El Grupo de los 6 (G6) pidió a provincias y municipios que avancen en una baja de la presión impositiva a través de la reducción de ingresos brutos y tasas municipales.

Este asociación empresaria afirmó que el incremento de estos tributos “se han convertido en un método de financiamiento local antes que en una contraprestación efectiva”.

El Grupo de los 6 (G6) lo integran la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El G6 destacó que “resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”.

En este contexto, el G6 remarcó que si bien la alícuota de ingresos brutos está determinada por ley en 1.5%, su aplicación “en cascada” puede alcanzar entre el 3 y el 9%.

En cuanto a las tasas municipales el G6 advirtió que el principal problema es la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual.

Según informes de las entidades miembros del G6, solo la tasa de seguridad e higiene representa en promedio el 34% de los recursos municipales propios y que puede llegar a representar cerca del 2% del valor final de un producto. En tanto ingresos brutos y sellos explican el 84% de los ingresos impositivos de origen provincial.

El G6 concluyó que el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales no puede ser a costa de los sectores productivos y financieros.

El comunicado completo

Ingresos brutos y altas tasas municipales limitan el acceso a los servicios financieros. La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que muestra nuestra economía los últimos 25 años. Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios. A nivel nacional, desde 2001 existe el denominado Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.

Las Asociaciones de bancos desde hace tiempo han expuesto este problema a través de la difusión de notas y estudios técnicos, así como mediante planteos administrativos y judiciales.  

Actualmente, tanto las tasas de IIBB provinciales como ciertas tasas municipales, se encuentran en niveles récord como consecuencia de los aumentos observados en los últimos tiempos y constituyen una seria limitante para la expansión del crédito y la sustentabilidad de la presencia de las sucursales bancarias.

Las personas y empresas tomadoras de crédito y usuarios de los servicios financieros son las que sufren las consecuencias de la alta presión impositiva. Es paradójico que sean las jurisdicciones provinciales y municipales las que dificulten el acceso y encarezcan los servicios financieros a sus vecinos.

Desde las Asociaciones exhortamos a los gobiernos provinciales y municipales a que lleven adelante medidas que estimulen el financiamiento de la producción y la generación de empleo en la Argentina, basados en impuestos razonables y no distorsivos.

El pedido de Mercado Libre

En las últimas horas, Mercado Libre rechazó la suba del impuesto a los ingresos brutos que se aplicó en distintas provincias porque aseguró que perjudica a consumidores y pymes.

En un comunicado de prensa, la empresa mencionó directamente a Santa Fe, pero luego englobó al resto de las provincias.

“La reciente suba del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en Santa Fe y otras provincias afecta a consumidores y PyMEs, encareciendo productos y servicios y poniendo en riesgo miles de negocios que sostienen la economía local”, señaló la empresa en el parte de prensa.

Mercado Libre consideró que “Este impuesto es injusto: grava el total facturado, no las ganancias, y genera un efecto cascada que aumenta los precios”.

“Además, su gestión impone costos administrativos innecesarios que frenan el crecimiento de los comercios”, añadió la compañía.

En ese mismo sentido, sostuvo que “en lugar de avanzar hacia un sistema impositivo más simple y justo, estas medidas perjudican a quienes producen, comercian y consumen”.

“Desde Mercado Libre creemos que es hora de reducir la carga impositiva y priorizar a las familias, PyMEs y productores para impulsar el desarrollo económico”, finalizó el comunicado.

El descontento de la empresa de Galperín se da después de que Santa Fe anunciara el aumento del 5 al 9% para Ingresos Brutos a las billeteras virtuales y generó el reclamo de Mercado Libre, que contó con el respaldo del CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, en redes sociales: “Me parece absolutamente loco que haya provincias que SUBAN Ingresos Brutos para billeteras, como si quisieran desincentivar la digitalización e incentivar el trabajo en negro”, escribió en X el empresario.

Con información de agencias.

IG

Aliviado por el bálsamo de legitimidad que le regaló Alberto Fernández justo cuando empezaba a disiparse el humo inicial y a crujir la tolerancia social al ajuste, el Gobierno volvió a pararse solo en el centro del ring y a desafiar a quienes se mantienen escépticos sobre su programa económico. Quien dobló otra vez la apuesta fue Luis Caputo, con enérgicas arengas a quienes todavía “no la ven” en el mercado ―más de los que quisiera― y con nuevos endulzantes como la generosa reglamentación del blanqueo y la promesa de proyectar el próximo presupuesto sobre la base de los pagos de deuda, para que los recortes recaigan sobre los demás gastos e inversiones del Estado. 

Caputo también se animó a festejar una inflación de julio (4%) que esperaba inferior, en línea con lo que proyectaban las consultoras (3,8%). Lo hizo pese a que aumentaron tanto la inflación núcleo ―sin contar rubros estacionales ni regulados― como la mayorista, que escaló del 2,7% en junio al 3,1% el mes pasado. Un piso difícil de perforar incluso pese a la magnitud de la recesión, que volvió a llamar la atención por el desplome de las compras en supermercados y autoservicios que detectó la consultora Scentia, de un inédito 16,1% interanual en volumen.

¿Hizo bien el influencer bursátil Ramiro Marra en agradecer la campaña que lanzó Newsan para apuntalar las ventas de sus recién adquiridas marcas Pantene, Pampers y Always? ¿Habrá escuchado que el spot donde anunció que retrotrae los precios a los del verano pasado explica que lo hace “en momentos de crisis”? ¿Sabrá que nunca en la historia argentina se vendieron menos pañales que en lo que va de este 2024, aun tratándose de un producto cuya demanda suele ser poco elástica frente a los saltos de su precio?

No es para menos. Entre noviembre y julio, según el INDEC, los pañales se encarecieron un 237%. Más de cien puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada desde que asumió Javier Milei, que trepa al 135%. El desplome de sus ventas supera pero no escapa a la tendencia del rubro higiene y cosmética, que se derrumbó un 20,9% en julio según Scentia y acumula un 12,4% en lo que va del año. Tampoco al de los productos de limpieza de ropa y hogar, que cayeron un 17,9% en el mes y 10,6% en lo que va de 2024. Son datos que no surgen de encuestas sino de los tickets de las propias cadenas, cuyas variaciones rara vez superan el 5% en volumen para arriba ni para abajo.  

La paz de los cementerios, a la que aludieron tantos pensadores después del historiador Publio Cornelio Tácito, quien reprochaba a los monarcas romanos del siglo II que “llaman paz a lo que convierten en desierto”, es la descripción más cabal de lo que ocurre entre las góndolas. Los expertos en mercadotecnia descubrieron que, en los últimos dos meses, los consumidores ya no abandonan los productos que no pueden pagar en la línea de cajas como hacían a principios de año. Se pusieron en modo “búsqueda del tesoro” y ahora solo llevan lo que ven en oferta. Son capaces de apiñarse los días de promoción con tal de ahorrar y se cuidan de no comprar nada a “precio lleno”. 

Es un fenómeno policlasista. En Jumbo, que apunta al público ABC1 y ofrece un 15% de descuento a los mayores de 60 años los miércoles, dispusieron un operativo especial para atender la demanda extraordinaria de ese día de la semana. “Parece un geriátrico, salvo por la cantidad de gente joven que se hace acompañar por un adulto mayor para aprovechar la rebaja”, contó a elDiarioAR una fuente del sector.

Con todo, la cadena de capitales chilenos (que también incluye a Disco) es la que mejor capea el temporal recesivo. Coto y Carrefour lo sufren con mayor intensidad. La peor parte se la lleva Chango Más, de Francisco De Narváez, quien sondeó discretamente a posibles compradores. Por ahora no los encontró. 

Comiéndose el capital

Es lo mismo que registran los frigoríficos, con la menor faena para el mercado interno en un siglo, o las usinas lácteas, que vieron caer la demanda de leche larga vida un 18,5% y de sachets un 12,2% en el primer semestre del año. 

La industria y la construcción, grandes motores del empleo junto con el comercio, tampoco salen del estado catatónico en que las sumió la política antiinflacionaria oficial. Se lo hizo saber a Caputo la Cámara Argentina de la Construcción, en una carta secreta donde le pidió que declare al sector en emergencia y le otorgue facilidades impositivas para evitar una quiebra masiva de empresas.  

Con la poda a cero de la obra pública ―argumentaron Gustavo Weiss y León Zakalik, presidente y secretario de la cámara respectivamente― “en los últimos meses se han perdido casi 110.000 puestos de trabajo directos” y uno más indirecto por cada uno de ellos. Pero además, aclararon, “se pone en riesgo el mantenimiento necesario de toda la infraestructura existente en nuestro país, comprometiendo la seguridad y continuidad de las actividades productivas y de las personas”. Aunque saben que difícilmente conmoverán a un mandatario que se refiere a ellos como “la cámara argentina de la corrupción”, preparan por estas horas un informe donde contabilizan las pérdidas e ineficiencias que genera haber interrumpido obras casi terminadas o con financiamiento garantizado por fuentes externas. Derivaciones imprevistas de la batalla cultural.

La conflictividad, mientras tanto, se extiende como un reguero de pólvora por el mapa productivo. Las fábricas de neumáticos están prácticamente paralizadas por el SUTNA y su personal aterrorizado ante la perspectiva de que FATE o Bridgestone cierren y se reconviertan en distribuidoras de importados. Un centenar de miembros de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) se manifestaron el viernes frente a la Casa Rosada en reclamo de una “emergencia Pyme” similar a la que piden los contratistas de obra pública. La huelga aceitera, interrumpida luego de una semana por la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo, promete volver a frenar el despacho de granos al exterior apenas termine.  

El jefe de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, aprovechó la huelga para redoblar la presión sobre el Gobierno para que les otorgue algún aliciente para liquidar. Las multis del sector dieron por cerrada la discusión con Caputo y esperan que vuelva al pie cuando necesite las divisas. “Vamos a ver quién liquida hasta octubre, cuando vencen los alquileres”, le transmitió por terceros. Septiembre promete ser un mes de manta corta en términos de reservas. Y con la soja en su menor valor en 4 años, 25% más barata que en enero, peor aún. 

Quinta a Fondo 

Milei sigue sosteniendo a Caputo con la misma convicción con la que defendía a varios de sus antiguos alfiles hasta pocas horas antes de eyectarlos. Los meses que vienen testearán el vínculo entre el jefe del Palacio de Hacienda y el triunvirato presidencial, que además de Milei incluye a su hermana Karina y al Peaky Blinder wannabe Santiago Caputo, su sobrino lejano cada vez más hundido en la ciénaga del espionaje y ahora en la mira telescópica de Elisa Carrió. A ‘Toto’ no solo lo atormenta la meseta inflacionaria en torno al 4% mensual y una perspectiva para el resto del año que no baja del 3,5% en ningún mes, al menos según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. También le augura dolores de cabeza la ley de financiamiento universitario que logró media sanción en Diputados y que puede aprobar en el Senado otra coalición variopinta. Puede que Milei lo vete, como amenazó, pero desde su ventanal del quinto piso de Economía se oye ulular al fantasma del fugaz ministro Ricardo López Murphy. 

¿Está en condiciones el ministro de eliminar el impuesto PAIS en diciembre, como dijo que hará? En julio el tributo que se cobra sobre las importaciones, la compra de dólares y de servicios del exterior arrimó un 6,3% de la recaudación: $698.351 millones. El superávit primario (antes del pago de intereses) fue de $908.253 millones. ¿Y si la recesión sigue perforando el ingreso de tributos como el IVA, que recolectó un 12% menos en términos reales que en julio de 2023? ¿Será que anticipa a su modo que va a devaluar en diciembre para unificar el tipo de cambio? ¿O que otro ministro lo hará en su lugar?

Lo seguro es que el fin del cepo será un requisito indispensable para cualquier acuerdo con el Fondo Monetario que involucre nuevos desembolsos. Incluso si gana Donald Trump en noviembre, algo que el repunte demócrata tras la unción de Kamala Harris como candidata volvió menos probable. Ya lo dijo el cubano-americano Mauricio Claver-Carone, gestor de la excepción que hizo el organismo en 2018: Milei no es Macri. 

La trampa de Caputo, además de esa elección de final incierto, es el análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA) que debe aprobar el staff técnico del Fondo antes de que el directorio apruebe un eventual nuevo préstamo. Con Christine Lagarde, por orden de Claver-Carone, lo firmó el entonces jefe para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. Nacido en Argentina pero criado en México, Werner forzó el reglamento y diagnosticó entonces que la deuda era “sustentable, aunque con baja probabilidad”. Eyectado Werner apenas colapsó aquel programa, hoy ocupa ese lugar el chileno Rodrigo Valdés. Uno de los “econochantas” a los que Milei no se cansa de insultar.  

AB/DTC

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, esquivaba este jueves por la noche a periodistas en el cóctel en la residencia del embajador de Estados Unidos para celebrar por anticipado el 4 de julio, día de su independencia. Es el hombre que renegocia, junto al jefe de asesores de Economía, el también esquivo Leonardo Madcur, el incumplido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la residencia repleta de políticos oficialistas, opositores y empresarios, al fondo en una carpa montada para el festejo, el embajador Marc Stanley cumplía con el ritual diplomático de saludar a los invitados mientras tronaba una canción de Erasure.

Entre el silencio de unos y el ruido de otros, las conversaciones con el FMI prosiguen. El anuncio de que el ministro de Economía, Sergio Massa, va a ser candidato presidencial flexibilizó la postura del gobierno de Joe Biden, que lo considera un aliado, aunque también se pregunta si, en caso de llegar al poder, podrá deshacerse o no pronto de la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, según comentaban fuentes vinculadas a la negociación en la carpa donde reverberaba el pop. Agregaban que sigue pendiente el viaje del ministro candidato al FMI, daban por seguro que recibirá los recursos para cumplir con los vencimientos de deuda de lo que queda de 2023, pero habrá poco más para satisfacer su deseo de reforzar las famélicas reservas. En cambio, dentro de la residencia, donde el sonido permitía la conversación entre sandwiches de pollo frito y cerveza Miller, otro informante de diálogo directo con el staff advertía justamente de lo contrario, que la postulación del jefe del Palacio de Hacienda resultaba contraproducente para los técnicos: “La negociación está trabada hace semanas. La Argentina no cumple las metas (de ajuste fiscal y monetario y de acumulación de reservas) y no ofrece nada a cambio. Massa candidato y ministro no ayuda en la negociación porque no tiene incentivos para hacer la tarea”.

Difícil que devalúe o recorte más el gasto en plena campaña. Eso sí, ya viene podando erogaciones. No por nada la economista Marina Dal Poggetto, de Eco Go Consultores, advertía hace unas semanas que las erogaciones públicas en relación al PBI -que había saltado en el 2020 pandémico-, en parte por la contracción económica, van camino de terminar en el mismo nivel bajo que las dejó Mauricio Macri, sobre todo porque jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo corren por detrás. Dal Poggetto departía anoche en la fiesta norteamericana con Eduardo Levy Yeyati, ambos asesores de dos radicales que se bajaron de la carrera presidencial, Facundo Manes y Gerardo Morales, respectivamente. También conversaban con Juan Carlos Barboza, economista del banco brasileño Itaú, cuya filial argentina está en proceso de venta al Macro.

Por lo pronto, Massa hará hoy un gesto de buena voluntad al FMI pagándole vencimientos por US$ 2.700 del préstamo récord que tomó el gobierno de Macri en 2018, antes de que el organismo le gire los fondos para abonarlos, según establecía el acuerdo actual, caído por incumplimientos forzados por la sequía. Lo abonará a costa de sacrificar reservas que estaban en derechos especiales de giro (DEG, la moneda del Fondo) y yuanes, después de que China permitiera que se usen para otros fines más allá del comercio bilateral. Quedan pendientes pagos para el 7, 14 y 21 de julio, que se podrían postergar hasta el 31 de ese mes, pero los negociadores confían en que antes de esa fecha se llegue a un acuerdo que gire recursos hacia la Argentina. “Se van a replantear las metas y nos van a dar 4.000 millones (de dólares) correspondientes a junio”, vaticina otra fuente con acceso al organismo. Es decir, no se le exigirá al país tanto ajuste fiscal y monetario ni tanta acumulación de reservas como se pretendía cuando se firmó el acuerdo en 2022, pero no vendrían fondos adicionales, como soñaba Massa. Veremos.

El pasado lunes, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), antes de disertar en La Rural, en el VIP con los empresarios, Massa les explicó que habrá un pacto en dos etapas, una para el tercer trimestre y otra para el cuarto. No se sabe en qué consistirá cada una. Pero ayer, en la residencia del embajador norteamericano, otros economistas especulaban con que el gobierno de Estados Unidos le dé la orden al FMI para que acepte un programa relajado en el periodo julio-septiembre, con la excusa de que el país debe afrontar la recuperación de un mal segundo trimestre por la seca, y que exija los ajustes en entre octubre y diciembre, de modo tal que el ministro candidato pueda aplicar la guadaña después de las elecciones. Igual, los capitanes de la construcción ya están sufriendo las demoras en los pagos de las obras públicas. Su actividad, sin embargo, bate picos de empleo y uso de cemento por los proyectos privados, impulsados por aquellos a quienes los pesos les sobran y les queman a la vez.

Los constructores no saben qué haría Massa con las obras públicas si fuese presidente, pero se ilusionan con que su candidatura “termina con la locura K, que atrasa 30 años”. El ministro dio un discurso en la Camarco a favor del superávit comercial, la sostenibilidad fiscal, un dólar alto y un plan de “desarrollo inclusivo”. Los constructores no lo vieron muy distinto que los candidatos de Juntos por el Cambio en política macroeconómica, pero reconocen que “no es lo mismo el ajuste hecho por un peronista, con apoyo de gobernadores y de la CGT, que si lo hace Patricia Bullrich”. Le temen a la calle. “Larreta es más cercano a Massa, pero es de Juntos por el Cambio”, aclaran. En reuniones privadas con poderosos integrantes de la cámara, Bullrich y Larreta reconocieron que al menos en 2024 no habrá plata para obra pública, sólo negocios como la cesión de tierras a cambio de inversión en infraestructura. “Sólo se diferencian por matices”, observan.

La primera quiere liberar el cepo apenas comience el gobierno, como sostiene su economista Luciano Laspina, y el segundo sostiene que eso resulta imposible, tal como defiende su asesor Hernán Lacunza. A quien sí temen los constructores es a Javier Milei, que por ideología reniega de la obra estatal y quiere que sea toda privada. Recuerdan que ni en los países desarrollados los proyectos público-privados (PPP) superan el 20% de los proyectos y el 80% restante es de contratación estatal. Además, aclaran que el verdadero modelo los PPP deben sostenerse con tarifas, por lo que ponen en duda iniciativas en agua potable, saneamientos o rutas, salvo las autopistas más transitadas, en caso de vencer el libertario. Distinta fue la versión Cambiemos de los PPP que consistía en que las empresas busquen financiamiento pero que después se repague más con fondos públicos que con tarifas. Los paladines de la obra pública alegan que el modelo de Milei exigiría cobrar demasiado a los usuarios y conseguir un crédito externo del que carece la Argentina.

El ministro también recibió este jueves al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el mismo día en que fue reelecto por dos años más. Lo secundarán como vicepresidentes Miguel Ángel Rodríguez (dueño de la fabricante de pinturas Sinteplast), David Uriburu (ejecutivo del grupo Techint), Adrián Kaufmann Brea (de Arcor), Martín Rappalini (propietario de Cerámica Alberdi), Guillermo Moretti (de la Federación Industrial de Santa Fe), Luis Tendlarz (de la Unión Industrial de Catamarca), Rodrigo Pérez Graciano (de la automotriz ítalofrancesa Stellantis), Paula Bibini (de la Unión Industrial de Salta) y Javier Viqueira (de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Adimra). Uno de los popes de la UIA celebra que con la postulación de Massa queden “cuatro candidatos pro mercado”. Confía en que eso permitiría que continuase el veranito financiero de acciones y bonos, se arribase a un acuerdo con el FMI, la inflación y la brecha cambiaria se estabilicen y la economía, en lugar de caer por la seca, termine con crecimiento cero respecto de 2022. De todos modos, diferencia entre los cuatro favoritos: “Lo de Milei es inaplicable en el contexto argentino. Bullrich propone reformas razonables, pero es muy radical en querer imponerlas sin diálogo. En cambio, Massa y Larreta quieren cambios que se puedan negociar, incluso entre sí”. Entusiasmado por los crecimientos de las industrias automotriz, química y las proveedoras de la construcción, admite que aflojaron un poco la textil y la del calzado, pero observa un interés inversor extranjero por activos aún baratos en energía, minería y alimentación.

Otro poderoso industrial reconoce el apetito por esos sectores, pero también recuerda la seguidilla de empresas que se fueron del país, como OLX Autos, Enel, Falabella, Walmart, la aerolínea Latam, Itaú y las fabricantes de pinturas para autos Axalta y PPG (además Basf mudó una línea a Brasil). Más allá de la reunión de Massa con Funes de Rioja, este capitoste de la UIA espera que el ministro y sus tres principales rivales pasen por la UIA. Conjetura con que si el precandidato de Unión por la Patria gana las elecciones, aplicará una política industrialista, pero con las limitaciones de dólares que impiden importar insumos y maquinaria o girar utilidades a las multinacionales. “Te asegura la paz social, pero muchas multinacionales se rajan”, advierte. Espera que ahora que se inscribieron las candidaturas por fin Milei acepte visitar la entidad. Por ahora se juntó con algunos empresarios manufactureros, que quedaron insatisfechos con sus posturas ultraliberales. Tampoco se entusiasman mucho más los que se reunieron con Bullrich y Larreta: los capitanes de la industria reconocen que no puede seguir tan cerrada la competencia importada, pero temen que les impongan otra vez el “sálvense quien pueda”, como con Carlos Menem o Mauricio Macri, y que se apueste sólo por la energía, la minería y el campo porque son los sectores que pueden proveerles de dólares. Igual admiten que el jefe gobierno porteño puede resultar “un poco menos duro”.

Así como los turistas del hemisferio norte vienen en su verano boreal a tomar los mejores vinos y comer las carnes más caras porque les resultan baratas, también bancos de inversión de Wall Street están organizando para julio desfiles de tours de interesados por apostar a activos regalados de este país de candidatos favoritos pro mercado. Algunos habían llegado ya en marzo, pero de abril a junio se calmaron por la suba en las encuestas de Milei, cuyo plan dolarizador puede traer más inestabilidad, y por la incertidumbre de entonces sobre la candidatura de Massa ante el ascenso de la inflación. Ya algunos dólares están entrando para comprar bonos y acciones, se alegran en despachos oficiales, que se ilusionan con que así se estabilicen los tipos de cambio paralelos durante el mes y medio de campaña previo a las primarias.

Pero fuera del Gobierno los analistas no se dejan encandilar. “El impacto esperado es marginal en los dólares financieros y hay que ver cuánto dura el veranito”, comenta Hernán Hirsch. “El veranito es en principio una buena noticia porque mejora las expectativas sobre la economía, suben bonos, acciones, caen riesgo país, dólar futuro, expectativas de devaluación, pero así como hace un mes no había una crisis terminal ni estábamos al borde de la hiperinflación, ahora tampoco está todo solucionado: sigue la escasez de dólares e impacta en la actividad y la inflación”, advierte Pedro Gaite, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que, ante ese faltante, espera noticias sobre el acuerdo con el FMI.

AR

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Los fiscales sostienen que estas empresas habrían participado en la “acción delictiva  analizada” durante su alegato y pedirán que se las investigue penalmente cuando llegue el momento del petitorio final, es decir, cuando la fiscalía solicite al tribunal las penas y decomisos contra todos o algunos de los imputados. Todos los acusados han negado siempre haber cometido delitos.

“El Grupo Báez y la Administración pública no actuaron en soledad. Contaron con la cooperación de empresas ajenas al Grupo, que oficiaron de acompañantes en las licitaciones investigadas y que le allanaron el camino a Báez para simular competencia y lograr adjudicaciones por montos muy superiores a los presupuestos oficiales”, dijo Luciani la noche del viernes 5, hacia el final de la audiencia de esa jornada. “Algunos ejemplos muy concretos de estas empresas son Peterser, Esuco y Equimac”, afirmó entonces.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

Eleprint, por ejemplo, aparece compitiendo con Báez y Eskenazi en la primera obra vial de Santa Cruz licitada durante la gestión de Fernández de Kirchner, en 2008, por la que el patagónico cobró un adelanto millonario pero comenzó la obra dos años más tarde.

elDiarioAR se comunicó con un vocero de Grupo Petersen, con la sede de la constructora Petersen y con la de Esuco, pero ninguna de las dos constructoras ni el holding respondieron sobre su versión de los hechos. En Equimac, nunca contestaron las llamadas ni respondieron un correo electrónico. Tampoco en CPC. En Eleprint, aseguraron a este medio que la empresa no tiene causas judiciales y que no abordarán el tema “por el momento”. También declinaron de hacer comentarios sobre la denuncia en la Cámara Argentina de la Construcción, que integran las cinco compañías. 

Una fuente ligada a Esuco descartó la acusación de la fiscalía y dijo a este medio que Báez siempre compitió con costos más bajos que sus competidoras “por la cantidad de obras ordinarias que realizaba”. También dijo que la constructora de Wagner tenía en esa época una base en Santa Cruz porque la provincia era uno de sus mercados.

Patrón

Un punto recurrente en la supuesta maniobra es que la Administración pública permitió sistemáticamente que las distintas empresas del Grupo Báez participaran en las mismas licitaciones, compitiendo entre sí, lo cual está expresamente vedado por la ley de contrataciones públicas, según los expedientes administrativos que expusieron los fiscales.

En muchos de los 51 casos analizados en el juicio, dos compañías de Báez se presentaban a las mismas licitaciones y competían con una tercera empresa para “simular” que las constructoras de Báez tenían competencia en la provincia, afirmaron Mola y Luciani. Este tercer oferente quedaba sistemáticamente descalificado porque no se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 

Luciani denominó a esta empresa como “acompañante de cortesía”. Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada, dijeron los fiscales durante su alegato.

Petersen, de Eskenazi

El Grupo Petersen es de la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi, un empresario que supo construir excelentes vínculos con la familia Kirchner y llegó a adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol y a instancias de un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa.

Petersen se presentó en 38 de los 51 procedimientos “ficticios”. Sin embargo, “en esas 38 oportunidades, no logró una sola adjudicación”, aseguró Luciani al exponer los detalles de los expedientes administrativos.

En 15 de las 38 licitaciones, la constructora presentó un presupuesto por arriba del 20% permitido por la ley, afirmó el fiscal. “Nos preguntamos si era razonable que una empresa que opera desde 1920, emita más de una treintena de ofertas inválidas, viciadas con los mismos errores”, agregó.

Enrique Eskenazi tenía y sigue manteniendo la concesión del Banco de Santa Cruz, luego de que la institución fuera privatizada por Néstor Kirchner, recordó Luciani en su alegato. Antes de convertirse en empresario de la obra pública, Báez había sido empleado en el banco.

Además, el fiscal mostró los ingresos de distintos empresarios de la familia Eskenazi, quienes “visitaron con asiduidad la quinta presidencial de Olivos, en donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Entre 2007 y 2011, suman 61 ingresos, según las planillas obtenidas del Ejecutivo por parte de la ONG Poder Ciudadano.

En 2008, la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos por más de US$10 millones por parte del Banco Santa Cruz, “pocos días antes de que se concretara la adquisición del paquete accionario de la firma Hotesur, explotadora del hotel El Alto Calafate”, dijo el fiscal.

“Los estrechos vínculos entre la familias Kirchner, Eskenazi, Báez son suficientes para empezar a entender el porqué del comportamiento de la firma Petersen, Thales & Cruz en los procesos licitatorios”, sostuvo. “Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez”, agregó. 

Esuco, era Wagner

La constructora Esuco era entonces manejada por Carlos Wagner, otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dejó el mando de la compañía en manos de sus hijos luego de haber sido detenido en 2018 por el juez Claudio Bonadio y de haber declarado como arrepentido en el caso de los cuadernos. Por esa causa, debe afrontar un juicio por presunta asociación ilícita junto con Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López.

Este año, Esuco ganó el contrato para construir una planta compresora para el gasoducto Néstor Kirchner, según publicaron diversos medios.

Esuco participó en diez licitaciones en las que se presentó “y aparentó competencia” con las empresas de Báez, dijo Luciani. “Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo por montos mucho más altos que las empresas de Báez y superó en muchas ocasiones el 20% permitido, por lo cual sabía que iba a quedar descalificada”, aseguró el fiscal.

“Esto se hizo absolutamente adrede” y “no existía intención real de competir en estas licitaciones”; “nunca iba a ser considerada como la oferta más conveniente. Incluso, en una oportunidad, Esuco fue más allá y directamente resultó excluida (de la licitación) sin que llegara a conocerse su cotización”, detalló Luciani en referencia al expediente de repavimentación de la ruta 3, tramo San Julián-Aeropuerto de Río Gallegos.

Petersen fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez.

Diego Luciani — Fiscal.

Equimac

En 2018, Cecilia Sztemberg, una de las accionistas de esta constructora con amplia trayectoria en la obra pública se presentó a declarar como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso cuadernos. Como otras compañías del rubro vial, Equimac había sido nombrada como miembro del “Club de la Obra Pública” en la declaración de Wagner.

Aunque en menor medida que Petersen y Esuco, la empresa también formaría parte de la maniobra del caso Vialidad, según explicó Luciani.

“Equimac se presentó en siete de las 51 licitaciones” investigadas pero nunca ganó. Siempre se presentaba con montos más altos que Báez y en algunas oportunidades por encima del 20% del presupuesto oficial, afirmó el fiscal.

Hubo incluso licitaciones (por ejemplo la 10.562 y la 10.563) “en las que Equimac adquirió los pliegos de bases y condiciones con posterioridad a la presentación de la oferta”, aseguró Luciani. Eso estaba prohibido en el mismo pliego, según el documento exhibido en el alegato. 

Esto se hizo absolutamente adrede. No existía intención real de competir en estas licitaciones.

Diego Luciani — Fiscal.

Las ofertas de Equimac presentadas en esos expedientes tienen fecha del 16 de mayo de 2011. La apertura de sobres fue al día siguiente. Pero el recibo de compra del pliego, paso necesario para poder presentar dichas ofertas, fue fechado el 23 de mayo de 2011, cinco días más tarde.

Además, se cumplió otro patrón más que se ve en los casos de Esuco y Petersen: las licitaciones en las que participó Equimac tuvieron tiempos muy acotados para preparar las ofertas técnicas, cumplir con los términos de publicación del proceso y la real competencia. En un caso de 2005, tuvo apenas 96 horas para planificar y presupuestar una obra. “Era imposible presentar una oferta en ese tiempo”, afirmó Luciani. Equimac tampoco impugnó ninguna de las decisiones de los funcionarios que beneficiaron a Báez.

En una de las primeras licitaciones investigadas en la causa, de diciembre de 2004, quedó preadjudicada en una licitación con la oferta más conveniente, pero tres meses antes de que comenzaran las obras, Equimac se presentó ante Vialidad provincial para informar que había firmado un acuerdo con dos empresas de Báez (Austral Construcciones y Adelmo Biancalani) para cederles la obra, según los documentos expuestos por la fiscalía en el alegato. 

“Este frustrado triunfo de Equimac no fue causal. Por tratarse de una de las primeras licitaciones, Austral Construcciones (de Báez) carecía de capacidad para ganarla y por lo tanto el artilugio consistió en adjudicarla a una empresa con capacidad para después cederlas al Grupo”, explicó Luciani.

A partir de este martes, está programado que los fiscales continúen con el alegato por al menos tres audiencias más y hacia el final soliciten penas, decomisos y la investigación de la participación de estas empresas en una supuesta maniobra en la que la fiscalía adjudica a Fernández de Kirchner el rol de jefa.

ED

Gustavo Weiss, dueño de Eleprint, volvió a la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en noviembre pasado. Es la tercera vez que la encabeza. Librado de la causa cuadernos, Weiss se enfoca en una coyuntura en la que faltan materiales para construir y se retrasan obras públicas como el gasoducto Néstor Kirchner.

¿Cómo ve la situación política y económica en esta semana de alta tensión?

Con preocupación. Con preocupación porque vemos que hay una crisis política en el seno de Frente de Todos. No es algo que sea nuevo, pero parece que la salida de (Martín) Guzmán produjo una serie de cimbronazos internos que no está claro si están perfectamente saldados, si hay acuerdo sobre qué es lo que tiene que hacer el Gobierno en los próximos meses. La verdad es que como no hay comentarios concretos de las reuniones que se han mantenido entre el Presidente, la vicepresidenta y el presidente de Cámara de Diputados, como hay hermetismo sobre esas reuniones, no está claro el rumbo del Gobierno. Simultáneamente, la ida del ministro Guzmán obviamente provocó un problema económico que todavía lo estamos viviendo durante toda esta semana, con problemas no solamente de aumento de dólar, sino también de aumento de insumos, de faltantes de insumos. Sumado al problema del dólar, sobre todo de insumos importados, estamos en un momento complejo político y económico.

¿Tiene miedo de que vayamos hacia dónde si continúa esta crisis?

La verdad es que es impredecible. Es difícil saberlo. Algunos economistas están muy preocupados por una aceleración de la inflación. Algunos hablan de inflaciones del orden del 7% o más en julio y probablemente del mismo orden también en agosto. La verdad que eso es un tema preocupante porque además, simultáneamente, el otro tema preocupante, que no está claro, es cuál es la disponibilidad de dólares en el Central para importar insumos fundamentales para la industria. Y todas estas incertidumbres se trasladan al día a día económico y producen faltantes de algunas cosas, sobre todo las vinculadas al comercio exterior, a bienes importados. Simultáneamente, muchos formadores de precios, ante la incertidumbre, aumentan los precios o eventualmente incluso retrasan las entregas, ¿no? Este es un clima que no sé cuándo debería terminar. Lo antes posible... pero yo por lo menos no tengo claro cuándo se va a tranquilizar el mercado, ¿no?

En el sector de la construcción faltan materiales hoy en día porque algunos proveedores no quieren venderlos ante la incertidumbre, ¿o por los controles a las importaciones? ¿Aumentan los precios y en cuáles productos?

A ver, por un lado, nosotros ya tenemos faltante de algunos productos importados desde hace tiempo. Por ejemplo, repuestos de maquinaria. Las maquinarias viales con las que se hacen las rutas son todas importadas. Ya teníamos problema de entrega de maquinarias, pero también de repuestos. Tenemos problemas de antes también para importar ciertos productos para algunas obras especiales. Las obras eléctricas tiene mucho equipamiento importado. Las obras de saneamiento, que son las plantas de tratamiento de líquidos cloacales o de potabilización de agua, también tienen gran parte del equipamiento importado. En fin, hay muchos sectores como las vías férreas, también son importadas. Pero además de eso, hay fabricantes locales de determinados materiales que también tienen insumos importados y también tenían problemas de entrega antes y puntualmente esta semana. Lo que pasa cuando no hay precios es que lo primero que hacen muchos proveedores es decir “no tengo precio, no te puedo entregar”. Eso esta semana se agudizó. Esperemos que a partir de la semana que viene empiece a tranquilizarse.

¿En qué productos? ¿En todos o en alguno en particular?

Fundamentalmente en los productos que tienen materiales importados. Te voy a decir un ejemplo cualquiera: carpintería de aluminio. Aluar fabrica el aluminio para fábrica acá, pero lo primero que pasa es que la cadena de entrega y de precios se rompe. Y entonces el proveedor de carpintería, el que es el que provee las aberturas, que se nutre de la materia prima de Aluar, no te puede pasar precio porque a su vez no le pasaron precio a él. No Aluar directamente, si no los mayoristas que entregan ese producto. Es decir, hay un descalabro generalizado en la cadena y entonces el proveedor final no puede entregar porque a su vez no tiene precio de reposición. Y esto se da en muchos productos, no solamente en eso.

¿Esta semana en qué productos hubo más aumentos?

Te puedo decir que hay dos grandes rubros en la industria. Uno es las empresas que compran directamente al fabricante. Ahí, más que grandes aumentos, no ha habido precio. No es que te aumentaban, es que te decían “tengo que esperar para pasarte precio”. Entonces ahí puede haber habido aumentos, depende del producto, entre el 10 y el 20%. Pero donde ha sido mucho más dramático es en el pequeño comprador, que compra en el corralón. Y ahí se han verificado aumentos, depende el lugar y el corralón, pero aumentos del 20, 25 o 30%, cualquier aumento. Digamos que es lo mismo que ha salido tanto en los medios. No es que aumentaron en realidad 20%, es que el comerciante se está cubriendo porque cree que cuando él reponga sus unidades van a venir con un aumento. ¿De cuánto? No sabe, por las dudas pone el 20 y espera que le alcance. Eso es lo que están diciendo muchos. Por eso digo que es imprescindible recomponer la cadena de precios y de entrega lo antes posible.

¿Qué está pasando hoy en día con la obra pública, si sigue andando como estaba planeado? ¿Y qué va a pasar? Porque si uno mira el Decreto de Necesidad y Urgencia del presupuesto de 2022 que sacó Guzmán y mira la primera revisión del acuerdo con el FMI, se ve claramente que va a haber menos obra pública, tanto nacional como giros de la Nación a las provincias para obras públicas.

Efectivamente, el acuerdo con el Fondo preveía una inversión en obra pública de 2% del PBI y el DNU lo bajó a 1,6%. Así que ahí hay un recorte de acá a fin de año. Esto por un lado. Por otro lado, la obra pública ya está empezando a tener problemas vinculados a la actualización de precios. Todos los contratos de obra pública tienen un sistema, una fórmula de determinación de precios que lo que hace es tratar de mantenerlo constante frente a la inflación. Hay que recordar que la obra pública es la única industria que pone un precio y entrega el producto dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Obviamente, en economías inflacionarias es inviable que eso ocurra si no se mantiene el valor del contrato estable frente al aumento de precios. Esas fórmulas de determinación que tienen los contratos no funcionan con estas inflaciones. Tenemos desfasajes muy importantes que hacen que algunas obras empiecen a ralentizarse, algunas a pararse. Esta es una problemática que tampoco es de hoy. Viene ya del año pasado, la estamos hablando con el Ministerio de Obras Públicas y con otras instancias del Gobierno. Pero al día de hoy no hay ninguna solución. Y si encima se empieza a ver estos picos inflacionarios como los que estamos mencionando, va a ser muy difícil que las obras públicas continúen aunque nos quieran pagar. Es el otro problema de futuro. Hoy debo reconocer que nos pagan muy bien. En general, no hay ningún problema de pago al vencimiento de la factura, pero se avizora un problema grave.

En este contexto este viernes justo cerraba la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires. ¿Piensa que se va a poder hacer a tiempo para el invierno próximo?

Yo no estoy empapado de los detalles del gasoducto. Entiendo que lo que dicen aquellos que han seguido el proceso es que va a ser muy difícil llegar a la fecha del 20 de junio [de 2023], la fecha prevista de inauguración del gasoducto. Pareciera bastante difícil, pero independientemente de que se llegue o no, creo que es muy promisorio que ese bendito gasoducto, que se tendría que haber hecho hace muchos años, se haga de una vez por todas. Si no llegamos al invierno que viene, llegaremos al otro, pero tenemos que hacerlo sí o sí. Espero que se pueda terminar.

Por último, quería preguntarle por su regreso a la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción después de haberte retirado del cargo cuando estalló la causa de los cuadernos. ¿En qué quedó esa causa?

Esa causa se dividió en varias partes. Una primera tanda fue llevada a juicio oral. Entiendo que los tribunales se están constituyendo, no sé si para el año que viene o para el otro. La verdad que no es un tema que siga directamente. En otros casos se han dictado falta de mérito o sobreseimiento, como es en mi caso particular, pero también el de muchos otros colegas míos. Así que hay distintas instancias.

En el momento fue la gran noticia y después pareciera que quedó en la nada. ¿Cómo lo evalúa usted?

Creo que primero tuvo un impacto mediático enorme por el procedimiento que este juez [por Claudio Bonadio] hizo en su momento, con cámaras entrando a casas, donde se llevaban esposados a empresarios. Obviamente, eso tuvo una enorme repercusión, como no podía ser de otra forma. Estuvo muy mediatizado el problema, pero después, en definitiva, siguió los tiempos de la Justicia, que, como todos sabemos, no es de una velocidad inusitada, sino todo lo contrario, es una Justicia que, por los motivos que sean, tiene tiempos que no son cortos. Después de la parte espectacular y muy mediática, ahora entró en tiempos de la Justicia, habrá que ver este paso a paso cómo evoluciona.

AR

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Cámara de la actividad (Camarco) acordaron hoy un 12% de mejora salarial, adicional al 35,8% convenido en abril último, en el contexto de la reapertura de la paritaria, por lo que el aumento anual obtenido ascendió en total al 47,8 por ciento, confirmó la organización sindical.

La Uocra, que lidera Gerardo Martínez, informó hoy que en el contexto de la reapertura de la paritaria sectorial acordó con la cámara patronal una recomposición adicional del 12% en tres tramos, que se sumará al 35,8% obtenido en abril.

De esa forma, al 12 y 10% percibido en abril y julio último, al 7% que se aplicará en octubre y al 6,8% que se pagará en febrero, el sindicato convino hoy un 12% adicional, a cobrar un 5% en septiembre. otro 5 en enero y un 2 en marzo, lo que totalizó en el año una mejora de los haberes del 47,8%.

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y reelecto en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicó que el acuerdo será presentado mañana en la cartera laboral para su homologación.

DA

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED