devolución y entrega que tiene la empresa; anotar el número de pedido y el código de seguimiento de envío cuando se concreta la compra y registrar los medios de contacto del lugar.

Con estos datos, el proceso para reclamar será mucho más sencillo. En primer lugar, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) recomiendan intentar solucionar el problema comunicándose directamente con la empresa en cuestión.

En caso de no obtener respuestas, se puede hacer la denuncia en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Para  esto se necesita algún tipo de documentación sobre la compra: factura o ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto, orden de servicio, entre otros. Cuanta más información se tenga, será de mayor ayuda en las audiencias de conciliación.

El reclamo se puede hacer por la página web oficial o por teléfono al 0800-666-1518, de lunes a viernes de 9 a 18. Por ese medio además se pueden hacer consultas sobre el proceso; opción que también está disponible completando un formulario de consultas online. Por último, se pueden enviar las dudas a consultas@consumidor.gob.ar.

Para hacer el reclamo online hay que entrar al sitio de Defensa al Consumidor y completar un formulario en el que se solicitará datos de contacto y personales; datos del reclamo y datos del proveedor. Allí también se debe especificar, entre otras cosas, cómo se espera que se resuelva el problema.

Luego de enviar el formulario, hay que esperar una respuesta, que llegará por el medio de contacto especificado y que dará información sobre los pasos a seguir. Finalmente, se debe concurrir al día y horario acordado para solucionar el reclamo planteado.

MGF

La Secretaría de Comercio Interior presentó una guía de buenas prácticas que brinda herramientas para que las empresas adopten la perspectiva de género en sus procedimientos comerciales.

“Frente a la necesidad de abordar la doble desigualdad que enfrentan las mujeres y diversidades en las relaciones de consumo, primero como consumidoras y, además, por su condición de género u orientación sexual, el documento tiene por objetivo lograr relaciones de consumo más equitativas”, destacó Comercio Interior en un comunicado.

Esta guía, que continúa en desarrollo, es llevada adelante gracias al trabajo en conjunto del área que conduce Paula Español, el Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Mujeres.

“Surge a partir de la necesidad de abordar la doble desigualdad que enfrentan las mujeres y diversidades en las relaciones de consumo, primero como consumidoras y además por su condición de género u orientación sexual”, indicó la Secretaría.

Además, subrayó que “de esta manera, desde el Gobierno se comprende que la atención que debe dársele desde el Estado es mucho mayor y contar con una Guía de Buenas Prácticas en las Relaciones de Consumo con Perspectiva de Géneros, permite seguir cimentando una sociedad más igualitaria y democrática”.

El documento de trabajo se funda sobre los distintos aspectos de las relaciones de consumo proveyendo recomendaciones para lograr prácticas equitativas, respetuosas del trato digno y no discriminatorio.

También aborda cuestiones como la información, los rotulados, la publicidad, los formularios y contratos, y demás prácticas relativas a la salud, a la seguridad y a las condiciones de atención y trato.

Desde la Secretaría de Comercio Interior destacaron que “ya se viene trabajando en este sentido, a partir de diversas y reiteradas imputaciones a empresas por incumplir el trato digno o restringir el acceso al consumo por cuestiones de género u orientación sexual”.

Además, remarcaron que “se formó un equipo de abogados y abogadas que se encarga especialmente de tomar aquellos reclamos de consumidoras y consumidores hipervulnerables y brindarle un tratamiento prioritario, que contemple dicha fragilidad, y se generaron y difundieron numerosas herramientas de comunicación para que las y los consumidores conozcan sus derechos y los hagan valer”.

La guía completa:

Con información de agencias.

IG

Por la situación epidemiológica, los reclamos en Defensa al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires ahora se pueden realizar de manera online. Pueden realizarlo todas las personas mayores de 13 años que acrediten domicilio legal en esa jurisdicción. Si el denunciante es menor de edad, el Equipo de Abogadas y Abogados de Consumidores Hipervulnerables le brindará asistencia y lo acompañará durante todo el proceso.

En el caso de adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, turistas, miembros de comunidades indígenas o del colectivo LGBT+, cuya situación fue especialmente vulnerada en la relación de consumo, se recomienda especificarlo en el formulario del reclamo.

Para iniciar el trámite de denuncia de bienes y servicios, se requiere contar con domicilio legal en CABA y escanear el DNI, la documentación que acredite la relación de consumo (factura, contrato o resumen de cuenta) y documentación que pruebe el hecho denunciado (mails, carta de documento, promoción ofrecida), además del reclamo previo enviado a la empresa en cuestión.

Para denunciar a administradores de consorcio, los propietarios deberán tener la siguiente documentación escaneada: DNI, factura ABL (o factura de servicio que esté a su nombre), liquidación de expensas, documentación que pruebe el hecho denunciado y el reclamo previo al administrador. En el caso de denuncias por parte de inquilinos, deberán presentar el DNI, el contrato de alquiler o documentación que acredite la residencia, liquidación de expensas, documentación que pruebe el hecho denunciado y el reclamo previo.

Si hay más de un propietario o inquilino denunciante, se debe presentar un único reclamo de parte de todas las personas involucradas. Si el administrador no está inscrito en el Registro Público de Administradores, no habrá audiencia de conciliación y la denuncia será enviada directamente al área de Registro de Administradores de Consorcio, para empezar el proceso de sanción.

Después hay que ir a la página de MiBA, iniciar sesión y cargar todo lo solicitado. A través de esta página se puede consultar el estado de la denuncia.

En caso de que no se llegue a un acuerdo con la empresa, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor emitirá sanciones. Estas pueden consistir en multas de hasta $5.000.000, en un decomiso de las mercaderías, la clausura del establecimiento o servicio por 30 días, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores del Estado, o la pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos especiales.

Se pueden consultar los derechos del consumidor acá. Por dudas en relación al trámite de denuncia, está disponible la línea 147 o el mail consultas@consumidor.gob.ar.

Qué reclamos se pueden hacer

Entre los bienes y servicios que se pueden denunciar están: prácticas de salud; servicios de cable, internet, telefonía móvil o fija; bancos o servicios financieros, electrodomésticos o artefactos para el hogar; indumentaria; servicios turísticos; facturación de gas, luz y agua; equipos de telefonía; autos; productos de informática y más. Los rubros más denunciados son los de las grandes empresas de servicios: telefónicos, proveedores de internet y de cable, automotrices, agencias de autos, bancos y tarjetas de crédito.

También se puede denunciar a administradores de consorcio que no cumplan sus funciones, de acuerdo a la Ley N° 941, para edificios que estén en CABA.

MGF

Las estafas electrónicas “subieron un 3.000%” en pandemia y la mayor cantidad de ellas ocurre a través de las redes sociales, “el puesto número uno”, afirmó Gabriela Abad, abogada especializada en derecho del consumidor y miembro de la asociación Usuarios y Consumidores Unidos.

“Con la pandemia y el encierro, todos nos volcamos a los medios electrónicos, pero lamentablemente las personas comenzaron a ser víctimas de estafas, engaños”, dijo Abad en diálogo con Radio Concepto.

La estafa se produce a través de lo que la especialista denomina “manipulación psicológica” que consiste en apelar a “ciertas situaciones especiales que uno está esperando como consumidores o que nos interesa, la respuesta a un reclamo, un subsidio, o ahora el tema de la vacuna”, explicó.

En este sentido, detalló que los estafadores buscan pretextos para ponerse en contacto con las personas, apuntando “a la inmediatez y a un consumidor que está en un situación de vulnerabilidad” para obtener información personal bancaria.

Uno de los métodos que más utilizan para engañar es a través de las redes sociales, ya que “las personas ante la imposibilidad de comunicarse telefónicamente con el banco, escriben por las redes sociales, y es ahí cuando ese comentario que se hace público lo ve el delincuente informático y se contacta de manera privada por otro perfil falso en donde se hace pasar por el banco y tiene la total apariencia de ser un perfil oficial”, indicó Abad.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos a través de las redes sociales, si bien en muchos casos nos puede servir, porque sabemos el impacto que puede tener en las empresas los comentarios negativos”, alertó la especialista.

Otros de los canales utilizados son los mails falsos o los llamados telefónicos, por lo que Abad advirtió que “nunca hay que dar datos sensibles” como el código Token que permiten a los estafadores acceder a las cuentas bancarias.

Abad aseveró que “es difícil que lleguen estafas de gente que dio su usuario y clave”, pero sí por haber compartido el código Token.

“Muchas veces la gente no sabe qué es el código Token, que es un segundo mecanismo de seguridad para confirmar operaciones y puede llegar por mensaje de texto o por la misma aplicación del celular y no hay que darlo”, apuntó.

La especialista también alertó acerca de una nueva modalidad de estafa en la que se usa como engaño la campaña de vacunación.

Sobre las medidas a tomar luego de ser víctima de las estafas electrónicas, Abad explicó que como se trata de un delito es necesario “hacer la denuncia en la policía o la fiscalía para poner en conocimiento al Estado de que fuimos estafados”.

En segundo lugar, hay que hacer el reclamo ante el banco e iniciar las denuncias en defensa al consumidor.

“En algunos casos tienen suerte y el banco lo soluciona, en otros, la cuestión se complejiza y hay que avanzar judicialmente”, detalló Abad.

Por último, Abad indicó que quienes hayan sido víctimas de estafas electrónicas y necesiten asesoramiento pueden contactarse con la ONG Usuarios y Consumidores a través de la cuenta de Instagram @UcuArg y de Facebook @CabaUcu.

Con información de agencias.

IG