El expresidente Puigdemont vuelve a Catalunya. En un mensaje en la red social X, el líder de Junts aseguró que, una vez se fije el pleno de investidura de Salvador Illa y tal como él mismo había prometido, emprende el viaje de regreso para poder asistir al Parlament este jueves. De confirmarse su regreso, Puigdemont volvería a Catalunya por primera vez desde el 27 de octubre de 2017, cuando se trasladó a Bélgica para no ser juzgado por los hechos del Procés.

El líder de Junts ha enviado su mensaje solo unos minutos después de que la Diputación Permanente del Parlament haya confirmado que la fecha de investidura de Illa será el jueves. Inmediatamente tras el anuncio, Junts ha convocado un recibimiento a Puigdemont este mismo jueves, una hora antes del pleno y a las puertas del Parlament.

“Creo que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política”, ha insistido Puigdemont en su vídeo, en el que también ha asegurado que eso era lo que preveía la ley de amnistía, cuyo cometido era “alcanzar a todo el mundo”. “Por eso no podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos miembros del Supremo”, ha asegurado Puigdemont, que ha criticado que al Gobierno de Pedro Sánchez parece “no importarle demasiado”.

Primer regreso en siete años

En todos estos años, no ha cruzado la frontera en ningún momento para evitar ser llevado frente a la justicia española que tanto ha evitado. Ahora ha decidido volver, después de prometerlo activamente, en un momento clave y con la intención de dar un golpe de efecto. Sus exsocios de ERC están a punto de investir a un candidato socialista como president de la primera legislatura en que el independentismo pierde la mayoría desde el inicio del Procés. 

En cualquier momento de los 175 km que separan la frontera con el Parlament de Catalunya, Puigdemont se arriesga a ser detenido y pasar a disposición judicial. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta: un delito de malversación. Es el único que sigue pesando sobre Puigdemont, después de que el Supremo archivara el caso Tsunami, al decretar que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal. 

Esta causa sustentaba acusaciones de terrorismo contra una decena de personas, entre ellas el expresident o la dirigente de ERC Marta Rovira. El delito de terrorismo tampoco es amnistiable y por eso, al ser retirado, la republicana pudo volver a Catalunya a mediados de julio, ya que no tenía ninguna otra causa abierta.

Pero no es el caso de Puigdemont, que todavía tiene cuentas pendientes y por las cuales previsiblemente recibirá el alto de los Mossos en algún momento en su viaje hacia el Parlament. Aunque él tiene la firme intención de entrar en la cámara y ejercer su derecho a voto, lo más probable es que sea detenido antes. No está claro qué sucederá cuando eso suceda. Existen diversas opciones: una -quizás la menos probable- es que él mismo se entregue ante la justicia. 

Otra es que sea la policía quien le arreste, con lo que pasará a disposición del juzgado responsable del lugar en el que se haya producido la detención. Una vez ahí, la pelota estará en el tejado del juez Llarena, que puede decidir mantenerlo en un calabozo catalán o bien ordenar su traslado a Madrid, para que quede en manos del Tribunal Supremo. 

Cabe la posibilidad que el tribunal apunte al riesgo de fuga y envíe al expresident a prisión hasta que declare ante un juez -o hasta que el Constitucional revoque la decisión de Llarena de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Pero también existe la opción de que sea puesto rápidamente en libertad con una citación judicial, como le pasó a la exeurodiputada Clara Ponsatí.

Si finalmente Puigdemont es detenido, lo más probable es que el pleno de investidura que debía celebrarse esta mañana se cancele. El líder de Junts, Jordi Turull, aseguró que si el expresident no podía llegar al Parlament, pedirían que se suspendiera el pleno. Tanto ERC como los Comuns han considerado que esta opción es la mejor y ambos grupos estarían dispuestos a aplazarlo. 

Lo que no queda claro es la fecha en la que se convocaría de nuevo la cita. El Parlament tiene de fecha límite el 26 de agosto para investir a un nuevo president. En caso de no hacerlo, se activaría automáticamente la maquinaria de la repetición electoral, que sería el 13 de octubre. 

Una vuelta anunciada

“Para que vuelva el president, vota al president”. Este fue uno de los lemas de campaña de Junts para las elecciones que se celebraron en diciembre de 2017, apenas tres meses después del referéndum y dos desde la marcha de Puigdemont. El expresident aseguró que, si salía vencedor de los comicios, volvería, aunque ello supusiera su detención. Aquellas elecciones las ganó Ciudadanos.

Años más tarde, en 2024, Junts volvió a usar ese lema y apostó toda su campaña al regreso del expresident al más puro estilo Lluís Companys. De hecho, el nombre de la lista para las elecciones fue Junts + Puigdemont per Catalunya. Todos los actos fueron un recordatorio constante de que Puigdemont cada día estaba más cerca. Literalmente, puesto que trasladó la agenda preelectoral a la localidad de la Catalunya Norte de Argelers, a pocos kilómetros de la frontera, donde cada día se desplazaban autobuses con decenas de militantes y simpatizantes.

Los exconvergents creyeron que su regreso iba a ser un gran golpe de efecto, pero sólo consiguieron ganar tres escaños. La victoria fue, inequívocamente, para el PSC, que se plantó con 42 diputados, su cifra más alta en la historia (y consiguiendo romper la racha de la mayoría independentista en la cámara catalana).

Aunque la idea del regreso no tuviera rédito electoral y la investidura de Puigdemont fuera aritméticamente imposible, el expresident no dejó ni por un momento de presionar a ERC para que le apoyara a él en lugar de a Salvador Illa. Tanto ha sido así que dejó claro desde el día después de las elecciones que se personaría en el debate de investidura, aunque eso supusiera su detención.

Con ello no sólo dejaba clara su intención de aspirar a la presidencia, sino que ejercía una fuerte presión sobre los republicanos: dar su apoyo al PSC supondría que ERC daría la espalda al independentismo y facilitaría una investidura que, en paralelo, supondría su detención. 

De hecho, el mismo expresident ya responsabilizó a los republicanos de la represión a la que, asegura, es sometido y aseguró que el pacto entre PSC y ERC convertía su detención en una “posibilidad real en pocos días”. Esas declaraciones levantaron oleadas de críticas que no hicieron más que caldear un ambiente ya tenso entre los diversos sectores del independentismo. 

Puigdemont, si llega al Parlament sin ser detenido, volverá a Catalunya, siete años después de su salida de España, a la investidura del primer president socialista y no independentista desde que se inició el procés, hace más de una década. 

Cronología de siete años en el exterior

27 días después de la celebración del referéndum del 1O, y en ausencia de la oposición, el Parlament declaró la independencia de Catalunya. En Madrid, el Senado respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, que dio a Mariano Rajoy el control de la administración catalana y destituyó a Puigdemont de su cargo.

Ante la previsible acción de la justicia, el expresident se instaló en Bruselas junto a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. El 30 de octubre, el día siguiente de su huída, llegó la querella de la Fiscalía General del Estado, que acusó a Puigdemont de rebelión, sedición y malversación.

Entre el 2 y el 9 de noviembre, líderes del Procés que se quedaron en Catalunya como Junqueras, exconsellers como Turull o Rull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, fueron encarcelados. Pero Puigdemont todavía podía moverse liberemente por Europa en ausencia de una orden internacional de detención.

Esto cambió el 23 de marzo de 2018, con la primera euroorden. Dos días después, el expresident fue localizado por la policía alemana e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció 10 días. Fue liberado después de que un tribunal alemán negara la solicitud de extradición al no considerar que Puigdemont hubiera cometido delito de sedición en España.

En mayo 2019 Puigdemont se convirtió en europarlamentario y consiguió la inmunidad. Cinco meses más tarde, Llarena reactivó las euroórdenes, empezando un vaivén de peticiones de extradición y órdenes internacionales en una batalla que el juez español no lograba ganar.

Paralelamente, y ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2021 se aprobaron los indultos, que supusieron la libertad de los líderes políticos juzgados y condenados 1.328 días después de su encarcelamiento.

Pero todavía se debía librar otra gesta para exonerar a aquellos que no se presentaron ante la justicia como Puigdemont o Rovira. Para ellos, la medida de gracia tenía que ser la ley de amnistía que, no sin polémicas y disputas, se aprobó en mayo de 2024.

Esta ley debía servir para zanjar el conflicto político, ya que sólo dejaba fuera de su alcance el delito de malversación cuando este supusiera un lucro personal y el de terrorismo. Pero el juez García Castellón intentó, de nuevo, que la medida de gracia no se aplicara al expresident al acusarle de este último delito grave por su implicación en las acciones impulsadas por Tsunami Democràtic.

Finalmente, la causa fue archivada y sobre el expresident hoy sólo pesa la acusación por malversación, que el Supremo entiende que no es amnistiable. Con todo, el futuro judicial del expresident es todavía incierto y las próximas horas y días serán claves para el devenir de la última gran figura pública que todavía representa las consecuencias del conflicto político y judicializado del procés catalán.

“Un compromiso histórico” que resuelva el problema de fondo entre Cataluña y el Estado. Eso es lo que quiere Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en lo que reconoció que se trata de un “momento especial” porque España se asoma a un “dilema”: llegar a un acuerdo con la formación independentista o la repetición de elecciones. “No estamos hablando de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad”, arrancó Puigdemont, en una comparecencia en Bruselas en la que se dirigió a los dos “grandes partidos españoles”.

Junto a eso, el ex presidente advirtió que se tienen que establecer ciertas “condiciones previas” para iniciar la negociación: “reconocer la legitimidad del independentismo”, el “abandono de la vía judicial” y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos, y el impulso al catalán en la Unión Europea. Todas estas condiciones, aseguró el líder de Junts, caben en la Constitución y pueden ser realizadas antes de la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez.

Estos requisitos marcados por el ex presidente son previos a la negociación que, según su punto de vista, desembocaría en un acuerdo como el que “ningún régimen ni Gobierno español ha sido capaz de alcanzar desde 1714”. Es decir, un nuevo acuerdo constitucional con el que el Estado reconozca a Cataluña como nación y, por tanto, con derecho a autodeterminarse (aunque no necesariamente a la independencia).

“El pacto posible no es un pacto cualquiera sino con Junts, una formación a la que se ha arrinconado y despreciado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles”, explicó el eurodiputado, que recordó que sumaron sus votos PSC y PP, junto a los comunes, para arrebatar la alcaldía de Barcelona a Xavier Trías, y posteriormente hizo referencia a los “elementos del conflicto”, los cuales citó por orden: la sentencia contra el Estatut, la “criminalización del 1-O”, el incumplimiento de las inversiones y la aplicación del 155.

“El 1-O no fue un delito, ni la declaración unilateral de independencia tampoco, como tampoco lo fueron las protestas”, expresó el expresidente catalán, que plantea la amnistía para centenares de condenas enmarcadas en el procés. Pero la amnistía no es un punto final para Puigdemont, que la ha situado como una exigencia para iniciar una negociación para la investidura, sino que es el comienzo de un camino que, a su juicio, debe conducir a un referéndum de autodeterminación.

Amnistía, relator, catalán… y acuerdo sobre la autodeterminación

Así, aseguró que las “condiciones previas para emprender el camino de la negociación” pasan por cuatro ejes. El primero es el reconocimiento de la “legitimidad del independentismo”; el segundo, el fin de la judicialización del conflicto; el tercero, la “creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte garantías del cumplimiento y el seguimiento de los acuerdos; y el cuarto ”fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales“.

“Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución, ni por descontado de ningún tratado europeo. Ni siquiera requieren un largo proceso legislativo. Son condiciones previas que se han de cumplir antes de que se agote el plazo para evitar nuevas elecciones [dos meses después de que el 27 de septiembre se ponga en marcha el reloj en la primera votación de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo], y que si se dan nos comprometen y obligan a trabajar por un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la legislatura. Sólo depende de voluntad política”, aseveró.

“Cataluña es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714”, afirmó el expresidente catalán, que ve en la independencia la única vía posible para la “supervivencia de Cataluña como nación”. “Correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por el camino de las promesas y las palabras, sino por la de los hechos”, dijo antes de entrar en la concreción de sus exigencias.

El expresidente catalán expuso sus condiciones de cara a una negociación para la gobernabilidad en una conferencia en un hotel en Bruselas, a donde viajaron dirigentes de Junts para participar en una jornada interparlamentaria convocada por Puigdemont, a quien recibieron de pie con aplausos. En primera fila estaban sentados la expresidenta del Parlament Laura Borrás y su sucesora, Anna Erra i Solà, actualmente en el cargo, el exconseller Jordi Turull, y la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, entre otros. También asistieron los siete diputados de Junts, cuyos votos son claves para la gobernabilidad, y otros representantes del independentismo, como el diputado de la CUP Carles Riera.

Una conferencia esperada

La negociación del 'sí' de los de Puigdemont le devuelve al epicentro de la política española, una situación que el ex presidente no va a desaprovechar una vez que vuelve a ver disparada su popularidad en la capital comunitaria. A la conferencia fueron todos los medios españoles y también algunos representantes de la prensa internacional.

La conferencia estaba prevista desde la semana pasada y se produjo un día después de que el expresidente recibiera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su calidad de líder de Sumar, que se trasladó a Bruselas para abordar con el eurodiputado la investidura de Sánchez. El PSOE se desmarca de esa reunión y mantiene su vía de negociación, aunque preserva todo lo que tiene que ver con la amnistía, una propuesta -defendida desde hace casi seis años por los partidos independentistas- de la que los socialistas siempre han renegado, pero que ahora está sobre la mesa.

“Tenemos trabajadas varias fórmulas, pero por una cuestión de discreción no las vamos a exponer todavía. La amnistía no es la única fórmula. Lo importante es el objetivo, curar las heridas del pasado. Poner el marcador a cero. Hay unas fórmulas más lentas, otras más costosas. Creo que tenemos que ir etapa por etapa. Ahora mismo yo no estoy autorizado a hablar de otras fórmulas”, expresó el dirigente de En Comú Jaume Asens, que también participó en el encuentro de Díaz y Puigdemont, tras el que se mostró convencido de que el 'sí' de Junts a la investidura de Sánchez está más cerca.

Un día después de celebrar elecciones generales el 23-J, la figura del futuro gobierno de España lucía su contorno rígido pero nítido. El popular Alberto Núñez Feijoo ganó las legislativas, pero perdió las elecciones. El aspirante a vicepresidente de una coalición derechista, el ultra Santiago Abascal, fue el gran perdedor del penúltimo domingo de julio. La suma de los votos de Feijoo y Abascal es insuficiente para formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez salió segundo en las legislativas, pero puede ganar la reelección.

El presidente suma los votos de su socia y actual vicepresidenta segunda, la izquierdista Yolanda Díaz, y los de sus aliados electorales catalanes y vascos. También son insuficientes. A menos que el catalán Carles Puigdemont  ordene a sus diputados que se abstengan en la votación del presidente en el Congreso. Sin Puigdemont no hay gobierno, ni de izquierda, ni de derecha. A nadie escapa la ironía de que la gobernabilidad del Reino de España dependa de un líder independentista, fugado del país, refugiado en la ciudad belga de Waterloo, sentenciado como criminal y cuya extradición reclama la Justicia de Madrid.

Los números no mienten pero desmienten

Cuatro veces presidente de Galicia, el candidato opositor fue el primer candidato de derechas español en lograr en su primera postulación que su partido ganara en las legislativas. Pero con 136 bancas es aritmética, parlamentaria y políticamente imposible que el líder del Partido Popular (PP) logre reunir para el bloque derechista los 176 votos de la mayoría. Llega hasta 171, sumados los 33 de la derecha extrema de Vox, el partido que se derrumbó el penúltimo domingo de julio.

Después de cada elección de la democracia española, dos bloques ideológicos antagónicos se enfrentan a la misma, reiterada realidad. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios: dependen de un Sí o un No independentista.

Con 122 bancas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuenta con hasta 172 votos sumando los 31 de su socio de izquierda Sumar y las voluntades de sus aliados electorales regionalistas vascos y catalanes. Le es indispensable, pero no imposible, la abstención de los 7 diputados de Junts x Catalunya (JxC), el partido separatista cuyo líder está en el exilio.

La Vox a ti debida

Vox perdió 600 mil votos, 19 escaños, casi la mitad, más de un tercio de los que tenía. La posibilidad de llegar a la vicepresidencia del gobierno quedó por completo trunca. Hay algo de sumo interés para Vox, pero que excluyen de la jeremiada de la derrota, porque sería demasiado iluminador de sus malas costumbres. Y que de su dependencia, para ganar y retener votos. y es una de las áreas más rutilantes de sus similitudes con Trump, Bolsonaro y el difunto Berlusconi, de las artes del espectáculo político.

Vox se quedó sin escaños suficientes como para presentar recursos de inconstitucionalidad, con los que templó abundantemente sus dotes de showmanship en la anterior Legislatura, ni para presentar en solitario mociones de censura, como hizo en dos oportunidades. Se descuenta la participación de Vox en toda aventura de investidura del PP, pero los números y el aislamiento ideológico le auguran un futuro período de irrelevancia folk. “¿Has oído la Vox, Giorgia?”, tuiteó el ex premier centro-izquierdista italiano Matteo Renzi, apostrofando a la actual premier post fascista, Giorgia Meloni, que había viajado a España para hacer campaña por su “amigo” y “hermano de Italia”, Santi Abascal.

Las tribulaciones de un gallego en Madrid

Una de las paradojas de Vox, partido de centralismo de estricta observancia, es el haber sido fundado por vascos y catalanes. Junto a los medios y los sondeos, el bilbaíno Santiago Abascal incluyó en la lista de causas de la derrota al auriense candidato del PP, al que reprochó escabullir el último debate presidencial.

Gallego como el caudillo Francisco Franco, a Núñez Feijoo tocó presidir el amargo festejo pírrico de sonrisas perfectamente bien forzadas de la noche del domingo 23-J en la sede partidaria madrileña, y constatar lo que sabía de sobra, que en el Reino no se ganan mayorías absolutas como él las ganó por cuatro veces consecutivas en su Xunta autonómica. En el balcón de victoria de la calle Génova 13,  donde se celebran los triunfos populares, todos de blanco. Menos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid con mayoría absoluta ganada el 28-M, toda de rojo. Debajo del balcón, el pueblo madrileño no gritaba Feijoo, perdedor del verano, coreaba el apellido de la gran ganadora de primavera: “¡Ayuso, Ayuso!”.

El martes, en la reunión de la cúpula del PP en Madrid, todos los altos mandos populares cerraron filas en torno al ganador de los 136 escaños que había creído que iba a ganar 150 ó 160, el gallego que había venido a Madrid para triunfar y derogar al sanchismo, y que la noche anterior, desde el balcón, le había pedido al sanchismo que por favor tuviera a bien derogarse. Y que lo dejara gobernar a él, a Alberto Núñez Feijoo, porque había ganado más bancas. El pedido resulta desconcertante, porque aún si el madrileño Sánchez tuviera la deferencia que le piden, con 136 bancas no es posible gobernar en solitario.

En la reunión popular cumbre, preguntaban los medios a los barones si Feijoo debía seguir siendo el líder del PP, dadas las cirncunstancias. Todos exclamaban: '¡Desde luego!'. Como lo había hecho nocturna en balcón, también se diferenció aquí, diurna, Ayuso, que respondió: “No creo”.

Los dilemas de un catalán en Waterloo

La gobernabilidad del Reino de España está a la merced de un partido que es la quinta fuerza política en Cataluña, y que el 23-J hizo la peor elección de su historia. Este último dato de mal y deteriorado desempeño electoral de JxC es el más importante. Aquel que influirá sobre la decisión final que medite Puigdemont en su 'embajada catalana' de Waterloo, localidad belga donde se libró la batalla de la derrota final napoleónica.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) hizo una brillante elección, y se colocó como primera formación política en la Autonomía. Barcelona no quiere a Vox en Madrid. ¿Lo quiere Waterloo? Si JxC vota consistentemente No a la posibilidad de que el PSOE forme gobierno, habrá nuevas elecciones. ¿Y cómo saldrá en ellas JxC, que ve sus votos menguar, y ganar en cambio, relativamente, a su rival independentista de izquierda, Esquerra Republicana (ER)? Además de la fatiga ciudadana y del gasto público de una nueva elección, ¿quiere quedar en la foto y en la historia como el partido que dio una nueva oportunidad a la derecha? ¿En la misma foto que Vox, un partido en cuya plataforma refulge como una misión histórica, ratificada después del 23-J, el ilegalizar para siempre a JxC? (Y al propio destino judicial del propio Puigdemont, encausado por el referéndum independentista catalán de 2017, ¿no le es más provechoso un gobierno progresista?).

Además, JxC concesiones puede obtener, de un gobierno PSOE-Sumar, a pesar de que en la pasada Legislatura sistemáticamente votó en contra de todas sus iniciativas. Porque, y es otra paradoja, si los catalanes que forman el electorado de JxC no fueran catalanes, fueran castellanos, votarían Vox o PP. Porque la base social de JxC (heredados o recaudados de Convergencia y Unión, el partido de Xordi Pujol), es anti socialista y anti izquierdista por antonomasia, como también es xenófoba.

Las tres regiones de España que ganó enteras el PSOE, las únicas pintadas de rojo en un mapa azul, son Cataluña, el País Vasco, y Navarra. Tres regiones independentistas. Cuando se han contado los votos, se ha cantado el “¡No pasarán!”, se ha prohibido el “De cara al sol”, España, sin embargo no ha ajustado todas sus cuentas. Debe seguir con el ábaco en la mano. En España, ni la izquierda ni la derecha pueden gobernar sin los territorios.

AGB

El juez instructor de la causa del procés independentista, Pablo Llarena, aplicó la reforma que deroga el delito de sedición, una reforma que según argumenta plantea un contexto “cercano a la despenalización” de los hechos del 2017. El resultado es que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig siguen buscados y con orden de captura pero por malversación y desobediencia, no por sedición. Marta Rovira y Clara Ponsatí están ahora procesadas por desobediencia. El magistrado entiende que su conducta desplegada durante el procés, por la que otros políticos fueron condenados por sedición, no encaja en un delito de desórdenes públicos.

Los tres políticos catalanes siguen en búsqueda y captura y, por tanto, no pueden volver a España sin exponerse a ser detenidos por el Tribunal Supremo, pero Llarena rechaza por ahora reactivar las órdenes europeas de detención. Esto, según informa, queda sujeto a lo que digan los tribunales europeos sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial que examinan desde hace meses.

El escrito de Llarena repasa, en medio centenar de páginas, el desarrollo de la causa que arrancó en 2017 tras una querella de la Fiscalía, y dedica la parte final del auto a criticar con dureza la reforma legal que elimina la sedición del Código Penal. Los primeros dardos van dirigidos a la exposición de motivos de la norma, alertando de “imprecisiones” que son “incompatibles con el principio de legalidad penal”.

El instructor defiende también que la sedición y las condenas por intentar romper la unidad territorial del país no son muy habituales pero no son una “extravagancia” en el ecosistema judicial de la Unión Europea. Los hechos por los que fueron condenados los líderes catalanes, y por los que Puigdemont es reclamado, tenían un “carácter delictivo incuestionable” y encuadrable, como dijo la sala de lo penal, en un delito de rebelión “perfectamente homologable” en leyes de otros países de nuestro entorno.

Pablo Llarena impulsó la investigación del procés por un delito de rebelión con el apoyo de la Fiscalía. Un delito que, tras el procesamiento firme confirmado por el Supremo, sirvió para retirar de sus escaños en el Parlament a varios de los acusados. Finalmente, sin embargo, el mismo Supremo optó por condenarles por un delito de sedición tal y como defendía la Abogacía del Estado. Eso obligó entonces a Llarena a cambiar las órdenes internacionales de detención que, hasta la fecha, no han tenido éxito en algunos de los países donde afirma que el delito de sedición es “homologable”.

Explica el magistrado que los acusados buscaban “desbordar el orden constitucional” con el impulso del procés independentista desde el Govern, el Parlament y en la calle, y que eso no es un delito de desórdenes públicos. La reforma, entiende el juez, lleva a un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos aunque mantiene la intención de que sean juzgados por malversación y desobediencia. Ambos delitos fueron apreciados por la sentencia del Tribunal Supremo.

LC

La partida de las municipales en Barcelona promete ser de las más disputadas. Si se atiende a lo que los respectivos partidos pronostican, todos apelando a sus propias encuestas, hay cuatro candidatos en disposición de hacerse con la alcaldía: Ada Colau, Jaume Collboni, Ernest Maragall y Xavier Trias. A cinco meses de los comicios lo que los cuatro tienen claro es que el único pacto imposible es Colau-Trias. El resto de combinaciones son todas plausibles, también la de una alianza entre el PSC y Junts. 

La confirmación de que el candidato de Junts (que va a esconder la marca del partido y baraja la de ‘Trias per Barcelona’) se presenta ha acelerado la precampaña. A diferencia de hace cuatro años, cuando el debate independentista monopolizó los discursos, esta vez se van a contraponer modelos de ciudad.

Trias ha recuperado alguno de sus hits para confrontarse a Colau. Barcelona no puede ser “la meca de la droga o del sexo fácil” proclamó hace unos días en una entrevista en la SER. El colega Camilo Baquero recuperaba en Twitter un titular de Trias, pero del año 2009, cuando estaba en la oposición y los socialistas gobernaban la capital catalana, en el que literalmente ya se quejaba de lo mismo: “No podemos ser la ciudad del sexo”.   

El candidato de Junts considera que Colau le ganó en 2015 aprovechándose de la guerra sucia diseñada por el Ministerio de Interior y que quedó plasmada en una portada de El Mundo que, en plena campaña electoral, publicó en portada que Trias había transferido 12,9 millones de euros de la Union de Banques Suisses (UBS) a Andorra en febrero del 2013. El mismo diario apuntaba que el origen podía ser “el cobro de comisiones”.

Trias lo desmintió, después se demostró que la información partía de un informe redactado por la mal llamada policía patriótica comandada por el entonces comisario Villarejo y con conocimiento de Jorge Fernández Díaz. Pero pese a lo chapucero del documento (que llegó a otras redacciones que se negaron a publicarlo al ver que no tenía credibilidad suficiente)  fue una noticia que contaminó toda la campaña. Colau acusó al convergente de estar “rodeado de corrupción”. En Junts todavía recuerdan el mitin que la dirigente de los comuns protagonizó en mayo del 2015 al lado de Pablo Iglesias en la Plaça Major de Nou Barris cuando dieron por buenas las informaciones que resultaron ser falsas.

Ahora, siete años después, Trias vive esta campaña como la de la revancha. Quiere presentarse como el candidato opuesto a Colau y recuperar el voto nostálgico convergente y atraer algunos que hace cuatro días iban al saco de socialistas y republicanos. Busca al barcelonés que ha olvidado (o al que le da igual) que Convergència fuera condenada por financiación ilegal y tenga aún una causa abierta por el 3% que sentará en el banquillo, entre otros, a Antoni Vives, que fue teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de Bimsa, la empresa municipal que licita las obras, durante el único mandato de Trias.

El equipo de Colau sabe que muchos barceloneses no están satisfechos con su gestión (dos de cada tres consideran que la ciudad ha empeorado en el último año) y que la seguridad y la limpieza son sus puntos débiles. La inseguridad es la mayor preocupación del 25% de los vecinos, según el barómetro municipal dado a conocer este martes. La percepción es esa y lo es desde hace tiempo aunque los datos desmienten la imagen de una ciudad tomada por los ladrones.

En un reciente informe elaborado por el ayuntamiento a partir de las cifras oficiales del Ministerio del Interior se destaca que Barcelona ha vuelto a ser en el tercer trimestre de 2022 la gran ciudad española que más ha reducido los delitos respecto al mismo periodo de 2019. La cartera de seguridad está en manos del PSC, pese a que a menudo haga ver que la cosa no va con ellos. Su responsable, el veterano Albert Batlle, afirmó hace un año que en la capital catalana “existe un hábitat que favorece las situaciones de inseguridad”. A la vez consideró que la falta de seguridad estaba también relacionada con la “degradación del entorno urbano”. Una declaración que a buen seguro firmaría cualquier concejal de la oposición. 

El ejercicio de los socialistas para estar en el gobierno y ejercer de oposición de Colau en esta legislatura es de los que deberían ser estudiados en los manuales de marketing político. Ese contorsionismo, que el PSC niega, y la fuerza que la marca ha recuperado desde las últimas autonómicas explican por qué sus sondeos les dejan tan bien. El último, filtrado esta semana, les otorga la victoria con 10 concejales y vaticina también un triple empate con ocho regidores cada uno para comuns, ERC y Junts. Si Jaume Collboni logra ser alcalde (es evidente que opciones no le faltan) será un tanto que Pedro Sánchez no dudará en apuntarse a pesar de que el líder del PSOE no se lo puso nada fácil para ser el candidato. 

El célebre arquitecto y urbanista Ricardo Bofill murió este viernes a los 82 años, según adelantó La Vanguardia y pudo confirmar elDiario.es. Por su larga trayectoria y obras, plagadas de reconocimientos y premios, este barcelonés se había convertido en uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional.

Nacido en la capital catalana, Bofill estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la que fue expulsado por su activismo antifranquista, y prosiguió su formación en Suiza. A su vuelta a Catalunya, en 1963 fundó el conocido Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, para el que reclutó a un equipo interdisciplinar que incluía a artistas, fotógrafos o sociólogos. Entre ellos, el escritor José Agustín Goytisolo, el político Salvador Clotas o su hermana, la también arquitecta y músico, Anna Bofill.

El fallecimiento de Bofill llega apenas un mes y medio de la muerte de otro de los grandes urbanistas de Barcelona, Oriol Bohigas. 

Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Bofill fue declarado miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectura en 1985 y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Metz en 1995 o por la Politècnica de Catalunya en 2021. 

“Familiares, amigos y compañeros de profesión lamentan la muerte del gran arquitecto”, ha expresado el entorno familiar en un comunicado. “Para despedir a Ricardo Bofill Levi, los días 26 y 27 de enero se celebrará un acto en el que amigos, allegados y admiradores de su arquitectura podrán acudir a la emblemática sede del estudio para rendir homenaje al arquitecto”, añaden.

Entre su extensa obra, destacan inicialmente el proyecto de vivienda colectiva Walden 7, inaugurado en 1974, en Sant Just Desvern, al lado de Barcelona, así como la Muralla Roja, en Calpe (Alicante). La construcción de este último se completó en 1973, pero el arquitecto explicó que llevaba diez años trabajando en él.

Sus proyectos más emblemáticos van desde el Hotel Vela, en Barcelona, hasta los Jardines del Túria, en Valencia, pasando por el Palacio de Congresos de Madrid. Su estudio estuvo detrás también de las ampliaciones de la T2 y la T1 del Aeropuerto del Prat. A nivel internacional, contaba en su haber obras como la sede de Cartier, en París; la de Shiseido Ginza, en Tokio; el Citadel Center, de Chicago; o el edificio Arsenal, de Metz.

Bofill destacó por “cuestionar el pensamiento dominante en arquitectura”, resaltan desde su Taller, “y de esa filosofía ha nacido una ingente obra muy variada en su expresión estilística, arraigada al lugar, con un fuerte componente de innovación y riesgo”. En total, cerca de 1.000 obra en unos 40 países de todo el mundo. 

La Generalitat de Catalunya detectó casos de infección simultánea de gripe y COVID-19. Según informaron este lunes la directora del servicio catalán de Salud, Gemma Craywinckel, se trata de casos “esporádicos” y “muy leves”. “Son pocos casos, anecdóticos y no tienen más relevancia”, reveló.

Israel comunicó este domingo que detectó su primer caso de contagio de coronavirus y virus de la gripe, conocido como “flurona” en un mujer embarazada sin vacunar. La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección.

Los casos de “flurona” fueron detectados por primer vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus y hasta ahora no se conocía ningún caso en España.

“Son casos esporádicos, no es la norma y no han mostrado síntomas más graves”, explicó Craywinckel, quien remarcó que la infección con ambos virus “no es frecuente”, pero puede ocurrir cuando ambos circulan como ocurre ahora.

El equipo legal del líder independentista catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont presentó este viernes ante la Justicia europea un pedido de medida cautelar para que se deje en suspenso el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Puigdemont, acusado en España de sedición y malversación de fondos por su participación en la fallida independencia de Cataluña en 2017, fue arrestado hace una semana en Cerdeña, Italia, y, aunque está de vuelta en Bruselas, deberá volver el próximo lunes para presentarse ante la justicia italiana en una audiencia por su posible extradición a España.

Una fuente de su equipo de abogados explicó que la demanda de “medida cautelar solicita que se deje en suspenso el levantamiento de la inmunidad legislativa” del líder catalán, aprobada por el Parlamento Europeo en marzo.

Como la demanda fue presentada en forma de “medida cautelar y no cautelarísima”, deberán ser consultados el Parlamento Europeo y el Gobierno de España, añadió.

El nudo del complejo caso legal radica en la interpretación sobre la validez de las órdenes europeas de detención emitidas por España para que el expresidente catalán sea extraditado, refirió la agencia de noticias AFP.

En julio, el Tribunal General de la UE (TGUE) estimó que la inmunidad parlamentaria de Puigdemont seguía suspendida, pero consideró también que las órdenes de detención estaban momentáneamente sin efecto porque la Justicia española había interpuesto “cuestiones prejudiciales”.

Esta determinación del TGUE permitió a Puigdemont viajar sin inconvenientes a Estrasburgo y París, en Francia, como eurodiputado, pero la semana pasada, al llegar a Cerdeña, fue arrestado, aunque lo liberaron al día siguiente.

El jueves, el juez instructor de la causa en España, Pablo Llarena, remitió un documento a la Justicia italiana, en el que insistió en que las órdenes de arresto continúan vigentes y que Puigdemont debía ser arrestado y extraditado.

La fuente del equipo de defensa del líder catalán sostuvo que la demanda de la jornada “no afecta la audiencia del lunes” ante la Justicia italiana y confirmó que Puigdemont se presentará voluntariamente a esa cita.

CRM con información de agencias

Los nueve presos del procés han comenzado este miércoles a abandonar las cárceles en las que han estado durante los últimos tres años y medio, después de haber recibido los indultos del Gobierno. Las prisiones de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, entre las que se repartían los líderes independentistas, han recibido del Tribunal Supremo la interlocutoria que informaba de la aplicación de las medidas de gracia, lo que hace efectiva la libertad de los reos. Una comitiva encabezada por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresident Jordi Puigneró ha recibido a los presos a las puertas de la prisión de Lledoners.

Los siete hombres reclusos en la prisión del centro de Catalunya han firmado las órdenes de excarcelación y se han despedido del resto de presos entre abrazos. Tal y como estaba previsto, a mediodía han cruzado la puerta de salida y se han reunido con sus seres queridos, que los esperaban fuera. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn han dejado atrás la prisión sujetando una pancarta con el mensaje “Freedom for Catalonia” y una bandera independentista. Una vez afuera, los siete se han abrazado con sus allegados y los políticos que les esperaban.

“Salimos con el compromiso de hacer desde la política todo lo que nunca debió salir de la política. Porque no hay ideal más noble que el de la libertad del país, el de la independencia y el de la justicia social”, ha proclamado Oriol Junqueras tras su salida de la prisión. “Hasta el día de la victoria seguiremos trabajando con todos y sin excluir a nadie para hacer realidad el sueño de una república catalana”, ha añadido el líder de ERC, que ha asegurado que tras su liberación hay “nueve personas más trabajando ”por la libertad y la amnistía por los 3.000 represaliados de este país“.

Antes que él, el primero en tomar la palabra ha sido el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. “Hoy no es un día de renuncia sino un día en que los catalanes y las catalanas nos reafirmamos. Que nadie se equivoque, la represión no nos ha vencido ni nos vencerá. No existe el indulto que nos haga callar, no nos han hecho callar y no callaremos nunca”, ha proclamado Cuixart desde un pequeño escenario colocado fuera de la cárcel. “Si hoy los presos y las presas estamos afuera es porque el Estado no nos ha podido mantener más días adentro”, ha continuado, “seguiremos ejerciendo todos los derechos condenados por el Tribunal Supremo”.

Tras el presidente de Òmnium ha tomado la palabra el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, no sin antes representar el abrazo entre los dos primeros líderes encarcelados. “Pese a todo lo que la justicia española y el Estado nos ha hecho durante estos años salimos todos unidos, juntos, en pie, sin echarnos atrás. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto”, ha asegurado Sànchez, hoy convertido en secretario general de Junts. Sànchez ha asegurado que salen “determinados a ganar aquello que no pudimos acabar el 1 de octubre”.

Todos los presos han agradecido su apoyo a las personas que han estado a su lado tanto en los actos en torno a las prisiones como en las protestas celebradas durante los últimos años y, la mayoría, se han referido al 1 de octubre. El exconseller de Territori Josep Rull ha asegurado que el recuerdo del referéndum le ha ayudado a pasar este tiempo de encierro. “No somos nosotros quienes tenemos que pedir perdón, son los que pegaron a la gente por votar quienes deberían pedirlo”, ha asegurado Rull.

“Nos han dado unos indultos condicionados, revisables y parciales. Que sepan que nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1-O no es condicional, ni revisable ni parcial”, ha proclamado Jordi Turull. “Salimos a hacer mucho trabajo”, ha apostillado Romeva, que ha afirmado que “si pensaban que nos aplacarían encerrándonos, se han equivocado de pueblo y de época”.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido la primera en salir y ha abandonado la cárcel de Wad-Ras a falta de pocos minutos para las 12 del mediodía. “Amnistía es lo que queremos y conseguiremos, no os preocupéis que lograremos el fin de la represión para todos los exiliados y represaliados”, ha señalado Forcadell, escoltada por el expresidente de la cámara catalana, Roger Torrent y la actual presidenta Laura Borràs entre otros cargos independentistas. 

Forcadell, visiblemente emocionada, ha señalado que el indulto aprobado por el Gobierno es una “pequeña victoria” para lograr la “gran victoria” del independentismo. “Si no hubiésemos ganado elección tras elección, si no hubiésemos tenido victorias judiciales en Europa y si la gente no se hubiese movilizado no estaríamos hoy aquí”, ha remachado Forcadell.

La exconsellera de Treball, Dolors Bassa, ha sido la última en abandonar el recinto de Puig de les Basses (Girona) sobre las 12:15, acompañada de su familia y de una delegación del Govern. Con una sonrisa de oreja a oreja, Bassa ha agradecido el “apoyo” recibido durante estos tres años que ha pasado entre rejas. “Tantas veces de decir buenas noches y dejaros atrás cuando cruzaba la puerta de la cárcel, hoy por fin se abre”, ha afirmado la exconsellera. 

“La represión no ha acabado, esto es un primer paso que abre la puerta a hacer las cosas con política y no judicializarla”, ha proseguido Bassa, en línea con el resto de discursos. “Hoy salimos 9 personas pero sigue habiendo mucha gente encausada”, ha remachado. Bassa ha pedido la retirada de las euro órdenes y ha finalizado su breve discurso recordando que el independentismo “tiene mucha faena por hacer”.

Tras la aprobación de las medidas de gracia en el Consejo de Ministros de este martes, los trámites se desencadenaron con normalidad. El rey Felipe VI firmó esa misma tarde los nueve reales decretos, uno para cada preso, por lo que este miércoles los perdones ha aparecido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este momento el Tribunal Supremo, encargado de aplicar los indultos, ha podido realizar la correspondiente liquidación de la condena y ha comunicado a los juzgados de vigilancia penitenciaria la puesta en libertad de los presos, que a su vez lo han remitido a las cárceles.