El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es el centro de un conflicto judicial que involucra a un tribunal y a una cámara y que podría llegar a la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Federal Oral Nº 7 (TOF 7), que debe realizar el juicio oral por el caso de “los cuadernos de las coimas” —uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país—, dictó una resolución en la que fija una posición crítica sobre la decisión de la Cámara de Casación de beneficiar a Calcaterra al enviar el expediente en el que está involucrado a la Justicia Electoral: es decir, desligándolo de la posibilidad de que haya incurrido en sobornos para enfocar la investigación en posibles aportes de campaña no declarados.

El caso Cuadernos se destapó en agosto de 2018, cuando se hicieron públicos una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En los cuadernos, Centeno detallaba meticulosamente el recorrido que hacía para recoger y entregar bolsos con dinero en efectivo, supuestamente provenientes de coimas pagadas por empresarios —entre los cuales figura Calcaterra, primo del expresidente y ahora presidente del PRO— a funcionarios del gobierno kirchnerista. Los cuadernos documentaban fechas, montos, lugares de entrega y nombres de los involucrados, proporcionando una visión detallada de una presunta red de corrupción y sobornos.

Ahora, el TOF 7, encargado del juicio por este caso, acusó a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación, de excederse en sus atribuciones al enviar el expediente específico sobre Calcaterra a la Justicia Electoral. Según el tribunal, sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para resolver el conflicto de competencia planteado por la defensa de Calcaterra.

Es que Casación aceptó un planteo de Calcaterra que había sido previamente rechazado por TOF 7: decidió que los pagos ilegales que el empresario de la construcción admitió haber hecho no debían ser juzgados como sobornos sino como “aportes de campaña” no declarados, lo que reduce el riesgo de prisión a una multa.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero coincidieron en que la Casación se excedió, pero decidieron no pedirle a la Corte Suprema que interviniera de inmediato. En cambio, el juez Germán Castelli, más crítico, votó a favor de solicitar la intervención de la Corte Suprema inmediatamente: a su criterio, hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Castelli envió una nota directamente a la Corte Suprema —lo que según dijeron a elDiarioAR abogados del caso es algo bastante inusual— para informarles sobre la decisión y pedirles que tomaran conocimiento del caso. El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de ese mismo tribunal.

Por lo tanto, el caso llegó a la Corte de manera poco habitual y el máximo tribunal tendrá que tomar una decisión, obviamente con los tiempos de la Corte. De todas maneras, tampoco hay fecha para el juicio.

JJD

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó avanzar con el análisis de información extraída de una computadora y dos teléfonos celulares secuestrados en la casa del expolicía Jorge Bacigalupo, acusado de manipular los anotadores atribuidos al exchofer del ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, los cuales dieron origen a la “Causa Cuadernos”.

El magistrado también ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares del imputado en un extenso período de tiempo. Reclamó que se le informe si del análisis surge que hubo información que fue borrada o adulterada, según indicaron fuentes judiciales.

Las medidas fueron ordenadas a raíz de la denuncia del empresario Armando Loson del Grupo Albanesi, uno de los primeros imputados detenidos en la causa, quien en su momento suscribió un acuerdo de colaboración con la fiscalía de Carlos Stornelli.

La denuncia que dio origen al expediente estaba inspirada en un estudio pericial privado presentado por Loson, donde se señalaron más de mil enmiendas, correcciones y tachaduras en los textos atribuidos a Centeno. Fue entonces que el juez dispuso que se abrieran los teléfonos secuestrados, para buscar elementos que puedan permitir detectar las razones que llevaron al imputado a manipular los textos.

Además de lanzar este martes una serie de medidas de prueba, en otro escrito el magistrado ratificó su competencia a cargo de esta causa. Contestó cuestionamientos al respecto hechos desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, a cargo del futuro juicio de la parte principal del caso, el cual le reclamó que no invadiera esa investigación.

En cuanto a la investigación por el hallazgo de tachaduras, sobreescrituras y enmiendas en los cuadernos atribuidos a Centeno, el juez dispuso un estudio pericial “cuyo análisis versará con los archivos generados, modificados y/o borrados desde el 01/01/2017 al 10/3/2023 inclusive, ya sea de texto, audio y/o video”.

Martínez de Giorgi también ordenó “determinar todas las llamadas entrantes y salientes que surjan desde los aparatos celulares secuestrados en el domicilio de Jorge José Bacigalupo desde el 01/01/2017 hasta el día 10/03/2023 inclusive, con expresa indicación de los datos de las personas cuyos llamados fueron recibidos y los llamados que realizó”.

Además, el juez resolvió que se indiquen las celdas donde impactó cada uno de los llamados y luego “realizar un entrecruzamiento de los registros obtenidos” desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018.

El magistrado dispuso establecer si hubo mención a diferentes palabras vinculadas a los escritos de Centeno y puestas en duda como de su autoría en los dispositivos electrónicos y sistemas de mensajería como SMS, WhatsApp, Telegram o Instagram u cualquier otro medio de comunicación electrónica.

El juez federal pidió buscar las siguientes palabras y datos que, en caso de ser encontrados, se precisen en qué fecha y a qué hora se mencionaron: “Cuadernos, Loson, Armando, Centeno, Albanesi, correcciones, enmiendas, obra pública, gas, gasoil, transporte, gasoducto, Cammesa, energía, dinero, campaña, 2013, 2015, Marcelo, 29 de agosto, 29/08/2013, 29/8/13, Central, Río Cuarto, Enargas, fideicomiso, cesión, Arceo, Planta Sorrento, Taselli, Nación Fideicomiso, Alem 855 e ing. Ferreyra”.

En tanto, al responder sobre el llamado de atención que le hizo el TOF 7 que tiene la “Causa Cuadernos”, Martínez de Giorgi sostuvo: “Dos veces se sometió a discusión la posibilidad para que ambos expedientes tramiten en forma conjunta, y dos veces fue negada”.

“El fundamento de tales pronunciamientos -continuó el juez-, radica en que, en ellas, se investigan cuestiones distintas. Lo que denunció Loson, ya fue dicho (las sobreescrituras de los cuadernos). A su vez, lo que es materia de evaluación por parte del Tribunal Oral, es su eventual responsabilidad (la de Loson) en los hechos que se le atribuyen”.

Finalmente, Martínez de Giorgi sostuvo: “Lo que hace a su culpabilidad o inocencia, y las pruebas que resultan útiles a ese fin, así como el sentido que corresponde atribuirles (se hayan realizado en ese proceso o de forma complementaria), es materia exclusiva de los jueces que intervienen en el trámite de la mencionada causa n° 9608/18”, la denominada causa de los Cuadernos.

“Así, no se observa que la preocupación puesta de manifiesto por sus integrantes, o por la representante del Ministerio Público en ese expediente, pudiera tener asidero. Sin perjuicio de lo cual, se toma nota de sus inquietudes”, concluyó.

LC con información de agencia Télam

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo para declarar la nulidad de la causa “Cuadernos”, y pidió sumar al análisis de ese planteo copias de las pericias que determinaron supuestas alteraciones en los escritos del remisero Oscar Centeno.

El escrito fue presentado ante el máximo tribunal, donde ya se tramita un recurso de queja de la defensa de la expresidenta vinculado a la validez de los actos que dieron inicio a la investigación.

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que “para mejor proveer” y antes de resolver “se oficie al juzgado” que lleva esa causa “a efectos de que remita copia de los estudios periciales”, según surge del texto.

La defensa de Fernández de Kirchner aludió a la presencia de un “nuevo hecho”, en relación a estas pericias que detectaron presuntas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras en base a copias de los cuadernos manuscritos atribuidos al exchofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

“Más allá de las medidas que corresponda adoptar respecto a los responsables de estos gravísimos episodios”, los letrados de la vicepresidenta procesada en la causa solicitaron “respetuosamente” a la Corte que le solicite al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una copia de esas pericias.

Se trata de pericias que el magistrado ordenó en el marco de la causa que investiga la denuncia de un empresario imputado en el caso, Armando Losón, sobre supuestas alteraciones, tachaduras y sobreescrituras a los cuadernos atribuidos a Centeno.

Además, la defensa de la exmandataria pidió medidas al respecto al Tribunal Oral Federal (TOF) nº7, que tiene a cargo la preparación del juicio todavía sin fecha de inicio.

Beraldi y Llernovoy recordaron el resultado de esas pericias publicado en “distintos medios periodísticos”, y en concreto se trata de “dos estudios periciales” (uno realizado por expertos de la Policía Federal Argentina y el otro por especialistas de la Universidad de Buenos Aires) referidos a los presuntos “cuadernos” (fotocopias) que fueron utilizados para dar inicio a estas actuaciones.

“Concretamente, la experticia practicada por la División Scopometría de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina determinó que Jorge Bacigalupo (amigo de Centeno) efectuó correcciones y sobre-inscripciones”, detalló el texto. Bacigalupo, imputado en la causa que lleva Martínez De Giorgi, habría modificado “nombres y fechas allí consignados”.

“Por su parte, el estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires estableció que en la confección de los 'cuadernos' peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno”, agregaron los abogados. Esto “evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros”, analizaron.

“A todo ello se le suma una experticia privada realizada a requerimiento del empresario Armando Losón, también incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1600 alteraciones de texto en las inscripciones de los 'cuadernos'”, sumaron.

La defensa de la vicepresidenta recordó que en el recurso de queja que tramita ante la Corte “justamente se debate la validez de los actos que dieron origen a este proceso”.

“A todo evento, cabe recordar que según inveterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos deben ser resueltos a partir de las circunstancias corroboradas al momento de fallar”, mencionaron y remaron que esto “ratifica la procedencia y la pertinencia de la presente solicitud”.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED