El mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Javier Milei y sus ministros incluye una reforma laboral. No se eliminará en forma generalizada la indemnización por despidos, pero cada sector empresario podrá negociar con el gremio correspondiente su reemplazo por el régimen similar al que rige para la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Se trata del llamado fondo de cese o de desempleo, al que aportarían tanto empleadores como trabajadores para que cuando haya cesantías los que vayan a la calle, en lugar de cobrar un salario por año trabajado, reciban sólo una suerte de seguro para desempleados.

También se acotarán las multas por despido en el caso del trabajo informal, sin derechos, no registrado o en negro, como se le llama en la calle. “Se eliminarán las indemnizaciones por la registración deficiente, mal conocidas como multas, porque no contribuyen a obtener más trabajadores registrados y producen el efecto negativo, especialmente en las pymes”, sostiene un documento de presentación de la reforma

“Se establecerá qué rubros integran la remuneración del trabajador para que se pueda calcular con claridad la base del sueldo que se tome para la indemnización laboral”, se anuncia el abaratamiento del despido. “El objetivo es eliminar controversias y litigiosidad para que el empleador pueda pagar dicha indemnización con absoluta seguridad y el trabajador pueda cobrarla sin tener que llegar a un juicio”, argumenta. 

La reforma también contempla los siguientes puntos expresados en un documento oficial:

AR/DTC

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó la rápida implementación de “reformas integrales y de profunda transformación” para que el país sea “viable”.

“AmCham Argentina resalta la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación, para hacer de Argentina un país viable”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, afirmaron que “estas medidas deberán establecer un marco propicio para el incentivo a la inversión privada, el incremento de la producción y los servicios, el aumento del empleo privado formal, la disminución progresiva de los niveles de pobreza y la integración de nuestra sociedad”.

El documento difundido contiene 10 propuestas a las que consideró de imprescindible cumplimiento:

1. Un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo. Con políticas de Estado que promuevan la inversión, mejoren la competitividad para aumentar el empleo, terminen con la pobreza y la exclusión social y encaminen a la Argentina en la senda del desarrollo sostenible.

  2. Reconstrucción del funcionamiento de una sociedad basada en valores y en los principios de honestidad y de integridad. Una ética republicana del Estado focalizada en observar el cumplimiento de la ley, respetar la división de poderes garantizando la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, rendir cuentas de la gestión, y en establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la información pública, garantizando la libertad de prensa.

  3. Rol de un Estado eficiente y centrado en respetar la forma representativa republicana y federal de gobierno, resguardando la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes. Proveer a la prosperidad del país, a su progreso económico y humano, intervenir en la modernización de su infraestructura, asegurar la soberanía monetaria y en desarrollar y potenciar al sector privado, promoviendo el funcionamiento de mercados transparentes, y la libre decisión empresarial evitando así intervenciones distorsivas e innecesarias.

  4. Implementación de un plan de estabilización macroeconómica, que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos de la economía, implemente políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación y contengan la emisión monetaria, y presupuestos que garanticen el superávit fiscal. Es necesario reestablecer las condiciones para normalizar el stock de créditos comerciales y financieros, la reinserción financiera internacional y la sustentabilidad de la deuda pública interna y externa. En resumen, implementar políticas de responsabilidad fiscal y de reglas monetarios sustentables.

  5. Una reforma impositiva y laboral a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de equiparar derechos y obligaciones, simplificar procesos, eliminar impuestos y gravámenes distorsivos, y adecuar la regulación a los modelos laborales del siglo XXI; creando un entorno basado en los principios de equidad y progresividad.

  6. Medidas concretas para reducir la informalidad laboral e impositiva, a través de controles sistémicos y efectivos. En simultáneo, reducir la abrumadora carga fiscal que pesa sobre el sector formalizado de la economía, en particular la pequeña y mediana empresa. El ejercicio de controles eficaces, combinados con esquemas laborales e impositivos flexibles, simples y equitativos, permitirá aumentar los recursos fiscales del Estado, mejorar la competitividad del sector privado y fortalecer el crecimiento de la actividad económica y del empleo.

  7. Revisión de los esquemas de incentivos y promoción al comercio exterior, focalizados en aquellos productos o servicios innovadores y con claras ventajas competitivas. Apertura e integración inteligente a un mundo globalizado e interconectado, mediante la implementación de nuevos acuerdos comerciales sustentables.

  8. Eliminación inmediata de los esquemas que encarecen, restringen o prohíben las exportaciones, así como las importaciones de nuestros insumos o productos, preservando el respeto a la propiedad privada y el ámbito propio de las empresas. Es fundamental que exista un esquema económico que permita que los precios de los bienes y servicios de nuestra economía se construyan sin injerencias arbitrarias del Gobierno y en un marco empresarial competitivo.

  9. Preservación del derecho a la salud de todos los habitantes, pero a través de una reforma integral del Sistema sanitario, que permita potenciar la red pública de atención, dando máxima prioridad a la atención primaria y estableciendo medidas concretas para garantizar la sostenibilidad en la atención de las enfermedades crónicas. Que articule jurisdicciones basado en el concepto federal de gobierno y promueva incentivos para integrar eficazmente los sistemas públicos con los privados, maximizando recursos y haciéndolos económica y financieramente viables y sustentables.

  10. Mejorar fuertemente la calidad educativa según estándares internacionales, garantizar una sólida formación cívica realizando la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, de la capacitación y las prácticas docentes y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en la sociedad del conocimiento y su integración social. Asimismo, promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva. Esto supone, dotar de recursos al sistema educativo para que desarrolle una infraestructura y una gestión eficiente, permitiendo remunerar dignamente a sus maestros y profesores.

Convencidos de las propuestas

“Estamos convencidos que estas propuestas garantizarán el desarrollo sostenible del país para nuestras futuras generaciones, en especial para los sectores más vulnerables”, afirmó AmCham.

La Cámara subrayó que “para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de su sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes sobre los que se construyan un proyecto común de sociedad”.

“Desde AmCham Argentina solicitamos al próximo Gobierno que priorice las iniciativas aquí propuestas y se aboque a la búsqueda de consensos para resolver los problemas estructurales que hoy afectan a todos”, agregó el comunicado.

Para finalizar añadió que: “Una vez más insistimos en que una eficiente articulación entre el sector público y privado es la única manera de alcanzarlo, y por ende estamos dispuestos a contribuir en la construcción de políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que nuestro país se merece”.

Con información de NA.

IG

La propuesta de Javier Milei de eliminar el peso y el Banco Central para adoptar el dólar despierta temores de hiperinflación de los economistas que calculan que la moneda norteamericana podría dispararse de los $ 469 actuales del blue a $8.000. También enciende la preocupación de quienes conocen que ni en Ecuador ni en El Salvador la dolarización solucionó los problemas económicos y sociales, más allá de acabar con la inflación. Pero la propuesta económica del candidato presidencial de La Libertad Avanza va más allá de la idea de abrazar la divisa: implica un fuerte ajuste del gasto público de 13 puntos del PBI, mayor al de 8 puntos que calcula su rival Horacio Rodríguez Larreta; privatización de casi todo, desde el conjunto de las empresas estatales, excepto Aerolíneas Argentinas, a la que considera invendible y se la entregaría a los empleados, hasta la educación (repartirá vouchers para pagar el colegio) y el régimen jubilatorio; una flexibilización laboral que elimine la indemnización por despido; y una suba de tarifas de servicios públicos que sólo se compensaría en parte por rebajas impositivas.

En el plano fiscal, el postulante libertario en ascenso propone una considerable reducción del gasto público. Por un lado, podará los subsidios energéticos y al transporte público, que representan 2 puntos del PBI. Sus asesores niegan que se trate de un tarifazo porque juran que de alguna manera lo compensarán con reducciones de impuestos en la factura final. Por otra parte, se podará el punto del PBI de déficit de las empresas estatales sencillamente privatizándolas todas menos Aerolíneas. Incluso aquellas que no pierden como YPF se privatizarán. Las ventas incluirán desde Energía Argentina SA (Enarsa) hasta los ferrocarriles, desde AySA y el Correo hasta los medios públicos. Sólo quedará fuera la aerolínea de bandera porque creen que nadie la querrá comprar en un mercado desregulado donde crezcan Flybondi y Jetsmart y aparezcan eventualmente otras. Proponen entregársela a los empleados, pero sin subsidios. Que se arreglen como puedan. De todos modos, Aerolíneas acaba de anunciar que redujo en 2022 su rojo al menor nivel desde su reestatización en 2008, unos US$ 246 millones, y apunta al equilibrio en 2023.

En los últimos días, Milei abogó por cambiar el sistema educativo por uno de vouchers que se repartirán a todas las familias para que después paguen la escuela que elijan, ya sea estatal o privada. También dijo que quiere volver al régimen privado de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en el que cada trabajador ahorre para su futuro retiro, en lugar del actual reparto de los aportes entre los jubilados actuales.

En línea con su discurso contra la “casta política”, más allá de que muchos de sus dirigentes hayan estado antes en otras fuerzas, La Libertad Avanza sostiene que apuntará sobre todo a reducir el “gasto político” con disminución del número de ministerios y desaparición de reparticiones. “Hay que bajar todas las estructuras que generan puestos de trabajo, trabajar programa por programa para ver qué eliminar, desde el Ministerio de la Mujer hasta el Inadi (Instituto contra la Discriminación)”, cuentan cerca de Milei.

Transferencias y retenciones

El líder de la derecha extrema también apunta contra las transferencias a las provincias, igual que Larreta, quien considera que hay 5 puntos del PBI con gastos que se superponen entre la Nación y los distritos en materia de educación, salud y gasto social. Pero La Libertad Avanza, que busca diferenciarse a toda costa del jefe de gobierno porteño, al que tacha de “comunista”, aclara que la superposición radica en la “administración de los programas”, no en las erogaciones en sí.

Con el ajuste del gasto de 13 puntos del PBI más que terminará en teoría con el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda), que el año pasado fue del 2,5%, aunque en el pasado los recortes de erogaciones hundieron la economía, la recaudación tributaria y, por tanto, elevaron el rojo. Milei se supone que busca recortes tan siderales para a la vez bajar los impuestos. Por lo pronto, ya le prometió al auditorio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) el 12 de abril pasado que eliminará desde el arranque las retenciones al campo, a la que vez que liberará el cepo cambiario. Lo mismo les juró a los productores de la SRA Patricia Bullrich, mientras que Larreta les aclaró que ambas medidas no podían adoptarse al inicio dentro de un programa consistente. Con el jefe de gobierno porteño coincidió esta semana en el Consejo Agroindustrial Argentino el economista Carlos Melconian, que desde la Fundación Mediterránea prepara un plan para quien quiera adoptarlo y que recordó que ya la gestión de Mauricio Macri, con su primer ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, levantaron el cepo y las retenciones al iniciarse en 2015 y terminó reponiéndolos en 2018 y 2019. Otros recortes tributarios de Milei apuntarían a impuestos considerados “distorsivos”, como el que grava las transferencias financieras y los cheques.

El libertario planea una reforma laboral, aunque por ahora se limita a dejar trascender que eliminará la indemnización por despido y la sustituirá por un seguro de desempleo. Este subsidio se pagará con un fondo al que irán aportando los empleadores y los trabajadores. La propuesta resulta similar a la que ya elaboraron en 2021 Larreta y el senador Martín Lousteau, inspirados en el convenio de la construcción, aunque la comparación irrita a los libertarios, que quieren distanciarse de ambos. Para felicidad de Milei, el jefe de gobierno porteño reconoció hace poco que aquella idea de hace dos años ha sido puesta en revisión porque ha descubierto que no todos los sectores funcionan como el de los obreros de la construcción.

Milei habla de “offshorizar la banca para evitar que el Estado manotee la plata de la gente”. Es decir, poner los ahorros fuera del país y del control tributario. En su entorno juran que así habrá un “sistema bancario más sólido y que genere inversión”. Por último, buscarán un “sistema de competencia de monedas, que tendería a la dolarización por decisión de los propios actores de la economía”, según sus asesores. En el discurso ante la Rural admitió que adoptaría el enfoque que le acercó el economista Emilio Ocampo, profesor de la ultraliberal Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA). “Ocampo plantea cómo hacer la dolarización, cómo resolver la bola de las Leliq (Letras de Liquidez), calcula cuántos dólares necesitás para dolarizar”, explican cerca del candidato presidencial. “Y si se dispara el dólar, será porque antes había un problema”, se consuelan.

Dolarizar

“Nadie en su sano juicio puede creer que hoy sería viable dolarizar a 2.000 pesos por dólar (base monetaria/reservas), menos aún a 8.000 pesos por dólar (M3/reservas netas), o a los valores que resultaren de estos cocientes el 10 de diciembre de 2023”, escribió Ocampo en su blog el 13 de abril. El M3 es uno de los agregados monetarios. M1 es el efectivo más los depósitos en cuenta corriente. El M2 es el M1 más los depósitos en caja de ahorro (o sea, efectivo más depósitos a la vista). Y el M3 es el M2 más los plazos fijos.

“El tipo de cambio de conversión de una dolarización no es el cociente entre base monetaria y reservas de libre disponibilidad (menos aún tomar M3 como numerador), sino aquel que iguala los activos y pasivos totales del Banco Central (BCRA) con una metodología mark-to-market. Al 31 de marzo de 2023, ese tipo de cambio era de 603 pesos por dólar. Pero con un dolarización acompañada de un plan integral de reformas sería lógico esperar una reducción de la prima de riesgo país (y una revalorización de los activos financieros del BCRA). Bajo tal escenario, y suponiendo que la TIR (tasa interna de retorno) promedio de los bonos argentinos cayera a 15% (que equivale a la TIR del bono del Tesoro norteamericano a 5 años más 1.048 puntos básicos de riesgo país, que es el promedio entre enero de 2008 y enero de 2023), el tipo de cambio que iguala activos y pasivos del BCRA sería de 376 pesos por dólar”, calculaba Ocampo antes de la última corrida cambiaria de esta semana. El número es cuestionado desde Juntos por el Cambio hasta el Frente de Todos, pasando por la inmensa mayoría de los economistas de consultoras, universidades, bancos y think tanks.

“La situación de las Leliq es inviable”, se refiere Ocampo a las letras del Central en las que invierten sobre todo los bancos, que a su vez se fondean con los depósitos de la gente. “Con o sin el peso será necesaria su reestructuración. Caso contrario será imposible eliminar la inflación”, concluye Ocampo. Si se reestructuran las Leliq, se teme que corran riesgo los depósitos. El economista de la UCEMA recuerda que ya en el gobierno de Carlos Menem se reestructuraron las deudas del Central y se entregaron los bonos Bonex a los depositantes a cambio de sus ahorros en 1989. En su blog, recuerda que Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem entre 1991 y 1996, elogió el plan Bonex: “Lejos de ser una confiscación de depósitos, como se dice, fue una forma de ir anticipando la dolarización de los depósitos, para protegerlos de la desvalorización inflacionaria. El único error fue no acompañar el Plan Bonex por el Plan de Convertibilidad”, se refirió al esquema por el que el peso se ató al dólar en 1991.

“Hay que llevar las reformas estructurales al límite para que no sean reversibles”, dijo Milei ante la Rural. Se refería no sólo a la eliminación del peso y la adopción del dólar. Apuntaba a todas las variables que busca cambiar con una receta ultraliberal que no hay país en el mundo que haya aplicado tan a rajatabla. Aunque Melconian confesó esta semana que el plan de Milei es la “nada, cero coherencia de un programa”, coincide con él en algo no menor: la reversión de las contrarreformas que el kirchnerismo aplicó en estos 20 años después de la década menemista. “Si en 2003 no se revertían las reformas noventistas, este era otro país”, confesó el economista de la Mediterránea. Milei, admirador de Menem, no puede más que coincidir con él.

AR

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

Los controles de precios han fracasado, la restricción monetaria por sí misma tampoco funciona. La inflación es multicausal. Por lo tanto, todas las causas deben ser atendidas al mismo tiempo. Proponemos una Ley de Estabilidad Económica que trace un norte en materia cambiaria, monetaria y fiscal. Que nazca en el Congreso, pero que además tenga el consenso de empresarios y trabajadores para poder avanzar en un verdadero acuerdo de precios y salarios. Estamos convencidos que la mejor política antiinflacionaria es crecer y producir más.

¿Cómo se baja el desempleo?

La principal responsabilidad que tiene un gobierno es generar condiciones para que se genere trabajo. Necesitamos que la Argentina vuelva a crecer para generar 10 millones de puestos de trabajo. Necesitamos multiplicar las empresas, grandes y pequeñas y a las que están les tiene que ir mejor. Algunas de nuestras propuestas son: ley de promoción de inversiones, nuevo régimen impositivo que aliente la creación de nuevos empleos, ley de reducción de derechos de exportación a quienes exporten en forma incremental y capacitaciones masivas en oficios y habilidades. 

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

La legislación laboral tiene que crear nuevos puestos de trabajo formales y brindar derechos a los existentes. Tenemos que desalentar la industria del juicio, reconocer nuevas modalidades de trabajo y pensar un régimen superador para la transición entre empleos. También tenemos que actualizar los convenios colectivos de trabajo en una negociación que permita sostener derechos, mejorar salarios e incrementar la productividad. 

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

En el corto y mediano plazo para que eso ocurra hay que parar la inflación. Nosotros proponemos una Ley de Estabilidad Económica que, entre otros puntos, aborde la necesidad de un acuerdo en serio de precios y salarios, bajo premisas y objetivos concretos sobre los que consensuar. Sin embargo, a largo plazo la única forma de asegurar salarios medios y altos es incrementando la productividad, que requiere más inversiones. 

 ¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Es una pregunta que debe responder un macroeconomista. Como industrial yo puedo afirmar que los saltos de tipo de cambio son muy dañinos y que lo que necesitamos quienes producimos es un tipo de cambio competitivo y previsible, que la brecha cambiaria mete ruido en la cadena de abastecimiento y que con cepo no se puede producir porque la producción requiere abastecimientos que vienen del extranjero, ya sea como insumos o como inversiones. 

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

La Argentina tiene que transitar un sendero hacia la reducción del déficit fiscal. Para ello es clave hacer más eficiente el gasto, pero también aumentar la recaudación a partir de un crecimiento sostenido de la economía. Establecer un marco de prioridades que no puede obviar el hecho de que tenemos 23 millones de pobres. Por poner un ejemplo, tenemos que recomponer las tarifas y esto se podría hacer segmentando los subsidios en forma inteligente, cosa que no sucede hoy. Otro ejemplo, tenemos que lograr que las empresas estatales o de participación estatal sean eficientes. Administrar un Estado con recursos limitados supone establecer prioridades. 

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

En principio hay que dejar de incrementarlo. Hace diez años que sólo crece el empleo público. Necesitamos 10 millones de puestos de trabajo y los tiene que crear el sector privado. De agosto de 2020 a agosto de 2021, el sector público tiene 124.000 puestos más, mientras que en el mismo período el sector privado incorporó a 93.000 personas. Este desbalance nos hace mucho daño. 

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Nosotros creemos que puede haber empresas públicas que sean eficaces y eficientes. El propio Florencio Randazzo lo demostró con la administración de los ferrocarriles durante su etapa como ministro de Transporte. Se hicieron grandes avances en la calidad de los servicios y en materia de transparencia en la asignación de subsidios. Se mejoró y se ahorró dinero. Ambas cosas pueden ir de la mano.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Nuestro sistema impositivo castiga a los más pobres proporcionalmente más con el IVA, penaliza a la clase media con Ganancias y desincentiva la inversión de quienes quieren generar trabajo. La Argentina necesita una reforma impositiva integral, que vuelque el peso de la tributación sobre los patrimonios personales y libere la carga de las empresas. 

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

Creo que fue irresponsable y que hubo un manejo equivocado de la política económica, en particular de la desregulación casi irrestricta del ingreso y egreso de capitales. La deuda no es mala en sí misma, sino que depende para qué se use. Ese préstamo entró para salir en valorización financiera y no para producir su propia capacidad de repago.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del FMI (Fondo Monetario Internacional) y cuáles no?

Hay que hacer un acuerdo sobre un programa de crecimiento de nuestra economía, no sobre un programa de puro ajuste porque si no mejoramos nuestra capacidad de generar dólares genuinos, no vamos a poder pagar más adelante tampoco. 

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

Como todos los países del mundo que se desarrollaron o que aspiran a desarrollarse, la Argentina debe tener una política comercial inteligente, pragmática y dinámica. Esa política tiene que permitir apertura con regulación para que haya competencia justa y se eviten prácticas desleales. La industria argentina en su gran mayoría es competitiva y no necesita protecciones diferentes a las que existen en el resto del mundo.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

Los tratados de libre comercio tienen que ser analizados caso por caso, y siempre debe darse con un norte que es lograr mercados para nuestros productos sin regalar nuestro propio mercado. Esas negociaciones son posibles si se discuten en base a estudios de impacto, que deberían ser públicos. Además, el sector privado debe ser parte de la discusión y poder opinar durante el proceso de negociación.

 ¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

Nosotros hemos propuesto que se genere una base de datos con los beneficiarios de planes sociales y que si una empresa pyme está dispuesta a emplear a una persona que cobra un plan, que el plan social pase a formar parte del salario durante los primeros años de contratación. Ahora bien, es importante aclarar que para nosotros todos los que necesiten ayuda, deben tenerla, y sin ninguna intermediación. 

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

Más que elegir sectores, concentraría los esfuerzos en mejorar la competitividad y productividad de todos los sectores. Argentina es el tercer entramado productivo de Latinoamérica, en varios sectores industriales está en la vanguardia tecnológica, ha desarrollado servicios innovadores desde fintech hasta e-commerce. El desafío sigue siendo producir más y mejor.

¿Qué obras de infraestructura deberían hacerse?

Nuestro país tiene una deuda muy importante en materia de infraestructura, pero sin duda hay que incrementar y mejorar la infraestructura que sirve para potenciar la producción y exportaciones: energía, ferroviarias, rutas, hidrovía y portuarias. Al mismo tiempo pondría el foco en la infraestructura educativa (edilicia y conectividad). La educación de calidad es la mejor política distributiva.  

¿Qué medidas se podrían adoptar a favor de las pymes?

A nuestro país le falta densidad empresarial, tenemos pocas pymes, sólo 14 cada 1.000 habitantes, cuando en la región países como Chile tienen 58 cada 1.000 habitantes. En los últimos años, consecuencia de la recesión de 2018/9 y de la pandemia, hemos perdido miles de pymes. Para revertir eso, la condición necesaria es volver a crecer, pero esto no será suficiente. Hay que incentivar la creación de pymes con créditos blandos, una menor carga impositiva y desburocratizando todos los trámites asociados. En este sentido, por ejemplo, la marcha atrás respecto de la figura de la SAS (sociedad anónima simplificada) es un error. 

¿Cómo lograr el acceso a la casa propia?

El déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires afecta a más de 2,2 millones de núcleos familiares. Tenemos que lograr estabilidad económica y recuperar la confianza en nuestra moneda nacional para otorgar créditos hipotecarios a la población. Para los sectores más vulnerables la solución debe pasar por un estado que brinde tierras, servicios esenciales como agua y cloacas y construya viviendas sociales, incluso podría plantearse algún tipo de repago en cuotas para quienes puedan solventar un gasto de esta naturaleza.

¿Cómo se resuelve la dificultad para alquilar?

Desde el Congreso vamos a impulsar la revisión de la ley de alquileres para mejorar sus condiciones en base a la evidencia arrojada que fue muy negativa. Es importante garantizar el cumplimiento del título III de dicha ley para que sea posible lograr un volumen significativo de alquileres sociales: ampliando la oferta de inmuebles con destino a vivienda familiar, propiciando líneas de crédito para apoyar a quienes tienen dificultades con los gastos relativos al alquiler y brindando garantías o acceso a seguros de caución que las reemplacen.

¿Deberían aumentar las tarifas de energía y transporte para las clases media y altas? ¿Por encima de la inflación, como con Macri?

Las tarifas en general deben recomponerse y para ello es necesario segmentar los subsidios de forma progresiva para que a mayor poder adquisitivo haya un menor subsidio. No haber avanzado aún en este sentido habla de una mala gestión. 

Ante la crisis climática, ¿cuáles cree que son los sectores de la economía que hay que impulsar y, en oposición, cuáles cree que deberían ser relegados?

El desarrollo en el siglo XXI exige ir de la mano con la agenda ambiental. No sólo porque es ético hacerlo. La cumbre climática de Glasgow muestra a las claras que las potencias avanzarán fuertemente en este sentido y la Argentina no puede quedarse atrás pues las próximas barreras arancelarias serán sin dudas ecológicas. Todos los sectores deben volverse más verdes si queremos seguir exportando. 

¿Qué opina del impacto ambiental del fracking, la minería a cielo abierto, la fumigación con agroquímicos, la deforestación para la agricultura y la ganadería o las industrias que contaminan ríos como el Riachuelo?

En un mundo que discute la cuestión ambiental, la Argentina no puede subirse a esta agenda prohibiendo actividades. Por el contrario, necesita seguir produciendo, volviéndose cada día más verde. Hay que fomentar la descarbonización de la economía (desde qué producimos hasta cómo lo producimos) e implementar esquemas regulatorios y de fiscalización serios para actividades que pueden suponer riesgos para el ambiente. El desarrollo tecnológico no se detendrá. Encontraremos la manera de producir de forma sustentable y yo quisiera que la Argentina sea parte de la discusión y de las soluciones, que no tengamos que adquirir tecnología foránea para ser más sustentables, que podamos desarrollarla acá. 

AR

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió este martes el vacunatorio de River Plate y anunció nuevas medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus, entre ellas, la no obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre, en zonas donde no hay aglomeración de gente, y en los espacios abiertos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, CABA se acopla al DNU 678, firmado por el presidente Alberto Fernández el 30 de septiembre, que sostenía que continuaba “vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas”. En aquella oportunidad, Ciudad consideró que la medida debía ser “más organizada, con más tiempo por delante, con más etapas y más previsibilidad para la gente” porque “la pandemia todavía no pasó y no queremos dar la señal de que podemos bajar la guardia”, había dicho el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

Este martes, Rodríguez Larreta, tras recorrer el centro de vacunación que funciona en el club de Núñez y agradecer “a los voluntarios” que allí trabajan, y a la “gente, por los cuidados que tomaron”, y fundamentado por datos que muestran la baja del promedio diario de casos de Covid-19 y la ocupación de camas de terapia intensiva por pacientes de coronavirus, “que está en el 3,2%”, anunció que desde este miércoles “dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas al aire libre, siempre que no haya aglomeraciones”.

“Este es un paso importante, que teníamos planificado para cuando la Ciudad llegue al 70 por ciento de la población vacunada con dos dosis”, aseguró el alcalde, que también detalló que en el transporte público “ya no regirán las capacidades máximas”, aunque pidió que ahí “se sigan utilizando los tapabocas y se mantengan las ventanillas abiertas”.

Asimismo, informó que, a partir de este miércoles, “los alumnos de las escuelas porteñas van a poder realizar las actividades al aire libre, como recreos y educación física, sin los tapabocas. En la Ciudad se lanzó un programa para que los chicos y chicas no pierdan ni un minuto de clase. Pero jugar y divertirse también es fundamental: desde mañana van a poder disfrutar al aire libre como lo hacían antes”, remarcó. Y agregó: “A la vez, deja de ser obligatorio tomar la temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales”.

El uso de tapabocas fue obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires desde el 15 de abril de 2020, día en el que se dispuso la obligatoriedad del uso de elementos de protección que cubran la nariz y la boca para ingresar y permanecer en locales comerciales, dependencias de atención al público y en medios de transporte públicos.

IG

Juntos por el Cambio impulsa un proyecto de ley para eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un seguro de desempleo. Se trata de una medida para flexibilizar el trabajo. Según el Fraser Institute, un centro de investigación libertario de Canadá, el resarcimiento por cesantía constituye uno de los elementos que agregan rigidez a un contrato laboral: los otros son las regulaciones para contratar y despedir, el establecimiento del salario mínimo, la negociación colectiva, el límite horario a la jornada de trabajo y el modo de reclutamiento. A partir de esos conceptos, el Fraser elabora un índice de regulaciones del mercado laboral en el que 10 puntos indica que un país es muy flexible y cero, que es muy rígido. Lo curioso es que al menos en Latinoamérica los países más flexibles no son los que crean más empleo en blanco sino que en varios casos cuentan con altos índices de trabajo informal y desocupación.

Perú lidera el ranking de flexibilidad, con 6,9 puntos. De todos modos, está 69º en el mundo, sobre un total de 165 países clasificados. Sin embargo, el 67,8% de sus trabajadores (tanto en relación de dependencia como independientes) está en negro y el desempleo alcanza al 7,5%, según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Argentina está novena entre los 18 países evaluados en Latinoamérica por el Fraser. Se ubica 140º en el ranking global, con 5,1 puntos, pero tiene bastante menos trabajo informal (47,9%) aunque más desocupación (10,2%) que Perú.

Después de Perú aparece República Dominicana, con 6,1 puntos, un trabajo en negro del 52,7% y un desempleo del 8%. El podio de la flexibilidad lo completa Costa Rica, con 6 puntos, un empleo no registrado del 38%, pero una desocupación del 18%.

¿Cuáles son los países con más trabajo en blanco de Latinoamérica? Uruguay, con el 22,6% de empleo en negro y un indicador de flexibilidad laboral de 5,9 puntos, el cuarto más alto de la región; Panamá, con 25,7% y Chile, con 27,2%, ambos con 5 puntos, tienen marcos laborales un poco más que rígidos que el de la Argentina.

“No me sorprende que no exista correlación entre flexibilidad, desempleo e informalidad”, opina Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). “Acotar la discusión a la legislación laboral tiene dos implicancias: por un lado, implica un avance sobre las condiciones laborales del 50% que todavía tiene cierta cobertura en materia de derechos sin ningún efecto positivo sobre el resto; por el otro, oculta la necesidad de discutir sobre las causas estructurales que impiden una mayor creación de puestos de trabajo y una formalización de los existentes. Lamentablemente no hay respuestas fáciles: tenés que meterte con la estructura productiva y los problemas que se derivan de un proceso de simplificación y reprimarización de la economía, donde el sector competitivo es capital intensivo, por lo que demanda poca fuerza de trabajo, mientras que los sectores no competitivos sólo pueden subsistir con una fuerte protección, insostenible en el largo plazo, y con bajos salarios, o un dólar alto, lo que es más o menos lo mismo”, completa Campos, que en un reciente hilo de Twitter explicó que “en los últimos 13 años la industria de la construcción”, donde rige el seguro de desempleo en lugar de la indemnización -tal como propone Juntos por el Cambio para toda la economía-, “no creó más empleos que el resto de las actividades”.

Matías Maito, director del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín, advierte de que “no hay evidencia a nivel global ni muchos menos en la Argentina que confirme que a mayor flexibilización laboral mejoren los niveles de empleo y la formalidad”. “De hecho, la experiencia reciente en nuestro país podría confirmar lo contrario: en los 90 se avanzó en esquemas de flexibilización y aumentaron el desempleo y la informalidad. En los últimos años, si bien no se aprobaron normas de flexibilización, sí se produjo una flexibilización de hecho y una reducción enorme de costos laborales, el salario perdió 20% de poder adquisitivo, y eso no redundó ni en mayores niveles de empleo ni formalidad sino todo lo contrario. En las últimas décadas, el momento de mayor generación de empleo y descenso más acentuado de la informalidad fue entre 2003 y 2008, cuando se revirtió parte de las normas de flexibilización. Un empresario toma trabajadores si la economía crece, no si los costos laborales son bajos o la mano de obra es flexible. ¿La mejor manera de que la economía crezca es con trabajadores flexibilizados y con salarios bajos? Con flexibilización sólo aumenta la desigualdad y la inestabilidad y empeora la situación de los trabajadores”, opina Maito. “En su libro '23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo', el economista surcoreano Ha-Joon Chang alerta que en el mundo en nombre de la 'flexibilidad del mercado laboral' se ha desestabilizado el empleo y con él, muchas vidas”, dice.

Puesto como ejemplo por la oposición, el jefe de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, admite que “en el mundo el auge de la deslocalización del trabajo, el poder corporativo de las empresas transnacionales, la tercerización y las formas atípicas de empleos en sus formas más contemporáneas, como en las economías de plataformas, interpelan el modelo industrial de pleno empleo caracterizado por la relación de dependencia clásica”. Martínez analizó los datos de trabajo informal y desempleo de Latinoamérica: “Se observaría la independencia de estos indicadores de los mayores o menores niveles de regulaciones nacionales. Durante los 90 en la Argentina se produjeron desregulaciones en el comercio, la industria y el Estado, así como reformas en la Seguridad Social que implicaron una reducción de los aportes patronales, que, lejos de redundar en la baja de la tasa de desempleo, la duplicaron. El abordaje riguroso de la problemática de la calidad de empleo requiere de políticas que permitan la expansión de la frontera productiva, aumento de la demanda agregada, sin que esto suponga una solución a partir de la eliminación de derechos de los trabajadores”. Martínez, delegado de la CGT ante la OIT, recuerda que en 2019, cuando se cumplieron 100 años de este organismo internacional, se acordó allí que sus tres objetivos centrales fueran los aumentos de las inversiones en “las capacidades de las personas, en las instituciones del trabajo y en el trabajo decente y sostenible”.

En el Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, se limitaron a criticar el índice del Fraser Institute por “problemas metodológicos” y no analizaron su impacto en el empleo en Latinoamérica. Cuestionaron que ese think tank valorara como positivo la máxima duración de los contratos temporarios, su utilización para actividades regulares o que los pasantes o los jóvenes que debuten en el mercado de trabajo reciban menos que un salario mínimo, lo que, según Trabajo, “atenta contra el principio de la OIT acerca de 'igual paga para igual tarea'”. elDiarioAR también consultó por la relación entre el indicador de Fraser y los datos de empleo informal y desocupación en la región al senador Martín Lousteau, autor del proyecto de ley que elimina la indemnización, y al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, pero no obtuvo respuesta.

AR

Eduardo Levy Yeyati fue economista jefe del Banco Central en la salida de la crisis de 2002, sonaba como eventual incorporación nunca concretada en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y coordinó ad honorem el programa Argentina 2030 en la gestión de Mauricio Macri. Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, escribió en 2018 el libro Después del trabajo: El empleo argentino en la cuarta revolución industrial y desde entonces se ha convertido en uno de los economistas consultados cuando aparecen proyectos de reforma laboral como el que ahora promueve Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau a la cabeza.  

¿Qué opina del proyecto de eliminar la indemnización por despido? Si uno mira Latinoamérica, no necesariamente una mayor flexibilización laboral trae mayor empleo en blanco…

Primero hay que definir flexibilización. O sea, hay dos tipos de flexibilización cuando uno habla de las relaciones laborales. Una se denomina flexibilización interna, que es básicamente flexibilizar las condiciones de convenio, cuántas horas trabajadas, el fondo de horas, la movilidad geográfica, en fin, todas las condiciones de trabajo se pueden flexibilizar más o menos. Después está la flexibilización externa, que tiene que ver con los costos de entrada y salida. Si vos mirás el caso de Dinamarca, no hay costos de salida, no hay indemnización, pero como contraprestación vos tenés un seguro de desempleo que ahora constitucionalmente no puede ser menor a dos años y tenés una tasa de reemplazo del seguro de desempleo mucho más alta y mucha formación profesional. De modo que la gente que está bajo el seguro de desempleo rápidamente se reinserta. La idea es no dar estabilidad laboral sino estabilidad del ingreso de los trabajadores. En Dinamarca funciona. No digo que funcione en un país como la Argentina, pero sí en algunos lugares de Europa. Es el régimen que la Unión Europea proclama como el modelo a seguir en toda la zona del euro. Ahora, miremos lo que pasa en la Argentina. Ha habido algunos proyectos que apelan a esta flexibilización externa, pero pasan algunas cosas por alto. La idea de flexibilización externa en Argentina tiene que ver, a mi juicio, con reducir, no el costo laboral, sino el riesgo legal y político que tiene el empleador en relación al costo de salida de sus trabajadores. El riesgo legal es básicamente el riesgo de litigio, que el trabajador y el abogado laboralista terminen cobrando mucho más que lo que fija la ley de contrato de trabajo. Y el riesgo político es que, en el caso de una recesión en donde aumenta la presión para despedir, las empresas tienen menos dinero, pero te impongan la prohibición de despidos o te suban la indemnización. Entonces vos decís que la ley de contratos de trabajo paga un mes por año trabajado, pero seguramente, cuando quiera reducir la planta, me van a imponer un costo adicional para reducir los despidos. Desde el punto de vista macro, está bien. Desde el punto de vista del empleador, implica que el costo es el doble o el triple. El régimen que he estado proponiendo tanto para los independientes como para ciertos contratos laborales en la emergencia laboral tiene que ver con reducir esos riesgos. Vos no podés sustituir las indemnizaciones con un nuevo contrato donde no exista el concepto de indemnización. Por varias razones: una de ellas es que perderían los trabajadores derechos adquiridos, pero aparte porque políticamente es inviable, no sería aceptado ni por el movimiento sindical ni por la Corte Suprema. Lo que podés es proponer un régimen paralelo de emergencia. Estamos en una emergencia laboral. Veníamos sin crear empleo y la pandemia destruyó muchos empleos a pesar de la prohibición de despidos. Estaremos en algún momento sacando la prohibición de despidos, con lo cual posiblemente se destruyan más. Entonces tiene sentido proponer un régimen opcional, en el sentido que tiene que estar avalado por cada uno de los convenios. La idea es que no reemplace al actual, sino que sirva para los nuevos trabajadores jóvenes que hoy no consiguen empleo, los trabajadores adultos desplazados por la pandemia. Puede ser que algunos gremios digan “no necesitamos eso”, pero hay varias ramas en donde los mismos dirigentes sindicales saben que están perdiendo miembros porque no se crean trabajos.

¿En qué medida la flexibilización de las normas laborales generan más trabajo o más trabajo en blanco?

Cuando vos tenés un problema con varias causas, si vos atacás una de las causas, algún efecto positivo va a tener, pero no necesariamente vas a eliminar las otras causas. En Argentina, Latinoamérica y el mundo en desarrollo cuesta crear empleos formales. De hecho, nosotros tenemos un nivel de precarización inferior a la media latinoamericana. Hay un caso excepcional, Uruguay, que es muy formal, pero en la mayoría de los casos hay poco empleo formal y la Argentina se está acercando a eso. La cantidad de empleo formal privado está estancada hace más o menos diez años y representa una proporción menor del trabajo. Entonces no vamos a resolver eso con flexibilizar la salida. Sí puede ayudar en el margen. Si vos comparás entre países el índice de flexibilización, ese índice incluye las diferentes definiciones de flexibilización, no sólo las del costo de salida. Pero aparte estás comparando entre países que sufren el mismo problema y las causas de esos problemas no necesariamente son la flexibilización. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad. La mayor parte de los empleos informales está en microempresas de hasta cinco empleados. ¿Por qué son informales? ¿Porque son caros? No. ¿Por que el microempresario es negrero por naturaleza? No, es porque el sistema tributario argentino en muchos casos hace que, por la baja productividad de esas empresas, no puedan estar en blanco. Entonces no hay mucho que puedas hacer desde el lado de la oferta de trabajo para blanquear a esta gente. Uno tiene que tener muy en claro cuáles son las causas del problema laboral, porque si no, vas a estar tocando botones sin ninguna respuesta. Entonces vos querés facilitarles la entrada, pero después tenés que formarlos para que esos trabajadores tengan las competencias que demanda la empresa. Flexibilizás, incluso bajando el costo laboral, como muchas veces se ha hecho con reducción de cargas, pero eso no te va a generar un impacto visible en la demanda laboral si no resolvés las otras causas. Al final del día tampoco vas a generar empleo para toda la gente que está excluida. Ya es hora de reconocerlo. No me canso de decirlo. Vos tenés que pensar en aumentar la demanda de empleo formal, pero, por otro lado, tenés que pensar cómo resolver la situación de gente que nunca va a tener en su vida útil un empleo formal. Pensar que con una ley vas a resolver un problema que tiene cinco, seis, siete causas estructurales, me parece que es demasiado ingenuo y que empantana la discusión, porque vos tenés que estar discutiendo todas esas causas y sus remedios simultáneamente.

¿Cómo se crea empleo en blanco? ¿Fomentando sectores de avanzada, como Toyota o exportadores de economía del conocimiento, que no alcanzan a cubrir las vacantes? ¿Y qué hacer con los trabajadores de la economía popular?

Tenemos que tener en cuenta que hay una heterogeneidad en el mercado laboral. Tenés casos como la industria basada en el conocimiento, software, las empresas tecnológicas y también el caso de Toyota, que son muy rentables, cuya falta de creación de empleo no tiene tanto que ver con el costo. De hecho, hay un exceso de demanda. Entonces te tenés que preguntar por qué a Toyota o a la fintech o a la empresa de software le cuesta conseguir gente y es un problema muchas veces de formación. En el caso de Toyota fue muy claro, tampoco era trabajo calificado, lo cual hace más valioso lo de Toyota. Porque tenemos mucha oferta de trabajadores de calificación media y baja. Toyota quería secundario completo y no encontraba graduados que tuvieran las competencias mínimas que necesitaba para un trabajo de calificación media. Tenías el título, pero no sabías interpretar las instrucciones. Entonces hay un problema de formación. Podés facilitar la entrada en algunos casos con el tema de la pseudo flexibilización externa, pero después tenés que tener un instituto de formación profesional que profesionalice la formación laboral, tendrías que tener mejor secundario. A esos chicos que ya salieron del secundario no lo pueden mandar de vuelta al secundario. Estos empleadores no te van a pedir menos salario, ni siquiera te van a pedir más flexibilización, te van a pedir que tengan las competencias. Para las microempresas, sí tenés que generar un régimen para formalizar. No podés pedirle a la empresa de cinco trabajadores que trabaja con un nivel de productividad muy modesto que tenga el mismo régimen, con una altísima cantidad de impuestos, con un montón de costos de transacción, de producción, de información tiene hoy el régimen tributario argentino. No sólo no les dan los números, ni siquiera saben cómo hacerlo. Tenés que armar un régimen para esa empresa que se hace esa empresa. Cada uno de estos problemas no tiene una solución sino varias, no hay una bala para todos. En el caso de la economía popular, hay típicamente dos visiones. Una, que trata de insertar a los actores en la economía general. Es la visión del empalme. Es muy difícil hacer empalmes, pero hay muchos programas, de hecho hay uno vigente ahora, donde el Estado le paga parte del sueldo y lo empuja a entrar en un empleo formal por un tiempo. Después retira la ayuda. El éxito de estos programas ha sido muy modesto. De 500 mil trabajadores, empalman 5.000 o 6.000. Cuando retiras el auxilio, no funciona. Puede ser que sea la formación: muchos trabajadores no la tienen. Entonces la gente que mira eso dice “bueno, olvidate, nunca van a tener suficientes empleos en la economía moderna, tenemos que resolverlo por afuera”. El problema de resolverlo por afuera es el siguiente. Primero, desde el punto de vista moral, es desigual. Es asumir que vas a tener ciudadanos o trabajadores de primera y de segunda, porque los que están por fuera van a trabajar con menos recursos, menos productividad, menos ingresos y van a estar permanentemente subsidiados por el Estado. Lo segundo es que no tenés el dinero para ese equilibrio, porque ese subsidio permanente de un millón, dos millones de trabajadores, te cuesta más y aparte retroalimenta la precarización y la exclusión, porque los hijos de esos trabajadores también van a estar en eso y van a ir creciendo proporcionalmente más que el resto. Es un punto insostenible. Aparte, no te olvides de que ninguno de ellos aporta al fisco. La respuesta no es simple, pero hay algunos ensayos que me parece que son más razonables. Por ejemplo, muchas de estas gentes tienen trabajos informales, de cuentapropismo. Entonces vos querrías no darles el cheque y que ellos se arreglen. Entonces le das un préstamo para que compren mejores máquinas, les facilitás un lugar de exposición de sus productos, le das conocimientos sobre cómo hacer para que las condiciones sanitarias los hagan disponibles. Estas ayudas son tanto para los productores de los barrios vulnerables de la capital como para los microproductores turísticos del NOA. El tema es qué sabe hacer el Estado argentino. Básicamente dos cosas: perdonar impuestos o dar subsidios y transferencias. Pero cuando los bajás a la territorialidad, ¿por qué no vas a formar al tipo que hace la comida típica en La Rioja o al tipo que cocina en el Barrio 31? ¿Por qué no le preguntas qué cosas necesita y lo complementás? Hacés un microempresario, aunque sea por arriba de la línea de subsistencia, para liberarlo del cheque. Al Estado le cuesta muchísimo hacer eso. No tiene gente, no le interesa. No es cuestión de tirarles un cheque por la cabeza y decirles “bueno, ya está, arréglense ustedes, autoorganícense”. Porque la autoorganización de la economía popular es una ilusión. La gente no está autoorganizada y hay organizaciones de base que reclaman una transferencia a través del cheque. Pero esas organizaciones de base hacen bastante poco para generar empleo sustentable. Tienen algunas cooperativas, hacen algunas actividades, pero acá estamos hablando de millones de personas y te puedo asegurar que esas millones de personas se las arreglan por las suyas y eso es por falta de Estado. Entonces vos querés una política que haga viable esas actividades. El Estado tiene que bajar, acompañarlos, formarlos y hacer esas actividades más viables.

Algunos dicen que para crear más empleo se necesita crecimiento económico como el que hubo después de 2001. ¿Cómo se recrea el crecimiento?

Hay dos temas. Uno es que el crecimiento que vos viste a partir de mediados de 2002, en gran medida, fue una recuperación de una crisis. La caída del desempleo se debió a que venías de un 25% y bajaste a niveles de 10%, incluso a un dígito. Eso no se debió a ninguna política en particular, sino a un rebote muy acelerado. La gente que había quedado despedida fue reinsertada. Nosotros no estamos ahí ahora. Eso no va a pasar. Nosotros tuvimos crecimiento tres o cuatro trimestres seguidos, del segundo de 2017 al primero de 2018, antes de la crisis, a una tasa de 3,7% y no creamos empleo privado. No se da naturalmente, no en un país con todas las trabas al empleo privado que tiene la Argentina. No es sólo crecimiento lo que necesitas, necesitás promover la creación de empresas, necesitas que las empresas pequeñas crezcan y generen más empleo. Tenemos un problema de enanismo empresario. Necesitás que las microempresas se formalicen. Necesitás un nuevo régimen tributario adaptado a la realidad nuestra. Y necesitás también condiciones laborales que faciliten la inserción y que sean creíbles en el tiempo. Si el empleador piensa que esto va a durar dos años, tampoco va a servir para nada.

Va a ser difícil que alguien crea que va a durar más de dos años porque cada cuatro años cambia todo en este país.

Sí, no te estoy diciendo que sea fácil. Estamos en problemas estructurales en el sentido de que hay falta de credibilidad.

En redes sociales, se lo ve a usted muy crítico del Gobierno, cuando en 2011 se hablaba de que se iba a incorporar al segundo gobierno de Cristina.

Nunca eso llegó a mis oídos.

¿Pero cómo ve en términos económicos al gobierno actual?

Lo veo empantanado. Hay dos cosas que critico en términos generales. Una es que cada cuatro años giren la política, hagan cambios radicales en la dirección, en el esquema de incentivos de la política económica y la política en general, porque eso erosiona el poder de cualquier gobierno de hacer política. Si vos querés que la gente invierta, das incentivos y mensajes y esperás que el privado responda. El privado no responde, el Estado no tiene dinero, no pasa nada. Si no revertimos la temporalidad de las políticas, es muy poco lo que se puede hacer. Lo primero que hizo este gobierno fue revertir casi todas las políticas implementadas por el anterior, muchas de ellas buenas, para llevarlas a donde estaban en 2015. De hecho, he leído que se congratulan por haber hecho eso. Por ejemplo, la reforma fiscal de Cambiemos, que no fue mala, nunca llegó a implementarse del todo y se revirtió inmediatamente. La otra crítica es por su incapacidad de gestión. El país adolece de una baja capacidad estatal, lo mismo que pasa en muchos otros países latinoamericanos, pero acá está cada vez peor. Por ejemplo, el tema de educación. Si vos vas a cerrar las escuelas, tendrías que capacitar docentes, asegurarte la conectividad de los barrios vulnerables, generar contenidos digitales, acompañar ese proceso para que el daño fuera menor. Nada de eso sucedió. Vos preguntás a las escuelas y cada una estaba por la suya. La paradoja es que el docente se mató trabajando e igual tuviste una merma muy importante en la calidad de la educación, si es que hubo alguna educación. En cada una de las políticas, el Gobierno debería estar liderando esa discusión. No hablan del tema laboral. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Tenemos una ley de emergencia laboral que básicamente lo que hizo fue prohibir despidos. No me digas en la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) porque sigue siendo mandar un subsidio con dinero que cada vez tengo menos. Tengo que seguir financiando con inflación. En cada una de las áreas que vayas mirando tenés esa falta de gestión. En vivienda han cambiado ministros. ¿Qué hicieron, aparte de anuncios? Incluso en el Ministerio de Género, que ha hecho una política, ha tenido un avance, después retrocesos varios, pero no veo a la ministra que esté comentando sobre el tema. El enfoque económico de algunos economistas del Gobierno me parece arcaico. Vos hiciste una campaña diciendo, con razón, que tenías que expandir tus exportaciones para reducir el problema cambiario, que tiene varias raíces, pero una de ellas es su incapacidad de exportar más. Y lo primero que hiciste con el Gobierno fue generar un sistema productivo donde hay algunos productores concentrados que se benefician de alta protección, a expensas del consumidor y a expensas de las exportaciones argentinas. Cada uno de estos puntos de gestión y convicción me parecen excesivamente dañinos y están llevando a una implosión. La Argentina se ha quedado sin motores de crecimiento. Me cuesta ver por dónde vamos a crecer, salvo que nos llueva algún descubrimiento de recursos naturales. Después están los problemas macroeconómicos, el déficit, el financiamiento inflacionario del déficit, tu exclusión de los mercados, estar en el limbo en términos de qué va a pasar con la deuda externa, pateaste la deuda privada, no sabés cómo vas a resolver el tema con el Fondo. Esa incertidumbre generalizada hace también que la inversión no remonte, es síntoma de todos los errores anteriores. Porque si vos no podés resolver el problema de ingresos fiscales, de actividad y de gasto, es muy difícil que vayas a fondear ese déficit en el mercado. Entonces tenés que recurrir al Banco Central, lo cual está mal. Pero lo primero que tenés que hacer es resolver tu inconsistencia fiscal y el Gobierno ha hecho poco para resolverlo. El ministro ha intentado y el Gobierno ha hecho poco, pero no nos olvidemos que las decisiones económicas siempre son políticas.

Por estos días se oye mucho hablar a ex integrantes económicos del gobierno de Macri con poca autocrítica, que niegan el endeudamiento y que dicen que su error en todo caso fue ajustar en forma gradual. ¿Usted qué crítica le hace al gobierno de Cambiemos? 

El problema fue no haber podido contener el déficit más rápidamente. Tampoco creo que haya sido tan fácil porque había algunas herencias de las que tenías que hacerte cargo el tema. Por ejemplo, los juicios previsionales. Pero una vez que tenés el déficit, ¿en qué moneda lo financiamos? Si lo financiás en pesos, si va a ser con inflación o emisión de bonos, si lo financiás en dólares, que básicamente tiene que ser deuda externa. Yo habría preferido que se dolarizara menos ese financiamiento porque el dólar parecía barato en 2016 y resultó ser muy caro en 2018. Esa es una discusión que tuvimos dentro del gobierno. Y todavía tenemos con colegas. El argumento de mis colegas es que no había mercado en pesos suficiente como para bancar esa demanda de fondos que teníamos. Yo habría pagado el costo de no dolarizar tanto la deuda. Esa es mi principal crítica a la política del 16. Pero lo que vos viste de aumento de deuda es básicamente el correlato de un déficit fiscal que el Gobierno no quiso financiar con emisión monetaria.

Podrías haber emitido más, total inflación tuviste igual. Y podrías no haber bajado retenciones ni haber mejorado las jubilaciones a los que más tenían.

Para mí, la lección de 2016 es que no generás una respuesta del sector privado pura y exclusivamente con palabras. Mi impresión es que el Gobierno sobreestimó su capacidad de catalizar inversiones privadas, cambiando el discurso y prometiendo algunos cambios a futuro. algunos de los cuales implementó. Pensó que reduciendo los impuestos, el efecto de catalizador de nuevas inversiones iba a ser suficiente como para llevar el producto de un nivel de estancamiento a un crecimiento hacia fines de 2016, de manera de llegar cómodo a las elecciones de medio término. En la práctica, mucha gente felicitó al gobierno y le dio una palmada y le dijo “te vamos a acompañar”, pero las inversiones reales no llegaron. No nos olvidemos de que las inversiones financieras no generan crecimiento, fondean el crecimiento eventualmente si van a alguna actividad real. Entonces a mediados de 2016 te encontraste un poco inesperadamente con una economía en recesión y con el temor de perder las elecciones de medio término. Y bueno, hay una cuestión política de ser el primer gobierno no peronista que culmina su mandato, de no tener un gobierno cojo durante dos años. Entonces hubo un cambio en el segundo semestre hacia una política menos basada en la inversión y más basada en distribuir dinero y consumo. Eso creo que explica la ley de reparación histórica, que fue innecesariamente generosa. Debería haber incorporado una reforma previsional, pero no se hizo por temor a perder votos. Surgió la ley de emergencia social y algunos otros mecanismos de expansión del gasto que tendían a dos cosas: levantar la creatividad, pero sobre todo a garantizar una victoria. El 2017 fue exitoso políticamente porque se ganó, pero demoraste demasiado el ajuste y lo tuviste que financiar con deuda, que termina siendo muy peligrosa.

AR

El Gobierno confirmó que se eliminarán todas las restricciones de ingresos a los vuelos a la Argentina a partir del 1 de noviembre.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, ratificó que el Gobierno nacional “tiene planificado a partir del 1 de noviembre eliminar los cupos de ingreso a la Argentina” tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“El turismo fue la actividad más castigada durante la pandemia. A parir del 1 de noviembre van a poder ingresar turistas de todo el mundo”, dijo De Pedro.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Cargignano, confirmó por su parte la “eliminación progresiva del cupo” de ingreso al país hasta el 1 de noviembre, cuando “se eliminará la prueba de antígenos, lo que permite eliminar el cupo en los aeropuertos internacionales”.

Según precisó la ministra, “la condición sine qua non” para entrar como turista es “tener el esquema completo de vacunación”. “Aquella persona que venga y no tiene el esquema completo, la aerolínea directamente no la va a poder embarcar”, advirtió.

Apertura progresiva de fronteras

El plan de apertura progresiva y cuidada de las fronteras para el ingreso de turistas al país contempla distintas etapas, desde hoy y hasta fin de año, en función del avance del plan de vacunación contra el coronavirus.

El detalle del plan diseñado por el Gobierno nacional, que rige a partir de hoy con la publicación de las respectivas normas en el Boletín Oficial, es el siguiente:

APERTURA A PAÍSES LIMÍTROFES

¿Cuáles son los pasos seguros?

Requisitos para pasos aéreos, terrestres y marítimos fluviales:

REANUDACIÓN DE CRUCEROS BIOCEANICOS Y ANTÁRTICOS

APERTURA TODOS LOS PAÍSES

¿Cuáles son los pasos seguros?

Requisitos para pasos aéreos, terrestres y marítimos fluviales:

AVANCE PROGRESIVO DE CUPOS

NB

El Gobierno nacional emitió hoy un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para flexibilizar algunas restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus y regular la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario desde este viernes y hasta el 31 de diciembre próximo.

Según el DNU 678, “sigue vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas”.

Asimismo, para reducir la circulación del coronavirus, continúa siendo necesario ventilar los ambientes en forma adecuada y constante e higienizarse las manos frecuentemente.

“Todas las actividades deberán realizarse según los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, establece el DNU, y en “ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de 'caso confirmado', 'caso sospechoso' o 'contacto estrecho' de COVID-19”.

La resolución establece además la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario pero con “ciertas condiciones”, como la “autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y permanencia” y el “test de antígeno negativo”, entre otras.

Además, los Gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales con la finalidad de contener los contagios por coronavirus.

Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

“Sólo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas, con carácter excepcional, los trabajadores y las trabajadoras a los que comprende el artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución 627/20 del Ministerio de Salud, es decir, personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status y personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis; pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos”, indicó el texto del DNU.

También se establece la “presencialidad en el trabajo para los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la administración pública nacional”.

Las provincias y la Ciudad Autónoma, en tanto, “deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias”.

A partir del 1° de noviembre se restablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro, y que se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo 16 del Decreto N° 260/20.

Las nuevas medidas habían sido adelantadas por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una conferencia de prensa que ofrecieron el martes de la semana pasada en la Casa de Gobierno, cuando anunciaron que finalizarán una serie de restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus, fundamentalmente por la mejora de la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación en el país.

Los puntos más salientes de DNU sobre las flexibilizaciones

Sigue vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas.

Para reducir la circulación del coronavirus continúa siendo necesario ventilar los ambientes en forma adecuada y constante e higienizarse las manos frecuentemente.

Todas las actividades deberán realizarse según los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso confirmado”, “caso sospechoso” o “contacto estrecho” de COVID-19.

Se autorizará la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario que deberán cumplir, además de los protocolos de las autoridades sanitarias, con ciertas condiciones.

Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales con la finalidad de contener los contagios por COVID-19.

Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras.

Solo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas, con carácter excepcional, los trabajadores y las trabajadoras a los que comprende el artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución 627/20 del Ministerio de Salud, es decir, personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status y personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis; pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Se establece la presencialidad en el trabajo para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional.

Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.

Se prorroga hasta el día 31 de octubre de 2021 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, y sus sucesivas prórrogas. Quedan exceptuadas de la prohibición de ingreso establecida en el artículo 1° del decreto precedentemente citado, *las personas nacionales o residentes de países limítrofes, siempre que cumplan con las indicaciones, recomendaciones y requisitos sanitarios y migratorios para el ingreso y permanencia en el país establecidos o que se establezcan en el futuro.*

Sin perjuicio del citado decreto se podrán establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, las autoridades locales deberán presentar un protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplir las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse. 

A partir del 1° de noviembre de 2021, se restablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro. El mismo se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo 16 del Decreto N° 260/20

El Jefe de Gabinete de Ministros puede suspender o modificar las normas previstas, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario y del avance de la vacunación contra la COVID-19, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.

El Ministerio de Salud definirá los corredores seguros aéreos, marítimos, fluviales y terrestres, determinando los puntos de entrada al país, trayectos o lugares que reúnen las mejores capacidades para responder a las necesidades sanitarias y epidemiológicas, los cuales serán notificados a las autoridades competentes para su implementación. Mientras esté vigente la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, la Dirección Nacional de Migraciones podrá autorizar el tránsito vecinal fronterizo cuando se verifiquen las condiciones epidemiológicas y los requisitos que la autoridad sanitaria nacional considere necesarios.

DA