La diputada del Parlasur y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) María Luisa Storani reiteró este jueves el pedido a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que se presente ante la justicia argentina, tras haber sido declarado en rebeldía por no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

“Siempre le voy a pedir que se presente en la Justicia argentina”, dijo Storani en declaraciones a Radio 10, luego de que este miércoles la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, reunida de manera virtual, votara un dictamen de mayoría que propone expulsar de ese cuerpo al parlamentario de Cambiemos, declarado en rebeldía por la justicia argentina.

Storani recordó que, a principios de este mes, Rodríguez Simón se presentó sorpresivamente en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes.

“Yo pido la palabra. Soy vicepresidente de la UCR a nivel nacional, y le pido encarecidamente que se presente a la justicia Argentina”, contó sobre ese día y agregó: “Le hemos reclamado que pida licencia hasta tanto su situación se esclarezca y que no nos someta a todos nosotros a una situación tan irregular”.

La dirigente radical recordó además que “tenemos estado de derecho” en el país, “que nos ha costado mucho conseguirlo” y no hay excusa para estar fuera de la ley.

También, explicó que no tuvo oportunidad de hablar con el parlamentario macrista en forma privada ese día porque “se retiró de la sesión en ese momento”, luego de las palabras de la radical. “Fue sorpresivo que apareciera después de tanto tiempo”, remarcó.

Storani insistió en su pedido de esa sesión: “Siempre le voy a pedir que se presente en la Justicia argentina”, aseguró.

En tanto, consideró que la clase política “tiene que tener una conducta ejemplar, sino son caldo de cultivo para los Milei”, en referencia al economista liberal devenido en político, Javier Milei.

“Nadie tiene coronita”, dijo por último y sostuvo que “la cuestión es que se respeten las instituciones”.

El tema deberá ahora ser tratado por el plenario del parlamento regional donde, para poder materializarse, el dictamen de mayoría deberá reunir las dos terceras partes de los votos, según explicaron a Télam fuentes de ese órgano.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes en la reunión de Comisión de ayer, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

Con información de agencias.

IG

La jueza María Servini procesó hoy al exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino, y citó al presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz a declarar como testigo en la causa en la que se investigan el proceder del gobierno del expresidente Mauricio Macri ante el Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.

El presidente del máximo tribunal fue citado a dar testimonio el 26 de agosto a las 14 y su convocatoria puede tener relación con llamados telefónicos que intercambió con el diputado del Parlasur y asesor judicial de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en “rebeldía” en este expediente por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria, dijeron los informantes.

En una resolución de 88 páginas, la magistrada procesó por “abuso de autoridad” y embargó por dos millones de pesos a Paladino, a quien le atribuyó el haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo, del que participan los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López.

“La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto ´neutral´, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes”, sostuvo la jueza Servini.

“Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios”, aclaró la magistrada que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuán.

En esta causa se investigan “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge del expediente.

Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el Grupo Indalo tuvieron como consecuencia “perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”, según indicó la jueza.

“Esos actos habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)”, remarcó la magistrada.

De acuerdo con la investigación judicial, las presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a presidente Macri tuvo con el empresario López, el 25 de octubre de 2015, “donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo en contra del Gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner”.

“Una de las conductas imputadas a Sebastián Omar Antonio Paladino fue que, en su carácter de Subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ordenó en una fecha no precisada exactamente pero que sería entre mediados y fines de marzo de 2016, la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico ´Grupo Indalo´”, sostuvo la jueza.

La inclusión de las empresas o contribuyentes en una herramienta semejante “no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado”, señaló.

La creación de la herramienta informática “habría surgido luego de una reunión que Juan Carlos Cheli – director de Procesos de Recaudación de AFIP – tuvo con sus superiores y su objetivo era poner información a disposición de todas las agencias en forma simultánea y al mismo tiempo para todos”, según detalló la jueza en su fallo de hoy.

En esta causa ya fue indagado también, entre otros, el extitular de la AFIP, Alberto Abado, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza Servini.

La magistrada citó además como testigos al administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballota; a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y a Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, accionistas minoritarios del Banco Finansur.

DA

Interpol aceptó emitir una alerta roja contra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que el abogado sea detenido y traído a Argentina a declarar ante la jueza María Servini, según le confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La notificación de la policía internacional provino de la “División Investigación Federal de Fugitivos y extradiciones” en el marco de la causa caratulada “Mauricio MACRI y otros S/ asociación ilícita”, a cargo de la jueza María Servini.

“En el día de la fecha, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol publicó la Notificación Roja del nombrado Rodríguez Simón”, indica la documentación. El parte consigna que “la presente causa guarda trascendencia política y mediática”.

La nueva situación de Rodríguez Simón implica que, ahora sí, formalmente el gobierno de Uruguay –donde permanece a la espera de una resolución sobre su pedido de refugio político- debe adoptar una decisión sobre su status.

Si bien Rodríguez Simón ya se presentó ante la Justicia uruguaya y obtuvo una suspensión del trámite de extradición hasta tanto se resuelva si lo admiten o no como refugiado, la orden de detención internacional supera ese marco jurídico.

Ello significa que Rodríguez Simón podría ser detenido, aun provisoriamente, en virtud del pedido emanado del Poder Judicial argentino.