El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. 

El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. 

Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”. 

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226.

“Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.

Tramo por tramo, las empresas que se quedaron con el negocio

La adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA (dirigida por Sebastián Galluzo), Marcalba SA (presidsida por Alejandro Radetic, quien en 2017 había sido detenido por correr picadas a 240 km en la ciudad de Buenos Aires), Pose SA (sus dueños son David Serna y Gustavo Etchanchu) y Coarco SA (encabeza por Patricio Gerbi) resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA, manejada por Fernando Porretta), con una oferta económica de $2.355,37 pesos IVA.

Los que quedaron afuera

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $1.057,85. 

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57 pesos, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975 pesos. 

Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $3.219 pesos, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354 pesos.

La resolución indica que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos. La adjudicación permite, además, el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.

Con información de agencias.

La construcción creció en promedio durante el año pasado, pero no todo lo que brilla es oro. Según el último informe del Indec, correspondiente a noviembre de 2025, la actividad de la construcción cayó 4,7% interanual, y 4,1% respecto a octubre en la serie desestacionalizada. Sin embargo, pese al alza acumulada del 6,6% en 2025, la desaceleración de los últimos meses pone en jaque al eslabón más vulnerable del sector: el empleo. En octubre, último dato disponible, había 392.130 puestos registrados en la construcción privada, apenas un 3,5% más que un año antes. Esa suba no alcanza a revertir la caída sostenida de 2024, el primer año de gobierno de Javier Milei, cuando el empleo formal en el sector tocó mínimos históricos.

El empleo registrado sigue lejos del nivel prepandemia y de los picos alcanzados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, o 2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los trabajadores enfrentan condiciones cada vez más inestables, con obra pública paralizada y crecimiento moderado de la privada, según las encuestas cualitativas.

El panorama para el verano 2026 no es alentador. El 68,5% de las empresas privadas consultadas por el Indec prevé que la actividad se mantendrá estancada; solo el 13% cree que crecerá. En el caso de la obra pública, las perspectivas mejoran levemente, aunque el 24% de las firmas estima una caída en el próximo trimestre.

Las causas que señalan las constructoras son la caída general de la actividad económica (28,3%) y los altos costos del sector (21,7%), seguidos por la falta de crédito y atrasos en la cadena de pagos, especialmente en el caso de contratistas estatales.

En cuanto a la evolución del empleo para los próximos tres meses, el 70,7% de las empresas privadas prevé no hacer cambios, mientras que uno de cada cinco planea reducir personal. El 58,9% de las firmas públicas cree que mantendrá su plantel, aunque el 24,2% ya anticipa recortes.

Las obras de vivienda privada, los edificios industriales y los montajes industriales concentran buena parte de la actividad futura en el segmento privado. En el caso de la obra pública, el motor siguen siendo las obras viales, de pavimentación y de infraestructura básica (agua, cloacas, transporte).

A pesar de las dificultades, la construcción cerró octubre con una suba interanual del 4,1% en los permisos de edificación, lo que puede anticipar actividad futura. Se autorizó la construcción de 1,6 millones de m² en octubre, el nivel más alto del año.

Sin embargo, el consumo de insumos muestra una fuerte dispersión: subieron 33,2% los artículos sanitarios y 19,7% el hormigón elaborado, pero cayeron hasta 19,3% los ladrillos y 17,8% el yeso. Estos contrastes reflejan un mercado segmentado, con proyectos de alta gama que siguen en marcha y obras más accesibles paralizadas. La tendencia general no es de derrumbe, pero sí de ralentización con efectos directos sobre el trabajo. El empleo, la informalidad y la estabilidad de los ingresos se instalan, otra vez, en el centro de la escena.

JJD

El Gobierno firmó este martes los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un esquema de privatización de rutas nacionales que abarca 741 kilómetros estratégicos del corredor del Mercosur. Los acuerdos fueron rubricados por el Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y permitirán que, desde este miércoles 7 de enero, las empresas adjudicatarias comiencen a gestionar los tramos concesionados.

Según informó el Ejecutivo, la primera etapa incluye los denominados Tramo Oriental y Tramo Conexión, que comprenden las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná. Caputo sostuvo que se trata de corredores “estratégicos” que facilitan el comercio con Brasil y Uruguay y que permitirán “potenciar las exportaciones y la logística” al conectar zonas productivas con los principales puertos del país.

Sin embargo, la firma de los contratos reactivó cuestionamientos debido a que varias de las empresas adjudicatarias están involucradas en la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, que investiga un sistema de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En el Tramo Oriental, la concesión quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios, una firma que fue mencionada en el expediente judicial por su presunta participación en el esquema de pagos ilegales revelado por los registros del chofer Oscar Centeno. En tanto, el Tramo Conexión fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, varias de las cuales también figuran en la investigación judicial por contratos de obra pública y supuestos aportes irregulares a exfuncionarios.

Pese a ese antecedente, desde el Gobierno defendieron el proceso licitatorio y aseguraron que se trata de un sistema “transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”. “Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario”, afirmó Caputo a través de sus redes sociales.

La Etapa I de la Red Federal de Concesiones había sido lanzada en enero de 2025 y el proceso de recepción de ofertas se cerró en agosto de ese año. En noviembre, el Ejecutivo avanzó con la apertura de sobres y la adjudicación de los primeros tramos, en lo que constituye la primera privatización de rutas del gobierno de Javier Milei.

El Tribunal Oral Número 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio por los escritos de Oscar Centeno del tramo conocido como “La Camarita”, dentro de la Causa Cuadernos, en una audiencia que se extendió por cuatro horas y en la que donde diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, y que posteriormente fueron homologadas por el juez Claudio Bonadio, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Gerbi, presidente de la constructora Coarco, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”.

Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa', 'voy a ir por vos y por tu familia'”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio.

Por otra parte, contó que llevó dinero tanto a la casa del exministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban que dejara los paquetes “en el baño”. Las sumas, según detalló, iban de 100.000 a 250.000 pesos y tenían frecuencia mensual. Más tarde, señaló, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien fue tajante: “Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo”.

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un mecanismo más estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como “retorno” para gastos políticos. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero”, indicó.

Según los dichos Wagner, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra y, una vez adjudicada, debían entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. “Mi función era garantizar que el que ganaba pagara”, explicó, y reconoció que su propia empresa, Esuco, también participó de ese esquema.

Aldo Roggio, por su parte, admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió “ante la evidente probabilidad de represalias” contra su empresa. “El clima que se vivía me representó esa posibilidad”, señaló, y describió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.

Finalmente, Marcela Sztenberg, directiva de Equimac, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Recordó que su socio Eduardo Herbon volvía de reuniones “asustado”, diciendo que “lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona”.

Identificó a Clarens como el principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Según su declaración, las exigencias se volvieron insostenibles y, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la empresa quedó ahogada por deudas, demoras en los pagos y juicios.

Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o directamente la exclusión del mercado.

Por último, se leyó la valoración de la prueba formulada por Stornelli. El acusador público que el sistema en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras.

En esa estructura, Wagner, fue señalado como quien “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal”. El fiscal remarcó que Wagner garantizaba a los empresarios el otorgamiento de las obras y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las erogaciones exigidas. A su lado operó el financista Ernesto Clarens, definido como “el encargado principal de la faz recaudatoria”, responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo hacia los destinatarios finales

Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje clave del esquema. De acuerdo con los testimonios, desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que funcionaban como herramienta de presión y que Cristina Fernández de Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible” y que Julio De Vido, fue el organizador del sistema en el área de obra pública.

El debate se reanudará el próximo jueves a las 9.30, momento en el que se espera sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En octubre de 2025, la construcción creció 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec. El acumulado anual también muestra una mejora del 7,9% respecto de 2024. Sin embargo, la recuperación no se traduce de forma lineal en la creación de empleo ni en una mejora estructural para quienes trabajan en el sector.

El trabajo registrado en la construcción privada alcanzó los 389.430 puestos en septiembre, un 3,3% más que el año anterior, pero aún con una caída acumulada de 0,4% respecto del mismo período de 2024. La diferencia evidencia la precariedad del repunte y el rezago en la recomposición del empleo. Los niveles actuales siguen lejos de los máximos alcanzados entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).

Por su parte, los insumos reflejan un aumento significativo del consumo en rubros como hormigón elaborado (+40,7%), artículos sanitarios (+35,7%) y asfalto (+33,6%), lo que da cuenta de un dinamismo renovado en ciertos frentes de obra. Aun así, otros insumos como el yeso (-11,2%) y los ladrillos huecos (-6,9%) mostraron caídas interanuales, lo que puede estar vinculado a una composición de obras más vinculada a infraestructura que a vivienda.

Las perspectivas empresariales no son optimistas. La mayoría de las firmas encuestadas por el Indec no planea aumentar su dotación de personal en el corto plazo. Entre las compañías que realizan obras privadas, el 69,2% anticipó que no habrá cambios en la cantidad de personal hasta enero de 2026, mientras que solo el 8,7% prevé aumentos. En el caso de las obras públicas, el 24,7% espera una reducción de personal.

Entre las principales causas mencionadas para una posible caída de la actividad figuran la caída general de la economía y los atrasos en la cadena de pagos. A esto se suma la falta de crédito accesible y la inestabilidad de los precios, que afectan especialmente a las pequeñas y medianas firmas subcontratistas.

En cuanto a la superficie autorizada para edificación, otro indicador clave, se registró una suba interanual del 6% en septiembre, sumando un total de 1,4 millones de metros cuadrados habilitados en 246 municipios. El incremento, aunque moderado, se mantiene constante desde comienzos de año, lo que indica cierta continuidad en la inversión, aunque aún lejos de un boom.

La recuperación sectorial está lejos de ser inclusiva o sostenible si no se acompaña de políticas públicas que garanticen estabilidad, crédito y mejoras laborales para quienes sostienen la actividad con su trabajo. Según las empresas encuestadas, las medidas más necesarias para incentivar el sector son las destinadas a aliviar la carga fiscal (23,4%), estabilizar precios (22,6%) y facilitar el acceso a créditos para la construcción (20,1%).

Mientras el ISAC marca subas mensuales y los despachos crecen, los cuerpos que cargan la mezcla todavía esperan señales más claras de reactivación. La obra está en marcha, pero las condiciones de quienes la hacen posible siguen en pausa.

JJD

La expresidenta Cristina Feernández de Kirchner calificó este jueves como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos.

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Según CFK, “este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste”, apuntó.

Para la expresidenta, “así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'. Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ”si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno“. En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual”.

Y concluyó: “No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”.

Al final, en su habitual post data, Cristina apunto a la gestión Milei: “Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”, sentenció.

Arranca el juicio por la Causa Cuadernos

El juicio oral y público por la Causa Cuadernos (o “fotocopias de los cuadernos”) comenzará este jueves. La expresidenta Cristina Kirchner será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios. En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate será transmitido en vivo por YouTube y se realizará por Zoom.

De qué acusan a Cristina y los empresarios

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como “el paradigma de la gran corrupción”. En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en “imputado colaborador” (o “arrepentido”).

Los ejes de la investigación

La causa se inició a partir de la petición del fiscal federal Carlos Stornelli de elevar a juicio la investigación. La justicia buscará clarificar:

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, enfrentará el juicio en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, y se la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo. También se investigará la responsabilidad de otros funcionarios, incluida la coordinación con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Vía libre de la Corte y “la más extensa investigación de corrupción”

El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa al rechazar más de veinte recursos presentados por la ex presidenta, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, que intentaban invalidar las actuaciones en el expediente.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación, destacó la magnitud del proceso: “Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.

Quién es quién en la Causa Cuadernos

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba

El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye:

Gobernadores de distintos espacios políticos resolvieron convocar a Poder Ejecutivo para debatir sobre la posibilidad de impulsar una reforma fiscal, en medio de la preocupación que comparten por la caída de la coparticipación federal.

Así lo definieron en el marco de un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde analizaron además las herramientas de financiamiento para hacer frente a proyectos de infraestructura ante las restricciones del Poder Ejecutivo.

El encuentro que nucleó casi a la totalidad de gobernadores, con excepción del correntino Gustavo Valdés, tuvo lugar este mediodía en Azopardo 750, donde el CFI funciona de manera provisoria mientras se realizan obras en sus instalaciones del barrio porteño de Retiro.

Entre los presentes se encontraban el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no había anunciado su participación.

A la sorpresiva presencia del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no suele asistir a las reuniones, se sumaron de manera presencial Sergio Zilliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Poggi (San Luis).

Completaron la lista Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Saenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), encabezados por Gildo Insfran (Formosa).

De manera virtual dieron el presente Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalaqcua (Misiones).

Al término, Weretilneck, Figueroa, Orrego, el ministro de Economía de Passalacqua, Zdero, Poggi y Saénz se trasladaron a Casa Rosada para adherir al acuerdo con Nación por los “dólares del colchón”.

Con información de la agencia NA

“¡Es exactamente lo que voté!”, canta el militante libertario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en la misma canción en que, según su letra, le practica sexo oral a la “opinión de los kukas”. Y tiene cierta razón en cuanto a que su presidente Javier Milei, prometió terminar con la obra pública, una bandera del kirchnerismo, porque la asocia con la corrupción. En los primeros nueve meses de 2024, la inversión pública de la Nación cayó 79,5%, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) a partir de datos oficiales. La inversión total nacional —antes era el 60%—, provincial y municipal —que representaban el 40%— ya era baja, del 1,3% del PBI en 2023, frente al pico reciente del 3% de 2014 o al 6% que recomiendan organismos internacionales, pero al reducirse a un quinto estaría alrededor del 0,25%, menos que el piso último del 0,9% en 2019. “Es el nivel más bajo de la historia”, opina Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica y exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal en el gobierno de Mauricio Macri.

Para 2025, el panorama tampoco cambiará demasiado, según advierte el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Así estaba plasmado en el frustrado proyecto de presupuesto del año próximo, que envió el Gobierno y no se votó en el Congreso. “Prevemos que la obra pública se mantendrá parada porque la prioridad es bajar la inflación”, observa Weiss, mientras uno de los economistas favoritos de Milei y de los que pronosticó su actual primavera financiera, Ricardo Arriazu, sostiene que si continúa la política económica actual en diciembre de 2025 el índice de precios al consumidor (IPC) bajaría al 1% mensual.

En campaña y ya como Presidente, Milei siempre sostuvo que él apostaba a que el sector privado fuera el que financiara y ejecutara las obras de infraestructura. Weiss prevé que la empresa estatal Corredores Viales comience a concesionar rutas que controla en la actualidad, empezando por la 14, la del Mercosur, que une Ceibas, en el sur de Entre Ríos, con Paso de los Libres, frontera de Corrientes con Brasil, y más al norte también. “Si licitan, habrá algo de inversión, pero después de la licitación, la obra llegará en 2026. Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales”, describe el presidente de Camarco.

Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales

Gustavo Weiss — presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)

Ya las carreteras y el material ferroviario, desde vías hasta señales y trenes se encontraban en mal estado en el gobierno anterior, de los peronistas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y con el recorte del 79,5% se deteriora aún más y se acumulan los años de desinversión se corre el riesgo de que se traduzca en términos de accidentes y pérdidas de vidas humanas, según advierten empresarios de la construcción.

Ya 90 personas resultaron heridas este año en un accidente del ferrocarril San Martín, aunque el juez Julián Ercolini procesó a seis empleados del servicio. “Es muy raro que limiten la responsabilidad penal a los responsables directos, más habiendo prueba de sobra sobre el estado de las señales y los efectos del recorte en mantenimiento”, advierte Galileo Vidoni, editor del portal enelsubte.com.

La desinversión también impactará en lo que inviertan el campo o la industria que necesitan transportar sus mercaderías y que con rutas o vías defectuosas enfrentan mayores costos por tiempos y averías, según señala el exviceministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, director de la consultora Lambda y profesor de la Universidad de La Plata, Fernando Morra. Hasta las petroleras, que prosperan con el actual modelo económico, se quejan del estado y la insuficiencia de caminos para que circulen sus camiones por Neuquén, la provincia del yacimiento Vaca Muerta.

La motosierra de Milei sobre la obra pública podó en un 68% lo destinado a salud, en 95% a la asistencia social y a la educación, en 72% a la ciencia y la tecnología, en 83% a la vivienda social y la urbanización de barrios populares —donde viven 5 millones de argentinos—, en 81% al agua potable y alcantarillado, en 50% a la energía —el recorte fue menor porque se terminaron las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, que permitió transformar el déficit comercial energético de 2022 en superávit en 2024—, en 88% el transporte —sobre todo es vial y ferroviario— y en 68% a la ecología y el desarrollo sostenible —se frenó la finalización del sistema cloacal para sanear el Riachuelo y mejorar la vida de 4 millones de vecinos—. Son datos oficiales procesados por ASAP.

Los gobernadores reclaman que la Nación les transfiera obras que son claves para su infraestructura. El Gobierno federal lo hace sin mandarles recursos para terminarlas ni saldar las deudas que mantiene con las constructoras, lo que dificulta el traspaso. Si este asunto se soluciona, entonces las provincias dejan de lado algunos proyectos propios para financiar esos nacionales. De todos modos, pocos distritos cuentan con recursos suficientes para invertir en estas iniciativas, como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Neuquén. En otros se mantiene o profundiza el parate, según advierten en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Entre diciembre de 2023, en que asumió Milei el poder, y septiembre último, se perdieron 100.000 puestos de trabajo y con la reactivación de algunas obras por parte de las provincias en la Uocra calculan que la merma se reduce a 90.000, pero tampoco observan “muchos avances” con los proyectos privados en infraestructura.

No obstante, su líder, Gerardo Martínez, prefiere evitar el choque frontar con el Gobierno para evitar una estrategia como la que hasta hace unos meses siguieron los gremios de Aerolíneas Argentinas.

“El impacto es fuerte en empleo, no tanto en las constructoras”, explica el economista Delgado, que señala que el consumo per cápita de hierro redondo y cemento bajó al nivel de 2004, cuando la Argentina apenas salía de su colapso de 2001/2002. Es que las empresas lograron compensar en parte el parata de la obra pública con obras privadas, como la minería y la energía. La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta.

La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta

“Ningún país del mundo tiene obra sólo financiada por privados”, sostiene Delgado en alusión a la idea de MIlei, antes de analizar sector por sector en cuál el Estado puede ser reemplazado y cuáles no. “Las rutas nacionales podés concesionarias siempre que tengas mucho tráfico. Habría transferencia con exigencia de una inversión minima, dependerá del caso, pero con peajes altos, que los camiones paguen hasta seis veces más que un auto, como en las concesiones de (Carlos) Menem (1989-1999), relación que después Kirchner (2003-2007) bajó a tres y después los congeló mientras el deterioro de las rutas se empieza a ver en baches”, sostuvo Delgado.

A su vez, resaltó que “las inversiones ferroviarias en el mundo siempre las hizo el Estado, más allá de que después circulen trenes privados por esas vías”. “Sí hay puertos privados. Sí habrá inversión en conectividad digital, pero no en cloacas, lo que te impacta en la salud, ni en rutas con poco tránsito. La vivienda se puede reactivar en un segmento social con el hipotecario, pero habrá gente sin acceso al crédito. Sí habrá inversión en trenes de cargas, pero no en pasajeros si no hay subsidios”, agregó.

Completó que “cárceles privadas hay en el mundo, pero las paga el Estado”. “El Estado nacional hizo escuelas pero por fuera de sus atribuciones. Para mí está bien que de eso se hagan cargo las provincias. Hoy hay más problemas de mantenimiento que de construir nuevas escuelas. Olvidate de la urbanización de villas o del saneamiento del Riachuelo, pero el Banco Mundial —que dio el préstamo para hacerlo— va a reclamar. Olvidate de las obras contra las inundaciones. Lo que puede haber son gasoductos e infraestructura eléctrica porque habrá tarifas para pagar las obras, antes los subsidios sólo alcanzaban para el mantenimiento”, completa el socio de Analytica.

AR/JJD

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), integrante del Grupo Roggio, no pagó hoy los servicios derivados de obligaciones negociables, por lo que inicio negociaciones con los acreedores. 

La empresa lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La presentación la realizó Mariano Peterlin, en su carácter de responsable de relaciones con el mercado.

La decisión genera preocupación en la city porteña por temor a que las dificultades para cumplir con las deudas se extiendan a otras compañías.

La firma indicó que no se hizo el pago “de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024”. 

El contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses.

Los intereses derivan de obligaciones negociables emitidas en 2021 a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a US$ 358,050 millones.

En la presentación se indica que la empresa “está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital” de las obligaciones negociables en circulación, para “una posible modificación de los términos y condiciones de las mismas que le permita atender adecuadamente sus compromisos en un contexto complejo para las actividades que desarrolla”.

La empresa quedó complicada por la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública. 

El Gobierno frenó los trabajos y avanza en un programa de transferencia a las provincias, pero tampoco estas administraciones reinician las obras inmediatamente.

La Cámara de la Construcción (Camarco) estima que la deuda total acumulada es de unos $400.000 millones, de los que alrededor de $250.000 millones está facturado y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios. 

CLISA, al presentar el resultado financiero del primer trimestre, advirtió a la CNV sobre la “fuerte caída de la actividad económica” que convivía con “altos niveles de inflación”, así como “una alta volatilidad en las demás variables de la economía, lo que ha impactado significativamente en las cifras de los presentes estados financieros”. 

Al 31 de marzo registraba pérdidas que “la encuadran en la causal contemplada en el artículo 94 inciso 5° de la ley 19.550″, indicó. 

Ese punto establece que la sociedad se disuelve por pérdida del capital social.

La compañía señaló que el Estado Nacional “está avanzando con un drástico plan de ajuste fiscal, basado en una disminución del gasto público y un aumento en la carga impositiva”.

Señaló que ese plan “incluye una significativa disminución en la ejecución de obras públicas, incluso proyectos que ya están en curso”. 

Indicó además que las características del sistema tributario argentino han hecho que las provincias y municipios también se vean afectados por el ajuste fiscal a nivel nacional“, agrega ese documento.

DM con información de agencia NA

Por quinto mes consecutivo el gobierno de Javier Milei alcanzó el superávit en las cuentas públicas. La particularidad que mostró mayo fue que los ingresos crecieron en términos reales (5,8%) comparado contra un año atrás, pero eso no evitó un feroz ajuste en el gasto público: el Estado conducido por La Libertad Avanza gastó 28,7% menos que en mayo de 2023. Prácticamente todas las partidas presupuestarias mostraron derrumbes de dos dígitos que vale la pena repasar.

El principal gasto del Estado argentino son las jubilaciones y pensiones. Este rubro se redujo 16% con respecto a un año atrás pese a los recientes aumentos por inflación y la “recomposición” que dispuso el gobierno por DNU.

En mayo, el segundo lugar en importancia en la composición del gasto lo ocupan aquellos destinados al funcionamiento del Estado, compuesto principalmente por salarios. Esta categoría se desplomó 20% en relación al mismo mes de 2023, licuando los ingresos de los trabajadores estatales, a la vez que se redujo la planta de personal, se cerraron organismos y se destruyeron capacidades estatales.

La tercera partida en relevancia es la de los subsidios económicos, principalmente energéticos pero también en transporte. Pese a que las tarifas se pisaron en mayo, la caída de los subsidios fue de 32% interanual (-30% en energía y -42% en transporte). Hacia adelante, el ajuste en este gasto tiende a profundizarse: en junio se admitieron nuevos aumentos de luz y gas, y en el reporte del staff del Fondo Monetario Internacional publicado el lunes, se señala como prioritario acelerar la quita de subsidios como modo de mejorar la “calidad” del ajuste y tornarlo más sostenible en el futuro.

Otros gastos, muy menores en comparación con estos tres grandes rubros, no escaparon de ajustes brutales: en cuanto a transferencias, las provincias recibieron 74% menos que un año atrás, y las universidades 19% menos.

Por último, las obras de infraestructura se desplomaron 78%, en línea con la decisión política de prácticamente paralizar la obra pública. Esta medida genera una crisis muy significativa en la actividad de la construcción (el Índice Construya mostró un derrumbe de 30% interanual en mayo) y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que ya se calcula en más de 100.000. Este es un punto de tensión central en el vínculo del gobierno nacional con los gobernadores, que encontró una propuesta en el Senado. En el marco de la discusión de la ley bases, la oposición aprobó un artículo que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a retomar las obras que tengan al menos un 80% de ejecución o que cuenten con financiamiento internacional. Si bien aún resta la discusión en la Cámara de Diputados y deberá eventualmente pasar el filtro del veto de Milei, por lo pronto constituye una esperanza de reactivación en el sector.

En términos acumulados, en los primeros cinco meses de 2024, del total del ajuste realizado, más de la mitad se explica por dos partidas específicas: 32% lo aportaron las jubilaciones y 23% la obra pública. Los subsidios representan 13%; le siguen los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 11% y las prestaciones sociales con 9% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI. Transferencias a provincias y universidades y otros gastos completan el total.

Por el lado de los ingresos, en mayo el gobierno contó con la “ayuda” de un crecimiento sustancial de la recaudación del Impuesto a las Ganancias de 93%. Pero este incremento es circunstancial: vencieron las presentaciones de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023, y la mega-devaluación implicó ganancias contables (en pesos) muy significativas para aquellas compañías con activos dolarizados. El salto brusco del tipo de cambio también colaboró en la recaudación de derechos de exportación -retenciones- y de impuesto país, cuya alícuota fue incrementada de 7,5 a 17,5% en diciembre y su base imponible fue ampliada. La recaudación de estos tributos se incrementó 45% y 256% respectivamente, y junto con Ganancias permitieron compensar el desplome de todos aquellos ingresos vinculados a la actividad económica.

Según el último dato disponible, en marzo de este año la economía argentina registró una caída de 8,4% interanual y las estimaciones del FMI difundidas el lunes plantean un 2024 con caída de 3,5% que si se excluye al agro se profundiza a -6%. En ese escenario, los ingresos del Estado asociados a la actividad no encuentran piso: IVA (-18% real interanual), Aportes y contribuciones a la seguridad social (-12%), Débitos y Créditos (-24%), e Impuestos Internos (-23%). En la misma línea, por Derechos de Importación se recaudó 20% menos, en sintonía con el dato de la balanza comercial: en lo que va de 2024, las importaciones cayeron 26% respecto al mismo período de 2023.

En suma, como contracara del ajuste brutal, Milei puede mostrar en mayo un superávit fiscal de más de 2 billones de pesos, que se reduce a la mitad tras cubrir los intereses de la deuda, que volvieron a dar un salto significativo en este 2024 (se multiplicaron más de 4 veces de abril a mayo). Así, como alertamos desde CEPA, se abonaron por este concepto más de 1 billón de pesos, que representa prácticamente 5 veces lo que se destina a las universidades y 17 veces lo que se gira a las provincias.

De sostenerse este sendero fiscal, se cumplirán seguramente las metas con el FMI. La pregunta que flota en el aire es cuándo cumplirán con la promesa de campaña de que el ajuste lo pague la casta.

CB/DTC

Poco antes de jurar en su nuevo cargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó convenios con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Jujuy para la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias.

Los acuerdos comenzaron con los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, en medio del debate por la ley Bases y el paquete fiscal cuya sanción el presidente Javier Milei aún no puede celebrar.

La cláusula no escrita es un apoyo a esas leyes como condición para la firma del acuerdo. “En la reunión, las autoridades coincidieron en que la aprobación de Ley Bases permitirá acelerar este proceso con la recuperación de los puntos de coparticipación que retuvo la gestión nacional anterior”, sostuvo Rogelio Frigerio en el comunicado que distribuyó después de la firma del convenio.

Por ahora es sólo un acuerdo marco. Aún falta la letra chica, y sobre todo, quién se hace cargo de los fondos para llevar adelante las obras públicas que financiaba la Nación. Ahí todavía están los asteriscos.

Por el momento, lo que se estableció es un pacto para reordenar las prioridades. Hay obras que seguirán bajo la órbita de la Casa Rosada, y son las que concentran las mayores incógnitas sobre el financiamiento y terminación. Desde Balcarce 50 insisten en que ahora serán las provincias las que se harán cargo. En las gobernaciones dicen otra cosa. “El convenio marco lo que busca es ordenar y priorizar qué obras va a hacer la Nación y va a financiar la Nación del paquete que ya venía ejecutando desde antes y cuáles no y pasan a la provincia”, explicaron cerca de uno de los gobernadores.

Hoy pasaron por el despacho de Francos, además de Frigerio, dos gobernadores de la UCR: el de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chaco, Leandro Zdero. Todos comprometieron su apoyo a la ley Bases y el paquete fiscal que todavía tiene que tratar el Senado. De ahí el aporte que hará sobre todo el radicalismo a la votación en general, que se trataría el próximo 12 de junio.

Entre las tres provincias son alrededor de 80 obras que se reactivarían a partir de la firma de los acuerdos. Serán los gobernadores los que de ahora en más presentarán la lista con sus prioridades. Lo más factible es que se avance con las obras que quieran terminar los mandatarios. Por el momento, Francos ya bajó la orden, que vino desde Economía. “No hay plata”, insiste.

“Es importante que las provincias sean responsables de aquellas obras que se desarrollan en su territorio”, se excusó Francos, según un comunicado oficial. El Gobierno nacional presenta el plan como parte de la descentralización de la gestión que se propone el nuevo jefe de Gabinete, que considera que así habrá un mayor dinamismo. Los gobernadores, en cambio, sostienen que la Casa Rosada no se hace cargo y les traslada el problema. El financiamiento será clave.

Las transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación son uno de los principales indicadores del superávit fiscal conseguido por Luis Caputo. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esas partidas disminuyeron 85,4% de manera interanual en el primer cuatrimestre.

Tal como informó elDiarioAR, el plan de Francos en su nuevo rol de ministro coordinador será avanzar en las transferencias de las obras. A pesar de que la semana pasada se reunió con funcionarios de la administración de Axel Kicillof, como Gabriel Katopodis, todavía están lejos de acercar posiciones, pero al menos se abrió un canal de diálogo.

Los próximos pasos los dará hacia los gobernadores del peronismo más proclives a acompañar a la Casa Rosada, como Raúl Jalil, de Catamarca, a quien también vio en su nuevo rol.

Lo que todavía está en estudio es la financiación por parte de la Casa Rosada. Hay convenios que fueron firmados por los propios municipios, que sin fondos nacionales, podrían caer.

MV/JJD

Better call Francos, instalaron las redes esta semana como meme de su desembarco y parece que le gustó. El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estrenó cargo sin jurar y ya arma una avanzada para mantener cohesionado el frente político del oficialismo con planes concretos para atender las urgencias de los gobernadores, cercanos y no tanto. Se le acumulan los reclamos.  

Buena parte del rol que tuvo como ministro del Interior lo trasladará al primer piso de la Casa Rosada, ahora empoderado para intentar aflojar la billetera, o al menos darle algún tipo de dinamismo al tema que más preocupa a los jefes territoriales: la parálisis total de la obra pública. 

Entre los gobernadores hay alivio por la llegada de Francos como ministro coordinador, considerado un dispositivo extraño en el mundo libertario, un “casta”, amable en el trato, predispuesto al diálogo y, sobre todo, con un intento de mirada más allá de la Capital Federal. Intentarán, a través de él, que el gobierno nacional les devuelva algo del flujo de fondos perdidos desde el inicio de la nueva gestión. Esa es la expectativa en los gobernadores más cercanos al Gobierno. Los opositores, escépticos, eligen activar por su cuenta.

La reactivación de las obras públicas aparece al tope de los reclamos que ya empezó a escuchar el nuevo jefe de Gabinete. Su firma ahora es clave. A cargo de la cartera política tenía diálogo, pero no lapicera. Se trabaja en dos alternativas en estudio. Una, en la que el gobierno nacional se saca el problema de encima, es que cada provincia consiga financiamiento internacional y siga adelante. La otra idea, más compleja, es el traspaso de la Nación a las provincias de las obras que cada gobernador considere prioritarias y ya estén iniciadas, con avances más cercanos a la finalización. 

¿Cómo se financiará? En principio está en estudio la emisión de un bono a un año para que los distritos puedan hacer frente a la infraestructura que demanden. La otra alternativa es que al traspasar la jurisdicción de la obra, también transfieran parte de los fondos. Solo partes, no todo. Es lo que piden los gobernadores. En la Casa Rosada se hacen los distraídos. “Habrá traspaso de obras, no está claro si es con los fondos”, refieren cerca del ministro. En una provincia del centro dicen que algo de recursos empezaron a largar. El resto podría hacerse a través de un endeudamiento acotado. De esa manera, Francos evita enfrentarse en lo inmediato al ministro de Economía, Luis Caputo, el chanchito de yeso que podría frenarle el plan.

Todo será parte de la negociación que pueda llevar adelante el nuevo jefe de Gabinete con Milei y Caputo, que siguen cerrados a la idea del giro de fondos para obras públicas. Ese plan de traspaso contempla que los gobernadores puedan recaudar fondos para las obras a través de las concesiones. Lo habilita el artículo 65 de la ley Bases, que establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos (...) a sociedad privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación (...) mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”. Además, queda habilitada la opción de concesiones para “ampliación, reparación, conservación o mantenimiento”. El mensaje de la Casa Rosada es: si la provincia quiere terminar una obra, que elija una ruta, la concesione y cobre peaje.  

Para romper el hielo, y no el chancho, una de sus primeras reuniones de acercamiento hacia los gobernadores fue con funcionarios de Axel Kicillof. Por el despacho de Francos, todavía en la planta baja hasta la mudanza, pasó Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas bonaerense y su par de Seguridad, Javier Alonso. Allí hablaron de reactivar los 21 kilómetros que faltan de la autopista Presidente Perón. “Pedimos que hagan algo, no nos pueden dejar la obra así. Nos tienen que pasar la obra”, dijeron cerca del ministro.  

En La Plata recuerdan que hay 1.000 obras nacionales paralizadas en toda la provincia e insisten con el reclamo, incluso por vía judicial. La provincia ya tomó la decisión de avanzar por su cuenta con la terminación de 58 jardines de infantes que se hacían con fondos nacionales y la terminación de obras con 22 universidades. En ese caso lo puede hacer porque eran convenios de Nación con municipios. Los intendentes los rescindieron y los firmaron con Kicillof. Katopodis venía pidiendo desde febrero una reunión con Caputo, que nunca ocurrió.  

Mañana Francos recibirá a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, uno de los mandatarios más activos en la propuesta de llevar adelante un cronograma de traspaso de obras. Es de los más amigables hacia el Poder Ejecutivo. No es solo una foto. La reunión servirá para la firma de un convenio de traspaso en el que además de Francos estará el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, que depende de Caputo.

Por la noche, a las 20, finalmente el ministro jugará en un acto en el salón Blanco ante Javier Milei. Hasta el viernes ni siquiera se había podido mudar. Su antecesor, Nicolás Posse, siguió yendo a su despacho, pegado al del Presidente en la semana en la que Milei no estuvo.

“Hay una línea abierta sobre todo para los que están apoyando”, celebraron desde una provincia opositora, pero cercana a la Casa Rosada. La llegada de Francos a la jefatura de Gabinete encaminó para algunos un canal de diálogo, y para otros, directamente lo abrió, como para Kicillof. “Puede permitir algún trato más claro y agilizar la gestión”, sostienen sobre su llegada y recuerdan que, por ejemplo, en la dirección de Vialidad ni siquiera tienen firma, por la falta de nombramientos.  

Además de Katopodis, por Balcarce 50 pasó el jueves el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Reiteró en su charla con el funcionario nacional que promoverá el acompañamiento de un senador de su provincia, Guillermo Andrada, a la ley Bases y el paquete fiscal. Si no es en la votación en general, será en algunos capítulos, como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “No va a haber más de 33 votos negativos, incluso puede haber menos”, especulan en el despacho de Francos sobre la votación del próximo 12 de junio, con la expectativa de que la gestión con Jalil le saque un voto al rechazo de Unión por la Patria. 

El raid del gobernador incluyó reuniones también con el secretario de Obras Públicas. “Decidimos cuáles (obras) seguirán con financiamiento nacional y cuáles con fondos provinciales”, sostuvo Jalil tras el encuentro. Para algunos plata hay. 

El ascenso de Francos fue bien recibido también por gobernadores de la línea intermedia, entre los más combativos y los más amigables, como Maximiliano Pullaro. El gobernador fue elogioso, y sus funcionarios vienen trabajando ya en el reclamo de fondos para obras públicas iniciadas. “Tengo mucha expectativa de que algunas cosas y algunas miradas del gobierno nacional puedan cambiar. Tenemos una excelente relación con él”, remarcó el gobernador, que ya habló por teléfono con el nuevo ministro coordinador. Sus negociadores avanzaron esta semana en concretar algunas obras. “Nos volvemos con el compromiso de activar obras de reparación y de emergencia”, anunció en Santa Fe el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico.

Aunque por ahora no hay reuniones en agenda, la llegada de Francos abre también un canal más concreto de acercamiento a la CGT. Con él habían llevado adelante el primer y único encuentro oficial que existió hasta ahora, antes del paro general. Se habían visto informalmente, en diciembre. Era el único funcionario del gabinete nacional con el que el sindicalismo tenía el teléfono abierto.

MV/DTC

La Cámara de Casación Penal desestimó una queja de los abogados de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la investigación por el pago de sobornos en Argentina y corrupción en la obra pública durante las administración kirchneristas. “El Tribunal resuelve: No hacer lugar a la queja interpuesta por los abogados representantes de Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Sucursal Argentina)”, sostuvieron los jueces en el fallo.

Según la investigación, la empresa habría pagado 35 millones de dólares para acceder a distintas obras como la ampliación de gasoductos a través de la firma Cammesa. El juez Daniel Rafecas logró comprobar que originalmente se abrió un proceso de licitación que terminó transformando en una negociación privada donde Odebrecht resultó favorecida.

En este marco, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 había decidido actualizar el monto del embargo dispuesto el 8 de mayo de 2018 y llevarlo a $8.528.856.000. Ante esa resolución, los abogados de la empresa interpusieron un recurso de casación, el cual fue rechazado hoy por la Justicia.

“El fallo contra el cual se dedujo al impugnación cuya denegatoria dio lugar a la queja, por su naturaleza y efectos, no revisa la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Penal Procesal de la Nación; ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, explicaron los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Y agregaron: “Por lo demás, no se advierte ni el presente logra acreditar la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente Di Nunzio”.

El juez Alejandro Slokar, también integrante del tribunal, advirtió que la queja interpuesta se presentó ante un cuerpo que carece de competencia en la causa. “La vía intentada no resulta de recibo, por cuanto los letrados impugnantes se limitaron a manifestar su disconformidad con los argumento denegatorios expuestos, sin lograrlos refutar adecuadamente a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación”, aseguró.

ACM con información de agencias.

“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas. Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos. Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019. 

Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales. La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.

Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico. 

Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).

Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales. 

Las opciones de financiamiento de obras

En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas. Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios). 

Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución. El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos). 

En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.

También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.

Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc. 

Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro. En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse. 

Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral. 

Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.

El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas. Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.

Milei y su proyecto de túnel ferroviario para cruzar la cordillera de los Andes 

Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekian), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante. Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman. 

Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen contar con la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos: la estabilidad macroeconómica. 

FE/DTC

Gobernadores del Partido Justicialista se reunieron este martes en la sede porteña del Banco Provincia junto al futuro ministro del Interior de La Libertad Avanza, Guillermo Francos. Durante el encuentro ─que tenía previsto un debate sobre los desafíos económicos a afrontar a partir del 10 de diciembre─ los mandatarios locales expresaron su preocupación por la propuesta de recorte de la obra pública planteada por Javier Milei.

“Hay preocupación por las obras públicas, tenemos que buscar acuerdo en las que están en curso, las que pueden continuar, las que no se pueden hacer en este momento y se podrán hacer más adelante”, expresó Francos a la prensa a la salida de la reunión.

También se debatió la situación financiera de las provincias. En este marco, los gobernadores peronistas se diferenciaron de sus pares de Juntos por el Cambio y aseguraron que no está en juego el pago de los aguinaldos de diciembre.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó la voluntad de Francos de dialogar con ellos, pero señaló que no obtuvieron respuestas concretas. “Fue muy bueno, sabiendo que nos reuníamos, quiso conversar, y se abre una vía de comunicación”, indicó.

Del encuentro también participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Zilotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). De igual modo, el actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, estuvo presente.

Tras la cumbre en el Banco Provincia, los mandatarios provinciales se dirigieron al Ministerio de Economía para mantener una reunión con el ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

ACM con información de agencias.

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”. Así se expresó el presidente electo Javier Milei esta noche en una entrevista para el programa A Dos Voces del canal Todo Noticias. El dirigente de La Libertad Avanza aseguró que el país cuenta con un nivel inflacionario semejante al que se tenía en la previa de la hiperinflación e indicadores sociales peores que los de la crisis del 2001 y que, por ende, se encuentra “al borde de la peor crisis de toda su historia”. Por tal motivo, buscará avanzar en la privatización de organismos públicos como AYSA, YPF e incluso trenes argentinos, a lo que suman sus recientes anuncios sobre los medios de comunicación estatales.

En este marco, destacó aplicar un plan de estabilización es inevitable. “La pregunta es quién hace el ajuste. Históricamente, los políticos hicieron que recayera sobre el sector privado. Esta vez, el ajuste lo deberá pagar la política”, sostuvo.

El economista destacó que su principal política es poner las cuentas fiscales en orden y que se avanzará en recortes del gasto público para lograr un déficit cero. “Si no hacemos nada, terminamos en una hiperinflación. No ajustar las partidas de la política es generar una hiperinflación y dejar al 95% de los argentinos pobres”, afirmó.

El presidente electo también confirmó que se pagará al deuda externa que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque, como ya señaló, “los compromisos asumidos se tienen que cumplir”.

Por otro lado, señaló que se van a “respetar los derechos de propiedad”. Por este motivo, prometió no aplicar ninguna política similar al Plan Bonex ni violar los contratos de propiedad de las empresas privadas de servicios.

En materia impositiva, Milei explicó que el principal “impuesto” que afecta a los ciudadanos es la inflación, por lo que buscará bajarla. “Nosotros creemos que el primer elemento que está estafando a los argentinos de bien es la inflación”, indicó. También confirmó que no se volverá atrás con las bajas de impuestos concretadas en los últimos meses y que se profundizarán las medidas de alivio fiscal.

El dirigente de La Libertad Avanza también se refirió al futuro de la obra pública. Según explicó, se aplicará un “sistema de iniciativa privada con licitaciones”. Ante la consulta de los periodistas respecto de qué sucede si ninguna empresa quiere hacerse cargo de una determinada obra, respondió: “Si no hay nadie del sector privado que la quiera hacer, es porque no tenía sentido económico”. En este marco, además, apuntó contra la Cámara Argentina de la Construcción, sin dar demasiados detalles. “La Cámara Argentina de la 'Corrupción' es parte del problema”, dijo.

Otra de las cuestiones que abordó en la entrevista es la situación del sistema previsional. Subrayó que “las jubilaciones no se pueden arreglar a corto plazo” y que para mejorar los haberes se deberá llevar adelante una “modernización del sistema laboral” que permita potenciar la generación de empleo y aumentar la productividad. Por otro lado, desmintió los dichos de Sergio Massa en campaña y ratificó que no buscará eliminar el PAMI luego de asumir sino que planea volverlo “más eficiente”.

Por último, Milei habló de cuestiones políticas. En particular, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estará a cargo de Diana Mondino, diputada nacional electa. Al ser consultado por la presidencia de la Cámara de Diputados, comentó que la designación está a cargo de su ministro de Interior, pero los nombres que más resuenan hasta el momento son los de Ritondo y Randazzo. Evitó dar definiciones en torno a quién será su ministro de Economía, pero “Toto” Caputo continúa en carrera para encabezar el Palacio de Hacienda.

Respecto del juicio a la Corte Suprema, aclaró que se opone completamente a “la persecución” del cuerpo judicial y que quiere generar mecanismos para que la entidad sea autárquica. “Quiero una Corte Suprema de Justicia que sea totalmente independiente, que tenga financiamiento autónomo y así sea más independiente”, sostuvo.

ACM

Pese a la quita del impuesto a las ganancias al 6% de los trabajadores formales que más ganan (sólo tributará el 1% más rico) y las demás medidas de ingresos compensatorios de la devaluación de agosto, Sergio Massa mantiene el objetivo de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) para 2023 en 1,9% del PBI, el comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Cómo se equilibraría el aumento del gasto y los menores ingresos por la eliminación de Ganancias? Por subejecuciones de diversas partidas, por el manejo de la deuda flotante del Estado con proveedores, por la reducción de ciertas erogaciones como subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias corrientes a provincias y empresas estatales u obra pública, según alta fuentes del Ministerio de Economía. “Vamos a compensar sin sangre, pero queremos ser cuidadosos del impacto fiscal de las medidas recientemente adoptadas”, agregan. La extensión del impuesto PAÍS a la importación, el empleo que sigue fuerte y la inflación también mejoran la recaudación actual, según las mismas fuentes.

Melisa Sala, economista de la consultora LCG, calcula que todas las medidas anunciadas por el ministro candidato implican un costo del 1,34% del PBI. La quita de Ganancias representa la más onerosa: el 0,47%. Le sigue la devolución del IVA, el 0,3%. Es decir, habrá más recursos para una política impositiva regresiva en términos de distribución de ingresos, como lo es la no tributación de salarios altos, que aquellos destinados a otra que es progresiva, como la exoneración del pago del gravamen al consumo de la canasta básica para quienes menos ganan.

A su vez, por el impuesto PAÍS y el impacto de la devaluación en la recaudación tributaria, el fisco embolsará 0,48% del PBI extra. Por tanto, entre los impactos de las medidas y estos ingresos adicionales, el Estado deberá buscar 0,86% para financiar las nuevas políticas. En Economía prometen en voz baja recortes de gastos variados. Pero economistas como Hernán del Villar, de la consultora Alpha, prevé que se recurra a una mayor emisión monetaria, lo que agravaría la inflación. Otro colega suyo, Hernán Hirsch advierte que el déficit primario trepa al 2,8% “con ritmo a finalizar en 3% el año”.

AR/MG

El dilema de “derecha o derechos” posiblemente no significa nada para el 30% de los argentinos que votó a Javier Milei en las primarias ni para los muchos otros que posiblemente se sumarán a él en las elecciones de octubre. “La derecha: nadie le estaría teniendo mucho miedo”, comentó la consultora de consumo masivo y peronista Mayra Arena después de que el movimiento fundado por Juan Domingo Perón en 1945 hiciera su peor elección presidencial de la historia.

Además, muchos votantes padecen un fuerte déficit en la calidad de los servicios básicos a los que tiene derecho, como la salud, la educación o la seguridad. Están más enojados con la “casta política” y con una inflación que galopa al 113% anual pero en franco ascenso. Pero tal vez ni ellos ni la sociedad en general, incluidos los medios de comunicación, han puesto suficiente foco en las polémicas propuestas que ha formulado el candidato presidencial de La Libertad Avanza para solucionar los problemas que ni el peronismo ni Juntos por el Cambio han podido solucionar, dado que antes de las primarias aparecía tercero en las encuestas. Ahora que marcha primero este economista admirador del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, que también lo fue de Fernando de la Rúa (1999-2001), es hora de repasar otra vez sus proyectos, presentes en su plataforma electoral presentada en mayo pasado y sus declaraciones de campaña, sin esconder nada, a diferencia de lo que antes hacían los políticos de diverso color:

AR/DTC

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), el chileno Rodrigo Valdés, y otros miembros del equipo del organismo se reunieron este viernes virtualmente con el candidato más votado de las elecciones primarias, Javier Milei, y su equipo, incluidos dos ex altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem, su ministro de Economía Roque Fernández y su secretario de Política Económica Carlos Rodríguez. El líder libertario también fue acompañado por el operador financiero Darío Epstein, director de Research for Traders.

“La discusión fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de la Argentina y entender sus prioridades de política económica”, comunicó el FMI. “Como se indicó anteriormente, la reunión es parte de contactos regulares y rutinarios del Fondo con una amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen a países con programas del FMI, para comprender sus puntos de vista y opiniones sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el Fondo”, agregó el organismo. Un día antes se había reunido con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y su principal asesor económico, Luciano Laspina.

Tras una reunión de una hora y 20 minutos, La Libertad Avanza informó: “Se les hizo conocer el conjunto de reformas que se harán en caso de acceder a la presidencia:

“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, sostuvo Milei días atrás. El FMI quiere llegar lo antes posible al déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) cero, que al año pasado fue del 2,4% del PBI. Pero el postulante de La Libertad Avanza pregona un ajuste de 15 puntos del PBI, porque, además de eliminar el desequilibrio fiscal, pretende bajar impuestos y retirar al Estado de ciertas funciones básicas como la obra pública y la salud, que pasarían a cobrarse.

AR/MG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación por el juicio de la “causa Vialidad” y que se disponga su absolución. Fue tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

En tanto, el fiscal Diego Luciani solicitó que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta, y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que en su momento fue descartada por el Tribunal Oral Federal 2.

La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”. En diciembre pasado, Fernández de Kirchner obtuvo la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Los letrados dijeron en su presentación que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”. “Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

Beraldi y Llernovoy anunciaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”. Sostuvieron que “se violó la garantía del juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.

Los abogados de la exmandataria argumentaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”, y “los jueces sentenciantes asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional”.

La defensa sumó que “se violó el principio 'ne bis in ídem' (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”. Aseveraron además que “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta vulneración al principio de congruencia”.

Remarcaron que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”. Otra supuesta irregularidad destacada fue que “se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos, que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u omisiva”.

Continuaron diciendo que “se violó el principio de legalidad sustantiva, pues se dictó una arbitraria condena en orden al delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública sin que se hubiesen satisfecho, tan siquiera mínimamente, las exigencias típicas, objetivas y subjetivas, requeridas por la normativa penal en trato (arts. 173 inc. 7 y art. 174 inc. 5 del Código Penal)”.

De esa manera, los Beraldi y Llernovoy pidieron que “se tenga por presentado en tiempo y legal forma el presente recurso”. En ese contexto, solicitaron “al tribunal oral, que conceda esta impugnación y eleve las actuaciones al Superior en la forma de estilo, sin más trámite” y a la “Cámara Federal de Casación Penal, que case la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación”.

Concluyeron: “y, por corresponder disponga: absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.

LC con información de agencia Télam