A menos 48 horas de que se cumplan 27 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este viernes la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán en una audiencia oral y pública con el objetivo de frustrar el juicio en su contra, aún sin fecha de inicio. Se refirió al ataque como “el más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país” y definió la acusación como un “disparate judicial, institucional y político”.

“Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo el montaje de una mentira para poder ganar las elecciones y entretener a la gente”, aseguró sobre la causa del memorándum. Fernández de Kirchner enmarca el avance de este expediente en la “guerra judicial” o lawfare que, sostiene, se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri para generarle numerosas causas judiciales siempre a cargo de los mismos jueces, con supuestos nexos con su opositor político.

La expresidenta, exfuncionarios y aliados políticos de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por la voladura del edificio de la mutual a través de un supuesto pacto de inmunidad denunciado por el fiscal Alberto Nisman, acusación que todos ellos han rechazado y que sostienen, se basa en evidencias presuntamente falaces. 

Ante el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y el Tribunal Oral Federal número 8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, Fernández de Kirchner expuso de manera virtual y desde su despacho en la presidencia del Senado. Cerca de las 14, más de 24.500 personas estaban conectadas para escuchar la audiencia, que además se trasmitió en directo por la TV Pública. La vicepresidenta se excedió de sus 45 minutos de exposición pero no fue interrumpida por la presidenta del tribunal, María Gabriela López Iñiguez. Eligió un tono político pero neutral para repasar cuestiones históricas y anecdóticas sobre el caso hasta el final, cuando se emocionó y elevó el tono de voz para defenderse de la supuesta persecución en su contra.

¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?

Aniversario

La audiencia comenzó alrededor de las 13, unas tres horas después de que se realizara el acto virtual por un nuevo aniversario del atentado terrorista que costó la vida a 85 personas, el 18 de julio de 1994. A las 9.53 de este viernes, familiares de las víctimas se congregaron en un encuentro virtual en el que sonó nuevamente la sirenas que recuerda el momento exacto de la explosión y se leyeron los nombres de cada uno de los asesinados.

Fernández de Kirchner volvió a explicar que el objetivo del memorándum era lograr un avance en la estancada investigación por el atentado terrorista y que se llegara a un acuerdo para indagar a los funcionarios y exfuncionarios iraníes acusados de ordenar el ataque, quienes nunca pudieron ser capturados, a pesar de las alertas rojas de Interpol.

“Me duele tanto porque tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces y lo único que me mueve nada más que dejarles a mis hijos y a mis nietos y a mi nieta un país mejor”, dijo emocionada al final de su exposición. “¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?”; nunca vi una ilegalidad así, es un escándalo monumental nunca visto y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos“, agregó.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.  El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Durante la audiencia, CFK dedicó gran parte de su defensa a acusar a ambos jueces de la Casación de haber actuado en los expedientes en su contra con consonancia con el macrismo. También apuntó a quien instruyó el expediente. “Todo termina en Bonadio -quien instruyó la causa del memorándum, entre otras-, y arriba, Hornos y Borinsky”, dijo para sostener que los expedientes en su contra que llegaron a la etapa de juicio fueron casi todos instruidos por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y luego confirmados en la Cámara de Casación Federal por los jueces Hornos y Borinsky. 

También mencionó al juez Julián Ercolini, a cargo de casos como Hotesur, Los Sauces y Vialidad. “En primera instancia, Ercolini y Bonadio, y después, estaban, en Casación, Hornos y Borinsky esperándome para darme, según ellos, lo que sería mi merecido”. “Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces”, dijo.

“Esto es como el rey desnudo”, agregó. “Acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la Presidencia en Casa Rosada como a la Quinta de Olivos el ingreso del doctor Hornos y el doctor Borinsky de manera asidua” y en fechas relacionadas con las decisiones en su contra.

Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en el juez Borinsky, quien figura con 15 ingresos a la Quinta de Olivos y a quien adjudica además haber supuestamente asesorado a los familiares de víctimas de la AMIA sobre cómo lograr la reapertura de la causa del memorándum. “Jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿En serio pueden creer que ese juez iba a ser imparcial con Cristina Kirchner?”. “No les quedó nada por violar”, dijo en referencia al gobierno de Macri y sus supuestos aliados en la Justicia.

“Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada, y al otro día, el 30 de noviembre (de 2016), el presidente Macri en una radio de Mendoza salió felicitando con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo en el que resucitaron la causa contra Fernández de Kirchner”, dijo. Definió la investigación judicial como una “cacería”. “Bonadio logró encarcelar a (Carlos) Zannini, a (Luis) D'Elía y a otros. Zannini sigue pidiendo que expliquen la razón por la cual estuvo preso cuatro meses”, aseguró Fernández de Kirchner.

Alrededor de las 13, había comenzado haciendo un repaso sobre a qué se dedicaban cada uno de los acusados al momento de que estallara la AMIA y remarcó que dos de ellos estaban en la escuela secundaria (los funcionarios Andrés Larroque y Juan Martín Mena). Fernández de Kirchner era entonces diputada provincial en Santa Cruz.

Contó que integró la comisión bicameral destinada al seguimiento del caso en el Congreso y que le valió tener que declarar como testigo durante el primer juicio por el atentado, que terminó anulando toda la investigación del juez Juan José Galeano por el pago al imputado Carlos Telleldín para que imputada a policías de la provincia de Buenos Aires como miembros de la “conexión local” de los terroristas. “Lo que todos seguimos queriendo saber es la verdad sobre la AMIA” y sostuvo que el caso “siempre fue utilizado por cuestiones políticas internas e internacional”, dijo. “Uno de las causas de la impunidad es el manejo político que se le dio a la causa”, agregó.

En la causa por el memorándum, familiares de víctimas de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) son querellantes pero anunciaron al tribunal que no estarían presentes en la audiencia, ya que se oponen a la nulidad del juicio y a la realización de la audiencia. La DAIA había solicitado posponer la audiencia ante la coincidencia con el acto del aniversario del atentado, propuesta rechazada por el tribunal debido a inconvenientes en la agenda de los jueces, que siguen varios juicios en diferentes tribunales, según explicaron en un escrito. 

La defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el gobierno de Fernández de Kirchner y uno de los imputados, también pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa. El mismo planteo fue realizado por otro funcionario acusado en la causa, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Por este caso, también fueron elevados a juicio el senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el dirigente Luis D'Elia y Fernando Esteche (Quebracho), entre otros.

En excanciller Héctor Timerman declaró en indagatoria de juicio en julio de 2018, cinco meses antes de fallecer en diciembre de ese año. Lo hizo de manera anticipada debido a un avanzado cáncer. De anularse el juicio, será el único de los procesados del caso indagado por los jueces y el fiscal en etapa de audiencias orales y públicas. Su situación procesal aún no fue resuelta por el tribunal y hay un pedido para que se dicte su sobreseimiento. Fernández de Kirchner recordó al exfuncionario varias veces durante su alocución.

El Memorándum con Irán 

El acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán fue firmado en 2013 y aprobado por el Congreso pero en 2014 la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional, por lo que nunca entró en vigencia.

El expediente judicial se basa en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada en enero de 2015, días antes de aparecer muerto en el departamento donde vivía. Ese mismo año, el juez federal Daniel Rafecas la desestimó y archivó, a pesar de que el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado producir medidas para corroborar los supuestos hechos relatados por Nisman: un pacto para indagar a los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la AMIA en un tercer país que supuestamente implicaba hacer caer las alertas roja de Interpol que pesan en su contra. A cambio de la “impunidad”, dijo Nisman, Irán garantizaría acuerdos comerciales con Argentina. Su denuncia se basó, principalmente, en escuchas telefónicas, en su mayoría, a dirigentes periféricos, algunos con llegada directa al kirchnerismo y a la dirigencia iraní en el país. Las intervenciones fueron realizadas por un sector de los servicios de inteligencia que se encontraba enfrentado con Fernández de Kirchner por la firma del acuerdo con Irán.

Tras el archivo de la causa original, dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016 en base a supuesta nueva prueba, durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara de Casación Federal ordenó la reapertura ese mismo año en un expediente paralelo que estaba a cargo del juez Claudio Bonadio. 

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Fernández de Kirchner sostiene que los expedientes se construyeron sobre la base del lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; y el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo, entre otras cuestiones planteadas por su defensa. Por esa razón, este viernes la vicepresidenta dedicó parte de su exposición a enumerar los organismos y funcionarios de Macri y del Poder Judicial y medidas que supuestamente fueron parte de la embestida en su contra, entre ellos la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Próximos pasos

El juicio oral y público por el Memorándum con Irán está en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. La audiencia de este viernes se enmarca en la estrategia judicial de la vicepresidenta para evitar el inicio de los juicios en su contra. 

La audiencia continuará el 4 de agosto para terminar con las exposiciones. Luego vendrá la decisión del tribunal. Los escenarios son diversos e inciertos debido a lo inédito de la audiencia, explicó una fuente directa de la causa. El tribunal podría anular el juicio o sostenerlo; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados; o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Tras la decisión del tribunal, el caso terminará en la Cámara Federal de Casación, ya sea por recursos de la defensa o de las querellas.

Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes en la causa, dijo a elDiarioAR que no acudirían a la audiencia, no sólo porque la fecha coincidió con el acto de aniversario del atentado sino también porque sostienen que la audiencia es ilegal, que “permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba”. “Es una parodia del juicio porque no existe la posibilidad de condena” antes del juicio, agregó Farini Duggan, quien pidió las recusaciones de los jueces y del fiscal del juicio, Marcelo Colombo por haber autorizado la reunión.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, explicó a este medio que el tribunal incorporó nuevas pruebas solicitadas por la defensa para argumentar la nulidad del juicio, como  registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo), a quien CFK señala como parte del lawfare o guerra judicial en su contra.

Los planteos de los querellantes

La autorización de esta audiencia provocó un sismo entre el tribunal, la fiscalía y las querellas. En un escrito presentado este jueves, los familiares de la AMIA se dirigieron a los jueces: “Decidieron realizar una audiencia oral no legislada, que fue pedida por los imputados para tratar la nulidad de fallos dictados por la Cámara de Casación, el día en que se celebrará el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA”. 

“Hemos decidido no participar de la audiencia. En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar, porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, afirmaron. 

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las  sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”, concluye el escrito.

En junio, los familiares de la AMIA recusaron a los miembros del tribunal y, junto a la DAIA, al fiscal del juicio. Entre finales de junio y principios de julio, los jueces López Iñiguez, Obligado y Michilini rechazaron ambos planteos de los familiares de la AMIA y la DAIA. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirmó Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó ante la consulta de este medio a principios de julio.

El testigo más buscado

Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario general de Interpol (2000-2014), para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020,pero nunca ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA. La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería, correo electrónico y mensajes de texto, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso.

La dificultad se basa en al menos dos cuestiones: Interpol no autoriza a su exfuncionario a declarar y Noble, a su vez, está imputado en otro expediente paralelo al juicio. El exjefe de Interpol fue denunciado por los familiares de la AMIA y luego sobreseído en octubre de 2020. Su caso está trabado en la Cámara Federal porteña porque tampoco logran ubicarlo para que nombre a su abogado defensor. 

Actualmente, el juez Julián Ercolini intenta rastrear a Noble, aún sin éxito, confirmó una fuente del expediente. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

ED

La estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar el inicio de los juicios en su contra volvió a la escena pública con el debate sobre su planteo de nulidad del juicio oral y público por el Memorándum con Irán, que estaba en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR.

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

El lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo; la cosa juzgada; y el viraje del eje hacia los empresarios y hasta el propio Alberto Fernández, son algunas de las piezas de esa estrategia, según surge de las medidas y planteos realizados por la vice en los principales casos que la tienen como imputada. 

En la causa por el Memorándum con Irán (firmado en 2013), Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La causa del memorándum se basó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman y todos los denunciados han negado las acusaciones.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de los jueces de la Cámara de Casación Federal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Ambos magistrados reabrieron la causa en 2016, luego de que la denuncia había sido inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas. Con nuevas supuestas pruebas aportadas por familiares de víctimas del atentado, los jueces ordenaron seguir investigando el caso en el juzgado de Claudio Bonadio.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular,

Tomás Farini Duggan — Abogado querellante.

“El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo actualmente: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo)”, explicó Beraldi a elDiarioAR.

El tribunal accedió a producir estas medidas de prueba pero no autorizó otra de las solicitudes de la vicepresidenta: citar como testigos a los querellantes del juicio, los familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes fueron quienes solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016. 

El objetivo de la defensa era que ambos declaren si fueron asesorados por el juez Borinsky para encontrar la forma de que la denuncia de Nisman fuera reabierta.

La audiencia para tratar la nulidad del juicio ya fue autorizada por el Tribunal Oral Federal número 8 (aunque aún no se fijó fecha) y de su resultado dependerá si el juicio se inicia o se frustra. 

Una fuente directa de la causa analizó que los escenarios son diversos e inciertos: el tribunal puede anular el juicio o sostenerlo al considerar que no hay elementos de nulidad; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Sea cual fuera, el caso, terminará en la Cámara Federal de Casación, por recursos de la defensa o de las querellas.

“Estamos frente a una situación atípica. En primer lugar porque la audiencia que el tribunal ha autorizado a celebrarse está por fuera de la ley, no tiene ninguna lógica y no está prevista en el Código Procesal Penal”, sostuvo Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes. 

El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos; el contenido del teléfono celular de Darío Nieto; y la causa sobre la mesa judicial.

Carlos Beraldi — Abogado de la vicepresidenta.

“En segundo lugar, es una audiencia que le permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba. Es una parodia del juicio porque quieren imitar un juicio sin que exista la posibilidad de condena. Al mismo tiempo medios afines al gobierno anuncian que esta audiencia se hace para que pase lo mismo que sucedió con la causa Dólar Futuro: que los imputados expongan sus argumentos y los jueces los sobresean” antes del juicio.

La vicepresidente ya barrió de su tablero judicial al caso Dólar Futuro, otro de las causas  que estaban en condiciones de comenzar este año en etapa de juicio oral y público. En abril último, la Sala I de la Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados (entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof). 

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa debían definir si la causa llegaba a juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio a la Administración Pública o era archivada antes del inicio del proceso. Tras una audiencia virtual con un alegato encendido y político por parte de la principal imputada, los magistrados determinaron que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva.

En plan de giro

El planteo de Fernández de Kirchner logró torcer el camino hacia el juicio por el memorándum, cuestionado por las defensas y distintos sectores políticos que argumentan que las pruebas son endebles y falsas.

A su vez, el pedido de audiencia para tratar la nulidad generó un efecto en cadena que a su vez ayuda a dilatar el inicio del proceso. 

Luego de que el fiscal apoyara la realización de la audiencia y el tribunal autorizara su realización, se tornó inevitable el enfrentamiento con las dos querellas: los familiares de víctimas del atentado a la AMIA; y Jorge Knoblovits, como presidente de la querella Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Ambas recusaron a los jueces y al fiscal para intentar apartarlos del juicio.

No hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio.

Carlos Beraldi — Abogado de la vicepresidenta.

El 25 de junio último, los jueces del tribunal (María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini) se negaron a apartarse. Las querellas presentarán un recurso ante la Casación, donde además se deberá debatir qué jueces intervendrán esta vez en la causa, ya que Borinsky y Hornos deberían excusarse.

Además, este miércoles 7 de julio, las partes tendrán una audiencia virtual previa a la audiencia que solicitó Fernández de Kirchner. En esta primera cita, se tratará la recusación del fiscal del juicio, Marcelo Colombo, planteada también por las querellas, que consideran que el magistrado debe apartarse del caso por haber hecho lugar a los pedidos de las defensas, como, por ejemplo, la celebración de la audiencia para tratar la nulidad de la causa.

Al menos hasta este viernes, Fernández de Kirchner no iba a participar de la audiencia del miércoles 7, según informó su defensa, que considera que “no hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio”. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirma Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó

La defensa de Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario General de Interpol (2000-2014) para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio y demostrar que la acusación se basaría en falsedades. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020. Según Farini Duggan, ese pedido fue el primer intento de frustrar el juicio. “Eso no prosperó porque Interpol se opone” a que Noble declare, agregó el abogado querellante. 

Una carta demorada

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, base de la acusación del juicio pendiente. Pero ni el tribunal ni siquiera ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

El exjefe de Interpol también fue denunciado por este caso y luego sobreseído en octubre de 2020. Los familiares de la AMIA apelaron su sobreseimiento ante la Cámara Federal porteña, pero el tribunal de apelaciones tampoco pudo confirmar o desestimar el sobreseimiento de Noble. 

El caso está en la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. En mayo, Boico se excusó de intervenir, ya que fue el abogado de la vicepresidenta en la causa del Memorándum. Además, Irurzun envió nuevamente la causa al juzgado de primera instancia, ahora a cargo del juez Julián Ercolini, y ordenó que se agoten las diligencias para tratar de ubicar a Noble y notificarlo para que designe a un abogado defensor. 

El Estado argentino le ha asignado al defensor oficial Juan Martín Hermida pero Noble nunca ha confirmado su voluntad de que éste sea su abogado o si, de lo contrario, desea nombrar a un defensor particular, informaron dos fuentes judiciales y una fuente directa del caso a este medio.

La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara.

Tomás Farini Duggan — Abogado querellante.

La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería y correo electrónico, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

Esta semana, el juez Ercolini ordenó intentarlo una vez más a través de unos números de teléfono celular que le informó el Tribunal Oral Federal número 8, confirmó la fuente con acceso al expediente. Aún esperan la respuesta de Noble a su notificación vía mensaje de texto. Sin un abogado defensor, el pedido de los familiares de la AMIA para revocar su sobreseimiento no podría ser tratado.

Los Sauces y Hotesur

Mientras que el juicio oral y público por los cuadernos por supuestos cohechos no avanza aún (ni siquiera se dio inicio a la etapa de instrucción complementaria, según confirmaron dos abogados defensores), en el Tribunal Oral Federal número 5 avanzan lentamente los casos Hotesur y Los Sauces por presunto lavado de activos a través de alquileres de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Se espera que a finales de este año la producción de prueba complementaria esté finalizada, es decir, medidas de prueba que complementen las que ya se produjeron durante la instrucción de la causa, explicó una fuente directa del expediente. En este caso, se realizaron, entre otras medidas, dos pericias contables a pedido de las defensas. Una vez concluida esta etapa, el tribunal número 5 deberá fijar fecha de inicio del juicio oral y público y decidir qué prioridad le da a este debate.

Hotesur-Los Sauces se unificó en un único expediente y tiene entre sus imputados a Fernández de Kirchner y a sus hijos, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo, y la menor, Florencia. 

En este caso, en el que la prueba es considerada sólida por los acusadores, la carta de la vicepresidenta se juega en la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene pendientes para resolver varios de sus planteos, cuyos argumentos también podrían ahorrarle a los Kirchner este juicio oral y público.

Uno de esos planteos es que los hechos de la acusación ya se investigaron en las causas por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cerradas con sobreseimientos anticipados entre 2008 y 2011. Por esa razón, plantean que Hotesur-Los Sauces sería cosa juzgada.

Los testigos de Vialidad

El Tribunal Oral Federal número 2 lleva adelante el juicio por Vialidad o supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, pero el veredicto está muy lejos: se espera al menos seis meses más de declaraciones de testigos, según dos fuentes del caso. La acusación que lleva adelante el fiscal Diego Luciani apunta a demostrar que el empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, fue beneficiado irregularmente con licitaciones viales, en las que existió supuesta cartelización entre los empresarios y presuntos sobreprecios en las obras.

La estrategia de defensa de Fernández de Kirchner es intentar demostrar que Báez no fue favorecido por su gobierno y que no existieron sobreprecios. En lo inmediato busca dar vuelta el foco hacia los empresarios: solicitó que se cite a declarar a Angelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del expresidente Macri; a Carlos Wagner, otrora cabeza de la compañía Esuco; y a Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América. 

Los tres empresarios licitaron y ganaron obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la defensa de la vice quiere interrogarlos para que declaren cómo se efectuaban los procesos de licitaciones en la provincia, según confirmó el abogado de la vice. También explicó que Calcaterra ya planteó al tribunal que no podría presentarse a declarar como testigo porque está imputado en la causa de los cuadernos (como Wagner; un sobrino de Eurnekian admitió también es esa causa pagos indebidos a los Kirchner).

Otros dos testigos solicitados por el abogado de Cristina son dos de sus jefes de Gabinete: el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sin embargo, la defensa solicitó posponer sus testimonios hasta que las audiencias puedan ser presenciales. Es una onda que abarca y expone a sus aliados políticos.

Este juicio también tiene planteos ante la Corte Suprema que cuestionan las decisiones del tribunal.

ED