Quienes vayan a la Feria de Editores (FED) este año podrán llevarse los libros en una bolsa o tote bag hecha 100% de algodón, con ilustración de Valentina Seoane, que tiene detrás una historia muy especial.

Las fabrica Cuñá, una empresa social que busca generar fuentes de trabajo para mujeres que de otra manera tendrían más dificultades para ingresar al mercado laboral. La fundaron dos socias: Agus Irureta, ingeniera industrial, y Vicky Alcántara, diseñadora de indumentaria.

El nombre original del emprendimiento era Kuñá Mbareté, que significa mujer fuerte en guaraní. Se remonta al hecho de que Irureta y Alcántara trabajan con muchas mujeres migrantes en Barrio Nuevo, Libertad, en la localidad bonaerense de Merlo, muchas de las cuales provienen de Paraguay.

Inicialmente era un grupo de mujeres que se juntaban con una psicóloga para salir de distintas situaciones conflictivas, cuenta Irureta a elDiarioAR. “Después le dimos la vuelta de tuerca productiva en esto de que tengan una salida laboral. El grupo era de mujeres fuertes y pasó a ser Kuñá Mbareté. Y ya cuando fue 100% emprendimiento le dejamos Cuñá, que es un poquito más corto”.

“Empezamos con esta idea de a ver qué podíamos hacer para generar trabajo en el barrio, en particular para las mujeres, para que cada una pueda tener sus ingresos propios, su independencia económica y desde ahí también la libertad financiera, el poder elegir”, apunta. Las fundadoras tenían veintipocos años cuando crearon, en 2015, este emprendimiento. Conocían el barrio porque Irureta hacía voluntariados con adolescentes.

“Empezamos con capacitaciones, pero después fue mutando mucho. Hoy no solo trabajamos en el barrio, sino que armamos una red con otros emprendedores, artesanas, fundaciones y proyectos de impacto de todo el país. Nosotras diseñamos productos y se los comercializamos a empresas como regalos corporativos. Fue también un poco la idea escalar el impacto y poder llegar a más mujeres y a más personas que si no quedarían fuera de la cadena laboral y de la cadena de valor”, completa.

Los productos que fabrican son sobre todo regalos corporativos para empresas. Entre sus clientes figuran Acindar, Pampa Energía y Pirelli. “No es el típico regalo de fin de año o los regalos del Día de la Madre o los kits de onboarding. Nuestros kits de onboarding, por ejemplo, tienen mates que hace una emprendedora con maderas de origen nativo y un portamate y una yerbera que producimos con las costureras y unas yerbas que son de un emprendimiento que trabaja con yerba agroecológica de Misiones. Todo con esta idea de foco en el impacto social y ambiental. Queremos que el producto cuente una historia, que la persona que lo reciba diga: qué bueno, es original, es distinto y no es el mismo merch hecho en China que se da siempre en los regalos”.

Para ello, articulan con más de 20 proyectos productivos. “En total, son más de 30 a 40 familias que van trabajando con nosotras. No todos son fijos. Es bastante variable. Varía mucho porque es una red de colaboradores independientes. Dependemos mucho de la demanda de los clientes”.

Desde 2015, el proyecto creció y funciona. “Un porcentaje de cada venta lo destinamos a seguir capacitando a más mujeres. Seguimos trabajando en Barrio Nuevo y formando a mujeres en oficios, pero también en otros temas: en emprendimiento, en independencia financiera. También hay algunos talleres más lúdicos que son un espacio de compartir. Todo siempre con el foco en generar nuevas oportunidades para mujeres. Y las vamos tratando de acompañar en sus proyectos productivos y sumando a otras personas que ya tienen proyectos productivos para poder comercializarlos. Porque hay gente que tiene un montón de saberes y hace unos productos hermosos, pero que nunca llega a poder venderlos. Nuestro rol también es que el impacto económico genere una transformación en la independencia económica de las familias”.

La colaboración con la FED surgió porque ambas socias son muy lectoras y suelen visitar la feria. Les escribieron a los organizadores y cuando les llegó el mail de respuesta no lo podían creer. “Fue muy hermoso porque es un proyecto que nosotras bancamos, somos clientas y participamos. Entonces nos gustó mucho poder hacer algo juntos”.

En concreto, hicieron bolsas de gabardina muy resistentes. “Son 100% de algodón, o sea que son mucho más ecológicas que otras. Y trabajamos con tintas al agua para disminuir lo más posible el impacto ambiental y con la metodología de trabajo que es desperdicio cero, de forma tal que toda la tela se aprovecha. Si queda algún descarte, se reutiliza en otro producto. Y al ser una bolsa tan resistente te va a durar un montón de años”, detalla Irureta.

¿Qué sueñan las socias de Cuñá para el futuro? “Queremos generar oportunidades para muchas mujeres y que cada vez seamos más las que tengamos independencia económica. Y entender también que hay nuevas formas de producir. Sabemos que trabajamos con mujeres y que son las que se ocupan del cuidado de los hijos, de las familias por eso pensamos un sistema es que sea flexible para no dejarlas afuera”.

“Nuestro objetivo es llegar a más personas que crean que hay una forma distinta de hacer las cosas, que no es solo competencia, que hay otro tipo de economía, que es la economía social. Y seguir diseñando y seguir llegando a empresas o a proyectos como la FED que digan: elijo hacer las cosas de otra manera y ser un poco más sustentable para poder generar más impacto en más personas, que es la única forma de cambiar la forma en la que producimos y en la que consumimos como personas y como empresas”, concluye Iruteta.

Las bolsas se pueden comprar online desde junio y están siendo un éxito: ya van por la tercera tanda.

CRM/DTC

Un arado de la década de 1930 surca el campo el suelo de la quinta que Yona alquila a veinte minutos del centro de La Feliz. Aquí, en el centro, en las playas, cientos y cientos de miles de personas veranean. Un poco más allá, en Chapadmalal, miles de familias humildes ven por primera vez el mar y se alojan en los hoteles sociales recuperados del abandono. Ahí nomás está el presidente con su familia y la cúpula del poder político. A pocos kilómetros, en Los Acantilados, estamos los sectores medios, un poco más lejos en Rucahue o los Troncos está la clase alta. Pero este mediodía, todos, pobres, ricos, clase media, comemos la lechuga que produce Yona y su familia. Yona y su familia, los sin techo; Yona y su familia, los sin derechos.  

Yona vive hace diez años en esa quinta que hoy recorro junto a un grupo de productores del cinturón frutihortícola de General Pueyrredón antes de una masiva asamblea en Laguna de los Padres. Ella vive con su familia en un rancho precario y espera que las jaulas de verdura que vende a culata de camión alcancen para pagar el alquiler y la vida, tal vez para ahorrar un poco, tal vez para comprar una chata, tal vez para algún día salir del arriendo… pero en pocos meses vendrá el Dueño a negociar otra renovación anual, sin respetar el plazo mínimo de tres años que establece la ley de arrendamientos rurales ni ninguna otra de sus cláusulas que protegen al productor. A este lado de La Feliz no llegan ningún inspector y cuando llega es para joder al productor.

Cuando esté en el campo, el Dueño va a orejear bien la producción y a la productora para ajustar el canon locativo y obtener la máxima renta posible. Si ve que le está yendo mejor, le aplica un aumento que la sumerge de nuevo en la asfixiante pobreza. No todos los Dueños son sanguijuelas, dice Yona, pero muchos simplemente creen que la ley no está hecha para ellos y no tienen piedad. Aceptas sus reglas o de patitas a la calle. Que triste que a estos Dueños tantas veces los llamen “productores” en los debates sobre conflictos de la ruralidad. 

Yona trabaja de sol a sol, pero para algunos entraría en la categoría de choriplanera porque cobra un “plan social”. Los charlista que repiten el slogan de “la cultura del trabajo” no tienen intención de entender que lo que cobra Yona es un complemento de ingresos porque, como el 90% de los trabajadores informales, la que hace laburando no alcanza. Entre la que se lleva el Dueño, la que se lleva el intermediario, la que se lleva el semillero: de 1.000 pesos que vos pagas, a ella lo quedan 50. Es el eslabón más débil de una larga cadena de valor que va desde su quinta a tu mesa. Sin el Salario Social Complementario y sin la organización popular posiblemente ella y muchas otras familias quinteras tendría que salir del campo y mudarte a una villa.

Las huellas del planero

Con todo, aunque cueste creerlo, dentro del mundo quintero, Yona es una privilegiada. Logró alquilar. Si las cosas le salen bien, capás que hace una diferencia. El que está realmente jodido es el porcentajero (aparecero). Es un mecanismo de doble subordinación. El Dueño alquila el campo al Patrón; el Patrón encarga la producción al Porcentajero. En general, el acuerdo es 70% para el patrón y 30% para el productor. Al igual que Johana, David trabaja todo el día, con un arado viejo, produciendo lo que vos y yo comemos … pero de ahorrar ni hablar; apenas para comer. Será por eso que cobra también un Salario Social Complementario.

Nuestra lechuga tiene las huellas del planero y el sudor del explotado que claman al cielo por un pedazo de tierra propia. Eso que nosotros llamamos reforma agraria, eso que tanto espanta a muchos que no tienen más tierra que la de tu maceta, es simplemente que la tierra sea para quien la trabaja. No se trata de sacarle a nadie su propiedad privada, se trata de que la propiedad privada esté al alcance de todos. La reforma agraria tiene más de american dream que de marxismo leninismo. Pero las zonceras serán siempre zonceras. 

Yona y David son más de cien mil quinteros frutihortícolas en todo el país, concentrados fundamentalmente en lo que nosotros llamamos Zonas Estratégicas de Producción de Alimentos. Viven en un estado de absoluta indefensión y subordinación a propietarios que no respetan siquiera la magra legislación vigente. Muchos cobran el Salario Social Complementario como producto de la lucha de las organizaciones populares, muchos otros no, pero el que se atreva a decir que no son trabajadores simplemente tiene que mirar la rodaja de tomate de su pizza y preguntarse de dónde viene. 

Hubo días más felices para los arrendatarios antes de que la oligarquía bombardeara la Plaza de Mayo y luego derrocó al General Perón en 1955. Antes de las dictaduras oligárquicas regía plenamente la Ley 13.246, sancionada en 1948 durante el gobierno del General Perón. Es una ley que está a la altura de las normas actuales que rigen en Francia o Alemania sobre arrendamiento rural, una ley que permitía mantener poblado el campo y sostener la producción de alimentos ¿Qué establecía? En su artículo cuarto, un plazo de arrendamiento mínimo de cinco años con tres años de prórroga a pedido del arrendatario. Esto permitía planificar la producción y dar estabilidad a la familia rural. Además, establecía una igualdad ante los riesgos propios del contrato indicando que “el arrendatario tendrá derecho a la remisión proporcional del precio del arrendamiento, por pérdida total o parcial de cosechas, en el porcentaje y condiciones que establezca la reglamentación, debida a caso fortuito o fuerza mayor…”. Otra de las cláusulas más importantes se establecía en el Artículo 11 mediante el cual se definía el derecho del arrendatario a construir una vivienda, aguadas, galpones, es decir, mejoras en el predio que el Dueño luego debería abonar o descontar del canon locativo. Esto permitía que la gente viva dignamente, en una casa de material, como corresponde a un país decente, que ahorre para comprar su propia quinta, que no requiera un subsidio, que nadie se aproveche de su vulnerabilidad.

La llamada Revolución Libertadora, entre otras fechorías, recortó derechos a los arrendatarios con el “Decreto-Ley” 6430/58 firmado por Aramburo y Rojas; después pasó 1976, otro golpe, el genocidio y su consecuencia: volvieron a recortar derechos con una “ley” que Videla y Martinez de Hoz firmaron “en uso del artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional” bajo el número 22.298. La explotación de la ruralidad pobre está teñida con la sangre de los fusilados y los desaparecidos…. Y aún así, los Dueños y los Patrones no respetan las garantías mínimas que estas normas ilegítimas establecen.

Tierra, techo y trabajo

Como hombres y mujeres de bien, consumidores de frutas y verduras, deberíamos preguntarnos si es justo que quienes nos alimentan tengan que sufrir este tipo de precariedad e inestabilidad viviendo en ranchos sin los más elementales estándares de calidad. Deberíamos preguntarnos si garantizarle una quinta propia a cada familia productora no sería al mismo tiempo garantizar nuestro acceso a la comida y soberanía alimentaria. Deberíamos preguntarnos si no sería justo que al menos se cumplan las “leyes” de la dictadura que establecen un mínimo de tres años por contrato y algunas otras garantías básicas. Deberíamos preguntarnos si en este caso, como en tantos otros, no deberíamos anular las “leyes” sancionadas autocráticamente por los tiranos de turno y restablecer las leyes justas sancionadas constitucionalmente. Que gran deuda de los gobiernos peronistas: restablecer los derechos conculcados hace más de setenta años y que aún hoy necesitamos recuperar.

Sólo si logramos superar estos problemas de la matriz productiva y los derechos elementales de los hombres y mujeres que se inventaron su propio trabajo, vamos a poder reducir los llamados “planes”. Mientras tanto, millones de trabajadores informales, de las ciudades, los periurbanos y el campo, van a tener que seguir luchando por un ingreso complementario. La economía popular, como cualquier otro sector económico dentro del capitalismo, no puede desarrollarse sin medios de producción adecuados: tierra, maquinaria, acceso al mercado, reglas de juego claro y sobre todo derecho al trabajo y a ejercer toda industria lícita como dice nuestra constitución que, dicho sea de paso, también es producto de la Revolución Fusiladora primero y del pacto neoliberal entre la UCR y el PJ que conocemos como “Pacto de Olivos”.

En un país con 93% de su población urbana, gloria y honor para los que viven y trabajan el campo: chacareros, quinteros, campesinos, crianceros, originarios, gauchos, peones, contratistas. No para los “dueños” parásitos estilo Etchevere que tienen las manitos más suaves que Blancanieves y lo único que producen son facturas truchas para evadir impuestos y contratos nulos para explotar productores. A estos verdaderos productores, tierra apta y suficiente, seguridad jurídica, reducción de impuestos, fomento a las economías regionales. A los ruralistas blancanevinos, los súbditos de Lewislandia, los fumigadores de pueblos, las multinacionales exportadoras de productos primarios sin valor agregado… ajustarles un poco las clavijas que ya robaron bastante.

Si como Pueblo hiciéramos el esfuerzo de romper los prejuicios que nos inducen, aprender sobre los temas fundamentales que hacen al futuro del país, comprender de dónde salen los alimentos que consumimos, exigirle a la dirigencia política claridad sobre las medidas que tomarán para garantizar la mesa de los argentinos, estoy seguro que nos iría un poco mejor. Los verdaderos productores obtendrían la dignidad que merecen, los consumidores pagaríamos el precio que corresponde y el territorio nacional se desarrollaría evitando la extranjerización, armonizando el campo y la ciudad, y logrando que tierra, techo y trabajo sean una realidad efectiva para todos. 

JG

No sólo las empresas emiten obligaciones negociables (ON), es decir, títulos de deuda. En los últimos dos años también se han financiado así dos organizaciones no gubernamentales (ONG), las asociaciones civil Techo, que se dedica al fomento de la vivienda, y Sumatoria, que apoya proyectos sociales, verdes y sustentables. Sumatoria lanzó este lunes su tercera ON.

“Sumatoria apoya con préstamos a instituciones de microcréditos, a empresas de triple impacto, que son las que integran el impacto social y ambiental al negocio, y a emprendedores de la economía popular que necesitan quizás 10 millones de pesos para seguir creciendo”, explica el fundador y director de Sumatoria, Matías Kelly, que fue secretario de Economía Social en el gobierno de Mauricio Macri. “Primero arrancamos con grandes donantes, como el Banco Galicia o la Fundación Alimentar, pero tenés un límite. Entonces buscamos inversores que no quieren perder su plata e invierten en nosotros. Con lo que aportan donantes e inversores, podemos bajar la tasa de nuestros créditos al 40%”, explica Kelly. “No regalamos la plata sino que valoramos el impacto social y ambiental”, aclara.

La nueva ON de Sumatoria alcanza los $ 120 millones, con un plazo de 24 meses, a tasas fijas y variables y con el respaldo de los bancos Comafi, Galicia y Santander. Las primeras dos ON fueron por $ 30 millones y $ 60 millones, respectivamente, a tasa Badlar, que hoy está a 69%, o una fija del 50%. Los nuevos fondos se destinarán a 10 proyectos desarrollados en áreas de Inclusión financiera; agroecología, orgánicos y alimentación saludable; conservación y regeneración; y economía circular de las organizaciones Creando Conciencia (cooperativa de recicladores), Educacion Alimentaria Transformadora, Fundación León, OMLA, Optimizar Forestal, Pro Mujer, RFG, Santa María del Recuerdo, Nuevos Surcos y Zafrán, con un impacto en más de 8.000 personas de manera directa e indirecta. Los créditos serán garantizados en forma simultánea por 14 sociedades de garantía rcíproca (SGR): Acindar Pymes SGR, Affidavit SGR, Argenpymes SGR, Aval Federal SGR, Bind Garantías SGR, Confiables SGR, Crecer SGR, Cuyo Aval SGR, Fidem SGR, Integra Pyme SGR, Potenciar SGR, Resiliencia SGR, Solidium SGR y Unión SGR. “Muchas compañías de seguros y fonos de inversión, que por norma deben invertir en pymes, invierten en nuestras ON”, comenta Kelly. Pero los clientes de cualquier banco o sociedad bursátil también pueden suscribir la ON.

Sumatoria también ha apoyado a organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y las cooperativas textiles de ex detenidos Hombres y Mujeres Libres y Kbrones. “Cuando el sistema financiero mira a la UTT, le da miedo prestarle, le asigna mucho riesgo, le sube mucho la tasa. Las fintech les cobran 200%. Pero nosotros les prestamos. Muchas veces, estas organizaciones nunca antes habían recibido créditos de nadie. Llevamos prestamos en total US$ 2 millones, con 0,5% de riesgo de retrasos en las devoluciones”, explica el director de Sumatoria.

AR

–Al principio no me daba más la mano; la tenía toda hinchada de tanto bochear –dice mientras gira en círculos la muñeca. 

La mano es de Julia Careaga y lo que “bochea” en el aire es el helado que desde febrero de 2020 vende en su casa del barrio La Juanita, en Laferrere, La Matanza. Mientras habla, el sol estalla contra el frente de la construcción pintada de rojo y amarillo, los colores recién retocados de Vía Bana, la segunda marca de Grido. En la vereda hay algunos bancos hechos con pallets y también unas rodajas de un árbol de palta que tuvo que remover de su patio y convirtió en asientos para la clientela. “En verano es una locura esto. Ese árbol se pone todo verde y están todos ahí abajo a la sombra tomando helado; lleno de chicos”, dice. 

Julia, que tiene 68 años recién cumplidos, fue la primera en abrir una de estas “heladerías sociales” en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 815 Vía Bana en todo el país, repartidas en las 24 jurisdicciones: de Tierra del Fuego a Jujuy. Fue un boom de pandemia. 

La marca Vía Bana nació con Grido hace 22 años, pero según cuenta a elDiarioAR Diego Llepeue, ejecutivo a cargo de las heladerías sociales dentro de la empresa, se reconvirtió a fines de 2019, luego de que uno de sus fundadores se inspirara en el libro Hacia un mundo sin pobreza, del Nobel de la paz Muhammad Yunus, “el banquero de los pobres”. “En Bangladesh él se alía con Danone, que fabrica yogur a gran escala para atender a las grandes ciudades y se lo vende a las amas de casa pobres a un precio muy accesible. Ellas lo retiran y lo venden en sus barrios, en sus aldeas”, explica.  

El modelo servía porque Grido también produce a gran escala: es el cuarto productor de helado a nivel mundial. De su fábrica cordobesa salen 84 millones de kilos anuales que abastecen a las 2.000 franquicias que tiene Grido en la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay –próximamente también en Bolivia y Perú– y en las 815 heladerías sociales de Vía Bana.

El helado que Julia vende es el mismo que el de cualquier heladería Grido. No hay diferencia en la calidad, pero sí en el precio. Este miércoles 20 de julio de 2022 ofrece un cono de una bocha a $70, un cuarto kilo por $140, un kilo por $520 o dos por $1.000. La mitad que lo que valen en Grido –una marca barata respecto de su competencia–, lo que se explica porque no tienen gastos de empleados ni de local; el modelo implica que la heladería sea trabajada por la propia familia en la casa en la que viven. 

“Tenemos los mismos gustos que Grido, aunque algunos menos. Ahora lo que más piden los adultos es capuccino. Los chicos, chocolate, dulce de leche, frutilla”, dice Julia. Todos los sabores están escritos en carteles hechos a mano y pegados sobre una pizarra forrada de papel brillante. La habitación no está pintada, pero sí decorada con esmero: hay cortinas de cotillón tornasoladas, luces de colores, guirnaldas navideñas, una bola de boliche, los trofeos de fútbol de uno de sus nietos.

 “Para mi es una alegría darle un helado a los chicos del barrio. Me emociona porque son chicos a los que capaz la familia no los puede llevar al centro a comprar helado. Las mamás me dicen: ¿qué hacemos si vos cerrás?”, dice Julia, que tiene un flujo de clientes garantizado: un jardín de infantes enfrente, una escuela a dos cuadras, una cancha de fútbol donde se juegan campeonatos, una feria popular. Su ventana a la calle es el punto de encuentro y celebración. 

Pero Julia es emprendedora desde mucho antes de Vía Bana. Llegó a la Argentina en los años 70 desde Paraguay, donde ya estaba su hermana, que los fue trayendo a todos. Su marido, alcohólico, se fue de la casa cuando sus tres hijos todavía eran chicos y ella los crió gracias a los ingresos que generaba por dos vías: limpiando en casas de familia y con un carrito de golosinas con el que se estacionaba en la salida de un colegio del barrio. No vendía solo golosinas; también “helado en bolsitas” que preparaba ella misma todas las noches. Los hacía de fruta estilo naranjú y también de crema, de chocolate, sabor flan. Tiene solo cinco años de aportes registrados, que pagó ella misma con el monotributo y está tratando de gestionar una jubilación vía moratoria. Como el 90% de las mujeres en edad jubilatoria, no podría acceder de otra manera. 

Abrió la heladería en su casa en febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia y las medidas de confinamiento, pero funcionó igual. De hecho, las heladerías sociales Via Bana crecieron en ese contexto en que las personas dejaron de trasladarse masivamente a sus trabajos en los centros urbanos y se fortaleció el consumo en los barrios. Provista de alcohol en gel y plásticos protectores continuó sirviendo helado a sus vecinos, que lo tomaban al aire libre, sobre la calle asfaltada. Un recreo seguro y permitido.

A través del Banco Santander, Grido financia a tasas bajas las inversión que las familias necesitan para empezar con la heladería, que en general consiste en comprar un freezer y $25.000 en helado. La pintura roja y amarilla corre por cuenta de la empresa cordobesa, igual que la cartelería. Julia no se acuerda de cuánta plata fue su inversión inicial, porque la devolvió “en cómodas cuotas”. “Ni la sentí”, dice. Pero el ejecutivo de Grido aclara: no es caridad ni un subsidio, sino un modelo de negocios solidario que le reporta ganancias a todas las partes que participan. 

“Actualmente tenemos una tasa de incobrabilidad en los préstamos iniciales del 7% porque fuimos eligiendo mejor los perfiles”, dice Llepeue.  El año pasado se inscribieron 14.000 postulantes, de los que abrieron 800. La empresa busca que más del 80% sean mujeres, que sea su único empleo y que efectivamente exploten ellas mismas la heladería. El objetivo es que generen un ingreso equivalente a una canasta básica familiar, en torno a los $100.0000, para lo que necesitan vender alrededor de 300 o 350 kilos por mes. Algunas lo logran y otras no. En verano, Julia vende 250 kilos por semana. 

Cada heladería social tiene un padrino o madrina, que es el titular de alguna franquicia Grido cercana. El de Julia se llama Julio Anez y tiene su local a unas 20 cuadras, sobre una arteria comercial de González Catán. “Él me enseñó a bochear”, dice ella, ambos sentados en la puerta de su casa. Anez apadrina a otras siete heladerías sociales y es el encargado de transmitir el saber comercial y de recibir la mercadería y guardarla en su cámara de frío hasta que cada emprendedor vaya a buscar lo suyo. El helado de Julia lo busca su hija Gloria, que es chofer de Uber y aprovecha el auto para hacer el traslado. 

Toda la familia participa del emprendimiento. Elvio, otro hijo de Julia, la ayuda a atender y es quien hace los números. “Me reta porque yo me olvido de anotar, pero él es muy prolijo. A fin de mes me dice: esto es tuyo, esto es mío y con esto vamos a comprar más helado”, dice. Elvio tiene 28 años y está terminando el secundario por internet; cuando se gradúe quiere buscar trabajo en Bariloche. 

En esta casa de La Matanza vive además su hija Gloria y sus dos nietos adolescentes, Octavio y Lucía. Su hermana María Elena también pasa mucho tiempo en esta casa porque no le gusta estar “encerrada” en el edificio de Caballito donde su marido es encargado.

–Los chicos vienen a la heladería y preguntan por ella para que los atienda –dice Julia.

–Porque yo soy más simpática, muy alegre, a los chicos les doy charla –bromea María Elena. –Ella me dice “me vas a fundir” porque a veces vienen dos, tres chicos y uno solo tiene plata y los otros están mirando. Y no, qué voy a hacer yo, no puedo; le doy una bochita a cada uno, les doy globos si nos quedan de un cumpleaños. Se ponen re contentos por un globo. Esta heladería es una alegría para el barrio porque acá no hay tanto para ir a recrearse; no hay buenas plazas, nada.  

Julia conoció el proyecto de heladerías sociales en la cooperativa La Juanita, donde trabaja cuatro horas todas las mañanas coordinando actividades. Recibe por esa tarea un pago que, aclara, no proviene de un plan social sino directamente de la organización. 

–¿Entre ese ingreso y lo que sacás de la heladería te alcanza para vivir bien?

–Sí, sí. La verdad es que yo me doy todos los gustos; como lo que quiero. Ahora estamos esperando el veranito para agrandar la heladería, comprar otro freezer para poder tener más sabores. Yo ya dije: yo me muero acá, con mi heladería.

DT

En nueve provincias del país hay más trabajadores y trabajadoras que pertenecen al universo de la economía popular –son aquellos que “inventan su trabajo” y están por fuera del mercado formal– que en el sector asalariado privado registrado. Se anticipa que esta situación se confirmará también en otras jurisdicciones a medida que se engrose la base de datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), que empezó a construirse a mediados de 2020. 

Los números le dan fuerza a una postura que impulsan desde distintas organizaciones sociales y que el propio presidente Alberto Fernández comenzó a internalizar en su discurso: la economía popular no es una economía de subsistencia que contiene excepcionalmente a los argentinos y argentinas en momentos de crisis, sino un modo de producción distinto que debe ser reconocido en su particularidad y que incluye a alrededor de 8 millones de personas en el país. 

Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán son las provincias que tienen un mayor volumen de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que asalariados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Otras provincias como Corrientes y San Juan están muy cerca de romper el equilibrio. 

En el informe previo, correspondiente a agosto de 2021, las provincias en esta situación eran siete. En el registro anterior a ese –el primero del Renatep– eran cinco. Mientras que la economía popular crece, el trabajo asalariado formal está virtualmente estancado hace una década en torno a los 6,6 millones de personas, por lo que se espera que a medida que mejore el registro la situación se vaya replicando en otras provincias. 

Los datos publicados recientemente por el Renatep, que llegan hasta febrero de 2022, muestran un universo de 3,2 millones de personas que “han creado su propio trabajo por fuera de relaciones asalariadas formales”, lo que representa un incremento del 14% respecto del informe anterior. Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, explica a elDiarioAR que la magnitud de este incremento no responde necesariamente a un aumento de personas dentro de este segmento, sino una mejora del registro, que cada persona puede hacer voluntariamente. 

“Es un universo que tiene condiciones que ya son estructurales. Cuando la economía se recupera, cuando crece el PBI, esos mismos trabajadores de la economía popular mejoran sus ingresos, pero no diría que se suman personas a hacer ‘changas’ o, al revés, que dejan sus oficios en la economía popular para insertarse en el mercado formal. No se ve un gran movimiento en la frontera mercado laboral registrado/informal”.

En la economía popular la mayoría son mujeres (57,8%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes que en el mercado formal

Chena apunta que en algunos casos puntuales se observan incluso mejores ingresos en el sector informal que en el mercado registrado. “Se combina que los salarios del sector formal están muy bajos y que con una actividad económica repuntando muy rápido, mejoran los ingresos de quienes hacen changas”, dice Chena, que de todos modos propone revisar el concepto de “changas”. “Es trabajo”, dice. 

El Renatep permite conocer mejor esa economía sumergida y muestra diferencias cruciales con el mercado laboral formal. Por ejemplo, en la economía popular la mayoría son mujeres (57,8%) y hay una incidencia mucho más alta de jóvenes de hasta 24 años (27,1% versus 6,7% en SIPA). La experiencia del primer empleo, en la Argentina, se da sobre todo en la informalidad. 

Solo el 22,3% de los inscriptos percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5%, el programa Potenciar Trabajo. A su vez, casi el 60% trabaja de manera individual, sin vinculación con organizaciones sociales, cooperativas o ningún tipo de núcleo productivo. Esto quiere decir que, a contramano de ciertas ideas instaladas, el grueso de la economía popular no tiene una asistencia a través de la transferencia de ingresos del Estado ni tampoco vinculación con movimientos que puedan tener pertenencia partidaria. 

Para las cerca de 725.700 personas que efectivamente reciben el Potenciar Trabajo,el programa actúa como un “salario complementario” de sus ingresos. Excepto para los trabajadores de servicios comunitarios (que son fundamentalmente mujeres que desempeñan sus tareas en comedores y merenderos), para quienes es su único ingreso. 

Con respecto al nivel educativo alcanzado por los trabajadores y trabajadoras del Renatep, se observa que más de la mitad no completó los estudios obligatorios (61,1%) y en los casos que sí lo hicieron, el 28,7% completó el nivel secundario. Solo el 10,2% declaró estudios superiores. 

En relación a la rama de actividad, el 62,4% de los inscriptos pertenece a la categoría “servicios personales y otros oficios” (33,6%), que engloba actividades como limpieza, peluquería, cocina, jardinería, reparación de autos, pintura, zapatería. El rubro que sigue es “servicios sociocomunitarios” (28,8%), donde fundamentalmente se encuentran trabajadores de comedores. El otro 37,6% se distribuye entre el resto de las ramas, que va de comercio a pesca artesanal y reciclaje. 

En sus últimas intervenciones públicas, el Presidente se refirió a la economía popular, un sector que “existe” y que, por tanto debe ser “atendida”. En el Gobierno se evalúa incluso crear un ministerio específicamente dedicado a esta temática, como una manera de jerarquizar la discusión. El planteo se vincula con otro que por estas horas agita un debate al interior de la coalición del Frente de Todos: cuál es el modelo de de desarrollo económico impuesto y qué lugar tiene la distribución. 

“Mi punto de vista es que no alcanza con dejar intacta la forma de crecer y luego redistribuir. Es decir, permitir que crezcamos de manera concentrada y luego repartir el excedente”, dice Chena, que pertenece al Movimiento Evita. “Nosotros decimos que hay que crecer de manera distinta; distribuir mejor, no redistribuir. Si desarrollamos la economía popular un pescador artesanal puede acceder al crédito, capitalizarse, comprar insumos, mejorar sus ingresos. Va a ganar mejor no por un proceso que redistribuye vía impositiva la ganancia de empresas concentradas; eso es crecer desde abajo”, apunta. 

DT

El barrio Mugica, popularmente conocido como la Villa 31, en Retiro, está decorado por las Fiestas. Hay moños rojos pegados a las puertas y algunas guirnaldas brillantes enroscadas sobre las rejas que protegen las estructuras que crecen hacia arriba, en edificios precarios de hasta cinco pisos. Es viernes a media mañana y las calles están llenas. Cada tanto, los caminantes se abren para dejar pasar a los “motocarros”, motos que llevan un pequeño acoplado detrás, más adecuadas que los autos o camionetas para desplazarse por los pasillos angostos. 

En la calle Aplaca, una de las arterias comerciales del barrio, hay una dietética y un local de artículos de limpieza, y más allá, una peluquería, un salón de belleza para uñas, una ferretería, un café que exhibe donas y rolls de canela, un local de ropa, un pet shop, una barbería, una fotocopiadora, una óptica con “fabricación propia”. En la calle se venden arbolitos de navidad, ensalada de fruta, jugos, bijouterie, juguetes. Es difícil pensar en un rubro que no esté presente en estas más de 70 manzanas, donde viven cerca de 50.000 personas. 

Este es un barrio que, como tantos otros, vive de la economía popular, ese circuito productivo informal que engloba a alrededor de 7,5 millones de personas en la Argentina y a 410.000 solo en la Ciudad de Buenos Aires. Con una oferta saturada al interior de sus propios límites, uno de los principales desafíos que enfrentan los trabajadores es buscar clientes fuera del barrio e integrar los emprendimientos a las cadenas de valor formales del sector público y privado. Algo que, con el impulso de la Ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada por unanimidad en la Legislatura porteña en diciembre de 2020, comenzó a tomar forma. 

Esta ley propone herramientas para resolver los tres principales obstáculos de este tipo de negocios: límites en su capacidad para producir; canales de comercialización inestables y endogámicos y falta de financiamiento. Entre otras cosas, crea programas de capacitación, una línea de incentivos económicos del Banco Ciudad, un fondo que combina capital público y privado para financiar proyectos productivos (Fondes, que estará activo a partir de febrero de 2022) y establece un marco regulatorio especial para que las cooperativas puedan ser proveedoras del Estado.

Hay algunos emprendimientos pioneros en este camino. Las Palmeras es un restaurante ubicado en la calle Carlos Perette que, en plena pandemia, se incorporó a la plataforma de delivery Pedidos Ya y empezó a despachar ceviche, causas y otros platos peruanos a Recoleta, Retiro, Congreso y la zona del microcentro. 

“La única diferencia es que Pedidos Ya a todos les manda el delivery y acá no porque los repartidores tienen miedo de venir para esta zona. Entonces los contrato yo; les pago un fijo a unos chicos para que me hagan los repartos en bicicleta”, cuenta José Luis Zapata, que abrió el local hace seis años. Ofrece sus platos a clientes de los barrios más elegantes de la capital al mismo precio que lo pagan quienes se sientan a comer en este espacio con mesas de madera, decorado con peceras y con suculentas de hojas largas. 

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, señala que hay tres rubros en los que el barrio tiene mayor potencial como proveedor: textil, gráfica y catering. “La ley busca formalizar y hacer crecer el trabajo que ya existe en el barrio, que es mucho; no es que inventa emprendedores”, explica. 

Migliore recibe a un grupo de periodistas en la oficina del Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (Cedel), ubicada frente a la manzana más alta del barrio (el promedio es 2,5 pisos, pero acá algunas estructuras tienen hasta cinco) en el lugar que antes estaba “el galpón de Tarzán”, un búnker narco demolido. Sobre la mesa hay café de Coffe Time, un local que abrió hace menos de un mes en el barrio, y medialunas hechas por Paraje Kue, que ocupa uno de los espacios comerciales ubicados en la planta baja de las viviendas construidas en el barrio, a donde se reubicaron a las familias que vivían debajo de la autopista Illia, en estructuras precarias (algunas, con la autopista como techo), que fueron demolidas. 

El nombre Paraje Kue es una expresión guaraní difícil de explicar, dice Ysabel Franco Benegas, de 54 años, dueña del local. Podría resumirse en “lo que fue”, una referencia nostálgica a Paraguay, de donde emigró en los 90 para trabajar como empleada doméstica en la Argentina. 

Ysabel empezó a convertir la cocina en su trabajo hace ocho años, cuando tuvo que dejar su empleo como personal de maestranza en una escuela privada para quedarse en su casa a cuidar a su nieto. Su sobrina había abierto una panadería en el microcentro porteño, en Tacuarí e Hipólito Yrigoyen, y le pidió dos docenas de empanadas para probar si se vendían. “Salieron todas y así empezamos”, dice. 

De a poco comenzó a sumar clientes particulares, a encargarse del almuerzo del personal de algunas empresas, ingresó como proveedora del Gobierno de la Ciudad y a un puesto de comida que está en el andén del tren Mitre, para el que esta misma mañana despachó 108 empanadas. “Es importante vender afuera porque acá en el barrio mucha gente se dedica a la comida”, explica. En el medio, hizo cursos de gestión de emprendimientos y obtuvo préstamos que le permitieron comprarse otro horno, una freidora. 

Hubo un momento de la pandemia en el que la demanda se frenó, “porque el barrio fue catalogado como prohibido”. “Decían que de acá de la villa salían todos los bichos y la gente tuvo miedo, no quería comprar lo que se producía acá”, cuenta. De a poco se fue recuperando la venta y cuando su sobrina decidió cerrar la panadería en el microcentro, fundida por la ausencia de oficinistas, entre las dos decidieron traer parte del equipo al barrio y alquilar este local, que abrieron en septiembre y por el que pagan $30.000 mensuales. Este viernes al mediodía, el local está lleno de policías que pararon a almorzar. “No saco el cartel a la calle porque tengo miedo de no dar abasto”, dice Ysabel, que empezó a cocinar esta mañana a las 5.45, para evitar que un corte de electricidad programado no le permitiera cumplir con los pedidos agendados. 

También vende empanadas y tartas por la tienda online Recoveco, el marketplace que agrupa a emprendedores de todo el barrio, donde por estos días se pueden encontrar pan dulces por $910 y cajas navideñas por $1.700. Pronto estará disponible también la plataforma Valor Popular, donada por Accenture Argentina, que reunirá la oferta de unidades productivas de distintos barrios populares, para que puedan acceder empresas de todo el país, cada vez más interesadas en hacer compras con “triple impacto”. Un ejemplo: este año Toyota hizo 7.000 regalos empresariales con plantines de La Vivera Orgánica, un emprendimiento de mujeres del barrio Rodrigo Bueno, y el hotel Hilton lo contrató para instalar una huerta en el hotel. Esa es una de las oportunidades que tienen los trabajadores del barrio, que a partir de la ley también cuentan con un sello (“Valor popular”) para certificar sus productos. 

Entre los servicios que se ofrecen para gente de “afuera”, están también los tours organizados por la agencia turística Ajayu, que por $1.900  invita a recorrer a pie el barrio, a probar su comida y conocer su historia. Esta agencia de turismo comunitaria es una de las 1.500 unidades productivas (conformadas por 5.100 personas) del barrio que están inscriptas en el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys), que creó la ley. Es solo una muestra pequeña; el objetivo del Gobierno de la Ciudad es alcanzar el registro de 3.500 unidades productivas a finales de 2022.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar la política social no solo como contención y asistencia, sino de la mano de política económica productiva”, insiste Migliore, en un discurso muy afín con el de las organizaciones sociales y reñido con el de líderes tanto de la oposición como del oficialismo que suelen dejar afuera de “las soluciones” al trabajo que ya realizan las personas por fuera de los circuitos formales. 

“Creo que hay consenso en la dirigencia política en que hay que transformar los planes en empleo formal, pero la discusión está en el cómo, y ahí hay que poner en crisis el paradigma del ‘empleo genuino’, que está en crisis en todo el mundo”, dice la ministra. “Nosotros trabajamos en capacitaciones junto con el sector privado para que las empresas puedan contratar gente del barrio, y es importante hacerlo porque eso cambia la trayectoria familiar de quienes acceden, pero creemos que eso va a ser un porcentaje minoritario. El trabajo tradicional, como se conocía hasta ahora, no es el que nos va a dar una solución de corto plazo y con escala”, apunta Migliore, para quien la clave está en formalizar, hacer crecer e integrar a las cadenas de valor el trabajo que ya existe en los barrios. 

DT

“Antes el mercado laboral te garantizaba que si tenías un empleo, no eras pobre. Después, que si tenías un empleo formal, no eras pobre. Hoy ves que hay hogares que tienen empleos formales y aun así están en la pobreza”, reconstruye Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata. Es solo una de las cosas que cambiaron en la Argentina de los últimos años, que también “latinamericanizó” su mercado de trabajo y pasó de estar en el podio de los tres países menos pobres de la región a ubicarse varios escalones más abajo, detrás de Costa Rica y Panamá. 

A pocos días de la publicación de los datos oficiales que identificaron que el 40,6% de la población argentina es pobre y el 10,7% indigente, el economista anticipa que esta nueva crisis deja al país con un piso más alto de deterioro social y señala la contracara de las medidas oficiales, que buscaron aliviar los efectos de la pandemia pero generaron mayor inflación.

En el último año el indicador de pobreza se movió más que el de indigencia, que está prácticamente en el mismo desde inicios de 2020. ¿Eso nos dice algo? 

El indicador de indigencia es un poquito más inmóvil que el de pobreza porque la distribución tiene menos masa alrededor de la línea de indigencia. ¿Qué quiere decir? Que tenés menos hogares en los alrededores de la línea de indigencia y que en cambio tenés muchos hogares por arriba y por debajo de la línea de pobreza. 

Lo que suele llamarse la “clase media frágil”, siempre balanceándose sobre la línea de pobreza. 

Claro, tenés gente que está de los dos lados: si la economía mejora un poquito, sale por un período de la pobreza; si la economía empeora, entra. 

¿En qué situación estamos hoy? ¿Los datos muestran un deterioro circunstancial asociado a la pandemia o una tendencia más larga?

La visión de mediano plazo es súper negativa. Después de la salida de la convertibilidad habíamos quedado con niveles de pobreza artificialmente altos, que uno sabía que apenas hubiera una estabilización de la economía iban a caer. Hasta mediados 2004 tuviste una baja de pobreza muy asociada a esa estabilización, luego la economía sí creció y generó una reducción de la tasa que, hacia 2010, llegó a niveles menores a las anteriores a la salida de la convertibilidad. Pero ese modelo se agotó y en 2011 entramos en esta historia de “la maldición de los años pares”: en los años impares crecías y en los años pares caías, y con la pobreza pasaba lo mismo. Ese zigzag lo seguiste hasta 2017, momento desde el que la pobreza siempre fue hacia arriba. Primero subimos un escaloncito de 25% a 30% y luego otro otro de 30% a 35%, que es el nivel con que cerró el gobierno anterior, en 2019. Ahora con la pandemia se dio un salto de otros cinco, siete puntos. Si el año pasado me preguntabas mi visión te hubiera dicho que era mayormente un efecto coyuntural y que, si la situación sanitaria se recuperaba, para mediados de este año íbamos a haber recuperado el número previo. Pero dos aspectos jugaron en contra: la segunda ola y que las medidas que se tomaron en 2020 para mitigar los efectos de la pandemia (e implicaron un déficit fiscal alto y emisión) empezaron a tener sus efectos negativos más adelante con la aceleración de la inflación.

El año pasado hubiera dicho que la suba de la pobreza era un efecto coyuntural y que, si la situación sanitaria se recuperaba, para mediados de este año íbamos a haber recuperado el número previo

Recapitulo: ¿las medidas que aliviaron la situación coyunturalmente terminaron por generar, en un plazo más largo, el efecto contrario?

A la aceleración de la inflación uno no la puede desvincular de la emisión del año pasado, claramente. Si bien se recuperaron cinco de los nueve puntos de pobreza que se generaron entre el primer y el segundo trimestre de 2020 [los datos trimestrales no son publicados por el Indec, que presenta el promedio de dos trimestres en el dato semestral, pero se pueden estimar] todavía estamos cuatro puntos por encima del nivel de pobreza anterior a la pandemia. Yo creo que una parte se va a recuperar en lo que queda del año por la mejora en la situación sanitaria y considerando el gasto electoral, aunque eso va a tener su impacto inflacionario quizás en los primeros trimestres del año próximo. Además, más allá de las internas de la coalición, si el Gobierno arregla con el FMI seguramente se va a achicar el espacio fiscal para seguir asistiendo a los sectores más desfavorecido, salvo que decida ir hacia la reducción del déficit económico por el lado de los subsidios a la energía, que es una asistencia más bien para los sectores medios. Mi perspectiva es que para principios del año que viene quizás tengas una noticia “positiva” en términos de reducción de pobreza de dos o tres puntos por debajo de 40, pero por ahora no tengo claro que eso sea sostenible.

Es decir que esta crisis nos deja nuevamente con un piso más alto de pobreza, que no se retrotrae al 35% previo. 

Claro. Situarnos por debajo de 35% no parece claro si no se reduce la inflación y no se vuelve a generar empleo en forma más sostenible, si no nos embarcamos en un proceso de crecimiento no digo rápido pero al menos sostenido. 

¿Qué diferencia a esta crisis de otras? 

A diferencia, por ejemplo, de la crisis que hubo en los 90 o la crisis de la salida de la convertibilidad, no tiene una tasa de desempleo altísima. El sector informal de la economía está absorbiendo en empleos muy precarios y de bajos ingresos a muchos trabajadores. Pero lo que ocurre es que, a diferencia de otras crisis, tenés un porcentaje mayor de trabajadores pobres. Antes el mercado laboral te garantizaba que, si tenías un empleo, no eras pobre; después, que si tenías un empleo formal, no eras pobre. Y hoy ves que hay hogares que tienen empleos formales y aun así están en la pobreza. Lo que tenés ahora es una crisis donde lo que ha disminuido es el ingreso promedio de la sociedad. Se ha erosionado mucho el poder adquisitivo de los salarios y esto se asocia, obviamente, con la falta de crecimiento que tuvo Argentina en los últimos diez años. Cuando comparás con otros países de la región ves que hasta 2011 Argentina reducía su pobreza al mismo ritmo que los vecinos; desde entonces nosotros nos estancamos y ellos siguieron reduciéndola, más allá de que todos sufrieron las consecuencias ahora de la pandemia.

Hasta 2011 Argentina reducía su pobreza al mismo ritmo que los vecinos; desde entonces nosotros nos estancamos y ellos siguieron

Cuando pensamos en que para bajar la pobreza la actividad tiene que ir acompañada de una mejora en el empleo, ¿pensamos necesariamente en empleo asalariado formal o puede ser también una economía popular más organizada? 

Argentina siempre se distinguió en el contexto regional, quizás junto a Uruguay, por ser una economía que se organizaba alrededor del empleo asalariado formal. La gente todavía valora los beneficios laborales que disfrutaron históricamente los trabajadores argentinos, también por el rol que han tenido los sindicatos en el país, pero claramente nuestra realidad está cada vez más latinoamericanizada: el cuentapropismo, el empleo informal, las changas, representan cada vez una porción más grande del empleo en el país. Es difícil —al menos creo que ningún país lo ha mostrado claramente— ir por el camino de la inclusión a través de la economía popular, pero parece algo ineludible. Ahora mismo no vas a generar el empleo formal que necesitás porque no se generó ni siquiera durante la época de las tasas chinas. Creo que el empleo asalariado formal debería seguir siendo nuestro norte, pero con la economía popular algo tenés que hacer; no la podés dejar de lado. Parte de la inclusión, al menos para sectores muy rezagados, seguramente tenga que ver con una mejor organización de eso.

¿Cuánto juegan en la morigeración de los datos de pobreza e indigencia los programas sociales? 

Tienen su rol y lo han tenido en toda la región. No solo los programas de la pandemia; las transferencias monetarias similares a la AUH son una innovación de política social de los de los 2000 que se creó justamente en América Latina y se extendió al mundo. En los 80 o 90 la mayoría de la asistencia social era a través de la entrega de alimentos o cosas, en especie. Entregar dinero fue algo que empezó en América Latina y se generó una estructura bastante aceitada para llegar rápido a aquellos que lo necesitan, que ayudó mucho en pandemia. En Argentina el impacto en términos de reducción de pobreza no es tan fuerte, pero sí lo es en términos del bienestar de los hogares pobres. Para un hogar que recibe la transferencia, aún cuando la transferencia no lo saque de la situación de pobreza, lo ayuda a vivir mejor. Estimo que sin todos los programas sociales instrumentados, la tasa de pobreza hubiera sido quizás entre 3 y 5 puntos más alta.

Para las clases medias no hay mejor beneficio que reducir la inflación y generar una macroeconomía un poco más estable

¿Todas las personas que necesitan un plan lo tienen o hay parte de “la pobreza” fuera del radar del Estado?

El alcance es bueno; el Estado ha ido tratando de cubrir los agujeros. De hecho el problema principal de Argentina es que hemos tenido que sostener esta tan alta cobertura durante tantos años. En general estos programas funcionan como colchones de protección social durante situaciones de emergencia, pero luego se van achicando naturalmente cuando la economía crece. Bueno, en Argentina la economía no creció y te quedaste con la misma cantidad de beneficiarios o cada vez más y eso pasa a tener su costo. De todos modos, yo no considero a la AUH o el IFE  programas particularmente costosos, más si uno lo compara con los subsidios a la energía, por ejemplo. 

En el Gobierno están pensando herramientas para llegar a la clase media, que es la que quedó más desprotegida en la pandemia. ¿Cree que tiene sentido extender los programas sociales cada vez más hacia arriba en la pirámide?

No. Tendría que ver de qué se trata, pero las capacidades del Estado son cada vez más limitadas, tanto en términos de gestión como en términos fiscales. Para las clases medias lo que necesitás es volver a crecer; no hay mejor beneficio para esos grupos que reducir la inflación y generar una macroeconomía un poco más estable. 

Argentina fue tradicionalmente uno de los tres países de la región con menos pobreza. En los últimos años pasó de ese podio al quinto o sexto lugar

¿Qué lugar tiene la inflación en la dinámica de pobreza? ¿Es algo marginal o está en el centro?

Está claramente en el centro. Ahí también ves por qué durante este semestre la pobreza se redujo un poco y la indigencia no: los valores de la canasta básica alimentaria crecieron más que los de la canasta total. La inflación tiene un primer efecto macroeconómico, que es que todas las actividades económicas se hacen mucho más difíciles de planificar, se demoran en inversiones porque el panorama es claro y genera menos dinamismo, menos empleo. Y tiene un efecto particular para los hogares informales, que no tienen instancias de negociación de sus ingresos y tienen que correr contra la inflación. 

¿Cómo estamos a nivel regional? 

Argentina fue tradicionalmente uno de los tres países de la región con menos pobreza, junto con Uruguay y Chile. En los últimos años pasó de ese podio al quinto o sexto lugar; es un poquito más pobre que Costa Rica y que Panamá. Todavía está por delante de algunos otros países de la región que han tenido tasas de crecimientos muy altas como Paraguay, pero la diferencia se acotó mucho. En un ranking de la región, Argentina estaría entre el tercio de países menos pobres. 

DT

El papa Francisco pidió este miércoles a los empresarios argentinos “invertir” y “no esconder la plata en los paraísos fiscales”, al tiempo que los convocó a elegir “el camino de la economía social”.

“Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir”, pidió el pontífice en un videomensaje que fue difundido durante la apertura del XXIV Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde).

El encuentro se desarrolla entre este miércoles y jueves en forma virtual, bajo el lema “Hacia un capitalismo más humano”, con la participación de referentes del mundo empresarial y la política argentina, y en el que se conmemora además el centenario del nacimiento del empresario argentino en proceso de beatificación, Enrique Shaw.

“La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso”, expuso Jorge Bergoglio en su mensaje de apertura del encuentro.

“Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche. ¿Qué le habrá pasado a la vaca, porque está enojada, qué 'esconde' la leche?. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal”, planteó luego el Papa en su discurso ante los empresarios argentinos.

Así, Bergoglio animó a los participantes a actuar con “claridad, transparencia y producción” e insistió: “Invertir. E ir creando la confianza social. Es muy difícil construir sin confianza social”.

“A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores o grande gente, están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo, éste, que está del lado de la mesa con aquél que está allá, hacen uno por debajo de la mesa. No, con confianza y nunca traicionar la confianza”, convocó el Papa.

Durante su mensaje, aseveró además que “la mirada cristiana de la economía y de la sociedad que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25, de ahí nace la mirada”.

“Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos: sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social”, animó a los participantes.

“Seamos realistas, la economía últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no?, que creemos que hay mucho y al final no hay nada”, les dijo.

En ese marco, reclamó “volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad. Lo concreto”.

“En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social o simplemente busca intereses personales. La economía es social”, sostuvo el pontífice.

De cara a los empresarios, Francisco resaltó además que, “para generar empleo, es importante el poder de las pymes porque de abajo viene la creatividad siempre”.

“Por lo tanto, ir hacia el bien común, con el gesto de crear empleo. Es un desafío, el encuentro de ustedes es un desafío a la creatividad. Crear empleo, donde hay un momento, la pandemia nos llevó a esto donde falta”, finalizó.

El mensaje completo:

Con información de agencias.

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