La irrupción de Vox en el espacio político en 2013 y su crecimiento en las urnas a partir de 2018, coincidiendo con el hundimiento del PP, impulsó un proceso de radicalización de las derechas que pese a haber compartido gobiernos autonómicos y municipales en todos estos años pugnan por el mismo electorado en cada cita con las urnas. Esa derechización hizo que los discursos y programas de PP y Vox fuesen asimilando postulados radicales y, entre otros asuntos, situaran en el centro de sus ataques a los inmigrantes, un colectivo al que responsabilizan sin pruebas de problemas que van desde el paro juvenil hasta la violencia machista u otros delitos como robos y okupaciones.

Las derechas han intentado inocular en la sociedad esa vinculación entre inmigración y delincuencia que ahora ha impulsado a grupos ultras a lanzarse a la “caza” de migrantes en Torre Pacheco (Murcia), provocando varias jornadas de violencia y disturbios de los que tanto Vox como PP evitan responsabilizar directamente al racismo o la xenofobia.

Pero incluso en las últimas jornadas, mientras las calles del municipio murciano padecían la violencia ultra y se llenaban de fuerzas de seguridad, las dos derechas han mantenido esos mismos mensajes que alientan las actitudes xenófobas. “No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”, dijo el domingo José Ángel Antelo, el líder de Vox en la Región de Murcia. “A España se entra a trabajar. Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar ni a hacer ningún juego macabro contra nuestros ancianos, que es pegarles palizas, grabarlas en redes sociales para distribuirlas entre los magrebíes”, añadió, según informa La Verdad.

“Advertimos de lo que iba a pasar, que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, la misma que agrede a los homosexuales y viola a nuestras hijas en las calles”, remarcó el mismo Antelo que exige al PP la retirada de las leyes de Igualdad o las que amparan los derechos de las personas LGTBI.

Desde su nacimiento hace ya 12 años, Vox lleva en su programa la vinculación entre migración y delincuencia que enciende la mecha de la xenofobia en las calles. Según reflexiona la extrema derecha en el texto con el que concurrió a las generales de 2023, la inmigración afecta a “las familias españolas que sufren la inseguridad y la degradación en sus barrios”. “España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación”, apunta el programa de Vox.

En una línea muy similar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó este miércoles a utilizar datos falsos para relacionar migración y delincuencia. En un acto en El Escorial dijo que “España es donde más inmigración irregular ha entrado en 2023, 2024 y veremos 2025”, aunque, según la ONU, en 2023 entraron en Italia más de 157.000 inmigrantes irregulares, mientras en España, algo menos de 57.000; en 2024, Italia recibió casi 67.000 inmigrantes, por 63.970 en España, y en los primeros seis meses de 2025 se han contabilizado 32.820 entradas en Italia, por menos de 19.000 en España. Este año, Grecia también supera a España. “La inmigración no da carta blanca para cometer delitos”, añadió, además de recurrir al reciente discurso de Vox que intenta asimilar a migrantes plenamente legales, irregulares e incluso a los niños ya nacidos en España. “Tenemos más de seis millones de migrantes censados, más los irregulares más los hijos de migrantes”, dijo Feijóo.

El martes el líder del PP pidió a los migrantes que lleguen a España “respeto e integración”. El PP envió un vídeo enlatado de su máximo jefe en el que volvía a vincular delincuencia e inmigración. “Quienes hayan cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley no nos representan, quienes la incumplen habiendo nacido aquí, tampoco”, dijo en la misma línea de Vox. Relacionar criminalidad y migrantes es una constante en el discurso del principal partido de la oposición desde que Pablo Casado tomó las riendas del partido, en 2018, y que ha mantenido Feijóo desde su llegada a la presidencia de los populares, en 2022, pese a presentarse inicialmente como adalid de la moderación.

“La única manera de garantizar seguridad es con políticas migratorias razonables”, aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa, el lunes. “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”, añadió. El propio Alberto Núñez Feijóo ciñe lo ocurrido en Torre Pacheco a un problema de “seguridad” y no de xenofobia o racismo. “No hay convivencia sin seguridad. Seguridad para caminar tranquilos, tranquilas, por las calles de España”, afirma él.

Feijóo: “¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?”

El pasado día 6, tras ser refrendado como presidente por su partido en el XXI Congreso Nacional del PP, Feijóo ya aventuró que la vinculación entre la migración y la delincuencia iba a seguir siendo uno de los ejes de su discurso en los próximos años. Primero pidió “reducir la inmigración ilegal”. Y se preguntó: “¿Cómo lo ilegal va a tener garantías? ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?” Con sus palabras trata de justificar así que las personas que lleguen en situación irregular no puedan ni siquiera ser atendidos por un médico de la sanidad pública. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”, agregó.

La teoría es idéntica a la de Santiago Abascal. El lunes, el máximo líder de Vox elevaba el tono en rueda de prensa tratando de expresar aún más dureza contra los migrantes, a los que vinculó, como Feijóo, a la delincuencia. Para él, la “caza” al migrante impulsada por grupos extrema derecha en Torre Pacheco no es lo que ha provocado la violencia xenófoba en la localidad murciana. Se debe, según dijo, a la propia inmigración. Los disturbios son, para él, “las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad”.

El lunes de la semana pasada, solo unos días antes de que estallara la violencia en Torre Pacheco, una de las diputadas de Vox, Rocío de Meer, llegaba a plantear un concepto acuñado por los principales líderes de la ultraderecha internacional como el presidente estadounidense, Donald Trump, o el argentino Javier Milei: habló de la “remigración”. La parlamentaria planteó una expulsión masiva de migrantes de España, e incluso de ciudadanos españoles con ascendencia extranjera.

Este fue su razonamiento: “Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos de entre el 1% o el 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora alentados por el bipartidismo. Están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país más o menos más de siete millones –porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación–, ocho millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”. Como para ella es “extraordinariamente difícil” que esas personas puedan “adaptarse” a lo que Vox considera “usos y costumbres” españolas, se las debe expulsar.

“Estamos viendo que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas también ha cambiado y no es la misma”, aseguró. “Por lo tanto, todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos tendrán que volver a sus países”, zanjó.

Casado, en 2018: “No hay papeles para todos”

Además de Vox, el PP lleva dando vueltas a esa misma idea desde hace siete años. En julio de 2018, apenas unos días después ser elegido líder de los populares, Pablo Casado aseguró que “no es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos”. Con datos falsos, el entonces presidente del PP aseguraba tener estudios “policiales” que nunca enseñó– que decían que había “un millón de inmigrantes en las costas libias” esperando para viajar a España o que había ONG que calculaban que había “50 millones de africanos recabando dinero para poder hacer esas rutas” hacia la península.

El temor a la migración fue una constante durante su mandato y tras ser expulsado por Feijóo en 2022, este también lo hizo suyo cuando llegó la hora de hacer campaña. En 2024, cuando hubo elecciones catalanas y europeas, Feijóo estableció una cadena causal entre la “inmigración ilegal” y la “okupación” y en Catalunya pidió el voto “a todos aquellos que se dan cuenta de que Catalunya tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”. Un mes más tarde se celebraron las europeas. Feijóo alabó a Giorgia Meloni y arremetió contra “los que eligen Europa para delinquir e infringir” los “valores” de la UE, justamente el mismo discurso que pronunció Rocío de Meer la semana pasada. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar en igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”, dijo.

En su estrategia, los presidentes nacionales del PP siempre han contado con el apoyo de una de las dirigentes del PP más afín con las ideas de la extrema derecha: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada ella dijo que el de la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. En los últimos meses, ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes y este lunes, preguntada por los ataques ultras de Torre Pacheco, Ayuso se limitó a señalar que “siempre que gobierna aumenta la inseguridad”, sin condenar la xenofobia ni los mensajes racistas y obviando los datos oficiales sobre criminalidad, que evidencian que los delitos se han reducido desde que está en la Moncloa el Gobierno progresista.

La tasa de criminalidad, de acuerdo con los balances trimestrales que publica el Ministerio del Interior, es de 50,6 infracciones penales por cada mil habitantes, muy por debajo de países como Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Los datos del INE del año 2023 revelan además que el 73% del conjunto de delitos cometidos en España (291.480 de los 403.194 registrados) fueron cometidos por ciudadanos con nacionalidad española. El balance constata, por ejemplo, que de los 1.046 homicidios que se cometieron en todo el territorio nacional durante el año 2023, el 70,6% (739) fueron cometidos por españoles, mientras que en el caso de homicidios por imprudencia, el número de delitos cometidos por nacionales se dispara hasta casi el 80% (411 de 520 casos registrados).

Pese a los datos, los mensajes contra los migrantes de PP y Vox se han trasladado a los territorios en los que gobiernan hasta el punto que fue la acogida de menores llegados de distintos países a lugares saturados como Canarias, Ceuta o Melilla, que inicialmente fue aceptada por el partido de Feijóo, la que hizo que la extrema derecha saliera de los gobiernos de seis comunidades autónomas en las que su apoyo sigue siendo necesario para el PP, con el que también gobierna en centenares de ayuntamientos. Un año después de esa amenaza consumada, los gobiernos populares siguen sin acoger a los menores migrantes que les corresponden, según el reparto que hizo el Gobierno.

El ministro de Migración y políticas de asilo de Suecia, Johan Forssell, siempre ha defendido que los padres tienen una responsabilidad sobre las acciones de sus hijos, en especial si los menores cometen actos delictivos o pertenecen a una de las pandillas que siembran la violencia en el país nórdico.

Pero las palabras del ministro, que también aboga por reducir la responsabilidad penal hasta los 14 años, se le pueden volver pronto en contra después de que transcendiera que su hijo de 16 años tiene vínculos con varios grupos supremacistas blancos violentos. El caso, además de haber causado un revuelo político en el país nórdico, pone de manifiesto el auge de los nuevos movimientos de extrema derecha en Suecia, que atraen cada vez a más adolescentes jóvenes, promoviendo una agenda de supremacía blanca en el entorno de gimnasios y clubes de lucha.

Forssell, cuyo partido de centro-derecha (Partido Moderado) dirige la coalición de Gobierno que depende de los apoyos de la formación de ultraderecha Demócratas de Suecia, ha confirmado que los servicios secretos (Sapö) se pusieron en contacto con él hace unas semanas en relación con las actividades de su hijo. El ministro ha defendido que en un primer momento no hizo público este hecho por su deber de proteger la identidad del menor. Sin embargo, la identidad de su hijo fue filtrada en redes sociales.

El ministro dice que no lo sabía

La alerta dada por Sapö al titular de Migración vino tras la publicación en la revista de investigación sueca Expo de que un miembro del Gobierno, sin especificar el nombre, tenía un familiar cercano activo en varios grupos neonazis, entre ellos el Movimiento de Resistencia Nórdico, clasificado como una organización terrorista por Estados Unidos, y el grupo Akitvklubb Sverige.

Forssell seguía a su hijo en redes sociales, donde el menor seguía a su vez a activistas y cuentas relacionadas con la ultraderecha. Pero el ministro aseguró que no tenía ni idea de la militancia del adolescente hasta que fue preguntado por los periodistas de Expo. “Como padre, uno se siente conmocionado y horrorizado, estas actividades han terminado, pero, por supuesto, nuestras conversaciones continuarán”, dijo Forssell en una entrevista para TV4, en la que también aseguró que su hijo “está profundamente arrepentido”.

El hijo del ministro asistió supuestamente a varias reuniones de grupos radicales de extrema derecha, aunque no es sospechoso de haber cometido ningún delito, ya que la legislación en Suecia permite la reunión y las actividades de los grupos neonazis. En una foto publicada por la revista Expo, también aparece haciendo el saludo nazi, y han trascendido algunos mensajes de odio que el joven habría publicado en chats internos: “Debemos acabar con la violencia importada. ¡Es hora de que los europeos contraataquen!”, se podía leer en uno de ellos.

Consecuencias políticas

El caso está teniendo consecuencias políticas y los partidos de la oposición ya han pedido la comparecencia de Forssell en el Parlamento. En el ojo de las críticas también está el Sapö, ya que sus agentes no estaban al corriente de la pertinencia a grupos neonazis de alguien tan cercano a un miembro del Gobierno.

El caso recuerda que el extremismo de derechas está experimentando un auge en los últimos años en Suecia, coincidiendo con la influencia política que ha alcanzado la formación Demócratas de Suecia desde los comicios de 2022, cuando fue el segundo partido más votado.

Los servicios de Sapö y otros expertos alertan de que el número de grupos activos de extrema derecha se ha disparado en el país nórdico, y es el más alto desde 2008. Estos grupos extremistas han dejado de ser organizaciones jerárquicas convencionales, como el Movimiento de Resistencia Nórdico, para transformarse en células más pequeñas, informales y encubiertas como el Aktivklub Sverige.

Artes marciales

Este grupo supremacista, inspirado en una organización que nació en 2020 en Estados Unidos, sirve como paraguas de otros grupos como White Boys Stockholm o Gym XIV, creados alrededor de gimnasios donde se entrenan artes marciales mixtas (MMA), utilizadas “como una forma para prepararse para ejercer la violencia en la lucha para la supremacía blanca”, explica Morgan Finnisö, investigador en Expo que lleva años estudiando a estos grupos. “Pero más allá del entreno físico, el grupo publica fotos, vídeos, memes racistas y otro contenido violento en plataformas como TikTok o Telegram para conseguir atraer a otros hombres jóvenes al grupo”, según Finnisö.

Según el investigador, una de las características de los nuevos grupos extremistas de derechas es que “consiguen reclutar cada vez a adolescentes más jóvenes, atraídos por su desafección con la política, y también por un ideal hipermasculino de convertir su cuerpo en un arma física a base de entrenamiento”.

Tras el escándalo con el hijo del ministro, la cuenta de Aktivklubb Sverige intenta aprovechar el foco mediático publicando un video en que se ve a varios de sus miembros enmascarados con bengalas y banderas de Suecia: “Nuestro tiempo acaba de empezar”, dice un mensaje en el video. Con videos como este, el investigador Morgan Finnisö, cree que “para los extremistas de derechas se ha vuelto muy fácil difundir su propaganda por internet y socializar con más gente, que absorbe estos mensajes hasta radicalizarse”.

En su último informe anual, Sapö destaca que esta radicalización online puede degenerar en más actos de violencia en el futuro. Ya ha habido ataques y otros incidentes en días como el del Orgullo LGTBQ en Estocolmo.

“En sus mensajes son muy claros, odian a las personas no blancas, odian la democracia y odian a las personas no heterosexuales. Hasta ahora solamente han protagonizado ataques de poca intensidad, pero, por su inherente ideología neonazi y violenta, representan una amenaza para la sociedad”, advierte Finnisö.

Expansión internacional

Más allá de Suecia, el Aktivklubb ya se ha expandido por Noruega, Dinamarca y Estonia.

“Un factor claro es el éxito político de la derecha radical en Europa y en Estados Unidos, es decir, de actores políticos como Donald Trump o demócratas de Suecia”, dice Finnisö. “Vemos, una y otra vez, que cuando la derecha radical logra éxitos políticos y parlamentarios, los activistas de extrema derecha ven que la sociedad avanza hacia su dirección, y esto lo quieren aprovechar”.

Cada 27 de enero se recuerda el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. La fecha tiene como objetivo rendir homenaje a las víctimas del genocidio perpetrado por el régimen nazi entre 1933 y 1945, que resultó en la muerte de seis millones de judíos, además de miles de personas perseguidas por razones políticas, religiosas, étnicas y sociales.

La elección de este día rememora la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, ocurrida el 27 de enero de 1945, cuando tropas soviéticas pusieron fin a uno de los mayores símbolos del Holocausto. Durante esa jornada, más de 7.000 prisioneros fueron rescatados, evidenciando al mundo la magnitud de los crímenes cometidos.

En la actualidad, esta conmemoración trasciende la memoria histórica para abordar problemáticas vigentes, como el resurgimiento de ideologías discriminatorias promovidas por grupos neonazis y supremacistas. Por ello, el objetivo del Día Internacional no solo es recordar, sino también condenar todas las formas de intolerancia religiosa, incitación al odio y discriminación.

A más de siete décadas de los hechos, la comunidad internacional comparte la responsabilidad de preservar la memoria del Holocausto a través de la educación, la investigación y el cuidado de los sitios históricos. Estos esfuerzos buscan sensibilizar a las generaciones actuales sobre la importancia de prevenir futuros genocidios y promover sociedades más inclusivas.

Un problema relacionado y persistente en el mundo actual es la xenofobia, definida como el miedo irracional hacia los extranjeros. Este rechazo, que puede derivar en actos de violencia y crímenes de odio, afecta a personas que enfrentan situaciones de desplazamiento debido a conflictos bélicos, problemas políticos o falta de oportunidades.

En este contexto, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto nos invita no solo a honrar a quienes perdieron la vida, sino también a reflexionar sobre las lecciones del pasado para construir un futuro libre de odio y discriminación.

DM

El reciente asesinato de un niño en Mocejón (Toledo, España) provocó una catarata de mensajes xenófobos en redes sociales por la falsa atribución del crimen a personas extranjeras: fake news, medias verdades y el señalamiento de un establecimiento hotelero cercano donde están albergados medio centenar de migrantes. El discurso es similar al que se alentó en el Reino Unido hace unas semanas antes de que grupos ultraderechistas terminasen incendiando un edificio que alojaba a extranjeros y protagonizasen disturbios callejeros tras la propagación de ‘fake news’ sobre un crimen cuyas víctimas también eran menores.

El único detenido por el asesinato del menor es un joven español relacionado con el pueblo toledano. La Fiscalía abrió una investigación para determinar si los mensajes, entre los que se difundieron datos de personas sin vinculación probada con el crimen, pueden constituir un delito de odio. La propia familia pidió no señalar a nadie por su origen o color de piel. Y aún así, los principales emisores del contenido xenófobo, parte del cual fue replicado por medios de comunicación, no solo no rectificaron, sino que insisten en relacionar a migrantes y delincuencia.

Fue un funcionario público, el eurodiputado Alvise Pérez, líder de Se acabó la fiesta, quien intentó prender la mecha: cuando aún no se conocían muchos detalles del crimen, difundió en sus redes sociales una captura de Google Maps en la que aparecía una mezquita cerca del campo de fútbol en el que el niño fue asesinado. Alvise es ahora quien va más lejos, pero en la competición electoral de las derechas la xenofobia se convirtió en un eje discursivo más. Vox y el PP ya habían peleado en ese barro antes.

“Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal [y] no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades”. La frase la pronunció Alberto Núñéz Feijóo en la campaña de las elecciones catalanas del pasado mes de mayo. El líder del PP no solo no rectificó, sino que tanto él como sus principales portavoces reiteraron la idea una y otra vez desde entonces. Y no dudaron en retorcer los datos o propagar fake news para hacerlo.

Este mismo lunes, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, señalaba en su cuenta de Twitter a un grupo de personas solo por su supuesta procedencia y les atribuía de antemano futuros malos comportamientos. Un día después, lejos de rectificar o matizar sus palabras, incidía en la relación entre migrantes y delincuencia con la anuencia de la dirección nacional del PP.

El politólogo y profesor Pablo Simón sostiene que no es para nada una novedad este endurecimiento del discurso en torno a la inmigración por parte del PP. Recuerda que Javier Maroto en Vitoria [fue alcalde de la ciudad entre 2011 y 2015] o el propio García Albiol en su anterior etapa como regidor en Badalona ya se caracterizaron por “seguir este tipo de estrategias de demonización de la inmigración y de su vinculación con una supuesta inseguridad”. Unas dinámicas que, a su juicio, obedecían a que ambos tenían competidores de centroderecha nacionalista —PNV y la antigua Convergencia— que les llevaban a buscar un “mensaje diferencial”. 

Se trata, según Simón, de una estrategia que responde a “razones de oferta política”. Es decir, a cómo los partidos toman la decisión de activar unos temas u otros en un contexto determinado. Ahora, esos competidores son la extrema derecha de Vox y el agitador ultra Alvise Pérez, que irrumpió en las últimas europeas con un discurso xenófobo y del odio al extranjero y logró más de 800.000 votos. “Lo que ha acabado de romper el tablero en lo que tiene que ver con la inmigración y el tratamiento de los menores no acompañados ha sido la irrupción de Alvise Pérez, que se ha quedado con la parte más dura y desestabilizadora de Vox”, añade la politóloga y profesora Carmen Lumbierres. 

Es un escenario que, según Simón, sitúa al partido de Feijóo en “una situación complicada”. “Está en la oposición, con lo que puede oponerse a todo lo que haga el Gobierno central; pero al mismo tiempo es un partido de Estado que sigue gobernando la mayor parte de las comunidades autónomas”. Y que, por ejemplo, es responsable de gestionar los centros de atención a menores migrantes que están en el punto de mira de la extrema derecha. Simón apunta, además, que la evidencia empírica señala que la estrategia de imitar los postulados extremistas “es siempre una jugada perdedora”. “Cuando la derecha mainstream ha buscado arrebatar este tema a la extrema derecha ha terminado perdiendo porque el rival siempre es percibido como más fuerte”, sostiene. 

Lumbierres coincide en que es un escenario “muy peligroso” para la formación de Núñez Feijóo. “Por eso están instalados en la confusión”, sostiene. Y añade: “Una cosa es pegarse al discurso del Vox de los inicios, cuando estaban dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros; que hacerlo al de Jorge Buxadé [representante del sector más ultraconservador del partido] o al de Alvise Pérez”, dice esta experta, que también ve en los vaivenes del PP un intento de acercarse al PNV o a un Junts “hiperradicalizado”.  

De hecho, Simón afirma que la influencia de Alvise y el hecho de que el PP esté en la oposición y pueda azuzar otros debates como el territorial también llevan a Vox a centrarse en el discurso antiinmigración. Y eso a pesar de que no es el tema que más réditos electorales dio a la formación de Santiago Abascal. Simón recuerda que Vox surgió en 2018 por la movilización del nacionalismo español a raíz de la crisis catalana y que entonces sus mensajes no se basaban en una movilización del voto islamófobo o antiinmigración, como sí lo habían hecho otros partidos de extrema derecha de otras latitudes.

“Pero ahora Vox necesita volver a buscar un tema que les permita presentarse como un activo”, dice. Y, además, con una “credencial extra”: el hecho de no tener que gestionar nada del tema migratorio —como sí le ocurre al PP— le permite colocarse en “posiciones mucho más extremas”. “La acción política impide al PP desplegar la demagogia o el voto protesta al mismo nivel que Vox”, añade este politólogo, que recuerda que la formación de extrema derecha incluso decidió el pasado julio romper los pactos de gobierno suscritos con el PP después de que sus socios aceptaran acoger un cupo de migrantes menores no acompañados. 

Reforma de la ley de extranjería

El caso de Mocejón es solo un ejemplo de los muchos que se producen de forma habitual en el que cualquier suceso es aprovechado por la derecha para azuzar el miedo a los extranjeros y subir así su cotización electoral. Pero este crimen y la reacción ultra sí coinciden con una importante negociación para reformar la ley de extranjería y sistematizar la solidaridad interterritorial con las comunidades receptoras de migrantes, especialmente los menores. Una modificación que sumió al PP en la contradicción de votar en contra de ella mientras los gobiernos de Canarias y Ceuta, del que forman parte, la apoyan y reclaman.

Desde el PP señalan la única responsabilidad del Gobierno central ante lo que califican una mala política migratoria, mientras los ejecutivos autonómicos rechazan acoger a más menores si no reciben financiación adicional y no cumplen con el cupo de traslados previamente pactado. Tanto Feijóo como sus portavoces advirtieron de forma habitual de una gran crisis humanitaria este verano que no termina de llegar y que ahora sitúan en el próximo mes de septiembre.

El PP registró este martes una proposición no de ley en la que reclama un refuerzo de los controles fronterizos, la presencia de policías españoles en los países africanos desde los que parten los cayucos y el uso de la política exterior para conseguir que dichos países retengan a los migrantes. Precisamente la semana que viene Pedro Sánchez viaja a Mauritania, Senegal y Gambia, donde ya hay misiones policiales españolas desde hace años.

Las diferencias con Reino Unido

La riada de fake news racistas y desinformación a raíz del crimen de Mocejón también remiten a los disturbios producidos hace unas semanas en Reino Unido, donde la extrema derecha de Nigel Farage carga desde hace años contra migrantes y refugiados, el Gobierno conservador —en el poder desde hace casi cinco lustros años— hablaba de “invasión” y determinados medios de comunicación repetían fake news o asumían la migración como algo negativo.

Sin embargo, los expertos consultados creen que, por el momento, no existe el riesgo de que pueda producirse en España un estallido violento de ese calibre. “En el Reino Unido el problema de cómo se ha tratado la inmigración es previo al Brexit, lleva caldeándose el ambiente desde hace muchos años. Creo que en España no estamos a ese nivel, aunque pueda haber sucesos aislados. Estos procesos violentos se larvan con el tiempo, no son brotes espontáneos y en el Reino Unido se llevan promoviendo desde hace muchos años desde las propias autoridades”, dice Lumbierres.

Tampoco Simón cree que se vayan a activar en España estas dinámicas de violencia callejera. Y arguye, para ello, varias razones. Entre ellas, la forma de socialización a través de la familia que opera como “amortiguador” ante este tipo de acciones masivas de gente que está “socialmente desarticulada” o “el pacifismo tradicional de la sociedad española que hace que el número de protestas violentas en España sea muy inferior al de países del entorno”. 

Son elementos que, por el momento, actúan como una suerte de vacuna ante un hipotético estallido violento, pero los expertos llaman a no confiarse y advierten de que la retórica agresiva contra la migración y las minorías que utiliza la extrema derecha pueden ser el perfecto caldo de cultivo de disturbios como los que afrontó el Reino Unido en los últimos tiempos. 

AR/EH/CRM

En julio de 2020, Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform y actual diputado, colgó un vídeo de diez minutos con su visita a un hotel cerca de Worcester, en el centro de Inglaterra. Farage decía que no había conseguido reservar una habitación porque estaban alojados allí inmigrantes “ilegales” que asustaban a las mujeres de la zona y que tal vez estaban relacionados con el terrorismo. 

En realidad, los allí hospedados eran solicitantes de asilo que, según la definición del Gobierno conservador de Boris Johnson, necesitaban protección especial y estaban alojados en ese lugar por las medidas sanitarias de la pandemia. La obsesión con los hoteles, a menudo en condiciones muy precarias, que el Reino Unido utiliza como alojamiento temporal y que son ahora objetivo de grupos violentos xenófobos viene de atrás. Tampoco es nueva la retórica que utilizan políticos de casi todo el espectro ideológico contra la inmigración como algo negativo y contra quienes llegan en pateras a través del canal de la Mancha. 

En 2023, tanto la ministra del Interior como el número dos del Partido Conservador incluso defendieron a quienes protestaban de manera violenta delante de hoteles donde había alojados solicitantes de asilo. Los sindicatos, que representaban también a agentes que habían sufrido ataques, se quejaron de que el Gobierno de entonces era “cómplice” de la violencia. El Gobierno conservador estuvo 14 años en el poder, en parte propulsado por el Brexit y el discurso anti-inmigración relacionado con la libre circulación de la UE.

Los ataques de este domingo contra hoteles donde había refugiados en Rotherham, en el norte de Inglaterra, y Tamworth, en el centro, fueron especialmente violentos. Al menos 147 personas fueron arrestadas en las últimas horas; en total, casi medio millón de personas fueron detenidas en varios incidentes en Inglaterra e Irlanda del Norte tras asaltos organizados por grupos neonazis y otros de extrema derecha contra migrantes.

Esto sucedió después del asesinato de tres niñas de entre seis y nueve años durante una clase de danza en Southport, en el noroeste de Inglaterra. Allí empezaron los disturbios por la convocatoria de un grupo de extrema derecha, English Defence League, que nació hace 15 años y tiene raíces en grupos hooligans de fútbol.

El acusado del asesinato de Southport es un chico de 17 años llamado Axel Rudakubana, nacido en Gales y sobre el que los medios no pueden publicar apenas información por la estricta legislación del Reino Unido de censura previa en el caso de procesos legales. El juez aceptó la publicación del nombre del menor para intentar parar las informaciones falsas sobre su identidad, incluida la difusión de otro nombre de una persona identificada equivocadamente como un migrante musulmán. El acusado cumple la mayoría de edad esta semana, con lo que a partir de entonces puede levantarse alguna restricción.

La retórica de la “invasión”

El nuevo primer ministro, el laborista Keir Starmer, prometió mano dura contra los “matones” que intentaron atacar a refugiados y movilizó fuerzas de policías anti-disturbios. Su ministra del Interior, Yvette Cooper, aseguró este lunes que los ultras no representan al país. “Estamos viendo un nivel de violencia criminal y de matonismo deplorables en algunas de nuestras ciudades y pueblos. Es una vergüenza. Esta gente no habla en nombre del Reino Unido”, dijo Cooper en una entrevista de la BBC.

Pero parte de la retórica anti-inmigrante viene del propio Parlamento y del anterior Gobierno. Suella Braverman, la ministra del Interior entre 2022 y 2023 y antes fiscal general, hablaba de la “invasión” de migrantes que definía como hombres solteros que no compartían los valores nacionales y que trataban de hacer trampas simulando persecuciones que, según ella, no sufrían.

La retórica de “stop the boats” (“parar los barcos”, en referencia a las llegadas por el canal de la Mancha) fue adoptada no sólo por el Partido Conservador, sino también por el Partido Laborista y por los entrevistadores de los medios más profesionales, incluida la BBC.

Parte de este mensaje caló entre los ciudadanos. En 2022, según una encuesta de YouGov. el 76% de los votantes conservadores aseguraban que era “apropiado” definir la llegada de los migrantes al sur de Inglaterra como “una invasión”, tal y como hacía la ministra. La mayoría de los encuestados de cualquier partido a principios de 2024 estaba a favor de deportar a las personas llegadas en pequeñas embarcaciones y estaba dividida sobre si debían o no tener derecho a recurrir esta decisión. 

Sunak echó a Braverman, en parte por su retórica agresiva contra la migración y las minorías, pero conservó su política de intentar mandar a solicitantes de asilo a Ruanda e incluso sugirió que el Reino Unido podía abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se empeñaba en definir como “una corte extranjera” pese a que es una institución internacional promovida en su fundación por el Reino Unido. En junio, Sunak fue abucheado en un debate de la BBC por el público por su desafío al tribunal.

Ahora tanto Sunak como varios aspirantes al liderazgo del Partido Conservador piden mano dura contra los violentos xenófobos, se distancian de Nigel Farage y apoyan al nuevo Gobierno laborista de Starmer en sus acciones contra los ultras, pero voces incluso de su antiguo Gobierno culpan a los tories por sus palabras o falta de acción contra los extremistas. 

Sara Khan, consejera de Sunak para la cohesión social, se queja en declaraciones a The Guardian de la retórica política durante años “contra solicitantes de asilo, refugiados y personas que llegan” al Reino Unido. “Por supuesto, hay un debate legítimo sobre la inmigración, sobre los números y todas esas cosas, pero hay una manera de hablar de esos asuntos sin utilizar palabras deshumanizadoras e incendiarias… La gente dice ‘bueno, si los políticos pueden usar ese lenguaje, ¿por qué nosotros no?”, explica. Khan se queja de los gobiernos conservadores que asesoró no pusieron medios contra los grupos extremistas activos desde hace años y que ya habían causado violencia mortal. En 2016, durante la campaña sobre el referéndum del Brexit, la diputada laborista Jo Cox fue asesinada por un ultranacionalista británico, pero, según denuncia Khan, en 2021, el Gobierno incluso desmontó su estrategia contra el extremismo, que incluía dinero para los ayuntamientos y otras autoridades locales.

En el caso de la retórica política, los mensajes de los miembros del Gobierno y los diputados están bajo escrutinio cuando incluyen falsedades a sabiendas. La oficina dedicada a los estándares de la Cámara de los Comunes ya advirtió a los diputados que tengan cuidado con sus palabras, por ejemplo sugiriendo que las autoridades ocultan información sobre el asesinato de las niñas de Southport. Varios diputados también conservadores criticaron a Farage, que, por primera vez, es diputado tras las elecciones de julio, en las que su partido logró cinco escaños de los 650 del Parlamento. Su condición de diputado puede suponerle sanciones si no respeta reglas básicas de cortesía o miente en la Cámara de los Comunes.

La migración neta

La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo no llega por mar y la subida de la migración neta, es decir la diferencia entre las personas que se marchan del país y las que llegan, está también relacionada con el flujo de estudiantes, trabajadores con visado y refugiados de las guerras de Ucrania o de Afganistán en un país donde hay casi pleno empleo y falta personal en sectores clave como el transporte y la sanidad. 

En la campaña electoral, tanto el Partido Conservador, que sufrió una derrota histórica, como el Partido Laborista se comprometieron a bajar la migración neta, es decir incluidas las llegadas de estudiantes y trabajadores de cualquier país que quieran hacer los trámites legales.

Aun así, nada más ser elegido, Starmer, canceló, tal y como prometió, la política de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, que los gobiernos conservadores llevaban intentando como medida disuasoria desde 2022. El primer ministro laborista también se comprometió a no salirse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (incluso expuso su carta fundacional en la cumbre europea celebrada en Woodstock, en Inglaterra, a mediados de julio). A la vez, Starmer planea una nueva fuerza de vigilancia marítima y trata de llegar a acuerdos con Francia para limitar el tráfico de personas en el canal. 

Las llegadas por el canal de la Mancha aumentaron desde 2018, pero todavía representan números relativamente bajos para un país de 67 millones de habitantes: en 2023, según el Ministerio del Interior, llegaron así 29.437 personas. En la primera mitad de 2024, se identificó la llegada en estas embarcaciones de 12.646 personas. 

Por comparación, en 2023, llegaron por vía marítima de manera irregular a España más de 55.000 personas y, en los primeros cuatro meses de este año, llegaron casi 16.000 personas en patera a Canarias. España tiene 20 millones de habitantes menos que el Reino Unido.

Hoteles insalubres

En el Reino Unido, la mayoría de los solicitantes de asilo que esperan los trámites están alojados en casas y centros de acogida, pero en 2020 el Gobierno empezó a utilizar también hoteles, muchos de ellos cerrados por la pandemia. Las condiciones insalubres y la falta de control especialmente para la protección de menores fueron denunciadas por investigaciones periodísticas y organizaciones no gubernamentales. En 2023, el Gobierno reconoció que le había perdido la pista a unos 200 menores, en algunos casos susceptibles de ser presa de redes de prostitución y explotación laboral. 

El supuesto privilegio de estar en un hotel fue uno de los temas frecuentes en algunos de los diarios más leídos en el Reino Unido, como el Daily Mail, uno de los medios con un índice de confianza más baja del país, pero que todavía está entre los de mayor alcance de audiencia, según los datos del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de este año. Una mirada a sus portadas muestra una selección de la cobertura habitual contra migrantes y extranjeros. 

En otro estudio del Instituto Reuters personas de comunidades negras y de minorías étnicas se quejan especialmente en el Reino Unido del retrato que encuentran en la prensa de sí mismas y sus entornos a menudo relacionado con la violencia, la inmigración ilegal y la recepción de ayudas públicas. 

Jonathan Portes, economista experto en migración del King’s College de Londres, explicaba este lunes en una entrevista en Talk, un canal de opinión conservador en streaming propiedad de Rupert Murdoch, que los propios presentadores de ese medio tenían responsabilidad en los sucedido en las últimas horas. Portes citó los comentarios contra migrantes y musulmanes mezclados con bulos de varios de sus colaboradores y de tertulianos que también escriben como columnistas en el diario The Times, el diario The Sun o en la revista The Spectator. 

Portes definió los ataques contra hoteles donde se alojan refugiados como intentos de “pogromos” (la palabra utilizada para los linchamientos sobre todo contra los judíos en la Rusia zarista) y aseguró que sería un error no relacionarlos con comentaristas que llevan años “justificando” la violencia contra minorías, extranjeros y migrantes. “Las redes sociales desde luego son una parte esencial de esto, pero la interacción entre la prensa supuestamente respetable y las redes es especialmente peligrosa ahora”, dijo el profesor. 

Yo quería hablar de educación. Estaba en una reunión de armado de la marcha federal universitaria. Estudio Licenciatura en Comunicación Social, milito desde el 2017. Me importa el financiamiento de la Universidad y el acceso a la educación y de eso había hablado en las redes. Pero en las redes, el tema era yo. No mi opinión: literalmente yo. 

Un anticipo: el sábado 19 de abril había recibido un mensaje del diario “La Capital” para dar declaraciones. No por la marcha sino por comentarios ofensivos y violentos en respuesta a mis tweets. “Siento que ya me expuse demasiado”, le dije a Matías, el periodista.

No importó. Unas horas después y basándose la nota del diario la capital acerca de los comentarios racistas y xenofobos que recibí, un experiodista rosarino decide citarme en twitter: “Flor del alba Cruz Valdez, llegó de la tiranía de Venezuela hace ocho años. Hoy es presidenta  de la Federación Universitaria de Rosario  y encabeza las protestas contra Milei. En su país no hubiera podido protestar, terminaba en Helicoide”. 

Fue inmediato. Cientos de usuarios —algunas cuentas trolls y otras identificadas como de fanáticos del presidente Javier Milei— me llenaron de mensajes racistas y xenófobos. 

Era violento. Era, además, mentira. Nací en República Dominicana en 1998, tengo el nombre de un merengue de Fernando Villalona. Emigré a Argentina con mi familia hace muchos años. Acá hice la primaria, el secundario. Acá lógicamente es donde voy a la universidad y donde milito. 

Lo puse en las redes sociales: “Si quieren lograr que tenga vergüenza por mi procedencia quiero decirles que estoy muy orgullosa de quien soy y de donde vengo, las convicciones siguen intactas, nos vemos el 23 en la marcha”.

Tuve apoyo: actores políticos y sociales de relevancia denunciaron la situación, tales como el mismismo Rector de la Universidad Nacional de Rosario, docentes, periodistas, concejales y diputados nacionales, exministres, gobernadores y autoridades de diversos partidos políticos de Argentina.

Violencia organizada

Antes de la Marcha Federal Educativa hubo un plan de desinformación y de perturbación de los espacios digitales. El blanco: quienes se encontraban encabezando la convocatoria por el pedido de más presupuesto para las universidades públicas. Dirigentes estudiantiles, entre otros. 

En ese contexto, y bajo esta estrategia de ataques en red sostenidos, se intensificaron los  discursos ofensivos de odio hacia quienes criticamos o reflejamos disconformidad con las acciones –o las no acciones– que impulsa el gobierno nacional en materia de educación.

Debido a la exposición de la problemática de las Universidades, la situación  acerca de la educación pública tomó una gran relevancia. La marcha marcó un punto de inflexión y se convirtió en eje de debate público para toda la sociedad. 

El fenómeno de los trolls

Los trolls de Milei no solo tienen un esquema de organización para ser contestatarios instantáneos y reaccionarios, sino que producen contenido planificado que busca generar disrupción, caos y consecuencias emocionales desde una mirada negativa, en especial hacia quienes se configuran como líderes de protesta y a su vez pertenezcan a identidades racializadas, migrantes y feministas. A través de la glorificación y justificación de la discriminación se intenta neutralizar lo que para estos grupos es percibido como “amenaza” hacia la estabilidad o la imagen  de la figura del presidente. 

Estas agresiones no son arbitrarias ni aisladas. Se sustentan en narrativas negacionistas y biologicistas, afirman la “superioridad” de ciertes ciudadanes sobre otres y justifican su forma de pensar con ideas que han sido fuertemente cuestionadas y rechazadas por intelectuales del mundo, los saberes científicos y organismos de derechos humanos. 

El racismo como estrategia política en las redes sociales y la producción de contenido odiante en general, no solo buscan generar desgaste en les individuos que son receptores de los ataques, sino que además buscan ridiculizar y exponer abiertamente a cualquier grupo y/o líder perteneciente a cualquier movimiento que cuestione esta cosmovisión del mundo.

Narrativas odiantes, misóginas y machistas 

No existen dudas de que la comunicación digital permite conexiones e intercambios que configuran nuevas maneras de vinculación social. Nos encontramos en un mundo hiperconectado, donde las principales características de redes sociales como Twitter, tienen que ver con la inmediatez, facilidad de uso y capacidad de alcance a millones de personas a nivel internacional. 

Es por eso que la mayoría de líderes mundiales hoy son parte de la Comunidad X, y es desde allí donde comunican sus agendas. Hoy sabemos que muchos allegados al gobierno nacional utilizan esta red como herramienta para posicionar a Milei y propagar contenido que sea afín a su figura.

Hoy nuestro país cuenta con 7,5 millones de usuaries conectades en X. Cabe preguntarnos: ¿cuáles van a ser las estrategias de los tres poderes de nuestra democracia representativa para que en ese espacio no se vulneren derechos y libertades?

Si bien actualmente nos encontramos en una profundización creciente de los discursos de odio como intento de neutralizar argumentos sólidos, en Argentina este tipo de narrativa no es reciente. Al contrario, ya ha sido utilizado en mayor o menor medida por amplios sectores políticos-partidarios. Sin embargo, nos encontramos en un momento bisagra donde parece que se intenta imponer la lógica de “todo vale”; donde predomina una aceptación justificada del odio racial y de género para intentar desacreditar la posición política de las personas.

Según la ONU se entiende por discursos de odio a “cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también comportamiento— , que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad”.

Ante esto, ya existen países que, advirtiendo sobre la gravedad del problema y la crecida de narrativas que atentan contra la integridad de las mujeres, identidades racializadas y migrantes, se encuentran aprobando legislaciones para proteger y condenar cualquier intento de imponer discursos odiantes. Por ejemplo, Sudáfrica y Escocia. 

Si bien es un problema mundial, aparece una característica en común: son las mujeres en ejercicio del poder (funcionarias públicas, gestoras, diputadas, concejalas, legisladoras) las principales víctimas de la violencia machista y simbólica. Este tipo de violencia, al no ser siempre explícita, pocas veces es condenada o siquiera visualizada. Por ende, algunas veces consigue lo que se busca: desacreditar a las mujeres en su labor política por razones que nada tienen que ver con su capacidad o su trabajo. 

Mujeres violentas

Antes de ser diputada nacional, Lilia Lemoine dio un curso titulado “Militancia Digital” para jóvenes de  la Libertad Avanza. Enseñaba estrategias de defensa y ataques para desmoralizar a las personas: “Por ejemplo, ¿está mal llamar a Ofelia Fernández ‘tanque australiano de medialunas?’, preguntó a sus alumnos en un video que se hizo viral. Los alumnos negaron con la cabeza pero Lemoine los corrigió: ”Está bien llamarla así. Porque es un clásico. Es un clásico. Los clásicos son clásicos“.

Ofelia Fernández fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires hasta diciembre. Hace unos días publicó en sus redes el recuerdo de un intercambio: “No te victimices más. Si sos grande para militar ideas de mierda, lo sos para bancarte lo que venga. Sos legisladora, lo de pibita está de más”, declaraba Victoria Villarruel en Twitter sobre las agresiones que recibía Fernández. Hoy Villarruel es vicepresidenta.  

¿Y gobierno? ¿No tiene nada para decir de esto?

Si bien los discursos de odio no inician ni terminan con un mandato presidencial, no somos ingenuos. Sabemos que existen decisiones políticas de reconocer –o no– la existencia de la problemática y garantizar medidas para erradicarla. Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei nos encontramos con una postura necia: luego de la marcha del 23 de abril la participación de más de un millón de personas en todo el país, el presidente respondió con el posteo de un león bebiendo “lágrimas de zurdo”. La comunicación direccionada solo a adeptos consolida la posición unidireccional para quienes comparten los mismos modos de hacer política e ideales.

Esto nos ubica varias problemáticas. En primer lugar, quienes asumen la responsabilidad de gobernar nuestro país, si bien pertenecen a partidos políticos diferenciados organizados mediante una ideología, una vez en el ejercicio del poder, son representantes de todes quienes habitan el suelo argentino. Además, ¿que objetivos podemos plantearnos como sociedad cuando lo que se propone desde el Estado Nacional es el absoluto desconocimiento y humorización de la violencia y discriminación hacia un gran espectro de sectores de nuestro país? 

En segundo lugar, es necesario que sean los organismos estatales quienes reconozcan una problemática pues corresponde al Estado pensar políticas sociales que posicionen el tema en la agenda pública de forma responsable y resolutiva. Por ultimo, Argentina se caracteriza por su protagonismo en la defensa de los Derechos Humanos a nivel internacional y por abogar por generar espacios libres de violencia y discriminación. Es importante continuar con una tradición política de condenar los discursos de odio y la intolerancia. 

El racismo existe y es parte de nuestra sociedad 

En el articulo 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada por la Organización de las Naciones Unidas dice: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” Sin embargo, incluso en nuestro régimen esto tiene ciertos matices. 

Si bien Argentina suscribe a lo declarado en la ONU, diariamente en nuestra sociedad existen acciones que van en contra de todo tipo de construcción fraternal que se intente impulsar. Existe todavía una mirada eurocentrista y blanca de la historia moderna, que ha invisibilizado en los libros de historia y en las escuelas, universidades y espacios educativos, la historia común de las identidades afro y como han sido parte de la fundación del Estado-Nación de nuestro país. Estas líneas han sido borradas de la conciencia social y hasta el día de hoy ello produce un total desconocimiento sobre la historia fundacional de Argentina.

Según un informe realizado por  la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2016,  el censo que se realizó en 1778 indicaba que el 46% de la población argentina tenía origen africano. Este informe, indica que entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con 72 mil esclavos. Una segunda migración, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX- a finales de la Segunda Guerra Mundial- con ciudadanes libres que deciden radicarse en Argentina debido a la situación de miseria y hambre de una Europa devastada por el conflicto bélico. Finalmente, en los años 90, con migrantes que provienen de diversos países de África que ingresan al país en búsqueda de una estabilidad económica. 

Nuestro país se encuentra atravesado social y políticamente por migrantes afro que son parte de la construcción de ese Estado y de las instituciones de la democracia. En este mismo informe de la Secretaría de Cultura, se afirma que, palabras que utilizamos en nuestra cotidianidad- tales como mina, tarima, bugia, milonga, marote, achuras- tienen origen en la cultura afro. Durante el proceso de construcción del Estado Nacional se produjo un proceso de divulgación de información y surgen los principales periódicos de Buenos Aires, también fundados por afrodescendientes: La Broma, El Unionista, El Proletario, y La Juventud.

Más allá de la invisibilización, les afroargentines existimos. Tal así que por primera vez en el Censo Nacional (2022) se incorporó la denominación “afrodescendiente” para categorizar a ciudadanos que sean afroargentines. Según este censo y a partir de informes recolectados por las organizaciones que nuclean a les africanes y afrodescendientes en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen. 

Pero, ¿por qué persisten los actos de segmentación, odio y desconocimiento ante migrantes y afroargentines? Hay muchas respuestas: la invisibilización por parte de las instituciones democráticas, la falta de puesta en agenda de una temática que incomoda ( ya que nadie se autodeclara racista), la responsabilización de la criminalidad, el atraso y la crisis económica a diversos sectores y por supuesto la legitimación de la violencia y la discriminación racial por parte de grupos conservadores en el poder. 

Esto produce que ciudadanes que ignoran la participación política de los afroargentines y la pertenencia legítima de estes a nuestra historia, se encuentren identificados con discursos que aseguran tener soluciones drásticas para con “usurpadores” de Argentina. 

Tal es así que el gobierno nacional dentro de la denominada “Ley Bases” presentó artículos para restringir y arancelar la educación pública hacia migrantes. Acompañado de este proyecto de ley, desde el gobierno se intento imponer que la principal problemática del gasto público se encontraba en que los recursos económicos de Argentina eran meramente para les argentines. 

Estos argumentos son falaces ya que para poder estudiar en las universidades se requiere residir en el territorio y documento de identidad nacional, por ende todes les que habitan el suelo argentino tienen las mismas tasas impositivas, variando en torno a sus ingresos pero no a su nacionalidad. Por ende, y siendo esta la justificación respaldada también por el gobierno, reafirma la determinación política de intentar instaurar una país de amigo/enemigo y restringir la educación e incumplir con lo que dice la constitución nacional. 

Si en nuestra constitución dice que: “Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”  es porque en el procesos habitacional de nuestro territorio, entre 6 y 8 millones de migrantes  se encontraban en la ciudad de Buenos Aires entre 1840 y 1870. Dando cuenta que, nuestra cultura esta íntegramente vinculada con un país fundado por migrantes. 

Siempre que hablamos de Argentina estamos hablando de un territorio diverso donde conviven plurales identidades debido a su apuesta por poblar la nación con migrantes de todo el mundo. A 41 años de la restitución de la democracia, hay criterios irrenunciables que son la base para pensar un país donde la convivencia social y respeto no sea algo accesorio sino un principio elemental de nuestro pueblo. 

FDAC/MA

El 27 de enero se recuerda el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha tiene como objetivo rendir homenaje a los cientos de personas que fallecieron en campos de concentración nazi y a las seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto.

La Asamblea General de la ONU decidió declarar esta efeméride en 2005, en conmemoración de un 27 de enero de 1945, cuando tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. En ese día, fueron rescatadas más de 7000 personas.

Ese lugar fue uno de los mayores centros de detención ilícita durante el Holocausto, que fue uno de los genocidios más grandes de la historia de la Humanidad. Fue entre 1933 y 1945 cuando se llevó a cabo el régimen nazi en Alemania, donde tuvo lugar una etapa de persecución y violación de derechos humanos sin precedentes.

En la actualidad, se propagaron en la población otros tipos de discriminación, como aquellas promovidas por grupos neonazis o de supremacistas blancos. Es por eso que el objetivo del día es condenar manifestaciones o acciones de intolerancia religiosa, incitación al odio, acoso, violencia y discriminación hacia el origen étnico o creencias religiosas de las personas.

Más de setenta y cinco años después, los Estados comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas aún vivos, conmemorar los hechos, cuidar de los lugares históricos para guardar la memoria y promover la educación, documentación y la investigación, todo para recordar al mundo que la perspectiva que nos otorga el Holocausto es relevante para prevenir futuros genocidios. 

¿Qué es la xenofobia?

La xenofobia es el miedo irracional hacia los extranjeros, lo que provoca su rechazo e incluso puede conducir a actos violentos como maltrato y violaciones de los derechos humanos de una persona. Se dice que es irracional porque no existen bases que justifiquen el odio hacia una persona diferente, más allá de su idioma, color de piel o condición de extranjero.

La xenofobia es uno de los problemas de la actualidad que puede desencadenar crímenes de odio, debido al alto número de inmigrantes que se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de origen ya sea por situaciones bélicas, problemas políticos o falta de oportunidades.

LC

El 10 de enero es el Día de las Mujeres Migrantes en homenaje a Marcelina Meneses, quien un día como hoy pero del 2001 falleció al ser arrojada de un tren de la Línea Roca en movimiento junto a su bebé Alejandro Josua Torres. Este acto racista, producto de su condición de mujer migrante boliviana, deja en evidencia que la discriminación mata, pero nos advierte que también mata a las sociedades que la naturalizan.

La efeméride tiene su origen en la Ley 4409/12, sancionada en diciembre de 2012 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de poner en agenda pública, visibilizar y concientizar sobre los crímenes de odio, la discriminación, la violencia y la xenofobia que las mujeres migrantes son especialmente susceptibles de padecer.

El brutal asesinato de la mujer y su bebé constituyó un acto de racismo, el cual ya se venía manifestando en la forma de vejaciones y maltratos dentro del tren por su origen boliviano y color de piel. Ningún fenómeno de la realidad social puede ser correctamente analizado si no se mira con el prisma de la perspectiva de género; y la movilidad humana no es la excepción.

En este marco, en 2001 se creó el Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses en Ezpeleta. El lugar pretende fortalecer la autonomía de las mujeres migrantes a nivel laboral, emocional, social y educativo. La migración en Argentina es uno de sus rasgos constitutivos, por lo que es importante reflexionar para celebrar el aporte cultural que hacen las tradiciones de otros países que viajan a nuestro país.

La historia de Marcelina Meneses

Marcelina Meneses era una mujer migrante de 30 años de Bolivia. Vivía con su familia en Ezpeleta, en la localidad bonaerense de Quilmes. El 10 de enero de 2001, en una calurosa mañana de verano, viajaba en un tren de la Línea Roca a las 9 de la mañana para llevar a su hijo de 20 meses al Hospital Fiorito en Avellaneda.

Llegando a la ex Estación Avellaneda, rozó con sus bolsas a un pasajero mayor, quien le gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. El único testigo que declaró, Julio Cesar Giménez, intervino en la discusión pidiendo que tengan cuidado por el bebé. Cuenta que un segundo pasajero agregó: “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar el trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. Acto seguido, otros pasajeros se sumaron a los insultos.

Giménez relató un guardia se acercó, pero escuchó los agravios xenófobos: “¡Uh! ¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido! ¡Yo me las tomo!”. Allí mismo, Marcelina y su bebé fueron empujados del tren y fallecieron sin atención médica. El testigo contó tiempo después que vio como ella agonizaba.

En diversos relatos, Giménez contó: “Fue una cosa de segundos. Se había sumado otra gente. Hubo más insultos y escucho que uno que estaba de ropa de Grafa le dice a un compañero: '¡Uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste!'”.

El único testimonio de Giménez, un cooperativista de 42 años en ese entonces, sirvió para conocer toda la historia con el fatal desenlace. Desde el comienzo, la empresa TMR lo desmintió y sostuvo que Meneses murió al ser rozada por el tren cuando caminaba junto a las vías del Roca, entre las estaciones de Avellaneda y Gerli. Nunca se pudo saber quien fue el autor del crimen de la mujer y su hijo.

Marcelina estaba casada con el albañil Froilán Torres, con quién tenía otro hijo de 3 años. Trabajaba como repositora y había llegado al país hacía 5 años. Su esposo llevó adelante la búsqueda de testigos del asesinato. A pesar de las adversidades y de los malos tratos por ser migrante, nunca bajó los brazos a pesar que las muertes continúan impunes.

LC

En 2020, en el pueblo de Rimetea en Transilvania, un suceso sacudió Rumanía y fue tapa en muchísimos diarios. Los miembros más antiguos de la comunidad protestaron porque una panadería local quería contratar a trabajadores extranjeros. Hasta se realizó una asamblea para expulsarles del pueblo. En una aldea rumana se concentró todo el racismo actual y el auge de la extrema derecha. Aquella pequeña localidad se convirtió en un ejemplo perfecto de un virus que se extendía por el resto de Europa, el de la xenofobia y los delitos de odio. 

El director rumano Cristian Mungiu, autor de aquella obra maestra llamada 4 meses, 3 semanas y 2 días, donde habló del aborto clandestino en la época de Ceaucescu, leyó una noticia que se convirtió en asunto nacional y vio que ahí había material para una película. “Era una pequeña aldea con una comunidad húngara muy potente. Eran muy tradicionales y querían mantener sus costumbres, su religión... y por lo tanto no estaban abiertos a nuevas ideas y desde luego no a la comunidad de extranjeros. Ellos protestaban porque había una panadería real que quería contratar a  trabajadores extranjeros y ahí es cuando se montó el follón”, contaba del origen de su película en el pasado Festival de Cine de San Sebastián.

RMN, que así se llama el filme en un título que puede hacer mención a Rumanía, pero también a las iniciales de una resonancia magnética, es una de las grandes películas europeas de 2022 y muestra de nuevo el talento de Mungiu para hacer, precisamente, una resonancia a la Europa actual, cada vez más racista. El filme alcanza su clima en una larga escena en plano secuencia. Una asamblea donde se debate qué hacer con los inmigrantes.

“Hubo ese debate. Esa asamblea ocurrió de verdad y alguien la grabó y la colgó en internet y, de repente, se hizo viral y saltó a los titulares, no sólo en Rumanía, sino en toda Europa. Hasta el primer ministro de Rumanía tuvo que intervenir. De hecho, había gente que quería esconder a esos trabajadores extranjeros porque pensaban que les iban a linchar y otros querían ayudar a la panadera. La historia me atrapó, pero dejé que pasara un año antes de escribir la primera versión del guión, incluso fui a conocer esa comunidad para documentarme y hablar con la gente real. Al final la historia está basada en un hecho real, pero hay parte de ficción”, puntualiza. La diferencia principal es que Mungiu añade matices y grises. Quería que “esa intolerancia y xenofobia no estuviera asociada a un grupo étnico concreto, sino que estuviera presente en todos lados y que se viera que es una situación que se podría reproducir en cualquier parte del mundo”. 

En esa búsqueda de complejidad, el director rumano introduce también aristas a los personajes que defienden a los inmigrantes, movidos en ocasiones por motivos egoístas. La dueña de la panadería aspira a una subvención de la Unión Europea por integrarles, mientras que los que les acogen en su casa son los primeros en decir que se vayan porque no quieren que les salpique lo que se empieza a cocer en el pueblo. “Hago películas inspiradas en la realidad y para mí es muy importante que los personajes sean realistas en ese sentido, que no sean personajes en blanco y negro. Hay momentos en los que toman decisiones que son buenas y hay otros momentos en que son decisiones egoístas. En realidad todos nosotros somos así. No somos tan racionales como para poder siempre tomar la decisión adecuada”.

Siento que es el final de la democracia como la conocíamos. Si no te tomas el tiempo de educar a la gente, no tiene sentido preguntarles su opinión sobre cosas de las que no están informados

Cristian Mungiu — Director de cine

Para él esta película, además de hablar del auge de la extrema derecha, lo hace sobre “el conflicto que hay entre el individuo frente al grupo”. “Al final ese es el problema que hay cuando pierdes la identidad y te conviertes en parte de un grupo simplemente para contentar a la mayoría y renuncias a lo que piensas realmente. Eso muestra también cómo la democracia está cansada. Siento que es el final de la democracia como la conocíamos, porque si no te tomas el tiempo de instruir o educar a la gente, no tiene sentido preguntarle su opinión sobre cosas de las que no están bien informados”. En la película se enfrentan los sentimientos “oscuros, impulsivos y violentos, el impulso de supervivencia a cualquier precio, frente al lado más humanista, empatizo y generoso que todos tienen”.

Tiene clara la función del cine, y no es dar la razón a los espectadores, sino confrontarlos con lo que no quieren mirar, “hablar sobre temas sobre los que la sociedad no quiere hablar o sobre los que hay un tabú”. “El no hablar de ciertas cosas no significa que no existan. Al final, si queremos cambiar algo de verdad, hay que hablar de estos temas. Ahora parece que este tema de la corrección política no se pueden expresar ciertos pensamientos, pero eso no significa que esos pensamientos no existan o que no hablar de ello no modifique el pensamiento de las personas. Y luego pueden surgir sorpresas, como en las elecciones italianas, o como el Brexit. De repente te das cuenta de que la gente pensaba así, pero no has escuchado esas opiniones. En vez de negarlas, lo que hay que hacer es entender esos pensamientos para que de verdad pueda haber un cambio real y profundo”, zanja. 

La película termina con una escena que roza el surrealismo, con unos osos amenazantes que uno no sabe si son los racistas del pueblo disfrazados, una metáfora del miedo o simplemente un recurso estético que Mungiu se niega a explicar: “Nada en el cine tiene solo una interpretación o precisa una traducción. El cine no tiene que ser explícito, tiene que buscar un equivalente visual para mostrar los pensamientos y cosas abstractas. Yo quiero mostrar esa dualidad, en ese final algunos ven animales, otros ven personas, otros el miedo del personaje… Lo importante es que se transmita que ese personaje está un poco entre dos mundos, entre su parte animal, y su parte más humanista”.

“Te quiero tal y como eres” es seguramente una de las cosas más bonitas que se le pueden decir a una persona, ya que el anhelo de ser aceptados, entendidos y amados es una pulsión que como seres humanos y sociales forma parte inherente de nuestras vidas. También de la de Pinocho, el niño de madera que el escritor Carlo Collodi creó en 1883. Un personaje que cautivó al mismísimo Walt Disney, que le concedió el honor de ser el protagonista del segundo largometraje animado de su estudio tras Blancanieves y los siete enanitos en 1940. También fue el primer filme que lanzaron durante la II Guerra Mundial, aunque la contienda no está reflejada en el metraje.

Hubo que esperar más de treinta años para que llegara su siguiente adaptación, obra de Luigi Comencini en 1972. Otras figuras como Alejandro Malowicki en 1986 y Matteo Garrone en 2019 aportaron sus versiones y, alcanzado 2022, han sido otros dos directores —con apenas mes y medio de diferencia— los que suman sus propias adaptaciones, ambas tituladas Pinocho: Robert Zemeckis y Guillermo del Toro. El remake de acción real del artífice de Forrest Gump (1994) protagonizado por Tom Hanks, desembarcó en cines el pasado 25 de septiembre. El realizador de El laberinto del Fauno (2006) y La forma del agua (2017), por su parte, estrena este viernes 25 de noviembre en salas de España—9 de diciembre en Netflix— su propia adaptación en un preciosista y comprometido stop motion.

Al comparar ambas obras con la de Disney, quedan patentes sus diferentes contextos de producción así como la personalidad y prioridades que han tenido sus creadores sobre qué discursos trasladar a través de la pantalla. En este sentido, el largometraje de 1940 es el más conservador, el de Zemeckis el más buenista y el de Del Toro el más comprometido a nivel político. Los tres comparten a la marioneta como personaje principal. Un niño de madera fabricado por el carpintero Gepetto al que un hada (varía de nombre según la adaptación) concede el deseo de que este cobre vida.

Una vez otorgado, es responsabilidad del muñeco ganarse la transformación definitiva en 'niño de verdad'. Para ello debe ser bueno, valiente, honrado y desinteresado. Nadie nace sabiendo, por lo que la maga —blanca y rubia en la versión de Disney, negra en la piel de Cynthia Erivo en la de Zemeckis y azul con voz de Tilda Swinton en la de Del Toro— nombra a Pepito Grillo/Sebastian como conciencia temporal. Un planteamiento algo perverso, ya que Pinocho actúa como lo haría cualquier niño desde que se le permite moverse, hablar, pensar y sentir. Sin embargo, ser de madera y no de carne y hueso pesa como una losa que en los filmes se materializa en forma de rechazo, bullying, frustración y aislamiento. Pero no ha sido cosecha de los filmes: ya se cuenta en la novela original.

El villano gitano que nunca más se menciona

La versión de Disney y la de Zemeckis cuentan como villanos principales con Stromboli, el director del espectáculo de marionetas que secuestra a Pinocho; Honrado Juan y Gedeón, quienes convencen al protagonista para que se dedique a ser actor y vaya al colegio; y el Cochero, que le conduce junto a otros chicos a la Isla del Placer para convertirles en burros y venderles a las minas de sal. “Cuanta más libertad se les da, más se comportan como asnos”, llega a declarar sobre los críos. Este último es un hombre gordo, patrón en el que se han enmarcado otros antagonistas de la Factoría del Ratón como la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas (1951), Úrsula de La Sirenita (1989) y el Gobernador John Ratcliffe de Pocahontas (1995), evidenciando que ni el cine de animación se escapa de la preocupante e imperante gordofobia presente en la ficción.

Otro malvado de la cinta de 1940 es utilizado para verter xenofobia. En una de las escenas, Honrado Juan y Gedeón pasean por la calle del poblado italiano en el que tiene lugar la acción cuando el primero repara en un cartel que hay pegado en una fachada. “¿Qué es esto, Stromboli? El viejo gitano ha vuelto”, espeta el primero, “¿recuerdas cuando te puse hilos y te hice pasar por títere? Por poco engañamos al gitano esa vez”.

Así, en apenas diez segundos repite hasta dos veces el término 'gitano' para calificar de forma peyorativa a un hombre al que le puede la avaricia y la codicia; y que además, plantean como si fuera estúpido y se le pudiera engañar fácilmente para robarle dinero. Acto que, a su vez, él mismo perpetra cuando Pinocho triunfa en su debut en el teatro y le niega toda recompensa económica. En las dos siguientes versiones analizadas, y pese a que la de acción real fue producida igualmente por Disney, no mencionan la etnia del citado antagonista. Ni se utiliza para caricaturizarle ni humillarle.

La soledad de Gepetto como alegato antibelicista

Gepetto aparece en las tres películas como un hombre solitario. En las dos adaptaciones de Disney, tiene un espíritu vitalista y está siempre acompañado de su gato Fígaro y su pez Cleo. Habla con ambos continuamente, baila y comparte todas sus inquietudes. En la versión de 2022 se menciona que tuvo un hijo y esposa, Costanza, pero no se explica por qué ya no está junto a él. Aquí es donde Guillermo del Toro se desmarca, dedicando un bello y dramático prólogo a revelar el porqué del aislamiento del carpintero, que recuerda al descorazonador arranque de Up (2009).

Los primeros minutos de la película que el mexicano ha dirigido junto a Mark Gustafson, sirven para poner en contexto la historia. En las anteriores películas se sabe que se sitúa en Italia, pero apenas se dan más detalles sobre el periodo concreto en el que se insertan. Así, el —de momento— último Pinocho se ambienta en la Italia de los años 30, sumida en el fascismo de Mussolini. El filme muestra a un Gepetto viudo que comparte feliz su día a día con su hijo, hasta que la Gran Guerra se interpone en su camino. Una jornada, en la que el pequeño acompaña a su padre a restaurar la estatua de Jesucristo que preside el altar de la iglesia del pueblo, una bomba acaba con su vida. Y en cierto modo, con la de su progenitor.

El hombre, abatido y consumido por la tristeza, se recluye en su casa, que aquí está en las afueras de la localidad y no en su centro como en las versiones previas. El tiempo solo le lleva a estar más cabreado, más desesperado, más apático y vacío. Una noche, borracho como tantas otras, fabrica enajenado una marioneta de madera a la que la hada presentada como 'La guardiana de lo olvidado' da vida. A partir de aquí, la historia es similar a la del resto de propuestas. Después llegará el espectáculo de marionetas, la gran ballena y los intentos de rescate de Pinocho y Gepetto. La gran diferencia es que Del Toro ha ido un paso más allá imprimiendo de antibelicismo su filme por las profundas y drásticas consecuencias que la guerra y el fascismo tiene en los personajes.

Una de las claves la personifica Conde Volpo al que pone voz Christoph Waltz, estrechamente vinculado con el sacerdote del pueblo que visita en numerosas ocasiones al carpintero para decirle que enderece a su extraño hijo. El cura está implicado en una de las escenas que denotan la sutileza e inteligencia del cineasta, en la que Pinocho se sorprende al comprobar al acudir a misa que todo el mundo venera la estatua de Jesucristo fabricada con su mismo material. “¿Por qué él les cae bien y yo no?”, implora. En un ambiente de totalitarismo, en el que las normas son aún más exigidas, constreñidas y castradoras, la existencia de un muñeco de madera que habla es una rara avis sin lugar que lleva el concepto de otredad hasta lo supuestamente inmaterial. Aunque con reverso.

Este Pinocho tiene la capacidad de volver de entre los muertos, algo que en el cuento original, que muchos han relacionado con la masonería y la cultura alquímica, también sucedía. Esta característica le convierte a ojos del conde en el soldado perfecto ya que, no importa las balas que le alcancen, sobrevivirá siempre. Por ello, le obliga a internarse en un centro de entrenamiento militar para niños, a la que lleva hasta a su propio hijo, dispuesto a sacrificarlo por la patria.

Este episodio forma parte del regalo de viaje emocional al que el cineasta somete al público en su cuidadísimo largometraje. El virtuosismo del stop motion que emplea es una joya. Las texturas de cada personaje les confiere un potencial para emocionar muy poderoso. Hay una secuencia en la que Pinocho llora desconsolado por sentirse una carga para su padre que lleva la conmoción a unas cotas de nivel altísimas. En estas cobra igualmente protagonismo la banda sonora compuesta por Alexandre Desplat, con quien Del Toro ya había trabajado en títulos previos como La forma del agua.

Lo más bello de todas las versiones de la novela de Collodi es cómo subyace el amor entre un padre y un hijo imperfectos. Y el viaje emocional que realizan de aceptación que incluye episodios de reflexiones en voz alta sinceras, útiles y hermosas. Más allá de las oscuridad y lo tenebroso de estampas como los niños convertidos en burros y la aniquiladora ballena —imposibles de olvidar para quienes vieron la película de 1940 en la infancia—; volver a esta historia de la mano de Del Toro es una suerte de reconciliación. Al fin y al cabo, las imperfecciones están para celebrarlas.

La comunidad migrante en España viene exigiendo desde hace mucho tiempo la derogación de la Ley de extranjería, por discriminadora, racista y contraria a los derechos humanos. El gobierno de Sánchez ha optado por la vía reformista y acaba de trascender un borrador del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones que propone cambios que podrían suponer ciertas mejoras para las personas migrantes, cierta flexibilización de una ley violenta en sí misma, pero aún con profundas limitaciones respecto al pleno derecho y falsamente preocupada por sus vidas. 

Para empezar, el criterio y punto de vista que moviliza la reforma no es el del reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, la corrección de su situación irregular administrativa para poder acceder al mercado laboral, sino que es meramente económico y mercantilista. Si, y solo si resulta conveniente para el buen funcionamiento de la economía española, se daría acceso a trabajadores que puedan hacer el trabajo que no quieren hacer los propios españoles y siempre en peores condiciones. La incorporación de trabajadores extranjeros podría, según el borrador que está sujeto aún a correcciones, empezar a darse en sectores con baja ocupación, se permitiría trabajar a estudiantes y se ampliaría la contratación en los países de origen. 

Duele ver todavía que para los estados algunos solo son personas en tanto son productivos en esta visión capitalista de la sociedad que sigue explotando ciertos vidas, ciertos cuerpos y en el que hay una jerarquía muy clara: los cuerpos no blancos siempre están muy por debajo y el trabajo feminizado se paga peor. Aun cuando se dieran todas estas reformas y mejoras, la Ley de extranjería sigue siendo una ley racista porque, por ejemplo, un español puede ser improductivo pero un migrante, no.

Para los racistas y xenófobos que piensan que los sistemas de pensiones funcionan igual de bien en todo el mundo y proponen que los migrantes se queden en sus países sufriendo el hambre y la guerra, hasta el reformismo les escuece. Los sindicatos españoles, conscientes de los intereses antiderechos de la patronal, han llamado clasista a esta regularización por mano de obra barata, algo que claramente es. El problema es que nunca le llamarán lo que también es: racista. Me temo que nativa o extranjera, no es la misma clase obrera, menos para la patronal, que sabe cómo y a quién explotar más. El Estado ya lo organiza de esa manera.

Para los migrantes la reforma de la Ley de extranjería es una noticia como todas las que les llegan desde que alguna vez decidieron migrar: no está aquí la igualdad todavía y hay que tomar del sistema lo que ayuda a comer al día siguiente, pero ahí no termina la lucha. La resistencia continúa hasta el pleno derecho. Lo conseguido este jueves por las trabajadoras del hogar ha sido histórico. Se ratificó por fin en el Congreso el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que regulariza el trabajo del hogar y les permite acceder, entre otras cosas, a la prestación por desempleo. Esta es una victoria de las propias trabajadoras tras 11 años de porfiar. Son mujeres, mayoritariamente racializadas y clase obrera que de una vez por todas han conseguido ser, al menos, como el resto de trabajadores. Vamos por más. La propia comunidad migrante ya ha propuesto otra vía: que la ILP por la regularización de 500.000 migrantes llegue al Congreso y se convierta en ley. Vamos por mucho más.

En principio, iniciar una batalla entre unidades de medida del sistema métrico y el sistema anglosajón que en Reino Unido de Gran Bretaña se conoce como imperial (el que utiliza pulgadas u onzas en lugar del sistema decimal) puede parecer una decisión extraña para Boris Johnson. La jugada es obviamente una estupidez: una pantomima diseñada para calmar (o al menos entretener) a su base conservadora y a la vez distraer y contrariar a sus rivales. Sin embargo, lo sepa o no, al relanzar lo que los observadores del siglo XIX llamaron la “batalla de los patrones”, Boris Johnson evoca una historia salvaje de sentimientos “antimétricos” que incluyen xenofobia, pseudo-ciencia y temores por la pérdida de soberanía política. 

Descubrí el tema hace algunos años, cuando estudiaba la historia de los sistemas de medida. Había viajado a París para ver los patrones del metro y el kilogramo, guardados bajo llave en los archivos nacionales de Francia junto a la última carta del rey Luis XVI y el grabado original de la declaración de los derechos humanos. Allí aprendí cómo la historia del sistema métrico está entrelazada con los acontecimientos contenidos en esos documentos: el fin de la monarquía y el principio del republicanismo francés. 

Privilegio de la nobleza

Antes de la introducción de las unidades métricas, el sistema de medidas de Francia era un caos. El derecho a definir unidades de longitud, volumen y peso era un privilegio de la nobleza, lo que llevó a una profusión de unidades, muchas veces con distintos valores aunque mantuvieran el mismo nombre. “La confusión infinita de las medidas escapa a toda comprensión”, comentó el agricultor inglés Arthur Young cuando visitó el país en 1789. “No solo difieren en cada provincia, sino en cada distrito e incluso en cada pueblo”. Esta abundancia de medidas no solo impedía el crecimiento económico, sino que también facilitaba el engaño y la explotación de los campesinos. 

Como resultado, la reforma de los pesos y medidas fue una prioridad de la agenda revolucionaria, considerada como una forma de devolver el poder a los hombres y mujeres comunes. La élite intelectual francesa, los savants, decidieron que en lugar de usar unidades de longitud como el pied du Roi (que literalmente significa “el pie del rey” y se remonta al reinado de Carlomagno), Francia usaría el metro, una unidad derivada de las últimas investigaciones científicas y definida como la distancia entre el ecuador y el Polo Norte dividida en diez millones de partes. Aquí la intención política del sistema métrico es clara: en lugar de confiar en la autoridad incorpórea de un antiguo rey, los revolucionarios eligieron el conocimiento racional y la herencia compartida de la Tierra. 

Naturalmente, esto causó muchas sospechas en el Reino Unido. Y durante el siglo siguiente, mientras el sistema métrico se extendía por Europa y el debate sobre su adopción crecía en el Reino Unido, los abanderados “antimétricos” blandieron todo tipo de argumentos grandilocuentes. Acusaron al sistema métrico de ser demasiado complejo y poco natural, un producto de revolucionarios ateos y, lo que era peor, extranjeros. 

Los “antimétricos” de Reino Unido

Cuando la Cámara de los Comunes casi aprueba en una votación la conversión al sistema métrico en 1863, un editorial del diario The Times advirtió que la adopción del metro y el kilo llevaría “perplejidad, confusión y vergüenza” a todos los hogares del territorio. “No tiene sentido instar a otros países a esta revolución”, bramaba el autor. “¿Qué significan Francia, la Unión Aduanera de Alemania o Portugal para nosotros? Ellos están acostumbrados a revoluciones, terremotos y guerra”. Tristemente, el excepcionalismo y la xenofobia de estas palabras no suenan fuera de lugar hoy en día. 

Los argumentos que se desplegaron contra la conversión al sistema métrico iban de lo más oscuro a lo más práctico. Una teoría popular era que la pulgada era una unidad de medida divina, otorgada por Dios a la humanidad, y que su valor estaba cifrado en las dimensiones de la Gran Pirámide de Guiza para durar para siempre. Otros señalaron los beneficios prácticos de unidades que se dividen con facilidad en mitades, tercios y cuartos (una ventaja indudable en una época en la que los bienes de consumo no estaban preempaquetados). Pero, a fin de cuentas, la verdadera razón por la que el Reino Unido mantuvo el sistema imperial de medidas se vislumbra en su mismo nombre: el peso económico y la extensión geográfica del imperio británico aseguraban que la amenaza planteada por estas medidas foráneas podía ser ignorada sin problemas. 

Hay razones obvias para estimar y respetar las unidades de medida imperiales. Tienen una historia rica; sus orígenes se remontan a cientos de años antes de la existencia del imperio. Y su significado cultural está intacto en muchas áreas de la vida. Pocos británicos aceptarían la desaparición de las pintas de los pubs, por ejemplo. Pero pedir el “regreso” de las medidas imperiales a los comercios es desastrosamente retrógrado. Los problemas logísticos para los supermercados de Reino Unido podrían llevar a subir los precios, en un momento en que los presupuestos de muchos hogares ya están muy comprometidos, y mientras las encuestas muestran que las generaciones más jóvenes están cada vez más felices con el sistema métrico. Al encender este debate, Boris Johnson y el Partido Conservador han abierto la puerta de un aspecto emotivo e ignorado de la historia. Pero el regreso de las medidas imperiales es simplemente incomprensible.

James Vincent es periodista y autor de 'Beyond Measure: The Hidden History of Measurement'

Traducción de Patricio Orellana

JV

Estos días estamos viendo que sucede lo que siempre tuvo que ser. Vamos comprobando cómo el apoyo y la solidaridad al éxodo de ucranios, principalmente mujeres, niñas y niños, se multiplica desde todos los rincones e instituciones. A su vez, también, estos días hemos visto cómo la fortaleza de la Unión Europea ha abierto su compuerta. Sus fronteras, la territorial y la legal, están desapareciendo para borrar todos los obstáculos posibles a la llegada masiva de ciudadanos y ciudadanas ucranianas.

Es de celebrar la aplicación, por primera vez, de la Directiva de Protección Temporal por parte de la Unión Europea. Creada en 2001 tras la crisis de los refugiados de Kosovo. Su aplicación otorga a las y los ciudadanos con nacionalidad ucraniana (solo a estos, un hecho que no debe pasar desapercibido) el derecho para residir en la UE y les garantiza el acceso al empleo, el acceso a la vivienda, el acceso a la asistencia social y médica y el acceso al sistema educativo. La puesta en marcha de esta Directiva es una buena noticia, sin embargo debía haberse puesto en marcha mucho antes, con otras crisis similares como fue la de los refugiados sirios. 

Entonces, a diferencia de lo que está pasando ahora, los refugiados que huían de la salvaje guerra de Siria no fueron acogidos. No existió ni la misma humanidad ni tanta disposición, mas bien todo lo contrario. Su entrada en Europa, especialmente en países como Hungría (que ahora es todo “acogida”), pasarán a la Historia por la vergüenza de las incitaciones xenófobas de Orbán, el rechazo ciudadano y la violencia de la actuación de la policía fronteriza. Es difícil olvidar las imágenes de cómo les llovían los golpes (e, incluso, con perros atemorizando) a los hombres, mujeres, niñas y niños que huían de las bombas y los crímenes de guerra, de la misma destrucción de sus hogares, sus vidas y sus sueños. 

Tampoco olvidará la memoria histórica su llegada a las costas griegas en embarcaciones repletas de aquellas personas sirias agotadas, exhaustas, atemorizadas y traumatizadas. Sus vidas no valían lo suficiente para la UE. Precisamente, hace unos días el pueblo sirio mandaba un mensaje al pueblo ucraniano que deberían de ver aquellos dirigentes europeos que ahora se conmueven con tanto sufrimiento.

Hay una doble vara de medir, es cierto, y no podemos pasar por alto que al hacerlo estamos validando una discriminación institucional que no viene de la nada. Es más, personalmente quiero agradecer a quienes la están señalando en medio de la dificultad que supone encajar ese tipo de apreciaciones cuando el tsunami de emociones e informaciones es imparable. No es incompatible ser conscientes de esta doble moral con la importancia que supone que se dé, por fin, una respuesta correcta a un drama humanitario. Pero ahí esta la enorme contradicción, no la obviemos porque además de dejar en evidencia la doble moral de la Unión Europea (y nosotros como ciudadanía) nos debe llevar a reflexionar, de forma positiva, sobre el por qué.

La evidente contradicción es fruto de varios factores como los geopolíticos y los de los intereses económicos, pero también están siendo determinantes los sesgos que nos hacen empatizar más con el pueblo ucraniano que con el yemení o el sirio, o con los rohingyá, y que debería ser actualidad porque el juicio a la junta militar birmana por genocidio está teniendo lugar estos días en la Corte Penal Internacional. Es el sesgo de afinidad, no sólo política, que también está influyendo en nuestra capacidad empática y en la toma de decisiones de estos días. Un sesgo que, como tantos otros conforman los prejuicios y los estereotipos. Sesgos que, unas veces de forma invisible y otras directa, se traducen en discriminación y también en violencia. Es sobre ellos sobre los que se construye el racismo, la lgtbfobia, el machismo, la xenofobia, el capacitismo, el cuerdismo… las fobias y, como es el caso, las filias. Las afinidades basadas en la raza, en las ideas, o en la identidad nacional tienen un nombre. Cuidado con alimentarlas.

De la última decisión fruto de estos sesgos y estas filias fuimos testigo cuando el Ministerio de Grande-Marlaska activó un sistema para que, en tan solo 24 horas, las y los ciudadanos ucranianos puedan tramitar sus permisos de residencia y trabajo en los centros de acogida y en comisarías específicas del territorio español. Una decisión que, siendo bienvenida, también enfada cuando tanto las organizaciones como algunas autoridades de Ceuta, Canarias y Melilla, especialmente, llevan años, especialmente en el caso de las niñas y niños que migran solos, pidiendo recursos y medios para agilizar las reseñas, la tramitación de las solicitudes de asilo, de los NIE, de permisos, de pruebas de determinación de la edad,… ojalá hubiera tenido tanta diligencia Interior para atender las recientes crisis migratorias de Canarias y Ceuta. Unas crisis que están sin resolver, al igual que el enorme problema de tramitación de citas que se da en el resto del Estado español y que deberían integrarse en este nuevo sistema de gestión de trámites porque de lo contrario puede parece lo que dice Moha Gerehou, que “siempre se pudo, y nunca se quiso”.

No es ingenuo pensar que, a partir de ahora, todas las vidas que migran y buscan refugio en España deben optar al mismo trato digno en un sistema de acogida diligente humana y burocráticamente. No fue ingenuidad antes y no lo puede ser ahora que comprobamos que es posible. Es más, es casi imprescindible para no agravar los sesgos y prejuicios que tanto daño hacen a miles de personas migrantes a fecha de hoy. 

Debemos asimilar este precedente no como la excepción sino como el inicio de una nueva norma que debe ser universal en lo legal y en lo moral. Tomemos conciencia de nuestros sesgos, de la capacidad de nuestras instituciones cuando quieren y de la posibilidad de modelar nuestros sentidos para hacer el bien y lo correcto, siempre. Como dice Judith Butler en Marcos de Guerra, evitemos caer en esos marcos interpretativos que nos llevan a sentir indignación frente a una expresión de violencia e indiferencia justificada frente a otra. Somos dueñas y dueños de nuestra capacidad para articular un tipo u otro de respuesta moral, la de las fobias o la de las filias. Tomemos conciencia de ello.

La autora es activista de DDHH y abogada. Trabaja y colabora con diferentes organizaciones en el análisis, investigación y comunicación de temas relacionados con la discriminación y los derechos humanos en Europa. Es co-autora en distintas publicaciones, recientemente en el libro 'Derribar los Muros' y 'Delitos de odio. Guía práctica para la abogacía'

VA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad de Buenos Aires manifestó este jueves su repudio a las “agresiones xenófobas” de las que fueron víctimas en las últimas horas periodistas de la FM Radio Con Vos en la puerta de la emisora ubicada en el barrio porteño de Palermo por su postura a favor de la implementación del pase sanitario como medida para promover la vacunación contra el coronavirus.

“La intolerancia, el insulto xenófobo, la violencia, las vandalizaciones de los símbolos de las madres en las plazas locales culturales y políticos de las comunas 3, 5, 15 y 12 se ha instalado en la CABA. La complicidad judicial es manifiesta, nada se investiga y las causas se archivan casi sin trámite, mientras (el jefe de gobierno) Horacio Rodríguez Larreta no se manifiesta y nada hace”, manifestó la APDH en un comunicado.

Este miércoles un grupo de manifestantes se congregó en la puerta de la radio, y agredió con insultos, amenazas y hasta expresiones antisemitas dirigidas hacia Alejandro Bercovich, Tomás Eliaschev, Alejandro Wall y Noelia Barral Grigera y otros trabajadores de prensa de esa radio.

“Afortunadamente todos/as salieron ilesos pero vieron comprometida su integridad física ante la intolerancia de estas personas que vienen agrediendo a distintos periodistas de diversos medios que se expresan a favor del pase sanitario o que instalan ese debate”, apuntaron.

Finalmente, la APDH se solidarizó con los periodistas y demandó a la justicia de CABA “ir hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables intelectuales de todas estas agresiones a la democracia”.

Con información de agencias.

IG

La xenofobia está lejos de ser un sentimiento marginal en el país. Basta con revisar el celular a diario para encontrar fácilmente estas posiciones en redes sociales, en manifestaciones o en actos públicos. El Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismo y Democracia (Lectura Mundi-UNSAM) confirma este clima: según su último estudio, una de cada dos personas en el país muestra algún tipo de reparo hacia la migración. Aún más llamativo es que tres de cada diez encuestadxs se manifestaron a favor de prohibir cualquier tipo de ingreso. ¿Cuántxs se muestran favorables, independientemente del país de origen? Poco menos de la mitad: 48,4%. 

Entre las distintas dimensiones que aporta el trabajo para pensar la cuestión migratoria se encuentra la especificación por provincias y regiones. Este punto es central para pensar discursos, desigualdades y discriminaciones que se fueron configurando históricamente en cada territorio. Por ejemplo, el estudio muestra que lxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son lxs más proclives a preferir inmigracion europea (un 5% en comparación con un promedio del 2% en el resto del país). “Esta diferencia puede deberse a que, desde su gestación, Capital Federal aceptó inmigrantes pero respondió solo de manera positiva al imaginario de los movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de los cuales puede sentirse heredera”, explican los autores de la investigación.

El Leda está dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por las doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Para esta investigación, el equipo realizó 3.140 encuestas telefónicas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. El análisis y la redacción de la investigación, que se publicó en junio, estuvo a cargo del propio Ipar, Cuesta y Lucas Reydo.

Al disgregar los resultados totales por zonas geográficas, hay tres regiones que resaltan por estar debajo del promedio nacional de cantidad de habitantes a favor de cualquier inmigración: Cuyo, donde el 45,1% se manifestó a favor, el NEA -38,8%- y el NOA -36,4%-. “Una hipótesis viable puede tener que ver con que estas dos últimas regiones se encuentran en zonas limítrofes con Brasil, Bolivia y Paraguay. Allí sus habitantes suelen percibir con más intensidad los conflictos fronterizos, por ejemplo, en cuestiones económicas o políticas”, explican los autores de la investigación.

Para tomar un punto de referencia con el que comparar los resultados de este estudio, hay que remitirse al Mapa Nacional de la Discriminación, cuya segunda serie fue publicada en 2014. En ese trabajo, realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pidió a lxs encuestadxs que optaran por la frase con la que se sentían más identificados: si “Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” o “Argentina debe ser sólo para las/los argentinos”. Un 67% eligió la primera opción, mientras que un 33% optó por la segunda. 

A nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores, una red mundial de científicos sociales que estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política, midió en 2017 las preferencias de políticas migratorias en el país. Sobre una muestra de 1.003 casos, el 10,1% escogió la respuesta “dejar ingresar al país a cualquiera que lo desee”, un 41% optó por “dejar ingresar personas en tanto haya trabajos disponibles”, un 38,7% prefirió “limitar el número de extranjeros que quieran ingresar”, y un 6,3% “prohibir el ingreso de personas de otros países”.

Las migraciones como asunto de política estatal no son una novedad: atraviesan el debate público desde el siglo XIX. La Constitución de 1853, la Ley Avellaneda, de 1876, y gran parte del marco regulatorio elaborado hasta principios del XX fueron pensados bajo la idea rectora de que la inmigración proveniente de Europa sería beneficiosa para el desarrollo del país, tanto en términos económicos como sociales. Algunas de esas visiones permanecen hasta el presente, como el artículo 25 de la Constitución que dispone que el “Gobierno federal fomentará la inmigración europea”. 

Desde 2004, por ley, migrar es un derecho humano. Aunque en los 17 años desde la sanción de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras (nº 25.871) hubo muchos vaivenes. Recién en marzo de este año, por ejemplo, se derogó el DNU 70/17, un decreto sancionado durante la gestión de Cambiemos que violaba los derechos de las personas migrantes.

Hoy, estos debates y posicionamientos se reactualizan a través de las generaciones. Y los resultados no parecen ser los más promisorios: lxs más jóvenes son lxs que evidenciaron porcentajes más altos en términos de prejuicios xenófobos. Un 32% de lxs centennials encuestados -personas entre 16 y 24 años- se mostró a favor de prohibir el ingreso de personas migrantes. Ese número es el más alto de todos los valores desagregados por edad: entre aquellxs que tienen entre 25 y 40 años desciende levemente -un 29%-, y llega a su porcentaje más bajo entre lxs que tienen 75 años o más -un 17%-.

A la hora de pensar posibles explicaciones de las posturas entre lxs más jóvenes, lxs investigadores del Leda señalan que, entre otros factores, hay que ponderar los procesos de precariedad laboral y una mayor exposición a redes sociales, donde los llamados “discursos de odio” y la discriminación a minorías encuentran mayor circulación. Esto último suele además estar acompañado de informaciones falsas, por ejemplo, sobre el número de personas migrantes que hay en el país: “suele aludirse a ”hordas de inmigrantes“ cuando los datos demuestran que entre 1869 y 2010 la migración limítrofe se mantuvo entre un 2%- el mínimo histórico en 1947- y un 3,5% -número del último censo que incluye también a la migración peruana-. Otro de esos mitos tiene que ver con la cantidad de personas extranjeras en cárceles federales: ese número se mantiene estable desde hace una década en el orden del 6%, el mismo porcentaje que el promedio continental. 

Estas representaciones, claro está, no surgen en el vacío. Y tampoco pueden leerse separadas de otras dimensiones como la racial o la de clase. En este sentido es relevante repasar los trazos de ciertas políticas migratorias de los últimos 30 años. Si durante los años ‘90 la lupa gubernamental y mediática había hipervisibilizado a las migraciones regionales como amenaza, en los primeros años del siglo XXI primó el discurso de la integración regional, con la contraparte de dejar en muchos casos a otras nacionalidades por fuera del margen de lo regular. 

Durante el gobierno de Cambiemos, la mirada de derechos viró hacia un tratamiento de la cuestión migratoria desde una perspectiva securitista. Tres ejemplos permiten mostrar el tono de los últimos años. Con el DNU 70/17 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal previo a su derogación-, las expulsiones llegaron a aumentar un 350% en el caso de personas que estaban en una situación administrativa irregular. En otras palabras, que no habían cometido delito alguno. 

En paralelo, los procesos de radicaciones se demoraron y redujeron -particularmente después de la implementación del sistema Radex- al punto que para el pasado octubre se habían resuelto en el año 67.532. Para tomar dimensión, vale aclarar que el promedio anual de la última década fue de 232.190. Además, entre 2015 y 2019 las tasas migratorias aumentaron en un 1.000%. Hoy, tramitar residencias permanentes o temporarias tiene un costo de $ 3.000 para personas provenientes de países del MERCOSUR o estados asociados, mientras que aumenta a $ 6.000 para personas extra MERCOSUR. 

Discursos de odio

El análisis sobre xenofobia realizado por el Leda está enmarcado en una investigación más amplia, que incluye las múltiples modalidades de expresiones autoritarias que erosionan las formas de vida y las instituciones de la democracia. A lo largo de su trabajo, el Leda relevó más de 3.000 casos en los que, además de poner el foco en la xenofobia, reparó en discursos racistas y discriminatorios hacia el colectivo LGBT+, a partir de los cuales elaboró un Índice de Discursos de Odio (DDO). 

Al cruzar ese índice con la pregunta “¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración?”, resalta un dato: casi seis de cada diez personas que tienen preferencias por la inmigración europea aprueban o promueven los DDO. Este porcentaje es mayor, incluso, que entre quienes se oponen a cualquier tipo de inmigración -un 39,7%  aprueba o promueve los DDO-.

En cambio, quienes sostienen una posición universalista, que reconoce a la migración como un derecho independientemente del país de origen, son quienes -presumiblemente- rechazan y critican con mayor vehemencia los discursos de odio: casi siete de cada diez personas.