Un informe interno de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) determinó que trabajadores de la organización abusaron sexualmente de refugiadas sudanesas que habían llegado a Chad huyendo de la guerra en el país. La investigación, empujada por una denuncia de la situación publicada por la agencia Associated Press (AP), documentó 59 acusaciones de diversos tipos de explotación sexual y llevó al despido de 18 trabajadores.

El informe, cuyos extremos adelantó la semana pasada AP, se completó en julio y documenta episodios en que empleados de la ONG abusaron de menores o exigieron sexo a cambio de comida a refugiadas. Algunas de las actuaciones eran reiteradas, por lo que el informe plantea que se diesen situaciones de “tráfico sexual” organizado.

La ONG reconoce que el informe puede no incluir todos los casos reales por la renuencia de muchas mujeres a hablar abiertamente, y que no fue posible localizar a todos los responsables por la magnitud de la emergencia humanitaria —con cientos de miles de refugiados— y los cambios frecuentes en la plantilla. También aseguró a AP y confirma a elDiario.es que reforzó los sistemas de referencia para los candidatos y los sistemas para presentar quejas.

Investigación de 2024

Los abusos empezaron a investigarse en otoño de 2024 y las víctimas, además de refugiados, también son chadianas, y trabajadoras y contratistas de MSF. Algunos casos conllevaban la explotación sexual de refugiadas a cambio de comida, agua, leche o puestos de trabajo, así como casos de prostitución, también de menores de edad.

El informe detalla un caso de un bloque de un campo de refugiados en el que los líderes comunitarios impusieron un toque de queda para evitar que el personal de la ONG “visitase” a chicas jóvenes.

Además, a siete chicas contratadas se las llevó en coche a lo que en teoría eran zonas de distribución de agua y obras de construcción, pero en realidad era otra ubicación, donde se vieron “expuestas” a abusos sexuales y solicitudes de sexo, según el informe citado por AP. También se amenazó a trabajadoras chadianas con que perderían el trabajo si se negaban a tener relaciones con colegas o supervisores.

El informe no detalla los puestos de los que incurrieron en los abusos, pero señala que eran contratados locales, internacionales y contratistas.

La Organización Mundial de la Salud declaró hace unos días la “emergencia de salud pública de importancia internacional” por un nuevo brote de ébola, detectado en la República Democrática del Congo. La nueva cepa, de la que se identificaron casos también en Uganda, dejó ya más de 130 fallecidos y medio millar de casos sospechosos. Organizaciones y autoridades sanitarias tratan ya de contener la propagación de un virus para el que no existe tratamiento ni vacuna, con el recuerdo de la gran crisis de 2014.

“Ahora tenemos gente con experiencia”, avanza desde Ginebra el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras (MSF) Manuel Albelda. Esa entidad desplazó a la zona a 50 trabajadores internacionales y cuenta con alrededor de 500 a nivel nacional, para una intervención que prevé larga. Sobre todo, a tenor de “la magnitud y la incertidumbre de los números”: “Vemos una epidemia fuera de control”.

—¿Qué diferencia a este brote de ébola de otros que se produjeron en la región?

—La principal diferencia es que el virus bundibugyo es relativamente nuevo. Solo ha habido otras dos epidemias, en Uganda en 2007 y en Congo en 2012, con muchos menos casos de los que estamos viendo ahora. En segundo lugar, no hay tratamientos ni vacunas aprobadas y el diagnóstico es mucho más complejo. Los métodos existentes estaban adaptados a las cepas de ébola que ya conocíamos.

—¿Cómo funciona esta cepa concreta?

—Por los datos de las epidemias anteriores suponemos que el virus es menos mortal que el de Zaire, pero necesitamos más evidencia. Su repositorio está en animales, principalmente en murciélagos. Esto concuerda con el epicentro de esta epidemia, una zona de minas donde pueden estar presentes. El virus salta del animal a la persona y luego de persona a persona por contacto cercano con fluidos de pacientes infectados. La transmisión ocurre, sobre todo, cuando comienzan a desarrollarse los síntomas. Cuanto más enferma está la persona, más infecciosa se vuelve. Incluso los cuerpos, después de fallecer, sigue siendo muy infecciosos. Ahí es donde entramos en la parte de los entierros y las prácticas culturales.

—¿Cuáles son las medidas más eficaces para contener el brote?

—La prioridad es la bioseguridad, para que los pacientes y los equipos médicos puedan trabajar y ser tratados de forma segura. Además, hay que construir centros de tratamiento específicos. Ahora mismo los hospitales generales y las clínicas se están saturando con casos sospechosos a los que se intenta aislar en zonas que no están preparadas, lo que puede hacer que la transmisión se multiplique en esos centros de salud.

Que sea una zona con grandes movimientos de población, en conflicto y con pobreza, donde ya hay múltiples enfermedades endémicas, afecta a los servicios y al acceso a la salud. La gente va más tarde a los hospitales y es un factor que hace que el virus haya estado circulando durante semanas sin ser detectado

—¿Cómo influye el conflicto armado, los desplazamientos y la pobreza en la zona en la propagación?

—El contexto de Ituri es muy complejo y todos esos factores afectan a la evolución de la epidemia. El hecho de que sea una zona con grandes movimientos de población, en conflicto y con pobreza, donde ya hay múltiples enfermedades endémicas, afecta a los servicios y al acceso a la salud. La gente va más tarde a los hospitales y es un factor que hace que el virus haya estado circulando durante semanas sin ser detectado.

—¿Fallaron los sistemas de detección?

—Los sistemas de detección son complicados y los fondos para desarrollar estos sistemas no están siempre ahí. En esta región hay muchísimas zonas de salud y es difícil que todas estén al tanto de lo que pasa. Congo es un país que conoce bien el ébola —esta es la 17ª epidemia—, pero los primeros síntomas pueden confundirse, por ejemplo, con malaria, lo que hace que pase desapercibido.

—¿Cómo está afectando el ébola a la atención de esas otras enfermedades?

—Esta fue una de las lecciones aprendidas de la gran epidemia de 2014 en África del Oeste, donde el foco se puso en ébola y todo lo demás se dejó un poco de lado. Ahora intentamos trabajar en paralelo: poner toda la infraestructura necesaria para tratar ébola y, al mismo tiempo, reforzar hospitales y clínicas, para que puedan seguir tratando malaria, sarampión, malnutrición y todas estas otras condiciones que siguen estando presentes y que en 2014 también incrementaron la mortalidad.

—¿Con qué herramientas cuentan ahora que no tenían en 2014?

—Sobre todo, las lecciones aprendidas tanto de esa como de las pandemias que llegaron después. Ahora tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento.

—Este brote afecta a una cepa para la que no existe una vacuna. ¿Qué implica eso en la práctica?

—La vacuna que existe ahora mismo es para el virus ébola Zaire. Hay estudios hechos en no humanos que hablan de una protección para el bundibugyo, pero, por ahora, no hay nada disponible para los pacientes ni los equipos médicos.

—Desde Médicos Sin Fronteras, ¿cómo gestionan una crisis así sobre el terreno?

—Cuando los equipos llegan se coordinan con el Ministerio de Salud de Congo, que ya tiene mucha experiencia. Además, todos los equipos que estamos enviando tienen experiencia previa en ébola. Trabajamos en siete pilares de intervención: bioseguridad, seguimiento y detección de los pacientes, sensibilización de las comunidades sobre la enfermedad, entrenamientos seguros y la búsqueda activa de casos y el apoyo a las estructuras de salud existentes. Para eso no solo tenemos médicos, también contamos con equipos de promoción de la salud, de logística y de recursos humanos. Nos preparamos para lo peor, esperando lo mejor, pero viendo la magnitud y la incertidumbre de los números, prevemos una intervención larga.

Si se mantiene centralizada en Congo, puede ser más sencilla de gestionar, pero en Sudán del Sur, Tanzania y Kenia es donde toda la dinámica de la pandemia puede cambiar

—¿Cuál sería el escenario más probable en los próximos meses?

Hoy por hoy, es difícil decirlo. Ahora mismo estamos viendo una epidemia fuera de control, con nuevos casos día tras día e información de sospechosos en diferentes lugares en el este del Congo. Nuestro temor es que empiece a saltar fronteras. Sabemos que hay casos confirmados en Uganda, relacionados con pacientes que salieron de Ituri, pero estamos muy pendientes de Sudán del Sur, Tanzania y Kenia, que pueden detectar casos. Si se mantiene centralizada en Congo, puede ser más sencilla de gestionar, pero en esos países es donde toda la dinámica de la pandemia puede cambiar.

—¿Podría llegar a Europa?

Siempre puede haber importación de caso, pero, que yo recuerde, nunca ha habido una transmisión local fuera de África. Los sistemas de vigilancia de los países del norte están más desarrollados y es más sencillo detectar casos, sobre todo cuando sabemos que hay una epidemia en marcha en Congo. Nuestra preocupación está en esos países vecinos.

—¿La comunidad internacional está reaccionando con suficiente rapidez?

—Siempre decimos que nada es lo suficientemente rápido cuando tratamos una epidemia de ébola. Hay una necesidad importante de movilización de fondos para las organizaciones que quieren trabajar en el terreno y es importante que la OMS haya declarado una alerta internacional al más alto nivel, lo que comienza una colaboración que debe estar a la altura de la magnitud de la epidemia.

—Pongámonos en el día después de superar una crisis sanitaria de este tipo ¿Qué ocurre con la población?

—Es una enfermedad muy cruel, que mata a familias enteras, deja a un solo miembro o a niños huérfanos, en países que tienen menos medios. En ese sentido, tenemos un acompañamiento cercano con los pacientes y equipos de salud mental de Médicos Sin Fronteras que forman parte de la respuesta a la epidemia, pero, a largo plazo, es más complicado de gestionar. Intentamos trabajar con proyectos regulares que se van quedando en la zona y, sobre todo, colaborar con otras organizaciones y el Ministerio de Salud del Congo para hacer el seguimiento de los supervivientes.

Desde 2024, entró tres veces en la Franja de Gaza, a las que se suma una “cuarta frustrada” en la que tuvo que renunciar al reencuentro con sus colegas palestinos a los que había conocido al comienzo de la guerra. Sofía Piñeiro es enfermera de Médicos Sin Fronteras desde una década, está acostumbrada a trabajar en contextos de crisis —Bangladesh durante el éxodo rohingya en 2018, Guinea-Bisáu, Camerún, Mozambique o Yemen—, pero asegura que Gaza fue distinto a todo.

“Fue un antes y un después en mi vida haber presenciado un genocidio en vivo y en directo”, dice la enfermera argentina y coordinadora de equipos médicos de Médicos Sin Fronteras (MSF). Mientras trabaja, estudia y se recupera emocionalmente en Argentina, se prepara para volver al territorio porque, asegura, “parte de mi corazón está con ellos”.

“Viniendo de la clase media, siempre te van a preguntar por qué haber elegido enfermería en vez de medicina.” La vocación humanitaria fue su respuesta. Una vocación que se celebra cada 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, en homenaje a Florence Nightingale. “Lo que nunca podría sacrificar es el sentido humanitario de lo que hago.”

Después de haber estudiado en el hospital universitario Austral durante 5 años, hace casi una década que su lugar de trabajo es el mundo: “La persona que necesita ayuda, a mí no me interesa de qué país es, de dónde o con quién o qué llevas: pasaporte o no pasaporte. Donde hay esa gente que lo necesita: ahí vamos a estar”, resume.

Ahora, está siguiendo un curso que la habilita para convertirse oficialmente en coordinadora. Define a Médicos Sin Fronteras como “una escuela inmensa”, donde “el techo constantemente se abre”. Allí coordinó farmacias, estadísticas y evaluaciones de personal con equipos de hasta 50 personas. También encontró un rol de transmisión para hacer evolucionar su práctica: “Mil veces me he encontrado dando clases, y es algo que disfruto un montón.”

Dentro de la organización, “casi que le cambiaríamos el nombre a Enfermeros Sin Fronteras porque somos la mitad”, bromea. En la ayuda humanitaria, el rol de la enfermera es crucial: “Que el médico tenga lo que necesita para su paseo de guardia, manejar los números, estadísticas y demás. Es un rol muy grande en Médicos Sin Fronteras, que, bueno, es que se diferencia un poco del rol de la Argentina”, explicó.

Su última experiencia en Gaza profundizó esa mirada. El funcionamiento de MSF se apoya en profesionales internacionales, pero sobre todo en equipos locales: “No hay ninguna razón para traerme a alguien de afuera si yo tengo la expertise local”, explica. Haber trabajado en Gaza, donde hay ingenieros, arquitectos, enfermeros y cirujanos palestinos que, pese a haber perdido sus casas o vivir desplazados, seguían sosteniendo hospitales y centros de salud, la cambió. “Ellos son de las personas más generosas y respetuosas con las que yo he trabajado a lo largo de mis diez años en Médicos Sin Frontera”, contó. Recuerda a “enfermeros endémicos que realmente estaban viviendo en una carpa con sus familias y, al otro día, llegaban con el informe más limpio que el mío, con una sonrisa, diciendo: ‘Sofía, ¿con qué empezamos a trabajar hoy?’. Es un nivel de compromiso con su propia comunidad realmente admirable”.

Describe una situación humanitaria cada vez más extrema: “Siempre parecía que no se podía estar peor, y siempre se estaba peor”, afirma. Habla de hospitales colapsados, pacientes en los pasillos y un aumento constante de la desnutrición. Incluso durante los períodos de tregua, asegura, la violencia nunca se detuvo: “Era un falso ceasefire. Seguía habiendo actividad militar, seguían llegando heridos y no entraban los suministros prometidos.”

Frente a ese desgaste, explica que muchas veces el trabajo de los equipos internacionales consiste también en proteger emocionalmente a los trabajadores locales: “Intentamos asumir nosotros la mayor cantidad de decisiones pesadas para evitarles esa carga. Ellos saben perfectamente lo que implica cerrar un centro de salud y dejar población sin atención.”

El trabajo humanitario también tiene un costo personal. Aunque asegura que quiere volver “todas las veces que pueda”, reconoce que hoy necesita recuperarse: “Mi salud mental necesita un poco de descanso”, admite. Aun así, le cuesta imaginarse trabajando en otro lugar: “Hoy siento tanto compromiso con Gaza que me costaría aceptar una misión distinta…pero si en Sudán se necesita, en Sudán iré.”

Mientras espera poder regresar, encontró en Argentina un espacio donde aplicar parte de esa experiencia. Actualmente colabora con la ONG AMTena —cuyo nombre significa “qué lindo volver a verte” en idioma wichí—, coordinando operativos sanitarios en comunidades originarias del norte de Salta. Lo considera “lo suficientemente parecido para mi alegría, porque un poco mi visión de enfermería es que a mí me gustaría devolverle a la enfermería en Argentina lo mucho que me dio para llegar a este lugar”, explica. Organizan operativos quirúrgicos itinerantes: identifican pacientes en comunidades alejadas, los trasladan más de 200 kilómetros hasta hospitales de referencia, realizan las operaciones y luego los acompañan de regreso.

Su experiencia internacional también moldeó su mirada sobre el sistema de salud argentino. Aunque reconoce sus limitaciones, rechaza comparaciones simplistas: “Muchas veces se ha comparado, por ejemplo, el norte argentino con ‘es nuestra África’. Para mí, esa persona claramente no pisó África. Sí, nuestro sistema tiene muchas limitantes, pero siempre hay una puerta donde golpear.”

Al mismo tiempo, tiene un punto de vista pragmático: argumenta que muchos problemas del sistema responden menos a la falta de recursos que a problemas de gestión: “He visto cómo se pueden gestionar cosas igual con muy pocos fondos; lo he hecho muchas veces. Con lo cual, a mí, a veces, la falta de presupuesto o la falta de insumos, yo solo veo mala gestión. En lugares donde hay pocos insumos, lo hemos hecho funcionar, con mejores resultados a veces que los que puedo ver acá.”

Esa mirada también alcanza a la formación en enfermería. En un contexto de crisis presupuestaria universitaria y de debate sobre el financiamiento de hospitales escuela, Sofía advierte sobre las consecuencias de haber fragmentado históricamente la carrera para formar personal rápidamente. “Enfermería se quedó en el nivel medio profesional y no se terminó la licenciatura, y eso, a lo largo del tiempo, te perjudica porque tenés menos gente formada que va a hacer investigación, que va a hacer crecer la profesión”.

Aún así, observa avances en la última década: más residencias, más posgrados y una mayor profesionalización. Pero insiste en que todavía faltan incentivos laborales: “Las enfermeras tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes; todas conocemos la lumbalgia y estás muy expuesta: desde cortopunzantes a otras enfermedades, al dolor de un paciente. Las que lo hacemos lo amamos, pero todavía nos falta reconocimiento.”

LPV/MG

El Gobierno israelí va a prohibir la actividad de más de una veintena de ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que esas organizaciones no cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades hebreas, que habían pedido a las ONG internacionales facilitar la información personal de todos sus empleados en la Franja, en un nuevo intento de presionar y limitar su labor esencial después de dos años de genocidio.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora anunció este martes en un comunicado citado por la agencia Associated Press que unas 25 organizaciones ya no podrán operar en Gaza a partir de enero de 2026, después de que no entregaran información detallada sobre sus trabajadores, su financiación y sus operaciones en la Franja. Según el Ministerio, un 15% de las ONG que actualmente trabajan en Gaza no van a poder seguir haciéndolo, ya que sus permisos no van a ser renovados.

Según el Ministerio, “las revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estaban involucrados en actividades terroristas... en particular, Médicos Sin Fronteras”. La Agencia EFE, citando el comunicado del Ministerio, señaló que algunos empleados de esa ONG estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamas”; además, MSF “no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones” de las personas supuestamente vinculadas con esos grupos palestinos considerados terroristas por Israel.

En una primera reacción a la decisión de Israel, Médicos Sin Fronteras dijo que “se toma muy en serio las acusaciones de que su personal está vinculado a grupos armados”. “Como hemos dicho con anterioridad, MSF nunca contrataría a sabiendas a personas que participaran en actividades militares. Cualquier empleado que participara en actividades militares supondría un peligro para nuestro personal y nuestros pacientes. Hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas pone en peligro al personal humanitario y socava la labor médica que salva vidas”, afirmó.

Además, la organización lamentó que si no cuenta con el permiso para operar en los territorios palestinos a partir del 1 de enero de 2026, tendrá que cesar sus operaciones en un plazo de 60 días. “Esto impediría efectivamente a MSF operar en Gaza, donde prestamos apoyo a una de cada cinco camas de hospital y a uno de cada tres partos, lo que supondría privar de asistencia médica vital a cientos de miles de personas. Si se impide a MSF trabajar en Gaza, se privará a cientos de miles de palestinos del acceso a la atención médica”, alertó.

El periódico israelí Haaretz eleva el número de las ONG que van a ser vetadas hasta 37 e incluye a Oxfam y ActionAid, adermás de MSF.

Por su parte, el organismo del Ejército israelí que supervisa la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, aseguró que el volumen de la asistencia no se verá afectado porque las ONG que fueron vetadas sólo representan alrededor del 1% de la ayuda que accede actualmente al enclave costero. Agregó que más de 4.000 camiones de suministros seguirán entrando a Gaza cada semana, a través de Naciones Unidas, países donantes y el sector privado, así como unas 20 ONG internacionales, que no nombró.

Según el organismo militar, “el proceso de registro [de las ONG] tiene como objetivo evitar la explotación de la ayuda por parte de Hamas, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales, consciente o inconscientemente”. COGAT insinuó que “la negativa de las organizaciones de operar con transparencia y a cooperar con los controles requeridos no es técnica ni incidental, sino que plantea una genuina preocupación por la naturaleza de sus actividades y las entidades con las que operan”.

Las tropas israelíes irrumpieron y ordenaron la evacuación del Hospital Al Awda, en el norte de la Franja de Gaza, después de sitiarlo durante varios días, repitiendo el patrón de otros ataques contra los principales hospitales de la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra.

Sin embargo, algunos de los médicos del hospital se negaron a marcharse, si sus pacientes no pueden ser evacuados por ambulancias. El doctor Mohamed Salha explicó en un mensaje de audio que las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital y expulsaron a médicos, pacientes y sus acompañantes, pero algunos, como él, no se fueron. Otros 13 miembros del personal sanitario permanecen en Al Awda junto a más de una decena de pacientes, entre los que hay niños: “Necesitan cuidados y no voy a evacuarlos sin ambulancias. Me he quedado con ellos junto a mi equipo, somos un total de 27 personas en el hospital bajo asedio”.

Anoche, el Ministerio de Sanidad gazatí informó en un comunicado de que el Ejército israelí contactó con el centro hospitalario a las 15:00 hora local y le dio la orden de evacuación. Poco después las tropas irrumpieron en el hospital, obligando a que salieran 140 pacientes, acompañantes y personal médico. Esas mismas cifras fueron citadas por el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que denunció que el Hospital Al Awda fue “invadido”.

“La OMS llama urgentemente a la protección de los pacientes, sus acompañantes y los trabajadores sanitarios dentro del hospital, y a [ofrecerles] una salida segura para su evacuación”, dijo el director del organismo a través de la red social X.

También Médicos Sin Fronteras denunció que el hospital “ha tenido que a cerrar tras un aterrador asedio de cuatro días”, el último de una “serie de ataques sistemáticos contra la asistencia sanitaria por parte de las fuerzas israelíes”.

El pasado 19 de mayo, Israel empezó a asediar Al Awda, por segunda vez, tras haberlo cercado durante 18 días en diciembre, en los que fueron asesinados tres médicos y otros 12 resultaron heridos. En esta ocasión, tanques israelíes bombardearon los alrededores del hospital, apostándose a unos 30 metros del edificio, según la Agencia EFE. Al Awda es uno de los pocos hospitales que continúan operando en Gaza, donde 24 de los 36 centros hospitalarios están fuera de servicio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y los que siguen ofreciendo servicios lo hacen bajo mínimos.

En 2022, al menos 30 países han sufrido brotes de cólera o de enfermedades semejantes a la misma, aunque no se las nombre como tales, incluso si los expertos suponen que un brote de una enfermedad (a menudo llamada “diarrea acuosa aguda”) es en realidad cólera, según ha informado la organización Médicos Sin Fronteras.

En este sentido, la organización ha detallado que los 30 brotes declarados en 2022 no son fruto de un gran brote que haya afectado a todos estos países. En la mayoría de los países, se deben a condiciones específicas de cada uno de estos lugares y, a algunos de ellos, como Irak, ya han conseguido controlarlos.

Los factores que incrementan el riesgo de que se produzca un brote de cólera son “bien conocidos” y están siempre relacionados con la falta de acceso al agua potable y con el tratamiento inadecuado de las aguas residuales.

Sin embargo, hay ciertos elementos que contribuyen a que estos factores puedan darse como, por ejemplo, crisis políticas y/o militares prolongadas, las cuales pueden provocar una falta de mantenimiento de las infraestructuras de agua potable y/o alcantarillado; o las causas relacionadas con factores climáticos y agravados por la actual emergencia climática.

El cólera es una enfermedad causada por bacterias que infectan los intestinos tras ingerir agua (o alimentos) contaminados. Las bacterias causan diarrea muy grave y, a veces, vómitos. La diarrea puede llegar a ser tan aguda como para provocar que una persona se deshidrate rápidamente y muera en cuestión de horas. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 12 horas y cinco días. Sin embargo, la mayoría de las personas que se contagian permanecen asintomáticas. Y de aquellas que lo desarrollan, la mayoría son casos leves y sólo una minoría serán casos graves.

La diarrea de los enfermos de cólera contiene muchas bacterias del cólera. Si las aguas residuales con bacterias del cólera contaminan de algún modo el agua potable, algo que puede ocurrir con bastante facilidad, los brotes de cólera pueden propagarse con extrema rapidez.

El cólera es fácil de tratar, con rehidratación oral para la mayoría de los pacientes y rehidratación intravenosa para los casos más graves. El acceso al tratamiento precoz es esencial para la supervivencia de estos casos graves. En países en conflicto la atención descentralizada o el traslado de estos pacientes a centros de tratamiento puede estar muy limitada por las situaciones de alta inseguridad para pacientes, equipos sanitarios y ambulancias.

Si se trata a tiempo, más del 99 por ciento de los pacientes sobreviven a la enfermedad y no tienen secuelas. “Proporcionar agua potable limpia y procesar correctamente las aguas residuales son las primeras medidas que tienen que ponerse en marcha para evitar que las personas se contagien. También existe una vacuna contra el cólera que ofrece una buena protección”, ha detallado Médicos Sin Fronteras.

La gestión clínica del cólera es relativamente sencilla y poco costosa y puede ampliarse fácilmente, pero el tratamiento y la prevención del cólera conllevan considerables retos logísticos. La creación de centros de tratamiento del cólera requiere de muchos suministros, al igual que los proyectos de agua y saneamiento.

En lugares inseguros o de difícil acceso, esto supone una enorme limitación. Y el enorme número de brotes que ha habido este año hace que todo resulte más difícil aún. Ya hay escasez de vacunas contra el cólera y hay dificultades para el suministro de otros materiales esenciales, como el líquido para la rehidratación intravenosa.

Además, a veces los Gobiernos no quieren declarar oficialmente los brotes de cólera, a menudo por razones políticas y económicas. Esto hace muy difícil informar adecuadamente a la población sobre cómo puede protegerse e imposibilita el poder llevar a cabo vacunaciones contra el cólera en estos países.

Europa Press.

IG

En el marco de la cumbre del G7, que se celebra del viernes al domingo, el presidente Internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), Christos Christou, reclamó que los Estados miembros del G7 “deben compartir inmediatamente todas las dosis posibles con los países de ingresos bajos y medios”.

A su juicio, deben tomar medidas inmediatas para asignar dosis de vacunas COVID-19 al Mecanismo COVAX, y esto debe hacerse de dos maneras. “En primer lugar, los países del G7 deben abstenerse de recurrir al suministro de COVAX por sí mismos, y en segundo lugar, los países del G7 que han vacunado a más del 20 por ciento de su población deben asignar inmediatamente sus dosis restantes a COVAX”, explica.

Para Christou, son precisamente las acciones de los Gobiernos de dicho grupo, entre otros, “las que han conducido a las graves desigualdades globales que vemos ahora en el acceso a las herramientas médicas del Covid-19, a pesar de que varios de estos líderes declararon desde el principio que dichas herramientas deberían ser tratadas como 'bienes públicos globales'”, lamenta.

En este sentido, recuerda que “mientras varios países del G7 están en camino de volver a la normalidad, habiendo seguido estrategias de inmunidad de grupo antes de compartir dosis con otros estados, la mayoría de los países de ingresos bajos y medios se han quedado con las manos vacías mientras se enfrentan a nuevas olas letales de la enfermedad”. Por ello, insiste en que estos países deben compartir todas las dosis posibles con las naciones de ingresos bajos y medios. “Cada día que pasa es otra oportunidad perdida para proteger a millones de personas en todo el mundo de esta enfermedad mortal”, reitera.

En este sentido, pide la liberación de las patentes de las tecnologías relacionadas con el Covid-19. “Los Gobiernos del G7 deben trabajar urgentemente con otros gobiernos para utilizar todas las opciones políticas disponibles para facilitar y ordenar la transferencia transparente, incondicional, aplicable y completa de las tecnologías de las herramientas médicas del Covid-19, en particular de las vacunas, por parte de las empresas de sus países hacia los fabricantes de todas las regiones del mundo, y especialmente de los países de ingresos bajos y medios, con el fin de garantizar el acceso para todos”, sentencia.

Asimismo, denunció que más de la mitad de los líderes del G7 siga ignorando las demandas de los países de ingresos bajos y medios para ser autosuficientes en la producción y el suministro de medicamentos, vacunas y diagnósticos necesarios para hacer frente a la pandemia. “En lugar de ello, siguen bloqueando decisiones críticas en los foros multilaterales para levantar los monopolios corporativos en la pandemia para facilitar la producción global y la diversificación del suministro, como la propuesta de exención temporal de la propiedad intelectual COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio”.

En esta línea, el presidente Internacional de MSF expresó que “los líderes del G7 deben actuar de forma solidaria”, recordando que “por cada persona vacunada en un país de bajos ingresos, 100 personas han sido vacunadas en los países del G7”.

Por otro lado, ha advertido de que, al trasladar los fabricantes de vacunas su responsabilidad legal a los países en caso de que se produzcan efectos adversos graves, los gobiernos y las organizaciones humanitarias “se han visto en una situación precaria por esta inaceptable transferencia de riesgos”. La carga de dicha responsabilidad, continúa, “no debe recaer sobre las organizaciones que están dispuestas a vacunar y no debe convertirse en un obstáculo para las personas que las necesitan”.

Con información de Europa Press.

IG