El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, presentó su renuncia ante el Gobierno Nacional y fue aceptada, según se informó este viernes en el Boletón Oficial, a través del decreto 878/2022.

Se trata de la tercera salida del oficialismo en las últimas 24 horas tras la partida de Victoria Donda del INADI y de Rodolfo Gabrielli de la Casa de la Moneda.

“Aceptáse, a partir del 1° de enero de 2023, la renuncia presentada por el doctor Félix Pablo Crous (D.N.I. N°17.760.152) al cargo de Titular de la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN”, se reveló en el breve comunicado que dio a conocer el decreto.

Crous había arribado a su cargo en 2020, desde el comienzo del mandato del presidente Alberto Fernández, quien lo designó para estar al frente del organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo y encargado, entre otras cosas, de investigar a los funcionarios públicos y hacer un seguimiento ético de su actividad y el control de las declaraciones juradas de sus bienes.

Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, el ahora ex funcionario participó en casos de derechos humanos, como los juicios de la verdad en La Plata, y llegó al Ministerio Público Fiscal por su vínculo con la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Además, fue el extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

También integró la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos y fue director de Política Criminal de la Procuración General. A su vez, fue uno de los miembros fundadores de la Justicia Legítima, una asociación civil ligada al kirchnerismo que -como se define en su web- “trabaja de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina”.

Crous participó de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado en la que sostenía la teoría de que se trató de una desaparición forzada por parte de la Gendarmería y fue invitado asiduo del programa 6,7,8 que se emitía por la TV Pública.

Sin embargo, fue apartado de la causa cuestionado por las pruebas y testimonios que aportó y luego fue desplazado de Procuvin durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Durante su mandato en la Oficina Anticorrupción, renunció a ser querellante en las causas “Los Sauces y Hotesur”, en donde se investigan por supuesta corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia.

Así se lo notificó en mayo del 2020 al Tribunal Oral Federal 5, que en noviembre del 2022 sobreseyó a la ex mandataria y a sus hijos “por inexistencia de delito cuando preparaba el juicio”, un fallo que ahora deberá ratificar o no la Cámara de Casación.

La salida de Félix Crous del Gobierno Nacional se suma a las recientes de Victoria Donda, que ayer a última hora anunció que su renuncia frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y al despido del titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, una medida impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, descontento “con la presentación de los resultados del año”.

Con infiormación de NA.

IG

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED