El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes un paro nacional en reclamo de la reapertura de paritarias. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

En ese contexto, se suma el sistema aerocomercial argentino, con los trabajadores nucleados en ATE‑ANAC, que harán movilizaciones en Aeroparque y otros aeropuertos del país.

La medida, que incluye un cese de actividades durante la realización de asambleas informativas y protestas, podría generar demoras e incluso cancelaciones en algunos servicios aéreos a lo largo de toda la jornada, según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas, el titular del gremio, Marcelo Belelli.

La protesta se produce tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional y se inscribe en un escenario más amplio de confrontación entre la administración de Javier Milei y los sindicatos estatales, en un contexto de ajuste fiscal, congelamiento salarial y reestructuración del Estado.

Quiénes paran y por qué

La medida de fuerza involucra principalmente a los controladores terrestres y trabajadores de ANAC afiliados a ATE, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la aviación civil. Aunque no se trata de controladores aéreos en sentido estricto —cuyas medidas suelen estar sujetas a restricciones legales especiales—, la participación de personal de ANAC puede impactar en procesos administrativos, inspecciones, habilitaciones y coordinación operativa, con efecto directo en la programación de vuelos.

Desde el gremio explicaron que el conflicto salarial lleva meses sin resolverse y que el Gobierno “no tiene voluntad política” para destrabar la situación. Según ATE‑ANAC, la gestión nacional incumplió acuerdos previos, incluida la conciliación obligatoria, y avanzó con normativas que buscarían limitar el derecho a la protesta, incluso cuando el sindicato acató los plazos legales.

Con la conciliación vencida, ATE considera que se encuentra en libertad de acción y decidió retomar y profundizar el plan de lucha.

Movilización a Aeroparque y alcance nacional

Uno de los puntos centrales de la jornada será la movilización a Aeroparque Jorge Newbery, con concentración prevista a partir de las 12 del mediodía en la intersección de avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia la terminal aérea.

Además de Aeroparque, ATE anunció acciones y asambleas en distintos aeropuertos del país, lo que amplía el alcance de la protesta y eleva el riesgo de afectaciones en vuelos de cabotaje y regionales. El propio gremio advirtió que no se descartan nuevas medidas si no hay respuestas oficiales.

Aguiar: “No existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ratificó públicamente la medida este lunes por la mañana con un mensaje de tono confrontativo hacia el Gobierno. En un posteo en la red X, sostuvo que la administración Milei “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que “no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial”.

Aguiar denunció que, agotadas todas las instancias de diálogo, el sindicato optó por profundizar las medidas de fuerza y advirtió que, frente a las amenazas de recorte, “la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, en referencia al discurso oficial sobre ajuste del gasto público.

El dirigente también difundió un comunicado del Consejo Directivo Nacional de ATE que convoca a una “jornada nacional de lucha y protesta” con paros, concentraciones y acciones públicas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.

Los reclamos: salario, estabilidad y rechazo al ajuste

Si bien el conflicto inmediato en ANAC es salarial, el pliego de reclamos de ATE para el paro de este 21 de abril es más amplio y refleja una agenda sindical integral frente a la política económica del Gobierno. Entre las principales demandas figuran:

Desde ATE‑ANAC remarcaron que sostuvieron durante meses una estrategia de diálogo y conciliación, pero que del lado oficial no encontraron respuestas. “Nunca hubo como objetivo resolver el conflicto, sino perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron en un comunicado.

El comunicado de ATE

Por medio de la presente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Consejo Directivo Nacional, comunica a esa Secretaría que el día 21 de abril se llevará a cabo una Jornada Nacional de Lucha y Protesta, que incluirá paros, acciones públicas y movilizaciones en todo el territorio nacional, en las administraciones nacionales, provinciales y municipales.

La medida se enmarca en la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado, producto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional, que han generado pérdida del poder adquisitivo, despidos, cierres de organismos, desfinanciamiento de áreas esenciales y un deterioro generalizado de las condiciones laborales.

Entre los principales reclamos se destacan: – Recomposición salarial urgente. – Reincorporación de todos los trabajadores despedidos. – Cese de las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. – Defensa de los organismos públicos y rechazo a cualquier intento de privatización. – Regularización de los vínculos laborales precarios. – Apertura de paritarias libres y sin techo.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realiza este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso.

Se prevé que el Gobierno ingrese el proyecto de reforma laboral el mismo día de la medida de fuerza del sindicato estatal. En este marco, su Secretario General, Rodolfo Aguiar, apuntó: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales. Algunos, incluso como el de Catamarca, juntaron votos en sus provincias hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas. No descartamos movilizaciones nacionales a esos distritos”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 para permitir la participación de los trabajadores en la protesta.

“En el sector público estamos en emergencia salarial. Con la ayuda de algunos pseudo gremialistas nuestros ingresos han sido destrozados. En los últimos 23 meses hemos perdido más de 33% de nuestro poder adquisitivo. El gobierno debe convocar a paritarias y otorgar una inmediata recomposición salarial”, agregó el dirigente de ATE.

Otro de los motivos de la medida de fuerza es la intención del Gobierno de recortar la planta de trabajadores del Sector Público. En este marco, Aguiar apuntó: “La intención de achicar el Estado un 10% se convierte en una utopía luego de que fueran rechazados por el Congreso los decretos de desregulación de Sturzenegger. No pueden hacerlo. Sería ilegal”

Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

“Un acatamiento promedio que supera el 90%”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%”. 

Aguiar dijo que la medida de fuerza se lleva a cabo para expresar el “rechazo a una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado” y “que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Nos quieren vender pasado por futuro, porque no hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, enfatizó el sindicalista en declaraciones a Splendid AM 990.

El titular de ATE dijo que para juzgar el proyecto del Gobierno “solo basta apelar a la historia”, ya que es similar a “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era Presidente, conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos ni reducir salarios, y eso sí crearía empleo”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará. 

Por otra parte, se refirió a la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. No obstante, aclaró que nunca se deja de atender a los pacientes y que “no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos” por plegarse a medidas sindicales.

“Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, aseguró.

ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló la semana pasada y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El anuncio de ATE se dio la semana pasada, un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad y no se actualizaba desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresará por estas horas al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del este martes será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

El Gobierno descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. 

Así lo señalaron fuentes oficiales, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración desde las 11 frente al Congreso de la Nación.

El triple reclamo de ATE y críticas a gobernadores

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral y la agenda del gobierno

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo.

Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos. 

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13:30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.

Empleados públicos, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizarán este martes, hacia el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la recomposición salarial “urgente” y el pase de planta permanente de los contratados.

A partir de las 11, se concentrarán la puerta de la cartera comandada por Gustavo Arengo Piragine, situada en Av. Martín García al 300 para también reclamar por paritarias libres y sin techo y “estabilidad laboral” para los trabajadores.

“En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas”, manifestaron desde ATE Capital.

En la última reunión por paritaria, la gestión de Jorge Macri “ofreció un 9% de aumento para mayo y postergó la próxima negociación para julio”, según manifestó el gremio. Asismismo, remarcaron que, en el primer semestre del año, “solo se otorgaron aumentos en dos meses”, acumulando un 14,5% “frente a una inflación estimada del 15,9%”, lo que representa “una nueva pérdida salarial” del -2,2%, que se suma al -7% acumulado en 2024.

Paralelamente, el aguinaldo de junio y las asignaciones familiares, “que por primera vez se actualizarán automáticamente gracias a la lucha de ATE Capital”, se calculan sobre ese magro 14,5% acumulado: “Si bien la actualización automática de las asignaciones es un logro sindical, aún están muy por debajo de lo necesario”, añadieron.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas “recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo” (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, “los ingresos reales son muy bajos”, mientras que los salarios iniciales de las personas de planta “se acercan peligrosamente a la línea de indigencia”.

“La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad”, concluyeron.

Los trabajadores del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) llevarán a cabo este jueves por la tarde un semaforazo con el objetivo de visibilizar “los salarios de pobreza” que perciben desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei, y en rechazo a las “paritarias bajas”.

Esta medida fue decidida luego de que el Gobierno Nacional les propusiera a los empleados de la institución un aumento del “0% para junio”, para exigir una “recomposición salarial urgente”.

Raúl Llaneza, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INDEC, manifestó que la paritaria debe ser “libre y sin techo”, para reclamar “un aumento de emergencia de 103 %”, y poder “compensar” la pérdida del poder adquisitivo sumado a “un bono de $150.000. mensuales” para todos los niveles de contratación.

“Un trabajador necesitó en abril $1.819.121 para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja mayor de 30 años con dos hijos en edad escolar. Este valor se compone de $630.974 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.188.147 para acceder a otros bienes y servicios básicos. Las canastas de este ejercicio son las llamadas ‘Canastas de Consumos Mínimos’ y surgieron como una propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales”, expresaron desde el organismo.

Entre otros reclamos que solicitan desde el INDEC, se encuentra “la urgente” reapertura de la mesa de negociación paritaria, el pase a planta permanente para todos los contratados y monotributistas “sin quita salarial” y la reincorporación de quienes fueron despedidos.

La junta interna de ATE en el INDEC convocó para este jueves a las 14 a otras juntas internas, movimientos territoriales y organizaciones obreras a participar del semaforazo que se realizará en la esquina de Cerrito y Av. Corrientes, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización este jueves frente a la sede central del PAMI, en Corrientes al 655, en reclamo por la crítica situación de los jubilados afiliados a la obra social y en denuncia de presuntas irregularidades en el organismo.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre lo que calificó como una “gestión desastrosa” y denunció que más de cinco millones de jubilados estarían viendo vulnerado su acceso a prestaciones médicas.

Según el dirigente sindical, la crisis se agrava por la falta de auditoría sobre los prestadores privados, lo que habría derivado en pagos millonarios y sobrefacturación en distintas áreas de atención médica. “Se han verificado graves irregularidades y no habría que descartar hechos de corrupción”, sostuvo Aguiar.

Desde el sindicato apuntaron contra el cobro indebido de sumas que superarían los 50 mil pesos por parte de prestadores, incluso por trámites básicos como la emisión de recetas o la realización de estudios de alta complejidad.

“Los jubilados necesitan más que nunca a su obra social y esta les niega todas las prestaciones”, alertó el titular de ATE, quien además denunció que la gestión actual avanza en un “vaciamiento” del PAMI. “Quieren cerrar la obra social”, concluyó.

MM con información de NA.

El papa Francisco recibió en audiencia este sábado a los directivos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, según confirmó la Santa Sede.

El pontífice se reunió con el secretario general nacional de la ATE, Rodolfo Aguiar, y con la secretaria general adjunta, María Mercedes Cabezas.

El Vaticano no informó sobre el contenido del encuentro, solamente lo confirmó en su boletín diario.

Este gremio de trabajadores públicos, que acaba de cumplir cien años y que protestó ante las políticas del presidente Javier Milei, publicó un breve video en sus redes sociales en el que se ve al pontífice argentino recibir a ambos dirigentes en el Vaticano.

El presidente de ATE escribió en su perfil de Instagram: “Hoy el Papa Francisco nos extendió la mano y alentó la lucha de todos los estatales de la Argentina! Su bendición es para la protección de nuestra Patria y reconstrucción de nuestra Nación!”.

Francisco, a sus 88 años, se recupera de una bronquitis que le ha obligado a celebrar en su residencia, la Casa Santa Marta, las audiencias de este viernes y sábado para facilitar su recuperación. 

MM con información de la agencia EFE.

En medio del fuerte ajuste en el Estado por parte de Javier Milei, profundizado por el paro del transporte y con el conflicto universitario aún sin resolver, el Gobierno convocó a los gremios estatales a una reunión este jueves para definir un magro aumento salarial hacia fin de año. La medida es criticada por algunos sindicalistas, que rechazan que la instancia sea una paritaria, porque los funcionarios solo se limitan a comunicar cuál será el porcentaje para los trabajadores sin habilitar ninguna negociación.

El ofrecimiento de la Casa Rosada estaría por debajo de la inflación: plantearía una suba del 2% para noviembre y de 1% para diciembre, más un bono para fin de año de $30.000, según supo elDiarioAR de fuentes gremiales. 

En los últimos días ya hubo un acercamiento de la Rosada con el gremio de UPCN, que conduce Andrés Rodríguez, un sindicalista aliado al oficialismo. El gremio ya firmó el acuerdo por esos porcentajes de incremento más el extra en diciembre, consignó InfoGremiales.

A la reunión de este jueves a las 13 en el ámbito de la Secretaria de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación están convocados entre otros los estatales de ATE, que el martes hicieron una concentración en el Obelisco y se cruzaron con la policía al querer marchar a la sede del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger. 

“La paritaria no es una paritaria, sino un lugar donde uno se sienta y recibe la notificación de lo que va a hacer el Presidente. Convocar a una paritaria en medio de un paro importante y en línea con varios gremios es una burla”, dijo a este medio la secretaria general adjunta de ATE, Mercedes Cabezas. “Lo que ofrecen no alcanza para recuperar los 34 puntos que perdimos de salario, porque la inflación no baja”, apuntó.

El conflicto con los estatales tiene varias aristas. En los últimos días se abrió un nuevo frente para el Gobierno tras el anuncio del cierre de la AFIP. Los empleados de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzaron fuertes protestas que llevaron a la Casa Rosada a dictar este martes la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, los cuales podrán ser prorrogados.

A su vez la paritaria de los estatales podría impactar en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Con las casas de altos estudios aún en pie de lucha, el ministerio de Capital Humano anunció días atrás que le daría a los universitarios un punto porcentual por encima de la última paritaria estatal y activaría la garantía salarial para el sector desde noviembre. Los voceros oficialistas dijeron que los universitarios iban a cobrar “el mayor aumento del Estado”. 

En los gremios universitarios negaron que hasta ahora haya habido un ofrecimiento oficial para descomprimir el conflicto. En la Conadu Histórica apuntaron que no refrenderán ningún incremento cercano al 3% desdoblado en dos meses “porque sería consolidar la pérdida de más de 60 puntos porcentuales desde diciembre pasado”.

MC/MG

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, emitió la resolución 3/2024, que instruye a las entidades del Sector Público Nacional a “intimar” a sus empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. De esta manera, el Gobierno avanza con la motosierra profunda. 

Esta resolución se enmarca dentro de la política del Ministerio para modernizar y racionalizar el empleo público, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público.

De acuerdo a fuentes oficiales, “actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente. Es necesario asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional. Por ello, se firmó la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a, en los próximos 30 días, intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse. Para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y función pública suscribió un convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES”, comunicaron las autoridades.

“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, dice la resolución.

El artículo 8° de la ley 24.156 apunta, según el “inciso a y c” a los empleados de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos.

La resolución “recomienda” la misma medida a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

La resolución completa

Con información de agencias.

IG

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió hoy en plenario realizar un paro total de actividades por 36 horas para exigir al Gobierno la inmediata reapertura de las paritarias y un aumento que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante la gestión de Javier Milei.

La medida de fuerza comenzará el martes 29 a partir de las 12 del mediodía con una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (Av. Roque Sáenz Peña 788) que conduce Federico Sturzenegger y continuará durante el miércoles 30.

“No nos bancamos más a este Gobierno. Tenemos que profundizar el plan de lucha. Los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida digna. Tenemos que frenar a Milei antes que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa”, apuntó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

“El Gobierno miente, se abraza a la casta y pierde apoyo popular. Tenemos que seguir en la calle y debemos poner en evidencia a Sturzenegger. Este es un funcionario que durante meses actuó en las sombras y su maldad no tiene límites. Hasta ahora la sacó bastante barata. Nos vamos a movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para rechazar el cierre de organismos y las irregularidades y excesos en la reglamentación de la Ley bases”, agregó.

El sindicato informó que en lo que va del año las paritarias se ubican un 34% debajo de la evolución de los precios.

Según sus datos, más del 75% de los estatales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza ($964.620), siendo principalmente afectados los trabajadores provinciales y, aún más, los municipales, quienes en muchos casos perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia.

CRM

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Corría el mes de mayo y las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo salarial de la Policía de Misiones, anticipaba la amarga noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas que se congregaban en ese momento frente al Comando Radioeléctrico de Posadas estallaron en un solo grito de indignación. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Cinco meses pasaron de aquellas jornadas calientes en las que los reclamos salariales de trabajadores estatales misioneros pusieron en jaque la hegemonía tan bien construida a lo largo de más de 20 años por el mandamás Carlos Rovira. El acampe apostado sobre la avenida Uruguay, una de las principales arterias comerciales de Posadas, se levantó el 29 de mayo luego de que el gobierno del Frente Renovador de la Concordia acordara con los representantes de los efectivos policiales y penitenciarios un aumento de alrededor del 60%, además de una amnistía. A mediados de septiembre, sin embargo, ese pacto se rompió: Amarilla y otros siete uniformados fueron arrestados tras ser acusados de los delitos de coacción, sedición y conspiración. El jueves pasado la Justicia les dictó la prisión preventiva.

El magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, cree contar con pruebas suficientes para sostener que los efectivos detenidos, con Amarilla a la cabeza, buscaban complotarse para tomar la Jefatura de Policía de la Provincia. Luego de que un colega alertara a sus superiores acerca de ese supuesto plan, Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto fueron aprehendidos y destituidos de sus cargos a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador Hugo Passalacqua. La investigación judicial no se vincularía con lo ocurrido en mayo, pero en Misiones hace tiempo que prima la incredulidad.

“Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, sostuvo Matías Orrego, familiar de uno de los detenidos, que en diálogo con elDiarioAR denunció que a su hermano “lo incomunicaron por 24 horas sin siquiera dejarle acceder a su abogado”. El sargento Joaquín Orrego habría sido apresado por mensajes que envió a un grupo de WhatsApp de nombre “Solo Cola”. Pero su hermano lo niega y aclara que la acotación la realizó en otro grupo, uno de delegados, donde el efectivo no hizo más que expresar su disconformidad con la propuesta salarial que les había hecho el gobierno. Es que en la mesa de diálogo sospechan de que las órdenes de capturas por parte de la Justicia misionera fueron en realidad una “represalia” por haber rechazado el incremento de solo el 5% que se les ofreció a principio de septiembre.

El supuesto plan de “desestabilización”, como lo calificaron desde un comienzo en los medios locales, llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, el pasado 16 de septiembre. Fue el peritaje hecho a su teléfono celular el que expuso las presuntas intenciones del grupo. En los chats relevados y filtrados a la prensa, se observan mensajes donde se habla de provocar incendios con el fin de forzar la salida de los camiones de bomberos para después tomarlos y así bloquear calles de la ciudad.

Con excepción de Amarilla, todos los efectivos estuvieron alojados hasta la semana pasada en la Alcaidía de la Mujer, ubicada al lado de Comisaría Segunda de Posadas. Una vez que se les dictó la prisión preventiva, fueron trasladados en su mayoría al penal de Cerro Azul, situado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, donde ya se encontraba detenido el principal referente y vocero de la mesa salarial policial. Dato de color: se trata de la misma cárcel de máxima seguridad en la que pasa sus días el exdiputado provincial Germán Kiczka, acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil.

Ramón Grinhauz, abogado defensor tanto de Correa como del vocero Amarilla, anticipó en las últimas horas que buscará apelar la prisión preventiva dictada por el juez Verón sobre sus dos defendidos. El letrado cuenta con un lapso de cinco días para presentar la solicitud en la Justicia, la que, sin embargo, ya rechazó pedidos previos de excarcelación para Amarilla y sus colegas.

Debido proceso en duda

La destitución de los ocho policías acusados de “sedición” y “conspiración” generó preocupación entre diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles en Misiones. La decisión del oficialismo provincial fue formalizada a través del decreto 2084/24 y anunciada el 22 de septiembre en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, expresó Passalacqua a través de un mensaje oficial, escoltado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el titular de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.

Esta semana, a través de un recurso de amparo, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes pusieron la firma y salieron a poner en cuestión el decreto, el mismo que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. En el escrito, al que tuvo acceso elDiarioAR, los letrados argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.

Rivas y Paredes sostienen además que la destitución responde a “represalias” por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales. Y señalan que, pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.

“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, alertan los abogados en otro pasaje de la presentación dirigida al Estado provincial.

El Justicia deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el clima de opinión pública en Misiones se vuelve cada vez más denso.

PL/DTC

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 24 horas y se movilizará al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 con el objetivo de “exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones”.

También se manifestarán en protesta contra “el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos” que llevaría a cabo la gestión de Javier Milei a fin de mes.

“Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional (anipiquetes) de Bullrich”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Por otro lado, aseguró que estarán en la calle “para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno” y manifestó que no van a aceptar “que se congelen los salarios en el sector público” ni “la posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas”; paralelamente declaró que esta será “la primera protesta de varias” que llevarán adelante este mes.

La jornada del miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 13hs frente al Congreso Nacional, mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.

Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno y repudió cualquier posibilidad de que los salarios “se mantengan congelados hasta fin de año”.

Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.

“Los diputados que voten en favor del veto estarán condenado a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir”, concluyó Aguiar.

AB con información de agencia NA.

El gobierno de Javier Milei otorgó un incremento salarial del 3% los trabajadores estatales, a pagarse en dos tramos para el bimestre septiembre/octubre según se anunció el 30 de agosto tras la reunión con los gremios de la actividad y ya planifica congelar los salarios para el último trayecto del año.

Las subas para el próximo bimestre se aplicarán en dos cuotas: 2% en septiembre y 1% en octubre. La propuesta recibió la aceptación de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el rotundo rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Con este nuevo aumento del 3%, el total acumulado para el período junio-octubre asciende a 9,82%.

En el Gobierno aseguran que la idea es, con el congelamiento de los sueldos de estatales, generar un efecto rebote también en las paritarias privadas con la idea de quitar presión sobre la inflación e intentar mantener los objetivos de un IPC más cerca del 0%.

La semana pasada ATE rechazó el ofrecimiento del Gobierno del 2% para septiembre y 1% para octubre en la negociación salarial de la administración pública nacional, a la que consideraron “la peor paritaria de la historia”.

“El Gobierno decidió aniquilar la negociación colectiva. Con este ofrecimiento que es un insulto, se materializa el congelamiento de salarios en toda la administración pública. Esto es inaceptable para cualquier dirigente sindical. ¿Quién puede tener mandato para firmar semejante rebaja salarial?”, cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

Con estos porcentajes, los trabajadores del sector público alcanzados por el convenio colectivo de trabajo 214/06 sufrieron una pérdida del 30% de su poder adquisitivo en lo que va del año, dicen desde el gremio estatal. 

“Este aumento mensual se traduce en un caramelo masticable por día. Para el salario promedio de la administración, el aumento significa $5.000”, indicó Aguiar. Y agregó: “Nos provocan y nos ofenden a los estatales, y se van a arrepentir. La van a pagar. Hablando en la lengua presidencial, estamos frente a un Gobierno de psicópatas y basuras que no sienten culpa ni remordimiento al destruirle la vida a los demás. El empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados es planificado”.

“El Estado y la política debieran tener por finalidad alcanzar el bienestar general, pero en la Argentina de Milei los felices son sólo cuatro o cinco tipos”, concluyó el titular de ATE.

En asamblea permanente

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de asamblea permanente y movilización en la administración pública, afectando a los organismos nacionales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convocó a los secretariados provinciales para definir la profundización de las medidas de fuerza en todo el país contra el recorte salarial y la tercera ola de despidos que intentará el Gobierno a fin de mes. 

“Tenemos que multiplicar las protestas en todos los organismos. Hay que llevar adelante acciones que rápidamente permitan aumentar la conflictividad. Debemos poner en evidencia no sólo al Gobierno con su plan de destrucción de salarios y puestos de empleo, sino también a aquellos gremialistas que decidan ser sus cómplices”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

Además, ATE mantiene el alerta por las cesantías ilegales que podría disponer el Gobierno nacional el 30 de septiembre, cuando vence el plazo de los más de 65 mil contratos renovados tan solo por tres meses. 

Ante esta situación, el sindicato convocó a las representaciones de todas las provincias a una reunión el 10 de septiembre en el Hotel 27 de Junio de ATE (Defensa 1469, CABA) para definir la profundización de todas las medidas de fuerza. 

En este marco, el sindicato reclamará por:

Sin acuerdo paritario entre gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas

No hubo acuerdo entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas y los trabajadores amenazan con la realización de nuevas medidas de fuerza en los próximos días. El único gremio que acordó una recomposición salarial con la empresa fue APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico). La propuesta de la aerolínea de bandera definió 0% para junio, 3,5% en julio y 3% para agosto. Para los sindicatos, la oferta es “provocativa” y “claramente inaceptable”.

El resultado de la reunión mantenida el martes en el Aeroparque Jorge Newbery entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) con los representantes de la línea de bandera, fue confirmado tanto por fuentes de la propia empresa como de parte de los gremios.

En ese sentido, APA, señaló en un comunicado que, “en el marco de las negociaciones en curso, informamos que tras la reunión mantenida hoy (martes), no se ha llegado a un acuerdo con Aerolíneas Argentinas”.

“Las propuestas presentadas por la empresa resultaron provocativas. Claramente inaceptables. Es inadmisible la falta de capacidad demostrada por el actual Secretario de Transporte, Franco Mogetta, en su gestión”, refiere el documento difundido esta tarde.

Agrega que “el funcionario ha demostrado, en repetidas ocasiones, su incompetencia para entender las complejidades del sector y las necesidades de recomposición salarial de los trabajadores aeronáuticos. Su actitud negligente y su escasa disposición al diálogo están llevando al sector del Transporte a una crisis profunda, afectando no solo a los trabajadores, sino también a millones de usuarios”.

Finaliza afirmando que “resulta evidente que su nombramiento no se basó en la capacidad técnica ni en la experiencia requerida para el cargo, sino en criterios que poco tienen que ver con las necesidades del sector. Por todo esto vamos a profundizar el conflicto. Vamos a implementar medidas de fuerza más contundentes y elocuentes, que sirvan para que el Gobierno Nacional entienda la necesidad imperiosa de recomponer nuestros degradados salarios”.

Esta fue la segunda reunión entre las partes, la primera se desarrolló ayer con el mismo resultado y se avecinan tiempos complicados ante el anuncio de nuevas medidas de fuerza que volverán a poner a los usuarios como rehenes de una situación de la que no son parte.

Ya hubo cinco asambleas en las últimas semanas de agosto que perjudicaron a cerca de 11.000 pasajeros

Los gremios señalaron que Aerolíneas les hizo la misma oferta que ayer, y que, por ahora, los gremios no volverán a reunirse con la empresa, pero sí entre ellos para establecer cómo seguir.

Asimismo, este miércoles, el portavoz Manuel Adorni aseguró que Aerolíneas Argentinas “anunció que se ha logrado recortar la planta de empleados en 1.500 personas, gran parte en virtud de retiros voluntarios. Significa una reducción del 13% de la planta. En el primer semestre redujo su déficit en un 70%”, celebró.

Con información de agencias.

IG

La dotación de personal de la Administración pública nacional de Argentina y de las empresas y sociedades bajo control estatal se redujo en 20.449 personas entre enero y junio pasado, en el marco de las políticas de reducción del Estado y 'déficit cero' aplicadas por el Gobierno de Javier Milei.

Según un informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación total de trabajadores públicos pasó de 333.784 en enero pasado a 313.335 en junio.

De ese total, 212.765 personas formaban parte en junio de la plantilla de la Administración pública nacional, donde en enero pasado prestaban servicios 224.005 personas.

En tanto, la dotación de personal en empresas y sociedades bajo control del Estado era en junio de 100.570 personas, 7.721 menos que en enero último.

La reducción del Estado es uno de los objetivos del Gobierno de Milei, que desde diciembre pasado, cuando asumió al cargo, aplica un severo ajuste fiscal para lograr el equilibrio de las cuentas públicas.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de empleados del sector público de Argentina, planea ser parte de una jornada de protesta el 7 de agosto, día de san Cayetano, venerado como patrono 'del pan y del trabajo' en el país suramericano.

Para ese día, las centrales obreras han convocado a la marcha por “paz, pan y trabajo” a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino.

“Los ataques del Gobierno no cesan. Siguen vulnerando nuestros derechos y para defenderlos los estatales debemos darle continuidad a nuestro plan de lucha”, afirmó días atrás el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. 

MM con información de la agencia EFE.

En medio de la segunda ola de despidos en el Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un plenario federal con más de mil delegados de todo el país y resolvieron por votación unánime lanzar un paro para mañana, jueves 4 de julio, y realizar una olla popular en Plaza de Mayo a partir de las 12.

“La única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 7 meses es estando en la calle y multiplicando las protestas en todo el país”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y agregó: “Cómo será de malo el Gobierno que ni los mercados le están respondiendo, a pesar que les hizo una ley para ellos. Al topo se le está complicando y nosotros lo tenemos que seguir desgastando”. La medida de fuerza se va a replicar en todas las provincias.

En referencia a las cesantías que ya habían comenzado durante los primeros meses de gestión del Gobierno, el dirigente evaluó: “Se les empieza a caer la máscara. Mientras que en 200 días no pudieron probar la existencia de un sólo empleado que cobre un sueldo sin trabajar, ahora son ellos los que están llenando de ñoquis la administración. Nosotros tenemos una guillotina que cae sobre nuestras cabezas cada 3 meses, y ellos todos los días inventan cargos que no existen en la estructura orgánica para designar en el gobierno amigos con sueldos mensuales millonarios”.

Hasta el momento, el sindicato ya contabiliza más de 3 mil despidos en la administración pública durante la última semana. En tanto, a los trabajadores que no fueron cesanteados se les renovó el vínculo laboral tan solo por 90 días, pudiendo ser despedidos finalizado ese plazo.

“Por decisión unánime de todas las provincias hemos decidido avanzar en una nueva medida de fuerza para exigir la inmediata reincorporación de todos los despedidos y una aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza en la que las medidas económicas del Gobierno los hundieron. Esperamos que ni piensen en volver a reprimir. No les tememos y además, tienen que saber que la violencia institucional y quienes la provocan, nunca terminan bien”, concluyó el Secretario General de ATE.

Además, el sindicato reclamará por un aumento que permita recuperar en un solo pago el poder adquisitivo de los trabajadores. Durante la última reunión paritaria, realizada el lunes 1 de julio, el Gobierno se presentó sin ningún ofrecimiento salarial, pasando a un cuarto intermedio sin fecha para una nueva convocatoria.

MM

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se concentraron en el Parque Tecnológico Migueletes en repudio a los despidos y al cierre de sedes regionales en todo el país; además, se vencieron alrededor de 300 contratos de empleados monotributistas que aún desconocen si se renovarán o quedarán sin efecto. La Policía de la Ciudad actuó y hubo represión y dos detenidos: Sergio Melo y Damián Pereyra.

Entre los puestos que peligran hay empleadas embarazadas, otras con licencia por maternidad, personas con enfermedades crónicas y madres que llevan a sus hijos al jardín del INTI que se quedarían sin trabajo y sin escolaridad.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Giselle Santana, delegada del INTI, informó que “hoy querían garantizar el ingreso” de todos los compañeros despedidos, en la vereda, en la entrada del INTI, “ni siquiera cortando la colectora ni impidiendo el tránsito” y el operativo policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, “avanzó sobre cualquier tipo de libertad democrática”.

“Se formaron en la puerta y avanzaron sobre nosotros con gases, palos, escudos. Tenemos varios compañeros y compañeras lastimados, afectados por los gases, algunos sangrando por los palazos, simplemente por estar en el ingreso de nuestro lugar de trabajo. Ahora el cordón policial nos está impidiendo el ingreso a nuestro trabajo cuando nuestro horario es entre las 8 y las 9 de la mañana. Es un atropello para todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que estamos encontrándonos con miles de despidos en nuestros sectores, con el desmantelamiento de líneas de trabajo y de políticas públicas fundamentales para este país”, señaló Santana. 

En la misma línea, afirmó que la protesta que llevan adelante es un derecho porque “todavía vivimos en democracia” aunque, no pudieron estar “ni siquiera en la puerta del organismo sin ser brutalmente reprimidos” por la policía. 

“Denunciamos y hacemos responsable al gobierno de Milei, a Patricia Bullrich y a Jorge Macri de cualquier hecho que pueda ocurrir acá. Nosotros estamos dispuestos a hacer una asamblea y a seguir votando medidas de lucha. En el INTI y en el Estado no sobra nadie”, sentenció la delegada.

Lo que asumen desde el organismo es que, no sólo esta concentración es en contra de los despidos, sino que también es en repudio “al comienzo de un vaciamiento” de una institución “estratégica para el desarrollo productivo nacional”.

También confirmaron que hay laboratorios que quedan “prácticamente vacíos” porque no hay personal que lleve adelante las tareas, al igual que las áreas y líneas de trabajo enteras afectadas por los despidos a nivel federal, con el cierre de sedes regionales en todo el país.

Con información de Noticias Argentinas.

IG

Como parte de una nueva jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la sede central de la empresa Techint “donde está el poder real” y desde allí sus miembros exigieron que el Ejecutivo encabezado por Javier Milei llame de inmediato a paritarias para recuperar “todo el poder adquisitivo perdido desde que asumió el Gobierno”. 

“Techint gobierna y Milei es el empleado del mes”, describió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en su cuenta de X y sumó una serie de fotos para ilustrar la medida de fuerza tomada en forma unánime por el gremio. 

A la vez, Aguiar marcó: “Es interminable el listado de funcionarios que tiene Paolo Rocca (CEO de Techint) en el Gobierno. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50, sino en las oficinas y en los estudios jurídicos de los principales grupos económicos de nuestro país”. 

Entre los manifestantes en el acto y la movilización en la sede de la empresa, estuvo el diputado nacional por el FIT-U Nicolás Del Caño, quien reclamó la salida de Techint del Estado y exigió las reincorporaciones de las y los despedidos. 

“Participamos de la movilización de las compañeras y compañeros estatales a las oficinas del grupo Techint que ha copado el gobierno de Milei con funcionarios propios. Reincorporación ya de los trabajadores despedidos. Paro y movilización al Congreso cuando se debata la Ley Bases”, posteó el legislador.

En su cuenta de X después de la medida de fuerza, Aguiar también señaló que “para derrotar al poder económico, antes tenemos que derrotar a sus alcahuetes políticos que tienen en la Casa Rosada y en el Congreso”. 

Para el dirigente sindical, el superávit fiscal que anuncia el Gobierno es mentiroso“ y ”se funda sobre el recorte de jubilaciones y un ajuste brutal sobre el empleo público“. Por eso, volvió a reclamar por la reapertura de la discusión salarial en una jornada en las que ATE también se movilizó contra el ajuste, la Ley Bases y el DNU 70/23. Y agregó: ”Nos dejaron sin aumento en abril y quieren dejarnos sin aumento en mayo. Desde ATE exigimos la inmediata convocatoria a paritarias y un aumento salarial que en una sola cuota permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde que asumió el Gobierno“.

Aguiar señaló también que la reforma laboral contenida en la Ley Bases “es absolutamente regresiva, y en materia de empleo público nos retrotrae a 1976”. “Sólo los gobiernos de facto pusieron en disponibilidad y pretendieron echar a todos los trabajadores. Por eso es que los estatales vamos a movilizar masivamente al Congreso el día que se trate la ley para exigir el rechazo de todas las senadoras y senadores. Además, los gobernadores que firmen el Pacto de Mayo van a ser los cómplices necesarios de un programa económico que nos está destruyendo la vida a todos”, concluyó.

Fuente: somostelam.com.ar

IG

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a arremeter contra la CGT por el paro general que realizará este jueves y tildó a la central obrera como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día. Quien no va a trabajar y quien no cumpla con su actividad, no cobra”. Además, el portavoz indicó que el paro general “afectará a 6,5 millones de personas”.

“En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañana paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional.

En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera “no tiene una justificación aparente” y remarcó que “está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones” para adherir a la protesta.

Asimismo, el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones recientes, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.

Según el vocero, por el paro convocado por la central obrera, este jueves “6.593.000 personas no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.

Además, el funcionario remarcó que desde que la gestión Milei asumió el 10 de diciembre pasado, tuvimos dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos por COVID-19 bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros“.

Empresarios, también contra el paro de la CGT

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al paro que la CGT convocó para este jueves, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna”.

“Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno Nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico”, sostuvo la entidad empresaria.

La CAC señaló, además, en un comunicado, que “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años, como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria”.

También cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laborol incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial “prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

En consecuencia, consideró que “la ausencia de justificativos, conjugada con múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce, lleva a expresar el pleno rechazo a la medida”.

Con información de agencias.

IG

Las inmediaciones de la Casa Rosada fueron militarizadas para impedir que los afiliados de ATE corten las calles de la zona en el marco del paro nacional en repudio a los despidos de trabajadores estatales, razón por la cual se produjeron algunos forcejos entre los uniformados y los manifestantes.

Efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal rodearon la Plaza de Mayo, lo que elevó la tensión en medio de la medida de fuerza del sindicato liderado por Rodolfo Aguiar.

Pese a la fuerte presencia policial, los manifestantes lograron posicionarse sobre la traza de la calle Hipólito Yrigoyen, momentos en los que se produjeron incidentes con los uniformados.

Durante el acto, los referentes de ATE pidieron a las autoridades de UPCN, el otro gremio que agrupa a trabajadores estatales, que se sumen al reclamo para avanzar en una medida de fuerza contundente contra el Gobierno.

Además, exigieron la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados e instaron a la oposición que rechace en el Congreso el DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó el “contundente” paro en todo el país y reclamó al Gobierno que “publique el listado de los ñoquis”.

“Si el Gobierno no publica un listado con los supuestos ñoquis, tiene que determinar la reinstalación y el inmediato pago de las remuneraciones a todos los despedidos, porque hasta aquí no ha podido acreditar en ningún caso la causal invocada de la ´no prestación de servicios´”, expresó.

Y añadió: “Resulta imperiosa la justificación de los despidos, ya que ha sido el propio Estado Nacional el que puso en revisión la planta transitoria. Debe existir una decisión fundada. Está quedando claro que el Gobierno nunca llevó adelante ni auditorías, ni relevamientos, y que tampoco verificó la asignación de funciones a cada agente. Con el despido de trabajadoras y trabajadores con 5, 10 y hasta más de 20 años de antigüedad quedó demostrado que no se trata de empleados que cumplen tareas estacionales o temporarias, sino que integran la planta permanente del Estado realizando funciones inherentes a cada uno de los organismos, independientemente de la modalidad de la contratación”.

“Pasan las horas y el Gobierno queda en evidencia: En este momento existe una grave afectación al estado de derecho en nuestro país”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA