La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes, más de tres años y siete millones de muertos después, el fin de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 a nivel global. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tomó en cuenta la recomendación del Comité de Emergencias de entidad y rebajó el máximo nivel de alerta sanitaria, que se decretó el 30 de enero de 2020, un mes después de que se notificasen los primeros casos de coronavirus.

El doctor Tedros, que contó los días desde el inicio de la emergencia (“hace 1221 días, la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan”), había señalado este jueves que “todos queremos pasar página”, pero indicó que este paso “fue considerado con cautela durante mucho tiempo” y que “si hace falta” no tendrá “miedo en volver atrás”. “Lo peor que un país puede hacer es usar esta noticia como excusa para bajar la guardia, para desmantelar su sistema sanitario o para enviar a su población un mensaje de que el Covid-19 no es algo de lo que preocuparse”, adevirtió.

En este sentido, Tedros anunciío la activación de una disposición del Reglamento Sanitario Internacional, “que nunca se había utilizado”, para la creación de un Comité de Revisión que desarrolle recomendaciones permanentes a largo plazo para los países “sobre cómo gestionar el Covid-19 de forma continua”. “Es hora de que los países hagan una transición desde la emergencia a la gestión junto a otras enfermedades infecciosas”, señaló.

Además, recordó que esta fue “mucho más que una crisis sanitaria”: “Provocó un gran impacto económico, borrando billones del PIB, interrumpiendo viajes, comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones de personas en la pobreza. Causó una grave agitación social, con fronteras cerradas, movimientos restringidos, escuelas clausuradas y millones de personas en soledad, aislamiento, ansiedad y depresión”.

Esta decisión llega tras la decimoquinta reunión del Comité de Emergencias de la OMS, celebrada este jueves. Este grupo de expertos, que se reúne cada tres meses, es el que solicitó al máximo responsable de la OMS el paso a un nuevo nivel. El jefe de la International Health Regulations, Didier Houssin, remarcó, no obstante, que “la pandemia no terminó” pero que es el momento de encararla “con nuevas herramientas”.

“Durante más de un año, la pandemia tuvo una tendencia a la baja, con un aumento de la inmunidad de la población a partir de la vacunación y la infección natural y una disminución de la mortalidad y sobre los sistemas de salud. Esta tendencia permitió que la mayoría de los países vuelvan a la vida como la conocíamos antes del Covid-19”, indicó el máximo responsable de la OMS.

Esa vuelta a la normalidad que ya se vive en buena parte del mundo es la que le dio luz verde al Comité de Emergencias de la OMS, para levantar la emergencia internacional por el Covid-19, que se decretó en 2020. En su anterior reunión, el grupo de expertos optó por mantener este nivel de alerta al considerar que el coronavirus seguía siendo una “enfermedad infecciosa peligrosa”. Ocurrió en enero, en un momento en el que el brote asiático tras el levantamiento de las restricciones en China puso en alerta a todo el mundo.

En la última semana de abril la OMS confirmó 630.000 nuevos casos en todo el mundo, frente al 1,3 millones de enero. En este trimestre, también se redujeron los fallecimientos. De 14.000 muertos en aquel momento, hasta las 3.500 de la última semana con datos disponibles.

El Gobierno dispuso, mediante un decreto de necesidad y urgencia, la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 de la emergencia pública en materia sanitaria, dispuesta por la ley 27.541, debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

El DNU 863/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial, faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria y, en sus considerandos, argumenta que todavía hay necesidades de atención especial por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental.

Con la prórroga de la emergencia sanitaria se extiende el régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.

También se dispone la contratación de personal de salud jubilado o retirado, exceptuándolo temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la Administración Pública Nacional; y autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Asimismo, la emergencia sanitaria permite a la cartera de Salud autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aún sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas, teniendo en cuenta la diversidad sanitaria, geográfica, socioeconómica y demográfica de nuestro país, que requiere un abordaje distintivo que contemple las diferentes realidades y permita continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en los diferentes puntos de Argentina.

Además, se autoriza la reasignación de partidas presupuestarias, por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la implementación de las medidas que fueran necesarias bajo esta emergencia.

Según explicó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa, la emergencia sanitaria tiene como objetivo sumar el aporte de profesionales y técnicos de todas las disciplinas en los distintos subsistemas de salud para fortalecer, dar robustez, y poder brindar la atención esencial y necesaria a la población.

El impacto de la pandemia por COVID-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país, recordó la cartera conducida por Carla Vizzotti.

En ese sentido, se remarcó que durante los dos años de pandemia se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles a nivel mundial y se precisó que en Argentina bajó casi el 50% la atención de pacientes ambulatorios y alrededor del 60% cancelaron sus prácticas médicas y diagnósticas.

A eso hay que sumar la tasa de abandono de los tratamientos de personas con diabetes, que se redujo en un porcentaje cercano al 35%, agregó el comunicado.

El Ministerio remarcó que el impacto también se sintió en la salud mental de la población, con el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas y el mal uso y abuso de las tecnologías.

Las consecuencias que produjo la pandemia obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud, subrayó.

Y agregó que este cambio en el modelo de atención, gestión y financiamiento requiere un esfuerzo adicional para desarrollar y fortalecer redes integradas de servicios, con especial énfasis en la prevención y promoción de la salud de la población, la estrategia nacional de salud digital, el desarrollo de sistemas de información adecuados y la incorporación de nuevas tecnologías. En todos estos casos se requiere de recursos humanos calificados y suficientes para su implementación.

DA

El Gobierno nacional prorrogó hoy hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia sanitaria dictada desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el país, en marzo del 2020.

Así lo determinó por medio del decreto 867/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y todos los ministros del gabinete nacional.

Por medio de la prórroga de la emergencia sanitaria, el Gobierno podrá “disponer las recomendaciones y medidas a adoptar a fin de mitigar el impacto sanitario de la pandemia por Covid-19, según el contexto epidemiológico, sanitario y de avance de la campaña de vacunación”.

La prórroga se adopta en un contexto de suba de casos de coronavirus en el país, especialmente en algunos distritos del país como Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran en riesgo epidemiológico alto; lo que implica un elevado riesgo de contagio de coronavirus.

Asimismo, se adopta en medio de la propagación en el mundo de la nueva variante ómicron, considerada de preocupación por su alto riesgo de contagio, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A nivel nacional, los casos reportados crecieron 86% en la última semana y, según los datos de ayer, otras 15 personas murieron y 13.456 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.979 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.428.957 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio de Salud.

El decreto publicado hoy establece que “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias”.

“Las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al Ministerio de Salud de la Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - Covid19”, agrega la norma.

En los considerandos se habla de la detección de “variantes del virus SARS-CoV-2 consideradas de preocupación (Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron) en diversos países, afectando a diversos continentes” y se precisa que “a excepción de Sudamérica, la variante Delta circula de manera predominante en el resto de las regiones del mundo”.

Asimismo recuerda que el 25 de noviembre de 2021 la OMS declaró a la nueva variante del coronavirus B.1.1.529 denominada ómicron como “variante de preocupación en todo el mundo por el alto riesgo de contagio”.

“Por estas razones, es preciso prorrogar y mantener las medidas sociales y de salud pública de eficacia para reducir el riesgo de contraer Covid-19”, dice el decreto y concluye que “en la situación actual, resulta necesario prorrogar nuevamente la emergencia sanitaria” en el país.

NB con información de agencia Télam.

Alberto Fernández definirá en estas horas la firma del DNU Covid-19. Casi resignado a que no avance la ley que envió al Congreso para establecer un marco general de restricciones, a partir de un semáforo epidemiológico, el presidente analiza de cuándo será la extensión del nuevo DNU y evalúa una serie de aperturas que en el gobierno describen como “leves”.

Luego del aislamiento en Olivos por su viaje a Perú, Fernández retomó este jueves a media mañana la actividad en Casa Rosada. Entre otros asuntos debe resolver cómo será la extensión del DNU que vence este viernes. El primer dato que aparece en la mesa de arena del gobierno es el plazo: la última prórroga fue de un mes, y las anteriores variaron según el contexto entre dos y tres semanas.

En el Gobierno proyectan que la variante Delta se hará presente, con circulación comunitaria alta en el país, para fines de agosto principios de septiembre. Las fuentes oficiales plantean que la llegada de esa variante es inevitable, que logró ralentizarse con controles fronterizos y que su despliegue podría ser el causante de una tercera ola. Por eso, el Gobierno nacional en conjunto con CABA y provincia de Buenos Aires, lanzaron el miércoles el esquema de vacunación combinada.

Se definió, sobre el mismo criterio, que agosto será el mes de las segundas dosis para reforzar la inmunidad sobre todo en los grupos más vulnerables. Y, frente al faltante de componente 2 de la Sputnik V, desde este jueves se aceleró la combinación de vacunas, los llamados esquemas heterólogos, como una medida de cubrir esa falencia de la vacuna del Instituto Gamaleya pero, también, para poner en marcha un proceso que se va a sistematizar.

En Casa Rosada anticipan que el DNU podría ser por 15 días, frente a la expectativa que hay con la llegada de la Delta. Este jueves se confirmaron en provincia de Buenos Aires otros cinco casos de Delta pero sigue siendo, según lo detectado, de viajeros o de contactos estrechos de viajero. Es decir: todavía no está certificada la circulación local, al que si se registró en CABA.

Frente a la incertidumbre que genera esa variante, una alternativa en estudio es fijar un plazo de dos semanas para volver, en quince días a hacer un análisis de la situación epidemiológica, y definir si es necesario avanzar, o no, con algunas restricciones. Por ahora, fuentes oficiales plantean que la extensión incluirá algunas aperturas leves, en particular en sectores de la economía, y una nueva flexibilización, como se registró en estas semanas, para el regreso de los argentinos que viajaron al exterior y todavía no pudieron regresar luego de que se redujo de 2000 a 600 la cantidad de pasajeros permitidos por día.

El equipo de Carla Vizzotti de Salud y el de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano, trabajan sobre propuestas y escenarios que serán evaluadas en Casa Rosada.

La extensión, de 15 o 30 días, supone un nuevo alerta sobre lo que pueda ocurrir con la Delta y si su avance, que cuesta predecir, requiere en algún momento que el gobierno recurra al “botón rojo” para disponer nuevas restricciones, ya sean comerciales y económicas, o escolares luego de que con la segunda etapa del año se retomó la presencialidad escolar.

“La curva de casos sigue en baja pero empezó a detenerse esa baja. Hay que ver si eso anticipa un rebote o se mantiene plano”, confió a elDiarioAR una fuente oficial que sigue el detalle de la estadística de Covid-19

El otro elemento, accesorio pero relevante desde lo operativo, tiene que ver con las elecciones. Dentro de cinco semanas, el domingo 12 de septiembre, serán las PASO, fecha que también aparece como un mojón que no solo podría impactar respecto al nivel de asistencia a votar sino en el humor social. De ahí que también esté en análisis si se extiende por más o menos tiempo el DNU que vence este viernes.

El Senado aprobó este jueves tres decretos de necesidad y urgencia que establecen un marco regulatorio para la vacunación contra la Covid-19 y extienden la emergencia sanitaria y las medidas de contención para mitigar la propagación del virus en el país.

Se trata de los DNU 431, referido al Plan Nacional de Vacunación; el 167, emitido el 11 de marzo de 2021, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre; y el 411, del 25 de junio de 2021, que prorroga medidas de contención para mitigar la propagación del virus.

El decreto 431/21 fue avalado por 60 votos a favor; uno en contra, de la santacruceña María Belén Tapia (UCR); y una abstención, de la mendocina Pamela Verasay (UCR).

El DNU sobre la Ley de Vacunas fue defendido la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Tras la exposición, el Frente de Todos firmó el dictamen de mayoría.

Días después de su publicación en el Boletín Oficial, Argentina arribó a un contrato con Moderna por 20 millones de dosis que llegarán al país en el primer trimestre de 2022.

En el debate, el senador Mariano Recalde, del Frente de Todos, sostuvo que “estamos en un momento sumamente triste, doloroso, en nuestro país hemos superado la cifra de 100 mil fallecidos”. En ese sentido, adhirió al duelo decretado por el Poder Ejecutivo y manifestó su “homenaje y profundo agradecimiento a los trabajadores de la salud, a los médicos, enfermeros y todos los que están en la primera línea de fuego”, consigna Parlamentario.com.

Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), se refirió a los argentinos varados en el exterior y dijo que desde el Gobierno “instalan esta idea estigmatizante de que cualquier argentino que viaja al exterior es un contagiador serial”, lo cual refleja que durante este tiempo de pandemia “no aprendimos nada. En este caso el Gobierno se equivoca y mal”, reflexionó.

Asimismo, el dirigente de origen radical aclaró que el interbloque iba a acompañar el DNU 431/21, desde “una mirada del interés colectivo de la sociedad” porque “hoy la esperanza de la sociedad está puesta en la vacuna”, y aspiran a que “las vacunas, sin estigmatizaciones o miradas ideológicas, lleguen”.

Por otra parte, el senador Mario Pais (Frente de Todos) aseveró que la modificación de la Ley de Vacunas “es compleja y era necesaria”, y este decreto “facilita la contratación de más vacunas para seguir avanzando y que Argentina sea uno de los países del continente con mayor índice de vacunación”.

“El Estado Nacional no puede afectar ninguna regalía, ni ningún impuesto, ni bien de las provincias”, aclaró el chubutense, que agregó: “No tenemos la potestad para confiscar regalías provinciales y tampoco lo estamos haciendo con esta modificación”.

Además, en la sesión de este jueves, fueron ratificados por el oficialismo los DNU 167/21, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, y el 411/21, por el cual se prorrogaron medidas restrictivas hasta el 9 de julio. La votación de ambos resultó con 39 votos positivos y 23 negativos.

Con información de agencias y Parlamentario.

IG

El oficialismo logró emitir dictamen este jueves en la Cámara de Diputados del proyecto de “Emergencia Covid” elaborado por el Poder Ejecutivo, que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El proyecto no llegará en las próximas horas a la Cámara, ya que la oposición no dará quórum para tratar el proyecto. El Gobierno deberá apelar a un nuevo DNU para establecer las restricciones que regirán a partir del vencimiento de la última norma, que es este viernes.

En un plenario de comisiones, los diputados del Frente de Todos (FdT) ratificaron el apoyo a la propuesta del Gobierno de Alberto Fernández, mientras que los bloques opositores de Juntos por el Cambio (JxC) y Consenso Federal emitieron dictámenes propios de rechazo a la norma por considerar que tiene “falencias constitucionales”.

El dictamen de mayoría tuvo 36 votos, correspondientes al Frente de Todos y al diputado Eduardo “Bali” Bucca, que firmó en disidencia parcial. En tanto, el dictamen de minoría tuvo 32 firmas, las de los representantes de Juntos por el Cambio y Beatriz Avila, mientras que la legisladora Graciela Camaño (Consenso Federal) anticipó la presentación de otro dictamen.

El oficialismo, con la certeza de que el proyecto no se convertirá en ley, al menos en las próximas horas, ya trabaja en un nuevo decreto para establecer cómo serán las restricciones a partir del fin de semana.

El debate

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública comenzó por la mañana con el objetivo de emitir despacho sobre el proyecto que contempla medidas sanitarias generales que se podrán aplicar en todo el país hasta fin de este año.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin, afirmó minutos antes de la reunión que el oficialismo cuenta con mayoría para dictaminar y evaluaba si se lo podía incluir en el temario de esta tarde antes de que venza este viernes el último decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno nacional.

Según fuentes gubernamentales, ante la posibilidad de que no sea incluido en la sesión por falta de consenso (la oposición no dará quórum), el Gobierno evalúa emitir un nuevo decreto -que estaría vigente a partir del sábado 12- y que repetiría el esquema actual de “semáforo” epidemiológico para limitar la circulación de personas en las jurisdicciones más complicadas por los contagios.

Los oradores

El diputado Pablo Yedlin explicó, al abrir el plenario como primer orador, que la iniciativa “es virtuosa” ya que con ella el Poder Ejecutivo “busca definir un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria”.

A su turno, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) llamó a la oposición a “dejar de mentirle a la gente” y a “dejar de hablar de superpoderes cuando de lo único que se tratar es de brindar herramientas para cuidar a la gente”. “Hablan de republicanismo y de la división de poderes de la boca para afuera porque cuando tuvieron que nombrar jueces por decreto no les tembló el pulso”, exclamó.

Desde la oposición, el diputado radical Gustavo Menna consideró que el proyecto “pretende legalizar dos decretos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema” en relación a una presentación del Gobierno porteño contra la suspensión de clases presenciales.

En tanto, la diputada del bloque de Consenso Federal, Graciela Camaño, anticipó el voto negativo de su espacio por considerar que la propuesta “tiene falencias constitucionales”, subrayó que no se pueden aprobar “proyectos que confrontan con nuestra Constitución” y aseveró que los gobiernos deben “aferrarse a ella en tiempos de calma pero más aún en tiempos de pandemia”.

“La Nación es mucho más importante que el gobierno de la Ciudad. No puede la autoridad nacional transgredir la autoridad local aún en situación de pandemia”, sostuvo.

Asimismo, el diputado de PRO, Pablo Tonelli, consideró que la norma “no tiene un fin útil ni un verdadero propósito que ayude a combatir la pandemia” y señaló que el artículo 4 “es una delegación amplísima y limitada que se le hace al Poder Ejecutivo” ya que lo “faculta a hacer lo que quiera cuando quiera y donde quiera”.

Puntos salientes del proyecto

La iniciativa que se busca aprobar reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.

Entre otras cuestiones, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria” que se aplicarán en todo el país.

El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y las restringe en aquellas zonas en “situación de alarma”.

En las urbanizaciones con “alarma epidemiológica y sanitaria” se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.

También se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

Asimismo, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.

Con información de agencias.

IG