Habitamos un planeta de más de 8.100 millones de personas. Nunca fuimos tantos, nunca estuvimos tan conectados… y nunca nos movimos con tanta desigualdad. Porque cuando estalla un conflicto, la movilidad humana no se detiene: se reorganiza, se encarece y, sobre todo, se vuelve más peligrosa para quienes menos tienen.

La reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán —que incluyó ataques directos, amenazas estratégicas y, por el momento, un alto el fuego con negociaciones diplomáticas frágiles— volvió a encender las alarmas. Pero ojo: la tregua militar no borra el impacto migratorio. La experiencia histórica es tozuda: la guerra no apaga la necesidad de huir, la redirige.

Estos conflictos, con génesis en intereses territoriales, económicos (recursos), ideológicos, religiosos o étnicos —y muchas veces en miedos históricos o en la simple necesidad de control—, sacuden el desarrollo psicosocial de la humanidad. Los países y sus fronteras, en ese contexto, oscilan entre proteger o dar la espalda.

Mientras tanto, el gobierno de Milei elevó la alerta a nivel “ALTO” en fronteras y aeropuertos (28/02/2026): más controles, y mayor revisión de documentos. Argentina opta por no meterse en un juego solidario. No por falta de recursos, sino por decisión política. Esa lógica de blindaje se asemeja más a la narrativa estadounidense —centrada en barreras y amenazas externas— que a la conciencia colectiva de la sociedad argentina, donde históricamente el asilo tuvo otro peso.

El mundo en números y las 117 millones de razones para mirar más allá del titular

En 2026, el mundo supera los 8.100 millones de habitantes. Asia, 4.800 millones; África, 1.550 millones; América supera los 1.050 millones; Europa, 740 millones; Oceanía, 47 millones. Hay 193 países en el sistema de la ONU. Los cinco países más poblados son India (1.430 M), China (1.410 M), Estados Unidos (340 M), Indonesia (280 M) y Pakistán (240 M). Rusia, protagonista de la geopolítica mundial cuenta con 145M y Argentina con 46M. En Medio Oriente (países de mayoría musulmana) viven 350M, liderados por Turquía (85M), Irán (85M), Irak (45M), Arabia Saudita (36M) y Yemen (34M).

Por religión: El mundo está dividido aproximadamente en 2.300 millones de cristianos, 2.000 millones de musulmanes, 1.200 millones de hinduistas, 500 millones de budistas, 15 millones de judíos y más de 1.000 millones sin afiliación religiosa (estimaciones basadas en encuestas globales). Esta diversidad influye en patrones migratorios y en la percepción pública de la migración.

Las migraciones internacionales impactan a 304 millones de personas en 2024 (3,7% de la población mundial). Aún más abrumador es el desplazamiento forzado: ACNUR reportó 117,3 millones de desplazados a fines de 2025 (millones solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos). Para 2026 se prevé que la crisis humanitaria empeore, con necesidades de protección para más de 136 millones de personas desplazadas, apátridas y refugiadas en todo el mundo. Además, la crisis humanitaria deja rastros mortales: la OIM contabilizó 8.938 muertes de migrantes en 2024 (récord histórico). Estas cifras globales advierten que la migración sigue activa, aunque cambie de forma.

Un dato clave: más del 70% de los refugiados permanece en países limítrofes al conflicto.

Las guerras no generan de inmediato flujos intercontinentales masivos. Primero producen desplazamientos internos y regionales. Luego, si el conflicto se prolonga, se expanden.

No convertir a quien huye en enemigo y no devolver a una persona al lugar donde su vida o su libertad corran peligro, es el piso mínimo de humanidad que establece el art. 33 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951.

Veamos los casos recientes:

La guerra, entonces, redibuja rutas, no las borra. Y cuando se cierran los corredores oficiales, surgen los caminos de la muerte: tráfico de personas, Mediterráneo, desiertos.

Fronteras más duras: la reacción automática que termina castigando a los más vulnerables

Cada conflicto activa un reflejo casi pavloviano en los Estados: reforzar los controles. Se revisan visados, se endurecen criterios de admisión, se amplían facultades discrecionales en frontera, se activan protocolos de seguridad.

Esto pasa incluso antes de que los flujos reales lleguen. Pasó después del 11-S, pasó en Europa en 2015, pasa ahora.

El resultado es previsible: la migración no desaparece, pero se vuelve más cara, más riesgosa y más selectiva. Y los más pobres, los que huyen de bombas o persecución, quedan expuestos a las consecuencias más duras del sistema.

El reciente alto el fuego en Medio Oriente puede estabilizar el frente militar, pero las decisiones individuales ya están tomadas. Quienes evaluaban irse ya empezaron a moverse. Los controles ya se endurecieron. Las rutas ya se encarecieron. Las guerras tienen un efecto rezagado que la política suele ignorar.

El azar que define destinos: tu pasaporte

Hay una dimensión estructural que suele quedar fuera del debate político inmediato: la libertad de moverse depende, ante todo, del pasaporte que te tocó al nacer, por azar.

El nacimiento es un hecho fortuito. No es una decisión, no es un logro ni una falta. Es una circunstancia.

El lugar de nacimiento condiciona radicalmente la libertad de movimiento. Y, sin embargo, nadie puede atribuirse mérito —ni cargar con responsabilidad alguna— por haber nacido en un punto determinado del planeta.

“No se trata simplemente de viajar por turismo con mayor o menor comodidad; se trata de cómo cada Estado clasifica a las personas según el riesgo migratorio que les atribuye, la relación diplomática que mantiene con su país y la solidez institucional que ese país representa ante el mundo.”

Según el Henley Passport Index 2026:

Argentina: entre el control legítimo y la obligación de proteger

Argentina no es un destino primario para desplazados de Medio Oriente. La distancia y los requisitos migratorios actúan como filtro. Pero eso no nos exonera del debate de fondo.

En los últimos años, y especialmente con el DNU 366/2025, se endurecieron los requisitos de ingreso: declaración jurada de motivos, seguro médico privado, restricción de derechos básicos para migrantes irregulares. Además, en febrero de 2026 se activó un protocolo especial en aeropuertos y pasos fronterizos.

El Estado argentino tiene derecho a controlar sus fronteras (Ley 25.871, art. 6). Pero también está obligado por el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe expulsar o rechazar a una persona hacia un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Esa es la columna vertebral del derecho de asilo (Ley 26.165, art. 2).

El problema práctico es que, con controles elevados y discrecionalidad ampliada, aumenta el riesgo de decisiones apresuradas. De deportar a alguien que necesitaba protección. Por eso es imprescindible garantizar: entrevista fundada, asistencia jurídica, posibilidad de apelación. Controlar es legítimo. Proteger también. La calidad democrática se mide en cómo se armonizan ambas dimensiones.

El drama silencioso de la migración venezolana en la Argentina

No proviene de Medio Oriente ni ocupa titulares globales, pero el proceso migratorio más relevante que atraviesa hoy la Argentina tiene otro origen: Venezuela.

Más de 233 mil venezolanos tienen residencia permanente en el país, a los que se suman 25 mil con residencia transitoria, según datos oficiales difundidos por el Gobierno argentino en enero de 2026. Solo durante 2025 se recibieron 28 mil nuevas solicitudes de residencia. La comunidad no para de crecer: el censo de 2022 registró 161.495 venezolanos, pero estimaciones de 2024 ya elevan la cifra a más de 197.000. Argentina es hoy el sexto destino principal de esta diáspora en la región.

La mayoría llegó huyendo de una crisis humanitaria compleja. La cifra global de venezolanos que han abandonado su país supera ya los 7,9 millones, de los cuales 6,7 millones fueron acogidos por países de América Latina y el Caribe. No todos necesitan protección internacional, pero muchos sí la requieren. La línea entre migrante económico y refugiado, como en otros conflictos, es porosa.

Detrás de esas cifras hay algo más que un flujo migratorio: hay un desplazamiento masivo sostenido en el tiempo, impulsado por una crisis estructural que no cede y que ha reconfigurado el mapa humano de la región. A diferencia de otros movimientos más visibles, este proceso ocurre de manera silenciosa, integrado —en muchos casos— al tejido urbano, laboral y social del país.

Pero la integración real enfrenta obstáculos enormes. Un estudio de 2026 revela que el 93% de los venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires vive en condición de alquiler, con gravísimas dificultades de acceso a la vivienda propia. La informalidad, la inestabilidad económica y los altos costos dejan a esta comunidad en una situación de fragilidad estructural.

Cuatro ejes para no perder el rumbo

Si queremos una política migratoria digna incluso en tiempos de guerra, hay que sostener cuatro principios básicos:

Conclusión: la guerra mueve personas. ¿Cómo respondemos?

Si las negociaciones diplomáticas prosperan, el impacto migratorio será predominantemente regional y contenido. Si el conflicto se reactiva, veremos nuevas presiones sobre Europa y un refuerzo global de controles.

Pero la pregunta de fondo no es si la guerra mueve personas —siempre lo hace—. La pregunta es cómo responden los Estados cuando eso ocurre. ¿Con instituciones sólidas que equilibran control y derechos? ¿O con instinto de cerrojo y sospecha generalizada?

En la Argentina, como en cualquier democracia que se respete, la fuerza del Estado es legítima solo cuando se ejerce dentro del marco legal y con respeto a las convenciones internacionales (Convención de 1951, art. 33). Esa es la brújula que debe guiar nuestra política migratoria: proteger con firmeza sin renunciar a los valores que nos definen como sociedad abierta.

Fernando Ardanza es abogado especialista en Derecho Migratorio

El campo de refugiados de Al Yarmuk, en el sur de Damasco, podría ser uno de los varios campos de Gaza: la devastación y la miseria de su población son similares a las de la Franja, con la diferencia de que hace tiempo que los palestinos refugiados en Siria no sufren los ataques y los combates en sus carnes.

Al Yarmuk fue ampliamente destruido en 2018, en una ofensiva de las fuerzas del régimen sirio para expulsar a los grupos armados que tomaron el control de parte del campo, entre los que estaba el yihadista Estado Islámico. La aviación rusa, en apoyo del Ejército sirio, bombardeó Al Yarmuk repetidamente. La mayoría de sus residentes se marcharon y se ubicaron en otros campos más pequeños en Siria, y sólo años después empezaron a volver al que había sido el mayor recinto de todo el país, con una población de más de 150.000 personas y una extensión superior a dos kilómetros cuadrados.

Hayat Mohamed nació en Siria, adonde huyeron sus padres tras la creación del Estado de Israel en 1948 y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) les ofreció alojamiento en Al Yarmuk cuando fue construido en 1957. Décadas después tuvo que marcharse por los ataques aéreos y de artillería, los combates y un férreo cerco militar. La anciana regresó a su hogar hace cuatro años, pero dice que aún no ha podido reconstruir la casa, en la que vive con su hijo, la esposa de este y sus hijos. Antes, habían estado en el campo de Al Yaramana, en las afueras de Damasco, pero el alquiler era caro, lamenta, y decidió volver a Al Yarmuk, a pesar de la destrucción y la falta de servicios que aún persisten a día de hoy.

Cuenta a elDiario.es que dos de sus hijos desaparecieron en 2012, cuando la revuelta popular siria se tornó un conflicto armado y muchos hombres fueron detenidos de forma arbitraria por sospechas de que simpatizaban o colaboraban con la oposición al régimen.

“Ya no tengo nada, perdí a mis hijos, ¿qué más puede pasar?”, se pregunta Mohamed con una desesperanza calmada. “¿Adónde puedo ir? Me quedaré aquí hasta que dios quiera”, afirma la mujer, resignada a acabar sus días en Al Yarmuk.

Otrora un destacado barrio comercial de Damasco, adonde acudían muchos sirios a comprar por la variedad de mercancías a precios asequibles, ahora son pocos los negocios que mantienen su actividad. Ahmad Al Shagury reabrió en 2022 su heladería, después de una década cerrada, y la reconvirtió en una tienda de falafel, el desayuno más barato y calórico que se pueden permitir los pocos vecinos del campo que han regresado en los pasados años. Según la UNRWA, unas 2.400 familias vivían en Al Yarmuk en septiembre de 2024. La organización calcula que en toda Siria quedaban en 2023 unos 430.000 refugiados palestinos, después de 12 años de guerra civil, y que el 60% de ellos se había visto desplazado al menos una vez.

Al Shagury, un sirio de 47 años, afirma a este periódico que la situación ha cambiado radicalmente desde la caída del régimen de Bashar Al Asad el 8 de diciembre pasado. Las entradas de Al Yarmuk ya no están custodiadas por los uniformados y las mercancías pueden entrar sin problemas y sin necesidad de pagar sobornos. “Hay mucha gente que ha vuelto en este mes”, afirma Al Shagury delante de su tienda, en la que hacen cola varias personas para comprar falafel. “Ahora la gente puede rehabilitar sus casas y sus comercios”, agrega el hombre, mostrándose optimista sobre el futuro del campo que también le ha acogido a él.

Samer Yalbut no ha querido esperar demasiado y, desde el día después de la huida del dictador a Rusia, ha estado trabajando para reconstruir su casa familiar. “Antes no podíamos volver a nuestra casa, porque el régimen no lo permitía”, explica a elDiario.es frente a un edificio de dos plantas muy dañado. Agrega que necesitaba el visto bueno de un departamento gubernamental dedicado a los asuntos de los refugiados palestinos, que nunca obtuvo, y que en esa zona del campo había presencia iraní.

El palestino se siente orgulloso del trabajo que ha hecho en estas cuatro semanas con sus propias manos. “He arreglado una habitación para poder vivir, poco a poco iré arreglando el resto”, dice, mostrando la única estancia habitable en la primera planta. En cuanto sea posible, traerá a su familia. También quiere reconstruir el taller de coches en el que antes trabajaba debajo de su vivienda, un oficio al que ha seguido dedicándose en este tiempo fuera de Al Yarmuk.

Ahora mismo no cuenta con suministro eléctrico ni agua corriente, pero afirma que es mejor que vivir de alquiler. “Antes pagaba un alquiler, pero no quiero vivir a merced de los arrendatarios, cada pocos meses nos subían el alquiler y nos amenazaban con echarnos. Este es mi hogar y quiero vivir aquí”, dice el refugiado, nacido en Siria de una familia que se vio forzada a abandonar Palestina en 1948.

Resulta difícil imaginar la vida diaria de Yalbut en esta zona devastada y deprimida, que aún conserva las huellas de los peores días de violencia de los que fue testigo Al Yarmuk. Lo que queda de su vivienda se encuentra en la calle 30, que fue el frente de batalla entre las fuerzas del régimen, apoyadas por milicias palestinas, y los terroristas del grupo Estado Islámico y otros radicales. La amplia calle está desierta y los edificios a ambos lados están destrozados, algunos reducidos a escombros.

“El campo necesita una reconstrucción masiva”, afirma Juliette Touma, directora de comunicación de UNRWA para Oriente Medio. “En los pasados años, las personas han empezado a volver lentamente a Al Yarmuk. Ahora estamos viendo más personas que vuelven y se reencuentran con sus familias”, agrega. Touma explica que antes de la caída del régimen, la agencia de la ONU había empezado a reparar y pintar algunas de sus instalaciones, como una escuela y una clínica; pero tras el colapso del Gobierno de Al Asad, UNRWA no ha continuado con esa labor. “La gente de Al Yarmuk han padecido un sufrimiento inmenso y atrocidades inconcebibles, y traumas. También es necesario reparar el tejido social y pasar página”, opina la directora de comunicación.

Ese sufrimiento y atrocidades son comunes a otros campos de refugiados palestinos, ya que estos eran víctimas de la violencia y la pobreza causada por la guerra civil, al igual que los sirios, pero se encontraban en una situación de desamparo absoluto. Varios habitantes del campo de Yaramana –también llamado de los mártires porque hay un cementerio donde han sido enterrados combatientes de las facciones palestinas– relatan sus horribles experiencias a manos de las fuerzas de seguridad y bandas del régimen de Al Asad.

“El que salía del campo, no sabía si iba a volver”, dice Ahmed Saleh, que fue arrestado en un puesto de control en 2015, detenido durante cien días y torturado. Asegura a elDiario.es que le golpearon con una tubería de plástico y emplearon otros métodos de tortura, y que con él había cientos de personas que sufrieron los mismos abusos. Afirma que son miles los palestinos que fueron arrestados durante los casi 14 años de guerra civil en Siria y que siguen desaparecidos a día de hoy. Si para los ciudadanos sirios era arriesgado buscar a sus seres queridos desaparecidos a manos del régimen, los refugiados palestinos tenían aún más miedo y menos posibilidades de encontrarlos.

Halima Hammud, una mujer de 34 años, cuenta que su marido Mahmud lleva desaparecido desde 2013, cuando se lo llevaron en un puesto de control del régimen, uno de los muchos que había en los alrededores de los campos de refugiados palestinos. En ese momento, la hija de ambos tenía apenas dos meses y no ha podido conocer a su padre. Hammud fue informada de que su esposo estaba muerto: “Mandaron una lista con los nombres de los palestinos fallecidos”, dice. “De todos los palestinos desaparecidos, ninguno ha reaparecido”, agrega.

La mujer ha perdido la esperanza de que pueda encontrar a Mahmud con vida, unos 12 años después de su detención, la misma edad que tiene su hija ahora. Pero se muestra esperanzada respecto al futuro en Siria sin Bashar Al Asad: “Nos hemos librado de quien convirtió a nuestros hijos en huérfanos”.

DM

La Knéset, el Parlamento israelí, aprobó este lunes un proyecto de ley para prohibir la actividad de la Agencia de la ONU de los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel, lo cual afectará directamente a su actividad en la Franja de Gaza, donde esta organización es la que presta la mayor parte de la asistencia humanitaria a los más de dos millones de habitantes. El texto recibió el apoyo de 92 diputados, tanto de la coalición gobernante como de la oposición israelí; tan solo diez votaron en contra.

El Parlamento israelí ranudó este lunes su trabajo después de un parón por las festividades judías y uno de los primeros textos que sometió a votación fue el proyecto de ley relativo a la UNRWA, a la que Israel acusó de tener vínculos con la organización islamista palestina Hamas, además de denunciar que varios de sus empleados participaron en los atentados del 7 de octubre de 2023 contra el sur del país, en el que murieron más de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Una investigación independiente encargada por la ONU concluyó hace varios meses que Israel no había presentado suficientes pruebas que respaldaran esas acusaciones.

La ley aprobada este lunes por la noche afectará a todas las operaciones de la UNRWA en los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza), ya que impedirá obtener visados a sus empleados internacionales y permisos de trabajo a los locales; además del acceso a sus oficinas, incluida su sede en la parte oriental de Jerusalén (anexionada por Israel en 1980), desde la que se coordinan todas las actividades.

La legislación es el último ataque de Tel Aviv contra Naciones Unidas, con cuyos representantes y agencias se ha enfrentado abiertamente el Ejecutivo israelí desde el comiendo de la guerra en Gaza. Recientemente, el Gobierno israelí declaró al secretario general de la ONU 'persona non grata' y le prohibió la entrada al país.

El presidente palestino, Mahmud Abás, mostró su preocupación y advirtió que la prohibición de la UNRWA traspasa “una línea roja” y que no habrá una solución al conflicto “sin resolver la cuestión de los refugiados de manera justa”, según un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias Wafa antes de la aprobación de la ley.

La Presidencia palestina denunció que constituye una “violación del derecho internacional y una provocación a toda la comunidad internacional”, recordando que la UNRWA fue establecida “de conformidad con una resolución de la ONU”. Esa resolución de 1949 establecía que la agencia ofrecería asistencia y protección a los refugiados palestinos hasta que se alcanzara una solución “justa y duradera” a su situación.

En 1948, cientos de miles de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus lugares de origen tras la creación del Estado de Israel. Actualmente, hay unos seis millones de refugiados en los propios territorios palestinos ocupados por Israel, así como en Líbano, Siria y Jordania. La UNRWA ofrece educación, asistencia sanitaria y ayuda a estas personas, además de gestionar 58 campos de refugiados (la mayoría en Gaza y Cisjordania).

Los ministros de Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido emitieron un comunicado expresando su preocupación por el proyecto de ley aprobado este lunes y otro que el Parlamento someterá a votación. “La UNRWA proporciona ayuda humanitaria y servicios básicos esenciales y vitales a los refugiados palestinos en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y en toda la región. Sin su trabajo, la prestación de dicha asistencia y servicios, incluida la educación, la atención médica y la distribución de combustible en Gaza y Cisjordania, se vería gravemente obstaculizada o sería imposible, con consecuencias devastadoras para una situación humanitaria ya crítica y en rápido deterioro, particularmente en el norte de Gaza”, alertaron el día 26 de octubre.

También el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había pedido a Israel que “reconsidere” la aprobación de esas leyes: “Instamos a las autoridades israelíes a reconsiderarlo para evitar interrupciones en los servicios vitales de la UNRWA y garantizar el acceso humanitario continuo y sin obstáculos de la UNRWA a los refugiados palestinos para los que fue creada”, enfatiza en un comunicado citado por la Agencia EFE.

Las autoridades italianas asignaron al barco de rescate de la ONG SOS Mediterranée el puerto de Ancona (centro), por lo que tendrá que navegar 1.450 kilómetros para desembarcar a los 224 migrantes rescatados en tres operaciones de salvamento en las últimas horas, incluidos los 23 supervivientes de un naufragio con decenas de muertos.

Al menos 60 personas, entre ellas varias mujeres y un niño, murieron en un naufragio en el Mediterráneo central, según relataron los supervivientes rescatados por el Ocean Viking, la nave humanitaria de SOS Mediterranée, indicó la ONG.

Ocean Viking considera que el viaje de 1.450 kilómetros puede empeorar las condiciones médicas de los náufragos, algunos de los cuales aún necesitan oxígeno para recuperarse, por lo que solicita a las autoridades italianas un lugar más cercano para el desembarco de los 224 rescatados.

El Ocean Viking rescató este miércoles a los 25 supervivientes del naufragio en una situación de “extrema vulnerabilidad física y mental”, después de que el bote en la que viajaban, que partió de la localidad libia de Zauiya, pasara cerca de una semana a la deriva en el mar antes de ser auxiliado.

Dos de los rescatados tuvieron que ser evacuados de urgencia a Sicilia (sur de Italia) debido a su “estado crítico”.

Horas después, las autoridades italianas ordenaron al equipo del Ocean Viking que rescatara un barco, que estaba siendo asistido por Trotamar III“, un velero que ayuda a los migrantes que cruzan el Mediterráneo, y que distribuyó chalecos salvavidas a los náufragos.

“Se salvaron 113 personas, entre ellas seis mujeres y dos niños”, indicó SOS Mediterranée, cuyo barco humanitario volvió a ser protagonista de una tercera operación de salvamento esta mañana, cuando su tripulación “rescató a 88 personas de un bote sobrecargado, con el apoyo del avión de vigilancia marítima 'Sea Bird', de la ONG alemana Sea Watch.

Una patrulla de la guardia costera libia se encontraba en el lugar, pero mantuvo la distancia. “El puente fue alertado por Frontex (la agencia de vigilancia europea) y el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo italiano de Roma solicitó intervenir”, añadió SOS Mediterranée.

El Ocean Viking es uno de los pocos barcos humanitarios que navegan actualmente por el Mediterráneo Central, ya que tres de ellos, el Sea Watch 5, el Humanity 1 y el Sea Eye 3, se encuentran bloqueados por las autoridades italianas. 

Con información de la agencia EFE

Un acuerdo para la nueva política migratoria y de asilo que servirá para profundizar en la 'Europa Fortaleza'. Lo que en 2015 comenzó a idearse como un sistema solidario para la acogida de refugiados en un momento en el que más de dos millones de personas llegaron al viejo continente huyendo de los conflictos en Siria, Irak y Afganistán ha derivado en un pacto que permite sortear la solidaridad con el pago por rechazar refugiados y que se basa fundamentalmente en el control fronterizo y el refuerzo de los retornos. Para los negociadores, especialmente la Eurocámara, era importante sacar adelante la nueva normativa, antes de las elecciones europeas del próximo año en las que se da por hecho que en la UE habrá un viraje hacia la derecha, con un incremento sustancial de la extrema derecha, tanto a nivel parlamentario como en los gobiernos.

De hecho, en los estados miembros se han ido imponiendo las tesis anti-inmigración en los últimos meses y la dificultad a la hora de sacar adelante el acuerdo ha sido hasta en las maratonianas negociaciones de estos días, que se han prolongado durante 48 horas casi consecutivas. Prácticamente sin dormir, todos los negociadores han celebrado el acuerdo que, desde la Eurocámara, admiten que no es perfecto. Son los parlamentarios los que más han cedido en un acuerdo compuesto por cinco reglamentos que regulan el proceso migratorio desde que las personas llegan a las fronteras hasta que se acepta la solicitud de asilo o, por el contrario, se rechaza y se procede a la expulsión.

Control previo con huellas dactilares y datos biométricos

Uno de los reglamentos prevé un control previo para las personas que tratan de entrar en el continente de manera irregular (bien sea en embarcaciones o por tierra fuera de los controles fronterizos). El procedimiento podrá durar hasta siete días y se llevará a cabo en “un lugar adecuado” elegido por el estado miembro “situado, en principio, en las fronteras exteriores o en sus proximidades”.

También se ha llevado a cabo una revisión del Reglamento Eurodac que permitirá recopilar datos biométricos (como rasgos faciales), además de las huellas dactilares, como parte de los expedientes de asilo en los que se incluirá información sobre las decisiones de expulsión y devolución o reubicación de la persona. Ese control de los datos se aplicará también a los menores hasta los seis años (frente al umbral situado en los 14 en la actualidad).

20.000 euros por refugiado rechazado

La UE establece un umbral para la acogida de 30.000 refugiados al año, pero no habrá reparto de cuotas obligatorio, que es lo que en principio querían países de primera entrada como España o Italia. El resto de estados miembros podrán elegir entre acoger, pagar por rechazar o una combinación de ambas. El pago por cada refugiado rechazado será de 20.000 euros. La 'solidaridad' que corresponde a cada estado miembro dependerá de la población (un 50%) y del PIB (50%).

Los solicitantes de asilo no podrán elegir el país que analiza su petición, que en términos generales corresponderá al país de entrada (como sucede en el conocido como Reglamento de Dublín), pero se agregan algunas condiciones que permitirán hacerlo a otros países, como la identificación de vínculos familiares en otro estado, estudios o conocimiento del idioma.

Centros de detención y expulsiones aceleradas

La normativa también prevé la detención de las personas migrantes en centros durante el procedimiento de concesión de asilo. En el caso de los procedimientos fronterizos, durarán hasta doce semanas, que es el plazo para llevar a cabo la expulsión de las personas a las que se les haya denegado. En general, se prevé una duración máxima de seis meses para todo el proceso.

Relajación de las normas en las crisis

El acuerdo incluye un reglamento específico para las situaciones de crisis, como la de 2015. Un estado miembro que se considere desbordado por las llegadas podrá solicitar la declaración de emergencia a la Comisión Europea que, si la acepta, planteará medidas extraordinarias y derogaciones del reglamento común. Según ha explicado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha sido el ponente del reglamento, la “prioridad” en esos casos será la reubicación obligatoria de cuotas de refugiados, aunque los gobiernos , que son los que tienen que dar el visto bueno a las propuestas de la Comisión, tienen muchas reticencias al respecto.

En las situaciones de crisis se amplían, además, los plazos para la tramitación de solicitudes y, con ellos, el tiempo de detención de los migrantes hasta seis semanas adicionales.

La instrumentalización de la migración

El concepto de instrumentalización de la migración no figuraba en los expedientes aprobados por la Eurocámara, pero fue una insistencia de los estados miembros, especialmente los que colindan con Rusia y Bielorrusia, que hace unos años recibieron centenares de migrantes escoltados incluso por las autoridades. En el caso de que se detecten esos casos, operará también el reglamento de crisis, que permite relajaciones de la normativa.

Según el Parlamento Europeo, la alusión a la instrumentalización se circunscribe a “la situación en la que terceros países o actores no estatales hostiles utilizan a los inmigrantes para desestabilizar la UE” y rechaza que se puedan hacer extensibles a las operaciones de salvamento y rescate de las ONG, que era la pretensión de Italia, que llegó a bloquear el texto que negociaron los gobiernos de los 27.

Sin prevención de las muertes en el mar

Precisamente la UE mantiene en el olvido las operaciones públicas de rescate en el Mediterráneo, que se ha convertido en un gran cementerio en el que han muerto al menos 22.000 personas intentando llegar a Europa. Esas operaciones se pusieron en marcha a instancias de Italia en 2013 tras la tragedia de Lampedusa en la que murieron más de 300 personas. En el año que estuvo activa las autoridades italianas rescataron a 156.362 migrantes, pero la negativa de los 27 a apoyar financieramente esa operación –cuyo coste era de unos 114 millones anuales– llevó al Gobierno italiano a ponerle fin. El vacío dejado por la misión italiana empujó a las ONG a fletar sus propios buques para hacer frente a las incesantes muertes.

A partir de ahí, se desdibujó el objetivo de las misiones de la UE en el Mediterráneo. La primera fue Tritón, llevada a cabo por Frontex aunque dirigida por Italia, con el objetivo de vigilar las fronteras y controlar las redes de tráfico y no el de salvar vidas. En 2015 nació la EUNAVFOR Med Sofía, una misión militar de la UE para el control del Mediterráneo. En 2019, el Gobierno de Mateo Salvini la bloqueó y forzó que se quedara sin barcos, pese a ser una operación marítima. En 2020, IRINI la sustituyó, aunque en este caso lo que persigue es que se cumpla el embargo de armas de la ONU a Libia.

Las fuerzas progresistas y las ONG, en contra

Para los negociadores del Pacto de Migración y Asilo ha sido un alivio cerrarlo este miércoles conscientes de que más adelante sería más complicado, a pesar de que en el Parlamento Europeo reconocen que han tenido que ceder y que el acuerdo no es “perfecto”. También para el conjunto de los 27 produce un respiro, aunque la Hungría de Viktor Orbán y Eslovaquia (ahora con el populista Robert Fico en el poder) han rechazado el texto. En el otro lado de la balanza, los verdes (Green/EFA) y el grupo de la izquierda (The Left/GUE) han expresado su rechazo.

También las ONG han dado la voz de alarma. “La UE ha perdido la oportunidad de acordar por fin un mejor reparto de responsabilidades y normas de solidaridad. En su lugar, han acordado más detenciones, incluso de niños y familias en centros similares a prisiones. También han cerrado la puerta a los solicitantes de asilo con procedimientos deficientes, han acelerado la deportación y han jugado con la vida de las personas al aumentar el riesgo de devolución. Este acuerdo también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que hagan lo que ésta les pide. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y la legislación sobre refugiados”, señala Stephanie Pope de Oxfam.

El último grupo de armenios salió este lunes en un colectivo de Nagorno Karabaj, lo que completó un agotador éxodo luego de que más de 100.000 personas -más del 80% de la población- abandonara el enclave. La semana pasada, Azerbaiyán lo había recuperado con una fugaz ofensiva militar.

El colectivo, que llegó a la vecina Armenia, transportaba a 15 pasajeros con enfermedades graves y problemas de movilidad, detalló Gegham Stepanyan, el defensor del pueblo de Nagorno Karabaj. Agregó que estaba recabando información sobre otros residentes que puedan haber quedado por no haber conseguido medios para irse.

Unas 400 personas murieron en la ofensiva lanzada por Azerbaiyán el 19 y el 20 de septiembre en Nagorno Karabaj, la cual duró apenas 24 horas hasta la capitulación de las fuerzas armenias locales. Días después, anunciaron la disolución para fin de año de la república sin reconocimiento internacional que habían fundado hace más de 30 años en el enclave del suroeste azerbaiyano.

Azerbaiyán se comprometió a respetar los derechos de las personas de etnia armenia de Nagorno Karabaj. Sin embargo, virtualmente todos ellos huyeron apresurada y desordenadamente de la región por temor a represalias o a perder la libertad de usar su idioma y practicar su religión y costumbres.

El Gobierno de la vecina Armenia, destino de los huidos, dijo hoy que 100.514 de los 120.000 residentes la región ya ingresaron al país. La ministra de Salud armenia, Anahit Avanesyan, dijo que algunas personas habían muerto durante el extenuante y lento viaje por la única carretera de montaña hacia Armenia, que en algunos casos duró hasta 40 horas.

La ofensiva y el consecuente éxodo llegaron luego de que Azerbaiyán bloqueara durante diez meses la región, lo que dejó a muchos de sus habitantes sufriendo de desnutrición y falta de medicamentos.

Sergey Astsetryan de 40 años, uno de los últimos residentes de Nagorno Karabaj que abandonó la región en su propio vehículo, dijo que algunas personas mayores decidieron quedarse y añadió que otras podrían regresar si ven que es seguro para los armenios, que son cristianos, vivir bajo el dominio de los azerbaiyanos, que son musulmanes. “Mi padre me dijo que regresará cuando tenga la oportunidad”, dijo a periodistas en un puesto de control en la frontera, informó la cadena BBC.

Las autoridades azerbaiyanas dijeron haber recuperado “plena soberanía” sobre el territorio, arrestaron a varios ex miembros de su Gobierno y lanzaron una campaña para el retorno a Nagorno Karabaj de residentes azerbaiyanos. A fines de los 80, muchos habían huido de allí en medio de una primera guerra de seis años por el territorio.

Las calles de la capital regional, Stepanakert, que los azerbaiyanos llaman Khankendi, quedaron vacías y llenas de basura, con las puertas de las tiendas desiertas abiertas de par en par y autos abandonados estacionados en la calle. La Policía azerbaiyana estableció puestos de control en las afueras de la ciudad.

Tropas de paz rusas desplegadas en la región desde otra guerra librada en 2020 podían ser vistas en algunas partes de la ciudad, aunque el grueso sigue acantonada en una base en las afueras de la ciudad, donde estaban sus vehículos.

Ayer domingo, fiscales de Azerbaiyán emitieron una orden de arresto contra el ex líder de Nagorno Karabaj, Arayik Harutyunyan, quien dirigió la región antes de dimitir a principios de septiembre. La semana pasada, la policía azerbaiyana arrestó a uno de los ex primeros ministros de Harutyunyan, Ruben Vardanyan, cuando intentaba cruzar a Armenia.

Hoy lunes, los líderes del actual Gobierno de facto armenio de Nagorno Karabaj prometieron quedarse hasta el final de las operaciones de socorro de las víctimas de la ofensiva de Azerbaiyán. El presidente, Samvel Shahramanián, “permanecerá en Stepanakert junto a un grupo de altos cargos hasta el final de las operaciones de búsqueda y de socorro de los muertos y de las personas desaparecidas por las operaciones militares”, dijo el Gobierno en un comunicado.

En Azerbaiyán, el presidente Ilham Aliyev dio el conflicto por terminado. “Ponemos fin al conflicto. Protegimos nuestra dignidad, restauramos la justicia y el derecho internacional”, dijo en un discurso. Añadió que “nuestra agenda es la paz en el Cáucaso, la paz en la región, la cooperación, los beneficios compartidos, y hoy lo demostramos”.

Después de seis años de lucha separatista que terminaron en 1994 tras el colapso de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj quedó bajo el control de fuerzas armenias, respaldadas militarmente por ese país. Históricamente, Nagorno Karabaj estuvo poblada por una mayoría armenia, aunque cambió de manos varias veces y fue escenario de matanzas de ambas partes.

Después de una guerra de seis semanas en 2020, Azerbaiyán recuperó partes de la región de las montañas del sur del Cáucaso, junto con territorios circundante que las fuerzas armenias habían capturado en otra guerra anterior que duró de 1988 a 1994.

Las autoridades armenias acusaron a las fuerzas de paz rusas de permanecer inactivas y de no detener el ataque azerbaiyano. Las afirmaciones fueron rechazadas por Moscú, que argumentó que sus tropas no tenían mandato para intervenir.

Las acusaciones mutuas tensaron aún más las relaciones entre Armenia y su antiguo aliado Rusia, que acusó al Gobierno armenio de tener una inclinación prooccidental.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, alegó la semana pasada que el éxodo de personas de etnia armenia de Nagorno Karabaj equivalía a “un acto directo de limpieza étnica y de privación de su patria”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán rechazó enérgicamente las acusaciones de Pashinian, argumentando que su salida fue “su decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzada”.

Una misión de las Naciones Unidas llegó ayer a Nagorno Karabaj para monitorear la situación. Es la primera de la organización a la región en tres décadas, debido a la “situación geopolítica muy complicada y delicada” que existe allí, dijo la semana pasada el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Funcionarios locales desestimaron la visita como una formalidad.

Hunan Tadevosyan, portavoz de los servicios de emergencia de Nagorno Karabaj, dijo que los representantes de la ONU habían llegado demasiado tarde y que el número de civiles que quedaban en la capital regional de Stepanakert se podía “contar con una mano”. “Caminamos por toda la ciudad pero no encontramos a nadie. No queda población general”, dijo.

También hoy martes, Armenia acusó a Azerbaiyán de disparar a contra un automóvil que transportaba alimentos para sus tropas en una zona fronteriza, cerca de la ciudad armenia de Kut, y dijo que el tiroteo dejó un muerto y dos heridos. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán rechazó la acusación.

En Rusia, el Ministerio de Defensa dijo que una patrulla mixta rusa y azerbaiyana recibió hoy disparos en Nagorno Karabaj, en un incidente que no dejó víctimas y que estaba siendo investigado por las tres partes.

LC con información de agencia Télam

Un cayuco que partió con 101 migrantes (cien senegaleses y un guineano) hace más de un mes fue encontrado cerca de las costas de Cabo Verde y las autoridades del país rescataron a tan sólo 38 de ellos, por lo que se teme que el resto haya fallecido en el océano Atlántico.

La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el Este y el Cuerno de África, Yvonne Ndege, dijo a la Agencia EFE que el “número estimado de muertos” es de 63, ya que sólo se lograron confirmar siete muertes. Asimismo, se estima que 56 migrantes están desaparecidos: “Las personas desaparecidas en el mar se presumen muertas”, lamentó Ndege.

Los supervivientes se cifran en 38, “incluidos cuatro niños de entre 12 y 16 años”, agregó la portavoz.

La embarcación partió el pasado mes de julio desde Senegal, cuyo Gobierno informó a última hora del martes 15 que 38 personas que intentaban migrar a España habían sido rescatadas frente a la costa de Cabo Verde ese mismo día.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó que la embarcación precaria partió de la localidad senegalesa de Fass Boye, en la región de Thiès (oeste), más de un mes antes del naufragio con 101 personas a bordo, según el relato de los supervivientes.

Los 38 supervivientes son 37 ciudadanos de Senegal y uno de Guinea-Bisáu y “actualmente están siendo atendidos en la isla de Sal”, según el comunicado de Exteriores citado por EFE.

Por otra parte, una portavoz de la OIM dijo a la agencia Europa Press que no se sabe qué ocurrió a bordo del cayuco durante el mes que estuvo a la deriva en el Atlántico. Safa Msheli detalló que, en ese largo periodo de tiempo, los migrantes pudieron sufrir hipotermia y deshidratación, aparte de ahogarse en aguas del océano.

Mientras, la activista que monitorea los flujos migratorios Helena Maleno elevó el número de muertos a más de 90 y 38 los supervivientes.

La fundadora de la ONG Caminando Fronteras denunció la política migratoria de los Estados y destacó que “si las búsquedas (de personas en el mar) fueran eficientes, estarían vivas” y si esas personas “fuesen blancas, estarían vivas”.

Según la página web de información sobre migración Info Migrants, el cayuco fue avistado el lunes 14 de agosto, a unos 300 kilómetros de la isla de Sal, perteneciente a Cabo Verde. Un pesquero español alertó a las autoridades de ese país, que acudieron a rescatar a los naufragos.

Un funcionario de Salud de la isla de Sal, Jose Rui Moreira, citado por Info Migrants, informó de que siete de los 38 supervivientes tuvieron que ser llevados al hospital, mientras que la morgue local recibió siete cuerpos que pudieron ser recuperados.

Los migrantes trataban de alcanzar las Islas Canarias, a través de una de las rutas migratorias más peligrosas entre África y Europa.

Según los últimos datos de Caminando Fronteras, la llamada ruta canaria (desde la costa occidental de África a las islas españolas) fue la más transitada en los primeros seis meses de 2023 y también la más mortífera: 778 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de alcanzar Canarias, un número similar al registrado por la ONG en el mismo periodo del año pasado (800), a pesar de que el flujo migratorio decreció en este trayecto un 18% en la primera mitad de 2023.

“Estamos muy preocupadas porque las muertes se mantienen a pesar de que los datos del Gobierno español apuntan a una reducción del tránsito en las rutas migratorias. ¿Por qué seguimos teniendo tantas muertes? ¿Qué es lo que está pasando en el mar?”, se preguntó Maleno tras publicar esas cifras el pasado mes de julio.

El Gobierno británico tuvo que desembarcar a los 39 solicitantes de asilo que había alojado esta semana en la barcaza en el sur de Inglaterra por el hallazgo de legionela en muestras del agua que utiliza la embarcación, según informó este viernes el Ministerio de Interior.

La embarcación 'Bibby Estocolmo', pensada para hospedar a unos 500 solicitantes de asilo en tres pisos y 222 camarotes, es una de las polémicas medidas que el Gobierno británico está adoptando para desanimar a los refugiados a cruzar el canal de la Mancha hacia Inglaterra. El Ejecutivo de Rishi Sunak está tramitando una ley que impedirá incluso solicitar asilo a las personas que hayan llegado al país por esta vía, algo que contradice la convención europea de derechos humanos.

El lunes habían empezado a ser alojados los primeros migrantes y estaba prevista la llegada de más en las próximas semanas. El Gobierno justifica la idea como un intento de reducir el costo de hospedar a solicitantes de asilo en hoteles. Se estima que las autoridades locales gastan unos seis millones de libras (casi siete millones de euros) al día en alojar en hoteles y apartamentos a migrantes que están en situación irregular.

La gestión de esos hoteles, a menudo en condiciones insalubres, fue objeto de numerosas denuncias de organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas de medios nacionales y locales. En algunos casos, el Gobierno británico reconoce haber perdido el rastro de menores a su cargo que han podido caer en redes de explotación.

El director de los derechos de migrantes y refugiados de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Steve Valdez-Symonds, criticó esta semana la decisión de utilizar la barcaza porque que se trata de “una forma completamente vergonzosa de albergar a personas que han huido del terror, el conflicto y la persecución.”

Protestas

La presencia de legionela en el agua puede llevar al desarrollo de enfermedades pulmonares si se inhalan las partículas de esta bacteria. Según informó el gobierno, no se identificó ninguna persona enferma hasta ahora.

“Como medida de precaución, los 39 solicitantes de asilo que llegaron en el barco esta semana están siendo desembarcados mientras se realizan más evaluaciones. Ninguna persona a bordo presentó síntomas de tener legionela, y los solicitantes de asilo reciben el asesoramiento y el apoyo adecuados”, dijo un portavoz de Interior. “La salud y el bienestar de las personas en el barco es nuestra máxima prioridad. Muestras ambientales del sistema de agua en el 'Bibby Stockholm' mostraron niveles de bacterias legionela que requieren más investigación”.

El portavoz aseguró que las muestras solo están vinculadas al sistema de agua de la embarcación, por lo que no hay riesgo directo para la comunidad de la zona del sur de Dorset.

El grupo activista local Stand Up To Racism Dorset organizó este viernes otra protesta en el puerto. “Este es otro ejemplo de la incompetencia y falta de humanidad del Ministerio del Interior”, dijo un portavoz.

“En el desierto, si mueres, tu cuerpo no flota como ocurre en el Mediterráneo, sino que el viento y las dunas lo devoran. Todo acaba ahí”. David Yambio, cofundador de Refugees in Libya, habla desde la experiencia cuando explica lo que supone atravesar el Sáhara, un trayecto de siete días en su caso en el que “sólo unos pocos sobrevivieron” y que aún pesa en el recuerdo de su ruta hasta alcanzar Europa.

Tras siete años y cinco intentos para cruzar el Mar Mediterráneo, este joven que huyó de la guerra civil de Sudán del Sur sigue manteniendo que “el desierto es más letal que el mar”.

No existen cifras exactas de decesos en esta ruta migratoria que demuestren su enorme mortalidad. El proyecto de Missing Migrants de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) documentó las muertes de 5.775 personas en esta ruta desde 2014, una cifra no tan elevada comparada con los 27.676 migrantes fallecidos en el Mediterráneo registrados en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, muchos expertos consideran que el número de muertes en el Sáhara es mucho mayor, como explica Andrea García Borja, analista de datos del proyecto: “La mayor parte de los incidentes registrados involucran el fallecimiento de una o dos personas en zonas remotas. Es bastante probable que otros incidentes no sean identificados y que esas muertes no se contabilicen en los registros”.

La principal diferencia a la hora de recopilar datos del Sáhara frente a los que se obtienen en el Mediterráneo está en “el número de actores presentes en estas dos regiones que pueden servir como fuente de información para el registro de fallecimientos”. “En el mar hay información en los puntos de salida en la costa africana y en el sur de Europa. Además, hay guardacostas, barcos civiles, aeronaves… que responden a los casos de emergencia. Ninguno de ellos está presente en el desierto, por lo que las fuentes de información son muchas menos”, indican desde Missing Migrants.

La foto de la vergüenza

A pesar de lo limitada que resulta la documentación de muertes sobre el terreno, el último mes marcó un punto de inflexión. Según la ONG Human Rights Watch, las autoridades de Túnez expulsaron y abandonaron en el desierto a cientos de migrantes subsaharianos y muchos de ellos han muerto deshidratados.

Esta actuación por parte del país árabe, tras meses de estigmatización de los migrantes subsaharianos, coincide con la firma de un acuerdo millonario entre Túnez y la Unión Europea para contener las migraciones irregulares en el Mediterráneo. La UE destinará 105 millones de euros exclusivamente para luchar contra el tráfico de personas en el marco de un paquete de ayuda para el Gobierno tunecino de más de mil millones.

A mediados de julio, el presidente de Túnez, Kais Said, negó que su país dé un trato inhumano a los migrantes, pero declaró que “se niega a ser una tierra de tránsito o de asentamiento”. Pese a las palabras del mandatario, pronto circularon varias imágenes de cuerpos sin vida en la frontera entre Túnez y Libia. En una de las fotografías más compartidas aparecen una madre y una niña: dos personas anónimas que sucumbieron a la crueldad del desierto.

Cuando esa instantánea llegó a manos de Yambio, se convirtió en algo personal. El activista necesitaba demostrar “que eran personas, con una vida, un rostro, una familia y una historia”. Los vínculos que Refugees in Libya creó con la comunidad africana le permitieron indagar sobre la identidad de las fotografiadas hasta descubrir que los cuerpos pertenecían a Matyla Dosso y a su hija de seis años, Marie. No obstante, el marido de Matyla, con quien habían sido abandonadas en el Sáhara, no estaba junto a ellas. 

Yambio no tardó en localizar a Mbengue Nyimbilo Crepin, más conocido como Pato, quien compartió con él todo lo que había sucedido: “Maty llegó a Libia en 2016, igual que yo. Nos conocimos en un campamento en Qarabulli, durante un viaje de preparación para Italia, y estuvimos juntos hasta su muerte”, le explicó este hombre que había abandonado su Camerún natal después de que su hermana mayor muriera en los enfrentamientos entre secesionistas anglófonos y el Ejército.

Durante siete años, el matrimonio intentó cruzar el Mediterráneo cinco veces, hasta que el pasado julio decidieron escapar de Libia a Túnez con la esperanza de que su hija tuviera acceso a una educación, algo que había sido imposible ofrecerle en el primer país.

El plan no salió según lo esperado y los tres fueron abandonados en pleno desierto con aproximadamente otras 30 personas y sin agua. Pato cuenta como, exhausto y a punto de perder la consciencia, se rindió y pidió a su familia que le dejasen atrás: “Ya no tenía más fuerzas y sabía que para mí se acababa ahí porque apenas podía respirar”.

En busca de su familia

Cuando ya no tenía esperanzas de sobrevivir, un grupo de sudaneses lo encontró, le ofrecieron ayuda y le acompañó hasta Libia, donde planeaba reencontrarse con Matyla y Marie, pero solo halló su fotografía.

La misión de Pato ahora es encontrar la manera de llevar los cuerpos de su familia a Costa de Marfil, el país de origen de Matyla. El proceso de repatriación es largo y costoso, por eso Yambio organizó una recaudación de fondos, pero ahora el mayor obstáculo es que ambas ya fueron enterradas en algún lugar de Trípoli, la capital de Libia, lo que complica aún más su traslado.

“Estamos haciendo todo lo posible por contactar con las autoridades y con las organizaciones humanitarias”, señala el activista, para quien la prioridad actual es que Pato tenga la oportunidad de “ser humano”: “La idea del crowdfunding era repatriar los cuerpos, pero también está pensado para que él pueda tener una vida, porque no puede volver a Camerún”.

La carrera de obstáculos que supone localizar y repatriar los cadáveres de los migrantes que desaparecen en medio del desierto afecta cada día a muchísimas familias. No existe ningún procedimiento al que recurrir y “no pueden ir al desierto y ponerse a buscar”, como apunta Yambio.

En estas circunstancias, muchos de los afectados piden ayuda a uno de los pocos actores presentes sobre el terreno, Alarm Phone Sahara (APS). Esta organización opera desde Níger, Malí, Burkina Faso, Togo, Marruecos, Alemania y Austria con el objetivo de documentar y sensibilizar sobre lo que realmente le ocurre a los migrantes que atraviesan el desierto.

APS surgió imitando a la ONG Alarm Phone, una línea de teléfono que recibe llamadas de emergencia de los migrantes en peligro en el Mediterráneo y que, a su vez, alerta a las autoridades y a las ONG de que vayan a rescatarlos. Sin embargo, pronto comprendieron que esta misma metodología no es aplicable en el Sáhara: “Nos dimos cuenta de que existen diferencias entre la realidad del mar y la del desierto. En el desierto muchas áreas no tienen ningún tipo de cobertura móvil”, señala Moctar Dan Yayé, portavoz de APS en Níger, quien explica que fue esto lo que les llevó a crear una red de voluntarios.

Una ruta cada vez más peligrosa

Los colaboradores de APS son personas que patrullan el desierto localizando, ayudando e informando sobre la situación de aquellos que están en peligro. “Lo peor que te puede pasar en el Sáhara es perderte o que se te estropee el coche”, dice Dan Yayé, que mantiene el recuerdo de cuando esta ruta migratoria no estaba criminalizada y el riesgo de morir era mucho más limitado: “Antes de 2015 la gente podía ir en coche desde Níger a Argelia o a Libia, pero ahora tienen que utilizar rutas mucho más peligrosas”.

Cuando huyen de las patrullas militares, muchos de los conductores se pierden o acaban por abandonar a las personas que transportan para buscar un camino que no esté vigilado y estos acaban muriendo mientras esperan en medio de la nada.

Lo primero que sientes cuando llegas al desierto es una gran ‘ausencia de vida’. Sientes calor, sed, angustia y hambre. Sientes miedos que son imposibles de superar

David Yambio — Cofundador de Refugees in Libya

En 2015, Níger aprobó una ley contra el tráfico de personas que implantó con el apoyo financiero de las instituciones europeas y de algunos Estados miembros. Los medios que los migrantes usaban para moverse, que habían operado con normalidad hasta entonces, fueron repentinamente criminalizados.

Una investigación reciente de Border Forensics demuestra a través de un análisis geoespacial que, desde que existe esta norma, un mayor número de vehículos circula en zonas donde las condiciones son cada vez más peligrosas, cruzando lo que el estudio denomina como el umbral de la deshidratación. “Incluso antes de alcanzar un estado de deshidratación fatal, cualquier persona alcanzaría un grado de deterioro cognitivo que le desorientaría y limitaría su capacidad de toma de decisiones”, explica el informe.

La información que tenemos sobre las temperaturas, la deshidratación y las rutas que recorren el desierto nos permiten hacernos una ligera idea de lo peligroso que puede ser atravesarlo. Sin embargo, David Yambio sostiene que las amenazas a las que te enfrentas en el Sáhara no las puedes imaginar “hasta que lo experimentas tú mismo”.

“Lo primero que sientes cuando llegas al desierto es una gran ‘ausencia de vida’: no hay refugio, no hay árboles, no hay sombra, no hay absolutamente nada. Lo único que puedes ver son las dunas, atravesadas por un viento violento que te recorre todo el cuerpo. Sientes calor, sed, angustia y hambre. Sientes miedos que son imposibles de superar”.

Un solicitante de asilo que estuvo encarcelado en Irán por su activismo de derechos humanos dice que no ha podido dormir desde que recibió el aviso de que lo trasladarían al polémico barco Bibby Stockholm que, según él, sería otra “cárcel”.

El hombre, que prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad, trabajó como abogado de derechos humanos y activista en Irán y fue encarcelado por sus actividades antigubernamentales. Se las arregló para escapar de Irán y solicitó asilo a su llegada al Reino Unido hace varios meses, citando la persecución política en su país de origen.

Al principio, el Ministerio del Interior le alojó en un hotel en la costa sur, pero luego le entregó una carta en la que decía que lo trasladarían al Bibby Stockholm en Portland, Dorset.

Varias personas y organizaciones expresaron sus preocupaciones sobre el uso de la barcaza para los solicitantes de asilo, incluida la seguridad contra incendios, el hacinamiento y las amenazas de la extrema derecha. El primer grupo de solicitantes de asilo llegó al barco este lunes.

“Mientras vivo en el hotel, puedo salir y dar un paseo al aire libre. También tengo el apoyo de la comunidad. Me sorprendió cuando recibí una carta hace aproximadamente una semana del Ministerio del Interior diciéndome que me enviarían al barco Bibby Estocolmo. Hemos visto las noticias sobre esta barcaza. Es una especie de cárcel”, explica.

El solicitante de asilo confiesa que ha estado muy estresado desde que recibió la carta y que no ha podido dormir por miedo a lo que le podría pasar a él y a otros solicitantes de asilo si los trasladan.

“Sé de al menos nueve personas en mi hotel que recibieron esta carta. Todos los que la recibieron están realmente molestos y tristes”, cuenta.

La carta del Ministerio del Interior, firmada por el equipo de alojamiento alternativo, establece que el alojamiento está cambiando al barco Bibby Stockholm y, aunque las personas no serán detenidas en la barcaza, deberán registrarse al entrar y salir de la barcaza “para garantizar su seguridad”, sostiene el escrito.

El solicitante de asilo iraní cuenta que él y otros que también recibieron la carta están más preocupados por la seguridad en el barco.

Steve Smith, director ejecutivo de la ONG para refugiados Care4Calais, que apoya a algunos de los solicitantes de asilo que recibieron cartas anunciando su traslado al Bibby Stockholm, asegura: “Entre aquellos a los que prestamos apoyo hay supervivientes de tortura, personas con discapacidad y personas que han sufrido traumas en el mar. Es inaceptable alojar a cualquier ser humano en una 'prisión flotante' como Bibby Stockholm. Hacerle eso a gente así es completamente inhumano. Está generando mucho miedo”.

“Sé que cuando otros solicitantes de asilo reciben cartas del Ministerio de Interior diciendo que los enviarán a los barracones de Napier en Folkestone, se les dice cuánto tiempo permanecerán allí. Esta carta no nos da ninguna información. No tenemos ni idea de cuánto tiempo estaremos en el barco. Hemos leído información sobre cómo el barco no será un lugar seguro para nosotros. Estaremos fuera de la comunidad”, afirma el solicitante de asilo.

“Trabajé como abogado de derechos humanos en Irán y creo que este plan del Ministerio de Interior va en contra de los derechos humanos. La gente normal no iría a vivir allí. Cuando estuve en la cárcel en Irán, lo pasé muy mal. Todo lo que quiero hacer aquí es vivir una vida normal, hacer cosas positivas y ser parte de la sociedad”, apunta.

El barco que servirá de alojamiento flotante lleva atracado frente a la costa de Dorset desde hace casi tres semanas y permaneció vacío desde entonces debido a preocupaciones por la salubridad y la seguridad de las instalaciones.

ONGs como la Cruz Roja británica y Amnistía Internacional criticaron la medida. “Sabemos por nuestro trabajo de apoyo a hombres, mujeres y niños que buscan asilo que estos sitios serán completamente inapropiados para las personas y provocarán un sufrimiento significativo”, señaló la Cruz Roja.

“Las personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares ya experimentaron un trauma inimaginable. Necesitan estabilidad, apoyo, poder mantener el contacto con sus seres queridos y sentirse seguros”, asegura la organización. “Nos encontramos en esta posición como resultado directo de la incapacidad de abordar la acumulación de solicitudes de asilo, con más de 172.000 personas viviendo en el limbo. Necesitamos un sistema de asilo más eficaz y compasivo, que ayude a las personas a integrarse en una comunidad para que puedan encontrar seguridad y vivir con dignidad”, advierte.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó en diciembre: “Es injusto y espantoso que estemos gastando 5,5 millones de libras todos los días en el uso de hoteles para albergar a solicitantes de asilo. Debemos terminar con ello”. El Partido Laborista, sin embargo, denuncia que estas cifras han aumentado e insta al Gobierno a acelerar el trámite de asilo.

Traducción de Javier Biosca

Carla Barranco se pasa cuatro horas por día recibiendo un no como respuesta. Cada vez que, con su simpática sonrisa, pide a un ocasional transeúnte un minuto de su tiempo, 9 de cada 10, ni siquiera le contestan. ¨Es solo un minuto¨, insiste acompañando el paso apurado de la persona que mira para otro lado, y entonces, recibe un corto y seco ¨no, gracias¨. Carla, desde la esquina de Consell de Cent y Balmes, en Barcelona, pide aportes de dinero para la Cruz Roja, ACNUR y Médicos sin fronteras. Descontando tiempos muertos entre transeúnte y transeúnte, descansos y conversaciones con colegas, encara a 140 personas por día y consigue el aporte de media. Si, capta un aportante cada dos días. Para conmover a su interlocutor, Carla maneja un pitch con los proyectos más importantes realizados por las ONG´S, pero nunca habló ni conoció a ninguna persona de esas organizaciones. Es que ella realmente no trabaja para esas organizaciones, lo hace para una empresa de marketing que recauda por y para ellos. La rotación de los captadores (así es como se llama a las personas que ponen el cuerpo y la cara en el negocio de la solidaridad) es de dos meses. El 25% abandona durante la primera semana. Carla, como miles de argentinos, partió desde Ezeiza a procurarse un futuro mejor.

Juan Diego Botto escribió junto a la periodista de elDiario.es Olga Rodríguez el guion de la película En los márgenes, en el que Penélope Cruz, la protagonista, encarna la historia de una madre que lucha contra el desahucio. La frase con la que titulé esta nota me representa, pero no es mía. Se trata del slogan de una campaña publicitaria de Caixabank, el banco español cuyo director general tuvo que “retractarse pública y sinceramente” por haber declarado que los desahucios son una leyenda urbana. Según una investigación de la organización Sevilla Acoge casi uno de cada cinco inmigrantes ha sufrido o está en vías de sufrir un desahucio.

Según el informe de la OIM/ONU Migración a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980.

Podemos discutir si lo mejor para una persona es crecer y desarrollar su vida en la tierra donde nació, o no. Si desde el jardín de uno, los otros siempre parecen más verdes, o no. Si la clase política en otros países es menos corrupta, o no. Si el aprendizaje por la experiencia de quien tiene la opción de emigrar es incomparable, o no. Si conocer otras culturas, otra gente, otra manera de vivir abre la mente, o no. Todas estas cuestiones son tan personales como subjetivas y no existe una verdad ni una respuesta única. También resulta que la mayoría de las personas que se pueden plantear estas cuestiones, tienen la posibilidad de, en el peor de los casos, comprarse un pasaje de regreso. Pero para una buena parte de los habitantes de nuestro planeta, no hay otra opción que emigrar. En sus lugares de origen su vida, lisa y llanamente, corre peligro. 

La contracara de la emigración es la inmigración. “El Conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos”, señaló Miguel Angel Pichetto, titular de la Auditoría General de la Nación, en una entrevista en Perfil. 

Según el informe LEDA confeccionado por la UNSAM en junio del 21, el 29% de los encuestados estaban de acuerdo con prohibir el ingreso de inmigrantes a nuestro país. Por regiones, el rechazo lo encabezaba el NOA con un 43% de los encuestados. Por edad, el 33% de los centenials (16 a 24 años) estaban a favor de prohibir la entrada a inmigrantes. Finalmente, el 36% de las personas con primario incompleto estaban a favor de la prohibición. 

Como puede apreciarse, las declaraciones de políticos como Pichetto no son casuales. Se inscriben en el marco de una muy elevada tasa de rechazo al inmigrante que, al mismo tiempo, impulsan.

Este artículo de Micaela Cuesta y Lucía Wegelin, publicado por Anfibia analiza, en profundidad y con datos, los mitos y prejuicios sobre los que se construye este discurso en nuestro país: “La narrativa económica inscribe a la inmigración como un problema asociado a la distribución tanto de recursos públicos como de puestos de trabajo: los migrantes vienen a competir por oportunidades laborales escasas, pero también a disputar lugares (también limitados) en la educación o la salud pública. Poco importa que el dato de extranjeros en las universidades públicas no alcance el 3% o que el aporte de migrantes a la economía a través del IVA, por ejemplo, supere los 1500 millones de dólares por año”.

Percibo un cierto enmudecimiento de la política a confrontar con estos prejuicios. La aparición de un personaje caricaturesco de extrema derecha, sea fugaz o no, ha inducido un corrimiento de los conservadores moderados hacia posiciones también extremas. No tardará en aparecer -por un planificado exabrupto de un político, una noticia de un medio malintencionado o el comentario de algún conductor/influencer- este asunto como tema de campaña. El 33% del público centenial es demasiado tentador como para que estos pescadores se priven de pescar en esa pecera. Tal vez sea el momento de que otros se pongan a estudiar el tema a fondo, elaboren argumentos sólidos basados en datos reales y concretos y se lancen con convicción a ese ruedo. Tal vez sea el tiempo de reafirmar, con voz clara y potente, que solo es progreso, si progresamos todos.

MS

El Parlamento Británico aprobó hoy una ley sobre inmigración que restringe el asilo para los migrantes que lleguen de forma irregular al Reino Unido. La iniciativa también estipula que deberán ser rápidamente detenidos y expulsados a su país de origen o un tercer país, luego de que la proyecto original de enviarlos a Ruanda fuera frenado por la justicia europea y británica.

Se trata de una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak, líder del Partido Conservador, quien prometió limitar el arribo de migrantes desde el canal de la Mancha. El año pasado, más de 45.000 personas llegaron a las costas británicas de forma irregular en embarcaciones precarias y, en los que va del 2023, ya lo hicieron 13.000 individuos, en su mayoría afganos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó la iniciativa y advirtió que atenta contra el derecho internacional sobre las personas refugiadas. De acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, el proyecto tendrá “profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional” en tanto “crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado”.

En la misma línea, la ONG británica Refugee Council aseguró que esta ley marca un día oscuro para el Reino Unido. “Un gobierno está en problemas y está probando el viejo método que consiste en acusar a los migrantes de sus propios fracasos”, lamentó Michael Rosen, activista de los derechos de los refugiados que protestaba este martes frente al Parlamento.

No es la primera vez que el Reino Unido busca una manera de limitar la llegada de inmigrantes. El año pasado, el país alcanzó un acuerdo con Ruanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se llevó a cabo ninguna expulsión por intervención judicial: el primer vuelo previsto para junio de 2022, fue cancelado por orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Con información de agencias.

La última tragedia en el mar Mediterráneo, donde se hundió el miércoles un pesquero con cientos de migrantes a bordo, es una tragedia anunciada y, probablemente, no será la última porque no existen políticas ni mecanismos de la Unión Europea (UE) en su conjunto o de los países de destino para prevenir los naufragios de aquellos que intentan alcanzar el continente huyendo de la miseria, la violencia o la persecución.

El hundimiento del pesquero frente a las costas de Grecia es el más mortífero ocurrido en aguas de ese país en lo que va de año y podría ser uno de los mayores que se han registrado en los últimos años, si se confirma que a bordo viajaban más de 700 personas. Pocas más de cien fueron rescatadas con vida y, además, la Guardia Costera griega pudo recuperar 78 cuerpos de los náufragos, pero se teme que muchos más se hayan hundido en una zona profunda del mar Jónico.

Tras el naufragio, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, admitió que la gestión migratoria está fallando y que es necesario “llegar a un acuerdo sobre un enfoque global y coherente” desde las instituciones comunitarias. “Hay que trabajar con los Estados miembros para garantizar que contamos con operaciones y medidas operativas lo más eficaces posibles”, defendió, antes de asumir que hasta el momento han fracasado: “¿Ya lo hemos conseguido? Está claro que no. El trabajo debe continuar y eso es lo que estamos haciendo”.

El naufragio tuvo lugar justo en el tramo final del debate sobre el Pacto de Migración y Asilo que a la UE se le resiste desde hace casi más de una década. La intención es que se culmine antes de que termine el año, bajo la batuta de la presidencia española. Los 27 parten de la “solidaridad obligatoria flexible” que pasa por una reubicación de 30.000 refugiados que los estados podrán sortear pagando 20.000 euros por cada persona rechazada.

Hungría y Polonia ya advirtieron que no cumplirán ese acuerdo y la Eurocámara, por su parte, es más ambiciosa y rechaza la 'solidaridad a la carta'. Esa negociación no incluye a priori nada relativo a las operaciones de salvamento marítimo, que las ONG que operan en el Mediterráneo consideran fundamentales para salvar cientos de vidas. Mientras la UE no impulsa un mecanismo de auxilio a nivel europeo, también obstaculiza aquellos lanzados por las organizaciones para llenar el hueco dejado por las instituciones, al tratar de frenar sus misiones de rescate.

Desde la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), Riccardo Gatti, jefe de rescate del barco Geo Barents, dice a elDiario.es que la última tragedia del Jónico “era previsible y evitable” pero es una consecuencia de “las políticas europeas de rechazo y de falta de cuidados hacia las personas”.

“Estas personas han muerto porque no se les ha rescatado” afirma Gatti, quien agrega que no fue por omisión: “No rescatarles es una decisión”. El jefe de rescates de MSF se encuentra a bordo del Geo Barents, que actúa en el Mediterráneo Central, una de las rutas migratorias más transitadas y donde se produjeron los peores naufragios de los últimos años.

Ignorar a las ONG de rescate

“Conocemos las condiciones de estos barcos y, aún así, no se puso en marcha un operativo de rescate” para el pesquero que se terminó hundiendo. Explica que el mismo Geo Barents estaba cerca de Sicilia y que podría haber acudido al rescate de los migrantes si “se lo hubieran pedido, pero nadie avisó” a los barcos más próximos para que intervinieran. 

Gatti denuncia que las políticas europeas “obstaculizan y criminalizan a los barcos de las ONG”, como el de MSF, y que las autoridades de los países del sur de Europa y la propia Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) no comparte las coordenadas de los barcos en apuros ni colaboran con estas organizaciones que desempeñan un papel fundamental.

“Frontex no nos informa, ni siquiera si estamos cerca (del barco que necesita ayuda). Informa antes a las autoridades competentes, como las de Libia o Malta”, denuncia. Malta viene negándose a socorrer a los migrantes en sus aguas territoriales, mientras que las libias los interceptan y los llevan de vuelta por la fuerza, también en virtud de un acuerdo con Italia desde 2017, que autoriza a la Guardia Costera a devolver a los migrantes a Libia, donde son encerrados en centros de detención en los que la propia ONU documentó abusos y crímenes contra la humanidad.

En opinión de Gatti, que desde 2021 trabaja a bordo del Geo Barents y acumula más años de experiencia en otras ONG de salvamento, “ha habido un cambio muy grande desde 2019 en el mar: las operaciones de socorro y rescate han pasado a ser operaciones policiales” por parte de Frontex y de los países miembros.

En concreto, las autoridades italianas “han desmantelado el operativo de rescate y criminalizan cada vez más a los migrantes y las ONG” que los rescatan. Por ello, Gatti pide que se deje de “criminalizar a estas personas y a las ONG”, además de crear “un operativo de rescate institucional” desde la UE que se coordine con las organizaciones para salvar cuantas más vidas porque, en la mar, “todo el mundo en peligro debe ser rescatado”.

Desde la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recordaron en un comunicado conjunto que “la búsqueda y rescate en el mar es un imperativo legal y humanitario”. Además, señalaron que “la UE tiene que poner al centro de su actuación en el Mediterráneo la seguridad y la solidaridad”, porque “está claro que el actual planteamiento en el Mediterráneo no está funcionando”.

Las tragedias se repiten

Las tragedias se vienen repitiendo en el Mediterráneo ante la mirada impasible de Europa, cuyas políticas no evitaron tantas muertes, a las que los ciudadanos europeos se acostumbraron. El director de medios europeos de la ONG Human Rights Watch, Andrew Stroehlein, lamentó en un tuit que esas muertes son como los tiroteos masivos en Estados Unidos: “Siguen ocurriendo. Cada vez que ocurren, los políticos fingen estar preocupados. Y cada vez, los políticos mantienen las políticas gubernamentales que están en el origen del problema. Y siguen ocurriendo”.

Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 27.000 personas desaparecieron en el Mediterráneo desde 2014 y, en lo que va de año, más de un millar perdieron la vida en el mare nostrum.

El naufragio más reciente es el de Cutro, en el sur de Italia, a cuyas costas intentaban llegar decenas de inmigrantes el pasado mes de febrero: se sabe con seguridad que 80 murieron, sus cuerpos fueron rescatados o arrojados por las olas en la playa de esa localidad, que se convirtió en un símbolo de las políticas antinmigración del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.

Sin embargo, esas muertes no impidieron que se consumara otra tragedia a pocos meses de distancia. En los pasados años, cientos de personas murieron tras zarpar de Libia, con rumbo a Italia, uno de los países que, junto a Grecia, recibe más migrantes a través del mar. En octubre de 2013, la muerte de más de 300 personas frente a la isla de Lampedusa conmocionó a las autoridades europeas. Sus declaraciones y lamentos parecían augurar un antes y un después en las muertes del Mediterráneo. Pero nunca lo fue.

En abril de 2015, unas 850 personas desaparecieron en aguas del Canal de Sicilia, según la Fiscalía italiana. Dos meses antes, otras 300 murieron en ese mismo lugar, 29 de ellas por hipotermia y el resto al naufragar las barcazas en las que viajaban desde Libia. En octubre del año anterior, 360 migrantes fallecieron en el naufragio de su embarcación antes de alcanzar la isla de Lampedusa (Italia).

Desde principios de 2023, aumentaron considerablemente los barcos que zarpan desde Túnez. El pasado día 11, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con Meloni y el presidente de Países Bajos, Mark Rutte, viajaron a ese país para sellar un acuerdo en materia migratoria, con el objetivo de que la dictadura de Kais Said haga de policía en las fronteras sur del Mediterráneo a cambio de mil millones de euros, de los que 105 son ayudas directas sin necesidad de devolución.

Siguiendo la misma estrategia y los mismos programas que puso en práctica en Libia, la UE financia y apoya instituciones poco democráticas, como las autoridades y guardacostas libios, para que eviten la salida de los migrantes o los intercepten en el mar y los devuelvan al país, incluso cuando los derechos de estas personas no están garantizados, como en el caso de Túnez, donde los migrantes subsaharianos sufrieron la persecución del Gobierno y de los propios ciudadanos.

Una señal de alarma

“El naufragio de Grecia es una nueva señal de alarma, por una parte, de la urgencia del problema migratorio y, por otra parte, de que la actual gestión de los flujos migratorios no está funcionando”, afirma a elDiario.es Lorena Stella Martini, del centro de investigaciones European Council on Foreign Relations.

Aparte de que no esté funcionando, “existe un problema que podríamos definir como 'burocrático', que dificulta intervenir en situaciones de emergencia, como la que se registró hace pocos días frente a las costas griegas”. En ese caso, “tanto las autoridades griegas, como Frontex así como las autoridades italianas sabían lo que estaba sucediendo y nadie actuó”, explica la investigadora desde Roma. Cree que esa actuación o falta de actuación manda un mensaje a los países del sur del Mediterráneo que “miran hacia Europa y ven la retórica europea en las palabras y en los hechos”. Es más, considera que la política migratoria europea afecta a su política exterior porque hace que los países de la orilla sur puedan “ejercer presión por al papel de guardián de los flujos migratorios para obtener concesiones por parte de países europeos”.

Martini dice que es necesario “cambiar la narrativa y el concepto de migración en Europa” y “cambiar el planteamiento de los países europeos hacia el Mediterráneo que siempre ha sido de emergencia y de seguridad”, como demuestra la decisión del Gobierno italiano, que declaró el estado de emergencia frente a la llegada de migrantes esta primavera. “Todo indica que los flujos migratorios irán en aumento en los próximos años y por tanto es necesario construir una política distinta”, señala la investigadora.

“A menudo no podemos hablar de la cuestión humanitaria frente a gobiernos que, como muchos en Europa, son cada vez más radicales y de derechas (...) sino que hay que ver la migración desde un punto de vista práctico: necesitamos esos trabajadores porque tenemos carencia de mano de obra, con unas poblaciones cada vez más envejecidas” en Europa, dice. Pero destaca que “ver la migración no como una amenaza sino como una oportunidad” conlleva “cultivarla con políticas de integración en los países de acogida”.

Mientras, en los países de origen, Europa “no puede sólo aprovechar los recursos” sino “crear las oportunidades para que los migrantes no quieran marcharse e, incluso, quieren quedarse”. Para ello, “se necesitan herramientas, financiación y mucho tiempo”.

A día de hoy, Martini propone trabajar en dos líneas: “poner las herramientas necesarias para evitar las tragedias en el mar Mediterráneo, que no podemos permitir que sucedan desde el punto de vista humanitario; e intentar trabajar en el medio y largo plazo con una política más sostenible, también desde el punto de vista económico y demográfico”.

FC

Guerras, violencia, persecuciones, violaciones de derechos humano. Tras más de una década de crecimiento ininterrumpido, el número de personas obligadas a abandonar su hogar por seguridad superó los 100 millones. A finales de 2022, la cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó la inaudita cifra de 108,4 millones de personas, 19.1 millones más que el año anterior (89,3 millones), según los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Se trata de una subida sin precedentes —21%—, en una tendencia que parece seguir en la misma dirección, ya que la cifra en mayo de 2023 llegó a los 110 millones de personas desplazadas tras la erupción del conflicto en Sudán.

“Estas cifras nos muestran que algunas personas son muy rápidas para adentrarse en conflictos y demasiado lentas para encontrar soluciones. La consecuencia es la devastación, el desplazamiento y la angustia por cada uno de los millones de personas desarraigadas y forzadas a abandonar sus hogares”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Y es que ese aumento se debe sobre todo a la proliferación de conflictos como el de Ucrania y, más recientemente, Sudán. El número de migrantes obligados a abandonar sus casas en 2022 cuadriplica el registrado en 2011 (26,8 millones), año en el que ACNUR comenzó a informar sobre el aumento de los desplazamientos forzosos en el mundo.

De los 108,4 millones de personas desplazadas a finales de 2022, el 58% (62,3 millones) son desplazados en sus propios países de origen a causa de conflictos o violencia, mientras que 34,6 millones de personas son refugiados, 5,4 millones solicitantes de asilo y 5,2 millones son personas en necesidad de protección internacional.

Aumento de los refugiados y guerra de Ucrania

La cifra de refugiados aumentó de forma drástica, en un 35%, pasando de 25,7 millones de personas en 2021 a 34,6 millones a finales de 2022, entre los que se encuentran 29,4 millones de refugiados bajo la protección de ACNUR y 5,9 millones de palestinos refugiados.

La guerra de Ucrania se convirtió en la mayor causa de desplazamientos forzados en 2022. El número de refugiados provenientes de este país pasó de 27.300 personas en 2021 a 5,7 millones de personas a finales de 2022 —16% del total—. Se trata de la mayor salida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Se produjo también un aumento de los refugiados afganos según las revisiones de población en Irán, por lo que se estima que había 5,7 millones de afganos que abandonaron su hogar a finales del pasado año, 2,9 millones más que en 2021. El informe también refleja un aumento del número de venezolanos “en necesidad de protección internacional” en países como Perú o Colombia, cifra que alcanza los 5,4 millones de desplazados.

Más del 87% del total de refugiados o de personas con necesidad de protección internacional a finales de 2022 provenían de 10 países: Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia y República Centroafricana. Se estima que casi uno de cada cinco refugiados en 2022 eran sirios, con 6,5 millones de desplazados forzosos.

Los países con menos ingresos, los que más acogen

El 70% de los refugiados son acogidos por países vecinos de donde se producen los conflictos o crisis humanitarias. Un porcentaje menor en comparación a otros años y que se debe sobre todo a que muchos ucranianos fueron acogidos en distintos países europeos no directamente próximos al país en cuestión.

Países vecinos que suelen ser generalmente de bajos o medios recursos, en términos de población y recursos. Según ACNUR, los estados no ricos son los que acogen el mayor número de desplazados. Los países de bajos ingresos, que suponen un 9% de la población mundial y que representan sólo el 0,5% del Producto Interior Bruto mundial, albergaron al 16% de los refugiados. Mientras que el 26% fueron acogidos por países de ingresos medio-bajos, el 33% por países de ingresos medio-altos y el 24% por países de ingresos altos.

Los 46 países menos desarrollados, que representan menos del 1,3% del PIB mundial, acogieron a más del 20% de los refugiados en 2022.

“La gente de todo el mundo continúa mostrando una extraordinaria solidaridad con los refugiados a medida que ofrecen protección y ayudan a los que lo necesitan”, añadió Grandi, “pero hace falta mucho más apoyo internacional y una distribución más equitativa de la responsabilidad, especialmente con aquellos países que albergan a la mayoría de los desplazados”.

Menos retorno voluntario y más reasentamientos

En 2022, 339.300 refugiados volvieron voluntariamente a sus 38 países de origen, la mayoría lo hicieron en Sudán del Sur, Siria, Camerún y Costa de Marfil. Un descenso de 90.000 personas con respecto al año anterior (21%). Por su parte, 5,7 millones de desplazados internos regresaron a su hogar —8% más que en 2021—, mayoritariamente en Etiopía, Myanmar, Siria, Mozambique y República Democrática del Congo.

La política de reasentamiento (traslado de refugiados de un país, generalmente con menos recursos, a otro con más capacidad de acogida) recuperó sus niveles pre pandemia, produciéndose 114.300 reasentamientos, el doble de los 57.500 del año anterior. Sin embargo, desde ACNUR advierten que, pese al aumento, esta cifra está muy lejos de los 1,5 millones de personas que se estima en necesidad de reasentamiento.

También se produjo un aumento del 2% de las personas que se encuentran sin estado. En 2022 unos 4,4 millones de personas se encontraban en situación de nacionalidad indeterminada.

“Sobre todo, se debe hacer mucho más para poner fin a los conflictos y eliminar los obstáculos para que los refugiados tengan la opción de regresar a su hogar de forma voluntaria, segura y digna”, advirtió el Alto Comisionado para los Refugiados. 

VI

La Guardia Civil Española desarticuló una organización criminal conformada por ciudadanos ucranianos que, apoyados por un matrimonio ruso, robó dinero en efectivo y joyas por valor de 1,2 millones de euros a sus compatriotas refugiados por la invasión de Rusia. Están acusados de instalar sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para luego acceder a sus viviendas en las provincias de Alicante y Murcia.

Según informó la Guardia Civil, en total se comprobaron siete robos por valor de 1.250.000 euros, algunos de ellos perpetrados a plena luz del día, y se logró recuperar dinero, joyas, ordenadores y hasta una colección de sellos sustraída en una vivienda valorada en medio millón de euros.

La operación 'Goverla-Sur' se inició a mediados de 2022 y finalizó con diez detenidos, todos de nacionalidad ucraniana excepto un matrimonio de nacionalidad rusa, que era quien facilitaba los vehículos al grupo criminal para realizar seguimientos y trasladarse a los domicilios de los refugiados ucranianos.

Los investigadores tuvieron conocimiento el año pasado de robos con fuerza en viviendas de Torrevieja y Orihuela Costa. Siete de los arrestados están en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, que también ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias.

ESTUDIABAN RUTINAS

El 'modus operandi' del grupo delictivo --todos hombres y una mujer-- consistía en estudiar las rutinas de sus víctimas, para lo que realizaban seguimientos y utilizaban sistemas de geolocalización del tipo baliza que instalaban en los vehículos de los refugiados.

Una vez conocían sus movimientos, accedían a las viviendas empleando ganzúas para abrir las cerraduras sin causar daños y sin dejar apenas rastro. Los miembros de la banda practicaban antes de los robos, utilizando cerraduras que compraban con el objetivo de perfeccionar su destreza.

Los robos en viviendas se cometieron cinco en Alicante y otros dos en Murcia. Los investigadores realizaron siete allanamientos, recuperando 92.700 dólares americanos y 92.065 euros, así como piezas de joyería y complementos de alto valor como relojes, bolsos, perfumes, lentes, teléfonos móviles, computadoras y tabletas electrónicas.

También se incautaron elementos de geolocalización con los que controlaban a las víctimas e inhibidores de frecuencia para anular los sistemas de alarma, herramientas y juegos de ganzúas utilizadas para acceder a las viviendas.

La operación 'Goverla', que continúa abierta, fue desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) Levante de la Unidad Central Operativa (UCO).

Europa Press.

IG

El 26 de noviembre de 2021 un Boeing 787 de la ONG Solidaire, que preside el piloto argentino Enrique Piñeyro, trasladó a 50 personas desde un campo de refugiados a Níger a Roma, desde donde se distribuyeron en todo el país con el objetivo –el sueño– de empezar una vida nueva. Todos ellos habían intentado ya cruzar de manera ilegal a Europa, lanzándose al mar desde Libia. Habían sido capturados por la guardia costera, encarcelados y sometidos a torturas.

Ese día, en el Aeropuerto Internacional Diori Hamani, se vivió un abordaje calmo. La euforia llegó después, ya con el avión suspendido en el aire, y explotó en forma de cánticos religiosos y vivas a Italia. Berthe, sentada en las butacas de la primera fila, lideró la celebración aérea y fue la encargada de agradecerle por altoparlante a Piñeyro, quien pilotó todo el trayecto. Un año después, consumido el entusiasmo inicial, su ánimo es otro. 

“Estoy triste: todavía no pude conseguir un trabajo y me estoy por quedar sin hogar”, dice a elDiarioAR desde Venecia, donde vive. Berthe, que tiene 40 años, usa bastones y solo puede apoyar una de sus piernas, cuenta que por su discapacidad solo puede trabajar en puestos de atención al cliente, pero que todavía no domina lo suficiente el idioma como para conseguir un empleo de ese tipo. Vive sola en una casa, pero el compromiso de Cáritas Italiana, ONG que organizó la misión junto a Solidaire y Open Arms, era garantizarle alojamiento y comida por un año. Un plazo que ya termina. 

Lo que más le preocupa es que, sin trabajo ni hogar permanente, no puede avanzar con las gestiones para intentar llevar a Italia a sus hijos. Los dejó hace siete años en Camerún, su país de origen, y salió con el objetivo de cruzar el desierto y alcanzar el Mediterráneo. Su hija más chica tenía entonces siete meses y nunca más la volvió a ver.

Primero llegó a Argelia y luego le pagó 2.000 euros a una persona que prometió despacharla a Italia vía Libia en un “barco seguro”, pero la abandonó en la costa, donde durmió dos meses esperando la chance de cruzar. La encontró la guardia costera y estuvo un año presa antes de ser evacuada gracias a una gestión de las Naciones Unidas a un campamento en Níger, donde pasó cuatro años. 

En el campamento Berthe vendía cigarrillos y hacía “pequeños negocios” para intentar juntar algo de dinero y mandarle a los hijos. También fabricó un montón de pelucas –de trencitas negras o castañas decoradas con caracoles, mostacillas o hilos de colores; peinados elaborados para mujeres africanas–, pero como se las pagaban muy poco decidió guardarlas para vender una vez que llegara a Europa. 

Eso hizo. El 18 de diciembre, ya en Venecia y liberada del período de cuarentena inicial, envió fotos. En la imagen Berthe, detrás de una mesa montada en una plaza de adoquines, vende unas túnicas africanas, bijouterie, ojotas y cestitas hechas con mostacillas, pelucas. Está sentada en una silla de ruedas, abrigada con guantes en las manos y un saco largo. Se ríe. 

“Vine a vender mis bienes que traje de Níger, gracias a la ayuda de mi comunidad anfitriona”, escribió entonces. “Tengo una buena comunidad, todos me cuidan bien, estoy muy contenta. Me dan coraje, amor y el deseo de tomar el control de mi vida”. Contaba que Cáritas le proveía de todo lo que necesitaba: “Tenemos comida, mucha comida, no tenemos la capacidad de comerla todo. En Níger sufrimos tanto, sin nada que comer, que esto me parece demasiado”. Soñaba, por esos días, con escribir un libro con su historia o incluso actuarla en cine; darle a conocer al mundo lo que sucede en África y, también, “la gracia de Dios”. 

Pocos días antes de la Navidad, Berthe logró enviarle dinero a sus hijos en Camerún. También los llamó por teléfono, algo que cuando estaba en el campamento nigerino había dejado de hacer: les generaba más dolor que alivio. “Cuando llegué acá los llamé y empezaron a llorar. Me decían: ‘Mamá, ¿por qué nos abandonaste? Estamos sufriendo mucho’. Lloraban, lloraban, todos lloramos. Pero ahora que estoy acá les dije que voy a hacer todo lo posible para traerlos y empezar una vida de familia”, contó, y envió tres fotos más.     

En una está su hijo más grande, adolescente, en una selfie tomada en la vereda de alguna ciudad de Camerún. De fondo, una casa con una galería precaria, un nene con un bidón de agua sobre la cabeza, un grupo de hombres empujando una carretilla. En otra foto, sus mellizos, ambos con mochila en la espalda y el uniforme del colegio: la nena, con un vestido largo hasta el piso color beige, que contrasta con su piel oscura. Su hijo, una camisa manga corta y un pantalón de la misma tela, ambos de pie en el piso de tierra. En la tercera foto, su hija más chiquita con el guardapolvo azul del jardín. La que vio por última vez cuando tenía siete meses. 

“Ellos no tienen un buen cuidado. Después de que yo me fui de Camerún empezaron a sufrir malos tratos. Mi hijo más grande se escapó de la casa varias veces. Se fue, pero lo encontraron. Después de eso me contó por teléfono que en esa casa los tienen como esclavos: todos los días tienen que empaquetar camotes y llevarlos al mercado para vender. Tienen que vender, vender, vender, no comer. Y si sacan algo de dinero para comprar comida, cuando vuelven a la casa les pegan y los castigan”, cuenta Berthe, e insiste una y otra vez sobre esta idea: “Toda mi esperanza es encontrarlos y traerlos conmigo”. 

Hasta febrero continuó vendiendo algunos productos, y luego ya no tuvo más mercadería. Se le acabó la producción de los últimos cuatro años en el campo de refugiados. Si bien terminó la escuela y tiene facilidad con los idiomas –habla francés y algo de inglés–, recién está aprendiendo el italiano. 

Lucía Forlino, integrante de Cáritas Italiana, que organizó la misión de noviembre de 2021,  explica que si bien hay cientos de personas en la misma situación, tienen un criterio para seleccionar a los refugiados a trasladar a Italia. El primero es el de la vulnerabilidad y por eso la mayoría son mujeres solas con sus hijos pequeños. Pero también buscan que sus perfiles encajen con las familias que los guían durante el primer año y que tengan posibilidad de insertarse en las comunidades a las que llegan.  

Berthe perdió contacto con el resto de los refugiados que llegaron con ella, que fueron distribuidos en ciudades de todo el país: Matera, Verona, Avellino, Milano. Pero, según escuchó, a algunos de ellos les “va bien”. Sin discapacidad física, la posibilidad de adaptación al mundo laboral de los recién llegados se multiplica; los inmigrantes representan una parte importante de la fuerza laboral europea. 

En ese grupo diverso de 50 personas, es posible que haya muchas historias diferentes. Uno de los refugiados, de 36 años y oriundo de República Centroafricana, murió el mismo día que arribó a su destino. Llegó a Verona, cenó con la gente de la diócesis y horas más tardes lo encontraron sin vida en la cama. “Suele pasar. La lucha y la esperanza de salir de la situación los mantiene vivos y cuando llegan o sus familias están a salvo, se descompensan”, reflexionó una médica.  

Berthe no consiguió todavía empleo y ya no tiene garantizado el techo por muchos días más. Al menos no en una vivienda individual, como la que habita ahora. “Tengo que ser paciente y seguir estudiando el idioma, buscar un trabajo. Pero tengo miedo de compartir la casa con otras personas, ya sufrí demasiado por el comportamiento de otros. Prefiero compartir una casa con mis hijos en vez de con extraños. Estoy triste”, dice en su inglés afrancesado.  

Asegura que en otros países los refugiados con discapacidad son alojados en departamentos apropiados y reciben una pensión con la que pueden pagar el alquiler y alimentarse. Ella averiguó en la municipalidad de Venecia, pero le explicaron que de acuerdo a la ley italiana es necesario que tenga cinco años de residencia en el país para aplicar. No escuchó hablar de Giorgia Meloni, la flamante ministra italiana y, si bien vive la experiencia en su escala personal, desconoce que la hostilidad ha crecido contra los refugiados –los africanos– a nivel nacional.    

DT

Mohammed fue dado por muerto en 1977. “Tenía el cráneo abierto, cubierto de sangre. Pero estaba vivo”, recuerda el anciano saharaui, que perdió completamente la memoria durante tres meses. Cuando lo encontraron, lo trasladaron al Hospital Nacional de Rabuni, la capital administrativa del Frente Polisario en los campamentos de refugiados saharauis. Allí lo operaron de urgencia diversas veces. “Esa guerra fue muy diferente a esta. Entonces estábamos dolidos, pero comprometidos. Hoy, después de casi cuarenta años, no hay muchos que resistan”, se lamenta Azman, su hijo. La atención sanitaria en los campamentos también es ahora distinta.

Muchos saharauis han dejado los campos de refugiados y han buscado una vida mejor en Europa. Entre ellos, varios médicos. En el hospital donde operaron a Mohammed, el más importante de los campamentos, dejaron de tener servicio de cirugía tras el regreso de la guerra al Sáhara Occidental a finales de 2020. No se ha reestablecido hasta hace apenas 15 días. Esto ha afectado no solo a los soldados heridos, sino también a personas de a pie, como la hermana de Azman e hija de Mohammed.

Ella contrajo cáncer de mama en 2018 y, al no poder operarla en la región, fue trasladada al hospital de Tindouf, donde los recursos no son suficientes. La familia pidió al Frente Polisario que la trasladaran a España, pero la mujer no soportó tantos viajes y pereció en un hospital de Cádiz, a más de 2.000 kilómetros de su hogar. “Es inaceptable que una región que acoge a más de 170.000 refugiados solo cuente con 50 médicos, más ahora que hay una guerra”, se lamenta el doctor Omar Ochoa, uno de los responsable del Hospital Nacional de Rabuni. Y médico cubano.

En este centro hay 13 compatriotas suyos, mayoría en el equipo. “Si podemos tener cirugía y atención 24 horas, es gracias a la brigada cubana”, dice Ochoa quien, a pesar de haber trabajado en todo el mundo, reconoce no haber visto nunca una situación tan precaria como la saharaui.

Él está aquí debido a un convenio que une la República Árabe Saharaui Democrática (RSAD) con otros gobiernos como el cubano o el venezolano. Gracias a estos acuerdos, los saharauis pueden ir a esos países a formarse, y médicos como el doctor Ochoa gozan de un permiso de tres meses para ejercer en los campamentos.

Condiciones precarias

“Si no venimos nosotros, no viene nadie. Es normal que no haya médicos en esta zona y que todos se vayan fuera a ejercer, porque las condiciones no son nada dignas”, dice este médico habanero, quien reconoce que, si en lugar del Gobierno cubano le pagara el saharaui, no sabe si estaría allí.

La RSAD paga a sus médicos un total de 350 euros cada tres meses. La precariedad es uno de los motivos que lleva a los médicos a irse de los campamentos. Uno de los que quiere marcharse es Mohammed Abi, nacido en los campos de refugiados y formado en Venezuela. Tiene 28 años y hace dos meses que ha empezado a trabajar. Todavía no ha percibido su primer sueldo, pero sabe que no va a ser bueno.

El hermano del doctor Abi también es médico y hace tiempo que ejerce en España. Él espera seguir sus pasos y, por eso, ya ha empezado a tramitar la convalidación de su título. Trabaja turnos de más de 48 horas seguidas para luego descansar dos días y volver a empezar la rueda.

“Esto no es vida. Quiero ayudar a mi pueblo, pero no a costa de mi propia salud”, sostiene Abi. Trabaja en el hospital del campo de Smara y atiende a más de 40 personas cada día. Es el único médico en su turno, que comparte con dos enfermeros.

De curar al pueblo a jugarse la vida en la frontera

Hasta hace dos años, Azman era uno de esos enfermeros. Él se formó en Argelia y en la escuela de enfermería de la RSAD. “Quería ayudar a los míos. Que estuvieran sanos para luchar por nuestra tierra”, asegura el saharaui, de 32 años. Pero dejó la medicina por dinero. Si el sueldo de médico es bajo, el de enfermero es peor: 60 euros cada seis meses. “No da para alimentar a mi familia”, se lamenta este joven que, además de a su mujer e hijos, debe mantener a sus padres, a los hijos de una hermana viuda de guerra y a los de su hermana fallecida, el padre de los cuales está en el frente. “Sin más hombres en la casa, 20 euros al mes no dan para nada”, asegura.

Y mucho menos ahora. Debido a la inflación, los precios han subido, también en el Sáhara. Las tiendecitas que salpican los campos de refugiados obtienen sus productos de Argel, cuyo gobierno acaba de aprobar una subida del salario mínimo. Con eso, los precios han subido, así que en los locales saharauis también se venden más caros los productos básicos. A ello se suma la crisis socioeconómica derivada de la pandemia ha hecho que muchas ONG y gobiernos recorten las ayudas que destinan a los refugiados saharauis. Según el Consorcio de ONG de la región, la financiación se ha reducido un 20% en los seis primeros meses de 2022.

Aumento de los precios

La canasta básica que recibe el 75% de la población ha menguado drásticamente. “De dos kilos de arroz, aceite y lentejas por persona y mes, ahora se da la mitad”, explica el doctor Abi, quien añade que ya no se incluye proteína animal. Esto ha derivado en un grave aumento de enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación como la hipertensión o la diabetes. “Muchos recurren a productos en conserva, que son más baratos, pero que tienen demasiado azúcar o sal”, dice el doctor, quien también achaca los problemas de salud a un consumo excesivo del agua de los pozos. “Es demasiado salada y, aunque es considerada potable, yo no la bebo”, afirma.

Azman asiente con la cabeza ante esta afirmación del médico y asegura que él tampoco deja que su familia coma procesados ni beba agua que no sea comprada. “Ya no ejerzo como enfermero, pero sigo ayudando a mis vecinos y familia”, dice. Pero los consejos que da cuestan dinero. Y él lo sabe. Por eso, dejó su trabajo en el hospital para aceptar encargos puntuales como albañil.

La compra de productos en Mauritania para venderlos en los campamentos se ha convertido en el negocio más rentable para Azman. Los precios en el país vecino son más baratos que en Argelia, hasta el punto de obtener rentabilidad a pesar de la gasolina gastada en recorrer 1.000 kilómetros de distancia. Lo hace una vez cada seis semanas. Tarda 15 días, durante los cuales duerme en el desierto y cocina con el calor de la arena. “Antes simplemente era cansado, pero ahora me juego la vida”, dice.

Desde que regresó la guerra al Sáhara Occidental, el camino hacia Mauritania es peligroso. Algunos refugiados ya han muerto en el trayecto. Pero Azman no va a dejar de hacerlo. “No me queda otra. Tengo que hacer que mi familia sobreviva y haré lo que haga falta. A quien espera, le llega la sombra”, asegura, recuperando un dicho saharaui y recordando aquel grupo de pastores que lograron encontrar el único árbol a kilómetros para resguardarse del sol implacable.  

Vida en medio de la nada

Hasta donde alcanza la vista, solo hay arena en la hamada argelina. La única cicatriz que cruza esta franja del desierto es una carretera que conecta los diversos campos de refugiados saharauis de la región de Tindouf. A diferencia de otras zonas, aquí no hay casi vegetación que proteja de las inclemencias de un sol que puede llegar a calentar hasta los 50 grados. “Es muy mala hora para salir”, se lamenta Azman, mirando el reloj de su vieja camioneta, que marca las dos del mediodía.

Va camino de ver a su padre, Mohamed, cuando su sobrino le hace notar que hay un camello que vaga por las dunas del desierto. Es raro en esa zona, dice, precisamente por la falta de vegetación. Y, de repente, aparece. Un árbol. Solo. Ni siquiera llega a ser tan alto como un hombre adulto. Pero ahí está, ofreciendo una parca pero necesaria sombra. Y a su resguardo se encuentran tres hombres, en plena preparación del té.

Son pastores de cabras y camellos -el dromedario solitario es suyo- y ahora están esperando a que baje el calor, tal como traduce Azman. Antes trabajaban cerca de la frontera que separa esta zona del desierto con el Sáhara ocupado por Marruecos, pero tuvieron que desplazarse tras el inicio de la contienda. Tindouf está a unos 60 kilómetros del llamado muro de la vergüenza, donde hay muchos más árboles que resguardan a los pastores y animales del calor.

A pesar de que esta sea una zona mucho más seca, han tenido que venir huyendo de las balas perdidas entre el frente Polisario y el ejército de Mohamed VI. El reinicio de las hostilidades -que habían estado paradas desde 1991- ha alterado la vida de los habitantes de los campos de refugiados saharauis, que vuelven a revivir los episodios más crudos de la guerra que precedió a la ocupación marroquí de 1975.

El padre de Azman fue uno de los jóvenes que defendieron sus hogares en aquel entonces. Tenía 26 años cuando salió de su casa, en El Aaiún, en la costa oeste, y llevó a sus padres hasta Tindouf, donde las mujeres se quedaron a construir los campos de refugiados y él regresó al frente. Se enteró de la invasión por un mensaje que apareció en las radios y televisiones que avisaba a los saharauis de que si veían un español, podían acercarse. Pero si veían a un marroquí, debían esconderse o matarlo.

“He perdido a muchos amigos y muchos hombres buenos han muerto. Ellos no volverán a nacer, pero nuestra nación sí puede resurgir”, asegura Mohammed, el padre de Azman. Ahora tiene 73 años y mueve sus manos nerviosamente, preocupado por no seguir bien la conversación. Está ciego de un ojo y sordo de un oído debido a la metralla de una bomba que lo alcanzó en 1977. “Si Mohammed no es uno de esos hombres buenos muertos es porque Alá no quiere”, dice su mujer.

SV

En la cubierta de más de 350 metros cuadrados del buque hay cien personas que pasaron la noche sobre mantas. Fueron rescatadas nueve días atrás en las aguas del Mar Mediterráneo y hace unos minutos se enteraron que tendrán un puerto en el que desembarcar: Messina, al noreste de Sicilia. Están hace nueve días a bordo del Open Arms Uno y un toldo blanco los cubre del sol.  Las temperaturas llegan a los 35 grados y el calor resulta sofocante. A veces, cuando el mar se pone bravo y las olas golpean con fuerza, el agua llega a la cubierta y todo se moja. Hace nueve días están en el buque, pero hace muchos más que dejaron sus casas. Entraron al mar desde Sabratha, en Libia. Son todos hombres de entre 15 y 45 años que salieron desde países del África subsahariana.

En el buque también navegan 30 tripulantes de la ONG española Open Arms que hace rescates en el mar. Hay un hospital con salas de primeros auxilios, de internación con 26 camas y otra para pacientes críticos. Ahí está Clara Torres Cabreros, es la única médica a bordo y dirige el sector en el que también hay dos enfermeras.  “Tenían 35 horas navegando cuando los rescatamos, estaban con cuadros leves de deshidratación, gastroenteritis agudas, dolores abdominales, fiebre, diarrea”, cuenta.

Son casi las diez de la mañana y en unos minutos comenzará con las curaciones en la piel. Antes, limpió los baños y sirvió el desayuno. “Cuando los revisamos en profundidad, encontramos algunas quemaduras químicas sobre todo en miembros inferiores. En un principio, se lo atribuímos al combustible sumado al agua salada del mar, pero después nos enteramos que algunos de ellos habían estado en campos de concentración, en contenedores pegados unos al lado de otros y parados, como si fueran sardinas en una lata. Días y días enteros donde tenían que orinar y hacer sus deposiciones en el lugar. Muchas de las quemaduras que tenían en los pies era de orina, no de gasoil como habíamos pensando”, le cuenta Clara a elDiarioAR.

Clara es argentina y se especializó en medicina interna y en neumonología. Llegó al Open Arms mientras estaba en Barcelona. Fue a esa ciudad para hacer un curso, pero no pudo por cuestiones administrativas y se quedó dos meses. Vió el barco amarrado y se anotó como voluntaria. Semanas después la convocaron para la primera misión. Embarcó el 28 de julio para coordinar el armado del sector sanitario y el 9 de agosto, zarpó. “Por el momento siento que estoy acá porque hace falta. Si no hubiese gente naufragando en el Mediterráneo, si las autoridades competentes se ocuparan, ésta ONG no tendría sentido. En definitiva, esta misión no se trata de hacer cosas complejas, sino cosas humanas”, dice. Cuenta que también hizo tareas de cooperación en Argentina, entre 2017 y 2021 cuando fue coordinadora médica del proyecto Ishtat de asistencia a comunidades originarias en Santa Victoria Este, en el chaco salteño.

En definitiva, esta misión no se trata de hacer cosas complejas, sino cosas humanas”

Clara Torres Cabreros — Médica argentina en el Open Arms

Clara tiene 33 años, los cumplió en el barco. Hubo torta, canciones y regalos: una caja de Bon o Bon, un libro de Mafalda y un fernet. Es que Clara no es la única argentina a bordo. Hay otros más: Adrián Martino, que es tercer oficial de máquinas, Matías Kosoblik Echarren , que es patrón de una de las lanchas de rescate, Mauro Di Si, que es patrón en la misión del  Open Arms Uno (además de coordinador en otras misiones) y Juan Medina, fotógrafo de la Agencia Reuters. “Charlamos mucho y tenemos el monopolio del mate y del dulce de leche a bordo”, cuenta Clara. Para Adrián ésta también es su primera misión, emigró a Europa hace menos de un año con su esposa y sus dos hijos.  Matías y Mauro están desde los inicios.

“Mi corazón se blinda”, dice Matías. Tiene 33 años, es marplatense y arrancó con misiones en la isla de Lesbos, en Grecia. Es guardavidas y durante diez años alternó las playas de Santa Clara del Mar, en Argentina, con las de Europa. En 2016 se enteró de las tareas de rescate en la isla griega y se fue como voluntario. Estuvo seis meses trabajando como socorrista. Ahora es patrón de las embarcaciones de rescate. Se preparó para esta misión, su rol requiere certificación. “Me blindo emocionalmente para poder hacer mi trabajo bien.Trato de pensar que no son personas, son cosas. Tu cabeza tiene que pensar fríamente, tenés que ver con claridad las cosas y tratar de que tus sentimientos influyan lo menos posible para hacer un trabajo profesional y no poner en riesgo la vida de nadie. Estás trabajando con embarcaciones con dos motores que si llegan a agarrar con las hélices a una persona en el agua, no queda nada. Todo lo que hace el patrón puede tener consecuencias, hay que tener la cabeza muy fría”, cuenta.

En total, hay 29 tripulantes en el buque cedido a la fundación por el piloto argentino Enrique Piñeyro. Casi la mitad trabaja como voluntario. Además de sus funciones habituales, se turnan para servir la comida o entretener a las personas rescatadas: por las noches hay películas o música para acortar la espera. Matías forma parte de la plantilla estable del Open Arms y mientras está en el buque hace tareas de marinero: trabajo de mantenimiento y limpieza de cubierta. “Al que le gusta el rescatismo, esto es como lo más alto. Es una pasión, que mejor que poder ayudar a la gente de la manera que uno sabe y se siente capaz. Es muy gratificante. También es un trabajo y te podés desarrollar. Me encanta porque es una combinación de todas las cosas que quiero en la vida”, le dice a elDiarioAR. 

La cantidad de migrantes y refugiados que cruzan el mar Mediterráneo descendió después del pico de 2015 cuando fueron alrededor de un millón. Sin embargo, las muertes no bajan. Según datos de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), el año pasado hubo 3231 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo y en el Atlántico noroccidental, mientras que en 2020 fueron 1881, en 2019, 1510 y en 2018 más de 2277. Los riesgos también se trasladan a las vías terrestres en Eritrea, Somalia, Yibuti, Etiopía, Sudán y Libia, donde se registra la inmensa mayoría de los incidentes. “Durante sus viajes, tienen pocas opciones, pero dependen de los contrabandistas para cruzar el desierto del Sáhara, lo que los expone a altos riesgos de abusos. Desde Libia y Túnez, muchos intentan cruzar el mar, casi siempre hacia Italia o Malta”, dice el informe de ACNUR.

“¿Cuándo vamos a llegar?”, la pregunta se repite durante el día. La tripulación hace guardia siempre y hay entre tres y seis personas en cubierta para asistir.  “Las preguntas son constantes, sobre todo cuando llegamos, lo preguntan cincuenta veces al día cada uno. Están cansados y es normal. Para mí, la parte más complicada es, ya no el rescate, sino el problema de la dejadez de funciones por parte de estados europeos y la cantidad de tiempo que tenemos que pasar en el mar con las personas rescatadas. Es un maltrato psicológico a personas que ya de por si vienen muy tocadas psicológicamente, es como una tortura”, dice David Lladó, Sarco (Serch and rescue coordinator) del Open Arms Uno. Tiene 38 años y se encarga de coordinar las tareas de búsqueda y la gestión de rescate.

Con el correr de los días, los ánimos se tensan. Un cigarrillo puede ser el inicio de una discusión. El calor de la cubierta, el ruido del motor, el arroz y el cuscús que se repiten cada día y la incertidumbre. “Solamente por el hecho de dónde salieron y de haberlos rescatado en el mar (sin sistemas de seguridad, sabiendo que cualquier problema de la embarcación puede resultar en la muerte)  es razón suficiente para la asistencia inmediata y, entre ellas, la psicológica. Pero esto no sucede, las autoridades europeas se han sumado a este incremento del sufrimiento y del dolor de estas personas. Hoy toda la gente está muchísimo peor psicológicamente de lo que estaba al día siguiente de haber sido rescatado. La situación se deteriora cada día por esta incertidumbre tan innecesaria”, describe David.

Al cierre de esta nota, el Open Arms sigue en el mar. Este sábado, después de diez días en el agua, podrán desembarcar en el puerto de Messina, en Sicilia. Cuando la noticia llega a la cubierta hay aplausos, llantos, risas, bailes y abrazos. “El sueño de todos es poner un pie en Italia, es la palabra que dicen con más frecuencia. Ellos piensan que ahí se acabó el viaje”, dice David.

CDB/MG

Hace cinco años que Marwan vive en el mismo barrio de Estambul y, por primera vez, no deja que sus hijos jueguen en la calle. Huyó de la guerra en la ciudad siria de Homs y, tras probar suerte en varias localidades turcas, terminó asentado en Esenyurt, un barrio estambulí que acoge a más de 100.000 refugiados sirios. “Unos jóvenes del vecindario le pegaron a mi hijo en la calle y, desde entonces, no quiere ir a la escuela porque allí también lo insultan. Tampoco salen a jugar fuera”, dice Marwan. “El odio ha aumentado mucho. Por precaución solo salimos para trabajar o ir a comprar”, añade. Marwan trabaja en un restaurante en una zona financiera de la ciudad y cuenta que cada vez escucha más comentarios contra los refugiados. “Dicen que les quitamos el trabajo, que hacemos que el precio de los alquileres suba, que molestamos a sus mujeres”, describe. 

En los últimos meses se han multiplicado los ataques en Turquía contra refugiados y migrantes. En la ciudad de Esmirna, en la costa del Egeo, tres refugiados sirios murieron en un incendio provocado en la fábrica donde trabajaban y dormían en diciembre de 2021. En Estambul, un joven sirio murió asesinado en su casa por un grupo de hombres. Otro hombre falleció apuñalado en Diyarbakir en enero de este año, en el sureste del país. El último caso se conoció en mayo gracias a un vídeo publicado en redes sociales, en el que aparecía un hombre propinando una patada en la cara a una mujer siria.

“Estos eventos han coincidido con una grave crisis económica y política en Turquía. Algunos partidos políticos han manipulado la cuestión de los refugiados para obtener beneficios políticos. Esto ha empeorado mucho su situación en el país”, dice Didem Danis, socióloga fundadora de la Asociación para la Investigación de la Migración (GAR). 

Varios partidos opositores utilizan la crítica a la acogida de refugiados como arma arrojadiza contra el Gobierno. El principal líder opositor, Kemal Kiliçdaroglu, ha prometido que enviará de vuelta a Siria a personas sirias y de otras nacionalidades si su partido gana las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el año que viene. Kiliçdaroglu también ha sugerido convocar un referéndum para que la población decida qué hacer con los refugiados.

Una nueva formación nacionalista, el Partido de la Victoria, ha lanzado una campaña en redes sociales pidiendo la expulsión de los refugiados con vídeos no verificados de acoso callejero a mujeres turcas por parte de migrantes, en los que supuestamente se burlan de la bandera turca. Marwan dice que este tipo de vídeos se han hecho muy virales y que sus compañeros de trabajo turcos se los han mostrado. “Es muy peligroso. Siento que si un sirio comete un error o hace algo malo todos pagamos por ello”, lamenta.

Sin derechos

Recientemente, unas 70 asociaciones por los derechos de los migrantes y ONG se reunieron en Estambul para denunciar el aumento del rechazo contra los refugiados. “Muchos refugiados llevan diez años aquí y los seguimos viendo como extranjeros. El problema está en la integración. ¿De quién es la culpa? ¿De las personas que vienen o de nuestros programas de integración?”, dice Taha el Gazi, miembro de la Plataforma de Solicitantes de Asilo.

El Gazi cree que uno de los motivos del rechazo a los refugiados sirios es que el Gobierno los acogió con un estatus de protección temporal en el año 2014, pero han pasado ocho años y su situación prácticamente no ha cambiado. “Muchos niños han nacido aquí, pero sus familias no los han podido registrar como ciudadanos turcos por su estatus de protección temporal. Tampoco han podido registrarlos como ciudadanos sirios”, añade. 

En 2016, el Gobierno turco adoptó una nueva regulación que permite a los sirios acceder a permisos de trabajo. Sin embargo, de los cerca de dos millones de sirios en edad de trabajar, apenas 200.000 han obtenido la autorización. Estas bajas cifras se explican por las trabas ligadas a la normativa: el empleador es quien debe solicitar el permiso de trabajo, pagando una cuota que muchas empresas se niegan a tramitar.

La mayoría de sirios son explotados en el mercado laboral, con trabajos sin contrato por debajo del salario mínimo en Turquía, que ronda los 230 euros netos mensuales. Los que trabajan en la economía sumergida son los que más han notado el grave aumento de la inflación en el país, que alcanzó el 73% en mayo según cifras oficiales, mientras que varios estudios independientes apuntan que el aumento de precios respecto al año pasado supera el 100%.

“Retorno voluntario”

Ante el aumento del debate sobre el futuro de su acogida, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció un plan de “retorno voluntario” de un millón de refugiados sirios a zonas del norte de Siria. Un proyecto que incluye la construcción de viviendas y servicios en las regiones bajo control turco en Siria y que genera muchas dudas, tanto por su gestión como por el hecho de que muchos refugiados no son naturales de esa región.

Ayhan Kaya, investigador de migraciones para la Universidad de Bilgi en Estambul, no cree que haya un gran número de sirios dispuestos a volver a su país. “Creo que hay un elemento de clase en este proyecto. Los que estarían dispuestos a ir son los más pobres de todos los que han estado viviendo bajo el umbral de la pobreza en Turquía”, dice. Kaya también cree que el anuncio del Gobierno plantea muchas dudas sobre su gestión, pero remarca que en ningún caso se trataría de un “retorno”, sino de un reasentamiento o de una reubicación. “Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno debe ser seguro y voluntario. Debe haber negociaciones diplomáticas entre el país de retorno y el de recepción. Esto de momento no se está produciendo”, añade. 

LV

 El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Se conmemora el 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y ​​el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones.

Es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran; asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas.

En los últimos años el mundo está viviendo una creciente crisis de refugiados y refugiadas que no tiene precedentes. Contrarrestar estas tendencias es un enorme desafío. En el contexto actual, tras dos años de pandemia y conflictos armados, el número de personas que huyen para salvar sus vidas sigue creciendo. Los Estados deben a dar una respuesta y buscar soluciones duraderas para las personas refugiadas“ dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Situación en el mundo

Las crisis humanitarias, como las que tienen lugar en Ucrania y Afganistán, han puesto en agenda la situación de las personas con necesidades de protección internacional. Amnistía Internacional ha documentado rechazos en frontera, desplazamiento sobre rutas peligrosas y dificultades para acceder a los sistemas de asilo en todo el mundo. Las travesías de niños y niñas centroamericanas en la frontera de México y Estados Unidos, los intentos de llegar desde Marruecos hasta Ceuta y Melilla, el éxodo de personas venezolanas en la región latinoamericana y de las condiciones en la frontera entre Lituania - Bielorrusia, son algunos ejemplos de problemáticas que venimos identificando y trabajando.

Personas refugiadas en Argentina

En Argentina el gobierno ha dispuesto recientemente visados por razones humanitarias a personas afectadas por el conflicto en Ucrania. La medida permite potenciar las posibilidades reales de reunificación familiar de las personas desplazadas por la guerra al mismo tiempo que ofrece alternativas a los medios irregulares de ingreso, y a los desplazamientos peligrosos a las personas que buscan protección internacional.

A su vez, nuestro país también ha publicado un visado para personas desplazadas por desastres socioambientales en México, el Caribe y Centroamérica.

LG