Las joyas han ocupado un lugar recurrente en los cajones de las familias que han podido permitírselo: alianzas que no se usaban, cadenas heredadas, relojes de oro asociados a una biografía. Hoy, muchas de esas piezas están saliendo de casa. El motivo no es solo la necesidad económica. El fuerte encarecimiento del oro en los últimos años, a pesar de la reciente volatilidad, ha transformado objetos cargados de simbolismo en activos financieros; y las casas de compra-venta de metales preciosos en un discreto termómetro social.

El oro ha vivido una revalorización histórica. Según explica el secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, el metal precioso ha llegado a subir cerca de un 70% desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, mientras que la plata ha rozado el 200%, a pesar de que en las últimas jornadas ambos han vivido vaivenes. “La subida responde a razones geopolíticas, a los conflictos internacionales y a la inestabilidad económica”, señala Rodríguez. A ello se suman las compras masivas de oro por parte de los bancos centrales y las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Frente a la volatilidad financiera y la pérdida de atractivo de otros activos tradicionales, el oro ha vuelto a ocupar un lugar central como valor refugio. “La incertidumbre es decisiva. La sociedad aprecia el oro como un valor seguro que a largo plazo se revaloriza y que, en circunstancias puntuales como las actuales, ofrece una revalorización inmediata y muy importante”, añade Rodríguez.

Del recuerdo al activo

El cambio de paradigma se refleja en el mercado físico. El analista de mercados para España y Latinoamérica en eToro, Javier Molina, subraya que el oro ya no se percibe solo como un refugio para momentos de crisis aguda, sino que “pasa a entenderse como un activo de preservación de valor estructural”. Además, concluye que eso altera el perfil de quienes acuden a casas de cambio, joyerías o establecimientos de compraventa de metales preciosos.

“Ya no se trata únicamente de personas que venden por una necesidad puntual”, apunta Molina. “Hay ahorradores y familias que monetizan patrimonio acumulado, inversores que realizan rotaciones tras años de subidas y perfiles patrimoniales que utilizan el oro como puente de liquidez dentro de una estrategia más amplia”. El foco, añade, se desplaza del objeto al activo: la joya deja de valorarse por su carga emocional y se mide cada vez más por su contenido en metal.

Esta lógica financiera convive, sin embargo, con trayectorias vitales muy distintas. Alberto Parra, controlador aéreo en Barcelona, vendió uno de los relojes de oro heredados de su padre. “Tenía un enorme valor emotivo, pero era imposible de llevar estéticamente”, cuenta. Decidió venderlo y comprar otro que pudiera usar. “Sé que he hecho un poco de trampa: no es el reloj de mi padre, pero a la vez sí lo es”. Para Parra, las joyas han perdido peso como instrumento económico, pero mantienen su dimensión emocional: “Antes eran una forma de traspasar riqueza familiar; ahora son más símbolos de recuerdo”.

Desde el sector insisten en que el aumento del precio ha convertido joyas guardadas durante años en una oportunidad financiera. “Las casas de compraventa funcionan como un termómetro social silencioso”, apuntan fuentes del gremio: reflejan tanto la presión económica como los cambios culturales en la relación con el patrimonio.

Vender sin urgencia (y también con ella)

El auge del precio del oro ha ampliado los motivos para vender. En las casas de compraventa coinciden perfiles muy distintos: personas mayores que liquidan joyas heredadas, jóvenes que no sienten apego por piezas familiares, compradores que adelantan decisiones ante la expectativa de nuevas subidas y, también, personas que buscan liquidez inmediata para afrontar gastos urgentes.

Irene Delafuente, estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid, vendió parte de la colección de joyas de su abuela materna. “Algunas piezas tenían un recuerdo sentimental, pero la mayoría no tenían un significado personal profundo”, explica. La decisión no fue difícil: conservaron las joyas más especiales y vendieron el resto. “Antes, las joyas estaban pensadas para pasar de generación en generación porque eran un bien valioso que no todo el mundo podía permitirse. Hoy hay joyas de todo tipo y a precios mucho más accesibles y ya no se valoran igual”, reflexiona.

Aunque el componente de urgencia sigue presente en algunos casos. Antonia García, auxiliar de enfermería, vendió las joyas que habían pertenecido a su suegra. “Significaban un recuerdo para mis hijos de sus abuelos fallecidos. Sí que me costó, pero necesitábamos el dinero”, explica. El importe obtenido se destinó a la formación de sus tres hijos, una decisión que, reconoce, tuvo un fuerte coste emocional. “Me costó deshacerme de ellas. Hoy en día espero que mis nietos sientan el mismo apego por las mías y que no las vendan si no es por una gran necesidad, ya que son un recuerdo de su abuela”.

Su testimonio muestra que la venta de joyas no responde siempre a una lógica financiera ni a una estrategia patrimonial. En muchos casos es una decisión atravesada por la necesidad y por la carga simbólica de objetos que funcionan como vínculo entre generaciones. Frente a quienes venden por oportunidad, también están quienes lo hacen como último recurso, aunque intenten preservar el significado de lo que se pierde.

Un termómetro del cambio generacional

El fenómeno se produce en un contexto de encarecimiento generalizado. Según datos publicados por elDiario.es, las joyas fueron uno de los productos que más subieron de precio en 2025, con incrementos superiores al 30%. Para Armando Rodríguez, sin embargo, el valor simbólico no ha desaparecido. “La joya forma parte de la cultura de los pueblos. A ese valor se añade ahora su consideración como una inversión segura y como un legado que no se consume con el uso”, sostiene. El desacuerdo no es tanto sobre la existencia del símbolo como sobre su centralidad.

Ahí emerge con fuerza el factor generacional. Donde antes había dote, ahorro familiar y transmisión, hoy hay liquidez, valor de mercado y desapego. Guardar o vender ya no es una decisión moral, sino práctica. Para muchas personas jóvenes, vender joyas heredadas no significa romper con el pasado, sino reinterpretarlo.

El oro vuelve a brillar, pero no exactamente por las mismas razones que antes. En un entorno de incertidumbre prolongada, deuda elevada y confianza erosionada en los equilibrios financieros tradicionales, las joyas salen del cajón y entran en la báscula. No siempre por necesidad. A menudo, simplemente porque ahora pesan más como activo que como recuerdo.

El precio del oro vuelve a romper récords este miércoles al superar los US$ 5.300 por onza (28,35 gramos), impulsado por la debilidad del dólar y la expectativa global por la decisión sobre las tasas de interés que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). A las 8.30 GMT, el metal avanza 2,53%, hasta los US$ 5.311,08, su valor más alto registrado.

Un inicio de año con subas aceleradas

El oro ya había superado esta madrugada la barrera de los US$ 5.200, y el martes había marcado otro récord en US$ 5.182,11.

En lo que va de enero, el metal acumula una suba del 22,82%, después de cerrar 2025 en US$ 4.319,37.

Por qué sube el oro: refugio y desdolarización

Analistas explican que el oro se consolidó como un activo esencial de diversificación, sostenido por dos factores principales:

Este doble impulso mantiene al metal en una tendencia alcista que se profundiza cada vez que el dólar se debilita o se anticipan cambios en la política monetaria estadounidense.

La plata también avanza

La plata acompaña la tendencia alcista: sube 2,05%, hasta los US$ 114,37 por onza.

El martes había escalado 7,85%, hasta los US$ 112, aunque sin superar su máximo reciente de US$ 117,71 alcanzado el día anterior.

EFE

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas del oro del país, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.

La presentación ingresó al juzgado de Loretta Preska, según dio a conocer el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en el posteo. Por otro lado, también desestimó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido.

“Esta madrugada Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el Ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, escribió en su cuenta de X el consultor, especialista en evaluación de riesgos crediticios, planificación financiera, sostenibilidad y gestión de riesgos en litigios.

“El oro es propiedad del BCRA, una entidad jurídica distinta del Estado Nacional y, conforme la práctica estándar de todos los bancos centrales, el BCRA preserva la confidencialidad de la ubicación y movimientos de sus reservas de oro”, explicó el Gobierno en su escrito.

Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.

El pedido ante Preska

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a comienzos de esta semana a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó en las últimas horas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) informar qué ocurrió con los lingotes de oro que fueron trasladados al exterior durante 2024. El fallo revoca una resolución de primera instancia que había avalado la reserva total de los datos y obliga a la autoridad monetaria a detallar —o justificar de manera precisa por qué no puede hacerlo— el destino de esos activos estratégicos.

La resolución, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, sostiene que la respuesta del BCRA se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no logró demostrar de qué modo la divulgación de la información podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país. Para el tribunal, la negativa vulneró principios básicos de transparencia y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública.

Para los jueces, se trata de “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales, y “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”, al tempo que destacó el Estado está obligado a demostrar, “de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido”.

Además, el tribunal hizo hincapié en que el Banco Central no explicó “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”.

En su momento, el BCRA se negó a dar a conocer los informes solicitados ya que, considera, que de esa manera se podría “exponer la ubicación geográfica de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales”, además de poner en riesgo la política cambiaria y la estabilidad del sistema bancario.

Un reclamo que escaló en los tribunales

El caso se originó a partir de pedidos formales de la Asociación Bancaria, que en 2024 solicitó conocer detalles sobre eventuales envíos de lingotes al exterior: montos, fechas, decisiones administrativas, funcionarios intervinientes, costos logísticos y destino final. La entidad sindical argumentó que la falta de información impedía ejercer un control ciudadano sobre decisiones que afectan la política monetaria y la administración de las reservas internacionales.

El Banco Central rechazó esos pedidos y declaró la “reserva total” de la documentación, amparándose en excepciones previstas en la Ley 27.275. Según la autoridad monetaria, revelar esos datos podría comprometer la seguridad de los activos y la estabilidad del sistema financiero. La Cámara consideró insuficiente esa fundamentación y recordó que las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva y siempre con una justificación concreta.

Qué había pedido Sergio Palazzo

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo presentó en julio pasado un pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, conteste “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas” del organismo “con destino al exterior”.

“Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017”, escribió el titular de la Asociación Bancaria en sus redes sociales.

El gremialista reclamó conocer si “existen operaciones de envío de lingotes de oro al exterior durante el mes de junio”. Según sostuvo Palazzo, “el 7/06/2024 hubo una partida y el 28/06 hubo otra”.

En este sentido, exigió conocer “qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways”.

También reclamó información sobre si está previsto un nuevo envío de lingotes de oro y, en caso que así fuese, cuál es el objetivo. A su vez, el sindicalista solicitó saber si se han encomendado a agentes internos y/o externos “alguna acción con respecto al traslado y destino de los lingos de oro y todo tipo de activos”. “Además, que se indique la reunión del Directorio, Comisión o Comité en que se trató dicha cuestión”, completó Palazzo.

En aquel momento, el entonces vocero presidencial y ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consideró que el diputado kirchnerista “hace futurología” al anticiparse sobre determinadas variables del mercado cambiario.

“Es difícil de entender cuál es el sustento de lo que dice Palazzo. La verdad que hace futurología porque me parece extraño que sepa cómo se va a desenvolver el mercado cambiario en virtud de las últimas medidas”, indicó el funcionario en declaraciones periodísticas.

“Entenderá Palazzo que si efectivamente hemos tomado estas medidas es para seguir en el camino correcto y no para que el BCRA se quede sin reservas”, siguió el exportavoz presidencial.

“De hecho, tiene un objetivo claro esta medida en términos cuantitativos. No entiendo a qué se refiere. Si amplía la base del sustento de lo que tiene para decir eso, lo discutimos, así es difícil debatir sobre algo abstracto”, finalizó Adorni.

Transparencia, reservas y un debate que se reabre

El nuevo fallo vuelve a poner en el centro de la escena la administración de las reservas internacionales, un tema históricamente sensible para la política económica argentina. Según trascendidos citados en expedientes y notas periodísticas, parte del oro habría sido trasladado a cuentas en el exterior —incluso en Londres— para obtener rendimientos o utilizarse como garantía en operaciones financieras, aunque nunca se informó oficialmente el detalle de esas maniobras.

La Justicia ahora exige que el Banco Central entregue la información solicitada o explique, punto por punto, por qué cada dato específico podría generar un daño concreto. No alcanza, según el tribunal, con invocar riesgos hipotéticos o genéricos.

Qué puede pasar ahora

La resolución obliga al BCRA a responder y abre un escenario institucional complejo: si la entidad insiste en mantener la reserva, deberá justificarlo con argumentos sólidos y verificables. Si entrega la información, se conocerán por primera vez detalles sobre una operación que el propio Gobierno había mantenido bajo estricta confidencialidad.

El fallo también sienta un precedente relevante para futuros pedidos de acceso a la información vinculados a la política económica y al manejo de activos estratégicos del Estado.

La postura de la AGN

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, reveló en septiembre pasado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) restringió el intercambio de información sobre los lingotes de oro girados al exterior y que no se puede determinar “dónde están”.

“El proceso de intercambio de notas se ha agotado. Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, dijo en aquel momento Olmos, en su presentación ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta.

El funcionario también aclaró que tampoco saben en la AGN qué “interés está rindiendo” ese oro y acotó que resulta “fundamental saber cuáles son las tasas”.

“Tampoco sabemos si se han pagados seguros de traslados. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es avanzar”, agregó ante la comisión.

Sobre el final, el titular de la AGN propuso que la Comisión considere la citación a las autoridades del BCRA o “lo que disponga”.

Olmos se quejó también por las demoras en la puesta en marcha del Colegio de Auditores, acéfalo desde hace meses:, al afirmar que “si estuviera constituido el colegio de auditorias, podría judicializar el tema”.

También hizo hincapié en los bonos BOPREAL e indicó que el Banco Central respondió con la misma dinámica que ante las consultas por los lingotes de oro. “Tampoco podemos terminar de concluir esa auditoría, el BCRA nos dice esa información es reservada”, aseveró.

Para Olmos, exfuncionario de Alberto Fernández y referente del PJ porteño, “ese secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor”. “En todo caso, es un ejemplo de reserva que debería haber”, cerró.

En pleno corazón financiero de Londres, en Threadneedle Street, se levanta el monumental Banco de Inglaterra, un edificio que, además de ser sede de decisiones económicas clave, alberga en sus sótanos una de las mayores reservas de oro del planeta: 400.000 lingotes, equivalentes a 310 toneladas. El eco de este metal precioso, que en buena parte pertenece a gobiernos de todo el mundo, lo convierte en un destino cargado de simbolismo para quienes buscan explorar el vínculo entre arquitectura, historia y poder económico.

El banco se fundó en 1694 con una Cédula Real y, apenas cuarenta años después, se trasladó a la ubicación que hoy ocupa. Lo que empezó como una casa unifamiliar se transformó en un complejo que cubre 14.000 m² dentro de un muro sin ventanas. A lo largo de los siglos, arquitectos como John Soane contribuyeron a su expansión y embellecimiento, hasta que, a inicios del siglo XX, la falta de espacio obligó a demoler la sede anterior y levantar una nueva, dirigida por Herbert Baker.

La decisión de derribar el edificio de Soane fue tan controvertida que algunos expertos lo calificaron como “el mayor crimen arquitectónico del siglo XX en Londres”. Sin embargo, la nueva sede inaugurada en 1939 se convirtió en un emblema de modernidad y grandeza. El proyecto costó cinco millones de libras de la época (casi 388 millones de dólares actuales) y no escatimó en lujo: mármoles, mosaicos y esculturas recubren los pasillos que hoy pueden visitarse en parte gracias al museo de la institución.

El interior destaca por su recargada simbología. Leones dorados, deidades romanas como Mercurio y mosaicos del artista ruso Boris Anrep decoran pasillos y salones. Los espacios parecen un diálogo entre antigüedad y modernidad, con estancias revestidas de seda, techos dorados y hasta un mosaico romano descubierto durante las obras. Como explica Jenni Adam, curadora del Museo del Banco, todo fue diseñado para transmitir un mensaje claro: confianza, permanencia y poder.

Lo que no se ve

Aunque es posible recorrer salones de gran belleza, casi nadie accede a las bóvedas subterráneas, donde se conserva el oro. Solo dos lingotes pueden verse en el museo del banco. El resto permanece protegido por estrictas medidas de seguridad que incluyen gruesas puertas dobles, controles de acceso y sistemas de vigilancia que no se detallan públicamente. Según el propio Banco de Inglaterra, es la segunda institución con más oro del mundo, solo detrás de la Reserva Federal de Nueva York. 

El valor de estas reservas va más allá de Reino Unido: cerca del 20% del oro gubernamental mundial se guarda aquí. Según la firma StoneX Bullion, unos 72 países confían en estas bóvedas. Entre ellos destaca Venezuela, que desde 2008 mantiene 31 toneladas de oro en Londres. Esas barras se encuentran en el centro de una disputa diplomática: Caracas reclama su devolución mientras las autoridades británicas han bloqueado los intentos de venta alegando sanciones y dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Viajar al corazón del dinero

Para quienes se acercan con espíritu viajero, el Banco de Inglaterra ofrece la oportunidad de recorrer su museo y conocer parte de sus salones hasta 2027, en el marco del centenario de su actual edificio. Se trata de una experiencia que combina arquitectura monumental, historia financiera y arte. Pero más allá de su atractivo turístico, las bóvedas permanecen como recordatorio de que Londres es todavía la capital mundial del comercio de oro, un lugar donde se cruzan intereses globales y disputas nacionales.

Visitar el Banco de Inglaterra no es solo acercarse a un banco, sino entrar en el contexto del poder económico. Entre columnas clásicas, mosaicos romanos y esculturas doradas, los viajeros se topan con la representación física de un sistema financiero que influye en el día a día de millones de personas. Un viaje a la City londinense, con parada obligada en su museo, permite asomarse a un edificio que es, a la vez, pieza arquitectónica, destino turístico y caja fuerte del mundo.

La minera australiana Unico Silver anunció este lunes un nuevo hallazgo de plata y oro en el yacimiento La Morocha, en el sur de Argentina, el segundo descubrimiento de este tipo que comunica en el mes de julio.

La compañía dijo en un comunicado que la nueva zona mineralizada fue descubierta al sureste del yacimiento La Morocha, dentro del proyecto Joaquín, en la provincia de Santa Cruz.

“Este es el segundo descubrimiento importante reportado en julio tras la expansión de La Negra y refuerza aún más la escala y el potencial de crecimiento del sistema Joaquín”, destacó la compañía minera.

Según Unico Silver, el enfoque del proyecto ahora se está desplazando a lograr un mayor crecimiento de los recursos y se prevé una estimación revisada de recursos minerales para principios de 2026.

Unico Silver compró el proyecto Joaquín en agosto de 2024 a la canadiense Pan American Silver.

Además de Joaquín, Unico Silver es dueño del proyecto de oro y plata Cerro León, también en Santa Cruz, dentro del Macizo del Deseado, una región con intensa actividad de exploración minera.

Minera canadiense Latin Metals expande su proyecto para explorar oro en Argentina

La minera canadiense Latin Metals anunció este lunes la expansión de su proyecto de exploración de oro Organullo, en la provincia argentina de Salta, en el noroeste del país.

La compañía informó en un comunicado que, tras una solicitud presentada ante las autoridades de Salta, ha obtenido los derechos sobre la propiedad minera Malena VI, de 1.032 hectáreas, que colinda con el proyecto Organullo.

“Esta adquisición supone una importante incorporación al proyecto de exploración aurífera de Organullo”, señaló Keith Henderson, presidente y director ejecutivo de Latin Metals.

El proyecto, cuya superficie ahora es mayor, está sujeto a un acuerdo de opción con AngloGold según el cual la minera sudafricana tiene la opción de adquirir una participación total de hasta el 80 % de Organullo y también de los proyectos Ana María y Trigal de Latin Metals.

En junio pasado, Latin Metals obtuvo la aprobación del Informe de Impacto Ambiental y Social para desarrollar la etapa de exploración avanzada en Organullo.

La compañía canadiense posee 18 proyectos mineros de exploración de cobre, oro y plata en Perú y Argentina.

EFE.

IG

El Gobierno argentino aceptó dar información acerca del destino del oro de las reservas, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en tribunales de los Estados Unidos. El especialista Sebastián Maril dio a conocer en su cuenta de “X” el documento en el que se explicita la conformidad del Gobierno argentino.

El compromiso es que la documentación será suministrada entre el 7 de febrero y el 14 de marzo. El Gobierno argentino sacó el oro de las reservas del país a mediados del año pasado, sin dar precisiones acerca de su destino aduciendo problemas de seguridad. La medida fue solicitada por la juez Loretta Preska, magistrada que lleva el caso. La Argentina tiene un fallo adverso por el que debe pagar U$S16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital.

Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol.

En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información.

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres. El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

JJD, con información de NA

La jueza de Estados Unidos Loretta Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol. En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información. 

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

La defensa argentina argumentó a la justicia de EEUU que el oro es propiedad del Banco Central y no del gobierno nacional. Pero la jueza Preska señaló que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos. La magistrada lanzó una advertencia a la Argentina: “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.

El economista Horacio Rovelli señala a elDiario.es que el Ejecutivo argentino debió haber informado al Congreso la salida del oro al extranjero: “El gobierno jamás tendría que haber sacado el oro de las reservas del Banco Central, y menos decirlo alegremente como hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. Le tendría que haber informado al Congreso, porque es una atribución del legislativo el manejo de las reservas internacionales. La Asociación Bancaria había demostrado que hubo varios viajes, por un total equivalente a unos 2.500 millones de dólares que sacaron en lingotes de oro. Ahora Caputo tiene que informarle a la jueza Preska a dónde giró ese dinero y yo creo que podría ser embargable, porque está afuera del Tesoro del Banco Central y sujeto a interpretación de la jueza”.

¿Embargable?

Una de las mayores amenazas que ven algunos economistas como Rovelli es el peligro de embargo del oro en el exterior. Ahora bien, bajo las normas de Estados Unidos ese escenario se restringe. Existen tres requisitos: que el bien debe ser del propio demandado, en este caso del Gobierno argentino; que el bien que se pretende embargar debe estar dentro de Estados Unidos y el tercero, que el Estado Nacional use ese bien para una actividad comercial. 

Los fondos buitre están a la espera de cualquier ventaja que puedan sacar con las acciones de la petrolera. Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y también las reservas de oro.

En el fallo de Preska se incluyeron observaciones sobre la integridad de los documentos entregados por Argentina hasta el momento. Es que los papeles solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, que generan un alto interés internacional. Los fondos piden que el país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por Argentina son extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. El caso por la nacionalización de YPF es considerado una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales.

En el marco de los juicios que llevan adelante contra la Argentina, fondos buitre que cuentan con fallos a favor solicitaron a las cortes de Nueva York información sobre el oro que el Banco Central tiene en sus reservas y que en los últimos meses fue movido al exterior por parte de la administración del presidente Javier Milei. 

Los demandantes solicitan a la jueza Loretta Preska forzar al país a detallar sus tenencias y su lugar de custodia, un paso previo a intentar embargar esos activos.

Bainbridge Fund, un holdout de la causa por la reestructuración de deuda en default que litiga contra el Tesoro nacional desde 2016 y ya tiene sentencia firme a su favor por US$ 95 millones más intereses, fue autorizado por el tribunal a hacer un discovery de activos soberanos. 

El discovery persigue el objetivo de detectar bienes y activos potencialmente embargables, de manera tal que los demandantes puedan acelerar el cobro de sus sentencias.

Sebastién Maril, quien sigue en detalle los reclamos, dijo que Bainbridge Fund pide a la Juez Loretta Preska que ordene a la República Argentina “producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa”. 

Bainbridge se encuentra en pleno discovery de activos para cobrar una sentencia impaga y también busca tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado“.

El debate legal gira alrededor de un tema clave: si es que el Tesoro Nacional y el Banco Central de la República Argentina son, para fines prácticos, la misma persona. 

Lo que intentan probar los fondos con fallos en contra de la Argentina en sus manos es que se manejan como si fueran la misma.

No es la primera vez que los fondos van por esta estrategia, ya que durante el juicio por la deuda en default que forzó a la Argentina a un pago millonario al fondo NML de Paul Singer, los demandantes ya habían explorado esa posibilidad. 

El ya fallecido juez de Nueva York Thomas Griesa falló en contra en su momento: según su criterio el BCRA y el Tesoro Nacional no eran la misma persona. 

Es el mismo juez que poco después hizo historia al llevar al extremo la causa pari passu que causó, finalmente, la derrota legal del país. Pero en cuanto a si el Tesoro y el Central son alter egos, se inclinó en favor del país.

Pero los fondos creen que eso cambió con el tiempo. Consideran que hoy sí se puede probar que actúan, en los hechos, como si fueran la misma persona jurídica. Bainbridge no fue el único en explorar, una vez más, la posibilidad. 

También beneficiarios del fallo YPF mencionaron en las últimas las posibles decisiones tomadas por el Ministro Caputo y el traslado del oro del BCRA al exterior como prueba de que la autoridad monetaria es un alter ego de la república. 

Citan notas periodísticas que señalan supuestas negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para conseguir préstamos en nombre del Banco Central como prueba.

A principios de septiembre, el Banco Central había comunicado que concluyó exitosamente la transferencia de una parte sus reservas de oro a una cuenta en el exterior. 

Se trata de existencias del metal que estaban alojadas en las bóvedas de la entidad en el país y que fueron trasladadas a Londres.

Al estar fuera del país, las reservas podían atraer la atención de los múltiples demandantes que litigan contra la Argentina.

DM con información de agencia NA

El Banco Central confirmó este lunes que envió parte de las reservas en lingotes de oro al exterior aunque no precisó los destinos y admitió que el nivel de reservas en oro suma aproximadamente USD 4.981 millones, al 23 de agosto.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, indicó la entidad que conduce Santiago Bausili en un comunicado de prensa. Pero aclaró que el manejo de la información del destino es confidencial. “La información sobre la administración de las reservas del BCRA fue siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, indicó al respecto.

Según se explicó, la Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria, que incluye no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos. “Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”, señaló la entidad monetaria. A su vez, indicó que estas operaciones de rebalanceo “no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente USD 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024”.

Al mismo tiempo, la entidad consideró que se hizo una difusión irresponsable de información cuando, por ejemplo, en X se publicaban imágenes de camiones de caudales en la ruta y se sugería que se trasladaban las reservas. “El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, advirtió.

Sin embargo, la oposición criticó fuertemente esta decisión: señalaron que el envío de oro al exterior refleja una mala gestión de las reservas y una posible falta de transparencia por parte del gobierno de Javier Milei. Argumentan que esta maniobra podría estar relacionada con la necesidad de cubrir compromisos de deuda en el extranjero o garantizar líneas de crédito ante la falta de divisas, lo cual incrementa la incertidumbre económica y debilita la confianza en la política monetaria.

Además, señalan que el secretismo con el que se manejó la operación genera sospechas sobre posibles manejos arbitrarios o acuerdos no divulgados que podrían no beneficiar al país. Se especula que el propósito del envío podría ser depositar el oro en el extranjero para obtener un rendimiento o utilizarlo como garantía para préstamos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que no hay peligro de embargo y que la medida se tomó para evitar que el oro esté “ocioso” y asegurar un mayor rendimiento de los activos del Banco Central.

El diputado nacional y líder del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, fue uno de los primeros en advertir sobre esta maniobra. En sus redes sociales, cuestionó la falta de transparencia y solicitó información detallada sobre las operaciones. Además, el bloque de diputados que él integra, Unión por la Patria, reclamó a través de un comunicado que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explique “por qué se llevaron el oro, cuánto se llevaron, para qué, qué riesgo tiene la operación y si es posible que lo embarguen, estando en tránsito o en el banco donde sea que se haya enviado.

También el exministro de Economía Martín Guzmán criticó la medida en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) y sostuvo que es “como empeñar las joyas de la abuela”. “Das el oro a cambio de dólares. Luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tenés los dólares, la casa de empeño (en este caso, un banco internacional) se queda con el oro”.

JJD, con información de NA

Según la página Golden Rate, mientras corren estas líneas el valor actualizado del oro en Estados Unidos es de USD2.512,56 la onza troy (31,1034768 gramos), por lo que el gramo cuesta USD80,79. Su precio viene creciendo desde marzo de manera sostenida, con pequeños retrocesos que no les quitan a los gráficos lo que tienen de monte escarpado visto de perfil, en los que el metal es el montañista que tanto se frena por un golpe de apnea coma sigue su paciente camino hacia la cumbre.

Aunque el patrón oro sea una antigüedad de principios del siglo XX desplazada por el dinero fiduciario, y la fiebre del oro del siglo XIX haya sido una épica con menos oro que fiebre, el oro como fetiche todavía no terminó su vida mítica. Lo que explica que hoy haya más de cien reservas de oro soberanas, un ranking en el que la Argentina ocupa el puesto 44° (entre Dinamarca y Finlandia), con 61,7 toneladas, equivalentes grosso modo a 685,5 mastines ingleses adultos, a 1.028,3 Yaninas Latorre y a 555.300 chorizos de cerdo de la carnicería La Campestre, de Junín (Alberdi 189. Teléfono: 0236 442-1649. Domingos: cerrado), a la que estos párrafos le mandan un abrazo de oso.

En el primer lugar de los países que acumulan oro, se corta solo Estados Unidos. Lo siguen Alemania y el FMI. En el puesto 105 aparece Uruguay, con 300 kilos; y las menciones en el fondo de la tabla de Haití, Burundi, Omán y Comoras, que tienen cero gramos, es bullying estadístico, a menos que sus bancos centrales tengan un espacio vacante en las bóvedas esperando la carroza de Prosegur.

De esas 61.7 toneladas de oro argentino, algunas ya no están. La trazabilidad es opaca. Según las pesquisas, desesperadas por la información que el gobierno se niega a dar convirtiendo el Estado Resumido de Activos y Pasivos del Banco Central en un arcano con brillos de fiesta clandestina, “desaparecieron” unos USD1.000 millones en camiones que llevaron los metales a Ezeiza, de donde volaron hacia destinos no declarados. La maniobra tiene el halo nocturno de un golpe boquetero. Y recuerda “poéticamente” lo que decía Osvaldo Lamborghini acerca de que cuando Rimbaud se va para África hay que entender que se viene porque en las pampas argentinas y en África es “todo igual”.

La decisión como de faloperos bajo la tentación irresistible de la reincidencia, tomada por el presidente Javier Milei (autoproclamado sabio de una sola cosa, la joda de mercado, que no es capaz de conectar con ninguna otra) y el ministro Luis Caputo, se descarrila de lo que se sospechaba eran sus vías naturales de navegación. Sacar oro, ¿para qué? Para empeñarlo. El género del suceso –y esa podría ser la verdadera cuestión de fondo– no parece ser de orden económico sino de orden psíquico. En todo caso, más psíquico que económico.

Supongamos que somos jugadores compulsivos, problemáticos, y que nos vamos quedando sin poder de fuego para seguir viviendo dado que, al ser jugadores, seguir viviendo sólo puede ocurrir si seguimos jugando. Ya quemamos el sueldo y los ahorros. El chanchito de los nenes ya fue violentado y restaurado con La Gotita, pero adentro no queda una moneda. Afuera, tenemos deudas y los acreedores ya están peinando la agenda en la letra S de “Sicarios”.

¿Qué se puede hacer? Empeñarnos en un Monte de Piedad, lo que fue el Banco Ciudad en el siglo XIX a escala de los inmigrantes y lo es hoy el Banco de Basilea a escala de la especulación financiera global. Vamos con una pulsera de oro de la abuela, o el lavarropas, o la edición de Destino de Borges, de Bioy Casares, firmamos una hipoteca, nos llevamos la plata y corremos al casino para volver a poner la cabeza en la guillotina del azar. El día de mañana, si la suerte acompaña, volvemos al Monte de Piedad con el dinero del rescate y recuperamos lo empeñado. ¿Y si la plata no está? No seamos pesimistas...

Que Luis Caputo, de Casinos Caputo, haya abierto todos los cajones del Estado frente a próximos vencimientos de deuda y, al ver que los dólares se escurren, le haya echado el ojo a los ladrillos de oro del Banco Central como el croto al churrasco es una salida totalmente lógica para su naturaleza psíquica, deducida de sus actos de gobierno.

Hay que estar en la cabeza del apostador. Juan José Saer, que fue un ludópata de atar, escribió “Del juego del hombre” (Papeles de trabajo II, Seix Barral, 2013) con el propósito de dejar de jugar, siguiendo la estela de Fiódor Dostoievski, que abandonó el escolazo después de escribir El jugador.

Saer dice que para que el vicio por el juego, el alcohol, las drogas y el sexo tengan el estatus de “violencias”, es necesario que el sujeto “las ejerza hasta el fin”. El empezó a ejercer el suyo como recreación durante el velorio de un suicida. Salió del velorio con un amigo, fueron a jugar al Club Sirio Libanés de Santa Fe, y volvieron al velorio.

En su análisis sobre las derivas del juego, dice que “el yo está en el centro del juego porque el juego se relaciona, no sé de qué modo, con la omnipotencia”. Y agrega este telefonazo para Caputo: “Nada es más difícil para un jugador que confesar su ignorancia”; además de que, en la derrota, todo se le presenta de un modo evidente “a posteriori”.

La “especulación posterior”, sobre todo en el perdedor, “consolida el deseo en la ilusión de omnipotencia”. Se refiere al deseo de jugar, y a la imposibilidad de no poder no hacerlo. ¿Por qué el jugador no habría de jugar si, para hacerlo, cuenta con “todos” los poderes?

¿Qué pasa cuando la timba premia al jugador con el éxito momentáneo? Sobreviene la “euforia del triunfo”, y todo “porque el azar, desdeñosamente, había coincidido con nuestros manotazos de ciego”. Pero ese triunfo, dice Saer, “como he observado más tarde en personas que creen haber triunfado en la vida, tiene uno de los efectos más peligrosos que conozco, el de dar la ilusión de lo inteligible del mundo y de la propia dignidad”. Y da este ejemplo: “Léanse las declaraciones de la última estrellita de moda: en seguida se verá que confunde las peripecias de una carrera con el orden oculto del universo”.

Podemos imaginar la embriaguez de Caputo cuando, en la desesperación, descubrió ¡como Perón! que había oro en el Banco Central y su alma de apostador volvió al cuerpo que le corresponde. Apostar para vivir. El alivio fue tan grande que hasta fue capaz de contar en su media lengua de “degenerado verbal” (en eso es libertario de pura cepa) sus fechorías de boquetero: “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.

Por dios, qué raro que habla. “Movida muy positiva”, “un inmueble adentro” ¿de otro inmueble? No entiendo por qué no dijo “un mueble adentro de un inmueble”. Un placar, un piano, un reloj de carrillón, un tablón con caballetes para contar guita, no sé, algo: le habría dado a su columna de humo un aroma de alfabetización.

Pero si no nos distraemos en las formas de este Caputazo, dicho en el sentido de más grande o sobresaliente de los Caputo que bailan esta danza macabra de Estado, podríamos deducir a qué tipo de timba corresponden sus actividades.

Si nos dejamos llevar por Saer, que se consideraba a sí mismo un jugador de deseo “hasta el fin”, de vida o muerte y de “poner el cuerpo” para que desaparezca en el goce del azar (los órganos y la conciencia inexistentes, “al margen del acontecer”), Caputo es un timbero blando, remoto, sin registro de la pérdida. Es que si lo que pone en juego es el oro del Banco Central, y por más misteriosa que sea su jugada, lo que está probado es que ese oro no es de él. O sólo es de él en una 1/50.000.000 parte. Esa es su tasa de riesgo como jugador.  

Saer dice que, después de veinte años de descender a los infiernos del juego, no lo considera una manifestación del “despilfarro burgués”. Lo dice porque él no juega “la que le sobra”, incluso por momentos es de puro pobre que lo hace. Por esa razón, le dio una vergüenza “próxima al remordimiento” enterarse que la oligarquía chilena festejó el golpe de Pinochet en el Casino de Viña del Mar.

Para dividir las aguas que separan jugadores de jugadores según lo que estos pongan de sí mismos, Saer dice sobre esa vergüenza: “Pero yo sé cómo juegan los burgueses: como una forma más de ostentación, sin arriesgar nada, sin poner en tela de juicio ni sus valores, ni su existencia, ni la frágil realidad que el juego representa”. 

JJB/MF

El misterio del oro desaparecido. No se trata del título de una novela policial, sino de la polémica que rodea la gestión de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina por parte del Gobierno de Javier Milei. La Asociación Bancaria advirtió del envío al exterior de reservas en lingotes cuyo valor alcanzaría los 1.500 millones de dólares. Es incierto el destino del oro y si está suficientemente protegido de un eventual embargo de terceros.

El Banco Central se negó a brindar información sobre este patrimonio público. Argumenta que “cualquier dato vinculado a la ubicación estratégica” de dichos valores “podrá poner en peligro la seguridad de estos activos”.

El secretario general de la Asociación Bancaria, el diputado Sergio Palazzo (Unión por la Patria), había solicitado el acceso a tal información y, tras serle denegada la solicitud esta semana, crecieron los temores de un envío sin rescate de las reservas en oro. “Están queriendo ocultar lo que están haciendo con el oro afuera”, expresó Sergio Palazzo en una entrevista televisiva.

El dirigente sindical recordó que anteriormente se habían detectado cuatro cargamentos de oro, los dos primeros en junio. “Me explicaban que se hacen tantos envíos por un problema de los seguros en el transporte aéreo, que estaría limitado a una suma tope de 300 millones de dólares en cada vuelo. Por lo cual, si se comprueba que en los últimos días hubo un quinto cargamento, estaríamos ya en el orden de los 1.500 millones de dólares transportados al exterior”. Se trata de “una tercera parte del total de reservas internacionales en oro del Banco Central”, explicó. Según la Asociación Bancaria, el Banco Central tiene en oro alrededor de 4.700 millones de dólares.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se había enviado al extranjero oro de las reservas del Banco Central, sin detallar cuánto ni a dónde. Caputo calificó este movimiento como “muy positivo”. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo el ministro estrella de Milei. 

Peticiones de información pública

Palazzo explicó a través de la red social X que el Banco Central se negó a responder a sus tres solicitudes de acceso a la información pública sobre las operaciones hechas con el oro de las reservas. “Hay un error en la respuesta, aducen razones de seguridad para las reservas por las cuales no se puede informar de su ubicación geográfica; y que dar la información podría poner en peligro al sistema bancario. Es ridículo”, sostuvo Palazzo.  

“Además, pedí que me informen en qué reunión de Directorio se tomó la resolución, qué intervención tuvieron los organismos de control, qué medios de transporte se utilizaron y qué seguros se contrataron para garantizar el activo trasladado y con qué fin se hizo la remisión del oro. Podrían haber eludido la ubicación geográfica y darme el resto de la información. Si no dan las respuestas es porque las están ocultando o porque no tienen cómo explicarlo”. 

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentó otra petición de información pública y una nota al ministro de Economía “exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior”.

Caputo respondió agresivamente a través de la red social X. “Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a Economía en lugar de al Banco Central”. Y la senadora contestó: “El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cuando lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit”. 

Los riesgos

Horario Rovelli, economista y exempleado bancario, señala las posibles consecuencias de este envío de reservas fuera del país. “Una cuestión relevante es el riesgo de embargos por demandas existentes o que se produzcan, ya sea por reclamos de deuda o por la estatalización de [la petrolera] YPF. Por dar un dato relevante: el valor accionario de YPF es de 13.000 millones de dólares y el fondo buitre Burford Capital reclama a Argentina 16.000 millones en el juicio que se lleva adelante en el distrito sur de Manhattan”. 

“Si la operación implica que el Banco Central se desprende del oro, esto iría a contramano de lo que hace el mundo, especialmente diversos países de Asia, como India y China, que están incrementando sus posesiones de oro. Es necesario que el Gobierno aclare los motivos del traslado de oro y evite negociaciones que impliquen riesgos financieros y legales”, añade el profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires.

Se especuló con que los lingotes se utilizarían para viabilizar una operación de venta de un activo a una entidad financiera con el compromiso de ésta de revendérselo al dueño original y a un precio determinado. Es una forma de préstamo pero con la cesión temporal del activo en garantía, en este caso, el oro de las reservas. El problema es que si en la fecha determinada el país no está en condiciones de pagar la recompra del oro, la entidad financiera podría quedárselo. De ser así, la operación de salida de los lingotes se habría hecho en medio de un fuerte secretismo.

MLSM/CRM

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, le pidió al Gobierno Nacional; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo, en nombre de la Provincia, que informen sobre “qué hicieron con el oro de los argentinos”.  

Este pedido surge luego de que, el diputado nacional y secretario general del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunciara públicamente un pedido de acceso a la información con el fin de saber cuál fue el destino de los lingotes de oro “que salieron de la Argentina y que figuran en las reservas de activos del Banco Central”.

 Según Bianco, ese pedido de información “todavía no fue contestado” aunque está dentro de los límites temporales que establece la ley de acceso a la información pública, sin embargo, parece que el hecho “no es lo suficientemente grave y preocupante” para que las autoridades no hayan hecho todavía una declaración pública al respecto.

Se supone, por la información que circula, que fueron dos envíos, el 7 de junio y el 28 de junio, por un valor aproximado equivalente a 450 millones de dólares, el total de reservas en oro, informó Bianco

“El ministro Caputo confirmó que sí había habido una salida de oro y lo declaró como una acción muy positiva. Dijo que tenía como objetivo obtener un retorno por la colocación de dólares, vaya a saber dónde. Se supone, por la información que circula, que fueron dos envíos, el 7 de junio y el 28 de junio, por un valor aproximado equivalente a 450 millones de dólares, el total de reservas en oro, de acuerdo a la información publicada por el Banco Central de la República Argentina, el 15 de julio”, informó el ministro.

Lo que el Gobierno de la Provincia pide es que, el Banco Central, confirme los motivos por los cuales el oro salió de Argentina porque “si bien era para obtener un retorno, también podría ser para otros motivos que son preocupantes, como una venta de oro para conseguir reservas líquidas en un momento en donde, las reservas líquidas del Banco Central, están en un nivel muy bajo”, sostuvo Bianco.

“Sacar el oro de nuestro país implica riesgos que no tiene el oro cuando está en las reservas de las bóvedas del Banco Central. Por ejemplo, puede ser utilizado como activo, en el caso de embargo, contra la República. Siempre es mejor que el oro esté en nuestro país en el exterior porque, además, hay una cuestión de soberanía y de responsabilidad que tiene el Banco Central de hacer la custodia de las reservas y de los activos de los argentinos”, sostuvo Bianco.

Para finalizar, recordó una frase que expresó la actual ministra de Seguridad cuando era pre candidata presidencial el año pasado, sobre ingresar al Banco Central con cámaras:

“La ministra dijo, y lo cito textual, 'vamos a entrar con una cámara de televisión al Banco Central, porque queremos decirle a la gente cómo está el país y mostrarles qué pasó, qué reservas dejan y por qué las reservas no están'. Eso dijo la ministra Bullrich. Y queremos decirle que acá estamos. Que cuando quiera, la acompañamos a ver qué quedó en el Banco Central, qué dejaron en el Banco Central y dónde está el oro de los argentinos. Si necesita cámaras, las tenemos así que podemos acompañarla”, concluyó.

DM con información de agencia NA

Empapado hasta los muslos, agazapado al final de la chalupa en marcha que corta el caudal vertiginoso, el conductor alza las manos y grita una advertencia: “No más fotos, nos están viendo”. Sobre la margen izquierda del río Cenepa, rugen los motores incrustados en balsas con techos de plástico y desde las cuales unos enormes tubos de aspiración penetran hasta el fondo del cauce. Son al menos ocho dragas en las que grupos de entre 15 y 20 mineros ilegales extraen oro, día y noche, a orillas de la comunidad nativa Pagki, en la selva peruana. Estamos casi en el punto medio de los 38 kilómetros del río que lleva el nombre de la jurisdicción que atraviesa (El Cenepa) hasta la frontera con Ecuador. No es el sector que concentra más dragas en toda la cuenca, pero sí el más peligroso. “Ni siquiera traten de mirarlos, solo debemos pasar muy rápido”. Esas son las instrucciones.

La tonalidad verdosa del río cambia a un ocre intenso del lado en que las balsas traquetean. Con el cuerpo hundido hasta la mitad, un hombre parece dirigir con apuro la operación de una de las dragas. Nada, agita los brazos y hace señales de aprobación a otro que está al pie de una rampa artesanal instalada en la carcomida ribera de Pagki. Todo lo succionado desde el fondo del río va a parar a estructuras como esta, donde una alfombra recibe las piedras y el lodo que después serán procesados para sacar las partículas de oro. Pero para seleccionar y amasar el metal en polvo, los ilegales utilizan altas dosis de mercurio, un metal pesado que contamina el Cenepa sin tregua y le imprime un aspecto pantanoso en varios tramos. El procedimiento se repite en todos los puntos de la orilla donde las balsas han sido colocadas.

Desde algún lugar de este foco de devastación, un ‘peque peque’ (canoa a motor) con tres mineros a bordo parte en aparente persecución nuestra. Hemos seguido las pautas del piloto con rigor, pero está claro que surcamos una zona dominada por el delito. “Hay un grupo armado que siempre vigila”, exclama el motorista sin quitar la mirada del frente. Mientras acelera, esquiva islas rocosas y las deformaciones que la continua extracción de oro ha dejado en el centro del cauce. Unos 60 metros de río separan las dos embarcaciones en carrera. Lo que consigue despistar al ‘peque peque’, paradójicamente, es un nuevo conjunto de dragas que operan en los bordes y al medio de esta parte del Cenepa correspondiente a la comunidad nativa San Antonio. Veinticuatro balsas dispersas despiden un sonido atronador. Y cada una encierra un pequeño submundo: mineros al mando de niños inmersos en la faena y de mujeres (algunas adolescentes) encargadas de cocinar o lavarles la ropa.

“Son explotados y no pueden salir de ahí. Los mineros duermen por ratos en las balsas y sacan oro hasta de madrugada”, señala un dirigente awajún, cuando el conductor baja la velocidad y los rostros insolados de los menores transcurren como en cámara lenta.

Una draga opera sin pausa al cuidado sigiloso de un minero ilegal en la comunidad de Tutino. Foto: Luis Taijin

Han pasado cinco horas desde que la chalupa que nos lleva salió del puerto Imacita, en Bagua, provincia ubicada al norte de la selva del Perú. Después recorrió el río Marañón hasta el ingreso al Cenepa, y franqueó en seguida las comunidades indígenas de Wawaim y Mamayaque. Aún sin la cantidad de dragas que aparecerían más adelante, ambos pueblos ya anunciaban la grave crisis ambiental y de seguridad a lo largo de la cuenca. Los contornos de árboles que antes envolvían aquí el río, hoy son apenas declives de tierra muerta en que se apilan cientos de cilindros cargados de mercurio. Sin embargo, el trecho que flanquean las comunidades de Tutino y Nuevo Tutino quizá sea el epicentro del infierno en que se ha convertido el río Cenepa. Las balsas mineras casi han copado este espacio fluvial: operan una al lado de otra formando una enorme muralla que bloquea el paso normal de cualquier embarcación. Por el peligro y número de dragas, el crudo panorama que comparten Tutino y Nuevo Tutino es similar a lo que luego encontramos en Pagki y San Antonio, situadas a seis kilómetros de distancia.

La comunidad de Huampami es la última parada en la navegación que Mongabay Latam y la ONG Paz y Esperanza han concretado por el Cenepa. Es 8 de septiembre de 2023 y el balance de lo hallado en el trayecto se torna abrumador: 70 puntos de explotación ilegal de oro. En 60, los mineros operan a través de balsas y en 10, con dragas en tierra. Los focos de succión y descontrol están principalmente en los territorios de Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami. Se trata de siete de las 63 comunidades de la etnia awajún que forman parte de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Hace un año, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta del caos creciente en la zona. Para ese momento, una medición de Paz y Esperanza indicaba que 30 dragas funcionaban en todo el río. Los dirigentes de la Odecofroc proyectaban que era el doble. Hoy en día, el problema ya desbordó los cálculos más sombríos.

Vivir bajo el terror

Augostina Mayán ha regresado después de dos meses a la comunidad de Nuevo Kanam, un anexo de Tutino. La última vez que estuvo aquí, en julio de 2023, fue cuando rescató a su padre del encierro al que los mineros ilegales lo tenían obligado dentro de su propia casa. El hombre de 80 años había permanecido tres días sin alimentos, sin poder salir ni recibir a nadie, luego de que su hija denunciara la presencia de 15 dragas en el costado del Cenepa que está bajo sus chacras de yuca y cacao. La casa de los Mayán de pronto fue rodeada y el patriarca de la familia quedó solo y a su suerte. La ex presidenta de la Odecofroc dice que una turba de mineros y comuneros de Nuevo Kanam vinculados con el negocio del oro incluso destrozaron el bote de sus hermanos cuando llegaban en auxilio de su padre.

“Logramos sacarlo con ayuda de compañeros de otras comunidades. Teníamos a la nuestra en contra”, recuerda la lideresa y se le anuda la voz. En el puerto de Nuevo Kanam, donde su familia fue atacada, solo queda una draga que por ratos es vigilada por un adolescente awajún. Augostina Mayán está convencida de que las demás balsas que asolaban su comunidad no se fueron por el temor de los mineros a sus denuncias, sino porque acabaron con el oro de esta parte y ahora explotan sobre otros espacios de Tutino. Ella es parte de los líderes que conforman una línea de lucha por la conservación del Cenepa. El costo de su pugna han sido los amedrentamientos que la empujaron a dejar su pueblo.

En la cuesta que da acceso a la comunidad de San Antonio, el ingeniero agrónomo Leonardo Ujukam lanza un resoplido y apunta hacia la tienda que los ilegales convirtieron en un bar sin hora de cierre. Por tres meses (entre junio y agosto pasados), el local fue centro de peleas, bullicio y drogadicción para los mineros que operaban en el sector del Cenepa ubicado frente al ingreso a San Antonio. Pero para un pueblo que siempre vivió en calma, relata Ujukam, aquel escándalo diario fue un choque que replegó a sus habitantes, los hizo blanco de intimidaciones y muy endebles de reacción. La necesidad, además, los fue obligando en algunas oportunidades a aceptar lo que el dinero de los ilegales imponía. Algunas adolescentes y mujeres adultas se convirtieron en víctimas de los intereses de aquella economía ilícita.

“La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades”, comenta Augostina Mayán.

Las dragas que succionaban el lado del río que da a la entrada de San Antonio ahora están cerca del límite con Pagki y Tutino, territorio de las comunidades awajún que registran una deserción escolar en aumento. De acuerdo con un reciente diagnóstico elaborado por la ONG Paz y Esperanza, que trabaja con diversos pueblos indígenas de El Cenepa, los estudiantes de ambos pueblos optan por atender las necesidades diarias de los mineros para obtener cualquier beneficio económico. Un profesor, que pidió no hacer pública su identidad, asegura que las adolescentes empleadas como cocineras en las balsas algunas veces son víctimas de explotación sexual. Una situación que, según puntualiza el informe de la ONG, ya está fuera de control. En cuanto a los menores que dejaron el colegio, refiere el docente, el trabajo que los mineros les encargan es vigilar si el motor se va quedando sin combustible o alertar en caso asome algún extraño al lugar de las operaciones.

“Por cualquiera de esas labores, el pago que reciben es entre S/80 y S/100 al día” (entre $20 y $25)“, estima el profesor.

A una hora de navegación desde Huampami por los ríos Cenepa y Comaina, en dirección al límite con Ecuador, está la comunidad de Kusu Kubaim. A inicios de septiembre, de aquí bajaron muchas de las balsas que actualmente se agolpan en Nuevo Tutino y Pagki. Pero en los dos meses que los mineros ilegales permanecieron en Kusu Kubaim, ese fue un territorio tomado por la delincuencia. Felicio Sakash, exlíder del pueblo, bebe un sorbo largo de masato y explica que, por falta de ingresos o bajo amenaza, muchos comuneros tuvieron que alojar a los ilegales en sus viviendas. La convivencia, entonces, puso a los habitantes awajún de Kusu Kubaim en el centro de feroces disputas entre mineros por las mujeres del pueblo o las ganancias del día. A diferencia de San Antonio, Sakash comenta que el caos no solo tenía lugar en el bar de la comunidad, sino también dentro de las casas y jirones en cualquier momento.

“La población soportó mucha presión. Todo el día había peleas, amenazas, desastre. Varias muchachas de acá también se juntaron con los mineros y fueron abandonadas, a otras se las llevaron”, declara el exlíder bajo un techo de ramas que lo protege del sol implacable en este extremo de la Amazonía peruana. La violencia que vivió Kusu Kubaim, lo tiene claro Sakash, es la misma que ahora somete a pueblos como Sua Panki, un anexo de Pagki, y Nuevo Tutino, inexpugnables por la acumulación de mineros y su personal armado de custodia.

Denuncias sin nombre

El jefe de La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Distrital de El Cenepa, Elías Autukai, indica a Mongabay Latam que en lo que va de 2023 su despacho ha recibido demandas por alimentos de ocho comuneras awajún, incluidas menores de edad, abandonadas por quienes ellas consideraban como sus parejas. En sus requerimientos, las mujeres precisan los nombres y oficios (agricultores en la mayoría de casos) que ellos les dieron. Sin embargo, Autukai señala que, tras indagaciones en campo, comprobó que los denunciados son en su mayoría mineros ilegales no indígenas, con identidades falsas, y en algunos casos comuneros awajún enrolados a la extracción de oro. “Los buscamos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y no existen”, remarca.

Con los folios en las manos, el funcionario anota que en los ocho casos su oficina pudo admitir las demandas e iniciar investigación. Pero hay mujeres que llegan a la Demuna solo con un nombre o el apelativo del padre de sus hijos, lo cual, apunta Autukai, hace imposible el inicio de todo proceso. De cualquier modo, se trata de comuneras que intentaron remediar su situación presentando denuncias, un grupo muy reducido frente al subregistro —estimado en decenas por el jefe de la Demuna— de mujeres awajún que no han acudido a reportar sus casos.

Lo que ocurre en cuanto a las mujeres denunciantes no es un aspecto aislado. Ninguno de los comuneros o dirigentes indígenas entrevistados para este reportaje pudo identificar con nombre y apellido a los mineros ilegales que proliferan en sus pueblos. Si aluden a alguno debido a un suceso en específico, lo llaman por su alias, un solo nombre y, a veces, por un diminutivo: ‘Maquisapa’, ‘Betito’, o similares. Dante Sejekam, presidente de la Odecofroc y quien ha emprendido una defensa firme del territorio awajún, sostiene que ni siquiera los líderes de las comunidades donde los ilegales perforan el Cenepa en busca de oro los tienen empadronados. En lo que los pobladores coinciden es que los ilegales provienen de Pucallpa (Ucayali), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Iquitos (Loreto), Puerto Inca (Huánuco) y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Es decir, de lugares que registran frecuentes delitos ambientales que afectan a pueblos originarios, conforme lo ha ido reportando este medio durante los últimos años.

Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad.

Rubén Ninahuanca — Abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

Mongabay Latam navegó dos días la cuenca del río Cenepa y constató el infierno de minería ilegal instalado en su cauce.

Si bien el despunte del precio del oro, hacia el 2010 y 2011, motivó la expansión de la actividad extractiva en Madre de Dios y Puno, no fue sino hasta el 2018 cuando los primeros mineros ilegales aparecieron en las comunidades que bordean el Cenepa. El defensor awajún Zebelio Kayap, otro dirigente amenazado por oponerse a la explotación aurífera en el río, relata que con el brote del Covid-19 se agudizó la histórica desprotección del Estado a los pueblos indígenas de la cuenca fronteriza, y ello dio paso a un progresivo establecimiento de los enclaves de minería aluvial. Las carencias en cada comunidad, además, han sido un factor decisivo para esa suerte de dominio territorial alcanzado por los ilegales.

Explotación de la necesidad

La casa de Felicio Sakash es de las pocas en Kusu Kubaim provistas de un panel solar para recargar una batería que, por dos o tres horas de la noche, permite a su familia tener luz. En Kusu Kubaim no hay energía eléctrica, pero aquello no es el problema mayor, explica Sakash, si lo compara con no tener servicio de alcantarillado o contar apenas con el agua del río que la minería ha contaminado con mercurio. “Cuando comemos pescado, tenemos fuertes alergias y males estomacales”, lamenta. En San Antonio, Leonardo Ujukam cuenta que ya nadie en su comunidad utiliza el agua del Cenepa, como antes, sino la que discurre por las quebradas cercanas y sale de a poco por las piletas de captación. De hecho, el último estudio de la Administración Local del Agua Bagua-Santiago acerca de la calidad de agua superficial en el río Cenepa, indica que la concentración de plomo excede los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente. La evaluación subraya como posibles causas de la magnitud de plomo encontrada las actividades mineras en la parte alta de la frontera de Ecuador y los vertimientos de aguas residuales provenientes de algún tipo de proceso de manufactura.

El crudo panorama de Kusu Kubaim y San Antonio se replica en todas las comunidades de la cuenca: ninguna tiene servicios básicos, infraestructura educativa adecuada ni postas médicas abastecidas. Por eso, cuando algún poblador sufre una urgencia de salud, el tema alcanza niveles dramáticos. Dante Sejekam, el actual titular de Odecofroc, refiere que muchas veces por la falta de personal y medicamentos el paciente tiene que ser llevado a Huampami, la capital distrital, donde la demanda de atención obliga a un técnico en enfermería a hacer “de médico, obstetra, odontólogo y hasta de psicólogo”. “En una situación de gravedad, el técnico debe acompañar el traslado del enfermo a Nieva o Bagua, o sea, a cinco horas de viaje, aunque esto pasa solo si hubiera una embarcación disponible”, describe Sejekam. Es decir, las perspectivas de salud para los comuneros awajún son tan frágiles como las de seguridad y condiciones de vida diaria dentro de los territorios que habitan.

Tal contexto marcado por la necesidad y desatención del Gobierno peruano fue propicio para que las cuadrillas de mineros ilegales irrumpan en los pueblos awajún, negocien su permanencia y exploten el río a sus anchas. Según un acta de asamblea suscrita en agosto de 2022, los entonces apus (líderes) de Nuevo Tutino, Tutino y Mamayaque, por ejemplo, admitieron que captaron ingresos mensuales de la minería para la construcción de locales comunales, colegios, postas y otras infraestructuras urgentes en aquellas comunidades. Varios de esos proyectos aún no se han concretado, y los que se realizaron fue para resarcir por ahora lo que las mismas operaciones mineras habían inhabilitado. Este es el caso de la escuela inicial de San Antonio, cuyos cimientos se debilitaron debido a la erosión provocada con la acción de las dragas y por lo cual un nuevo colegio fue construido sobre una loma del pueblo.

El uso de fondos procedentes de la actividad ilegal ha generado desacuerdo dentro de la Odecofroc, y ha agudizado el conflicto social que venía tomando fuerza en las comunidades desde el 2022. El expresidente de la organización awajún, Hortez Baitug, tuvo que renunciar tras ser acusado de alentar la minería. Dante Sejekam, gestor ambiental de 25 años, asumió el cargo recién en julio y explica por qué se reportan divisiones dentro de algunas comunidades: “El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre”. A ello se suman las amenazas y presiones de los ilegales que llegan hasta el punto de conseguir la renuncia del líder contrario a las extracciones de oro. La crisis social regida por las diferencias entre comuneros es una grieta que se ha ido profundizando gradualmente. En Kusu Kubaim, por ejemplo, tres jefes fueron removidos desde el 2021, tiempo en que uno solo debió cumplir gestión.

“Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad”, opina Rubén Ninahuanca, abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades.

Augostina Mayán

Siniestro negocio en ascenso

Durante la primera asamblea que dirigió Dante Sejekam como nuevo presidente de la Odecofroc, el 11 de septiembre de 2023, más allá de las irregularidades detectadas internamente, los comuneros y apus reunidos se concentraron en discutir cómo los daños han recrudecido.

Las fuertes cifras que mueve la minería aluvial en el Cenepa corresponden a la alta cantidad de oro que cada draga puede absorber por día del río fronterizo. En un ‘alce’, o lo equivalente a una jornada de extracción, los ilegales llegan a conseguir por lo menos 200 gramos del metal, que luego venden a S/180 por gramo ($47). Así lo detallan a Mongabay Latam un minero procedente de Loreto y un comunero awajún que dejó sus labores agrícolas atraído por el oscuro negocio del oro. Sin hacer mayores cálculos, ellos responden que este 2023 la ganancia diaria por cada balsa es de S/36 000 en promedio ($9500), monto del cual se destina entre el 10% y 20% a las comunidades donde las dragas pueden succionar.

Uno de ellos tiene la tarea de mover las piedras que van saliendo a medida que avanza la absorción del río. Una faena por la que, asegura, los pagos son de entre S/1000 o S/2000 ($263 o $526). El otro se encarga de bucear mientras manipula el tubo que aspira la arena y rocas de las profundidades del río. Lo hace provisto de un equipo especial que le permite mantenerse dos o tres horas bajo el agua. En cada jornada, se sumerge unas seis veces. No quiere revelar cuánto gana, pero aclara que es mucho más de lo obtenido por cualquier otra labor en las balsas. Luego, baja la mirada y carraspea: “Unos 10 han muerto por hacer esto. Hubo derrumbes en el fondo y quedaron sepultados”. Nadie reclama los cuerpos, añade con indiferencia, y por eso tampoco los sacan.

En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales.

Zebelio Kayap.

En torno a la tensión en el río Cenepa, distintas fiscalías de Amazonas han abierto investigaciones, pero la mayoría de los expedientes están paralizados, asegura Rubén Ninahuanca. En la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua obra uno, del 30 octubre de 2022, respecto de un ataque a balazos de los mineros contra una comitiva de fiscales y policías en la comunidad de Pagki, y otro elaborado a raíz de una geolocalización, en noviembre de 2021, que daba cuenta de 20 dragas en la cuenca fronteriza. El último de ellos, que contenía las primeras importantes evidencias de la expansión minera en el Cenepa, fue archivado por la fiscal adjunta Elva Amenero. Mongabay Latam tuvo acceso al documento fiscal en que se resuelve no continuar con la investigación preparatoria.

El abogado de la ONG Paz y Esperanza sostiene que las diligencias dispuestas por la misma fiscal en la investigación a 20 presuntos propietarios de las dragas son “absurdas e impertinentes para el contexto donde se desarrolla la actividad minera”. Por ejemplo, describe: “Requiere buscar información en redes sociales, o datos del Registro Integral Formalización Minera para saber si estos ilegales figuran en el padrón cuando está claro que desde el 2010 la minería aluvial fue prohibida en el Perú”. Mongabay Latam buscó tener una entrevista con la fiscal Elva Amenero y la buscó en Bagua, pero no fuimos atendidos.

El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre.

Dante Sejekam — Gestor ambiental.

La irritación que la falta de justicia ha causado en la población awajún fue constatada personalmente por la presidenta de la comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República, Ruth Luque, en un encuentro que días atrás tuvo con comuneros y líderes de la cuencas de los ríos Cenepa, Santiago y Nieva. “En nuestra cara limpian a los corruptos (en referencia a las investigaciones fiscales), fue su clamor”, indica la legisladora. Ella también recogió cifras oficiales acerca de otro incesante flagelo para los habitantes indígenas de las tres cuencas: “Hay 189 casos de VIH detectados solo entre enero y agosto de 2023, de los cuales 35 son gestantes y 12 de ellas, niñas y adolescentes”. La explotación sexual y violaciones en un escenario de abierta actividad ilegal, conforme lo registró Luque, influyen en el incremento de contagios. Pero también en los embarazos de niñas y adolescentes que, según reportó la congresista, es uno de los principales temas de atención en las redes de salud a donde acuden las comuneras awajún.

El domingo 1 de octubre, en cumplimiento con un acuerdo de la primera asamblea convocada por Dante Sejekam, 200 comuneros awajún junto con una patrulla de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional incautaron y destruyeron 11 motores y una balsa durante una interdicción en cuatro comunidades de la cuenca del Cenepa. Sejekam afirma que el resto de motores y dragas fueron escondidos en las quebradas o hundidos en el río para luego ser recuperados, pues los mineros tenían la advertencia de que una interdicción estaba a punto de ejecutarse. No hubo detenidos. “Tampoco tuvimos tiempo ni recursos para ingresar en más lugares. Necesitamos que la policía instale una base aquí”, anota el presidente de la organización awajún. Solo dos días después de la intervención, las balsas empezaron a aparecer de vuelta en el río.

“Es lo mismo que pasó tras las interdicciones anteriores. En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales”, puntualiza Zebelio Kayap en un tono encendido.

El director de Medio Ambiente de la Policía Nacional, general Gregorio Villalón, declaró para este reportaje que su personal está realizando un trabajo progresivo en los ríos Cenepa y Santiago pese a las limitaciones en recursos, humanos, logísticos y financieros que tiene. El 1 de octubre, narró, los mineros ilegales intentaron frustrar la intervención. El oficial sabe que unas 70 dragas devastan el Cenepa y que se enfrenta a una economía ilegal sólida capaz de recuperar rápidamente sus pérdidas: “Podemos destruir uno o diez motores, pero ellos en una semana vuelven a instalarse”. En esa línea, Villalón consideró como tareas pendientes dar sostenibilidad a las acciones contra la minería y fortalecer el trabajo articulado entre las partes involucradas (fiscalía, gobierno regional y dirigencias comunales). “No se trata de ir una vez, intervenir y ya no regresar porque todo se pone igual”, precisa. Y tiene razón.

Al cierre de este reportaje, dirigentes awajún informaron a Mongabay Latam que las dragas estaban operando de nuevo sobre diversas posiciones. El Cenepa presenta otra vez el mismo panorama apocalíptico que encontramos en septiembre.

ED/JJD

En los comicios del país centroamericano de Nicaragua, emplazado entre Costa Rica y Honduras,  del 7 de noviembre 2021, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa,  renovaron su cuarto mandato consecutivo  sin la participación en el proceso electoral de otros candidatos que dispuestos a disputar en la contienda sus cargos se encontraban en prisión o en el exilio obligado acusados de delitos contra la patria. La ausencia de protocolares salutaciones de otros mandatarios no trajo los perjuicios que sí acarrearon el repudio internacional y las sanciones económicas que complican la situación de Nicaragua que en los últimos tres años ha sumado más de 100.000 ciudadanos exiliados de su población de 6.702.679  millones de habitantes.

Venezuela y el oro negro

El gobierno de Ortega desde el 2007 que accedió al poder para cumplir lo anunciado como la continuación de la Revolución Sandinista contó con la inapreciable ayuda del gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez que  llegó a gastar cinco veces más que EEUU en ayuda a países latinoamericanos  gracias al precio del barril de petróleo que pasó de 10 a 100 dólares entre 1998 a 2008. Venezuela fortaleció la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) con abundantes préstamos para los países miembros. Nicaragua que fue el tercero en incorporarse  en 2007 inició su dependencia a los petrodólares venezolanos. De 2010 a 2014 sumaron 7.275 millones, más de la mitad del pib anual de Nicaragua. Sin embargo, progresivamente fueron descendiendo para desparecer en 2019 de forma irreversible cuando la crisis en Venezuela hizo inviable la continuidad de esa línea crediticia.

Los invitados al festín. Lazos comerciales y financieros 

Un número significativo de empresarios nicaragüenses obtuvieron contratos muy favorables para construcciones, megaproyectos energéticos, minería y turismo que gozaron de exenciones fiscales gracias a los petrodoláres, sostén del “Modelo de Alianza y Consenso” Que incluyó fuera del territorio nacional a otros gobiernos y funcionarios vinculados con  el hondureño de Juan Orlando Hérnandez, los salvadoreños del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y algunos vinculados al presidente milleniam Nayib Bukele. Sumado la burguesía guatemalteca respecto a ingenios y compra de latifundios para la plantación de la palma africana.

El desplome del petróleo no desbarató el Modelo de Alianza y Consenso, sí la Rebelión de 2018 que trastornó el paisaje de esa tierra de lagos y volcanes por una polémica reforma de pensiones. El sector del empresariado escuchó las demandas; Ortega en vísperas de las elecciones, entre junio y octubre de 2021, hizo encarcelar al presidente, al vicepresidente y a un ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Provada ( cosep), y también arrestó a dos ex-directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides), el think tank del empresariado. Las protestas de las organizaciones empresariales que fueron débiles y rutinarias sostuvieron un  acuerdo tácito y de mutua conveniencia para preservarse de la intervención de Ortega quien se beneficia de los  negocios mancomunados en palma africana y energía, y las crecientes inversiones en la banca y en la zona franca, imprescindibles para la salud económica de los próximos años.

El damero internacional

La ayuda multilateral ha seguido proporcionado fondos a Nicaragua entre 2019 y 2021. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 357 millones de dólares, el Banco Mundial (BM), 205 millones de doláres. El Fondo Monetario Internacional FMI, 187 millones estadounidenses, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 715 millones. En su conjunto los préstamos aumentaron de 290 a 488 millones de dólares por año. El BM, el FMI y el BID otorgaron préstamos por el covid 19 en el marco de una cláusula de la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA ACT)   de 2018, orientada a vetar préstamos salvo los dedicados a necesidades humanas básicas.La  Ley Reforzar el Cumplimiento de condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER) con la que EEUU busca sancionar el gobierno de Ortega mantiene esa excepción con la obligación de identificar cuándo y cómo se aplica lo que significa que puede suspenderse.

EL BCIE es fuente segura de divisas para  Nicaragua pero no suficiente. Si bien Honduras y El Salvador votan a favor del otorgamiento de préstamos; Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España lo han hecho en contra. Y se ha perdido el voto a favor de Taiwán debido a que Nicaragua ha roto relaciones y México, Argentina y Corea podrán dar la espalda. El tratado de Libre Comercio (CAFTA) con EEUU peligra y el comercio con la Federación Rusa no es significativo (6 millones de dólares en 2020)

Nicaragua es el cuarto país de Latinoamérica que ha girado hacia China. En su momento, el presidente Ortega quien había sostenido fructíferas relaciones con las dos Chinas – las  donaciones de Taiwán y el proyectado canal a cargo del empresario chino Wag Jing quien en 2020 fue expulsado de la Bolsa de Valores de Sanghai no habían sido excluyentes- rompió sus lazos con Taiwán que desde 2007 a 2020 había  aportado, 350,6 millones, un 12% de toda la cooperación bilateral.

China Popular,  ¿cubrirá las donaciones de Taiwán?

China podrá buscar en Nicaragua un proveedor de materia prima , por ejemplo, el oro que es el principal producto de exportación pero su producción está en manos de empresas canadienses y estadounidenses que venden el 97 % de la producción aurífera a EEUU. Y China tendría que iniciar sus propios procesos de exploración y explotación. Respecto a algunos préstamos para favorecer  la balanza comercial y también donativos, Beijng es reacio a donaciones tan profusas como los préstamos.

China donó 50 millones para la construcción de una nueva escuela de Policía en Costa Rica, pero las importaciones de Nicaragua son un 46% menos que las que Costa Rica le compró a China en 2020. Esta dificultad puede compensarse con una exploración minera agresiva o por la revivificación del canal interoceánico  que conllevaría conflictos geopolíticos, y China en Panamá tiene inversiones por 3.585 millones. Difícilmente el presidente Ortega logre que China sea el pilar financiero de su gobierno.

EEUU, el amigo-enemigo

Al margen del dinamismo de las relaciones con China en el futuro, Nicaragua depende de los más de 2.000 millones de dólares de remesas provenientes de EEUU y que ayudan y mucho al déficit de la balanza de pagos. Y el 71% de los depósitos financieros del país están en dólares. EEUU es el principal socio comercial (27% e importaciones y 49% de las exportaciones) y el mercado de bienes y servicios de la zona franca asciende a casi 3.000 millones de dólares. Las FFAA de Nicaragua tiene sus fondos en New York de cuya seguridad y rentabilidad dependen las pensiones de militares retirados, antiguos guerrilleros del FSLN y militares activos que anhelan un retiro dorado muy posible porque el ejército es la única institución estatal que paga el jubilaciones al 100% del último salario. Las sanciones podrían congelarlos y de esta situación algunos opositores esperan que eventualmente los militares retiren su apoyo al gobierno dado que a modo de ominosa pero diáfana advertencia, las sanciones de EEUU del 10 de enero alcanzaron a dos generales vinculados a la administración de ese fondo.

Sanciones al oro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acompañadas de una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, ha impuesto sanciones a la industria aurífera de Nicaragua, por ser una “pieza importante” que financia al gobierno, e impedirá la entrada a 500 nicaragüenses, en una batería de castigos para aumentar la presión sobre el presidente  Ortega. El blanco de las sanciones es la Dirección General de Minas (DGM), “una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado”.

La nueva orden ejecutiva cita al sector aurífero y permite restringir algunas relaciones comerciales, incluyendo tanto las importaciones a EEUU desde Nicaragua como las exportaciones estadounidenses a este país. El sector del oro puede ser el primero de una lista, dado que Washington deja la puerta abierta para extender estas medidas a otras industrias. La restricción prohíbe también las inversiones de cualquier estadounidense en Nicaragua en esta materia, regla que se extiende también a las empresas extranjeras con oficina en EEUU.

“Lo interesante es ver que Estados Unidos decidiera sancionar la industria del oro, que recientemente ha tenido niveles récords en producción”, afirma Désirée Reder, investigadora del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad Philipps en Marburgo y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. La misma postura sostiene  Tatiana Benavides, consultora internacional quien reitera que Nicaragua es el mayor productor de oro en Centroamérica. “La industria del oro se ha convertido en la mayor fuente de divisas de Nicaragua en los últimos años. En 2021, el país exportó un récord de 348.532 onzas del metal, según datos del Banco Central de Nicaragua y según las proyecciones, se esperaba que pudiera llegar a las 500.000 onzas para 2023”, indica y agrega que el sistema de exportación de oro en Nicaragua se enmarca dentro de un sistema de “clientelismo” con quienes apoyan y son cercanos al régimen.  

Las nuevas sanciones de EEUU vienen a cambiar el panorama económico, no solo para Nicaragua, sino también para las más de 140 empresas internacionales que tienen conexiones con la producción de oro en el país centroamericano. Una de ella es la mina canadiense Calibre que, ante el anuncio de EEUU, emitió un comunicado de prensa en el que señala que acatarán las nuevas medidas: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y restricciones internacionales permanentes”, se expresa en el boletín.

Dirigentes opositores nicaragüenses han acusado que parte del oro que se exporta en Nicaragua en el último tiempo proviene de Venezuela, debido a que aún continúa el bloqueo económico para ese país. Es probable, afirman las expertas, que surjan nuevos compradores de los llamados de los ‘países aliados’ Rusia, Irán o China.

Managua, Moscú y la Casa Blanca

La guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania ha complicado todavía más las relaciones de Nicaragua con EEUU. La Casa Blanca repudió el 21 de octubre que el gobierno de Ortega-Murillo que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar ruso en el país. Nicaragua fue uno de los cuatro países, y el único latinoamericano, que se alineó con Rusia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba el intento de Moscú de anexión ilegal de partes de Ucrania. Las nuevas medidas de Biden llegan días después de que la Unión Europea (UE) renovara por un año su paquete de sanciones al país centroamericano.

AGB

Los supuestos organizadores de la secta dedicada a la trata de personas que se encumbró detrás de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) pasaron desapercibidos durante décadas para los organismos de control del Estado. La red habría llegado a facturar unos US$500.000 mensuales pero sus principales referentes figuran o figuraron como meros monotributistas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a los registros consultados por elDiarioAR y a la confirmación de dos fuentes directas de la causa. 

Durante los allanamientos realizados por orden del juez Ariel Lijo, se secuestró más de un millón de pesos y 1.100.000 dólares, además de oro en polvo y en monedas, monedas de plata y relojes Rolex, entre otros bienes. Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que inició la investigación.

Se trata del mayor secuestro de dinero en efectivo en el marco de un caso de presunta trata de personas que se haya realizado en el país, según explicó una fuente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Los embargos preventivos dictados por el juez incluyen alrededor de 35 propiedades inmuebles y trece automóviles registrados en el país a nombre de 19 personas que integrarían la organización, pero los investigadores creen que es apenas una porción de la riqueza acumulada por EYBA entre 2004 y 2022. 

elDiarioAR se comunicó con el estudio jurídico que representa a los detenidos en la causa, incluido Juan Percowicz, sindicado como el líder, para consultar la posición de los acusados, pero informaron que por ahora la defensa se encuentra analizando el expediente y espera poder hacer declaraciones públicas en los próximos días.

Ganancias

En base a las escuchas telefónicas que se realizaron en la causa, los investigadores están convencidos de que el patrimonio de los acusados es mucho más grande de lo que han embargado de manera cautelar y estaría en el exterior. Apuntan a Estados Unidos, donde la organización montó sedes en Chicago, Las Vegas y Nueva York. Las autoridades de ese país ya han iniciado su propia investigación, confirmó una fuente del caso.

La mayor parte de las ganancias registradas en balances caseros que realizaban los organizadores de la red y que ascendía a los US$500.000 provenía de la explotación sexual de las alumnas, un “servicio” identificado internamente como “geishado” y “geishado VIP”, además de la reducción a la servidumbre. 

También hicieron parte del dinero con la venta de medicamentos y con una clínica privada en Buenos Aires en la que ofrecían “curas de sueño” y tratamientos para dejar las drogas. Sus clientes eran en su mayoría hombres provenientes de Estados Unidos.

Una tercera fuente de ganancias eran cursos de coaching y una cuarta, aunque no menor, el apoderamiento de los bienes de los alumnos. A través de las escuchas y otras medidas de prueba, los investigadores establecieron que les exigían donaciones y así se habrían apropiado de propiedades, muebles, joyas, ropa. Cuando los familiares de alumnos fallecidos aparecían en escena a reclamar sus posesiones no quedaba nada. 

EYBA tenía, hasta su caída, 179 alumnos, a quienes se les exigía un pago mensual mínimo de US$200 identificado como “el sobre”, que incluso podía alcanzar los US$10.000 mensuales, según la investigación judicial.

Los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano (Protex) y Carlos Stornelli solicitaron medidas cautelares para el decomiso de los bienes, además de la inhibición general de los acusados y el congelamiento de cuentas, cajas de seguridad e inversiones financieras del grupo. Los bienes quedaron embargados por orden de Lijo.

Los fiscales identificaron que una de las estrategias de la organización fue separar el patrimonio entre muchas personas, señaladas como testaferros a través de los que también justificaban movimientos de dinero sin despertar sospechas de los organismos de control y el fisco. Una presunta cobertura de un sector del poder fue denunciada por Pablo Salum, hijo de una familia coptada por la secta y quien logró escapar. 

La red contaba con un estudio jurídicos, asesores financieros, impositivo y contables, empresas, una fundación, un “banquito” para otorgar préstamos a sus alumnos y al menos dos inmobiliarias, Aznares Propiedades y Salum Propiedades, supuestamente utilizadas para realizar inversiones inmobiliarias y blanquear parte del dinero obtenido de la explotación sexual de las alumnas y los presuntos tratamientos médicos de la clínica que manejaban.

La Justicia también está a la espera de corroborar si la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, escribanos, agencias de autos, inmobiliarias y otros sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Fantasma financieros 

Aún así, Percowicz, señalado como la cabeza de la organización, es un anciano de 84 años que para la AFIP fue monotributista categoría D desde 2004 y ahora es un jubilado que se atiende en PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. Tiene sólo una tarjeta de crédito, registra una deuda de apenas $9 mil (unos 65 euros) por sus consumos de junio último y no tiene cheques en cuentas bancarias personales, de acuerdo con los registros comerciales consultados por este medio.

Sin embargo, adquirió en efectivo una camioneta Ford Bronco Sport Wildtrak junto con otra supuesta jefa de la organización poco antes de quedar detenido, explicó una fuente del caso a este medio. El vehículo cuesta casi $10 millones en su versión básica. 

Las escuchas telefónicas también alertaron que la organización estaba a punto de comprar un edificio en Estados Unidos por US$1.500.000.

El sistema no registra sociedades comerciales a su nombre, pero desde 2013, Percowicz es propietario de dos marcas: Fundación Escuela de Yoga Buenos Aires, el nombre legal de su organización; y Buenos Aires Yoga School, la entidad con la que introdujeron a la organización en Estados Unidos.

Los investigadores sostienen que Percowicz tenía el “control absoluto” de la organización, pero la red contaba con otras personas que revestían el nivel “7 formal e informal”. Estos se encargaban de los aspectos “dogmático, sexual, médico, financiero y jurídico” de EYBA, así como la relación con el extranjero. Una de ellas es, según la investigación, Verónica Angela Iacono, de 51 años, con domicilio fiscal en la sede central de EYBA, en Estado de Israel a 4457, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Iacono no registra actividad laboral y figura con escasos ingresos, por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, esta cantante lírica protagonizó un dueto con el tenor Plácido Domingo en 1996, como reveló este viernes elDiarioAR, y es buscada por Interpol por haber participado de la supuesta organización criminal en Estados Unidos. La Justicia cuenta con tres audios y escuchas telefónicas en los que se menciona que un artista llamado “Plácido” solicita servicios sexuales a la organización.

Otra dirigente de EYBA es Susana Mendelievich, 75 años, también música lírica y monotributista que prestaba supuestos servicios de locación en la categoría más baja, según los datos de AFIP.

Al menos otros tres detenidos, Mariano Krawczyk, conocido como Mariano Krauz; Daniel Eloy Aguilar y Marcela Alejandra SorKin (alias “La Leona”) figuran ante la AFIP como autónomos o monotributistas con ingresos de clase media. En la misma situación figura Federico David Sisrro, también detenido, y quien se registró como autónomo de ingresos medios. Tiene a su nombre la marca BA Group, nombre de una de las sociedades supuestamente utilizadas para el blanqueo de fondos ilícitos, según el expediente.

Los investigadores estiman que los organizadores se abastecieron de sumas millonarias en efectivo sin control de los organismos desde hace casi dos décadas.

ED

La República Bolivariana de Venezuela enfrenta desde 2017 más de 500 sanciones coercitivas unilaterales impuestas por EEUU, que privaron a la nación del 99% de sus ingresos. Las medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) le han impedido cualquier transacción en el sistema financiero del país, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.

En diciembre de 2018, ante el temor de nuevas sanciones internacionales y de posibles embargos por parte de acreedores y tenedores de bonos de deuda venezolana, las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) solicitaron al Banco de Inglaterra la devolución de las 31 toneladas de oro monetario venezolano depositado en sus bóvedas. 

Las intervenciones del “presidente interino”

En enero del 2019, la solicitud de Maduro para repatriar el oro fue denegada por el Banco de Inglaterra que alegó el reconocimiento de Boris Johnson, en ese entonces Primer Ministro británico, a Juan Guaidó como mandatario legítimo, después de que el parlamentario opositor se autoproclamara en una plaza   “presidente interino” de Venezuela, argumentando fraude en las elecciones presidenciales ganadas por Nicolás Maduro. También más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente, entre ellos EEUU y la mayoría de los que integran la Unión Europea. 

En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela —dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó— nombró una dirección paralela a la oficial del BCV, y pidió a Londres que no entregara los lingotes al gobierno de Maduro.

En marzo de 2020, el Banco de Inglaterra informó al BCV su decisión de no permitir la movilización del oro venezolano depositado en sus bóvedas, y consecuencia en mayo del 2020, la Junta Directiva del BCV demandó al Banco de Inglaterra ante la Corte Comercial por negarse a cumplir la solicitud de entrega del oro venezolano.

En total, son 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que el Gobierno de Maduro, a través del BCV presidido por Calixto Ortega, lleva casi cuatro años intentando recuperar y que en 2020 ofrecían una fundamental ayuda para enfrentar la pandemia del Covid19.

El 20 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de Gran Bretaña sentenció que el Gobierno de Su Majestad reconocía de manera clara e inequívoca al gobierno interino de Juan Guaidó y en consecuencia, a la junta administradora ad hoc designada por éste en el BCV.

Sin embargo, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, con sede en la ciudad capital de Caracas, anuló el “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional en 2015 que había designado a Guaidó, la decisión  enervó el favor que gozaba el “presidente interino”  y Maduro recuperó el control del departamento, la Corte Suprema de Gran Bretaña le solicitó a la Corte de Comercio que dictaminara si reconocía o no los efectos jurídicos de esta decisión. El juicio se verificó entre el 13 y el 18 de julio bajo la dirección de la jueza Sara Cockerill.

La sentencia Cockerill

El viernes 29 de julio, la jueza Cockerill sentenció a favor de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, señalando que “no tenía ninguna duda de que el enfoque de la junta de Guaidó es correcto. A esta conclusión se puede llegar tanto por la revisión de las autoridades, como por un razonamiento independiente a la luz de la naturaleza de la doctrina de la ‘voz única'”.

La doctrina de la “voz única” es un principio del derecho constitucional inglés que prescribe que el ejecutivo y el poder judicial deben hablar con una sola voz en las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de Estados, gobiernos y jefes de Estados extranjeros. De acuerdo  este principio, la justicia británica ha incurrido en una flagrante contradicción porque en  Venezuela coinciden los criterios en este tema tanto del Poder Judicial como  del poder Ejecutivo del presidente Maduro.

La jueza británica descalifica a la Justicia bolivariana: esto está fuera de los usos y costumbres, en el Derecho Internacional: los jueces de un país no revisan lo actuado por los jueces de otro, lo dan por bueno. En este sentido,

el abogado Ramón Escovar Alvarado, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que “Usualmente, las jurisdicciones de tradición anglosajona suelen evitar dictaminar sobre la independencia o no de los tribunales de otro Estado. Los abogados internacionalistas consideran que esto se debe al temor de una política judicial de reciprocidad. Sin embargo, como lo demuestra las sentencias de los Estados Unidos sobre la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela, los casos relacionados con nuestros países han significado la excepción a varias tradiciones jurisprudenciales sobre la materia”.

 Guaidó aunque aún la justicia británica no lo ha autorizado a acceder a las reservas de oro, celebró:  “Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro”.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nombre del gobierno de Maduro, rechazó la sentencia y anunció que el BCV acudirá a todas las instancias internacionales para reclamar en contra decisiones que vienen adoptado los tribunales de Gran Bretaña. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”,  informó   Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.

El presidente Maduro, en la jornada con emprendedores en las instalaciones del Teresa Carreño, en Caracas, declaró que “Venezuela debe saber que es una acción de piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a los países del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro”.

Qué decidan los tribunales de alzada sobre la sentencia Cockerill, que no reconoce las decisiones del TSJ de Venezuela, tendrá implicaciones jurídicas y políticas relevantes en un futuro no lejano y será un importante precedente para resolver otros litigios sobre activos venezolanos que se encuentren en el exterior. Solo como ejemplo,  determinar quien estaría autorizado para disponer de los 120 millones de dólares que se derivaron de la finalización de un contrato de permuta de oro entre Venezuela y el Deutsche Bank.

 AGB con información de agencias y medios

Venezuela fue durante varias décadas fue uno de los países con mayores reservas de oro monetario en el mundo. En  el año 2011 poseía 365,82 toneladas en el puesto 16 de la lista de los países con mayores reservas de oro del mundo.

En el mismo 2011, el 42% (154,47 t) de las reservas de oro metálico se encontraba bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que el restante 58% (211,35 t) se hallaba depositado en bancos ubicados en Gran Bretaña  (46,44%), EEUU (5,85%), Suiza (3,24%) y Canadá (2,25%). 

La pregunta respecto a cómo las reservas llegaron hasta allí revela una estrategia seguida por  muchas otras naciones debido a que sus bancos centrales no habían instrumentado medidas que garantizaran una total protección. Muy diferente era el statu quo logrado por Banco de Inglaterra que en 1732 había construido la primera bóveda de seguridad  y gracias a esto,  Londres se estableció como protagonista en el mercado del oro, centro mundial del comercio del metal precioso. Jamás se perpetró robo alguno en el Banco de la capital de Gran Bretaña, donde se encuentra una  quinta parte del oro de los gobiernos  de ambos lados del Atlántico.

La repatriación del oro venezolano

En agosto de 2011, el ex presidente Hugo Chávez (1999-2012) ordenó al BCV- que goza de autonomía constitucional para administrar las reservas - la repatriación del  oro monetario del país depositado en los bancos de la Unión Europea y de EEUU.

Las razones aducidas por Chávez fueron que era necesario asumir  el control físico de los activos de la nación,  en esos momentos que EEUU y la Unión Europea se encontraban en crisis económica y financiera. Muchos analistas, sin embargo, advirtieron que las verdaderas razones del traslado tenían que ver con la intención del gobernante venezolano de manejar directamente estos recursos de manera discrecional.

A principios del 2012, Nelson Merentes, el entonces presidente del BCV, anunció la repatriación de 160 toneladas del oro monetario que se encontraban depositadas en bancos de Suiza, Gran Bretaña, EEUU y Canadá.

Con esta repatriación, 315 toneladas quedaron en las bóvedas del BCV mientras que el resto se mantuvo en centros financieros del exterior para utilizarlas en futuras operaciones. Dentro de ese remanente quedaron las 31 toneladas de oro que hoy se encuentran bajo litigio en Londres.

El destino del oro del BCV

A partir del 2014, el presidente  Nicolás Maduro, autoproclamado defensor del “legado” del comandante Chávez, comenzó a hacer un uso intensivo de las reservas de oro monetario venezolano para sortear el conflictivo escenario nacional.  El desplome de los precios internacionales del petróleo que se sumaron a  las sanciones financieras y petroleras del gobierno de EEUU; la ausencia de inversiones privadas y públicas; la hiper-inflación que pulverizaba el valor del bolívar; el colapso de la renta que ha afectado las inversiones y mantenimiento al sistema de distribución del agua nacional, generando muy severos problemas de acceso al agua de millones de personas; la crisis hegemónica producida después de la muerte de Chávez en 2013 que estimuló la competencia de intereses particulares y la corrupción; el desarrollo del conflicto colombiano en el período de “Acuerdos de Paz” y post-acuerdo que ha impulsado el crecimiento de la movilización de sectores de las guerrillas a Venezuela, incidiendo en las disputas territoriales por los recursos naturales .

El presidente Maduro, ante de la gran crisis política-humanitaria-económica y sanitaria de la nación y apremiado por la necesidad de liquidez,  utilizó el oro monetario como garantía (swap) para recibir préstamos a mediano plazo de bancos internacionales. Algunas de esas garantías auríferas se perdieron por impago. En el año 2019, por ejemplo, el Deutsche Bank tomó el control de 20 toneladas de oro que Venezuela había colocado como fianza para respaldar un préstamo de 750 millones de dólares que el gobierno de Maduro recibió en el 2016 y no canceló. 

El segundo mecanismo recurrido por  Maduro para obtener divisas es la vertiginosa y acelerada venta del oro monetario venezolano. Según la investigación  BCV, La exprimidora oficial del oro venezolano, de las periodistas venezolanas Lisseth Boon y Lorena Meléndez, el BCV se ha valido “de mecanismos legales para lavar ‘el oro sucio' que compra procedente del Arco Minero del Orinoco”. Este “oro sucio” u “oro de sangre” proviene de circuitos criminales que operan en el sur de Venezuela. 

Con todo, en el término de cinco años, la repatriación del BCV condujo a que las reservas de oro monetario del país registraran una caída de 66%. Venezuela pasó de poseer 360 toneladas en el año 2013 a 161 toneladas en el 2018. Durante los años 2017 y 2018, según el Concejo Mundial del Oro , el BCV fue la institución bancaria que vendió más oro monetario en el mundo. Según los balances del BCV, las reservas de oro monetario venezolano quedaron reducidas a 98 toneladas para finales del año 2020. Un año después, en diciembre de 2021, la cifra llegó al mínimo histórico de 79 toneladas.

La importancia crucial del oro 

Ya en la década de 1990, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos para enfrentar la crisis de la deuda externa. En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces presidente Rafael Caldera abrió en 1963 el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el medio ambiente. En el contexto de aguda crisis económica, social y sanitaria que ha tenido que enfrentar el gobierno de Maduro – que en parte se deben a  las sanciones del gobierno de Trump a la economía venezolana y también a  las disputas por el control del Poder Ejecutivo entre Maduro y, la coalición de Guaidó- el oro constituye uno de los principales refugios económicos. Se explica así la expansión de la mega-minería con el Arco Minero Orinoco,  a una vasta zona de 111.846 km2 rica en minerales preciosos en toda la  región de Guayana que representa el 43,47% del territorio venezolano, como proyecto emblemático y las pretensiones del gobierno de captar la mayor cantidad posible de toneladas de este metal aurífero. La captación de las nuevas toneladas de oro se ha promocionado en medios televisivos y prensa escrita y digital, como  las imágenes del presidente Maduro con varios lingotes de oro en el Palacio de Miraflores.

Las ventas de oro por parte del gobierno de Venezuela, que hoy están formalmente afectadas por las sanciones impuestas por los EEUU, fluyen por canales alternativos como Turquía o Uganda, aunque previo a las sanciones volaban hacia los canales hegemónicos, en operaciones subterráneas y cuasi clandestinas vinculadas principalmente al pago de la deuda externa y sus servicios.

El significado del oro en el contexto de la crisis económica mundial crece día a díad, y más si se resalta la crisis del (patrón) dólar, la guerra comercial y los progresivos pasos de varios países y mercados para ir desacoplándose de este patrón y diversificar los respaldos y valores de cambio mundiales.

En este panorama, potencias como Rusia y China han realizado sostenidas y aceleradas compras de oro  al mismo tiempo que se han posicionado de diversas maneras en el proyecto del Arco Minero del Orinoco. A la vez que se han producido  las disputas por el control del oro venezolano, evidentes en medidas neocoloniales como la confiscación de reservas auríferas venezolanas almacenadas en bancos internacionales, como el caso del Banco de Inglaterra.

En medio de la gran crisis política-humanitaria-económica y sanitaria que atraviesa Venezuela, el oro es fuente vital para obtener liquidez. De ahí el manifiesto interés de Maduro en las minas del Arco Minero del Orinoco, extendida entre el río Orinoco, el Estado de Bolívar y parte del Estado de Amazonas. la vasta zona que se extiende hasta la frontera con Guyana al este y con la de Brasil al sur. Países como Rusia y China han ampliado su presencia en empresas mixtas de extracción en esta zona con participación del Gobierno.

Venezuela ha continuado vendiendo oro a su aliado Irán, que también está bajo las sanciones de EEUU, pero aun así sus reservas internacionales cayeron a principios de este año al mínimo más pronunciado de los últimos 30 años, según cifras del propio BCV. 

A pesar de la riqueza petrolera del país, la economía está en una situación insostenible exacerbada aún más por las sanciones internacionales. Maduro necesita urgentemente divisas y ve el oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra como la solución a sus problemas. Sin embargo,  por el  momento, tendrá que esperar.

AGB con información de medios y fuentes

El gobierno del presidente  Nicolás Maduro sufrió un duro revés el viernes  29 de julio  debido al fallo del  Tribunal Superior de Londres que favorece a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el líder de la oposición Juan Guaidó, quien tras autoproclamarse presidente interino del país ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta del oficialismo.

En Venezuela, el oficialismo y  la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Tanto Maduro como Guaidó han designado cada uno juntas diferentes para el BCV y los dos han emitido instrucciones contradictorias respecto del manejo de las reservas de oro.

A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ)  de tendencia oficialista, había dictaminado que las reservas debían ser trasladadas desde Londres a Venezuela, la jueza británica Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres desestimó ese pedido arguyendo que no hay base legal en  las decisiones del TSJ de Venezuela que revocó los nombramientos de Guaidó en el BCV.

Sin embargo, la jueza Cokerill no autorizó a la oposición para acudir a las reservas, lo que tiene que resolverse en otra audiencia. La máxima autoridad judicial británica enfatizó en que el Ejecutivo local no acepta el gobierno de Maduro desde 2019 y reconoce como presidente legítimo e interino a Guaidó. En consecuencia,  con base a la doctrina legal británica  de Una Sola Voz- que obliga a todos los estamentos del estado a proceder unificados en casos de política exterior- , todas las decisiones de Guaidó deben tomarse como lícitas y certificar el fallo del TSJ iría en contra de ese ideario. Sin embargo, aseguró que la delegación de Guaidó no dio “pruebas convincentes” de que el TSJ no sea imparcial e independiente.

La parte opositora recurrirá la sentencia en agosto para que la jueza se vuelva a expedir en septiembre. En tanto que se aguarda una extensión de la Justicia londinense en los próximos meses para dirimir otros puntos de la causa, entre ellos, si el organismo de Guaidó podrá gestionar los activos venezolanos en suelo inglés.

A su vez, el gobierno de Venezuela rechazó la decisión de la Justicia británica e instó a que el tribunal londinense retrocediera en su fallo. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”, declaró  la vicepresidenta Delcy Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.

El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, caracterizó  de “desafortunado” que la jueza “se viera constreñida por normas técnicas” y ratificó que continuarán la contienda “para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan en beneficio”.

La puja por el acceso al oro arrancó en mayo del 2020, cuando Calixto Ortega –presidente de la junta oficial del BCV- apuntó contra el Banco de Inglaterra por no cumplir con la transacción de 930 millones de euros de las reservas que eran requeridos para la lucha contra la crisis del Covid-19.

Esta resolución podría sentar un precedente para el litigio planteado por el Deutsche Bank , que data de la misma época, y que consiste en un reclamo de 120 millones de dólares derivados de la finalización de un contrato por permuta de oro.

AGB con información de diarios y agencias