Los promotores del apagón democrático se revelan como líderes con el poder de arrastrar amplias masas de ciudadanos hasta la periferia del sistema para cruzar el Aqueronte. Como en El Rinoceronte, aquella obra de Ionesco del teatro del absurdo que convertía en monstruos a los habitantes de un pueblo francés, víctimas de “rinocerontitis”: al principio parecía exagerado, descabellado, después se producía la metamorfosis. ¿Acaso están muy alejados de los vikingos que colapsaron el Capitolio o los hooligans bolsonaristas que quisieron tomar las instituciones de Brasilia? 

Nayib Bukele no es un empresario de bienes raíces como Donald Trump ni un economista asilvestrado como Javier Milei, declarado admirador de Jeff Beck pero que se despeina en los escenarios con aire y gestos de Gary Glitter. A diferencia de ellos, Bukele se acerca más a un personaje de Stendhal en el sentido de la pasión, la ambición y, sobre todo, la búsqueda de la gloria napoleónica. Aunque Bukele está ahora en el trance de esta última fase imperial ya que, al igual que Trump se proclama rey en X y aparece soltando excrementos al mando de un caza, Bukele en su estado de la misma red se autodefine como un Philospher King. 

A diferencia de Trump, Milei, Santiago Abascal o, incluso, Isabel Díaz Ayuso, Bukele comparte su deriva con JD Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor. Nayib Bukele es alguien que sintió desde adolescente el latido vivo de su sangre palestina y la tensión revolucionaria de la poesía de Roque Dalton. 

Gabriel Labrador, periodista en el exilio de El Faro, medio salvadoreño que se vio obligado a trasladar su redacción a Costa Rica, cuenta en un largo artículo sobre Bukele que su padre, cuarta generación de palestinos, era un próspero comerciante, polígamo y hombre de izquierdas, quien dio una vida y una educación privilegiada a Nayib, abriéndole, incluso, el camino para acercarse al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Bukele, un joven y brillante publicista, se hizo cargo de la imagen del FMLN y dio un paso más al presentarse como candidato al ayuntamiento de una pequeña ciudad. El joven que en la universidad había lucido una camiseta en la que se leía Class Terrorist ganaba así su primera elección. 

Bukele iniciaba su carrera política con la pulsión del Che pero, a diferencia de este, ya sabía moverse en la selva de lo real y rápidamente comenzó a utilizar la guerrilla en las redes sociales. Aunque era solo un foquista digital ya demostraría, desde la presidencia del país, cómo se puede aplicar la violencia en la vida cotidiana al tiempo que se pregona combatirla. Pero entonces, corría el año 2012, solo tenía 30 años, era alcalde y declaraba: “Soy de izquierda radical, porque quiero cambios radicales en El Salvador, donde no debe imperar más la ley de la jungla”.  

El siguiente paso fue el ayuntamiento de El Salvador pero el instinto revolucionario fue cediendo a la mirada populista. Se distanció del FMLN y cuenta el escritor Tom Stevenson que ya pretendía formar un nuevo partido político “no sería ni de izquierdas ni de derechas”, sino un movimiento que trascendería la vieja política. El candidato ya estaba en otra parte. Cuando ganó el ayuntamiento de la capital tenía más seguidores en Twitter que Salvador Sánchez Cerén, entonces presidente del país. 

En su libro Bukele, el rey desnudo, el periodista, escritor y jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, hace una síntesis diabólica de esta deriva: “Bukele es popular desde que ganó la alcaldía de la capital en 2015. Más con la mayoría absoluta que lo hace presidente en 2021. Ocupó la Asamblea Legislativa para sustituir ilegalmente al fiscal general que lo investigaba y a los magistrados de la Corte Suprema que lo cuestionaban, puso a los suyos y tuvo poder absoluto”. 

Cuando Bukele es elegido presidente en 2019 se convierte en el jefe de Estado más joven de América Latina. Había abandonado el FMLN y bajo su nueva agrupación enterraba el bipartidismo y dejaba atrás a sus anteriores predecesores que habían sido arrestados o acusados, y todos ellos procedían de los dos principales partidos políticos de El Salvador, que habían gobernado sin interrupción durante más de dos décadas. Había sido un período de pobreza crónica, violencia infinita y emigración masiva. Bukele, por libre, llegaba como un reformista anticorrupción: “Hay suficiente dinero para todos, siempre y cuando nadie robe”. Aún hoy se escucha este lema. El dinero se sigue echando en falta.

El mundo lo conoció en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, cuando, en medio de su discurso, se hizo un selfie desde la tribuna con matices pedagógicos, ya que indicó a los líderes mundiales presentes que “un par de imágenes en Instagram pueden tener más impacto que cualquier discurso en esta asamblea”. Su modo de intentar minar el poder institucional de la ONU degradándolo in situ sin perder las formas es más efectivo que los improperios de Trump en ese mismo atril. No en vano, cada vez que puede, invoca a Alejandro Magno y a Steve Jobs. 

En su primera presidencia estaba en minoría en la Asamblea Nacional, donde no podía controlar ni siquiera el presupuesto. Así las cosas, anunció un plan de seguridad que no contaba con el apoyo de la cámara. Bukele demostró que disponía de una vía rápida: por las malas. Convocó al pueblo ante el Palacio Legislativo y ordenó a los militares y policías a hacer lo mismo. Entró al edificio, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y dijo: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

El cuento es muy sencillo. Para acabar con la violencia y el estado permanente de anarquía, se suprimió el Estado de derecho, ya que a través del estado de excepción se suspendieron los derechos constitucionales. El Salvador ostenta el título de la mayor población carcelaria per cápita del mundo. Los detenidos en las cárceles no tienen que comparecer ante un juez ni se les da una razón para su detención. Los opositores políticos han sido encarcelados o, con más suerte, expulsados al exilio. Bukele manda, está al frente del monopolio de la violencia y lo proclama en X: “El dictador más cool del mundo”.

Es verdad que la reducción de homicidios empezó con la primera presidencia de Bukele, cuenta Óscar Martínez, “pero fue él quien la consolidó hasta mínimos históricos gracias a sus casi tres años de pactos con los criminales y el posterior régimen de excepción. Pactos secretos y estado policial, esa fue su fórmula”. 

Bukele puso fin a las maras criminales pero pactó con ellas para alcanzar la alcaldía de la capital y ser presidente después. Al final, rompió con las pandillas pero lo hizo fracturando el Estado de derecho. Las cifras son lapidarias: 87.000 salvadoreños presos en tres años en 22 cárceles de las cuales solo se enseña una. En ella se ha visto a Kristi Noem, secretaria de seguridad de Trump; a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei y, recientemente, a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Todos muy interesados en este sistema que reduce la tasa de delito e incrementa el número de votos. 

El giro ideológico de Bukele no se debe entender como un péndulo en el arco político sino como un giro copernicano desde la Constitución al arrabal del sistema democrático, periferia en la que se abraza, entre otros, con Trump y Benjamín Netanyahu, quien al igual que da la bienvenida a un gentil como Milei se congratula de tener a un descendiente de palestinos en el Consejo de Paz para Gaza. 

Cuando hablan los dirigentes de Vox o irrumpe Isabel Díaz Ayuso con ecos autoritarios, hay que discernir que la denuncia que hacen de las disfunciones democráticas no conduce a su superación sino a la supresión del sistema como lo demuestra la vanguardia que representa Bukele, alguien que llegó al poder planteando la igualdad fraterna que invoca la Biblia para acabar en el Apocalipsis: los tibios serán vomitados. Lo augura Óscar Martínez: “Todavía no hemos visto su etapa más violenta”.

El día antes de publicar una exclusiva que demostraba cómo el líder de El Salvador, Nayib Bukele, había negociado y pactado con las bandas que tenían a todo el país sometido, el periodista Óscar Martínez se exilió a México. “Pensábamos que sería una salida preventiva, ya habíamos hecho algunas previamente”, recuerda por videoconferencia. 

El día antes de regresar a su casa, Martínez descubrió que el Gobierno había preparado una emboscada para plantarles drogas a su regreso tanto a él como a sus colegas y que la Fiscalía pretendía acusarles de agrupación ilícita. Desde mayo de 2025 no puede volver a su hogar. “La salida preventiva ahora ya se ha convertido en nuestra realidad”, afirma.

El reportero es redactor jefe de El Faro, un periódico fundado en El Salvador a finales de los 90 en el que se han publicado las mejores investigaciones periodísticas de las últimas décadas en Latinoamérica. En 2023, el medio trasladó su sede a Costa Rica y actualmente toda la plantilla que estaba en El Salvador (22 personas) está en el exilio.

Martínez acaba de publicar Bukele, el rey desnudo (Cuadernos Anagrama), un interesante perfil-reportaje sobre el “dictador” más viral de la actualidad, un autócrata que cuenta con el respaldo del 80% de la población tras acabar con la violencia de las bandas en El Salvador a costa de suprimir prácticamente cualquier derecho civil. 

“Es una popularidad real, pero atravesada por el miedo”, opina Martínez. Y da un dato: seis de cada diez salvadoreños creen que pueden sufrir represalias si critican a Bukele. 

El libro describe cómo, entre seguridad y democracia, buena parte de los salvadoreños han elegido la primera tras lustros bajo el yugo de las bandas. El resultado es que, en un país de seis millones de personas, hay casi 100.000 salvadoreños encarcelados. “No sería extraño decir que el 50% de las personas que están en prisión no pertenecen ni han pertenecido nunca a ninguna pandilla”, afirma. 

Tras llegar a tasas de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, Martínez describe El Salvador como un país “sembrado de cadáveres”, con una población empobrecida y “desesperada” que sólo se preocupa por sobrevivir. “La sociedad necesitaría que más gente tuviera el privilegio de reflexionar”.

Es en ese contexto que aparece Bukele, con un mensaje “simplista” que logra convencer a la población de que la democracia ya se ha probado y no ha funcionado. “Veníamos de la paz más violenta que el mundo ha conocido”, recuerda Martínez. “Y nos vendieron que la democracia no servía cuando realmente nunca hubo democracia de verdad”.

El ascenso al poder del “dictador”

El texto dibuja a Bukele como un hijo de una familia acomodada, descendiente de inmigrantes árabes que llegaron al país a finales del siglo pasado y lograron enriquecerse a base de trabajo. “Él ya nace privilegiado, en una familia rica que tiene empresas de publicidad, concesiones, negocios de alimentación e inmobiliarios…”, explica el autor.

Bukele entra en contacto con la política de bien joven, trabajando en las campañas del principal partido progresista de El Salvador encargadas a la empresa de publicidad de su familia. 

El futuro presidente demostrará una gran capacidad de adaptación, pasando de alabar al Che Guevara y al régimen de Nicaragua a convertirse en punta de lanza del movimiento MAGA y de las criptomonedas. También sabrá controlar los resortes que apuntalarán la actual ola reaccionaria: utiliza las redes, busca la viralidad y es capaz de simular que tiene una conversación con Dios ante miles de personas que lo aclaman. 

“Bukele es, sin duda, un gran publicista. Tiene sentido de la oportunidad y sabe adaptarse”, señala Martínez.

Su ascenso al poder, sin embargo, no se explica sin los pactos que alcanza con las principales bandas del país a partir de 2012. El texto explica cómo Bukele acuerda con ellas reducir los homicidios a cambio de dinero y votos, primero para obtener una pequeña alcaldía, después para gobernar la capital y posteriormente el país entero. 

“El primer paso importante en su carrera como político nacional lo da de la mano de las pandillas”, explica Martínez, que describe el pacto como un “complot criminal” que incluía que las bandas pudieran elegir a quién debía asesinarse dentro de las prisiones salvadoreñas.

Esa relación de conveniencia salta por los aires en 2022, cuando las maras asesinan a 72 personas en apenas 24 horas y Bukele decide ir a por ellas. “Suena muy frío decirlo así, pero ese fin de semana [las bandas] mataron de más”, rememora Martínez. 

“Bukele necesita en ese momento un cambio de narrativa y opta por un Estado policial, en el que todavía estamos a día de hoy”, prosigue el reportero. “La actual ministra de Educación es una capitana del Ejército y cualquier soldado puede hacerte lo que le dé la gana”. 

Es en ese Estado policial que Bukele adquiere un tono mesiánico para justificar su perpetuación en el poder. Paralelamente, él y su familia amplian su patrimonio: el 80% de las tierras de la familia han sido adquiridas desde que es jefe del gobierno, las empresas de sus parientes han pasado de tener miles de dólares a millones y su residencia privada está siendo reformada con fondos públicos. 

“Pero a la población no parece importarle esto ahora mismo”, lamenta el periodista. “El tejido social estaba tan roto por la violencia de las pandillas, que se celebra en colectivo que no haya más bandas, pero se sufre individualmente por la pérdida de libertades”.

La dificultad de cubrir un país desde el exilio

A medida que Bukele se perpetuaba en el poder y se iban desmontando las pocas garantías democráticas en El Salvador, los periodistas de El Faro fueron abandonando el país ante el aumento de las amenazas y de las visitas policiales a los domicilios de los reporteros. 

Desde el pasado mayo, el medio cubre lo que ocurre en El Salvador desde el exilio. “Todavía nos estamos adaptando”, apunta Martínez que, como buena parte de sus compañeros, fue espiado a través de su móvil con el spyware Pegasus.

“Nos enteramos [del espionaje] de casualidad, porque a una colega del periódico se le calentaba mucho el teléfono”, recuerda. “Entonces descubrimos que todos los miembros de la redacción teníamos el teléfono infectado”.

Martínez explica que, desde su huida, han aprendido que el exilio era más grande de lo que pensaban y que, en ocasiones, resulta incluso más sencillo obtener información desde el extranjero de antiguos funcionarios, fiscales y jueces que cayeron en desgracia. 

“El exilio fue como una de las últimas consecuencias antes que la muerte o la cárcel”, apunta. “Nos puso en una posición bien rara, pero fue la última muestra de que estábamos dispuestos a hacer lo que había que hacer para seguir informando”.

Martínez no es nada optimista respecto al futuro de su país. Bukele solo tiene 44 años y no tiene intención de abandonar la presidencia. El año pasado redujo en 130 millones el presupuesto en salud y educación y aumentó el del Ejército, a pesar de que las pandillas están desarticuladas a día de hoy.

Para el periodista, esto solo indica que prepara el terreno para cuando le toque reprimir a los ciudadanos. “Aún no conocemos a un Bukele impopular. Cuando dejen de sonar los aplausos en la plaza, van a sonar las botas militares”, concluye. “No creo que hayamos visto todavía la etapa más violenta de Bukele”.

Cuando Nayib Bukele confirmó que se postularía a la reelección en febrero de 2024, advirtió de algo que muchos temían: el mandatario buscaba perpetuarse en el poder, fuera como fuera.

Bukele se presentó entonces a los comicios —y los ganó, con una holgada mayoría— a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía claramente en su artículo 152.

La última decisión de la Asamblea Legislativa, dominada casi por completo por el partido gubernamental Nuevas Ideas, apuntala la espiral autoritaria en la que el presidente ha sumido El Salvador. El Congreso ratificó este jueves una reforma a la Constitución que modifica varios artículos, entre ellos el 152, para permitir la reelección presidencial indefinida. Esto deja vía libre a Bukele para mantenerse en el cargo el tiempo que quiera.

Sin opciones para una oposición neutralizada

Antes de que se aprobara la reforma constitucional con 57 votos a favor y solo tres en contra, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo que el objetivo de la reelección indefinida es “darle toda libertad y el poder al pueblo para que decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes”. Figueroa aseguró que era necesario que las condiciones para reelegir al presidente “se homologuen al resto de los cargos de elección popular”, como diputados o alcaldes.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, lamentó en la sesión del jueves la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, de la oposición. La congresista aseguró que la reforma constitucional es ilegal y que solo busca que Bukele se perpetúe en el poder. “Cuando todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia cuesta años recuperarla”, concluyó.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch, define la reforma como “un punto de no retorno en la ruptura del Estado de Derecho en El Salvador”. En entrevista con elDiario.es, Goebertus asegura que “esta decisión implica eliminar de manera definitiva la alternancia en el poder público y transita el camino hacia una dictadura”.

La nueva ley no solo elimina los límites para Bukele. También alarga los periodos presidenciales —pasan de cinco a seis años— y propone que el actual mandato finalice de forma anticipada, en 2027. El argumento para este cambio es, según la diputada Ana Figueroa, ahorrar las campañas electorales “tan costosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño”.

El sistema electoral de El Salvador funciona de manera escalonada. Hasta ahora, los tiempos de cada periodo garantizaban que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebraran de manera separada para favorecer un sistema democrático y una alternancia de poderes. Al adelantar los próximos comicios y ampliar el periodo presidencial, se sincronizarían los tiempos del calendario electoral. Goebertus ve esto con desconfianza. “Es preocupante. Claramente, tratan de agilizar las elecciones para que haya más popularidad de Bukele y darle un espacio más largo presidencial”, dice a este medio.

Además, las reformas eliminan la segunda vuelta durante los comicios, también con el argumento del ahorro. En varios países latinoamericanos, el sistema electoral contempla dos rondas de votación. Si uno de los candidatos no llega a un porcentaje mínimo de votos en las elecciones, los dos punteros pasan a una segunda vuelta en la que la ciudadanía debe votar por uno de ellos. Al suprimir esta posibilidad en El Salvador, el sistema es mucho más directo y beneficia a la persona que tenga más apoyo popular, aunque sea con porcentajes mínimos.

El “manual del dictador”

La decisión de la Asamblea Legislativa es un paso más en la instalación de un gobierno autoritario —muchos lo definen abiertamente como dictatorial— en el país centroamericano.

Esta deriva comenzó durante el primer mandato de Bukele, cuando el político se dedicó, por una parte, a controlar los espacios que podrían suponer algún contrapeso y un obstáculo para mantenerse en el poder.

El primero fue el poder judicial. El presidente logró que la Asamblea Legislativa, ya entonces dominada por su partido, destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado. El colocar a personajes afines en esos cargos le garantizaría después la reelección: fue la Sala Constitucional la que lo autorizó para competir en los últimos comicios.

Aunque la destitución de los funcionarios tuvo un rechazo fuerte de la oposición, buena parte de la ciudadanía lo vio con buenos ojos. Para ese entonces, Bukele ya se había ganado el respaldo de la población. De hecho, su estrategia se ha centrado en mantener ese apoyo popular.

Para ello, se enfocó en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña: la inseguridad. Puso el foco en las pandillas y en 2022 instaló un régimen de excepción, que aún mantiene. A través de esta medida, cientos de personas han sido detenidas en los últimos años. La reducción de cifras de homicidios es el argumento de Bukele para defender los buenos resultados de su estrategia. Sin embargo, amparadas en el Estado de excepción, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias.

La siguiente estrategia de Bukele ha sido apagar las voces críticas contra su Gobierno. Su objetivo más reciente son las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. El pasado mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros. Una iniciativa que permite al gobierno fiscalizar a personas, empresas y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a las que les impone un elevado impuesto.

Esta ley había sido frenada en el pasado por la presión de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ese contrapeso desapareció. De hecho, el presidente estadounidense ha encontrado en Bukele un aliado, ya que ha garantizado la recepción de personas deportadas de EEUU en su cárcel de máxima seguridad. Los dos han hecho público en varios momentos su buena relación y recientemente pactaron con Nicolás Maduro un canje de prisioneros.

Cristosal cesó sus operaciones en El Salvador hace un par de semanas y la mayoría de sus empleados salieron del país. Para Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG, Bukele está siguiendo el “manual del dictador”. “Todas las instituciones están a servicio del régimen familiar de los Bukele”, dice a elDiario.es

La ley de agentes extranjeros se aprobó un par de días después de la detención de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una activista reconocida a nivel nacional e internacional. El encarcelamiento de López fue un momento decisivo, que ha llevado a que decenas de periodistas y activistas de ONG tomaran la decisión de salir del país centroamericano, por seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado a mediados de junio en el que alertaba que más de 40 periodistas se habían ido al exilio. “Existen fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, alertó la APES.

Es complicado saber cuánta gente se vio obligada a salir de El Salvador, pero Bullock estima que entre periodistas, activistas, líderes comunitarios, ambientalistas y empresarios superarán el centenar de personas. “Los exilios y la persecución son un síntoma de la retirada del apoyo internacional, también de Estados Unidos. Se sienten envalentonados”, concluye.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida.

Esta ratificación reforma los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, que también anula la segunda vuelta electoral y alarga el período presidencial a seis años.

La enmienda había sido aprobada la misma noche de este jueves, horas antes, en la sesión semanal legislativa y fue mandada a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.

Con la constancia de publicación, el partido gubernamental presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación, que fue votada en minutos y contó con 57 votos de los 60 diputados.

“Es procedente ratificar el acuerdo de reforma constitucional”, reza el decreto aprobado y que incluye una “disposición transitoria para viabilizar la reformas”.

Dicha disposición implica la reducción del período presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.

“Matar la democracia”

La ratificación obtuvo tres votos en contra, que son los únicos que posee la oposición, y no hubo intervenciones de ningún diputado antes o después de ser votada.

En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad” y que “han matado la Constitución”.

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.

En febrero de ese año, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”.

En esta sesión nocturna también fue ratificada una enmienda constitucional que busca sacar a El Salvador de el Parlamento Centroamericano.

Con información de la agencia EFE

No hay heroísmo sin traición. Y a veces esos sustantivos coinciden en un mismo nombre, sea por calumnia, por error propio o ajeno, por desliz u omisión. El asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton hace cincuenta años, en mayo de 1975, a manos de sus propios compañeros, es una de esas paradojas trágicas. En Roque Dalton: correspondencia clandestina y otros ensayos, el escritor Horacio Castellanos Moya revisó las cartas que el célebre poeta enviara a su esposa y las respuestas de ella antes de que él cayera bajo la doble e inverosímil acusación de ser tanto un agente de la CIA como un “payaso” infiltrado en la guerrilla salvadoreña por los servicios de inteligencia cubanos. En realidad, fue víctima de una conspiración en los comienzos de la guerra civil que asoló a El Salvador por más de una década. 

Esa lectura me recordó a otras víctimas de aquella guerra cruenta y absurda. A fines de los 70 conocí a dos jóvenes enemigos que se habían vuelto amigos en su huida del combate, uno como desertor del ejército salvadoreño y el otro como desertor del Frente Farabundo Martí. El desertor del ejército había entrado como voluntario y llegó a servir como cabo; el otro no dio detalles de lo que hizo en la guerrilla. Cada uno por su lado, cruzaron sin conocerse las fronteras de Centro América y México hasta entrar ilegalmente a Estados Unidos. Uno vadeó el Río Bravo escondido debajo de un puente y el otro cruzó oculto en el baúl del auto de un “coyote” hacia Texas. Allí fueron interceptados por la policía de Migraciones y encerrados en un campo de detención. Pero poco antes de ser deportados, una comisión de cuáqueros y otros pacifistas de Canadá los eligió al azar entre una multitud de detenidos y fueron a parar a la comunidad rural en la que yo vivía. La deserción, la cárcel y el exilio los habían hermanado. Tuvieron que adaptarse a un país en el que verían por primera vez, asombrados, la nieve y el granizo. 

Ambos, el exsoldado y el exguerrillero tal vez habrán querido ser héroes y terminaron como traidores para sus respectivas fuerzas; ambos se arriesgaron a ser atrapados en medio de su fuga y de sufrir las consecuencias. Uno desertó porque, decía, se horrorizó ante las prácticas de los militares que podían llegar a dejar los cadáveres de los torturados en plena calle con los párpados cosidos con alambres para que sirvieran de escarmiento. El otro no llevó al exilio relatos tan escabrosos pero la guerrilla también cometió crímenes insensatos. Como el asesinato de Dalton. 

Quizá este marchó encandilado por sus ideas e ilusiones, como las de tantos otros fascinados por el mito del “guerrillero heroico”, al encuentro con su sino. Dalton había ganado el premio de poesía Casa de las Américas en 1969 y fue en Cuba donde tomó la opción de unirse a la lucha armada y donde recibió entrenamiento militar para luego ingresar clandestinamente a su país. Allí le escribiría cartas a su esposa Aída Cañas, con mensajes cifrados y nombres falsos. Se suponía que estaba en México, en Vietnam o en cualquier otro lugar menos oculto en El Salvador. Y fue justo en esos años cuando se cocinó la conspiración interna que llevaría a su muerte en manos de sus camaradas de armas. 

En las cartas a su esposa se despliega la historia de enredos de las mujeres de dos de los jefes del grupo que lo condenó, unas “guerrilleras veinteañeras con veleidades de primeras damas”, según dice Castellanos Moya, que con sus rivalidades, envidias y rumores instigaron a que esos jefes detuvieran a Dalton, lo enjuiciaran en forma sumaria y lo sentenciaran a muerte. Quien dirigió la ejecución fue Alejandro Rivas Mira, un guerrillero doce años menor que Dalton que había sido amigo íntimo de este y de su esposa cuando vivían en Cuba, y a quien estos le habían dado todo su apoyo para que se instalara en La Habana. A Dalton lo mataron en una casa clandestina y su cadáver nunca fue hallado: fue uno de los tantos (más de 75.000) muertos que causó esa guerra. 

El propio Castellanos Moya, exiliado en México durante diez años, también había sido acusado de ser agente de la CIA por haberse ido del país en aquellos años. Eran tiempos de acusaciones mutuas y expulsiones rápidas, de leyendas heroicas y dogmas indiscutibles. Años del “compromiso”, el mandato de que el escritor debía convertirse en un “hombre de acción” capaz de jugarse y ocupar su sitio como combatiente en las primeras trincheras. 

“Cuando me han preguntado por qué mi generación se fue a la guerra”, escribe Castellanos Moya, “la tentación ha sido siempre recurrir a los argumentos políticos, sociales y económicos: la represión, la exclusión, la explotación. Sí, pero todas esas palabras agudas no alcanzan a explicar ese entusiasmo por la acción, esa disposición para morir y matar que de pronto prende en un individuo hasta entonces ajeno a la política, esa pasión por entregar la vida a una causa revolucionaria que de súbito posee a un joven poeta cuya sola ambición ha sido la literatura”.

Finalmente, a principios de los 90 el conflicto terminó, por mediación de la ONU el gobierno y la guerrilla negociaron y firmaron un acuerdo de paz, luego llegaron los años en que proliferaron el narcotráfico y las pandillas, la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza, nuevas formas de violencia y autoritarismo hasta desembocar en El Salvador actual. ¿De qué habrá servido aquel derramamiento de sangre? ¿Fue la ingenuidad, el dogmatismo, la ceguera que suelen dar las certezas lo que hizo que Dalton avanzara hacia la muerte en manos de sus propios compañeros tan desprevenido como Julio César cuando se dirigió al lugar donde lo esperaban los puñales de sus amigos? O tal vez fue esa “forma secreta del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten” como observó Borges en su “Tema del traidor y del héroe”, ese cuento sobre la ejecución de un héroe de la independencia irlandesa que también supo ser un traidor. 

Sólo quedan preguntas. Esas que son suprimidas por las frágiles pero implacables certezas de toda guerra. 

OB/DTC

“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, publicó Bukele en un mensaje en X.

El mandatario salvadoreño comenzó su mensaje dirigiéndose a Maduro y diciéndole que “usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad”.

Bukele añadió que “a diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos” y aseguró que “todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”.

“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales”, señaló el presidente centroamericano.

Bukele indicó que entre los “presos políticos” en Venezuela está “Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos”.

El mandatario salvadoreño agregó que en el canje, “se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa”.

Bukele dijo que la Cancillería salvadoreña “enviará la correspondencia formal” y finalizó diciendo que “Dios bendiga al pueblo de Venezuela”.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel Cecot, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

MU con información de la agencia EFE

El Tribunal Supremo de EEUU ha ordenado este sábado al Gobierno de Donald Trump que suspenda de manera provisional las expulsiones de personas migrantes basadas en una ley del siglo XVIII. En los últimos meses, la Administración de Estados Unidos se ha amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros para mandar a El Salvador a cientos de migrantes.

“Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”, indican en la orden.

La organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) había presentado varios recursos de emergencia este viernes dirigidos al Supremo para impedir el traslado. En su escrito argumentaron que el Gobierno Trump está ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin “notificar (a sus abogados) o darles una oportunidad de ser escuchados”.

En sus recursos, ACLU aseguró que, según la información entregada por familiares de los detenidos, el Gobierno buscaba enviarles a El Salvador este sábado. Concretamente, la orden afecta a los detenidos que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, a los que han acusado de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.

“Es necesaria una intervención de emergencia para (...) prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes”, indicó la ACLU en el recurso ante la Corte Suprema.

En el pasado mes de marzo, el mandatario norteamericano deportó a cerca de 250 personas a El Salvador bajo esta antigua ley sin un proceso judicial, todos ellos acusados de pertenecer a las bandas MS-13 y Tren de Aragua. Ante esto, el juez James Boasberg emitió una orden para detener esta expulsión y la Administración de EEUU hizo caso omiso.

El juez federal halló “causa probable” para declarar a Trump en desacato judicial por violar su dictamen a través de un escrito en el que acusaba al Gobierno de demostrar una “ignorancia deliberada” ante su orden del 15 de marzo.

Esto desató una batalla judicial para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente llegó a la última instancia. A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg.

Tras esto, el pasado 5 de abril la misma corte consideró que el gobierno de Trump podía continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos y aceptó levantar el bloqueo. Sin embargo, en su fallo establecían que los individuos a quienes se aplicara la norma tendrían derecho a una “revisión judicial” para comprobar si “efectivamente son 'enemigos extranjeros'”.

Migrante deportado “por error”

Antes del fallo de este sábado, el Supremo había pedido a Trump hace tan solo unos días que “facilitara” la vuelta del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. El alto tribunal se decantaba entonces a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. Precisamente Kilmar fue uno de los cerca de 250 migrantes que se enviaron a la megacárcel CECOT de El Salvador.

Con esta resolución, la corte daba la razón al juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno de este hombre, a pesar de levantar el bloqueo del juez de Washington James Boasberg.

Un juez federal de Estados Unidos halló “causa probable” para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato judicial por violar su orden del mes pasado para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos con base en la Ley de Enemigos Extranjeros.

El juez James Boasberg de Washington dijo en un escrito de más de 40 páginas que el Gobierno demostró una “ignorancia deliberada” ante la orden del 15 de marzo que prohibía la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador en virtud de esa ley de finales del siglo XVIII, con la que el Gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador sin un proceso judicial. Todos ellos estaban acusados de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua.

Cuando Boasberg emitió la orden, dos aviones con venezolanos se dirigían a El Salvador y no habían regresado aún a Estados Unidos. Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, por lo que el juez pidió a la Administración que intente demostrar que no incurrió en desacato o, de lo contrario, iniciará audiencias y, posiblemente, remitirá el asunto a la Justicia. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que juraron respetarla”, destacó el juez.

El juez señaló que la manera más fácil de que el Gobierno evite el desacato es permitir que los migrantes deportados en contra de su orden impugnen su expulsión ante los tribunales. Según su escrito, esto no requeriría el regreso de los migrantes a Estados Unidos y la Administración podría “proponer otros métodos para lograr el cumplimiento”.

El juez dejó claro que “el Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, dio a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas fue satisfactoria”.

La Casa Blanca negó haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez Boasberg. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que éste emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no facilitó la hora de despegue al juez. De hecho, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el Gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación.

La Administración de Donald Trump incluyó a más de 6.000 personas migrantes, en su mayoría latinas, en la base de datos de gente fallecida, eliminando sus opciones para trabajar legalmente en Estados Unidos o solicitar prestaciones sociales, informa el diario The Washington Post.

La medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de presionar a las personas sin papeles a que abandonen el país, explica un funcionario de la Casa Blanca al periódico. Esta nueva política se basa en dos memorandos internos firmados el pasado lunes que autorizan al Seguro Social a incluir a migrantes en el archivo de defunciones por razones de seguridad nacional.

Las personas en la mira son migrantes registrados en la Seguridad Social que perdieron su estatus legal o aquellos que ingresaron al país en programas migratorios de la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) y que expiraron bajo el actual Gobierno.

Las fuentes aseguran al diario que algunas de las personas afectadas están incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI. De acuerdo con el rotativo, el Gobierno planea incluir en el listado de fallecidos a 92.000 migrantes que tienen algún tipo de condena penal.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, dice Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Según The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social cuestionaron la legalidad de esta práctica, argumentando que incluir en ese listado a personas que se sabe que están vivas viola las leyes de privacidad.

Ofensiva antiinmigración

La estrategia de Trump contra la inmigración incluye la revocación de varios permisos emitidos por el Gobierno de Biden, una aplicación para teléfono para que los migrantes soliciten su deportación y el envío a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador de personas presuntamente acusadas de formar parte del crimen organizado. El director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Todd Lyons, llegó a asegurar que quiere que las deportaciones de migrantes en Estados Unidos como un “Amazon para seres humanos”.

Sin embargo, la campaña de deportaciones de Trump está bajo el escrutinio de los tribunales por detener a migrantes sin antecedentes criminales o con algún tipo de estatus legal. El Tribunal Supremo ordenó “facilitar” la vuelta a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Abrego García, enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal por un “error administrativo”.

El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EEUU que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense. Abrego, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El Gobierno de Trump llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.

El Ejecutivo de EEUU envió al CECOT a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

El Gobierno invocó una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones, que llevó a cabo en marzo a pesar de que un juez había ordenado frenar de inmediato los vuelos de deportación. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.

Desde que tiene uso de razón, a Andry José Hernández Romero le cautiva el día de Reyes, el 6 de enero, que da fama a su ciudad natal en Venezuela. Solía participar, junto a miles de cristianos, en las fiestas que se celebran en las calles de Capacho para conmemorar este día.

A los siete años, Andry se convirtió en un mini rey, como se conocía a los miembros del grupo de teatro juvenil del pueblo, Los Mini Reyes. Más tarde, se tatuó dos coronas en las muñecas para recordar las celebraciones carnavalescas de la Epifanía y sus raíces católicas. “La mayoría de los capacheros se tatúan una corona, a menudo añadiendo el nombre de su padre o de su madre. Mucha gente de la ciudad luce estos tatuajes, es una tradición que empezó en 1917”, dice Miguel Chacón, presidente de la fundación Reyes Magos de Capacho.

Los agentes de inmigración de Estados Unidos no parecen conocer esta tradición latinoamericana. En agosto, detuvieron a Hernández después de cruzar la frontera sur para acudir a una cita programada para la solicitud de asilo en la ciudad de San Diego. Maquillador, peluquero y amante del teatro de 31 años, Hernández es gay y explicó a los agentes que huía de la persecución derivada de su orientación sexual y sus opiniones políticas. Apenas unas semanas antes, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, había desatado una fuerte represión entre acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales tras 11 años en el poder.

Los agentes consideraron que los tatuajes de Hernández son una prueba de que es miembro de la pandilla más conocida de Venezuela, el Tren de Aragua, y que representa una “amenaza para la seguridad” de Estados Unidos. Según documentos judiciales publicados recientemente, un agente del centro de detención de Otay Mesa, en California, alegó que “el detenido Hernández porta [sic] tatuajes 'coronas' que coinciden con los de un miembro del Tren de Aragua”.

Esa valoración de menos de 20 palabras parece haber sellado el destino del joven estilista venezolano, pero sus amigos, su familia y sus abogados dicen que nunca ha cometido ningún delito. El 15 de marzo, tras más de seis meses detenido en Estados Unidos, Hernández fue uno de los muchos venezolanos trasladados en avión desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. Para horror de sus familiares, algunos detenidos desfilaron ante las cámaras y fueron grabados mientras los guardias los maltrataban y les afeitaban la cabeza antes de meterlos en las celdas.

“Dejen ir a mi hijo. Revisen su expediente. No es un miembro de una pandilla”, suplica la madre de Hernández, Alexis Dolores Romero de Hernández. La mujer de 65 años intenta procesar que su hijo es uno de los muchos presos que ha desaparecido entre los muros del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, El Salvador.

No sabe nada de él desde que la víspera de su traslado le llamó para comunicarle, erróneamente, que iba a ser deportado a Venezuela. “Todo el mundo tiene esas coronas, mucha gente. Pero eso no quiere decir que estén involucrados en el Tren de Aragua... Él nunca ha tenido problemas con la ley”, dice la madre de Hernández. “No sabemos nada. No nos dan ninguna explicación. No dan información. Ese es el mayor dolor, no saber nada de estos jóvenes, sobre todo del mío”.

“Es completamente inocente”

La situación de su hijo ha causado indignación en Táchira, el estado occidental donde creció. Los lugareños abarrotaron la pintoresca iglesia del siglo XIX de Capacho, San Pedro de la Independencia, para exigir su libertad. “Estamos hablando de alguien que ha participado en las celebraciones del Día de Reyes de Capacho durante 23 años”, dice Chacón, que lidera la campaña. “Por eso estoy haciendo todo lo posible para que este joven sea puesto en libertad. Es completamente inocente”.

Krisbel Vásquez, manicurista de 29 años, niega que su amigo, alguien “tranquilo, amable y sencillo” sea un villano. “Lo conozco de toda la vida. Él nunca ha molestado a nadie”, dice, y pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que reconsideren su decisión. Xiomara Ramírez, de 57 años, explica que su hijo creció con Hernández, y que ambos hacían los deberes juntos en su casa. “Me pregunto por qué tanta injusticia. ¿Por qué Estados Unidos no da oportunidades a personas buenas como Andry?”, pregunta Ramírez.

Melissa Shepard, abogada del Centro para la Defensa Legal de los Migrantes, con sede en California, que representa a Andry, se muestra perpleja por el hecho de que su cliente, “muy dulce, amable y considerado”, haya sido encarcelado en “uno de los peores centros penitenciarios del mundo”. “El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos haya cogido a alguien tan vulnerable y lo haya puesto en una situación tan aterradora es horrible. Nuestro miedo es que si esto le puede pasar a él, le puede pasar a cualquiera”, dice.

La creciente indignación por la grave situación de Hernández, y la de otros venezolanos aparentemente inocentes deportados a El Salvador por sus tatuajes, se está extendiendo a lugares insospechados. “Es horrible”, dijo en su último programa Joe Rogan, un podcaster que apoya a Trump. Rogan ha apoyado la ofensiva de Trump contra los “criminales” venezolanos que, según el presidente, aterrorizan a EEUU. “Pero no [dejemos] que peluqueros gays inocentes sean metidos en el mismo saco que las bandas”, ha afirmado en su programa. “¿Cuánto tardarán en salir? ¿Cómo podemos sacarlos de la cárcel? ¿Hay algún plan en marcha para alertar a las autoridades de que han cometido un grave error y corregirlo?”.

Lo cierto es que nada parece indicar que la Administración Trump vaya a reconsiderar su decisión de enviar a tantos venezolanos a El Salvador basándose pruebas tan poco sólidas. El lunes, Trump agradeció a Bukele que El Salvador haya acogido a otro grupo de presuntos delincuentes latinoamericanos “¡y darles un lugar tan maravilloso para vivir!”. Por su parte, Bukele ha afirmado que las deportaciones son “un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, y que los 17 integrantes del grupo eran “asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil”.

En un encuentro con los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ofendió cuando se le preguntó sobre el uso por parte de los agentes de un “sistema de puntos” para clasificar a los detenidos como miembros de pandillas en función de sus tatuajes o su atuendo. “Vergüenza debería darle a usted y vergüenza a los principales medios de comunicación por tratar de encubrir a estos individuos [criminales]”, respondió, asegurando que se utiliza “una letanía de criterios” para identificar correctamente a “terroristas extranjeros” o “extranjeros criminales ilegales” para su expulsión.

Shepard cuestiona la afirmación de la Administración de que detenidos como Hernández están siendo “expulsados”. “Ha desaparecido”, afirma. “Sé que el Gobierno intenta utilizar el lenguaje de que fue 'expulsado' [pero]... lo cierto es que ha desaparecido”.

“Quería ayudarnos y cumplir su sueño”

A miles de kilómetros de distancia, en Capacho, la madre de Hernández habla con tristeza de cómo su hijo decidió el pasado mayo, en contra de los deseos de su familia, salir de un país económicamente deteriorado y emprender el peligroso viaje hacia el norte a través de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. “Se marchó porque quería ayudarnos... y cumplir su sueño”, dice Hernández. “Ahora la realidad es muy distinta”.

En una tarde reciente, ella y cientos de manifestantes llenaron la iglesia de San Pedro para su última vigilia en apoyo de Hernández. Entre la multitud había tres hombres disfrazados de Reyes Magos, con barbas postizas y diademas salpicadas de joyas falsas. Portaban placas con las palabras 'conciencia', 'justicia' y 'libertad'.

“Nosotros, su familia y todo el pueblo respondemos de la inocencia [de Hernández]. No es posible que, en Capacho, tener un tatuaje de una corona sea un símbolo de orgullo, pero para él, sea una prueba de que es un criminal”, dice Chacón. “Sé que Trump es un buen hombre y Bukele es un buen hombre. Pero no puede ser que hayan mandado a este joven a la cárcel. Debe haber muchos otros jóvenes en la misma situación”.

Traducción de Emma Reverter.

MU

La batalla judicial de la administración de Donald Trump para poder usar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones finalmente llegó a la última instancia: el Tribunal Supremo. Los abogados de la Casa Blanca presentaron este viernes un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial para solicitar que se levante el bloqueo impuesto por el juez federal James Boasberg a la invocación de dicha norma a mediados de marzo.

Fue con el recurso a esta norma de finales del siglo XVIII con lo que el gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador, y sin un proceso judicial, por su supuesta vinculación con el grupo criminal El Tren de Aragua.

El recurso de emergencia presentado ante el Supremo pide al alto tribunal que anule el bloqueo de Boasberg al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para poder seguir utilizándola y deportar sin garantías procesales a todas aquellas personas que el gobierno considere vinculadas con la banda criminal. La petición se enmarca en la guerra abierta que el presidente estadounidense declaró contra el juez federal, quien sigue investigando si Trump violó su orden al deportar a los más de 200 venezolanos a El Salvador.

La Casa Blanca negó haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en conferencia de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que Boasberg emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no facilitó la hora de despegue al juez. De hecho, el lunes por la noche, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación. Ahora, los abogados de los venezolanos deportados tienen hasta el 31 de marzo para presentar un recurso.

A nivel legal, se trata de uno de los casos más sensibles, ya que si el Tribunal Supremo da la razón al presidente, este tendría carta blanca para acelerar su campaña de deportaciones. Familiares de muchas de las personas venezolanas enviadas a las prisiones de El Salvador denuncian que sus maridos, parejas, hermanos o hijos no tienen ninguna vinculación con El Tren de Aragua. Todos afirman que los deportados fueron detenidos únicamente por sus tatuajes, a pesar de que estos no tenían relación con el grupo criminal.

Uno de los últimos casos conocidos es el de Arturo Suárez Trejo, quien, según explica su esposa a Mother Jones, no tiene ninguna conexión con El Tren de Aragua y está convencida de que lo detuvieron por sus tatuajes. Entre otras imágenes, lleva un colibrí en el cuello y un símbolo de solidaridad con el autismo que Suárez se tatuó en honor a su hermano pequeño, quien fue diagnosticado con dicha condición. Las personas a las que se les aplica la Ley de Enemigos Extranjeros prácticamente pierden el derecho a presentarse ante un juez, por lo que basta con una acusación del gobierno para que sean deportadas.

Cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, lo hizo declarando una supuesta “invasión” de la banda venezolana El Tren de Aragua en Estados Unidos. Los grupos defensores de los derechos de las personas migrantes temen que, de activarse la norma, esta suponga una estigmatización de la comunidad migrante venezolana e incentive aún más las detenciones de personas de esta nacionalidad.

La solicitud llega después de que el tribunal de apelaciones del circuito de Washington denegara el mismo recurso presentado por la administración Trump. Durante los argumentos iniciales, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un mejor trato cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos.

La ley de 1798 fue creada para tiempos de guerra con el fin de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes consideradas colaboradoras de países enemigos. Entre otros aspectos, la ordenanza permite la expulsión sin proceso judicial de quienes sean objeto de su aplicación. Antes de Trump, la norma solo se ha utilizado en tres ocasiones. La última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo la deportación de cerca de 250 personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII invocada la víspera. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se había ofrecido a encarcelarlos en sus prisiones y ha confirmado el internamiento de 238 venezolanos en una prisión de máxima seguridad del país centroamericano.

El líder salvadoreño había solicitado en las últimas semanas a la nueva administración estadounidense el envío de “dos peligrosos líderes” de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) “y 21 de sus más buscados para que comparezcan ante la justicia en su país”, algo que el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó haber cumplido.

A cambio de estas entregas, Rubio detalló en la red social X (antes Twitter) que Bukele ha ofrecido mantener a los deportados, a los que EEUU acusa de ser miembros del Tren de Aragua, declarado por el Gobierno estadounidense como grupo terrorista, “en sus excelentes cárceles a un precio justo”, lo que en su opinión “también ahorrará dinero” a los contribuyentes del país norteamericano.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense. Rubio defiende que Donald Trump “está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense” y que la expulsión de “cientos de criminales violentos” nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.

Bukele confirmó la llegada de los 238 venezolanos a través de un mensaje en la misma red social, así como su “inmediata” transferencia a la prisión denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo por un periodo de un año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a estos supuestos integrantes del Tren de Aragua de “monstruos” y ha agradecido a Bukele el apoyo prestado en un mensaje publicado en su red social Truth Social: “Estos son los monstruos que el corrupto Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¡Cómo se atreven!”, afirmó, antes de agradecer la “comprensión” de Bukele: “¡No lo olvidaremos!”.

Trump se enfrenta a la justicia

Para acelerar las deportaciones contra estos presuntos miembros de la organización venezolana Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Poco después, un juez federal de Washington, el magistrado James Boasberg, había emitido una orden para bloquear cautelarmente la deportación de cualquier persona migrante bajo esta ley de hace tres siglos. Tras ello, amplió su veto para cubrir a todos los migrantes bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.

El magistrado obligaba en esta orden, que estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, a que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, fuera obligado a volver a Estados Unidos, algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Según publica el diario digital estadounidense Axios, la Casa Blanca ha ignorado de forma consciente esta orden judicial porque ya sobrevolaban “aguas internacionales” y la sentencia no se aplicaba, citando como fuente un alto funcionario de la administración Trump, que señala que el asunto llegará al Tribunal Supremo.

De acuerdo con Axios, los asesores de Trump sostienen que el juez federal James Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden, aunque otra fuente defiende la actuación de la Casa Blanca alegando que la orden judicial llegó “demasiado tarde” para que los aviones pudieran cambiar su rumbo y que su administración no está “desafiando activamente” las órdenes de un tribunal. Lo cierto es que, como señalaba un activista estadounidense que hace seguimiento a asuntos relacionados con la inmigración, en el momento de emisión de la orden los vuelos aún no habían aterrizado en El Salvador.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha solicitado al Ejecutivo estadounidense que demuestre que estas deportaciones no han violado el bloqueo judicial emitido el sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. “Hemos pedido al gobierno que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación”, detallába en un comunicado recogido por EFE el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.

Según establece el escrito firmado por Donald Trump, se quiere usar la ley para perseguir a los migrantes venezolanos relacionados con el Tren de Aragua, pero como publicaba en febrero EFE al menos tres personas de nacionalidad venezolana han sido detenidas bajo el argumento de estar relacionadas con la banda criminal a pesar de que sus familiares denuncian lo contrario. Dichas personas fueron enviadas a Guantánamo y no tienen antecedentes penales que las asocie con el Tren de Aragua, algo que sí asegura el gobierno, que no ha dado información pública sobre los detenidos en la isla. El único rasgo común que compartían los tres hombres detenidos es que tenían tatuajes.

Caracas rechaza las deportaciones

El Gobierno venezolano ha rechazado este mismo domingo la decisión del presidente estadounidense y considera que “criminaliza, de forma infame e injusta”, a los migrantes venezolanos. Mediante un comunicado emitido por la cancillería del país latinoamericano, Venezuela ha expresado su contundente rechazo al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que califica de “ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.

El Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro considera que esta decisión “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad” y denuncia una “persecución” sobre los venezolanos en Estados Unidos. “Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas”, enfatiza la cancillería en el comunicado.

“No son terroristas, no son criminales ni 'enemigos extranjeros'. Son víctimas”, defiende el gobierno bolivariano, que acusa además a los dirigentes opositores de solicitar “una y otra vez” la aplicación de medidas“ unilaterales”, así como de crear una “red criminal de coyotes”. Además, insiste en que los venezolanos que abandonaron el país lo hicieron para buscar “alternativas de vida” y por razones económicas cuya causa atribuye al “bloqueo criminal” ejercido sobre Venezuela por Estados Unidos.

“No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes”, añade el comunicado, en el que se avanza que Venezuela acudirá a instituciones internacionales para hacer frente a una decisión que considera “un precedente peligroso” contra toda la región.

“Vamos a ir a la Comisaría a resolver un problemita. Sabemos que no son pandilleros”, le dijeron a Manuel los agentes de policía que, bajo engaño, lo detuvieron junto a su sobrino. Manuel de Jesús Gutiérrez Palacios, un lanchero turístico de El Salvador, jamás imaginó que sería arrestado en la Isla del Espíritu Santo, un lugar donde nunca se habían visto pandilleros.

Ese día, Manuel estaba junto a su padre cuando llegaron los agentes a pedir la documentación de todas las embarcaciones. Aunque todo estaba en regla, los agentes le pidieron que les llevara al puerto, subiendo también a su sobrino. Mientras se tomaban fotos y vídeos en su lancha, les informaron que quedarían detenidos bajo el régimen de excepción, prometiendo solo 15 días en la cárcel.

Esos 15 días se convirtieron en 11 meses en los que fue trasladado de penal en penal intentando probar su inocencia. A pesar de contar con una carta de libertad, problemas administrativos prolongaron su detención.

El régimen de excepción declarado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha permitido el encarcelamiento de alrededor de 107,927 personas sin juicio, privándoles de derechos y, en muchos casos, sin pruebas claras de su asociación con pandillas. Sin embargo, el presidente presume de los datos: “El país se curó de las pandillas”, llegó a decir al jurar para un segundo mandato. Sin embargo, los expertos advierten que la falta de transparencia oculta otra realidad sobre las consecuencias de la política del presidente contra las pandillas.

Bukele basa el éxito de su política en el descenso de homicidios. No obstante, Edwin Segura, jefe de datos en La Prensa Gráfica, señala que ya hubo una reducción de más del 50% en los homicidios antes de que Bukele asumiera el poder en 2019.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en 2015 hubo 106.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 fueron 38, y en 2021, un año antes de la declaración del régimen de excepción, ya estaban en 18.1. Así, antes del régimen, ya había una reducción del 82% en homicidios. También, desde 2019 hasta 2021, los reclusos se redujeron de 38,114 a 36,663.

Muchos de los detenidos durante el régimen de excepción han sido juzgados en procesos masivos y colectivos cuestionados por los relatores especiales de la ONU por su falta de garantías. Manuel fue sometido a uno de estos procesos y denuncia que los cargos contra él cambiaron tres veces debido a la falta de pruebas.

Desde Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, como directora, ha denunciado estos juicios masivos a través de las redes sociales y declaraciones formales. La experta, cuya organización tiene experiencia en la defensa de estos acusados, ha destacado que pueden llegar a figurar desde 500 hasta 1,500 acusados.

Bukele ha encarcelado a miles de inocentes como Manuel, tanto por confundirlos con pandilleros como por retar al régimen, explica Escobar. En el caso de Manuel, el lanchero quedó en libertad no por el juicio, sino que, tras verificar su documentación, le comunicaron que se había producido un error.

Actualmente, el Decreto 803 del Código Penal de la Asamblea Legislativa le otorga facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar a los acusados pertenecientes a una misma estructura criminal en un solo proceso penal. Más aún, establece un plazo de 24 meses para iniciar los procedimientos judiciales de las personas detenidas por el régimen. 

“A pesar de las denuncias por parte de los mismos jueces, aunque el decreto no lo mencione textualmente, la práctica de este se traduce a la suspensión de las investigaciones de casos judiciales de las personas víctimas del régimen mientras la Fiscalía organiza los acusados por territorios y estructuras a procesar”, dice Escobar.

Más aún, todos los datos oficiales están en reserva por siete años a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Con el Artículo 19 de esta legislación como base, justifican la falta de transparencia. Este protege a todos los datos “que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” o que “menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”. Por este motivo, las únicas estadísticas disponibles se hacen públicas desde las redes sociales oficiales del presidente salvadoreño.

Leslie Schuld, presidenta de la Asociación Centro de Intercambio y Solidaridad, sostiene que el presidente ha creado una paz mediática, no real, y explica que en barrios pobres sin criminalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) está vaciando las comunidades, mientras muchos pandilleros siguen en las calles. Schuld cree además que el régimen de excepción está fragmentando aún más la sociedad, lo que provocará una reestructuración de los grupos criminales en lugar de su eliminación.

La Administración de Bukele justificó la implementación del régimen de excepción con los asesinatos de 62 personas en 24 horas, y más de 80 en solo tres días. Se ordenaron arrestos masivos y se implementó un severo régimen de excepción que ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, cuenta que hay un archivo de pandilleros que ha facilitado el proceso. Sin embargo, la Policía se vio obligada a ignorar este listado al imponerles cuotas diarias de detenidos, lo que produjo capturas arbitrarias y detenciones injustas, denuncia Reyes.

Por su parte, José Cruz, investigador en temas de seguridad, violencia y pandillas, explica que los asesinatos no son el delito principal de las pandillas, sino una consecuencia de la falta de acuerdos con los gobiernos. Cruz añade que en El Salvador hay una costumbre de líderes políticos pactando con pandillas, una tradición que Bukele ha continuado.

Pactos con las pandillas

Cruz también menciona que, a pesar de lo que Bukele presenta públicamente, su éxito está relacionado con negociaciones con pandillas a la vez que la represión en las calles. Según el periódico El Faro, el inicio del régimen de excepción fue el final del pacto con las pandillas, aunque algunas fuentes sugieren que el pacto sigue en pie.

Por su parte, Manuel denuncia que durante su encierro observó un trato preferencial hacia algunos pandilleros: mejores celdas, un gimnasio, más comida y visitas. “La cárcel es un sistema corrupto que protege a los pandilleros ofreciéndoles una mejor calidad de vida, mientras los pobres vivimos bajo agobio”, dice Manuel, señalando que los pandilleros disfrutan de ciertas libertades permitidas por las autoridades.

Zaira Navas, abogada jefa de la ONG por los derechos humanos Cristosal, sostiene que la efectividad de una política de seguridad no puede ser tan inmediata como ha ocurrido en El Salvador, lo que indica la existencia de un pacto con las pandillas. Reyes dice que antes de implementar el régimen, líderes de la MS-13 entregaron armas, vehículos y droga, facilitando sus capturas. Sin embargo, los recursos no han sido incautados, dejando dudas sobre su paradero, explica.

En cuanto a Barrio 18, Reyes cuenta que el Gobierno ordenó no capturar a sus miembros durante la etapa inicial del régimen de excepción, permitiendo que los líderes huyeran, en su mayoría a Honduras. De hecho, el pasado 26 de septiembre se registró la entrega de dos de estos líderes, Alexis Asael Climaco Zelaya, alias “El Pijudo” o “Cuervo”, y Luis Antonio Aguirre González, conocido también como “Ángel Negro” o “Culicha”, a la justicia salvadoreña por parte de las autoridades hondureñas.

Escobar cree que la confirmación oficial de esta tregua se evidenciará cuando los líderes de la MS-13 se enfrenten a los tribunales de Nueva York, luego de ser capturados por el FBI y añade que, al contrario de lo expuesto en muchos medios de comunicación, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido e inaugurado por el Gobierno de Bukele como la cárcel más grande de América, tiene solo a 14,000 presos, todos pandilleros encarcelados antes del régimen.

Mientras tanto, víctimas reales del régimen de excepción están en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona) y de Izalco, donde estuvo Manuel, quien afirma que son más los civiles que los pandilleros encarcelados. “Es propaganda y una campaña mediática muy bien hecha”, sostiene Escobar elogiando el equipo de comunicación de Bukele.

Juan Martínez, experto en pandillas y antropólogo, opina que el régimen de excepción convierte al Gobierno salvadoreño en una mafia de Estado que reemplaza a las maras. “Se crea un grupo de crimen organizado más eficiente y poderoso que las maras, pues controla el Estado, el ejército y la Policía”, ha explicado. 

“El Gobierno sustenta sus políticas con la información que le conviene”, dice Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, señalando la falta de transparencia y acceso a datos públicos. En ese sentido, Escobar cree que como parte de un pacto con las pandillas, muchos asesinatos no se hacen públicos ni los cadáveres se dejan en las calles; en su lugar, son enterrados en fosas clandestinas, de las que se descubrieron medio centenar entre 2019 y 2022.

“El impacto del régimen de excepción en la reducción de la criminalidad es psicológico, una sensación de seguridad que no es permanente ni real”, concluye Escobar.

DM

Blue Star Group, la compañía argentina reconocida por sus marcas Isadora y Todomoda, anuncia su llegada a El Salvador como parte de su plan de expansión en Centroamérica. El Salvador se presenta como uno de los mercados estratégicos de la región. Su similitud con México, donde las marcas del grupo ya han alcanzado una madurez significativa, asegura solidez en la implementación.

La expansión en el país se llevará a cabo en alianza con Impulso S.A. de C.V. y Tendencia S.A., dos empresas locales con más de 20 años de experiencia en retail de moda, que operan junto a marcas internacionales y tiendas multimarca, además de estar presentes en más de 50 tiendas en los principales centros comerciales. El plan inicial para el país contempla la apertura de 15 tiendas para los próximos años, tanto en la capital como otras ciudades del país. Las primeras aperturas tendrán lugar en el shopping Galerías, donde ambas marcas abrirán sus puertas.

La llegada de Blue Star Group a El Salvador marca un nuevo capítulo en su expansión en América Latina. Próximamente, BSG llegará a Guatemala para continuar con su presencia en Centroamérica.

En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.

El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.

Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.

Bukele metió entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.

Sin vínculos con las pandillas

La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.

En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.

Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.

Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.

Revisar los casos

El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.

La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.

“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.

Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.

La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.

Traducción de Francisco de Zárate

La ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) impulsado por su presidente Nayib Bukele, con quien está previsto que se reúna. También visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) e intercambió pareceres con su par salvadoreño Gustavo Villatoro, con la intención de reforzar la seguridad. 

Como primera actividad luego de haber aterrizado en tierras caribeñas durante la noche del sábado, Bullrich asistió la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) donde fue recibida por el director de la institución, César Flores Murillo.

La ANSP se encarga de la formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad pública de El Salvador. 

En el marco de la recorrida, Bullrich puso atención a las distintas actividades de formación, se interiorizó en los programas educativos y protagonizó intercambios sobre las prácticas implementadas en la profesionalización de las fuerzas policiales.

Como parte del cronograma, recorrió después el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la cárcel más grande de América, uno de los hitos de la gestión de Bukele. Se trata de un organismo de máxima seguridad, diseñado específicamente para albergar a miembros de pandillas y presos calificados de “alta peligrosidad”. 

El centro de detención está ubicado en una zona rural, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, y alberga a 40 mil presos. La ministra que responde a Javier Milei recorrió las instalaciones y tomó nota de las medidas de seguridad implementadas. 

Su puesta en pie es parte de la estrategia del gobierno salvadoreño para combatir y desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el país. En la misma línea y al frente de la cartera de Seguridad, destacó la centralidad de contar con centros penitenciarios especializados en la lucha contra el crimen organizado.

Participaron de la visita Julian Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios; Alberto Föhrig, director nacional de Cooperación Internacional; Ricardo Ferrer, director nacional de Inteligencia Criminal y Juan Pablo Arenaza, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Reunión con Bukele

En las próximas horas, Bullrich mantendrá una reunión Nayib Bukele, luego de intercambiar pareceres en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en febrero, en Washington, Estados Unidos.

A principios de junio, Javier Milei dio el presente en la ceremonia de reconfirmación de mando de su par salvadoreño e incluso mantuvo una bilateral entre los dos referentes derechistas. 

Tras su llegada, la funcionaria destacó a través de sus redes: “De un país tomado por la violencia, el narcotráfico y por las maras que asesinaron 150 mil salvadoreños, a uno de los países más seguros del mundo, donde las familias recuperaron su vida y viven en paz. Este es el camino. Duros contra los criminales. Libertad para los argentinos de bien”.

DM con información de agencia NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viaja mañana a la República de El Salvador, para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El sábado por la noche, Bullrich pisará el país centroamericano, donde será recibida por el embajador Sergio Iaciuk.

El domingo tiene previsto recorrer el CECOT, la cárcel más grande de América con capacidad para 40 mil presos. El centro de detención se emplaza en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador.

Antes, visitará la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) donde mantendrá un encuentro con el director César Flores Murillo.

La agenda también incluye una reuniones con los ministros de Defensa Nacional y Justicia y Seguridad, Francis Merino Monroy y Gustavo Villatoro y visita a Centros Penales y de Inteligencia con el fin de intercambiar información con funcionarios de dichas áreas.

Bullrich también se reunirá con el director del Cuartel Central de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas y con Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.

Con foco en la seguridad pública, principalmente en la ciudad de Rosario (Santa Fe), la ministra Bullrich está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. 

De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios cada 100 mil habitantes, pasó a tener 2 cada 100 mil, según estadísticas que difundió el Ministerio. Las medidas de Bukele fueron ampliamente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

CRM con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de asunción de su par de El Salvador, Nayib Bukele, y emprendió el regreso a la Argentina, tras la gira que también lo había llevado a la ciudad estadounidense de San Francisco.

El líder de La Libertad Avanza fue uno de los jefes de Estado extranjeros que asistió al acto realizado en el Palacio Nacional, ubicado en la ciudad de San Salvador.

Tras la asunción, Bukele recibió a los representantes de distintos países, incluido el mandatario argentino.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente saludó afectuosamente a su par salvadoreño.

Luego, el Presidente mantuvo una reunión privada en la Casa Presidencial con su par de El Salvador, quien lo recibió en su despacho tras la Ceremonia de Investidura.

AB con información de agencia NA.

El presidente Javier Milei termina en El Salvador su octavo viaje en seis meses para asistir a la toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. El mandatario argentino estuvo por quinta vez en Estados Unidos, donde exhibió en redes sociales un encuentro con Mark Zuckerberg, fundador de Meta, y no podía faltar como invitado en la ceremonia de Bukele, con quien tiene sintonía política y se cruzó en el foro trumpista CPAC el pasado febrero. 

A Milei y a Bukele los une un liderazgo disruptivo, la simpatía hacia los republicanos estadounidenses, la política de mano dura contra el crimen y la actualización del discurso de los años 90 que presenta las inversiones extranjeras como la solución mágica a los problemas económicos. Eso sí, sin que el Estado regule ni intervenga para mejorar la situación de la población más vulnerable.

Con todas las diferencias geográficas en América Latina –uno proviene del sur y el otro, del centro– y en el tamaño de las dos economías, es característico en Milei y Bukele que se presenten como adalides de una nueva manera de hacer política. Ambos manejan la lógica del amigo-enemigo y abundan en utilizar redes como X (antes Twitter), TikTok e Instagram para hacerse propaganda. 

Más seguridad, menos derechos en El Salvador

En el caso de Bukele, su guerra contra las pandillas (el enemigo) y los logros en seguridad –pese a los cuestionamientos por su autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos– fueron las claves para su reelección en febrero. Las imágenes que difundió de miles de miembros de la Mara Salvatrucha 13, esposados y con las cabezas agachadas, y los torsos desnudos, dieron la vuelta al mundo. El estado de excepción dejó más de 79.900 detenciones y fue extendido en 26 ocasiones por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, órgano que fue pieza vital para su implementación y asignación de recursos sin análisis ni debate.

El Salvador venía de registrar en 2015 su año más mortífero con una tasa de unos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que en 2018 bajó a 50,3 y siguió cayendo con la llegada de Bukele, hasta llegar a 36 en 2019. En 2020 fue de 21,2; en 2021, de 18,1; y en 2022 se registró una caída a 7,8, según los datos oficiales. Sin embargo, las organizaciones humanitarias registraron más de 6.000 denuncias de atropellos y abusos, entre detenciones arbitrarias y torturas, además de 240 muertes de personas en custodia policial.

Carlos Monterroza, profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señala que la popularidad de Bukele empezó a sedimentarse siete años atrás, antes de llegar al Ejecutivo. “Se mostró como un joven que presentaba una nueva forma de hacer política frente a los viejos actores. Fue alcalde primero de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego, de San Salvador, la capital (2015-2018). Su liderazgo es ejecutivo y vertical. La sociedad salvadoreña tiene una cultura política autoritaria: puede tolerar figuras autoritarias que le garanticen seguridad incluso a costa de sacrificar derechos”.

Como Milei, comparte elementos de outsider, afirma Monterroza. “Ha usado a los partidos como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) como un medio para un fin, no fue militante”, aunque fue alcalde de Nuevo Cuscatlán por esta formación izquierdista. Bukele tenía una empresa familiar que vendía servicios de publicidad al Gobierno de Mauricio Funes. En 2018 Bukele asumió la alcaldía de la capital con una coalición de derecha. Y más tarde crearía el partido Nuevas Ideas. 

Outsiders y malos gestores económicos

Bukele asume nuevamente la presidencia con un marcado contraste entre los logros de seguridad y una economía con una de las menores tasas de crecimiento de América Latina y en constante necesidad de financiación del Ejecutivo, incluso a costa de los fondos de pensiones de los trabajadores. En una economía dolarizada hace más de 20 años, hoy los precios de algunos productos se asemejan a los de Miami. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) dio a conocer que la situación económica desplazó a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños.

En el caso argentino, después de tan sólo seis meses de gobierno libertario, cuyo enemigo es “la casta política”, el derrumbe de la actividad económica es comparable al de la pandemia y la crisis de 2002. La megadevaluación de Milei del 13 de diciembre fue la mayor en los últimos 50 años, aseguran voces expertas. Los recortes al gasto público en áreas clave como la salud y la educación, y el fantasma del desempleo son las grandes preocupaciones de los argentinos. Sin embargo, el presidente aún goza de un 46% de apoyo ciudadano, según una encuesta del Centro de Estudio de Opinión Pública.

En medio de la recesión, el mandatario argentino promete inversiones. En su último viaje a San Francisco (EEUU), tuvo un encuentro con el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, en la sede de su empresa en Palo Alto y, antes, con el CEO de Google, Sundar Pichai, y el de Apple, Tim Cook. Milei se mostró generoso con los popes de las empresas tecnológicas: llegó a ofrecerle a Cook una legislación para las inversiones tecnológicas sin control estatal. Se trata de un ofrecimiento nada desdeñable en un mundo donde predominan los controles estatales sobre los desarrollos tecnológicos.

En febrero pasado, Bukele y Milei participaron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Ambos dirigentes le hablaron a una audiencia cuyo máximo referente era Donald Trump, el hoy condenado por la justicia neoyorquina en el caso por pago de sobornos a una actriz porno y candidato presidencial en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En la CPAC quedó bien claro cuál es el norte de ambos. 

MLSM/CRM

Luego de su estruendosa visita a España, en la que se mostró en un acto partidario junto a la ultraderecha de Vox y protagonizó un cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei no detendrá su raid internacional y viajará este lunes nuevamente a los Estados Unidos. Será la cuarta vez que el Presidente pise el suelo de ese país del norte desde su asunción al frente de la Presidencia. Y, al igual que las oportunidades anteriores, su agenda no prevé reuniones con miembros del gobierno de Joe Biden. En los términos del propio Milei, el viaje tiene como objetivo la búsqueda de inversiones, con una reunión con el director de Meta, Mark Zuckerberg, como plato fuerte, y su participación, el 30 del mayo, en un encuentro tecnológico en Silicon Valley, en la ciudad de San Francisco.

“El 27 de mayo salimos para San Francisco y vamos a tener reuniones con todos los popes de temas tecnológicos, entre ellos Mark Zuckerberg”, dijo Milei en una de las entrevistas que concedió la semana que pasó, marcada por los rumores de eventuales cambios en el gabinete. De acuerdo con lo estipulado, más allá del encuentro con el fundador de Facebook, el Presidente mantendrá también reuniones con representantes de otras empresas tecnológicas además de Meta, como son OpenAI, Apple y Google. Además, estaría previsto un nuevo encuentro con Elon Musk, el magnate dueño de la empresa Tesla con quien el libertario ya se vio en dos oportunidades.

Pero el itinerario de Milei fuera de la Argentina no se detendría ahí. Según indicaron fuentes de la Casa Rosada, la intención del Presidente también sería acercarse a El Salvador para participar de la asunción de Nayib Bukele en su segundo mandato, cuya ceremonia tendrá lugar el 1° de junio en ese país centroamericano. El salvadoreño había sido uno de los invitados especiales a la toma de mando del mandatario argentino en diciembre pasado, pero finalmente no pudo asistir y envió en su lugar al ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro.

Luego de su visita a España de comienzos de mayo, Milei volverá a Europa en junio para participar del G7, que sesionará entre el 13 y el 15 de ese mes en en Borgo Egnazia, Italia. A ese itinerario se le sumó recientemente la invitación que le realizó su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, a una “cumbre por la paz” a realizarse el 15 y 16 de junio en Burgenstock, Suiza. Milei y Zelenski compartieron una reunión virtual el pasado 10 de mayo, lo que significó un nuevo gesto en el posicionamiento geopolítico del líder de La Libertad Avanza en su búsqueda por convertir a la Argentina en el principal aliado de Kiev en América Latina.

Una semana después de ese compromiso, el 21 de junio, el Presidente tiene previsto pisar nuevamente Madrid para ser premiado por el Instituto liberal Juan de Mariana por “su defensa a las ideas de la libertad”, una condecoración que tendrá lugar en el marco de la denominada Cena de la Libertad. Al día siguiente de ese evento, en tanto, volaría hacia Alemania para ser galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en honor al Nobel de economía y una de las principales referencias intelectuales de Milei, Frederic von Hayek, en reconocimiento por “la lucha por la noble causa de la libertad, en el plano académico y ahora en el plano político”.

“La agenda internacional es una de nuestras prioridades”, repiten en Balcarce 50 en referencia a los sucesivos vuelos de Milei al exterior, algo que contrasta notablemente con la nula presencia del Presidente en la provincias. Entre los numerosos viajes que realizó desde su llegada a la Casa Rosada se encuentran el de mediados de enero a Suiza, para participar del Foro de Davos, en donde expuso su visión acerca del “peligro” que encarnaría el socialismo para Occidente, y el protagonizado en febrero, cuando pisó territorio israelí y luego se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano.

PL/JJD