El ex ministro de Economía y ex candidato a la presidencia por Unión por la Patria Sergio Massa se sumará a trabajar a Greylock Capital Management, un fondo de inversiones estadounidense que tuvo un rol activo en la reestructuración de la deuda privada liderada  por Martín Guzmán en 2020. 

La información fue confirmada por tres fuentes a la agencia estadounidense REDD Intelligence, que detalló que Massa no se ocupará de los temas argentinos en su nuevo espacio de trabajo y que al menos una de las personas que integraba su equipo de gestión también se sumará al fondo. En principio, tiene contrato por dos años. 

Los directores de Greylock Capital han participado en más de 50 negociaciones de comités de acreedores y transacciones de gestión de pasivos en más de 30 países, incluidos varios en Argentina, detalla la firma en su sitio web. El fondo tiene su sede en Nueva York e invierte en mercados emergentes. 

Hans Humes, jefe de Greylock Capital, fue uno de los acreedores más colaborativos para cerrar el acuerdo de reestructuración de la deuda privada de US$66.100 millones que gestionó Martín Guzmán en agosto de 2020. A tal punto, que esa firma se apartó de comités de acreedores que sostenían una postura agresiva y denunció su obstruccionismo. Con el correr del tiempo, el acuerdo de Guzmán fue calificado por Massa como “pésimo”, porque había sido —según dijo meses atrás— “el único canje de la historia económica mundial en el que, al día siguiente que se terminó, cayó el valor de los bonos en lugar de subir”.

Humes ya había mostrado su interés por Massa durante la campaña electoral, que terminó con la derrota del peronismo en el balotaje frente a Javier Milei. Una victoria de Massa “es una especie de escenario ideal”, había dicho el inversor a la agencia Bloomberg. “Debería haber mucha más confianza en el mercado en torno a Massa. Creo que la gente verá que este tipo es competente y un par de buenas manos”, declaró. 

Massa seguirá trabajando en la arena política argentina, pero con un perfil bajo, según informó REDD en un despacho firmado por Sebastián Lacunza en Buenos Aires y Steven Bodzin en Nueva York. 

En pocos días se reunirá con legisladores e intendentes del Frente Renovador y en marzo presentará oficialmente su Fundación Encuentro, que reúne a ex funcionarios que trabajaron con él durante su mandato en el Ministerio de Economía como Gabriel Rubinstein, Lisandro Cleri, Eduardo Setti y Guillermo Michel. Además, según informó Infobae, trabaja en un libro que será editado por el sello Planeta y que podría titularse “Por sí o por no”. 

MT

El gobierno de Alberto Fernández solicitó a la Justicia de Estados Unidos pagar el monto mínimo de resarcimiento calculado para la estatización de la petrolera YPF, ordenada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asciende a US$4.920 millones. La presentación, paso obligado en el trámite que sigue en la causa, implica que, al menos hasta el momento, ese será el mínimo que el país deberá pagar a los fondos de inversión que demandaron al país. Argentina debe luego apelar la sentencia, informaron fuentes odiciales a elDiarioAR.

La jueza Loretta Preska, quien ya falló en contra del país y a favor de los demandantes, debe definir el monto de los resarcimientos que deberá afrontar Argentina y que reclaman los fondos Burford y Eton Park, que, según estimaciones, puede variar entre US$4.920 y US$16.000 millones. Así consta en un escrito presentado este miércoles en Nueva York.

La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.

Los fondos Burford y Eton Park nunca fueron dueños de acciones de YPF cuando la petrolera era propiedad de la empresa española Repsol, denunciada penalmente por el presunto vaciamiento de la petrolera. La causa continúa abierta en el juzgado federal de Ariel Lijo. La denuncia fue iniciada por la dirigente opositora Elisa Carrió en 2012, poco antes de la estatización, e incluye la sospecha de presunta complicidad o negligencia del Ejecutivo en el vaciamiento o la falta de control a Repsol.

Sin embargo, son quienes demandan a Argentina por la estatización de la compañía porque compraron el juicio iniciado previamente por la socia minoritaria de Repsol en YPF: el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueños del Banco de la provincia de Santa Cruz y entonces muy cercanos a la familia Kirchner.

Los Petersen tenían alrededor del 25% de YPF durante su última etapa privada de la petrolera e iniciaron el juicio en Nueva York -donde suelen litigar cuestiones entre Argentina y empresas extranjeras que operan en el país, de acuerdo a los contratos firmados- contra Argentina cuando su porcentaje accionario también pasó a manos del Estado argentino. Luego de iniciada la demanda, vendieron el juicio a los fondos de inversión Burford y Eton Park, definidos por el oficialismo como “fondos buitres”.

Para determinar el monto a pagar, la jueza estadounidense analizará los escritos que presenten las partes, entre ellos el presentado por el bufete jurídico que patrocina a la Argentina: Sullivan & Cromwell LLT, en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización, explicó la agencia estatal Télam.

El Gobierno también podrá apelar la sentencia de la jueza estadounidense. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a elDiarioAR que el país apelará la sentencia, pero afirmaron que primero debe fijarse el monto de la demanda.

En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

La contraparte, el Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

Los argumentos

El 31 de marzo pasado la magistrada falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo, señalaron las fuentes.

En el escrito, que fue difundido este martes por fuentes oficiales, se hace hincapié en la fecha del traspaso del control de la compañía petrolera como eje central de la argumentación.

La Argentina plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”.

Los abogados de Argentina consideran que “los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina”.

Los patrocinantes del Estado argentino pusieron énfasis en que “los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo”.

En la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”. 

Con información de Télam.

ED

A horas de anunciar las medidas que obligan a los organismos públicos a liquidar bonos para estabilizar los dólares financieros y calmar la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió desde poco antes de las 9 con ejecutivos de bancos, fondos comunes de inversión y compañías de seguros con el fin de detallar las últimas decisiones de su cartera.

En el desayuno, convocado en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía, Massa fue acompañado por los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Finanzas, Eduardo Setti; el jefe de gabinete de asesores, Leonardo Madcur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular del INDEC, Marco Lavagna, entre otros.

Entre los banqueros, participaron el presidente de Banco Macro Jorge Pablo Brito; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario; el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Francisco Gismondi; el presidente de Banco Santander Alejandro Butti; Pablo León, gerente financiero de Banco Galicia; la CFO de BBVA Argentina Carmen Morillo; el presidente de la cámara de Fondos Comunes de Inversión Valentín Galardi; el presidente del Credicoop Carlos Heller; el titular de Bolsas y Mercados de la Argentina (Byma) Ernesto Allaria; el presidente de la Bolsa porteña Adelmo Gabbi; el CEO de Balanz Julio Merlini; el director de PPI Miguel Canale; el vice de Allaria Ledesma Juan Politi y Roberto Olson, presidente del Mercado Abierto Electrónico, además de representantes de las cámaras empresarias del sector, junto con otros directivos de entidades vinculadas a fondos de inversión y seguros.

Además de la liquidación de bonos, estuvieron sobre la mesa la caída de las reservas, los dólares financieros y el blue en alza, las metas del acuerdo con el FMI, la inflación fuera de control y la crisis bancaria global de los últimos días.

Es la segunda vez que se reúne el gobierno con estos grupos en lo que va de marzo, luego del encuentro que llevaron a cabo en ocasión del canje de deuda de principios de mes.

El encuentro se dio en medio de una situación financiera compleja, donde el BCRA sigue perdiendo reservas y lleva vendidos US$ 1.238 millones en lo que va de marzo. El impacto de la sequía ya hizo reformular las metas con el FMI al respecto.

En tanto que los dólares financieros suman presión y el blue este martes avanzó $8 y cerró en $394. La salida y desarme de fondos comunes de inversión registrados en las últimas horas, también suman incertidumbre en el panorama.

Por otra parte, el resultado fiscal de febrero informado este martes por la noche, sumó un déficit de $228.000 millones alcanzando un rojo de $432.000 millones para el primer bimestre.  Esto agota prácticamente el tope acordado con el FMI de meta de déficit fiscal. En dos meses se habría cumplido el 98% del déficit de 1,9% del PBI permitido. Y falta marzo, donde las previsiones de la sequía no dan datos alentadores por el lado de la recaudación, y por más que se avance con la racionalización de gastos y se disminuyan en términos reales, no alcanza a compensar la baja de ingresos por la menor liquidación del campo.

Versiones en el mercado hablaban antes de la reunión y del anuncio de las nuevas medidas de un desayuno “para explorar condiciones con las que atraer a estos actores a tener una mayor exposición a la deuda pública para lograr, no solo rollear los vencimientos, sino conseguir financiamiento neto que ayude a financiar el déficit y no tener que echar mano a los adelantos transitorios del Central, algo que hasta ahora no ocurrió este año y que en tal caso, también esta topeado por la meta acordada con el FMI de 0,6% del PBI, unos $160.000 millones”.

Reacciones post reunión

El sector bancario y las entidades financieras se mostraron optimistas ante la propuesta de canje de deuda de títulos del sector público nacional que lanzó el Ministerio de Economía, cuyo objetivo es asegurarse herramientas financieras para operar sobre las cotizaciones de dólares bursátiles en momento en que se esperan mayores tensiones cambiarias por la caída de ingresos a causa de la magra cosecha.

El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabi, sostuvo que “va a ser positivo” porque consideró que de esta forma “habrá más oferta que demanda”.

“Los precios de los mercados generan precios por expectativas. Cuando hay una expectativa de un vendedor grande es razonable que se achique la expectativa o trate de pagar menos. Eso se va a ir regularizando enseguida”, explicó Gabbi, al tiempo que descartó una pérdida de valor del FGS, el cual “siempre ha sido muy bien manejado”.

La operación obliga a organismos del sector público a vender sus tenencias en bonos en dólares a cambio de instrumentos en pesos con mayores plazos de vencimiento. La publicación del Decreto correspondiente se postergó para mañana.

De esta forma, el Banco Central tomará esos bonos y los volcará en el mercado en forma progresiva para intentar manejar los valores del dólar MEP y del Contado con Liquidación.

El Ministerio de Economía pretende contar con estos instrumentos en las próximas semanas cuando se haga mucho más notoria la escasez de divisas dado que disminuirá considerablemente la liquidación de la cosecha de soja a consecuencia de la sequía.

“El objetivo es estabilizar la situación financiera y estas medidas pueden llevar calma. Lo veo positivo”, fue el comentario de Juan Politi de Allaria Ledesma, respaldando la medida adoptada por el Gobierno.

Por su parte, Sebastián Negri, titular de la CNV sostuvo que “es una nueva oportunidad para ordenar los dólares financieros que es un mercado que la gente observa con mucho detenimiento”.

En tanto el consultor financiero Javier Timerman, remarcó la concurrencia de representantes del sector bancario a la reunión con Massa. Además, indicó que la medida anunciada “ordena toda la deuda sector público y se empiezan a retirar del mercado globales”.

Con información de NA.

IG

Después de que Juntos por el Cambio emitiera el lunes de la semana pasada un comunicado advirtiendo que el Gobierno está dejando una “bomba” con la creciente deuda de corto plazo en pesos, las cotizaciones de los títulos apuntados casi ni se inmutaron y los retiros de los fondos comunes de inversión (FCI) que apuestan por ellos resultaron ínfimos. Entre el martes 7 y el jueves 9 de febrero, los rescates de fondos de renta rija y los T+1, que son los que invierten en estas letras, alcanzaron los $ 20.000 millones, apenas el 0,6% del total de más de $ 3 billones que acumulan. Incluso el viernes 10 ya se registraron suscripciones de estos FCI, según fuentes del mercado.

¿Por qué la alerta de los líderes políticos de JxC no condujo al pánico de las empresas y los individuos que invierten en fondos? Entre los inversores recuerdan que la desconfianza en la deuda de corto plazo en pesos había comenzado en junio de 2022, cuando advirtieron que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había tomado suficiente y cuando comenzaron a circular rumores de que economistas del PRO, como Hernán Lacunza, Luciano Laspina y Luis Caputo, advertían supuestamente en reuniones privadas con actores del mercado que un próximo gobierno no iba a poder saldar estos pasivos. “Lo sorpresivo sería que no le temieran a las elecciones de 2023”, explica uno de los operadores más reputados. Por eso, los vencimientos de los bonos se acumulan hasta julio, antes de las elecciones primarias de agosto y conocerse qué precandidato quedará mejor posicionado para llegar a la Casa Rosada. Tanto en 2011 como en 2019, las primarias ya fueron suficientes para marcar tendencias antes de los comicios generales. No así en 2015.

Se da la paradoja de que, aunque el mercado preferiría en teoría una victoria de JxC, teme que si gana cualquier candidato del PRO, ya sea Mauricio Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, como proponen la eliminación inmediata del cepo cambiario, les resultará difícil pagar el pasivo en moneda nacional. “Hoy hay mucho stock de deuda en pesos que se renueva porque hay cepo. Si querés gobernar sin cepo, porque pensás que necesitás que ingresen dólares para crecer, no será sencillo evitar que esos pesos corran al dólar”, advierte el operador citado. En cambio, quienes abogan por una liberación gradual de los controles cambiarios, tanto en la UCR como en el equipo económico de Sergio Massa, consideran que pueden afrontarse los títulos de corto plazo con canjes voluntarios, sin nada compulsivo, como fue el reperfilamiento, la postergación de pagos, de Lacunza en el final del gobierno de Macri. De todos modos, en el mercado no achacan al ex ministro de Hacienda esa decisión sino que la atribuyen al empecinamiento del entonces presidente por evitar un cepo mayor al que terminó imponiendo ante la perspectiva de derrota electoral.

La pregunta que flota entre los inversores es cuándo dejarán de renovar la deuda en pesos. Este miércoles hay una nueva licitación que organiza el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y se espera que bancos y aseguradoras, los otros actores clave del mercado junto con los FCI, participen de forma activa. Pero cuando se llegue a julio habrá un momento clave para dilucidar si los tenedores de bonos renuevan o no las letras más allá de las primarias. Incluso esa temporada de desconfianza podría adelantarse, como suele ocurrir en los mercados, donde los operadores intentan anticiparse a los demás para sacar mayor rédito. En el Gobierno confiaban antes del comunicado de JxC que en marzo, cuando se definiera mejor quiénes serían los candidatos presidenciales, podría iniciarse un diálogo con la oposición para dar certidumbre a los inversores. Pero el alerta de “bomba” desarticuló por ahora cualquier intento de conciliación. Incluso en el mercado señalan que tal vez habrá que aguardar hasta junio, la fecha en que se deben oficializar las postulaciones. Mientras tanto, inversores reconocen que a ninguno de ellos les conviene que todos corran a sacarse los pesos de encima. Habrá que ver quién arranca primero: no son los mismos los intereses de bancos extranjeros, como Santander, BBVA o HSBC, que reciben órdenes de sus casas matrices, que los de entidades locales, como Galicia o Macro, cuyo vicepresidente, Jorge Pablo Brito, mantiene un tradicional vínculo de amistad con Massa.

“A medida en que nos acerquemos a las primarias, la discusión se recalentará”, advierten en un banco foráneo. “Si no cambia la retórica, julio será un momento de tensión. Si se consolida un candidato pro mercado en el Frente de Todos, puede que mejoren las perspectivas”; evalúan la eventual postulación del ministro de Economía, frente a la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyos seguidores reclaman que revea su decisión de excluirse de la contienda electoral tras el fallo judicial no firme y apelable que la margina de cargos públicos. “En Juntos no todos opinan lo mismo sobre reperfilar ni sobre el cepo. Si Massa no es el candidato del Frente y es Cristina contra Bullrich, va a ser muy difícil renovar los bonos”, continúan en el banco. Laspina, principal asesor económico de la ex ministra de Trabajo y de Seguridad de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Macri, es quien más alerta sobre la “bomba”. “Si en junio sabemos que los candidatos son Massa y Larreta, puede ser que se rolee (renueve) la deuda”, añade el banquero, que rescata la figura de Lacunza. “El mercado entiende todo este problema, pero en la sociedad hay fastidio por la pelea política. La gente sospecha que la van a joder”, concluye.

AR

La estrategia del Norges Bank Investment Management, la institución gestora del fondo soberano noruego, rezuma contundencia: todo retraso en la plena descarbonización de los sistemas productivos mundiales supone un enorme riesgo financiero que los recursos con los que las autoridades de Oslo garantizan las pensiones de las generaciones futuras y, al mismo tiempo, alimentan el generoso Estado del Bienestar del mercado escandinavo con mayor renta per cápita, no está dispuesto a abordar.

De ahí que su cúpula ejecutiva acabe de advertir al mercado que se desprenderá de los valores de todas aquellas compañías que no certifiquen que sus proyectos de inversión corporativa se encaminan a consumar las emisiones netas cero de CO2 en 2050. Es decir, y dicho de otro modo, que no contribuyan a retrasar la transición energética hacia la sostenibilidad.

El desafío no resulta baladí porque, entre otras razones, sólo el 10% de sus activos podrían ser calificados en la actualidad de no dejar huella de carbono en el fondo que quizás ha manifestado una mayor concienciación por las inversiones verdes. Hay que tener en cuenta que que este fondo, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda del país, maneja 1,2 billones de dólares -una cifra similar al tamaño del PIB de España-.

El cambio de estrategia tuvo el impulso decidido de su primer ministro, el laborista Jonas Gahr Store, que hizo de esta batalla por la ecología uno de los lemas que le condujeron a la victoria en los comicios de hace un año. Entonces prometió que su Gobierno promovería, a través del Ministerio de Finanzas, la configuración del fondo soberano con acciones exclusivamente de empresas con objetivos inexorables de emisiones netas cero.

La coalición tricolor de laboristas, Izquierda y Verdes que terminó con ocho años de ejecutivos de signo conservador propició este cambio conceptual en detrimento de los combustibles fósiles y de los privilegios e intereses de la Vieja Economía, que corroboró el propio Norges Bank. Carine Smith Ihenacho, su jefa de Gobernanza y Compromisos, aseguró esta semana, en el acto de presentación de la estrategia corporativa de la institución, que el mayor propietario de acciones públicas del planeta presionará así a empresas e inversores a decantarse por una senda “creíble” de metas “factibles” y objetivos de largo recorrido “exigentes y sin fisuras”, que confluyan en la constatación de su cumplimiento con auditorías fehacientes.

Smith Ihenacho también salió al paso de las críticas inversoras por las certificaciones de criterios ESG y las acciones regresivas que los mercados de capitales están emprendiendo para sortear las caídas de los activos en la actualidad. La directiva descartó la influencia de los lobbies asociados a los combustibles fósiles y potencias petrolíferas y gasísticas para consolidar los intereses corporativos tratando de desvirtuar cualquier agenda sostenible con cambios de paradigmas energéticos ambiciosos.

“La mejor fórmula para resolver el combate contra el cambio climático es lograr que accionistas, inversores y ejecutivos y directivos de empresas sean responsables con las emisiones netas cero y encaucen sus proyectos corporativos sin huellas de carbono”, matizó Nicolai Tange, consejero delegado del banco de inversión que mueve los hilos del fondo soberano noruego. Antes de dar la puntilla a su tesis de connivencia cero con la polución: “mientras facilitemos la estancia de las firmas contaminantes en las carteras de inversión y no las expulsemos de las estrategias futuras no resolveremos el problema medioambiental sino, más bien, al contrario, lo perpetuaremos”. Para Tange, “alguien tiene que poner coto a estas empresas”.

En paralelo, y desde el Ministerio de Finanzas noruego, se emitió un white paper hace escasas fechas en el que insta a los gestores de su fondo soberano a “alinear sus objetivos de inversión con activos consistentes con las emisiones netas cero” a través de “esfuerzos responsables” en sus carteras de capital que “compulsen” las acciones sostenibles de las firmas que sustentan sus estrategias en los mercados. En este sentido, Tangen dijo: “A largo plazo, debemos lograr el retorno hacia espacios de energía renovable y alternativos de los movimientos accionariales que ahora han retornado a activos de combustión fósil y han catapultado los precios de la energía a límites insostenibles”.

Revisión minuciosa de la cartera de activos

El fondo -explican sus ejecutivos- va a revisar 9.123 compañías de 73 nacionalidades, que aportan activos a la composición de su estructura inversora, mediante exámenes científicos de emisiones a corto y medio plazo, sondeos sobre los planes de transición e informes de auditoría sobre el desarrollo de las iniciativas en curso.

El portfolio del fondo noruego tiene 174 empresas preferentes, que contabilizan el 70% de todos sus activos y que serán los que deban consignar de forma prioritaria tres ámbitos: primero, el que marca las emisiones directas de CO2; el segundo, las que producen firmas asociadas o de reciente adquisición del grupo y, en tercer término, las generadas durante el proceso productivo o por el uso de sus bienes y servicios por parte de sus consumidores.

“No será fácil, pero es una oportunidad ineludible”, precisó Smith Ihenacho, para quien la ausencia de la huella de carbono en la estrategia corporativa, en la cadena de valor y en la postventa de cada mercancía, flujo de capital o servicios de una compañía “será supervisado”. Y recordó que, en los últimos 50 años, el fondo noruego se ha desprendido de más de 150 activos empresariales que no han combatido con sus operaciones el cambio climático.

La apelación de la responsable de gobernanza del Norges Bank no es gratuita, sino que busca el restablecimiento de la confianza perdida en el mercado, con un creciente escepticismo hacia los denominados principios ESG o hacia su mercado de bonos asociado, donde se negocia por valor de 170.000 millones de dólares.

Según los cálculos de Bloomberg Intelligence, tras la Gran Pandemia se iba a forjar una alianza inversora frente al cambio climático por valor de 35 billones de dólares, con perspectivas de acaparar un capital bursátil de 50 billones de dólares en 2025. Sin embargo, la urgencia de la crisis energética surgida en el otoño de 2021 ha interrumpido esta tendencia hacia los activos verdes.

Pero la invasión de Ucrania ha situado las inversiones ESG en la retaguardia de los porfolios. Laith Khalaf, responsable de carteras en AL Bell Investments, admitía que “continuar con el uso del carbón, algo impensable hace meses, está ahora en la agenda oficial europea lo que, unido al incremento del precio del gas y del petróleo, podría haber persuadido a ciertos inversores ESG a buscar beneficios alternativos y elevar su exposición en sectores energéticos tradicionales”, aclara.

Tariq Fancy, antiguo gestor y CIO de BlackRock, la mayor firma privada de inversión que defiende a ultranza los flujos ESG en sus carteras, precisó en el Financial Times que la guerra en Ucrania y el uso del gas como arma de acción exterior por parte de Vladimir Putin, “ha dejado al borde de la insolvencia los capitales vinculados a principios ESG”.

IJD

Más de 15.400 fincas rústicas cambiaron de manos en el mes de mayo y más de 13.400 en junio. Unas cifras de compraventas que, en este 2022, alcanzan las cotas más altas de los últimos 15 años, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). No son datos casuales, porque las operaciones con terrenos agrícolas se han disparado en los dos últimos ejercicios. Detrás de este repunte no está tanto la vocación de apostar por el mundo rural como alternativa a futuro, sino que hay un creciente número de inversores que se está lanzando a comprar empresas del sector primario y terrenos agrícolas simplemente porque son rentables y se han convertido en un producto de inversión.

“En otras zonas, como en Estados Unidos o Australia, son activos maduros, pero la agricultura en España y en Portugal no siempre ha sido visible a los inversores. Sin embargo, eso ha cambiado, ha madurado, ahora es mucho más tecnológica y eso ha facilitado la entrada de inversores institucionales que lo ven como alternativa a medio y largo plazo”, explica Héctor Rodríguez, 'associate director' de Agribusiness –que es como llama a la inversión agrícola– de la firma de consultoría CBRE España. Una alternativa, indican, más económica porque los precios que se pagan por invertir en Australia o en California, por ejemplo, duplican a los de España.

Esta consultora acaba de publicar el informe Agribusiness en la Península Ibérica, donde refleja el potencial del campo para los inversores institucionales, ya sea con la compra de terrenos o de empresas agroalimentarias. Inversores que antes centraban su atención en el ladrillo pero que ahora ven la actividad agraria como un foco de negocio, donde los terrenos de calidad son reducidos a escala global –pesa el cambio climático– y donde las exigencias de alimentación de la población van a multiplicarse en los próximos años. “Se calcula que la producción de alimentos tendrá que crecer entre un 60% y un 70% para poder alimentar a la población mundial de aquí a 2050, 9.000 millones de personas”, indica el informe. 

Una atención que deriva de la alta rentabilidad –en España alcanza el 10%– y donde está garantizada la liquidez –entrada de dinero en caja– a medio y largo plazo. “Son activos muy seguros para los inversores. Son resilientes. Lo fueron en la crisis de 2007 y en la del coronavirus”, indica Héctor Rodríguez. “Por España hay interés, porque hablamos de un sector sólido, somos los cuartos productores de alimentos de la Unión Europea y los séptimos del mundo”, añade.

¿Qué inversores se han fijado en el campo?

En cuanto a quién está detrás de estas inversiones en el campo, CBRE no habla de nombres concretos, de cuáles son las firmas, locales o globales, que están apostando por comprar terrenos agrícolas, pero sí indica tipologías. “Nosotros trabajamos con tres tipos de inversores. El primero, family office españoles [sociedades patrimonialistas que canalizan fortunas familiares] que ya estaban invirtiendo en este sector y quieren más inversión en agricultura o entrar en fincas agrícolas”, apunta.

Junto a ellos, enumera Héctor Rodríguez, los fondos de capital riesgo, que sí se marcan un horizonte temporal para rentabilizar la inversión, es decir, están 10 años y después salen, la venden; y los fondos de pensiones y las aseguradoras, que han comenzado a interesarse por este segmento. Estos últimos “son los inversores inmobiliarios tradicionales, que buscan una rentabilidad fija, no quieren exposición al riesgo”. Operan en sale & leaseback, compran una tierra y buscan un arrendatario que la trabaje y que abone una renta anual. “No lo dejan de ver como un activo inmobiliario más, sin riesgo, mientras los dos primeros perfiles inversores tienen un mayor perfil de riesgo”, añade.

A esos perfiles Cocampo –una plataforma web especializada con anuncios para invertir en fincas rústicas– añade otras tipologías de inversores, incluido el profesional del campo, “agricultor o ganadero, principalmente, que ya está presente en el sector y que compra nuevos activos productivos para crecer y obtener mejores economías de escala”, afirma Regino Coca, consejero delegado de Cocampo. Suma además a los fondos de inversión que buscan terrenos para instalar plantas de energías renovables y los particulares que quieren fincas de recreo, “que pueden incluir explotaciones cinegéticas, agrícolas o ganaderas, pero cuyos objetivos más comunes son la diversificación de patrimonio y la mejora de la calidad de vida. Suelen buscar fincas que estén a menos de dos horas de viaje de su lugar de residencia”, indica.

Las organizaciones agrarias dudan de la rentabilidad

A los fondos y firmas que buscan rentabilidad les interesan, sobre todo, productos donde ven más margen de crecimiento. “Los inversores apuestan por activos de alto valor, con demanda que crece un 2% o 3% anual”. Ahí, CBRE cita productos como el aceite de oliva, los almendros, pistachos, cítricos, frutos tropicales (como el aguacate o el mango) y las fresas, frambuesas o arándanos. “Son productos con proyección de consumo que dan seguridad sobre la inversión, porque hay una creciente demanda de alimentos saludables, de origen local y que dejan menos huella de carbono y de agua”.

En el caso del olivo, según el informe, la rentabilidad media por tonelada y hectárea puede alcanzar el 14%, similar a las del aguacate. Sin embargo, esas cifras son muy superiores en las mandarinas o las manzanas, donde la rentabilidad media, el retorno de la inversión, puede llegar a alcanzar el 50% por tonelada y hectárea. 

Esa rentabilidad dista de cómo ven las organizaciones agrarias la situación actual. Hace unas semanas, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) aseguraba que la subida de precios en estos meses “esconde una grave realidad basada en altos costes y bajos precios en el campo y en especulación y abusos por parte de los intermediarios”. “A pesar de la subida de precios de frutas y hortalizas a los consumidores, los agricultores siguen sin cubrir costes en la mayoría de los calibres, con la excepción de los de mayor tamaño, que apenas suponen un 20% de la producción total de fruta de hueso (cerezas, ciruelas, melocotones…)”, enumeraba UPA.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también ha alertado de que el cambio climático va a reducir un 80% la superficie apta para el cultivo del olivar en Andalucía, en variedades de secano como hojiblanca y manzanilla. “Únicamente la variedad picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo, aunque en un escenario de subida de 2,5ºC, el aumento de temperaturas reduciría los rendimientos en todas las zonas productoras: -83% en Sevilla, -72% en Cádiz,  -41% en Córdoba y -16% en Jaén y  -5,7% en Granada”, desglosó.

Sin embargo, los inversores ven los activos agrarios como un escudo frente a la subida de precios. “Los inversores ven en la agricultura una protección frente a la inflación”, explican desde la consultora. “En periodos de alta inflación aumenta el valor de las fincas y, también, el precio de los productos agrícolas”. En la misma dirección apunta Cocampo. “Las fincas rústicas son productos de la economía real y se revalúan al mismo ritmo que el conjunto de la economía. Es una característica común de los activos inmobiliarios que es aún mejor en el caso de las fincas rústicas porque se trata de activos limitados. Como dice el lema de Cocampo: 'Compren tierra, que no se fabrica más”.

Otra variable que entra en juego en este interés inversor son las ayudas públicas, la Política Agraria Común (PAC) europea. “Las subvenciones también son una pieza clave del juego y no se pueden pasar por alto. Las subvenciones de la UE se han incrementado un 56% desde la última vez que se destinaron fondos a agricultura para resolver problemas”, recoge el informe de CBRE.

En cuanto a qué zonas son más atractivas para estos inversores que buscan la rentabilidad de la producción agroalimentaria, en Portugal se centra en las zonas del Algarve y del Alentejo; mientras que en España son Andalucía, Levante y Extremadura. Si se miran los datos publicados por el INE, las comunidades que en mayo concentraron más operaciones de fincas rústicas fueron Castilla y León (2.534), Andalucía (2.238), Castilla-La Mancha (1.985), Comunitat Valenciana (1.786) y Aragón (1.209).

“Observamos tres factores que están disparando el interés inversor: el agua, las energías renovables y la cercanía a los grandes núcleos urbanos”, asegura el responsable de Cocampo. “Los profesionales agro están buscando explotaciones con agua, con posibilidades de regadío. Las limitaciones medioambientales, la cercanía a subestaciones eléctricas con capacidad de evacuación y los criterios económicos les llevan a pujar por las mismas fincas con los inversores en energías renovables. Por último, los inversores particulares que buscan una finca de recreo valoran mucho la proximidad a su lugar de residencia, ya que quieren poder disfrutar de la finca al máximo”.

CB

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dieron a entender en privado lo que no pueden reconocer en público en plena campaña y después de la crítica del “ajuste” que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una carta abierta. Este viernes, en el encuentro que mantuvieron en el consulado argentino de Nueva York con una veintena de representantes de bancos y fondos de inversión de Wall Street, uno de ellos advirtió que el “plan platita en el bosillo” iba en contra del ordenamiento fiscal que pregona Guzmán. Entonces tomó la palabra un invitado del Gobierno, el consultor y ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis, y aclaró que, pese a lo que se publicó en los medios, el gasto público no se ha acelerado. Manzur y Guzmán se miraron entre sí y se sonrieron con complicidad.

“No nos estamos desviando de la ejecución presupuestada”, declaró el ministro. Es cierto que, más allá de algunas medidas puntuales como el aumento del plan Potenciar Trabajo, la actualización del impuesto a las ganancias, el complemento de las asignaciones familiares o el bono de $ 5.000 para que jóvenes gasten en espectáculos, no ha habido una cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni un extra para compensar la pérdida de poder de compra de las jubilaciones y la asignación universal por hijo (AUH). Incluso uno de los asesores económicos de Juntos por el Cambio reconoce que las erogaciones anunciadas tras las primarias equivalen sólo al 0,2% del PBI.

La reunión, que duró más de dos horas, comenzó con una exposición de Guzmán, otra de Manzur y después llegó la ronda de preguntas, aunque fueron más quejas que interrogaciones. Todo el diálogo fue en español porque los representantes de bancos y fondos norteamericanos y de otros países desarrollados eran latinoamericanos, la mayoría argentinos. Matías Silvani (GoldenTree Asset Management), Alberto Ades (NWI Management LP), Soledad López (Morgan Stanley), Ruben Kliksberg (Redwood Capital Management), Claudia Castro (Invesco US), Luis Simon (Goldman Sachs Asset Management), Martín Marrón (JP Morgan), Gerardo Bernaldez (CarVal Investors), Gustavo Ferraro (Gramercy Management Company), Darío Lizzano (PointState Argentum), Fernando Grisales (Schroeders), Pablo Golberg (BlackRock), Gustavo Palazzi (VR Capital Group), Diego Ferro (M2M Capital) y Andrés Lederman (Fintech) integraban la lista. “Ninguno quedó impresionado por Manzur, no cambia nada”, comentó un allegado a uno de ellos.

El jefe del Palacio de Hacienda presentó un power point durante 40 minutos con el marco conceptual de su programa económico, las proyecciones para 2022 y el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Comentó que el problema de la economía argentina radica en la restricción externa, es decir, la escasez de dólares. Abogó por un “Estado fuerte” que cree las condiciones para que aumenten las exportaciones con valor agregado que permita generar divisas que financien el crecimiento, que siempre trae aparejado incremento de importaciones. También defendió el rol contracíclico del Estado, pero reconoció que para eso debe achicar el déficit fiscal que lo torna vulnerable.

Guzmán defendió que su plan están funcionando bien, la economía se recupera y la inflación venía bajando hasta que en septiembre subió por “factores estacionales”. El ministro atribuyó el salto del 2,5% de agosto al 3,5% del mes pasado al encarecimiento de la ropa por la nueva temporada y a la autorización de alzas de precios regulados. En la oposición consideran que, tras las primarias y el anuncio de medidas para favorecer el consumo, el mercado interpretó que habría más gasto financiado con emisión monetaria y entonces se apuró a remarcar. Guzmán auguró una merma del índice en octubre, pero sus interlocutores desconfiaron.

El ministro argumentó que el tipo de cambio oficial está en un nivel adecuado y sostuvo que el dólar blue no refleja la realidad argentina sino la de un país de sólo US$ 6.000 de PBI per cápita, similar a Albania, Colombia o Ecuador. La renta personal de la Argentina es 9.122. Pero Guzmán admitió que hay que seguir bajando la brecha entre ambos tipos de cambio.

El funcionario destacó su buena relación con el staff del FMI y atribuyó a la burocracia del organismo el hecho de que aún no se haya cerrado el acuerdo. También alegó que no quieren firmar cualquier compromiso que después se incumpla a los tres meses. Pero uno de los inversores le recordó que en 2020 él había dicho que el pacto estaba cerca y todavía seguía sin rubricarse. Otro le señaló que si hubiesen acordado, se podrían haber ahorrado todos los pagos de 2021 al Fondo y hubieran podido mejorar su declamado objetivo de acumular reservas. Un tercero, de diálogo frecuente con el organismo, le reprochó que la Argentina “volviera locos” a los técnicos del FMI “objetando cada coma del acuerdo” y con demandas “raras” como la extensión del plazo de pago de 10 a 20 años, prórroga que está fuera de sus estatutos, o la eliminación de los sobrecargos que se cobran a los países deudores, demanda que ha encontrado buena recepción en la reciente reunión de ministros de Economía del G20 (Grupo de 20 economías más grandes del mundo). El inversor adjudicó esas pretensiones al jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Uno de los invitados le cuestionó los “controles” de precios. Guzmán le respondió que en un país como la Argentina, con las “expectativas desalineadas”, era necesario combinar los “acuerdos” de precios con las políticas de ordenamiento macroeconómico. Ahí fue cuando le repreguntaron por el gasto electoral.

Pero antes de esos cuestionamientos expuso Manzur. En un discurso corto y de tono político, el jefe de Gabinete les recordó que él era gobernador de Tucumán, como dejando en claro que representaba a los jefes provinciales. Les explicó que el Frente de Todos es una coalición amplia pero todos sus miembros están de acuerdo con pactar con el FMI. Agregó que el Gobierno está “muy comprometido” en busca un convenio porque “quiere pagar, pero necesita oxígeno”. Detalló que también la vicepresidenta está a favor de pactar.

Manzur prometió que después de las elecciones del 14 de noviembre convocarán a la oposición, el empresariado y el sindicalismo a fijar políticas de Estado. También les informó que Juntos por el Cambio apoyará en el Congreso el acuerdo que se firme con el FMI. De hecho, el candidato Diego Santilli así lo aseguró en un almuerzo público con empresarios.

AR

Los intereses de los plazos fijos en UVA, las obligaciones negociables (ON), los fondos comunes de inversión (FCI), los fideicomisos financieros y otros instrumentos financieros en pesos destinados a fomentar la inversión productiva quedaron desde este miércoles exentos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

El Gobierno formalizó las modificaciones introducidas en Ganancias y Bienes Personales a través de la Ley 27.638 aprobada a mediados de julio último en el Congreso, con su publicación en el Boletín Oficial, y a partir de este miércoles comenzaron a regir las nuevas exenciones impositivas a las inversiones en pesos para el periodo fiscal 2021.

La iniciativa fue un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 al Congreso, que finalmente fue aprobado el 2 de julio último por la Cámara de Diputados y el 15 de julio tuvo la sanción definitiva del Senado.

Durante su paso por Diputados, se eliminó uno de los puntos polémicos, el artículo tercero, que permitía gravar con Bienes Personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días.

Finalmente, la normativa se fijó como propósito incentivar mediante la política fiscal las inversiones en moneda nacional.

La nueva legislación dispuso, en el caso de Ganancias, la exención a los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

En este conjunto se incluyen los intereses de plazos fijos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que se ajustan por inflación -y cuyo capital ya estaba exento-, y otros depósitos con cláusulas de ajuste.

Además, la normativa exime de Bienes Personales a las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, que son básicamente colocaciones de deuda de las empresas privadas; los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva; las cuotapartes de fondos comunes de inversión y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Acá se contemplan los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que inviertan mayormente en títulos, bonos y demás valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la ciudad de Buenos Aires; como también depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en el país, y a plazo fijo o en caja de ahorro.

En cuanto a este punto, la ley deja aún por establecer por la reglamentación de la misma, el porcentaje mínimo de depósitos y bienes que como activo subyacente principal deberán tener los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros para acceder a las exenciones impositivas establecidas.

En ese sentido, la normativa subraya que “no se tendrá por cumplido el porcentaje, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes que los disminuyera por debajo de ese mínimo, durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre” de cada año.

En este caso, las exenciones de las cuotapartes de fondos comunes de inversión e inversiones en fideicomisos financieros no se encuentran limitadas a que los activos subyacentes principales sean en moneda nacional, con lo cual abre la posibilidad a incluir también colocaciones en dólares.

Con información de Télam.

IG

El ministro de Economía, Martín Guzmán, no quería pagar este año intereses de la deuda en dólares con los fondos de inversión y el resto del sector privado, pero en la dura negociación de 2020 debió ceder en ese aspecto. Y este viernes, Día de la Independencia, hará el primer desembolso de ese pasivo reestructrurado: abonará US$ 164 millones a los tenedores de bonos Global, Bonar y GE. Queda aún pendiente la renegociación de las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, con fuertes vencimientos en 2022.

La deuda pública con el sector privado era del 12% del PBI en 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la gestión de Mauricio Macri ese endeudamiento se elevó al 38% en 2018, cuando la Argentina pidió un préstamo récord al FMI para pagar lo debido a los fondos de inversión. Así fue que Macri terminó su gobierno con una deuda con acreedores privados equivalente al 33% del PBI, mientras lo adeudado a organismos multilaterales, como el FMI, se incrementó del 5% en 2017 al 20%. En 2020, en la medida en que la economía argentina fue una de las que más cayó en la pandemia en Latinoamérica, se amplió la relación entre la deuda y un PBI menor: en el caso de lo debido al sector privado llegó al 38%, pese a la reestructuración, que podó más los intereses y apenas tocó el capital, y lo referente a organismos multilaterales subió al 24%.

Tras el canje de deuda de 2020, lo adeudado con acreedores privados en moneda extranjera apenas implicará en 2021 el pago de intereses de este viernes. Pero ya en 2022 se requerirán más de US$ 1.000 millones para abonar los cupones; en 2023, año de elecciones presidenciales, 1.600 millones y en 2024, 2.200 millones. Entre 2025 y 2030 se acumularán pagos anuales por 2.400 millones.

En el caso del capital de ese pasivo, a partir de 2025 deberán pagarse más de 5.000 millones; en 2027, más de 6.000 y entre 2028 y 2035 millones, más de 7.000 millones por año. Son fondos que los próximos gobiernos argentinos deberán buscar refinanciar en los mercados de capitales porque ningún país cuenta con la capacidad de ir cancelando todas sus deudas. El problema es que esos vencimientos se combinarán con la devolución del megapréstamo de 44.000 millones que tomó Macri con el FMI y que si hay acuerdo, deberán devolverse en diez años, quizá hasta 2032. Y para cancelar ese crédito, la Argentina también deberá ir recurriendo a los mercados. Tarea nada fácil.

AR

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cerró este viernes su gira por Estados Unidos (la había iniciado el domingo 13) luego de reunirse en el consulado argentino en Nueva York con analistas de Wall Street y representantes de fondos de inversión, donde el tema predominante fue la deuda argentina.

Según fuentes cercanas al funcionario, Massa les presentó un panorama optimista de como viene en la economía argentina: 6% de crecimiento, metas fiscales sobre cumplidas. Y los recibió con un obsequio a cada uno, que los sorprendió: una Constitución Nacional con tapa de cuero editada por el Congreso. Fue un gesto politico, indicando que ese es el marco jurídico, para despejar si existiera alguna duda o temor de inseguridad.

Los representantes y analistas de compañías financieras y bancos de inversión como Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, y de fondos como Citadel, Elliot y Wellington Management le preguntaron por el acuerdo con el FMI, Massa respondió que está encaminado. Sin duda este viaje aportó volumen político para la gestión técnica que lleva adelante el ministro Guzmán.

Massa llegó a Washington el domingo 13 de junio e inició su agenda con un encuentro con Juan González, asesor especial del presidente Biden. Al día siguiente, llevó a cabo una reunión de trabajo con Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

El martes efectivizó una reunión en el marco del Consejo Nacional de Seguridad con la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. De allí, se dirigió al Capitolio para mantener un encuentro con un grupo de congresistas encabezados por Linda Sánchez. Luego, también en el Capitolio, Massa fue recibido por Dina Siegel Vann (directora del Instituto de Asuntos Latinos), y Jason Isaacson (jefe de Asuntos Políticos), del Comité Judío Americano. Del encuentro formaron parte más de una decena de integrantes del Caucus de Congresistas Latinos y Judíos de la Cámara de Representantes.

El miércoles Massa participó del encuentro Diálogo Interamericano para exponer sobre el panorama económico y político y las perspectivas de las relaciones bilaterales. Fue luego de mantener dos encuentros en el Capitolio, primero con el presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental y Política Económica de la Cámara de Representantes, Albio Sires; y posteriormente con el mencionado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez. La jornada concluyó con una reunión con empresarios en la Embajada Argentina junto al embajador Jorge Argüello.

El jueves se reunió en Nueva York con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen. Posteriormente, compartió un almuerzo con la presidenta del Council of Americas, Susan Seagal, para luego hacer una disertación en ese foro sobre “Los desafíos económicos y políticos de la Argentina”. El día finalizó con un encuentro con el exmandatario Bill Clinton. Y este viernes cerró con una reunión de trabajo en el consulado argentino en Nueva York y luego una serie de encuentros con inversores.

DA