Hudson Best Kitchenware se une a la iniciativa Ponchos Azules, de Fundación ACNUR Argentina, y destina un porcentaje de cada compra que se realice a través de su Tienda Online para brindar asistencia y protección a personas refugiadas y desplazadas. Todos los productos Hudson disponibles en su tienda online se transforman en productos Poncho Azul.

Los Ponchos Azules son todas aquellas personas que desde la Argentina brindan su apoyo a quienes debieron huir de sus hogares debido a guerras, conflictos armados, violación de los derechos humanos y también la crisis climática. Actualmente, más de 1 millón de personas en Argentina se sumaron a la iniciativa Ponchos Azules. Las personas interesadas pueden firmar y convertirse en Poncho Azul ingresando en ponchosazules.org.

A principios de marzo de 2020, Estrella salió para Maicao-La Guajira (Colombia) con sus dos niños, de 2 y 7 años. Allí se reencontraría con Hugo su pareja (y padre de los niños), que llevaba un año trabajando en Perú. Desde Colombia, los cuatro juntos emprenderían el viaje hacia Argentina. Debido al cierre de transportes y de fronteras, Hugo se unió a un grupo de caminantes, y partió de Lima unos días después de iniciada la cuarentena. A fines de abril, luego de un mes de caminar, llegó a Maicao, a 3.800 kilómetros de Lima. “Llegó sucio, peludo, flaco, cansado. Parecía un indigente”. Durante todo ese viaje, solo se comunicó 2 o 3 veces con Estrella, porque no tenía teléfono. Permanecieron unos meses en Maicao, trabajando (Estrella vendía café en las calles; Hugo trabajó en la construcción) hasta que juntaron dinero para llegar a Cali, y luego a Ipiales, desde donde cruzaron hacia Ecuador. Una vez en Ecuador, recibieron asistencia de diversos organismos internacionales, hicieron una cuarentena y fueron alojados durante 45 días en un refugio. El dinero de la ayuda humanitaria les permitió comprar pasajes en omnibus hasta Tumbes y luego hasta Desaguadero (con los niños sentados en sus rodillas). Luego fueron hasta La Paz, y de allí hacia Villazón. El 24 de diciembre de 2020 cruzaron a La Quiaca. Lo hicieron por el lecho del río.

Esta es una de las 28 historias que recogió el informe denominado “Fronteras cerradas por pandemia-Familias en movimientos y sus tránsitos en Argentina 2021-2022” realizado por ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados) y CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes). Fueron también una de las 1.500 familias que consultó a CAREF por su status ya que no tenían sello de ingreso a la Argentina.

El informe da cuenta de los desplazamientos hacia Argentina de personas y familias migrantes y solicitantes de asilo que se encontraban en distintos países de la región (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Sus tránsitos, su ingreso al territorio y su situación posterior muestran los efectos regresivos de diversas y fragmentarias políticas y prácticas administrativas implementadas al calor de los contagios ocasionados por la pandemia por Covid-19. El trabajo ubica y analiza las trayectorias en el complejo marco de las organizaciones e instituciones involucradas en la regulación de los ingresos y en la protección de derechos de las personas en movilidad, y en las decisiones políticas y administrativas que no siempre lograron equilibrar la preocupación sanitaria con las necesidades de protección de personas y familias extranjeras.

Este prolongado cierre de fronteras afectó inicialmente a dos grupos. El primero estaba integrado por personas argentinas y extranjeras residentes en el país que habían salido de Argentina poco tiempo antes, por turismo o visitas -para esa fecha, aún no había concluido la temporada estival-. Varios miles de estas personas quedaron “varadas” en los lugares en que se encontraban al momento del cierre de fronteras, y fueron repatriadas en vuelos especiales en el curso de las siguientes semanas. En todos los casos, al ingresar al país eran testeadas para detectar el virus y debían realizar una cuarentena obligatoria de 15 días en instalaciones especialmente dispuestas para ello. El segundo grupo lo formaban personas extranjeras no residentes en el país, que se encontraban en tránsito hacia Argentina por diferentes motivos. Algunas de ellas porque deseaban reunirse con familiares ya establecidos; otras porque tenían necesidades de protección internacional ya que consideraban que su vida, su libertad o su seguridad estaban en riesgo en su lugar de residencia; y otras más debido a procesos y proyectos migratorios ya en curso que fueron afectados diversamente por la pandemia —generalmente hacia una mayor vulnerabilidad. En situaciones normales, todas estas personas extranjeras no residentes hubieran ingresado al país por cualquier paso habilitado (terrestre, aéreo, fluvial o marítimo) ya sea como turistas o como solicitantes de asilo. Y a la brevedad habrían iniciado su trámite de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones o el procedimiento de asilo ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Los quince días de cierre de fronteras establecidos en el decreto original de marzo de 2020 se fueron prorrogando durante más de un año y medio, con algunas aperturas controladas en unos pocos aeropuertos ubicados únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien ciertos tránsitos estuvieron autorizados (transportistas, etc.) no se puso en práctica ningún mecanismo operativo ni administrativo estable que habilitara el ingreso al territorio por razones de reunificación familiar, humanitarias o de personas con necesidades de protección internacional, a diferencia de otros países de la región como Uruguay. En la práctica, el derecho a migrar y el derecho a buscar y recibir asilo quedaron suspendidos.

En diálogo con elDiarioAR, Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF habló acerca del estado de situación de la migración en Argentina

-El cierre de las fronteras y el contexto de pandemia en general, ¿desalentaron la migración?

Los cierres de fronteras y los confinamientos internos (que implicaron restricciones a la circulación dentro de los países) sin dudas representaron un obstáculo para la migración. Lo que no es tan claro es que hayan desalentado la necesidad de las personas a migrar. El contexto de pandemia afectó el trabajo de muchísimas personas, especialmente de quienes trabajan informalmente y quedaron por fuera de las ayudas que ofrecieron los distintos gobiernos. Puesto que muchas personas migrantes tienen este tipo de trabajos en distintos países de la región, su situación empeoró considerablemente durante la pandemia, entonces muchas personas consideraron volver a migrar hacia un nuevo destino (tal como Argentina o Chile). Entonces, si bien los cierres de fronteras dificultaron los tránsitos, los efectos económicos de la pandemia impulsaron a muchas personas a reemigrar —a muchas personas que, tal vez, de no haber habido pandemia, se hubieran quedado donde ya vivían—.

Durante la pandemia se observó que existen sectores que han lucrado con los ingresos irregulares (o por pasos no habilitados) de migrantes ¿Cómo funcionan estos circuitos? 

Los “gestores” y los “pasadores” han existido desde siempre. Sus servicios consisten en “resolver”, de maneras irregulares o directamente ilegales, dificultades respecto a “los papeles” o los cruces de fronteras internacionales. Estos personajes florecen cuando las fronteras son difíciles de cruzar legalmente o cuando los “papeles” son difíciles de obtener. Comparativamente, las fronteras de América del Sur no han sido difíciles de cruzar, especialmente para las personas nativas de países de la región. Usualmente (aunque no siempre) alcanzaba con que tuvieran vigentes sus documentos de identidad. Por este motivo nunca fueron fronteras mortíferas, por ejemplo, en comparación con el Mar Mediterraneo, con las fronteras de Centro América, o de México y Estados Unidos. La pandemia mostró lo rápido que se armaron esos circuitos clandestinos (que proveyeron transporte y cruces internacionales) y queda en el reino de la especulación el dinero que han movido. Muchos de esos circuitos clandestinos operaron a la vista de todos, incluidas las autoridades migratorias, las policías y las fuerzas de seguridad de los países de la región. Esto confirmó una vez más lo que se sabe desde hace muchos años: las restricciones a la movilidad (por el motivo que sea: sanitario, laboral, de seguridad, etc) siempre son terreno fértil para los negocios clandestinos y agravan los riesgos de quienes migran en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Juan Carlos Murillo, Representante Regional de ACNUR para el Sur de América Latina respondió a elDiarioAR sobre de qué forma impactó el cierre de fronteras a nivel regional en la población migrante y solicitante de asilo.

“La pandemia de Covid-19 -explicó el funcionario internacional- ha profundizado las desigualdades preexistentes y aumentado la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes en la sociedad. Los efectos en las condiciones de vida, seguridad, dignidad y salud de las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida han sido dramáticos. Todos hemos sido afectados de alguna forma durante la pandemia, pero las personas refugiadas y otras personas desplazadas por la fuerza, se han visto afectadas de manera desproporcionada y enfrentan problemas particulares de protección, especialmente por las limitaciones a la libre circulación y los cierres de frontera que los países del mundo establecieron. Durante el pico de la emergencia sanitaria, 100 países aplicaron medidas restrictivas para la admisión de solicitantes de asilo, exponiendo a mayores riesgos a personas que ya se encontraban en una situación de peligro. Después de más de dos años, y tal como lo ha señalado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, es necesario que los Estados levanten estas restricciones de la manera más urgente, para que las personas puedan buscar seguridad y protección internacional”.

En esa línea Gabriela Liguori profundiza: “Los cierres de fronteras y los confinamientos internos (que implicaron restricciones a la circulación dentro de los países) sin dudas representaron un obstáculo para la migración. Lo que no es tan claro es que hayan desalentado la necesidad de las personas a migrar. La movilidad se sostuvo por motivos basados en la necesidad, tanto sea de supervivencia como de protección. El contexto de pandemia afectó el trabajo de muchísimas personas, especialmente de quienes trabajan informalmente y quedaron por fuera de las ayudas que ofrecieron los distintos gobiernos. Puesto que muchas personas migrantes tienen este tipo de trabajos en distintos países de la región, su situación empeoró notablemente durante la pandemia y muchas personas consideraron volver a migrar hacia un nuevo destino (tal como Argentina o Chile). Entonces, si bien los cierres de fronteras dificultaron los tránsitos, los efectos económicos de la pandemia impulsaron a muchas personas a reemigrar —a muchas personas que, tal vez, de no haber habido pandemia, se hubieran quedado donde ya vivían”.

-¿Qué lectura tenemos sobre el cierre de las fronteras como política sanitaria?

Es indudable que los Estados actuaron frente a la pandemia suponiendo que el cierre de fronteras era una medida adecuada para el cuidado de las comunidades en territorio. Sin embargo, los hechos nos demuestran que era posible sostener la política sanitaria con un ingreso cuidado en las fronteras. Los corredores seguros implementados en los aeropuertos, por ejemplo, podrían haber sido parte de la política migratoria y sanitaria y extenderse a las fronteras terrestres, pero esto no ocurrió. ¿Quiénes se vieron afectados? Quienes migraron por tierra como “caminantes”, atravesando múltiples situaciones de riesgo a raíz de la falta de presencia estatal destinada al cuidado de esta población. Hablamos de familias completas, mujeres con niños, adultos mayores, personas con discapacidad. En muchos casos urgidos por reunificarse con su familia, o por cuestiones médicas que debían ser atendidas con urgencia o requerían del cuidado de un familiar. Los dispositivos de asistencia humanitaria que, en las fronteras terrestres, sostuvimos las organizaciones de la sociedad civil junto con organismos internacionales permitieron generar mecanismos seguros de recepción, alojamiento para cumplir con las cuarentenas, articulaciones con el sector salud para hacer los hisopados (y eventualmente brindar asistencia médica) e incluso traslados hasta el lugar de destino. Sin estos canales seguros y cuidados para recibir a quienes llegaban -a pesar del cierre de fronteras- el impacto para esas familias y para las comunidades que residen en las zonas de frontera hubiera sido mucho más delicado. Las acciones que dieron lugar a estos corredores terrestres seguros deberían haber sido asumidas por los Estados con el apoyo de la sociedad civil. Llevadas a cabo centralmente por la sociedad civil, demostraron que los cuidados sanitarios y el derecho a la movilidad pueden ir de la mano. Sostiene la Directora Ejecutiva de CAREF.

La presentación del evento se puede ver por las redes de CAREF, este lunes 6 de junio a las 17 horas.

El número de civiles que murieron por las hostilidades en Ucrania alcanzó los 1.563, entre ellos 67 niños, y el de heridos se situó en 2.213, de los cuales 84 son menores, informó este miércoles la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El reporte del martes había consignado 1.480 decesos y 2.195 heridos.

“Entre las 4 del 24 de febrero de 2022, cuando comenzó el ataque armado de la Federación de Rusia contra Ucrania, y la medianoche del 5 de abril de 2022 (hora local), la Acnudh registró 3.776 bajas civiles en el país: 1.563 muertos y 2.213 heridos”, dice el comunicado.

La nota señala que entre los fallecidos hay 237 mujeres, 379 hombres, 24 niñas y 43 niños, mientras el sexo de los otros 817 adultos y 63 menores de momento se desconoce.

De los heridos, 196 son mujeres; 254, hombres; 44, niñas; y 40, niños. A estas víctimas se añaden 1.575 adultos y 104 menores, cuyo sexo tampoco se conoce.

Se precisa que en Kiev y las regiones de Kiev, Cherkasy, Chernigov, Jarkov, Jerson, Mikolaiv, Odesa, Sumy, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Zhitomir murieron 1.076 civiles, mientras otros 1.133 resultaron heridos, consignó la agencia de noticias Sputnik.

En cuanto a Donbass, en el este de Ucrania y bajo dominio del Gobierno del presidente Volodimir Zelenski se registraron 420 muertos y 821 heridos, y en la zona controlada por las provincias rusoparlantes de Donetsk y Lugansk se detectaron 67 muertos y 259 heridos.

“La mayoría de las bajas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y lanzacohetes múltiples, así como ataques aéreos y con misiles”, indica el texto.

La Acnudh, presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, recuerda que es muy probable que las cifras reales con respecto a las bajas civiles sean mucho más altas, ya que las hostilidades afectan y ralentizan la recopilación y análisis de los datos.

Con información de agencias.

IG

Destacados políticos ucranianos han acusado a la Agencia de la ONU para los Refugiados de no estar preparada para la guerra y de haber retirado a su personal de los puntos conflictivos. También han criticado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tachado de “impotente” a la hora de proteger a los refugiados.

Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra de Ucrania, dice que las principales organizaciones humanitarias parecen “desorientadas” por el conflicto. El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, dice que al comienzo del conflicto se limitaron a observar “con preocupación mientras tomaban vino y café”.

“Por desgracia, ni una sola ONG extranjera o internacional estaba preparada para el inicio de la guerra en Ucrania, a pesar de que desde hace seis meses todo el mundo hablaba de ello y que todos advertían que la guerra iba a empezar”, dice Sadovyi.

El alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, dice que al comienzo del conflicto las autoridades humanitarias de la ONU en Ucrania se limitaban a observar “con preocupación mientras tomaban vino y café”.

El alcalde afirma que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) priorizó la seguridad de su propio personal sobre las vidas de los ucranianos que se enfrentaban a lo peor de los bombardeos rusos. El vicealcalde de Leópolis, Serhiy Kiral, dice haberse quedado sorprendido cuando los funcionarios de ACNUR describieron a su propio personal como “refugiados” durante las conversaciones que mantuvo junto a ellos durante la primera fase del conflicto.

Alrededor de un millón de personas han pasado por Leópolis y la población de la ciudad ha aumentado en 200.000 personas desde que Vladímir Putin lanzó su llamada “operación militar especial” en Ucrania el 24 de febrero.

Según Kiral, “durante las primeras dos semanas lo que nos decían aquí era que ellos mismos eran como refugiados porque estaban ocupados con la evacuación de su personal en Kiev, buscando lugares para que se quedaran, asegurándose de que estuvieran a salvo y después psicológicamente bien. Uno no espera eso de ellos”.

“En cuanto a las organizaciones más importantes, como la Agencia de la ONU para los Refugiados, tardamos una semana en lograr comunicarnos con la dirección, para terminar encontrándonos con solo una persona con la que hablar. Una semana más tarde, el jefe de la oficina de la ONU en Ucrania se reunió con el alcalde y el vicealcalde para hablar de las necesidades, y expusimos lo que necesitábamos, como ayuda humanitaria, alimentos... hubo muchas promesas y compromisos, y hasta hoy nada ha sucedido”.

Un portavoz del ACNUR dice que la agencia ha trasladado personal de Mariúpol, Sievierodonetsk y la capital, Kiev, a zonas más seguras del país, pero que su plantilla general en el país había aumentado. “Nadie estaba preparado para una emergencia de esta envergadura y velocidad. Incluso, antes de la guerra, el Gobierno ucraniano criticaba a los medios de comunicación internacionales por generar miedo y decía que no esperaban que se produjera una invasión”, dice.

“La seguridad de nuestro personal es, por supuesto, una prioridad, pero esto no nos ha llevado a reducir nuestra presencia en Ucrania. La mayor parte de nuestro personal con base en Mariúpol, Sievierodonetsk y Kiev ha sido reubicada temporalmente en zonas más seguras, como Dnipró, Leópolis y Vinnytsia. A su vez, la ACNUR ha aumentado el número de personal en el país en las últimas semanas en unas 50 personas (hasta llegar al número actual de 154) y continúa contratando más personal para incrementar nuestra capacidad de ofrecer un programa de emergencia valioso”.

Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja dice que algunos miembros del personal con familias jóvenes habían abandonado el país, pero que tenía unas 80 personas más trabajando en el país que antes. Sin embargo, el CICR ha sido objeto de fuertes críticas por el fracaso reiterado de los acuerdos por los corredores humanitarios para salir de ciudades como Mariúpol, en el mar de Azov. Solo se ha establecido con éxito un corredor de este tipo, entre las ciudades norteñas de Sumy y Lubní, lo que ha llevado la viceprimera ministra ucraniana a describir la organización como “impotente” en una entrevista realizada en Kiev. Vereshchuk dice: “Les encomendamos una tarea: Chernígov o Jersón, los lugares donde es difícil para nosotros. Donde no podemos negociar con los rusos, les decimos que vayan ellos mismos y evacúen a la gente, que tomen autobuses y vayan a buscar a la gente, y ellos no pueden hacerlo”.

La respuesta de Cruz Roja: “Tenemos que mantener nuestra neutralidad”

Un portavoz del CICR dice que el organismo solo podía “facilitar” el establecimiento de un paso seguro para los refugiados y que las partes enfrentadas debían llegar a acuerdos. “Llevamos semanas discutiendo con las autoridades ucranianas y rusas. Depende de ellos acordar términos específicos cuando se trata de corredores humanitarios o pasos seguros”, defiende. “Tienen que ser muy concretos en términos de cómo, cuándo y qué tiene que ocurrir: acordar la carretera, el momento oportuno, su duración, todas estas garantías. Y a partir de ahí se puede pedir al CICR que facilite el proceso. Lamentablemente, depende de ellos. Nosotros solo podemos facilitar. Tenemos que mantener nuestra neutralidad. Este es el difícil papel del CICR y en este momento es por lo que nos enfrentamos a muchas críticas procedentes de todos los lados”.

El presidente del CICR, Peter Maurer, visitó Ucrania hace una semana y se reunió en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. “Neutral e imparcial, [el CICR] tiene el mandato de hablar con todas las partes de un conflicto para abogar por el respeto de las leyes de la guerra que protegen la vida de los civiles”, escribió en Twitter.

Sin embargo, las fotografías de aparente bonhomía en la reunión enfurecieron a muchos ucranianos. Ucrania pidió al CICR que no abriera la oficina que tenía prevista en la ciudad rusa de Rostov del Don, diciendo que legitimaría la deportación forzada de ucranianos por parte de Moscú.

Traducción de Julián Cnochaert

AGB

Más de 4 millones de personas abandonaron Ucrania en casi cinco semanas de guerra, cerca de un 10% de su población, en un nuevo hito de la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó este miércoles la ONU.

El Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) informó en su página web que 4,01 millones de personas, la mayoría mujeres y niños, ya cruzaron la frontera desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

Este número ya supera la proyección inicial hecha por la agencia al inicio del conflicto, se convierte en el flujo más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y significa un éxodo de cerca del 10% de la población del país, cifrada en 44 millones, de acuerdo al Banco Mundial.

Si se suma a los desplazados en el interior del territorio, estimados en 6,5 millones según Acnur, quiere decir que cerca de una cuarta parte de los habitantes fue forzada a movilizarse, tanto fronteras adentro como a países vecinos.

Más de la mitad de los que huyeron del país entraron en Polonia, que limita con Ucrania por el oeste y que ya recibió a 2,3 millones de personas.

La elección mayoritaria de Polonia tiene que ver con la existencia en ese país de una fuerte comunidad ucraniana bien instalada, y el hecho de que se ha mostrado muy generosa a la hora de recibir a los refugiados. Además, la cercanía permite pensar en volver rápidamente una vez que se logre la paz.

En ese sentido, las autoridades polacas estimaron ayer que desde el inicio de las hostilidades unas 364.000 personas cruzaron la frontera en el otro sentido.

Estos regresos pueden estar vinculados con personas que trabajan en Polonia pero deciden volver para cuidar a padres ancianos, por ejemplo, o con aquellos que van a buscar a sus familiares para regresar luego con ellos, consignó la agencia de noticias AFP.

Otros países vecinos también abrieron su puertas a los refugiados: más de 608.000 se refugiaron en Rumania, más de 387.000 en Moldavia y unos 364.000 en Hungría, según estadísticas de los gobiernos de esos países.

Ante esta crisis humanitaria, el jefe de Acnur, Filippo Grandi, estuvo hoy en Lviv, en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, para discutir formas de aumentar la ayuda a “gente afectada y desplazada por esta guerra sin sentido”, según reveló en su cuenta de Twitter.

La entidad gubernamental local informó que el directivo visitó uno de los 72 centros que existen en la localidad para recibir a los desplazados internos.

Si bien la ciudad recibió bombardeos rusos desde el inicio de la ofensiva, geográficamente está alejada de los puntos calientes del conflicto como el Donbass o la capital Kiev, lo que la convirtió en lugar de escape para los habitantes de otras zonas.

“La región de Lviv ya recibió 260.000 desplazados internos y esta cifra continúa creciendo. Continuaremos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas de otras regiones, pero necesitamos el apoyo de las organizaciones humanitarias internacionales que tienen experiencia en brindar asistencia y abordar problemas humanitarios a tal escala”, comunicó hoy el gobierno local a través de Telegram.

En cuanto a las personas que huyen de Ucrania, desde marzo pueden beneficiarse de una protección temporaria que otorga la Unión Europea (UE) y que puede llegar hasta los tres años: les permite acceso a la vivienda, el mercado de trabajo, el sistema escolar, el sistema social y de salud, en virtud de una directiva europea de 2001 utilizada por primera vez en este conflicto.

Unas 800.000 personas solicitaron esta protección, de acuerdo a estadísticas europeas, con una gran mayoría que prefiere quedarse en la cercanía que ofrece Polonia pese a disponer de los mismos derechos en todos los países del bloque.

“Es importante alentar a los refugiados a que dejen Polonia e intenten ir también a otros países miembros, si no la situación no será manejable”, advirtió ayer la responsable del bloque para Asuntos Internos, Ylva Johansson.

Esta solidaridad europea contrasta notablemente con la poca o nula recepción reservada a menudo a los refugiados procedentes de otros continentes, como los de Afganistán tras la reconquista de los talibanes de Kabul en agosto o lo que ocurre con los refugiados sirios que huyen también de una guerra que lleva ya más de 10 años.

Fuera del bloque, el Reino Unido mantiene su política más reacia a la hora de recibir a los ucranianos, pese al respaldo constante que ofrece al gobierno del primer ministro Boris Johnson al del presidente Volodimir Zelenski.

A la fecha concedió 2.700 visados por el programa para que ciudadanos británicos acojan en sus hogares a refugiados ucranianos, tras haber recibido 28.300 peticiones desde el 18 de marzo, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior.

En un programa paralelo de reagrupación familiar, se han concedido 22.800 permisos para que ucranianos con parientes directos en el Reino Unido puedan entrar en territorio británico tras el estallido de la guerra en su país.

El funcionario encargado del tema, Richard Harrington, admitió hoy ante la Cámara de los Comunes que el proceso para tramitar las peticiones de asilo y hacer las comprobaciones de seguridad “no es todo lo fluido que debería ser”, mientras que desde la oposición, el laborismo criticó la “absurda burocracia que está decepcionando a todo el mundo”.

Con información de agencias.

IG

La guerra en Ucrania, que empezó hace quince días, ha provocado la huida de más 2,5 millones de refugiados y el desplazamiento forzoso dentro del país de al menos otros 2 millones de habitantes, dijo este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las evaluaciones de las principales organizaciones humanitarias indican que 12,6 millones de personas en Ucrania han sido directamente afectadas por la invasión y la ofensiva militar de Rusia.

El ACNUR tiene personal que ayuda dentro de Ucrania, pero no en las zonas donde las hostilidades son más intensas, como Mariúpol (sureste) o Járkov (noreste), “cuyo acceso está muy restringido debido a las actividades militares en curso y el aumento de las minas antipersonales, lo que hace que cada día aumenten las necesidades humanitarias”.

El portavoz del organismo , Matthew Saltmarsh, sostuvo que se está negociando ese acceso con las partes del conflicto para que la ayuda pueda ser entregada de manera segura, tanto para el personal humanitario, como para los beneficiarios.

“Estamos comprometidos en quedarnos y suministrar la ayuda cuando y donde las condiciones se seguridad lo permitan”, comentó el portavoz, tras precisar que el ACNUR ha aumentado considerablemente su capacidad en el centro y oeste de Ucrania.

Esa última región es considerada por el momento como la más segura y hacia ella se dirigen a diario decenas de miles de ucranianos que huyen de los combates.

Entre los principales programas que está poniendo en pie el ACNUR figura el de entrega de efectivo a los desplazados internos y refugiados, lo que por un periodo inicial les permitiría cubrir sus necesidades básicas, sobre todo ahora que las tiendas abiertas todavía en Ucrania piden pagos en efectivo.

Para ello, Saltmarsh indicó que se pondrán a funcionar seis centros en la ciudad de Leópolis para registrar a los beneficiarios de ese programa, que también se implementará en breve en Polonia, donde hay 1,4 millones de refugiados procedentes de Ucrania.

“Nunca antes hemos puesto en marcha tan rápido un programa de entrega de efectivo”, comentó el portavoz. La cantidad de esta subvención será equivalente a la que entrega el sistema de asistencia social polaco y será por una vez, ya que esta entidad tomará el relevo.

En vista de la velocidad del éxodo de Ucrania, Saltmarsh dijo que es muy probable que se revise al alza el peor escenario que esbozó el ACNUR al inicio de la guerra y que planteaba la posibilidad de que hubiese hasta 4 millones de refugiados.

Acorde con ello también se revisaría la petición internacional de fondos para sostener esta gran operación humanitaria.

Con información de EFE.

IG

Naciones Unidas elevó a 1,5 millones las personas refugiadas debido a la guerra en Ucrania, según ha informado este domingo Filippo Grandi, alto comisionado de la agencia de la ONU para los refugiados.

Desde que empezó la invasión de Rusia hace once días, la ONU dispone de una web con datos actualizados sobre el desplazamiento de refugiados que ha provocado la guerra. La mayoría de ucranianos que han tenido que marcharse de sus casas ha huido a través de Polonia. En proporciones más pequeñas se cuentan los refugiados llegados a Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y Hungría.

EEUU anunció que donará 2.750 millones de dólares para los refugiados en Ucrania y Polonia. La cifra de desplazados está previsto que crezca en los próximos días después de que este domingo se intente recuperar la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariúpol que fracasó este sábado por los ataques rusos.

Polonia es el principal país de acogida para los refugiados. Desde el 24 de febrero, primer día de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 922.400 personas que huían del conflicto entraron en territorio polaco, según anunciaron este domingo los guardas fronterizos.

Otros 37.800 refugiados han llegado a Alemania desde el comienzo de la invasión, según ha confirmado el Ministerio del Interior del país.

A esta cifra hay que añadir a los 181.000 declarados por Moscú -entre ellos 48.000 niños- que se encuentran ahora en territorio ruso, de acuerdo con las cifras publicadas este domingo por las fuerzas de seguridad rusas y recogidas por la agencia TASS.

Ayuda de Estados Unidos a Moldavia

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comprometió este domingo a apoyar a la República de Moldavia a la hora de gestionar el aluvión de refugiados que llegan al país huyendo de la invasión rusa en Ucrania.

“Estados Unidos hará todo lo posible para ayudar a Moldavia con asistencia para los refugiados”, dijo Blinken en una rueda de prensa televisada después de reunirse en Chisinau, la capital de Moldavia, con la presidenta del país, Maia Sandu, quien anunció que más de 250.000 desplazados han entrado en territorio moldavo desde que comenzó el ataque ruso.

“La administración (del presidente de EEUU, Joe) Biden ha pedido ya que se aprueben 2.700 millones de dólares para la comunidad de refugiados y para los países que participan en estos esfuerzos”, agregó Blinken, que está Moldavia dentro de una gira europea que incluye Bélgica, Polonia y los países bálticos.

El secretario de Estado alabó que Moldavia, que está considerado el país más pobre de Europa y tiene menos de tres millones de habitantes, se haya volcado en recibir y atender al alud de refugiados ucranianos.

Por su parte, la presidenta Sandu pidió a Blinken y al resto de la comunidad nacional que ayuden a Moldavia a hacer hacerse cargo de los refugiados que lleguen y facilitar su tránsito a sus países de destino, pues la mayoría de ellos no planean quedarse en Moldavia.

Según dijo Sandu, en Moldavia hay actualmente un número de refugiados de Ucrania equivalente al 3% de la población total del país.

Más 874.000 personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, hace siete días, informó hoy el organismo de la ONU para los refugiados, que alertó que la cifra aumentaba de “manera exponencial” y podría llegar a 1 millón en cuestión de horas.

El nuevo balance, que recoge datos hasta el 1° de marzo, representa un alza de más de 200.000 personas con respecto al anunciado ayer por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), dijo la vocera del organismo, Shabia Mantoo.

Este martes, Mantoo había advertido que la salida masiva de personas de Ucrania hacia países vecinos podría convertirse en “la crisis de refugiados más grande de este siglo” y eclipsar incluso a la de Siria de la década pasada.

Mantoo dijo que el Acnur, con sede en Ginebra, Suiza, había estimado previamente que hasta 4 millones de personas podían huir de Ucrania, pero que ahora el organismo está revisando su pronóstico.

Las cifras suministradas este miércoles muestran que más de la mitad de los huidos, cerca de 454.000, se refugiaron en Polonia; más de 116.300 en Hungría y más de 79.300 en Moldavia, informó la agencia de noticias AFP.

Otras 67.000 fueron a Eslovaquia y 69.000 más a otros países europeos.

Rusia recibió a 42.900 personas, según el Acnur.

Con información de agencias.

IG

Pesadamente, con siete horas de retraso, una locomotora diésel con tres vagones llega a la estación polaca de Przemysl procedente de Odesa (Ucrania). A bordo, decenas de refugiados, mujeres y niños en su mayoría, van bajando a gotas al andén, haciendo cola ante la pequeña oficina aduanera de esta localidad del sureste del país, a 15 kilómetros de la frontera. Son las 23.00h y hace frío en el exterior del edificio, escasamente iluminado, donde esperan familiares, voluntarios, militares y policía. “Nunca pensé que esto podía pasar en 2022”, dicen Silvia y Maciej, una joven pareja que se ha acercado desde Cracovia para ofrecerse a trasladar a los recién llegados que no tengan a nadie esperándoles.

Unos 150.000 personas han cruzado la frontera ucraniana en dirección a Polonia escapando de la invasión rusa esta semana, según ACNUR, y la cifra se multiplica diariamente. En Przemysl, con una población de 60.000 personas, similar a Zamora, el vestíbulo principal de la estación, al otro lado de las vías de la oficina por la que desfilan primeramente los recién llegados, es un constante trajín de personas. Colaboradores con petos amarillos y naranjas reparten mantas, bebidas calientes, bollos, pañales o muñecos de peluche entre los ojerosos rostros de los refugiados. Oskar, que es profesor en la universidad de Resovia y ha venido a ayudar, explica que hay “demasiada gente”, que aquí todos vienen de paso, que hay una escuela habilitada a unos minutos de la estación para que quien quiera pueda pasar la noche al abrigo.

Dos voluntarios van y vienen por uno de los andenes cargando una gran olla con sopa caliente, que no saben dónde posar. Hombres con carteles, transportistas solidarios, vocean los nombres de las ciudades de destino. “Poznan, Katowice”, gritan. Algunos de quienes se han bajado del tren levantan la mano. El del cartel los encamina hacia una furgoneta, adonde se suben para marcharse. Hay un hombre joven que dice que está dispuesto a ir hasta Estonia. Se ven en los andenes monjas, testigos de Jehová, adolescentes locales, pero también veteranos, todos dispuestos a echar una mano.

En un esquina del vestíbulo espera un grupo de extranjeros de origen africano, migrantes a los que la guerra ha situado en un compás de espera. Alfred Mbayo, congoleño de 34 años, llevaba 12 viviendo en Lugansk, una de las repúblicas separatistas del este, adonde llegó para estudiar Informática. “La situación en Ucrania es catastrófica”, lamenta. Llegó a las estación a las 14.00 y aún no ha decidido qué hacer, dónde pasar la noche. Espera poder volver a Ucrania “cuando las cosas se calmen”. En Lugansk la situación ya era muy “muy tensa” antes de la entrada del ejército ruso, cuenta. La mayoría de los africanos quieren ir a Varsovia y seguir hacia el oeste, explica el voluntario Oskar.

Otra joven de peto naranja muestra una foto de un niño, cuyos familiares no aparecen. Una niña rubia sonríe entre dos maletas, esperando a que su madre termine los trámites en la estación. Una mujer mayor llora al teléfono. La voluntaria Luba resuelve las últimas dudas de algunos recién llegados. “Una señora no encontraba a su marido, pero ya ha aparecido”, explica tras atender a una mujer preocupada. 

Diferentes informaciones señalan que a los hombre en edad de combatir ya no se les deja salir de Ucrania. Se espera que durante la noche lleguen otros dos trenes a Przemysl, pero los horarios apenas sirven de referencia. Las filas de coches provenientes de allí y de todo el oeste del país son kilométricas. De momento, la oficina de la aduana se va vaciando, pero el vestíbulo de la estación, de altos techos pintados de tonos pastel, está lleno, como lo están la salas adyacentes. Con toda probabilidad, lo seguirán estando en los próximos días. La primera gran ciudad de Ucrania al otro lado de la frontera es Leópolis y las colas de vehículos que intentan llegar a Polonia son kilométricas. Los voluntarios de Przemysl saben que su trabajo solo acaba de empezar.

Okba Aziza tenía ocho años cuando todas las tardes, después del colegio, esperaba que Marco, de los Apeninos a los Andes saliera en la televisión de su casa en Latakia, Siria. La serie, basada en un relato de ficción de Edmundo De Amicis, transcurría en Génova, Italia, y contaba la historia de un niño de 11 años cuya madre viaja a Argentina a trabajar sirviendo en una casa. Durante un tiempo la familia recibe, por escrito, noticias de la madre. Pero después de un año, las cartas dejan de llegar.

La familia intenta conseguir noticias a través del Consulado italiano en Buenos Aires, pero sin suerte, Marco decide viajar en un buque mercante durante 27 días para buscar a su mamá. La historia tiene sus vaivenes, pero (¡Alerta, spoiler!) el niño la encuentra y un médico le dice: «¡Eres tú, heroico niño, quien ha salvado a tu madre!».

A ayudar a Marco

“Me voy a ayudar a Marco a encontrar a su mamá”, escribió Okba Aziza en su Facebook el día antes de salir camino a una nueva vida lejos de su tierra natal, en abril de 2017. Durante las cinco horas que duró su viaje hacia Beirut, capital y principal puerto marítimo del Líbano, lloró sin parar. Por sus padres, por sus hermanos, por todo lo que había perdido. Debía terminar los trámites de la visa hacia Buenos Aires, había escapado de Siria antes de que llegara el último llamado al ejército y el papeleo había quedado por la mitad. Tenía entrada solo por dos días, y así se sumaba un trámite más a la lista: extender el permiso. Allí vivió durante un mes antes de llegar a Argentina.

Okba Aziza estudió en la Universidad de Latakia, donde se recibió con honores en Literatura Inglesa. En 2011 lo becaron para hacer un Master en Londres, mientras desde Siria uno de sus dos hermanos le contaba la triste realidad que se vivía por aquel entonces en su país. Como consecuencia de la Primavera Árabe, había comenzado una guerra civil que, por aquel entonces no sabía, duraría más de 9 años y contando.

Al volver a Siria en 2012, la vida ya no era la misma. Las personas de su barrio vivían con miedo, la economía había empezado a dejar de funcionar, las muertes eran moneda corriente en el boca a boca.

—La mayoría de mis compañeros del secundario fueron al ejército y habían muerto.

Cuenta que durante un tiempo cayó en depresión, pero evitar el servicio militar lo motivó a actuar.

En dos años, la vida de Okba se desestabilizó por completo. Uno de sus hermanos murió y el otro tuvo que escapar a Alemania por amenazas relacionadas a su trabajo como periodista. Había quedado solo con sus padres y no quería ir a la guerra. Buscó todas las formas legales para evitar hacer el servicio militar obligatorio. Hasta que se agotaron. En 2016 llegaría una nueva convocatoria, pero él no estaba dispuesto a pagar para que se extendiera su período fuera del ejército: “Si acepto, soy parte”, se dijo esa vez.

Visado humanitario en Argentina

En un café de la ciudad de Buenos Aires, en 2019, emite un suspiro profundo, como un corte en el relato, y cuenta cómo contactó a Nairouz, una amiga de Siria. Ella había llegado a Argentina y comprendía que él no quisiera ir al ejército. Le contó sobre el Programa Siria, implementado por el Gobierno argentino con la colaboración de ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), y OIM; que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea y diferentes mecanismos dedicados a la recepción e integración de personas sirias. Y lo ayudó. Buscaron un llamante, es decir, personas dispuestas a recibir refugiados sirios a través del programa, que brindan casa y abrigo por 12 meses o hasta que logren la independencia económica. En abril de 2017 pudo conseguir el visado humanitario para ingresar a uno de los países más australes del mundo.

“Si tengo que volver a elegir, elijo Argentina sin dudar”, dice cuatro años después de la fecha en que se embarcó en una aventura sin puerto seguro. En una mezcla de palabras en español e inglés cuenta que Buenos Aires es muy similar a la costa siria y que al llegar se encontró con todo lo que esperaba. “Este es un país del cual me siento parte, I belong”, sonríe.

Pero no fue fácil. Quien se había postulado como su llamante había registrado que vivía en la localidad bonaerense de Bella Vista con su esposa y sobrino, pero en realidad vivía solo en Tristán Suárez, a más de 50 kilómetros del lugar declarado. Como no hablaba inglés, y Okba nada de español, la comunicación fue difícil desde el principio y todo fue de mal en peor.

Al llegar, en el aeropuerto lo esperaban su amiga Nairouz y su llamante. Okba confiesa que en aquel momento sintió “algo raro” pero que trató de justificarlo en sus miedos. Al principio su relación era cordial, “parecía normal” (sic), pero un día todo cambió. Cuando el llamante se iba a trabajar, lo dejaba encerrado, escondía los elementos de cocina, controlaba todo lo que hacía y, cuando estaba en la casa, lo insultaba. Solo cuando Okba aprendió a hablar en español pudo entender lo que le decía. Él trató de mejorar la relación, le explicó que si no quería que estuviese allí, podía solicitarlo y se terminaban los problemas. Sin embargo, el llamante no accedió.

Al segundo mes en Tristán Suárez consiguió un trabajo que le dio algo de libertad e independencia económica. Una empresa lo contrató como profesor de inglés. Viajaba dos horas para ir y volver a su hogar, tomaba un tren y dos colectivos. A veces le cancelaban las clases a último momento, pero prefería disfrutar ese tiempo para salir del encierro: “Me quedaba en Plaza San Martín sentado sin querer volver. No conocía mis derechos”, dice, y remarca la importancia que tienen las nuevas modificaciones del Programa Siria: hoy permiten un mayor seguimiento de quienes obtienen la visa humanitaria por parte del Estado.

Un hermano en Argentina

Su amiga Nairouz, con quien seguía en contacto, organizó una reunión para que él y otras personas refugiadas provenientes de Latakia se conocieran. Allí se encontró a Eyad Ja’bary, quien había llegado meses antes que él. En Siria vivían a una cuadra de distancia pero no se conocían, jamás se habían cruzado antes. Desde ese momento se hicieron grandes amigos y Okba lo invitó, previa autorización de su llamante, un fin de semana largo con él.

Eyad fue a Tristán Suarez a visitar a Okba. Cuando se cruzó al llamante de su amigo, este le preguntó dónde había aprendido a hablar tan bien español. Y, en tono de burla, le dijo sobre Okba: «¿Viste, pelotudo, cómo habla él?“. La realidad de Okba era hostil, lo opuesto a la que él estaba viviendo y quería ayudarlo.

Susana Gutiérrez Barón, llamante de Eyad, estaba en contacto con otros llamantes y tenía la inquietud de conocer qué necesitaban quienes llegaban de Siria y no podían decirlo debido a las barreras idiomáticas. Entonces contactó a una psicóloga amiga que hablaba muy bien inglés y organizó una reunión con otras personas refugiadas. Invitó a Okba para conocerlo mejor. La psicóloga le contó a Susana que él no estaba pasándola bien y que era muy maduro y educado. Lo invitó un fin de semana más y, cuando llegó la hora de volver a Tristán Suárez, le ofreció quedarse a vivir con ellos: “Nos abrazamos y lloramos con los dos muchachos”, recuerda Susana.

Okba vivió tres meses con Susana, su marido Patricio y Eyad. Durante ese tiempo aprendió el idioma y las costumbres del país. Al principio hablaban mediante el traductor de Google. Patricio hablaba inglés y lo ayudaba. Después empezó a entender y entabló un vínculo de familia que aún perdura. “Te cae regio a los cinco minutos de conocerlo. Tiene una capacidad de empatía que si hubiera más gente como él, cambiaría el mundo”, dice Susana.

Eddie, como le dicen a Eyad, se convirtió en un hermano en Argentina. Tener a alguien de su cultura, que hablaba su mismo idioma, que había visto las mismas películas que él de chico, fue un apoyo imprescindible para llegar a donde está hoy. Con personas amigas, idioma y raíces en común pudieron entenderse y acompañarse en el camino como migrantes en una tierra lejana.

Ya con un buen nivel de español, pudo conseguir mejores trabajos. Empresas y escuelas le abrieron las puertas como docente de inglés. Incluso las familias de su alumnado lo invitaron a comer asados y lo hicieron parte de la comunidad. Con los ahorros que obtuvo se mudó primero a Victoria, a una casa que tenía una activista por los derechos de las personas con discapacidad, a bajo costo para ayudar a la independencia de quienes lo necesitaran. Y luego a Olivos con su pareja, a quien conoció en Argentina.

—¿Qué es para vos un refugiado?

—Ser refugiado es un estado, no un tipo de persona, un ser o una personalidad. Es ser fuerte porque don’t give up (sic, “no se rinde”). Siento lástima de que un país tan abierto como Argentina aún tenga instalado tantos estereotipos.

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Okba sueña con un futuro en el país que le abrió las puertas. Aunque la realidad socioeconómica sea complicada, y aunque tuviese la posibilidad de irse a otro lugar en el mundo, insiste en que Argentina hoy es su lugar. “Yo soy como un árbol. Llegué necesitando tierra y ahora doy fruta”, dice.

Si pudiese hablar con quienes se niegan a recibir refugiados elegiría una frase de Oscar Wilde: “Lo que le pasa al otro, te va a pasar un día. Es un ciclo”. Hoy, además de ser docente, trabaja con Fundación Amal, dedicada a la difusión del Patrocinio Comunitario, para traer a una pareja siria que se encuentra en el Líbano, y que también Susana y Patricio recibirán. Se imagina viajando a Siria pero de visita, y a los 50 o 60 años con su pareja e hijos, siempre agradecido con las posibilidades que le dio la vida y el país donde, según él dice, “los sueños se hacen realidad”.

MFC

Esta crónica forma parte de la edición 2020 de Crónicas Migrantes, un concurso de proyectos de Revista Anfibia y la OIM para trabajar sobre la migración en Argentina.

Venezuela constituye uno de los mayores problemas migratorios del mundo, con al menos 5,4 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales más de 800.000 solicitaron asilo y más de 140.000 fueron reconocidos oficialmente como refugiados, según datos de la ONU.

Este éxodo, que equivale al 18,9% de los 28,52 millones de personas que viven actualmente en Venezuela, se multiplicó en los últimos cuatro años, según diversas organizaciones especializadas, y representa “una de las crisis más desfinanciadas del mundo actual”, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), por lo que la ONU volvió a reclamar el jueves pasado un fondo de 1.400 millones de dólares para atender a esas personas.

Con “un aumento de 8.000% en el número de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en las Américas”, la venezolana se convirtió en “una de las principales crisis de desplazamiento” del planeta, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en su página web.

El Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, también de la ONU) estimaban que a fines de 2020 había 5,4 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales 50,7% eran mujeres y 13,8%, menores de 19 años.

Asimismo, 806.411 de esos venezolanos habían solicitado asilo en los diversos países que los recibieron y otros más de 140.000 ya habían sido oficialmente reconocidos como refugiados, según Acnur.

De las solicitudes de asilo, 62,6% estaban radicadas en Perú, 15,2% en Estados Unidos, 10,7% en Brasil y 2,3% en Colombia. Con 0,4%, la Argentina figuraba en décimo lugar en esa lista.

En cambio, el Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV) estima en “más de 6,5 millones” la cantidad de venezolanos en el exterior, de los cuales “hay como 900.000 solicitudes de asilo, concentradas más de 50% en Perú”, dijo el coordinador de la entidad, el sociólogo Tomás Páez, en conversación telefónica con Télam.

Páez explicó que el ODV basa sus estadísticas en informes recabados en 300 ciudades de 90 países y que comenzó a elaborarlas en 2013, mientras los organismos de la ONU lo hicieron a partir de 2018, “desde que fuera designado (el exvicepresidente de Guatemala Eduardo) Stein” como representante especial de la ONU para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

La emigración de venezolanos se potenció a partir de 2017, cuando dejaron su país unos dos millones de personas, una cantidad similar a la de quienes lo habían hecho en los 18 años previos, según datos del ODV.

“La de los refugiados y de la migración venezolana es una de las crisis más desfinanciadas del mundo actual; la solidaridad internacional y el apoyo financiero son lamentablemente insuficientes y están desesperadamente por debajo de lo que se necesita para responder al éxodo masivo de Venezuela”, advirtió el miércoles pasado la directora del NRC en Colombia, Dominika Arseniuk.

La dirigente precisó que en lo que va de 2021, “los donantes internacionales solo han comprometido 6% de los 1.400 millones de dólares solicitados por la comunidad humanitaria”, por lo que las organizaciones de ayuda “solo pueden brindar asistencia a una pequeña fracción de los más de cinco millones de venezolanos que la necesitan” y “las solicitudes de los refugiados y migrantes a la comunidad internacional son cada vez más desesperadas”.

Por ese motivo, la ONU propuso el jueves formar un fondo de 1.400 millones de dólares -más del doble de los 659 millones movilizados el año pasado-, en la Segunda Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, realizada en forma remota desde Ottawa.

“El impacto de la pandemia en los países de acogida ha sido muy severo, las necesidades han crecido de manera exponencial”, justificó Stein.

CB con información de Télam

Pese a la pandemia, el cierre de las fronteras y la multiplicación de restricciones a la circulación en todo el mundo, la cifra de refugiados y desplazados siguió creciendo el año pasado y superó la barrera de los 82 millones, el doble que hace una década, lo que demuestra que los conflictos existentes se agravan, surgen nuevos y la gran mayoría de las personas expulsadas continúa sin poder volver a sus casas.

“Un 1% de la población mundial es desplazada, es decir una de cada 95 personas. Uno podría preguntarse: si esta tendencia se mantiene, ¿a dónde podemos llegar? Muy posiblemente en los próximos años llegaremos a más de 100 millones de personas desplazadas, pero la pregunta es ¿cuán pronto?”, alertó en diálogo con Télam Juan Carlos Murillo, representante regional para el sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pese a su preocupación, Murillo reconoció que esperaban “que la cifra fuera aún más alta”

“La pandemia ha hecho que el número, aunque subió, no lo hizo en proporción a la situación humanitaria que tenemos en distintas partes del mundo”, advirtió.

De los 82,4 millones, de los cuales un 42% son menores de edad, 26,4 millones son refugiados -es decir personas que debieron abandonar su país de origen-, mientras que 48 millones son desplazados internos y, aunque se vieron forzados a dejar su hogar, su trabajo y sustento, se mantienen dentro del mismo territorio, según el último informe global del Acnur publicado el viernes.

Además, hay 4,1 millones que pidieron asilo en el mundo y 3,9 millones de venezolanos que cruzaron las fronteras para escapar de una situación económica calificada por la propia ONU como una crisis humanitaria. A ellos se los llama desplazados en el exterior porque salieron del país pero no pidieron asilo para ser reconocidos como refugiados.

A contramano de las polémicas desatadas en los últimos años en varios países de la Unión Europea por la llegada de refugiados y, más recientemente, la ley sancionada por Dinamarca para enviar solicitantes de asilo fuera de Europa, los países ricos apenas acogen a un 27% de los refugiados en el mundo.

En otras palabras, todos los países desarrollados acogen en la actualidad cerca de 3,7 millones de refugiados, el mismo número que registró solo Turquía para finales de 2020, lo que representa la mayor concentración de población refugiada en un solo territorio, compuesta principalmente por sirios que escaparon de la guerra vecina.

“Tiene que ver un poco con dónde se están presentando las crisis humanitarias y también cuán receptivos o no son los países a efectos de recibir refugiados. Indudablemente cada vez es más difícil llegar a los países en desarrollo que están un poco más lejos de donde suceden las crisis humanitarias, en particular con Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar”, explicó Murillo.

Como los sirios en Turquía, en general, quienes escapan de la violencia, guerras o pobreza extrema tienden a buscar protección en países vecinos, una característica que expone la vulnerabilidad del refugiado, que no tiene acceso a un traslado seguro y suele recorrer kilómetros a hasta alcanzar el primer destino detrás de la frontera; muchos se desploman en el camino. También significa que muchos de los que escapan lo hacen con la idea de que es algo temporario y que pronto podrán volver.

Por todas estas razones, la mayoría de los venezolanos que dejaron su territorio se fueron a los países vecinos -solo en Colombia hay más de 1,7 millones-, mientras que Pakistán, el tercer Estado receptor en el mundo, recibió un gran afluente del fronterizo Afganistán, en constante conflicto armado desde hace más de 40 años.

Uganda, hogar de más de 1,4 millones de refugiados, recibió de varios países vecinos en conflicto interno, entre ellos Sudán del Sur, y la mayor parte de los refugiados de la minoría musulmana rohingyas que escaparon en los últimos años de Myanmar, fueron a parar a la vecina Bangladesh. Algo similar sucede con los refugiados palestinos, la gran mayoría de los cuales siguen viviendo en campos en los territorios ocupados por Israel y los países árabes vecinos.

El único ejemplo significativo que rompe con esta tendencia es Alemania, con 1,2 millones de refugiados de diversas crisis y guerras de todo el mundo.

Murillo destacó que aún en pandemia, la comunidad internacional -léase mayormente los países ricos- mantuvieron “una respuesta generosa”. “Lamentablemente los recursos que se requieren siempre son mayores a los que recibimos”, aseguró.

La dificultad de volver

La problemática de los refugiados tiene una cara urgente que es la protección y garantía de los derechos básicos de la persona que dejó todo atrás, muchas veces solo con lo puesto. Pero la otra cara, la más estructural, es el trabajo para que pueda retornar a su tierra o, de ser imposible en el mediano o corto plazo, que se integre en una sociedad de un tercer país.

Según el informe global de la Acnur, el retorno de los refugiados se convierte, con el paso del tiempo, en una idea cada vez más difícil: en 2020 solo 251.000 personas pudieron regresar a su país.

“En muchos casos, particularmente en África o Asia (ser refugiado) implica vivir en una situación de campamento. Afortunadamente en el caso de las Américas, las personas están conviviendo en comunidades de acogida, en tanto la práctica de los campamentos fue erradicada desde mediados de los 90”, explicó Murillo.

“Existen mejores oportunidades para la integración local y agradecemos tanto a los países y a las comunidades de acogida de las Américas que la práctica se mantenga, que haya políticas de recepción de refugiados y de protección directamente en las comunidades a las cuales llega”, agregó y destacó que “Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, han garantizado acceso a los planes de vacunación sin discriminación e igualdad de condiciones para todas las personas refugiadas y migrantes”.

En este contexto, la llamada relocalización en un tercer país, donde el refugiado recibe protecciones y puede integrarse realmente, se convierte en una perspectiva necesaria para el futuro de esta población vulnerable.

Murillo, sin embargo, destacó un dato “decepcionante”: “El año pasado por primera vez Acnur registró solamente 34.000 personas reasentadas, pese a que la cifra debería haber superado las 150.000. Esto equivale a casi un 70% en el descenso con respecto al reasentamiento que realizamos en el 2019”.

CB con información de Télam