El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza del proyecto de ley ómnibus que se debatió en el plenario de comisiones de la Cámara Baja contó con el apoyo de 55 diputados nacionales, entre ellos, los del peronista tucumano Agustín “Tín” Fernández, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, y de su par cordobés Ignacio García Aresca, de estrecha confianza del jefe provincial Martín Llaryora. El resultado generó una avalancha de especulaciones acerca de si es posible que cuando el debate por el proyecto se trate en sesión, que sería el próximo martes 30, la iniciativa del Gobierno nacional podría contar con más apoyos de parlamentarios del peronismo y cercanos. 

El voto de Fernández fue inesperado, aunque se sabía que el gobernador Jaldo había reunido en dos ocasiones a los diputados tucumanos –Carlos Cisneros no estuvo en ambas ocasiones– y les había solicitado que lo acompañen en las gestiones que estaba realizando con funcionarios del Gabinete nacional para modificar artículos que afectaban a actividades económicas claves de la economía tucumana, como la producción de azucarera, bioetanol derivado de caña de azúcar y la exportación de limón fresco y sus derivados. Luego de esos encuentros en la Casa de Gobierno, Cisneros y su par Pablo Yedlin se expresaron en público en contra del mega DNU y del proyecto de ley ´ómnibus. El resto, silencio. En principio, tras las gestiones de Jaldo y otros gobernadores, se eliminó del proyecto oficial la derogación de la ley que impide el ingreso de azúcar importada y también que retornen a cero, como estaban durante los últimos meses del gobierno del expresidente Alberto Fernández, las retenciones para la exportación de limón y sus derivados. En relación al bioetanol, los industriales no están conformes con la morigeración del artículo que afecta al sector.

Un posible quiebre del bloque de parlamentarios tucumanos tomó cuerpo cuando el gobernador Jaldo fue el único mandatario peronista que faltó a una cumbre que organizó en la Casa de Buenos Aires el jefe provincial Axel Kicillof, la semana pasada. Las dudas se acrecentaron este último martes cuando viajó Jaldo a la Capital Federal y antes de partir señaló en conferencia de prensa: “Cuando la Patria está en peligro hay que sacarse las diferencias partidarias y personales de encima, yo me las saqué”. La firma de Fernández al dictamen de mayoría confirmó lo que se suponía. Unas horas más tarde, el propio Fernández junto a sus pares tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández presentaron al presidente de la Cámara Baja una nota en la que anunciaron su separación del bloque de Unión por la Patria y la formación de uno propio, denominado “Independencia”. De sello jaldista, se prevé que los tres voten en general a favor del proyecto de ley ómnibus, con su consecuente repercusión en la interna del peronismo tucumano.

La diputada Medina es esposa del ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, exintendente de la ciudad de Banda del Río Salí, de estrecha confianza de Jaldo, por lo que se descuenta su alineamiento con las decisiones del mandatario tucumano. En el caso de su par Fernández, sorprendió su pase al bloque jaldista, por tratarse de la esposa del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien fue una de las espadas más importantes del senador nacional Juan Manzur, también exgobernador, cuando se enfrentó en una interna con Jaldo, en 2021. “Votaré en contra, en general, del proyecto de Ley Ómnibus. Y en particular, voy a defender las cosas importantes para mi provincia”, anticipó a elDiarioAR el diputado Yedlin. Se mostró en desacuerdo con el apoyo de Fernández a la iniciativa oficial.

elDiarioAr consultó sobre el origen de la conformación del bloque Independencia al ministro del Interior tucumano, Darío Monteros. “Es una cuestión institucional para defender los intereses de Tucumán, frente a algunas diferencias que había con Unión por la Patria. No son diferencias ideológicas porque el peronismo es mucho más que UxP, que es también un sello institucional”, manifestó. “El apoyo de las diputadas demuestra, además, que están en un todo de acuerdo con Fernández y por eso actuarán juntos de aquí en adelante”, agregó. Indicó que el cisma tampoco implica que los tres votos estarán garantizados para el oficialismo nacional cuando se sesione. “El gobernador Jaldo está dialogando y por ahora nuestro gobierno entiende como un avance que se hayan retrotraído las decisiones que afectaban a la citriculta y a la producción azucarera. Y sobre el bioetanol, continúan las negociaciones”, dijo. Le bajó el tono a la posibilidad de que la existencia del nuevo bloque reavive la interna entre Jaldo y el senador Manzur. “Para nada, no vemos ninguna posibilidad”, sentenció.

Una cosa será que el oficialismo logre los apoyos necesarios en Diputados para su proyecto de ley, lo que no se descarta, pero la instancia más difícil estará en el Senado. Si el senador Manzur votara en contra podría ser el inicio de una nueva instancia de la interna con Jaldo, la que nunca cerró del todo pero sí tuvo una pausa durante las elecciones provinciales. “Osvaldo (Jaldo) hace lo que tiene que hacer, armó ‘rancho aparte’ porque tiene gobernar y tomar decisiones para la mayoría de los tucumanos. No le interesa la interna”, reflexionó a este medio un hombre de su cercanía. Desde la vereda del frente, un operador manzurista agregó: “Si Juan vota en contra, lo que se descarta, se convertirá en el jefe de la oposición al gobierno nacional en Tucumán”. Se verá.

Cordobesismo

El voto del cordobés Ignacio García Aresca, del bloque Hacemos Coalición Federal, estaba cantado. De todos modos, esto supuso que este bloque tampoco votó con unanimidad de criterio. Las últimas declaraciones del gobernador Llaryora indicaban que estaba a favor de su apoyo en general del proyecto oficial pero los diputados cuestionarían el tratamiento en particular, artículo por artículo. La firma de García Aresca convalidó esta posición. Las gestiones del mandatario cordobés hicieron posible que se amortigûen algunos artículos que afectaban a producciones regionales, como el bioetanol en base a maíz, pero nada garantizan la postura del bloque cordobesista al momento de la sesión.

DC/MG

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomará este miércoles, a las 12, el debate del proyecto de ley de formación y desarrollo de la enfermería, elaborado por el presidente de ese cuerpo de trabajo legislativo, Pablo Yedlin.

La comisión continuará así con el trabajo que inició en junio pasado, cuando en forma virtual recibió los testimonios de profesionales de la educación y del ámbito sanitario.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales y fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua.

De acuerdo con el proyecto, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

Establece, además, el derecho de enfermeras/os a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión.

Asimismo, busca dar carácter de Ley al PRONAFE en la órbita del Ministerio de Educación, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, y se promoverá el acompañamiento en la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente integran el sistema de salud, tanto público como privado, para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas.

También contempla el otorgamiento de incentivos y aportes económicos a la formación mediante becas y la provisión de instrumentos y equipamiento para la capacitación en enfermería, entre otras herramientas.

Acerca del PRONAFE

El Programa Nacional de Formación para Enfermería es una política pública instrumentada desde el INET. Trabaja en distintas líneas de desarrollo: fortalecimiento institucional; formación docente; acompañamiento mediante becas, estímulos y material didáctico y profesional para estudiantes de enfermería; e incorporación de la simulación clínica como modelo didáctico.

A través de este programa, se destinan recursos humanos y técnicos para trabajar con los equipos de salud en todo el país.

Entre sus acciones, se incluyen la adjudicación de Becas Progresar-Enfermería; la entrega de mochilas técnicas con instrumental para estudiantes; la entrega de kits de simulación clínica a instituciones; la capacitación en el Centro Nacional se Simulación Clínica (CeNSiCE); la capacitación virtual a docentes; la habilitación de prácticas profesionalizantes simuladas para estudiantes.

Durante la pandemia, el PRONAFE se puso en marcha el plan de capacitación a formadores para llevar un taller de habilidades clínicas frente a casos sospechosos o confirmados COVID-19 en distintos lugares de salud, se creó el Centro de Recursos didácticos PRONAFE con material para docentes y estudiantes, y una aplicación didáctica que permite el aprendizaje de contenidos esenciales de la carrera.

El proyecto completo

Con información de agencias.

IG

Pablo Yedlin, diputado por Tucumán y “mano derecha” del flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, cuestionó este sábado en redes sociales la decisión de Estados Unidos y la Unión Europea de no permitir el ingreso de extranjeros vacunados con vacunas que no estén autorizadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) o la EMA (Agencia Europea de Medicamentos).

En un hilo de Twitter, señaló que la decisión es “absolutamente ridícula”. “Estas vacunas (la @sputnikvaccine, por ejemplo) han demostrado con creces ser tan eficaces y efectivas como las autorizadas, pero no han superado algunos estándares de calidad de fabricación exigidos por ellos”.

El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y candidato a senador por el Frente de Todos añadió: “Gran parte del mundo más pobre no tiene esas alternativas y ha usado y usará las mejores vacunas que disponga, siempre sopesando riesgo beneficio. Tenemos que sumar este capítulo a la inequidad que la pandemia agravó”.

“Fue claro que el acceso a las vacunas contra Covid19 dependió de la capacidad de pago y de negociación geopolítica mas que de lógica de riesgo. MUCHAS muertes se hubieran evitado en un mundo más equitativo”, afirmó.

También se refirió al mecanismo Covax, a través del cual se distribuyen vacunas a países con menos recursos, como “fracaso” de la Organización Mundial de la Salud, “que se suma a una serie casi interminable de graves errores (”no barbijos“, ”contagio no por aerosoles“, ”no contagio por asintomáticos“ entre otros)”.

“Ahora no debería sumar complicidad al acompañar estas normas de impedir la circulación de viajeros vacunados con vacunas efectivas pero no autorizadas por agencias de evaluación locales”.

“Si un país autoriza a su población a vacunarse con determinada vacuna evaluando los riesgos y beneficios, su población vacunada no debería ser excluida de otro país en donde han optado por otra vacuna. Las diferencias entre ambas NO son en EFECTIVIDAD. Peor viniendo de países en donde las vacunas NO son obligatorias para sus residentes y con grupos ANTIVACUNAS importantes que niegan vacunarse”, subrayó el diputado. “Su cobertura debería ser la preocupación de ellos y no qué marca o país de origen tiene la vacuna de los que quieren visitarlos”.

CRM

El titular de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin (Frente de Todos), aseguró este miércoles que “nadie está intentando cerrar el sector privado” de salud y que lo que se buscaría con la iniciativa expresada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de integración del sistema sanitario es “no gastar de más”.

“La idea es no gastar de más. Nadie ha querido desfinanciar a los privados, ni ponerlos de rodillas, ni ese es el objetivo”, dijo Yedlin en una entrevista con radio Nacional.

Agregó que “el sistema de salud viene pidiendo por una integración hace muchos años y es momento de no dejar de trabajar por un sistema más integrado, para que la salud sea de mejor calidad y más equitativa”.

De esta forma, el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Salud de la cámara baja respondió los cuestionamientos del presidente de la Unión de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt, a la iniciativa de la Vicepresidenta.

“El sistema es mixto y seguirá siendo. Nadie sobra en el sistema, y el desafío es ver cómo hacerlo eficiente y sustentable”, sostuvo el diputado, que aclaró que esta integración “ya existe” en la práctica.

“Esta integración ya existe. Hay convenios públicos-privados y se puede mejorar, se puede integrar para que no pase como pasó en la pandemia, que muchas de estas integraciones fueron a las patadas”, afirmó.

Yedlin describió el sistema de salud y explicó que si se tiene en cuenta a “los efectores es público y privado”, pero que el financiamiento proviene “del Estado”, en cuanto a “los aportes y las contribuciones a las obras sociales y los seguros privados o prepagas”.

“Esta división se subdivide en un sistema nacional, provincial y municipal, y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud”, dijo y completó: “Hay un abanico que genera la necesidad imperiosa de integrar”.

El legislador citó como ejemplo “una provincia muy desarrollada con una práctica en el sector privado” y dijo que en ese caso “no es necesario que la desarrolle el sector público”.

Contrapuso con el caso de que “el sector público de una provincia tiene desarrollada la cobertura de cardiopatías”, y dijo que ahí “no es necesario el desarrollo del privado”.

En ese marco, estimó necesario analizar como se “regulan” estas situaciones en el sistema de salud y dijo que “no es tema de ver cómo lo pago o no puedo pagar como en Estados Unidos”, porque en Argentina la salud “es un derecho”.

El legislador aclaró que en el sistema de salud “nadie sobra” y que “la mitad de las camas de atención son del sector privado”, y dejó claro que “nadie está intentando cerrar el sector privado, como dice el señor Belocopitt”.

En otro orden indicó que si el sistema de salud “se basara sólo en la seguridad social sería inviable, porque tenemos gran parte de la fuerza laboral precarizada y mucha gente sin trabajo”.

También explicó que se generó “una gran dispersión de obras sociales, que en muchos casos se hacen inviables” y sostuvo que es necesaria “una revisión profunda” del sistema.

Con información de agencias.

IG