Un grupo de chicos camina por la empinada rampa, aferrándose de las manos de sus madres para mantener el equilibrio, mientras dejan atrás el barrio de La Boca para adentrarse en la Isla Maciel. La rampa conduce a un pequeño muelle no lejos de la ribera elevada del Riachuelo que queda empequeñecida por los enormes puente y transbordador Nicolás Avellaneda a ambos lados. Los chicos y sus padres esperan una pequeña embarcación que rebotaba entre los muelles de ambos lados del río para cruzarlos. Al lado del muelle, una espuma blanca se mueve sobre las olas y, a unos metros, un cochecito abandonado flota junto a un pez muerto. El aire huele a industria y a vida marina.

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo “Mendoza”, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños. Y aunque la zona nunca dejó de ser la del “río contaminado”, las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves.

Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder y su política negacionista del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, comenzaron a revertir esos avances. “El nuevo gobierno abandonó desde un punto de vista anarcocapitalista, porque el Presidente en su momento dijo que no iba a controlar, dice que no hay problemas ambientales, no hay cambio climático, fue destartalando, desarmando el organismo, desfinanciándolo”, advierte Bruno Pedro de Alto, exdirector general ambiental de ACUMAR.. “Hoy evidentemente están apareciendo los indicadores de que el abandono no es gratuito, vuelven a converger los factores”.

 A lo largo del borde del área metropolitana de Buenos Aires, la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido durante mucho tiempo tanto un polo económico como una carga ambiental que convirtió al río en uno de los más contaminados de América Latina.

“Tuvo 200 años de castigo a la cuenca, porque ese lugar fue, y ahora no tanto, sigue siéndolo, es un núcleo económico productivo fundacional de la Argentina. Porque ahí nace la industria ganadera, nacen los frigoríficos, las curtiembres, donde se trabaja el cuero”, señala de Alto. “Todo eso rompió el equilibrio ambiental y el río terminó siendo una daga, una herida enorme ambiental que tuvo que ser tratada”.

Los esfuerzos para abordar ese legado comenzaron formalmente tras una decisión judicial histórica. Desde 2008, tra el fallo fallo “Mendoza”, la agencia creó un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que, según el sitio web de ACUMAR, guía todo el trabajo del organismo. El fallo asignó la responsabilidad legal de la limpieza a múltiples niveles de gobierno.

“Este plan ha ido siendo llevado a cabo en forma muy paulatina”, dice Maria Laura Rey, arquitecta en forma independiente y exdirectora de Desarrollo Territorial en ACUMAR. “Cada nueva gestión introdujo cambios, introdujo reformas, introdujo huecos en la ejecución, y eso ha ido ralentizando la ejecución del plan. No obstante, se han logrado avances muy importantes en las construcciones de obra, en la relocalización de la población asentada a los márgenes del río”.

El problema de la cuenca abarca agua, tierra y aire, por lo que el plan es complejo y abarcativo. Rey señala que la contaminación del río proviene en gran medida de sedimentos debido a descargas cloacales, residuos industriales sin tratar, basurales a cielo abierto en distintos distritos e inundaciones.

“Vos tenés no sólo el factor del río, sino que tenés el factor también de los residuos urbanos sólidos, tenés el factor de los afluentes que tiran las empresas con contaminantes, tenés los factores de contaminación de aire por vía de automotor o por vía de empresas, digamos” comentó Antolin Magallanes, exvicepresidente ejecutivo de ACUMAR, “Es una serie de situaciones que se conjugan en un lugar”.

Y los contaminantes presentes no solo representan riesgos ambientales, sino también riesgos para las personas que viven cerca del agua.

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“No nos olvidemos que estas poblaciones que se asientan al margen de los ríos sufren frecuentemente, recurrentemente, inundaciones. Inundaciones que llevan toda su carga contaminante, tanto biológica como química”, describe Rey. “Las soluciones a estos problemas que ya datan de años anteriores, pero no de 10 años, de 15 años, datan de muchísimos más años, su solución es a largo plazo, por un lado, y realmente muy costosas, y falta decisión política de hacerlos”.

A pesar de estos desafíos a largo plazo, en los últimos años se lograron algunas mejoras medibles. En 2023, el Riachuelo fue reabierto al turismo después de que las tareas de limpieza lo volvieran lo suficientemente seguro como para navegar nuevamente.

“No había olor, no había basura, te podías salpicar el agua, bueno, mala suerte, pero no te morías por eso, porque fue demostrado que habían mejorado sustancialmente las condiciones ambientales, hablando de la desembocadura, que justamente es una desembocadura junto a todos los problemas de toda la cuenca, que tiene un largo de 64 kilómetros”, explicó de Alto.

Pero este progreso podría estar revirtiéndose, ya que comenzaron a circular nuevamente comentarios sobre malos olores provenientes del río, algo que de Alto y Magallanes confirman.

“La Boca es un lugar turístico muy importante. Todos los sectores políticos, comerciales, inmobiliarios, gastronómicos tenían mucho interés en que el río esté en buenas condiciones, porque le da un valor agregado a la actividad comercial de esa zona turística”, señala de Alto. “Ahora estas alertas que se están detectando son un problema serio, porque si se había logrado un punto, posiblemente se va a retroceder.”

Los observadores señalan que mantener esos logros ha resultado difícil. Como ACUMAR es gestionada por cada administración, los funcionarios dentro del organismo también cambian con cada gobierno, lo que hace que la continuidad de un proyecto tan grande como la recuperación del Riachuelo sea casi imposible de coordinar de manera efectiva.

“Desde la creación del organismo, se ha ido avanzando a pasos muy cortos, precisamente por la falta de continuidad administrativa. Se han hecho planes realmente muy interesantes, que fueron paralizados durante todo un periodo y vueltos a retomar al siguiente periodo”, explica Rey. “Esto significa un retraso terrible en la solución al problema, y por otro lado, significa una inversión de dinero mucho más grande de la que hubiera sido la continuidad de los planes”.

Magallanes agrega que la falta de antecedentes para un proyecto ambiental de gran escala y largo plazo como este también dificultó el proceso. Aun con estos obstáculos, de Alto asegura que se había llegado a un punto en el que el río ya no tenía olor a comienzos de la década de 2020. Peron en los últimos dos años, según de Alto, el progreso se detuvo.

Pero no toda la esperanza se ha perdido por parte de los expertos. Magallanes agrega que ha observado una especie de “reapropiación” del Riachuelo a medida que más personas lo integran en sus vidas tras los esfuerzos de limpieza.

“Yo lo que noto ahora, como estoy trabajando con eso pero ando mucho por la zona, veo que hay cosas que cambiaron mucho y veo que la gente también se apropió de muchos lugares que antes no se acercaba”, describe Magallanes. “Desde los chicos que van a jugar al fútbol, a la gente que va a correr a la mañana, a los clubes que están remando en el Riachuelo, a la gente que va a navegar, a la gente que ahora hace su casa con orientación al río porque le gusta ver el río desde la ventana”.

Dijo que esto le generaba orgullo por el trabajo que ya se hizo en ACUMAR. Además sostuvo que cree que todas las cuencas de la zona deberían contar con autoridades similares capaces de garantizar la protección ambiental, al mismo tiempo que promuevan un desarrollo que no ponga presión sobre el ambiente.

El marco actual de la política ambiental de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei puso el énfasis en la desregulación y en la reducción del gasto público, incluyendo medidas que afectan la supervisión ambiental. Al inicio de su gestión, Milei emitió una serie de decretos ejecutivos destinados a achicar el rol del estado. Si bien estas políticas fueron presentadas por el gobierno como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el déficit fiscal y simplificar la burocracia, organizaciones ambientalistas y exfuncionarios han expresado preocupación de que la reducción del financiamiento y de la supervisión pueda afectar la aplicación de las normas. La administración también ha puesto en duda públicamente el cambio climático, marcando un giro respecto de los enfoques de gobiernos anteriores.

“Desde que asumió el gobierno de Milei todo ha cambiado porque hay una bastante desprotección del lugar. O sea, al reducir el personal, la gente que cuidaba y que se hacía cargo de todo”, agrega Magallanes. “Si se descuida eso vuelve a ocurrir. O sea, que los avances logrados hay que sostenerlos”.

Rey expesa una idea similar, señalando que, para un futuro más productivo del Riachuelo, la estrategia de mitigación debe ser evaluada y sostenida en el tiempo. “En términos absolutamente políticos, el ambiente se cuida con políticas, no se cuida solo,” dice de Alto.

RG/MG

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.

El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.

Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.

“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.

EFE.

IG

Se acaban de cumplir 30 años desde que el derecho al ambiente sano fuera reconocido en la Constitución Nacional, un acontecimiento que marcó el ingreso de la cuestión ambiental como asunto exigible y de competencia estatal. La reforma de 1994 también implicó un nuevo reparto de poderes entre la Nación y las provincias: si los recursos naturales son dominio originario de estas últimas, es a la Nación a la que le corresponde dictar leyes de presupuestos mínimos que conceden una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional. 

Por muchos años esta nueva institucionalidad fue letra muerta, y ya entrado el nuevo milenio fueron las movilizaciones ciudadanas en contra de la expansión de las fronteras de extracción y diversos conflictos como el de las plantas de celulosa en el río Uruguay las que dieron visibilidad la cuestión ambiental en Argentina. 

Pero, sin duda, el aspecto más relevante que hizo entrar la cuestión ambiental en la agenda institucional fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Beatriz Mendoza”, la causa del Riachuelo. 

La cuenca Matanza Riachuelo es mucho más que un cauce contaminado, es la expresión visible de las fallas y las promesas incumplidas del modelo de desarrollo argentino. Como primer destino de los inmigrantes en el siglo XIX, como espacio portuario-industrial a mediados del siglo XX y desde siempre, como sitio de descarga de actividades contaminantes y lugar de localización de asentamientos populares, el Riachuelo forma parte de un imaginario urbano que —con cierto fatalismo— evoca la contaminación y la degradación ambiental.

La sentencia de la Corte, en julio de 2008, marcó un punto de inflexión porque estableció una política de largo plazo para la recomposición ambiental en un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La novedad que introdujo la causa fue la exigencia a los tres Estados con competencia en la cuenca de realizar un plan de recomposición ambiental de carácter integrado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Esto llevó a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a través de la Ley 26.168, un organismo sin precedentes en Argentina que, pese a sus limitaciones políticas y financieras, concentró en los últimos años el grueso de la atención de la cartera ambiental y permitió sentar bases para una política ambiental en los municipios metropolitanos.

Es preciso decir que estamos muy lejos de haber resuelto el problema. Recordemos que fueron los habitantes de Villa Inflamable y trabajadores de la salud quienes presentaron la demanda ante la Corte exponiendo sus dolencias derivadas de altas concentraciones de plomo en sangre. 

A la fecha, muchos de estos demandantes no han podido acceder a una vivienda digna que les permita mejorar sus condiciones de salud y tampoco han recibido la atención médica que merecen. Esto constituye una forma de violencia que naturaliza el hecho de que ciertos grupos sociales deban quedar irremediablemente asociados al peligro tóxico, la contaminación y la enfermedad que de allí proviene. 

Restituir justicia ambiental a los habitantes de la cuenca requiere alterar el balance de poder ir contra el status quo que permite que los grupos más desaventajados de la sociedad tengan que sufrir la carga mayor del daño ambiental. 

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por terminada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en julio de 2008 y ordenar que se archiven los legajos que componen la causa es a todas luces un retroceso institucional. La Corte no puede asumir que el daño ambiental ha cesado pues el denominado Plan Integral de Saneamiento Ambiental aún no se ha ejecutado en su totalidad y precisamente se basa en pilares que el mismo tribunal estableció: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales, saneamiento cloacal y plan sanitario de emergencia.

La salida de la Corte implica desentenderse de un proceso impulsado por el Poder Judicial, que buscó dar legitimidad a la cuestión ambiental como asunto de Estado y que generó enormes expectativas sociales. La Acumar atraviesa uno de sus peores momentos dado que tiene diezmada su estructura organizativa y enfrenta (como el resto de los organismos estatales) el congelamiento presupuestario que impacta seriamente en la interrupción de las obras de saneamiento. En los últimos meses hubo despidos en el organismo, lo que implicó el desmantelamiento de las acciones territoriales de asistencia en salud en los barrios populares. Sin el sostenimiento de las acciones desde el Poder Judicial es posible que muchas de las políticas que se consolidaron en los últimos años vuelvan a fojas cero. 

La causa del Riachuelo muestra que las políticas públicas también pueden ser el resultado de los conflictos o, para decirlo en clave sociológica, de una determinada productividad social. Si esta causa permitió que se abriera una discusión política relevante sobre los criterios que ordenan la distribución y el merecimiento en la Región Metropolitana de Buenos Aires, si esto nos sirvió para entender que no podemos ignorar a quienes viven del otro lado del río, entonces no es momento de voltear la mirada. 

La crisis que atraviesa la sociedad argentina por el impacto de medidas brutales de ajuste y el colapso ecológico en ciernes requieren del mismo coraje institucional que dio lugar a la sentencia del Riachuelo. Señores jueces: los que viven en los sitios más contaminados de la cuenca son nuestros iguales, son ciudadanos con derechos, merecen la ciudad tanto como el resto de sus habitantes y no habrá justicia para el Riachuelo mientras no se alteren las condiciones que producen el sufrimiento ambiental. 

*Socióloga, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Investigadora Principal del Conicet.

ED/JJD

Ambientalistas de Argentina cuestionaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrado el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad este martes dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“En 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo”, lamentó este miércoles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

Según la FARN, la decisión adoptada este martes por la Corte de dejar de supervisar ese proceso y cerrar el caso representa “una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia” de 2008 que ahora, 16 años después, “permanecen mayoritariamente incumplidos”.

Desde 2006 y hasta 2023, el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Acumar han hecho millonarias inversiones en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, que ha alcanzados diversos grados de ejecución.

Pese a los avances que Acumar asegura haber concretado, FARN advirtió en su comunicado que “subsisten demoras en la ejecución de obras”, como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores “dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.

La FARN también observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la “marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento”, “deficiencias que se ven profundizadas en la actualidad” a partir de 40 despidos en ese organismo y una caída del 28,2 % en términos reales en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca desde que Javier Milei inició su Gobierno en diciembre pasado.

El comunicado completo de FARN: “Un golpe a los avances logrados en el saneamiento de la cuenca”

El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un punto final a un proceso judicial histórico por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por unanimidad, los jueces que integran el máximo tribunal del país decidieron dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema el 8 de julio de 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo de los cientos de legajos que conforman esta megacausa judicial, una de las más importantes dentro de la jurisprudencia ambiental de nuestro país.

En el año 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenando la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho mandas consistentes para la puesta en marcha de un programa de: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, estableció también un plan sanitario de emergencia.

Luego de esa decisión, la Corte monitoreó durante años el cumplimiento de esa sentencia, requiriendo informes y convocando a audiencias públicas. También lo hizo a través de los jueces de ejecución de la sentencia.

Ejecutar una sentencia estructural que persigue una política pública fundamental como es el saneamiento ambiental de una de las cuencas más contaminadas de la Argentina tiene un alto grado de complejidad. Justamente, por eso, se amerita un esfuerzo titánico en el monitoreo de la sentencia. El archivo de la causa, tal como lo ha propuesto ayer la Corte, representa lo contrario: una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia del año 2008 que hoy, 16 años después, permanecen mayoritariamente incumplidos.

Desde la perspectiva de la Corte, los mega procesos judiciales se consideran culminados una vez que: (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y (ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación. Sobre la base de estos parámetros, los jueces concluyen que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA —que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo— y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a cargo de su cumplimiento. Siguiendo esta lógica, la intervención de la Corte debería haber cesado hace años. En efecto, la ACUMAR fue creada en el año 2007 y el PISA fue aprobado en el año 2010. No obstante ello, el máximo tribunal del país continuó monitoreando su propia sentencia.

El reciente fallo de la Corte omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en el año 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca fueron explicitados en la causa. 

Esta reciente sentencia resulta contradictoria con el posicionamiento adoptado en las últimas décadas y, en concreto, con una resolución de la propia Corte del 12 de abril de 2018, en la que los jueces advirtieron una marcada debilidad institucional de la ACUMAR y un desempeño de escaso rendimiento. Estas deficiencias se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos acontecidos en la ACUMAR, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento. A todo ello, se suma el retroceso en el acceso a la justicia ambiental. 

Desde FARN siempre hemos valorado los avances alcanzados en la causa, pero esto no quita el alto grado de incumplimiento en el que se encuentra el fallo.

La Corte Suprema afirmó ayer que ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, subsisten demoras en la ejecución de obras –como las de expansión de redes de agua y cloaca, de infraestructura destinada a urbanización, la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos y el Sistema Riachuelo, entre otras– y los indicadores presentados en los informes de la ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008.

Sólo la Corte Suprema podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán, frustrando el principio de progresividad (artículo 4 de la Ley General del Ambiente) referido al cumplimiento de metas graduales y paulatinas y vulnerando también el principio de no regresión (artículo 3 del Acuerdo de Escazú). El pasado 17 de junio de 2024, desde el Cuerpo Colegiado le solicitamos a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y del cumplimiento de las mandas judiciales. También para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz. Desde el Cuerpo Colegiado también solicitamos que sean convocados el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

La Corte nunca convocó a esa audiencia pública. De haberlo hecho, el alto nivel de incumplimiento de la sentencia habría adquirido una enorme visibilidad ante la sociedad.

Esta sentencia implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos, todos los cuales fueron señalados por el Cuerpo Colegiado en su última presentación. 

Asimismo, llama la atención la ausencia de disidencias en una sentencia tan a contramano con el camino recorrido por la Corte y sorprende que los jueces ordenen que la ejecución del plan de saneamiento continúe su trámite ante juzgados locales, que nunca han absorbido la complejidad de esta problemática.

Coincidimos con la afirmación dispuesta en el fallo de que las obligaciones de recomposición ambiental son permanentes, pero disentimos con el hecho de utilizarla como pretexto para finalizar una ejecución de sentencia que, dado su escaso nivel de cumplimiento, mantiene relevantes asuntos pendientes que merecen un seguimiento judicial. Con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados.

Tampoco compartimos el argumento de la Corte para rechazar el daño ambiental colectivo, considerando únicamente que las autoridades se encuentran trabajando en la recomposición del ambiente. La causa por daño ambiental colectivo ha sido tramitada en la Corte por 16 años sin que se haya avanzado un sólo paso. 

En el año 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo.  

¿A quién beneficia esta sentencia? ¿A los habitantes de la cuenca, a la ACUMAR o a la propia Corte?

Con información de EFE.

IG

El próximo 8 de julio se cumplen 16 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el histórico fallo, conocido como fallo “Mendoza”, que obliga al Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abordar la grave contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Sin embargo, a pesar de las advertencias de las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado, responsables de supervisar el cumplimiento del Plan de Saneamiento, sobre la falta de ejecución de las tareas que dicta la sentencia, “la estructura que debe velar por su cumplimiento es cada vez más frágil” y “solo el 40% de las relocalizaciones habitacionales han sido concretadas y las personas siguen expuestas a riesgos ambientales”.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB), integrantes del Cuerpo Colegiado, entregaron un documento a la Corte el 17 de junio pasado en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), donde detallan el estado de cumplimiento de la sentencia. 

En 2008, la Corte resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, el máximo tribunal estableció ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia.

El histórico fallo de la denominada Causa Mendoza que la Corte Suprema de Justicia expidió hace 16 años ordenó el saneamiento de la cuenca por parte de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, luego de una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en el municipio de Avellaneda, y organizaciones ambientalistas.

“Podemos constatar que todavía subsisten demoras en la ejecución de obras y que los indicadores utilizados por ACUMAR apenas reflejan la complejidad que implica la medición del cumplimiento de la sentencia, además de observarse un bajo nivel de ejecución”, sostienen desde FARN.

Según informan desde ACUMAR, sólo cumplió en un 40% con el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios que debían ser trasladados a causa de los altos niveles de contaminación. Sin embargo, desde FARN enfatizan en que este indicador “omite dar cuenta de que cada atraso en la inversión y disponibilidad en la entrega y mejoras de viviendas para los afectados genera el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que residen en la cuenca y también la prolongación de la exposición de dichas personas a la contaminación”.

Cristian Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó que “todos sufrimos los efectos de un ambiente degradado, pero las infancias y adolescencias son más vulnerables a la contaminación del aire, suelo y agua, por lo que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos”. 

Sin embargo, detalló Fernández, “los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes. Tampoco se proponen medidas integrales para gestionar esta afectación diferenciada ni prevenir los daños sociales y ambientales que sufren los menores de edad”.

En un informe de las Naciones Unidas, publicado el miércoles 19 de junio, advierten que en 2021 la exposición a la contaminación atmosférica produjo más de 700.000 muertes de niños menores de cinco años. Después de la malnutrición, es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo para este grupo de edad. 

Frente a esta problemática, el Cuerpo Colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz.

Desde el Cuerpo Colegiado sostienen que deben ser convocados a la audiencia pública los afectados directos por la contaminación de la cuenca, el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros. 

“En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, ACUMAR no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena. Es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario. Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN. 

MM

El Riachuelo conserva, en el ideario general, uno de los peores recuerdos en materia de gestión del medio ambiente. Basura, desechos industriales, olor nauseabundo y barcos abandonados son algunas de las imágenes que arrojaba la zona. Si bien los vecinos de la zona aseguran que “sigue siendo un río contaminado” y que el impacto de su saneamiento en los barrios es todavía es “escueto”, desde el histórico fallo “Mendoza” que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2008, la historia comenzó a cambiar. 

ElDiarioAR participó de una jornada de navegación desde el muelle de ACUMAR, ubicado al lado del Puente Bosh, hasta la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata. A lo largo del recorrido puede constatarse que las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves. Antes de fin de año, un tramo podrá utilizarse para la navegación con fines turísticos.

El histórico fallo “Mendoza”

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños.

“En ese momento se empezó a trabajar en el primer Plan de Saneamiento Ambiental, que después se fue modificando”, apunta Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.

El proceso de saneamiento

Una de las principales tareas del saneamiento es la “limpieza del espejo de agua”, que se lleva adelante a través de barreras flotantes que contienen los residuos sobrenadantes. En función del caudal del río, los vientos, las mareas y el terreno, los residuos fluyen por el agua hasta ser interceptados por estas barreras. Además, se emplean catamaranes para recolectar los objetos más pequeños que quedan en el agua.

Otras medidas que se llevaron a cabo durante este proceso fueron la erradicación de grandes basurales, algunos de hasta 10 o 12 hectáreas, y el control industrial. ACUMAR se encargó de realizar el empadronamiento de un total de 1400 empresas. Luego, se determinó cuáles eran contaminantes y cuáles no. “Estábamos en 800 empresas que eran agentes contaminantes y ahora estamos en 500, pero no todas son lo mismo. Hay 20 que son las más grandes aportantes y sobre esas está puesto el foco. Todas tienen su plan de reconversión y todas están cumpliendo”, resume Magallanes.

Un punto a destacar es que el año pasado el ex Mercado de Hacienda dejó de volcar residuos orgánicos. Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, cuenta que “el año que viene entrará en funcionamiento el parque industrial curtidor en Lanús para el tratamiento de las decenas de curtiembres que están en la cuenca”.

Magallanes también menciona la importancia que tuvo la ampliación de la red cloacal por parte de Aysa. Cuando empezó el proceso de saneamiento había un 20% de capacidad y hoy en día es de un 60%. “El objetivo es llegar a un 80 o un 85%. Se estima que se alcanzará dentro de 5 años”. Los desechos cloacales representan el 70% de la contaminación del agua. El restante 30% es industrial y otros residuos.

En algunas zonas del Riachuelo, sobre todo en la llamada Vuelta de Badaracco, aún se pueden ver montículos de arena que recuerdan los 84 barcos que estaban varados y abandonados y que ACUMAR se encargó de desguazar y quitar, al igual que 100 automóviles.

El plan también contempla la limpieza de las márgenes del río. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires esa tarea es realizada por una empresa privada contratada por el GCBA. Del lado de la provincia de Buenos Aires, lo limpian cooperativas. Ahora en los bordes crecen juncos y flores acuáticas que antes no se veían.

A su vez, hace poco se incorporaron los llamados “guardianes ambientales”, que salen en duplas compuestas por un inspector y una persona vinculada a la prevención y que recorren la cuenca todos los días.

“Todos estos procesos hacen que el río no tenga más ese olor a huevo podrido histórico y que el espejo de agua esté más limpio. Además, un ambiente tan contaminado podía traer consecuencias en la salud como migrañas permanentes, problemas respiratorios, de piel, etc.”, advierte Magallanes. 

Cambios en el paisaje, flora y fauna

Hoy en día existen 150 variedades de peces en toda la cuenca, que ingresan, cada vez en mayor cantidad, con la sudestada desde el Río de la Plata. También es común ver garzas, tortugas de agua, gallaretas y sapos. “Eso da cuenta de la mejora de la calidad acuática. De a poco el río va recuperando su paisaje original”, asegura Márquez.

Magallanes describe que ahora mucha gente va a tomar mate, entrenar y correr en la rivera. “Este año Pompeya y Barracas festejaron su aniversario del barrio al lado del Riachuelo, algo que no había pasado nunca”.

Las mejoras también provocaron la desaparición de la niebla, una característica del Riachuelo que sirvió de inspiración para tangos y cuadros del artista plástico Quinquela Martín. “La niebla es un fenómeno atmosférico. Cuando se conjuga con un fenómeno de contaminación ambiental aéreo, genera esos frentes muy espesos de niebla. Este año tuvimos un frente de niebla fuerte, natural, y la gente en La Boca sacaba fotos como si fuera una novedad”, afirma Magallanes.

La posibilidad de la navegación

Tras un pedido del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la justicia federal habilitó, después de doce años, la circulación de embarcaciones turísticas en un tramo corto del Riachuelo.

Por ahora son 300 metros que formarán parte de un circuito que irá desde Tigre hasta Quilmes. Esto permitirá que, antes de fin de año, comience a haber un movimiento fluvial con fines turísticos con desembarcos en un muelle que se construirá al lado del transbordador Nicolás Avellaneda, entre La Boca e Isla Maciel.

Márquez sostiene que, en la medida que continúe el saneamiento, se podrá avanzar aguas arriba e ir recuperando más navegabilidad. “Imaginamos que pueda ser con lanchas colectivas sostenibles, con motores eléctricos, y que algún día puedas tomarte una lancha en Pompeya y terminar en La Boca, Barracas, o Puerto Madero, como una alternativa de transporte. Esto sería darle una utilidad al río en la cual nos revinculemos con él de un modo práctico”, agrega.

Aspectos pendientes

Más allá de los significativos avances, para Márquez aún resta mejorar la calidad de los espacios urbanos; implementar más infraestructura; realizar intervenciones para recuperar biodiversidad, tanto en el curso principal como en los arroyos; proteger y activar los humedales; y mejorar la conectividad de sistemas cloacales y la provisión de agua potable.

“Es un espacio de 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Buenos Aires con déficit de infraestructura y mucha inequidad socioeconómica. La cuenca puede ser un testimonio de cómo equilibrar esas situaciones. Esto requerirá de tiempo y de mucha participación social”, concluye.

Dentro de los objetivos de ACUMAR, se encuentra el reordenamiento del territorio. Para eso, algunos barrios fueron relocalizados, como “El Pueblito”, y otros fueron reurbanizados, como una zona de la villa 21-24.

“También estamos mudando la zona del Meandro de Brian. Es la parte más compleja porque es la famosa zona de quema de CABA, entonces el terreno se elevó a medida que se iba llenando de basura”, apunta Magallanes. 

Las voces de los vecinos y vecinas

Para Diana Aiva, directora del comedor comunitario Casa Usina de Sueños, las obras de saneamiento tuvieron un impacto beneficioso para los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 ya que muchos pudieron mudarse a otros predios cercanos al lugar de pertenencia. “Salvo los primeros que tuvieron que irse a Castañares, porque no se pudo hacer otra cosa”, puntualiza.

“Después de muchos años se pudieron concretar placitas y espacios de recreación. El camino es bien espacioso y está cementado. Muchos pudieron cambiar radicalmente su forma de vida. Aunque las edificaciones no son lo que esperábamos, es mejor a como estaban viviendo antes”, señala. Remarca que “falta muchísimo”, y reclama que a muchos vecinos del Camino de Sirga aún no se les adjudicaron departamentos“.

En ese sentido, describe que muchas personas se encontraban viviendo en casas precarias con diversos problemas de salud. “El plomo en sangre estuvo siempre en el barrio, más en esa zona”.

Y agrega: “aunque está penado, algunas empresas siguen tirando algunos residuos al Riachuelo y eso hace que, de vez en cuando, sintamos un olor nauseabundo o tengamos cerca de nuestras casas la basura que se genera en otros lados”.

Por su parte, Nelson Santacruz, también vecino de la Villa 21-24, coincide con Diana respecto a los avances de las obras y destaca que no haya más barcos hundidos, basura flotante, ni  sobrenadantes de nafta, petróleo o aceite. Sin embargo, sostiene que “sigue siendo un río contaminado”. Además, advierte que el impacto de las obras en los barrios todavía es “escueto” y cuenta que, por ejemplo, en Villa Inflamable los vecinos tienen muchas dificultades para acceder al agua potable.

Nelson afirma que aún quedan 1700 familias por relocalizar. “Esto significa que están sufriendo la contaminación del aire, con afecciones respiratorias, y también microbasurales, la presencia de ratas y espacios donde se acumula agua, lo que trae aparejado la proliferación del mosquito del dengue. Somos el barrio popular que más casos tuvo el verano pasado”, dice. 

Santacruz considera “clave” la organización de la comunidad que luchó y marchó tanto en los Tribunales, como en la calle y en los pasillos del barrio. “Sin la insistencia del territorio, esto no hubiese existido. La política pública que vamos consiguiendo como barrio es a partir de la lucha organizada del cuerpo de delegados de la 21-24, los vecinos y vecinas y la fundación Temas”, enumera.

Qué dicen las organizaciones ambientalistas

Giselle Munno Dithurbide es responsable de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cinco organizaciones que integran el cuerpo colegiado encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento y la ejecución del fallo Mendoza. 

La especialista destaca las tareas de limpieza que se realizaron en los márgenes del río y en el espejo de agua. Además, resaltó el avance que se produjo en materia de obras de red de agua potable, desagües pluviales y saneamiento cloacal. “Una de las obras más importantes de esta categoría es el Sistema Riachuelo de Aysa, que se inauguró hace poco”. 

Luego se refirió a los informes trimestrales que se realizan para medir la calidad del agua y del aire y remarcó que reflejan varias deficiencias. “En estos puntos hay que hacer una mejora importante”, aseveró.

En materia de relocalizaciones, la abogada señaló que hasta la fecha se avanzó en un 35%. Es decir, que hay un 65% que se encuentra pendiente. “Lo que se avanzó fue con soluciones habitacionales para las viviendas que estaban ubicadas en el Camino de Sirga”, detalló. 

Una de las críticas más fuertes es sobre el régimen de vertidos industriales. “Nosotros señalamos la necesidad de acelerar los planes de reconversión industrial de aproximadamente 600 agentes contaminantes. Hay algunos que están en esta situación hace muchísimos años, lo cual es un indicador de que hay que ser más rigurosos en que estos planes se inicien, se ejecuten y se finalicen”.

La abogada señaló que otra deuda pendiente es la designación de un Defensor del Pueblo, un puesto que se encuentra vacante hace 14 años, y que sería “clave” para el seguimiento de la ejecución de esta sentencia.

Por último, enfatizó que hay que continuar trabajando en el saneamiento de los basurales a cielo abierto y que desde ACUMAR se debe fortalecer la gestión y protección de las áreas protegidas y reservas naturales y seguir las recomendaciones legales y técnicas que dan instituciones académicas y otros organismos.

AIC/DTC

Un tramo del Riachuelo, que comprende 200 metros entre su desembocadura y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda, volverá a ser navegable para la realización de un proyecto turístico, tras una resolución del Juzgado Federal Nº2 de Morón que hizo lugar a un pedido de los ministerios de Turismo nacional y porteño, se informó oficialmente,

“Habilitar la navegación, incluso en este pequeño tramo, es un paso muy importante para recuperar la relación de la sociedad con el río, visibilizar los avances y generar conciencia para sostener su cuidado”, destacó el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella.

Además, reconoció que se trata de “una nueva etapa del proceso de saneamiento”.

Luego de un periodo de análisis de la cuenca y una audiencia pública impulsada por Acumar en diciembre del año pasado para conocer la opinión de la ciudadanía, el juzgado competente resolvió el 7 de septiembre pasado otorgar esta concesión para llevar adelante las navegaciones comerciales.

La resolución se dio tras un pedido de las carteras de Turismo de Nación y la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el proyecto turístico “Paseo náutico ­Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, informó Acumar a través de un comunicado de prensa.

El circuito pasará por varios puntos de interés, entre los que se incluyen La Boca, con el puente Transbordador Nicolás Avellaneda como epicentro de la actividad.

Desde 2011 se encontraba prohibida la navegación del río, cuando el entonces juzgado de instrucción de la “Causa Mendoza”, radicado en Quilmes, declaró a la cuenca y especialmente al cauce del río como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental”, mientras suspendió provisoriamente y de manera total su navegación comercial.

La prohibición se hizo en pos de facilitar los trabajos de remoción de embarcaciones y autos hundidos, así como favorecer el libre escurrimiento de las aguas y el trabajo de limpieza del espejo de agua.

El histórico fallo de la denominada Causa Mendoza que la Corte Suprema de Justicia expidió hace 15 años ordenó el saneamiento de la cuenca por parte de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, luego de una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en el municipio de Avellaneda, y organizaciones ambientalistas.

El reciente fallo del juzgado de Morón señala que “algunas circunstancias han variado” con respecto al 2011 ya que “se han retirado las embarcaciones abandonadas y hundidas, existe un servicio permanente de limpieza del espejo de agua y de la sirga, con el reciente complemento del reperfilado de arroyos que Acumar lleva adelante”.­

La medida se propone como una excepción a la prohibición ordenada en marzo de 2011 y comprende la navegación a lo largo de 200 metros, entre la desembocadura del Riachuelo, conocido como Cuatro Bocas, hasta el mismo Puente Transbordador.

En los últimos años, Acumar retiró más de 80 embarcaciones hundidas y/o abandonadas, y 100 autos y partes de carrocería que se hallaban en el lecho del río, mientras se liberó casi en su totalidad el Camino de Sirga y se comenzaron a reforestar y recuperar las riberas para el uso recreativo.

En este sentido, actualmente del lado de provincia de Buenos Aires la liberación del camino ribereño es del 100% y el trabajo que realizan las cooperativas locales pasó de ser de limpieza y recolección de residuos a mantenimiento y parquización.

Además, se retiran todos los meses cerca de 300 toneladas de residuos del espejo de agua y unas 1.500 toneladas de las riberas.

“Acumar acompañó la propuesta de navegabilidad entendiendo su importancia para promover la recuperación territorial, cultural y económica en la Cuenca. La idea es incorporar este proyecto al que ya estamos llevando adelante entre las dos orillas de La Boca – Isla Maciel, para que el Riachuelo no sea un límite, sino un lugar de encuentro”, indicó Sabbatella.

Con información de agencias.

IG

Palos, Américo Vespucio, Magallanes, Pinzón: uno de los encantos de ir a La Boca, además de las chapas coloridas y las veredas en desnivel, es que varias de las calles del barrio evocan los primerísimos tiempos de la conquista del Nuevo Mundo. Mientras el resto de la ciudad celebra por lo general la vida nacional de los últimos siglos con sus militares, sus batallas y sus provincias, en La Boca se homenajea una época previa (y más entretenida) hecha de puertos, aventureros y cosmógrafos. Es como si la zona reconociera su principio en un momento en el que todavía se estaba descubriendo el mundo, y que es ignorado por los otros barrios de Buenos Aires. ¿De dónde viene esta diferencia?  

En los primeros días de junio de 1580 los hombres de Garay llegaron a ese borde del reino y desmalezaron un breve trecho de la barranca pampeana: ahí estaría  la Plaza Mayor. Hacia la esquina del noroeste clavaron una cruz para que despuntase la fe: con el tiempo construirían la Iglesia Mayor. El lado del río, que todavía estaba ahí nomás, lo reservaron para un fuerte. El otro, el de la llanura, para el cabildo. Después, con los chajás y teruteros rasgando de fondo el silencio americano, trazaron a regla y cordel (un cordel que traían de España especialmente para eso) lo que pronto serían los terrenos y las calles. Seguían las famosas ordenanzas de 1573 que indicaban cómo fundar ciudades: “dejando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma”.

El tiempo pasó, los chajás y teruteros se alejaron y Buenos Aires prosiguió y se dilató en una medida inconcebible para la horda fundadora, pero lo hizo manteniendo siempre el perfil delineado por Garay: la Plaza Mayor apenas perdió la erre, la cruz se convirtió en catedral, el río se alejó un poco, el fuerte le dejó su lugar a la Casa Rosada y el cabildo sigue en su lugar como una mínima divisa de la vida colonial. Esto significa que el epicentro de la ciudad de hoy es el que había previsto Garay; de esa piedra angular salen hacia el oeste, el norte y el sur el manojo de calles paralelas y perpendiculares que el fundador bocetara en un pergamino de cuero: en su momento fueron equívocas huellas en la tierra y hoy llevan los nombres de militares, de batallas y de provincias. Por esa continuidad es que la estatua del fundador se yergue inmortal ahí donde empezó todo, en la plazoleta que está al lado de la Casa Rosada. 

Pero en Buenos Aires tenemos otra estatua, y para un “fundador” anterior, veinte cuadras al sur de la de Garay. 

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En los primeros días de febrero de 1536, varias décadas antes de la llegada de Garay, otros españoles anduvieron por el Río de la Plata. No estaban trazando calles sino descubriendo América, es decir buscando plata y oro. Y llegaron a ese río porque querían remontarlo y encontrar, justamente, la parte de la plata: buscaban el país del Rey Blanco que se escondía en el corazón de América. O sea, Potosí. Y pensaban ir hasta ese lugar subiendo por un río que se llamaba así porque al parecer nacía cerca de aquella mítica Sierra de la Plata. 

Había otro camino para llegar a ese tesoro, pero era muy arduo. Primero había que navegar desde España hasta Panamá. Después cruzar a caballo hasta lo que los conquistadores llamaban Mar del Sur y que hoy conocemos como Océano Pacífico. Ahí había que tomar un barco que llegaba hasta Lima y después otro que iba a Arica. Y desde Arica se iba en mula, por un camino que nunca era llano, hasta el lugar del que manaba la plata.

Era un viaje lento y lleno de peligros. Por eso Pedro de Mendoza decidió alistar una flota y probar algo distinto: su idea era cruzar el mar pero en vez de enfilar rumbo a Panamá iba a encarar hacia el sur y costear el continente hasta llegar a la desembocadura del río con nombre refulgente. Bastaba, creía Mendoza, con remontar ese río, ¡ese único río!, para hacerse inmensamente rico. Nadie sabía dónde nacía verdaderamente esa corriente de agua que en los hechos era tan marrón y tan poco refulgente, pero Pedro de Mendoza se aventuró.

Antes de subir por ese río e internarse en América, aquellos hombres levantaron una fortificación, humilde y provisoria, de las que se construían para guarecerse durante las expediciones. Fue cerca de donde habían dejado las naves de su expedición: en la boca de un humilde curso de agua que en poco tiempo pasó a ser conocido como el Riachuelo de los Navíos. Mendoza tenía a su disposición el inmenso estuario del Río de la Plata pero eligió ese paraje porque era excelente como puerto. El cronista Ruy Díaz de Guzmán escribió: “la Divina Providencia proveyó de un riachuelo (…) tan acomodado y seguro que metidos dentro de él los navíos, no siendo muy grandes, pueden estar sin amarrar con tanta seguridad como si estuvieran en una caja”.

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Algunos de los hombres de Mendoza se quedaron en la fortaleza y otros empezaron a subir por el Río de la Plata buscando al Rey Blanco. Cada día presentían que estaban en la víspera de su mágico coronamiento, pero siempre encontraban más de lo mismo: ríos y canto de pájaros.

Considerando que la comarca del metal no aparecía, Mendoza decidió volver a España con algunos de sus hombres. Estaba enfermo y su estado ya era lamentable; a los que se quedaban les dejó la siguiente instrucción por escrito: “y si Dios os diere alguna joya o piedra, no dejéis de enviármela”. Moriría en alta mar.

Los que se quedaron siguieron explorando las aguas de la región con la idea de adentrarse en el continente y ver a dónde llegaban con su hazañas y delitos. Cada tanto una nueva tribu se dejaba ver en la orilla, y empezaron a notar que los indios eran cada vez más amigables. Así fue como dieron con una bahía donde una nación de guaraníes los recibió. Ese río era de aguas dulces y nombre más dulce aún: se llamaba Paraguay. Decidieron quedarse aunque no hubiera oro ni plata: lo hicieron un año y medio después de estacionar en el Riachuelo, en 1537, en el Día de La Asunción.

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Toda esta aventura, tanto más cercana a los fragores del primer descubrimiento que a una labor posterior y propiamente fundadora, se ofrece al transeúnte que pasa por el monumento a Pedro de Mendoza que está en el Parque Lezama: ahí, del lado de la calle Brasil, hay una inscripción que dice “El sueño de la Sierra de la Plata” y al lado se ve a un conquistador acariciando una montaña. Se trata del único momento verdadero del homenaje a Mendoza y (me doy cuenta de esto después de pensar durante años en ese monumento) basta para desmentir la supuesta primera fundación: nadie funda una ciudad en el Río de la Plata cuando sueña con un tesoro andino. Eso, la “primera” Buenos Aires, fue apenas una base para las conquistas futuras. Y fue tan precaria que ni siquiera se sabe con certeza en qué parte de La Boca estuvo. Algunos estudiosos afirman que fue en la orilla misma del Riachuelo, donde hoy está justamente la avenida Pedro de Mendoza. Otros sostienen que esos suelos anegadizos eran inhabitables y sugieren que fue en lo alto de la barranca del Parque Lezama, donde se emplazó el monumento. Todos presentaron sus argumentos menos Paul Groussac, cuya hipótesis no los necesitó. Llevado por el hechizo sin igual de la Vuelta de Rocha, Groussac, que fue un historiador rigurosísimo, afirmaba que el poblado tiene que haber estado en ese lugar “por la presunción que la sola vista de dicho punto sugiere” (Mendoza y Garay, Tomo I, página 191). 

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Y es por eso que algunas calles de La Boca tienen nombres que aluden a una época previa a la ciudad misma: la boca de ese riachuelo, todo con minúscula, se descubrió antes de que empezara Buenos Aires. Y por eso aluden también a un ámbito mucho más grande que el propiamente argentino: el ámbito heroico de la edad de la navegación, cuando todavía se estaba conociendo América como un todo y cuando los puertos y los aventureros (Palos, Américo Vespucio, Magallanes, Pinzón) protagonizaban la historia. A esas calles es que va a morir, arropado por los apellidos de sus discípulos, el Paseo Colón.

(Quizá la sensación de descubrimiento que se tiene al ir a La Boca, esa pátina de novedosa maravilla que flota sobre las calles del barrio, sea un regalo que aquellos primeros conquistadores nos dejaron).

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Una nota final: en la parte trasera del monumento, la que da al parque, se lee una nómina de los principales adláteres de Mendoza. Séanos ejemplo Juan de Ayolas: este nombre, que tan poco dice a los argentinos, es en cambio célebre en Paraguay. Ayolas fue el primer conquistador que, por orden de Mendoza, se internó en las tierras guaraníes: se internó tanto que desapareció. Su selvático destino aparece en una línea de la Argentina de Del Barco Centenera, que narra en verso la conquista del Río de la Plata: “A Juan de Ayolas hubo despachado / don Pedro el río arriba”.

Por eso, si hoy las calles de La Boca reflejan alguna historia nacional, esa historia es la paraguaya y no la argentina. Ayolas casi no existe en Buenos Aires: son apenas ochenta metros de asfalto desparejo y veteado. Los vecinos la ignoran aunque hace esquina con la principal arteria del barrio, y los carteles turísticos que orientan a los visitantes no consignan su nombre. En Asunción, en cambio, la calle Ayolas es larga y bordea la sede de aquel gobierno nacional.

 AD

Hace un año, elDiarioAR publicó una lista que es pública, que está en la página web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar, que integran los gobiernos nacional, porteño y bonaerense), pero que casi nadie difunde: la de los agentes contaminantes de uno de los ríos con más polución del mundo, lo que afecta la vida de 5 millones de personas que viven a su alrededor. Había entonces 795 establecimientos, varios de ellos de una misma empresa. Un año después, cuando la Nación y la ciudad están impulsando la navegación turística del Riachuelo, los últimos datos disponibles de la Acumar, a agosto pasado, muestran que el listado se redujo en un 13%, a 685 plantas, 110 menos que en 2021, pero aún sigue conteniendo el nombre de grandes compañías, así como el de numerosas pymes.

Entre las más resonantes figuran la cadena de supermercados y frigorífico Coto, la fabricantes de materiales de la construcción Parex Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa (embotelladora mexicana de la marca estadounidense), los laboratorios Bio Sidus y Roemmers, las empresas de colectivos Plaza, La Nueva Metropol, Dota, Monsa, Andesmar y Nueva Chevallier, las avícolas Granja Tres Arroyos, Wade y Proteinsa, las petroleras YPF, Dapsa (de Sociedad Comercial del Plata), Shell, Pampa Energía y Cono Sur (de la estatal venezolana PDVSA), la fabricante alemana de gases industriales Linde, la metalúrgica recuperada por los trabajadores Redepa (ex Canale), el mayorista neerlandés Makro, la supermercadista francesa Carrefour y la española Día; dos empresas de Eduardo Eurnekian, Aeropuertos Argentina 2000 y la constructora Helport; Lácteos Barraza, Pan American Energy (PAE), la empresa de agua embotellada Siffredi, el frigorífico brasileño Minerva (dueño de la marca Swift), el Automóvil Club Argentino (ACA), el correo norteamericano Federal Express (FedEx), la firma de recolección de residuos Covelia, la fabricante de lavandina Queruclor, la de colchones Simmons, el proveedor alemán de productos y servicios para diálisis Fresenius Medical Care; la curtiembre Sadesa, de la familia Galperin; el proveedor de catering Gate Gourmet; la alimenticia La Salteña, del grupo Perez Companc; y la firma estatal de asistencia a aviones en tierra Intercargo. También figuran las curtiembres Tortosa, Biondo, Don Luis, Cefalo, Torres, Liotti, Napolitana, San Francisco, Martinov, Urcioli, Fieno y Gonella. Al menos siete grandes empresas de renombre que aparecían el año pasado ya no están más, por lo que oficialmente han dejado de contaminar. Una buena noticia.

Consultada por elDiarioAR sobre qué hace la Acumar ante empresas que en algunos casos llevan más de una década en la lista de agentes contaminantes, el organismo que encabeza Martín Sabbatella responde: “Acumar se encarga de controlar que los procesos productivos de las empresas de la cuenca se ajusten a la normativa vigente, sancionar a quienes la incumplen y promover prácticas amigables con el ambiente. Este trabajo se lleva adelante a través de inspecciones periódicas a los establecimientos productivos, comerciales y de servicios, con el objetivo de controlar que los impactos ambientales de los proceso de producción, los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, la gestión de residuos peligrosos, entre otros factores, de cada establecimiento estén adecuados a la normativa ambiental. Las recorridas de fiscalización se planifican priorizando las visitas a las empresas de alto impacto ambiental, mientras que, en simultáneo, se efectúan inspecciones para monitorear los avances de los planes de adecuación de las empresas declaradas agentes contaminantes. También se realizan operativos en lugares específicos demarcados por denuncias de la comunidad. En caso de constatarse la generación de un impacto negativo en el aire, suelo y/o agua el establecimiento es declarado agente contaminante. Una vez que una empresa es declarada agente contaminante, Acumar la intima a presentar un plan de adecuación ambiental, con el objetivo de que realicen las modificaciones necesarias en sus procesos en pos de cumplir con la normativa. La Autoridad de Cuenca monitorea cada paso de los avances del plan para verificar su cumplimiento y, a través de ese seguimiento, se encarga de volver a intimar a las empresas, sancionarlas o clausurarlas, en caso de que corresponda. En caso de cumplir con su adecuación a la normativa ambiental la empresa es excluida de la nómina de agentes contaminantes y se declara adecuada ambientalmente”.

¿Qué responden las empresas que aparecen en la lista? Algunas de ellas contestaron a la consulta de elDiarioAR. En Coto, que tiene 15 establecimientos en el listado, responden: “Hay planes de adecuación previstos acordes a lo que marca la ley, y de acuerdo a lo visto y acordado con las autoridades pertinentes. Desde la compañía se viene trabajando año a año con las autoridades de Acumar”. Coca-Cola Femsa aparece con dos plantas y en la empresa norteamericana atribuyen a “cuestiones administrativas” su permanencia en el listado, pero aseguran que ya fueron remediados “dos hechos puntuales” de polución. También en PAE atribuyen su aparición en la lista a un antiguo caso de una estación de servicio Axion en el aeropuerto de Ezeiza.

En Bio Sidus, el laboratorio de Marcelo Argüelles, también dicen que ya cumplieron con un plan de remediación, que duró dos años y finalizó en octubre pasado. Alegan que todo comenzó porque arrojaban dos efluentes que combinados generaban una reacción química contaminante, pero afirman que ahora las mediciones demuestran que ya no y pedirán su exclusión del listado. Para dejar de contaminar, Bio Sidus invirtió US$ 400.000 en una planta para tratar los efluentes de su fábrica de principios activos de remedios emplazada en el barrio de Boedo, desde donde llegan al Riachuelo por determinado curso de agua.

En Roemmers muestran que en septiembre pasado presentaron ante la Acumar un plan de inversión de US$ 350.000 para que en un plazo de cuatro meses, es decir, en enero próximo, dejen de verter fósforo en efluentes líquidos. En la compañía aseguran que ya dejaron de contaminar y esperan pronto dejar de estar en la lista. A continuación se presenta la primera página de la carta de Roemmers a las autoridades con su plan de adecuación y una foto de la nueva planta de tratamiento de efluentes en Luis Guillón, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

AR

Muchos lo conocen como @paisajeante, ese usuario de Twitter que día a día nos muestra tesoros ocultos de la Ciudad de Buenos Aires, vestigios de otras épocas que muchas veces no son valorados por las autoridades y desaparecen. También nos comparte árboles centenarios, enredaderas curiosas o flores llamativas que se encuentra mientras recorre las calles a bordo de su bicicleta.

Pero Fabio Márquez no es un ciudadano cualquiera que saca fotos a todo lo que se le cruza. Este porteño nacido en 1960 tiene el ojo entrenado. Es licenciado en Diseño del Paisaje y está especializado en espacios verdes y gestión pública. También es docente universitario y director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).

La ola de calor de hace unos días nos puso otra vez frente a lo “invivible” que se pone esta “jungla de cemento” algunas veces. ¿Pero estamos condenados a que siempre sea así? En diálogo con elDiarioAR, Márquez comparte algunas de sus propuestas para esta “ciudad de la furia” y, sobre todo, sostiene que aún estamos a tiempo de cambiarla.

Durante la pandemia mucha gente se planteó irse de Buenos Aires o directamente se fue a vivir a otro lado.

Es una respuesta automática, casi instintiva. Ante lo que no me gusta, me escapo. Después veo a dónde me escapo, pero es la presa que huye.

¿De qué huye? ¿Qué está pasando con Buenos Aires?

Argentina es uno de los países más urbanizados del planeta. Cerca del 94% de la gente vive en ciudades. En Alemania es el 70 y pico, en Francia, el 60 y pico. Son países chiquititos que tienen mucha más población que nosotros pero están más dispersos. Incluso existe todavía la ruralidad. En Argentina casi no existe la ruralidad porque los grandes grupos de inversión expulsan más gente a la ciudad. El tema es que las ciudades crecen sin orden, reguladas por el mercado, no por el Estado. El Estado es cada vez es más débil y muchos gobiernos son débiles ante los grupos económicos o son claramente cómplices para usar el Estado como herramienta de especulación inmobiliaria sin ningún interés en mejorarle la calidad de vida a la gente. Y en esa situación, la Ciudad de Buenos Aires es icónica, porque es la capital y es el lugar que siempre genera referencia. Si lo hace Buenos Aires, se empieza a copiar y no importa el poder partidario. Y Buenos Aires instauró todas las mañas y las tergiversaciones. La supuesta “ciudad verde” lo que menos hizo es construir políticas públicas de sustentabilidad ambiental. No apostó a ampliar espacios verdes, a mejorar la calidad de los que hay, a reciclar residuos, a cambiar el transporte público por uno no contaminante, a bajar el nivel de ruido, el nivel de contaminación... Ante esta situación, con premisas falsas, instalan un modelo en el cual no podemos planificar. Es imposible, porque se instauran metas de cortísimo plazo. Ninguna ciudad puede ordenarse en un cortísimo plazo, como elecciones cada dos años. Entonces hay políticas de gobierno y faltan políticas estatales. Quedan muy pocos nichos en la sociedad argentina donde se sostienen políticas estatales. En la salud pública, en la escuela pública, en algunas cuestiones de infraestructura demasiado vitales que trascienden gobiernos... El tema es que la vara está tan corrida que cuando querés pensar la ciudad contemporánea hay más compromisos y propuestas desde ámbitos no estatales que de quienes deberían tener la responsabilidad de pensarlos y promoverlos.

¿Cuáles son los grandes problemas que tiene Buenos Aires? 

Buenos Aires tiene una agenda de problemas que no están considerados como tales por la gestión pública, lo que no quiere decir que sean inarreglables, pero requieren de acuerdos sociales colectivos para llevarlos adelante. Algunos son de corto plazo y otros de muy largo plazo, porque requieren de obras de infraestructura que aunque tengas el presupuesto lleva tiempo planificarlas, diseñarlas. El primero y principal problema es el habitacional. Es una ciudad que expulsa gente porque cada vez es más caro vivir en Buenos Aires. El Estado no hace nada por regular eso. Que haya 350 mil viviendas vacías hace que el valor del precio del alquiler suba porque hay poca oferta ante la demanda. Entonces cada vez más gente tiene que viajar desde más lejos del conurbano. Ahora con la pandemia es algo distinto, pero la regularidad prepandemia es que a la Ciudad entran a trabajar, estudiar, comprar, entre dos y tres millones de personas por día: casi duplican la población. Mucha de esa gente es gente que se fue. Ciudades como Berlín tienen un fondo rotatorio para comprar viviendas para regular el mercado porque no quieren que su población migre, ya que consideran muy importante que la gente construya comunidad. Si vos tenés una sociedad en la cual la gente se está mudando todo el tiempo, no construís comunidad. Entonces es una sociedad mucho más individualista. No sentís los lazos de solidaridad. Y ojo que Berlín es la capital de la Europa capitalista. Está lejísimos de la socialdemocracia escandinava, por ejemplo. Entonces, la cuestión es: ¿por qué no se urbanizan los barrios donde tenemos villas? La Ciudad de Buenos Aires es la única ciudad argentina que tiene presupuesto del Primer Mundo. Recauda, consigue créditos. Y hay decisiones con las que se generan obras que a veces son de dudosa necesidad como el Paseo del Bajo, que es una trinchera para camiones, en el que la Ciudad gastó 700 millones de dólares. Eso se toma hoy como referencia de cuánto hubiera hecho la Ciudad con 700 millones de dólares si los hubiera puesto en prioridades como fortalecer la educación y la salud públicas, mejorar las urbanizaciones que están en problemas, salir a comprar terrenos para generar espacios verdes, que es un déficit que tiene la ciudad.

O sea, el segundo problema que tenemos es la falta de espacios verdes.

En cantidad -tenemos poco, esa cantidad está mal distribuida, es inequitativa, y después, en general, no son de muy buena calidad. De lo cuantitativo, son inobjetables los números. En cuanto a la calidad, podría haber un terreno de discusión ideológica de qué es la calidad. Pero hay parámetros contemporáneos de calidad. Necesitamos que la población tenga acceso a espacios naturalizados para abstraerse de lo maníaco de la ciudad. Cuánto más grandes, mejor, para que se puedan abstraer de su estructura urbana, con la mayor cantidad de vegetación posible (no quiere decir que sea una selva) y que la infraestructura que haya adentro sea claramente complementaria. No deben tener contaminación visual, no hay que llenarla de carteles de publicidad del Gobierno de la Ciudad, que en realidad están prohibidos. Está prohibida tanto la publicidad privada como la publicidad pública. Porque además hay un concepto ideológico que lo van transmitiendo a la gente que es: las plazas son espacios vacíos donde puedo poner otras cosas. Puedo poner estaciones saludables, containers para reciclado de basura. Te la llenan de cosas cuando vos lo que necesitas es apaciguar. Calidad del espacio verde es, podemos decir, flora nativa, que haya buenos bancos, que sea accesible, que no haya barrera arquitectónica. Debe ser un lugar que debe aportarle algo escaso al habitante urbano, que es tranquilidad.

Es asombroso cómo la gente no recuerda que teníamos balnearios públicos gratuitos y que podíamos ir a la salida de la escuela o del trabajo a bañarnos en el río. No era Copacabana, ¡pero era el río! ¡Era gratis! Un espacio recreativo, de encuentro social

Y no solo que no aumenta la cantidad de espacios verdes, sino que se reduce.

Permanentemente. El Parque 3 de Febrero, que es nuestro parque más grande es una gran vidriera para que se hagan promociones de marcas. Todo el tiempo ha habido maratones para llenarlo de carteles y banderas de la marca que hace la maratón. Es el lugar que atrae más gente porque tiene la mejor oferta, pero es un lugar que en vez de ser un vínculo con el verde está atravesado por vías de alto nivel de tránsito, que es algo que se debería replantear. Porque una política que debería tener la ciudad es: ¿qué hago con el principal agente de contaminación del aire, del ruido y de pérdida de espacio público que es el tránsito vehicular privado? Todo es simulacro lo que hacen. La prioridad del peatón en el centro no está clara. Es un peligro además, porque la gente no sabe si camina, si viene la bicicleta, los autos... Es de esas cosas a mitad de máquina que no hacen con convicción. Entonces, podemos decir que el principal problema es el habitacional. El segundo problema tiene que ver con los espacios verdes. El tercer problema podríamos decir que es paisajístico.

¿A qué te referís?

A cómo la Ciudad se vincula con sus paisajes negados como pueden ser la ribera del Río de la Plata y la ribera del Riachuelo, que son unos espacios excepcionales que debieran ser casi constructores de la identidad porteña y que son patios traseros. Y eso no es casualidad. Hay mala intención en el medio. Con los problemas ambientales, sea la quema de pastizales, la deforestación del Amazonas o la contaminación de los mares, alguien gana plata. Siempre. Y esa plata la ganan pocos. ¿Qué pasa con el Río de la Plata? Hace décadas que nos lo fueron robando. Es asombroso cómo la gente no recuerda que teníamos balnearios públicos gratuitos y que podíamos ir a la salida de la escuela o del trabajo a bañarnos en el río. No era Copacabana, ¡pero era el río! ¡Era gratis! Era un espacio recreativo, de encuentro social, de salud mental para la población. Aceptamos que estaba contaminado, se instaló que en algún momento lo descontaminarían y nunca hubo una política pública al respecto. Al mismo tiempo, fueron privatizando la ribera. Privatizada para amigos porque son clubes que están metidos con los que estaban decidiendo, que van desde el Club Ciudad Universitaria, el Naval, Boca Juniors con la Ciudad Deportiva de Boca, que en su momento fue un mamarracho que le dejaran rellenar 40 hectáreas. Hoy la discusión es otra porque es una cuestión consolidada. O que la dictadura quisiera hacer esa reconversión inmobiliaria de trasladar el centro a donde hoy está la reserva ecológica, que hubiera sido el súmmum de la especulación inmobiliaria. O sea, así como nos falta dónde vivir, nos falta el espacio público de calidad, nos faltan esos paisajes excepcionales que nos construirían un vínculo con la ciudad e identidad, como la Rambla de Montevideo. Cuando hay que festejar algo se van a la Rambla, cuando hay que encontrarse con alguien conocido 'te encuentro en tal punto de la Rambla'. Esa escena condiciona actitudes.

Sí, y vivir entre edificios también nos condiciona.

Hay estudios contemporáneos que son más o menos de hace 15 o hasta 20 años que estudian cómo afecta a la salud mental el poco cielo que vemos. En los lugares de mayor densidad vas caminando por la calle y estás viendo solo una tirita de cielo. Y se dieron cuenta que parte de lo que nos agobia junto con el ruido, la contaminación visual, es que en la ciudad casi no tenés oportunidad de ver el horizonte. La gente está más tranquila y se siente menos agobiada en los barrios en donde se ve más porción de cielo. Entonces, aunque sea circunstancialmente, tenemos que llegar a ver más cielo. ¿Dónde vemos más cielo? En la Costanera, en la Boca, cuando mirás que frente a Avellaneda no hay edificios altos ahí, Isla Maciel. Entonces tenés ahí un cacho de cielo con el transbordador de la Boca. Y el cielo es un patrimonio natural. 'Patrimonio natural' lo asociamos a plantas, animalitos. Pero el cielo es un patrimonio natural que perdemos. Cuanto menos sabemos de esas cosas, menos tendemos a ponerlas en nuestra lista de demandas. Y hasta hay cierta cuestión que nos han inculcado de que, bueno 'el progreso tiene ciertos costos'. Y hay cierta imagen del progreso que son edificios altos, el auto... Y no. Debiéramos interpelarnos y debatir qué ciudad queremos, qué creemos que es el progreso, la inclusión. ¿Qué significa 'vivir mejor'? Y ahí hay cosas contemporáneas interesantes. París es emblemática en ese sentido. Es 'la ciudad de los 15 minutos'. Decidieron que de donde vivís, si querés ir a comprar verduras, carne, libros, ropa, no te tengas que tomar el auto ni el colectivo. Que todo sea caminando o en bici a no más de 15 minutos de tu casa. Que si tenés que ir a estudiar no sea a más de 15 minutos de tu casa. Que si tenés que ir a trabajar vayas caminando. Y eso cambia la agenda de la planificación tradicional. Requiere tiempo, pero si vos ponés el timón en ese sentido, sabés que cada peso que invierte la ciudad y cada acuerdo colectivo va hacia ahí.

¿Qué tenés para decir de los grandes barrios privados a las afueras de la Ciudad?

Está lleno también de cuestiones aspiracionales que generan grandes simulacros porque el que quiere ganar plata se la quiere sacar a todo el mundo. (Eduardo) Costantini, cuando inventa Nordelta, se da cuenta que si hace un Nordelta sólo para los que tienen mucha plata, para poner sus grandes casas con grandes jardines, el mercado es chico. Y él quería construir un Nordelta gigante. Entonces lo fue haciendo en varios barrios distintos, para distintos sectores, de clase alta, clase media alta, clase media, porque su objetivo era agarrar plata. Pero a todos los estafó con lo mismo: construir sobre un humedal. Todas las edificaciones en Nordelta tienen problemas de que sube humedad por los cimientos. Lo de los carpinchos es una nota de color que muestran, pero el Estado ausente permitió que Nordelta se construya en humedales y al construir Nordelta se empezó a inundar Luján. El municipio de Luján tendría que hacerle juicio a Nordelta para recibir indemnizaciones para las obras hidráulicas que tendrá que hacer alguna vez para que no se inunde, porque el agua que no va más al humedal de Nordelta, ¿a dónde va?

La ciudad necesita construir comunidad. No quiere decir que seamos todos amigos, sino que la ciudad sea más amigable para tratar de contrarrestar la violencia innata del individualismo de todos contra todos, del tránsito, la bocina, del mal humor

¿Hay algún otro problema grande en Buenos Aires?

Un cuarto tema de la ciudad contemporánea es que por más que tengas excelentes recursos humanos y equipos técnicos, nada se puede hacer sin participación social. Pero no es demagogia, no es decir que hago lo que diga la gente, no. Todo se tiene que construir apropiándose, poniendo la mirada, porque lo que querés hacer con cada obra no es solamente mejorar el confort desde un lugar material, sino que hay que resolver lo del confort de lo intangible. Cuando diseñás una plaza, por más linda que luzca en las revistas de arquitectura, si baja como en un plato volador en un barrio, generalmente es incomprensible para la gente por el capricho de quienes la diseñaron. Es más fácil que tenga un uso no adecuado, se vandalice. Hay ciudades que esto ya lo entendieron, porque gasto menos plata si lo hago con participación. Es menos autoritario, es más colectivo. La ciudad necesita construir comunidad. No quiere decir que seamos todos amigos, sino que la ciudad sea más amigable para tratar de contrarrestar la violencia innata del individualismo de todos contra todos, del tránsito, la bocina, del mal humor. Y ahí, teniendo en cuenta la vivienda, los espacios verdes, los paisajes, en términos de infraestructura es que hay que repensar todo el transporte público. Y no solo la deuda de los subtes que nos faltan, porque no todo es subte. A esta altura del partido debiera haber un plan para reconvertir los colectivos a un sistema no contaminante que podrían ser tranvías contemporáneos o colectivos eléctricos. La electricidad no es la panacea pero cuando vas cambiando los colectivos que tenemos por tranvías, ya sabés que se reduce el ruido, se reduce la contaminación del aire y te ordena el tránsito.

¿Y Buenos Aires está a tiempo de cambiar estas cosas?

Hay ciudades que están muy colapsadas y es muy difícil que puedan arreglarse. Buenos Aires puede resolver gran parte de sus males pero no es una solución técnica, es una solución política la que hace falta. ¿Cuál es la solución política? La convicción de que hay que hacerlo y cómo hacerlo. Y eso es algo que trasciende lo partidario. Por supuesto, en la democracia argentina se llega al gobierno a través de los partidos políticos, pero quien llegue de un partido político tiene que entender o tiene que llegar con la misma coherencia ideológica de decir 'yo conduzco un proceso que tiene que ser un gran acuerdo, en el que en todo caso los que no acuerden son esos sectores minoritarios que han vivido parasitando la ciudad'.

Contame del Parque de la Estación, que es un proyecto en el que estuviste involucrado.

El Parque de la Estación surge de los terrenos desafectados del uso ferroviario en los '90 por las privatizaciones de (Carlos) Menem. Un grupo de actores sociales, vecinas y vecinos, en el año 2000, plantean que ahí tenía que haber un parque, porque además esa es la zona donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacios verdes de la Ciudad. Pero más que ese dato la gente tenía claro que no había verde. Era una cuestión más perceptiva. Y empiezan a luchar. Son 16 años de lucha hasta que se logra sancionar en la Legislatura el proyecto de ley de creación del parque, presentado por Carlos Tomada. Yo, que participaba en el movimiento vecinal -me sumé en el 2011, una cosa así-, desde mi experiencia profesional le puse valor agregado a la demanda vecinal: proteger un edificio ferroviario patrimonial del siglo XIX que no estaba catalogado y que el gobierno de la Ciudad quería demoler, que el parque fuera de flora nativa, que se hiciera por diseño participativo. Fui uno de los que redactó el proyecto de ley para discutir y fui el primer coordinador de la mesa de trabajo y consenso cuando se abrió. Fui uno de los tantos vecinos que peleó por ese lugar. Ese lugar tiene la singularidad de que es el segundo parque de flora nativa de la ciudad, tiene un galpón ferroviario de 200 metros de largo que se restauró y se recicló para tener usos sociales, planteados por el grupo vecinal: que hubiera una biblioteca, un espacio polideportivo, un vivero de flora nativa con perfil educativo, un centro de interpretación. Y es un parque muy singular porque además específicamente se planteó que no tuviera rejas. Y es muy raro porque está a tres cuadras del Shopping Abasto y a tres cuadras de la estación Once de Septiembre, en un lugar poco habitual para la cuadrícula urbana. Ahí Díaz Velez pega una curva y se transforma en la calle Gallo, y el parque está cómo inclinado porque el terreno cambia. El Gobierno de la Ciudad no quería hacer un parque ahí, pero no podía meterse mucho porque era un terreno nacional. Lo que planteaba la ley era que el Gobierno Nacional lo cedía si se hacía un parque. Lo importante es que tuvo esto de cómo se hacen las cosas participativas que generan apropiación colectiva. Hoy ese parque funciona por la gente que participa y no por el Gobierno de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad cada dos por tres rompe algo ahí. Se cargan todo un cantero de nativas porque 'me equivoqué'. Se han encargado de no ofrecer mucha seguridad de noche para que la gente pida rejas. Además a tres cuadras está la placita Almagro, que es una colección de rejas. Y genera un antagonismo de modelos. Y antes de que se hiciera el parque nadie en el barrio había visto jamás mariposas. A los dos años, nada más que dos años y con vegetación todavía joven, se llevan registradas 27 especies diferentes de mariposas. Y para la gente eso es mágico. Te cambia el comportamiento. Va gente a tomar mate, a sentarse en un banco a ver qué animalitos aparecen. Y eso sube la calidad de la demanda, porque la gente dice: ¿y por qué el resto de la ciudad no es así? ¿Por qué los árboles de la vereda no son árboles que convoquen mejor a pajaritos y mariposas? ¿Por qué la plaza Miserere es así? ¿Por qué Plaza Almagro es así?

Ahora en pandemia, ¿te parece que algunas cosas cambiaron? Por ejemplo, se visibilizó más el tema de las bicisendas.

Algunas cosas fueron difíciles de ocultar porque la pandemia las puso más en la cara de todo el mundo. Otras ciudades aprovecharon la excusa para sacar lugar al auto y no se lo devolvieron. Les vino bárbaro para imprimir otra velocidad. El espacio público no es solo la plaza y el parque. Es cómo mejoro la transitabilidad para el peatón, para el padre o la madre que va con el cochecito del bebé, para el adulto mayor, para que la gente se transporte en bicicleta porque es segura. Las ciclovías de Buenos Aires son para que no te subas. Y además de noche no ves los pozos. Y estas ciclovías (señala la de Avenida Corrientes, instalada en pandemia) las pelearon los colectivos ciclistas, las vienen pidiendo hace ocho años. Y cuando las pusieron, el secretario de Transporte les dijo: 'Las ponemos provisorias, eh'. Después no las pudieron sacar. Todas las avenidas tendrían que tener una de estas. Lo que hizo la pandemia es que le puso en las narices a la gente algunas cuestiones y la gente dijo: ¿por qué no?

También se habló mucho el tema de las huertas urbanas, de las terrazas que tenemos sin usar.

¿Cuántas azoteas ociosas hay en edificios públicos, escuelas, hospitales, ministerios, centros de salud? No te digo que gastes una fortuna de golpe, pero se puede hacer algo gradualmente. En las escuelas, por ejemplo, para que sean accesibles y los chicos tengan jardines ecológicos dónde hacer huertas y que sirva para aprender pero además para amortiguar el efecto térmico y mejorar la biodiversidad. Los edificios públicos tienen que ser el ejemplo. Cuando se discutió la ley de cubiertas naturales y techos verdes, hicieron todo lo posible para que fuera inaplicable. Y hay demostraciones con ciudades emblemáticas. Chicago logró cambiar la temperatura del efecto isla de calor por la instalación masiva de techos verdes promovida por el ayuntamiento. El primer techo verde emblemático lo puso arriba del Palacio Gubernamental. Nos han criado también con la cultura de que existe lo público y existe lo privado. Y hay muchas cosas privadas que tienen un uso público. El paisaje de una calle, las cúpulas que están arriba de ciertos edificios emblemáticos que están protegidas por ley. Alguien puede ser el dueño pero además tiene la responsabilidad de cuidarlo porque es un bien común. En cuanto a los techos verdes, desde lo público se puede dar una capacitación, se pueden poner profesionales que te lo diseñen, te pueden dar un subsidio o un crédito para que lo pongas. ¿Por qué? Porque cuantos más techos verdes tengamos, baja el efecto ola de calor, la gente consume menos energía, mejora la biodiversidad, se limpia más el aire y bajo el costo ambiental. Pero a veces creo que esas cosas no suceden porque tienen un mediano plazo que no lo puedo cuantificar en corte de cinta, en imagen de la tapa del diario.

Yo nunca había subido a la terraza de mi edificio y empecé a subir en pandemia y a pensar en hacer cosas. Y me dijeron que no se podía por el reglamento.

Lo que pasa es que ahí tendrías que tener un servicio público del Gobierno de la Ciudad, que te venga un técnico, te evalúa y es la persona calificada que certifica 'se puede' ¿Cómo se puede? De esta manera. Ahora decidan ustedes si lo quieren hacer. Pero te mata el 'no se puede'. Si tuviéramos un gobierno proactivo entrarían en debate los reglamentos. Por ejemplo, en los reglamentos de edificios era muy común que tuvieran la prohibición de mascotas. Y eso caducó. Lo mismo podría pasar con los techos verdes. No es contratar vos un profesional para que le demuestre a los vecinos, porque lo van a cuestionar también. Que venga alguien del Gobierno de la Ciudad y diga: acá se puede hacer esto y te lo firmo y capaz que hasta te hago que no pagues ABL por diez años.

En resumen, vos sos optimista primero porque se puede y porque creés en los vecinos.

Creo que sigue habiendo una cantidad de gente, que si bien no somos una mayoría, somos los que tenemos la responsabilidad de intentar convencer a los que no ven esto. Trascendiendo lo partidario, entendiendo que es una cuestión ideológica muy de base sobre qué ciudad queremos. Y que si hay cosas que requieren de más tiempo para la escala de los que ya somos grandes, tendríamos que hacerlo nada más que por solidaridad con los que nos van a suceder. Muchos árboles de esta ciudad que no han sido podados ni maltratados y que tienen cerca de un siglo, quienes los plantaron no los vieron con el esplendor con el que los disfrutamos ahora. Y esa lógica de ser solidarios con el futuro, haciendo cosas en el presente, hace que tu presente sea mejor. Es algo que con los jóvenes lo planteo siempre. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y en el futuro serán adultos mejores si en el presente actual pueden ser jóvenes en plenitud. Me molesta mucho esa cuestión de manejar el futuro pateando la pelota lejos, porque hace inviables o impracticables cosas que hay que empezarlas a hacer en el presente para que en ese futuro exista algo. Si espero a estar en un futuro donde haya mejores condiciones no lo hago nunca porque nunca llega ese futuro. Soy optimista porque todavía esta ciudad está a tiempo de enmendarse, pero eso no va a ser para siempre. 

¿Qué situaciones recientes te generaron optimismo?

La pelea por el Río de la Plata, porque por primera vez en la historia de la ciudad hubo una movilización. No quiere decir que nunca se haya debatido pero eran siempre nichos de pocos que discutíamos en redes. Por primera vez se transformó en algo masivo que rompió la agenda. Obligó a todos a pensar el río. Es incierto el destino de Costa Salguero y la Ciudad Deportiva pero es un antes y un después. Y además es saber que hay ciertas cuestiones que a veces nos hacen creer que son 'inamovibles' pero es una decisión política hacerlas movibles. Es el caso del Riachuelo. Estoy trabajando en ACUMAR. El Riachuelo es saneable. Los que estamos ahí creemos que vamos hacia su saneamiento. Y el saneamiento no es solamente que ese lugar deje de estar contaminado. Significa que haya nuevas conductas sociales, recreativas, de encuentro, un nuevo paisaje, que no se mide solamente en lo contaminado del agua o del aire. El gran tema es que cuando ese río empiece a dejar de estar contaminado o cambie el umbral de la contaminación no sea tomado por los ricos, que una vez que lo saneemos la gente que se bancó todo este tiempo no sea después víctima de la gentrificación, que es lo que pasó en Costa Salguero. Los pobres no podremos disfrutar del río porque los ricos van a poder comprar su espacio para ver el horizonte. Y ese discurso muy cínico de decir 'bueno, pero es la única manera de que podamos poner un poquito de verde' es casi tomarnos por tontos y no ver otras ciudades del mundo. Cierta infraestructura, que haya baños públicos, algún barcito, buenos bancos, es lo mínimo para que puedas acceder a un parque ribereño como el que nos merecemos. Hace como 25 años que soy de los que plantea que el Aeroparque se tiene que ir. Eso debiera ser algo que hay que ponerlo en la agenda porque no tiene ninguna justificación que toda esa porción de río la perdamos para que sea un Aeropuerto Internacional. Ciudades como París, con su idea de los 15 minutos, Barcelona, con su supermanzana, corren riesgos. Se animaron a salir de lo que piden los electores para subir la apuesta. No se puede mejorar la ciudad sin correr riesgos. Tampoco es cuestión de que porque algo funcionó allá entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que inventar nuestras propias soluciones. Nos sirve de referencia lo que sucede en otras ciudades. Como por ejemplo abrir arroyos a cielo abierto. Lo estuvieron haciendo en Europa. ¿Qué pasa con un arroyo a cielo abierto? Me obliga a limpiar el arroyo. Porque todos nuestros arroyos entubados están arrojando porquerías al Río de la Plata todo el tiempo. Es la mugre bajo la alfombra. Abrir el arroyo es generar un espacio verde nuevo, lleno de biodiversidad pero que ya no contamina el Río de la Plata, porque si abrí el arroyo es porque fui a las fuentes donde se vuelca lo que no se tiene que volcar y lo resolví. Hay que sacar todas las caretas y que en los debates después decidamos dónde queremos ir pero con toda la información sobre la mesa. Pasa mucho que la gente dice ¿pero eso se puede? ¿Y por qué pensabas que no se podía? ¿Por qué nos han puesto el freno de mano, las riendas cortas y las anteojeras para que creamos más firmemente en lo que no se puede que animarnos a creer en lo que se puede? 

CRM

Científicos del Conicet, Malbrán y Leloir junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron en la Cuenca Matanza-Riachuelo una elevada cantidad de dos virus que no se habían detectado antes en el país y provocan infecciones asintomáticas en la mayoría de los casos. Es decir: existe una “alta circulación silenciosa” en la población de estos patógenos que hasta el momento no han generado epidemias en otras partes del mundo. Como con el Covid, investigadores temen por posibles mutaciones.

Se trata de dos picornavirus, el Cosavirus y el CardiovirusSaffold -integrantes de una familia muy amplia de virus con genoma de ARN que también incluye al virus de la polio, los enterovirus causantes de brotes de meningitis y el virus de la hepatitis A, entre otros-, los cuales fueron hallados en 274 muestras de agua recolectadas entre 2005 y 2015 en esta cuenca. “Están relacionados a enfermedades respiratorias o diarreas y un trabajo reciente vinculó al Cosavirus con meningitis y encefalitis, es decir con enfermedades neurológicas”, indicó a Télam el doctor en Bioquímica y Virología Daniel Cisterna, líder de la investigación e integrante del Servicio de Neurovirosis, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI)-ANLIS Malbrán.

“Estos virus ya se habían encontrado en otras partes del mundo, de hecho son virus globalizados”, señaló y mencionó Brasil y Venezuela, “pero en Argentina todavía no se habían detectado en el medio ambiente”. El investigador señaló que de la evidencia científica internacional actual no surge que estos virus hayan producido brotes de enfermedades importantes, y que en la mayoría de los casos las personas son asintomáticas.

No obstante, hay un dato que inquieta a los investigadores: “La presencia continua del virus en las muestras nos está diciendo que ese virus está circulando continuamente en forma silenciosa en la población, porque de otro modo no lo podríamos haber detectado ya que los virus tienen una vida muy corta fuera del hospedador (en este caso las personas)”, explicó Cisterna.

“Tal como aprendimos con el coronavirus, cada vez que los virus pasan de una persona a otra mutan, y las mutaciones son azarosas; puede ser que en algún momento se produzca una mutación hacia una forma más virulenta provocando más enfermedad que hasta ahora”, agregó.

Una pista para identificar diarreas sin diagnóstico

El estudio, publicado en “TheJournal of Food and EnvironmentalVirology”, es parte de un trabajo de vigilancia de los poliovirus que el laboratorio dirigido por Cisterna --que funciona en el Malbrán-- realiza del Cono Sur y Bolivia para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El científico señaló que “a nivel general la importancia de este tipo de hallazgos es conocer que esos virus circulan en la población, tener las herramientas de detección e identificación y poder investigar su asociación a patologías que son muy importantes para la comunidad”.

En el caso concreto de este trabajo, apuntó que “la mayor parte de las diarreas están causadas por rotavirus, norovirus, entre otros, pero queda un porcentaje de casos, entre el 30 y 40 por ciento, sin diagnóstico y lo mismo sucede en las enfermedades respiratorias”.

“A partir de esta detección lo que se puede hacer es ver si estos virus tienen algún impacto en las diarreas, enfermedades respiratorias o neurológicas que hasta el momento no tenían diagnóstico del origen y en eso estamos trabajando”, detalló.

El investigador explicó que “si se demuestra que esos virus tienen algún impacto en alguna de estas enfermedades luego se puede incorporar el virus a los paneles de diagnóstico de rutina de los hospitales”.

Contaminación del agua

Finalmente, el virólogo indicó a la Agencia CyTA-Leloir que “la contaminación humana de los cursos de agua puede atenuarse a través del tratamiento de los efluentes cloacales”.

“Adicionalmente debería disminuirse la intervención antrópica (de las personas) de las orillas de río, característica de los ecosistemas acuáticos urbanos, que implica una disminución de su flujo, erosión de sus márgenes y pérdida de vegetación ribereña, que evita el proceso de autodepuración del río”, subrayó.

En el estudio colaboraron Gabriela Riviello López y Laura Freyre de la PNA, que desde el 2005 realiza un muestreo sistemático del rio Riachuelo para medir diversas variables ambientales; Leila Marina Martinez, María Cecilia Freire y Sara Vladimirsky, del INEI-ANLIS Malbrán; y Alejandro Rabossi, del Conicet y del Instituto Leloir.

Hace pocos días, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe la cría de salmónidos en las aguas de esta provincia. La medida generó reacciones encontradas. La restricción fue calurosamente celebrada en Tierra del Fuego y en las filas de nuestro ambientalismo, y recibió una favorable cobertura periodística. El principal argumento en favor de la prohibición puede resumirse así: una actividad que degrada el ambiente, que tiene elevados costos ambientales y que, por ende, no genera verdadero desarrollo, debe ser condenada a morir antes de que tome cuerpo. Gracias a la movilización popular, los ciudadanos de Tierra del Fuego se alzaron con una victoria en la larga lucha por construir un país y un planeta más verdes. Los fueguinos pueden descansar tranquilos, con la satisfacción de la tarea cumplida. Sólo el desarrollo verdadero, el amigable con el ambiente, tendrá lugar en su tierra.

Otras voces dudan de la sabiduría de estos juicios. Matías Kulfas, ministro de Industria, se pronunció en contra de la prohibición. Una nota de Martín Shapiro en Le Monde Diplomatique argumenta, con toda razón, que regular es mejor que prohibir. Esto es así, entre otras cosas, porque es importante recordar que el desarrollo no es un objetivo que pueda alcanzarse a escala local. Al alejar la lente del pequeño escenario fueguino para captar un panorama más amplio, el problema del desarrollo toma formas más complejas. La economía de Tierra del Fuego depende de manera directa de un régimen de promoción industrial que, más allá de las razones que le dieron origen, hoy sabemos que está mal concebido, y que constituye un obstáculo para el progreso económico de la provincia y del país. Al optar por prohibir en vez de regular una actividad productiva que podría haber agregado algo de dinamismo a la endeble economía fueguina y que, además, podría haber sido construida desde cero con los estándares medioambientales más exigentes, más que liberarse de un mal, Tierra del Fuego refuerza su condición de provincia rentística. Ese camino no conduce al desarrollo, cualquiera sea la definición que le demos a este término. 

Pero el problema va mucho más allá de Tierra del Fuego. Con la prohibición de esta forma de acuicultura, un país como el nuestro, desde hace demasiado tiempo siempre sediento de divisas, se niega la posibilidad de dar impulso a una actividad con un gran potencial para sustituir importaciones y, quizás, también fortalecer nuestro anémico sector exportador. Mientras esta restricción continúe vigente, pues, seguiremos gastando nuestros siempre escasos dólares en salmón importado, casi todo chileno, producido muchas veces en condiciones menos amigables hacia el ambiente que las que podrían establecerse en una salmonicultura que camina sus primeros pasos sometida a estrictos protocolos. 

Los problemas de la cría de salmón no son irrelevantes. Sin embargo, las granjas acuáticas (de cría de salmones y de otras muchas especies) se expanden por el mundo. Fuera de nuestras fronteras, pocos se animan a sugerir que la proscripción es el camino. ¿Los fueguinos no podrían haber hecho como Noruega, que es líder en cuidado del ambiente y que, en vez de prohibir las granjas acuáticas, les aplica controles muy exigentes? ¿Y ya que partían de cero, no podrían haber intentado convertirse en pioneros de una salmonicultura más amigable hacia el ambiente? En cambio, eligieron el camino fácil de la prohibición y, con ello, toda la Argentina apaga un motor de crecimiento, pierde empleo y pierde dólares. Perdemos todos, o casi todos.   

Al avanzar por esta senda, Tierra del Fuego se aferra a lo que le ofrece el régimen de promoción industrial creado al amparo del Área Aduanera Especial de 1972, cuyos aspectos negativos son muy conocidos, y que las reformas de este siglo no han vuelto mejor. No todos sufren sus falencias, sin embargo. El régimen beneficia a algunos empresarios amigos del poder y genera varios miles de empleos en las ensambladoras de equipos radicadas en la provincia. El aporte de firmas como Newsan y Mirgor no es trivial, pero que operen en Tierra del Fuego tiene costos, cuya cuenta paga el resto del país. Fuera de esta provincia, las ventajas de contar con esta “industria terminal” (es así como los especialistas denominan a la actividad de ensamblaje) son muy difíciles de percibir. Usar a la provincia más austral del país como plataforma para armar computadoras, equipos de aire acondicionado y celulares con insumos traídos de Asia, para luego trasportarlos y comercializarlos en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no tiene mayor sentido. Obliga al resto del país a pagar más caras sus computadoras y sus pantallas. 

Un régimen como el de Tierra del Fuego tiene dos víctimas directas: nuestros compatriotas de menores ingresos y nuestro tejido productivo. Golpea con especial dureza a los pobres y a las empresas. Antes de la pandemia, los grupos de mayor poder económico podían comprar su iPhone o su pantalla en Chile o en Miami, y podrán volver a hacerlo una vez que ésta quede atrás. Los habitantes de las barriadas humildes de Moreno o Florencio Varela, en cambio, rara vez cuentan con ese privilegio. Computadoras más caras también significan mayores costos para toda firma, pequeña o grande, que aspire a expandirse. Encarecer los costos de inversión no parece una idea muy razonable en un país como el nuestro que, desde hace varias décadas, no crece, y por ende tiene muchas dificultades para generar nuevos puestos de trabajo. Recordemos: más empleo registrado significa, ante todo, menos hogares enfrentando angustias cotidianas, menos sufrimiento, menos niños en la pobreza, escolarización más prolongada para las nuevas generaciones. Si nos interesa ampliar los horizontes vitales de los más pobres, la Tierra del Fuego de la prohibición del salmón y la “industria terminal” no es el camino. 

¿Qué hacer, entonces, con las voces que, con toda justicia, reclaman una economía y una sociedad más verdes? Hay muy buenas razones para poner esta causa en el centro de nuestras preocupaciones ciudadanas. La Argentina todavía no ha asumido plenamente el desafío de producir bienes y servicios y organizar la vida en común protegiendo el ambiente, cuidando sus recursos naturales. Por fortuna, en las nuevas generaciones crece la conciencia de que la crisis climática y la destrucción de los recursos naturales son cuestiones de enorme relevancia, que demandan acciones estatales ambiciosas y sistemáticas, y un mayor compromiso cívico. Es uno de los temas de relevancia pública que más moviliza a los jóvenes. La clase política, sin embargo, todavía no ha tomado verdadera dimensión de la importancia del problema. 

Distraídos por temas más urgentes, nuestros grupos dirigentes son parte del problema. Basta recordar los nombres de los últimos responsables del Ministerio de Ambiente para advertir que, a ambos lados de la cerca, el tema no resulta prioritario. ¿Qué decir de Sergio Bergman, un ministro más versado en la Torá que en los problemas del ambiente sobre los que tenía que decidir y que, a falta de un mejor lugar en el gabinete, aceptó este cargo como premio consuelo? ¿Qué pensar de Juan Cabandié que, hace algunos años, para complacer a sus valedores, declaró sin ruborizarse haber visto bancos de peces en el Riachuelo? ¿Y qué decir de los jefes de Estado que confían el Ministerio de Ambiente a figuras con antecedentes que, más que prepararlos para el cargo, lo descalifican? Los ejemplos podrían extenderse.  

Pero hay algo más importante, que hace a la manera en que pensamos la problemática ambiental, y a las prioridades de la política pública en este campo. Hay muy buenos motivos para argumentar que, en un país que tiene una huella de carbono positiva (esto es, que captura más gases de efecto invernadero que los que genera, contribuyendo de este modo a eliminar emisiones de carbono producidas en otras latitudes), el mayor desafío no es la minería en la región andina ni el empleo de grandes cantidades de herbicida en la agricultura extensiva, ni la creación de pasteras en el Río Uruguay, ni la producción a gran escala de carne de cerdo y, por supuesto, tampoco la cría de salmones en la Patagonia. Al concentrar la atención en estas causas, que despiertan mucha simpatía en las filas de nuestro ambientalismo (y que a veces el periodismo aborda de manera acrítica, sin sopesar su importancia relativa), nos estamos olvidando del elefante en la habitación. El que compromete la salud de cientos de miles, el que degrada la vida cotidiana de millones. 

La mayor deuda ambiental nacional no está en Tierra del Fuego o San Juan sino en el conurbano: es la contaminación de nuestros grandes ríos urbanos, entre los que se destaca la cuenca del Matanza-Riachuelo, que recorre 14 municipios del Gran Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. Vertedero de residuos tóxicos y metales pesados, basural y letrina a cielo abierto, esta cuenca tiene el triste honor de figurar entre los ambientes urbanos más contaminados del planeta. No menos degradada está la cuenca de otro gran curso de agua, el Reconquista, que atraviesa 18 municipios bonaerenses hasta desembocar en el Luján y el Río de la Plata. Allí está nuestra mayor vergüenza, nuestro Chernobyl.

El precio de vivir en las proximidades de estos degradados cursos de agua lo pagan varios millones de personas, casi todas ellas de muy bajos ingresos, que ven su salud y su calidad de vida deteriorados por el modo en que suelen abordarse los problemas que afectan a los que tienen menos recursos y menos voz: con desidia y negligencia. Vivir en torno a los contaminados cursos de agua que recorren el Gran Buenos Aires implica tener niveles de plomo en sangre más elevados, respirar aires pestilentes y venenosos, contar con una menor esperanza de vida, en fin, llevar vidas más breves, sufridas y miserables. Allí, en los distritos más destituidos de Lomas de Zamora, Lanús o Moreno, se produce la mayor violación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano que oscurece el presente y el futuro de nuestra nación. 

Nuestro ambientalismo, sin embargo, no le presta suficiente atención al problema. ¿Por qué, en vez de poner a nuestros contaminados ríos urbanos al tope de la agenda ambiental, invertimos tanta energía en el combate contra las pasteras del río Uruguay o la cría de salmones en la Patagonia, a punto de que celebramos –como hicieron varios diarios– que, gracias a la prohibición de esta última actividad, la Argentina es “pionera” en la defensa del medio ambiente? ¿Es porque el Matanza, el Reconquista y el Riachuelo dañan la vida de personas que desde hace tiempo nos acostumbramos a tratar como ciudadanos de segunda, y cuyos problemas vemos como distintos a los nuestros? ¿O porque no somos capaces de concebir respuestas imaginativas frente a un desastre ambiental que hemos naturalizado y frente al cual ya no cabe sino resignarse? 

Una Argentina que conciba a todos sus habitantes como miembros de pleno derecho de una república de iguales tiene la obligación de cambiar estas prioridades, asumiendo que los problemas ambientales que degradan la vida de las mayorías deben ocupar el centro de nuestras preocupaciones. El camino que es necesario recorrer para resolverlos, sin embargo, plantea dilemas que muchos ambientalistas prefieren no abordar. El dilema radica en que el saneamiento de entornos urbanos o suburbanos tan degradados como los nuestros tiene costos económicos muy elevados. Hace falta enormes inversiones en infraestructura y ellas, a su vez, amén de un cambio de prioridades de política pública, no pueden realizarse sin poner en marcha la rueda del crecimiento. Sin más actividad económica, sin aumento del producto, cualquier iniciativa de recuperación del ambiente no es más que una quimera.  

 En particular, el principal obstáculo para construir una relación más armónica entre la ciudadanía y el ambiente depende de una profunda transformación de la infraestructura de nuestras grandes ciudades y, en particular, de nuestro enorme y desfinanciado conurbano bonaerense. Para ello es preciso invertir esfuerzos y recursos en la extensión de redes cloacales en las periferias pobres de las principales aglomeraciones, en la creación de sistemas de tratamiento para los residuos industriales y residenciales, en ampliar el acceso a la propiedad del suelo y a los servicios que van con ella, en la transformación de los sistemas de transporte urbano. Nada de esto es barato. Un Estado sin margen alguno para incrementar la recaudación y el gasto puede hacer muy poco. La superposición de jurisdicciones y la falta de capacidades estatales hacen más difícil la tarea. De allí que ninguna iniciativa será exitosa si no contamos con mayores recursos, públicos y privados, que sólo puede aportar una economía en expansión. No hay duda de que el crecimiento económico supone mayor presión sobre los recursos naturales, y que suele venir acompañado de mayores costos ambientales. La cuestión no tiene una solución fácil. Una cosa es segura, sin embargo: en la estancada y empobrecida Argentina de nuestro tiempo, no hay camino al desarrollo que no pase por el crecimiento (y, en particular, por el crecimiento exportador).

Todo esto significa que una sociedad que valora a sus mayorías debe decirle adiós a la idea de que el objetivo de sus luchas en nombre del cuidado del ambiente es impedir la cría de salmones o la instalación de fábricas de pasta de celulosa. Una Argentina que aspire a forjar una mejor relación entre sus ciudadanos y su entorno se construye, ante todo, creando las condiciones materiales que hagan posible la mejora de la calidad de vida de las castigadas mayorías que habitan en las degradadas periferias de nuestras metrópolis. Este es el gran desafío ambiental que nuestra nación tiene por delante. La medida de nuestra vocación de cambio estará dada por cuán potente es nuestro deseo de colocar los problemas ambientales que afectan a los más pobres en el centro de la agenda pública. Y la medida última de nuestros logros es si, dentro de un cuarto de siglo, será posible ver, ya que no salmones, sí dorados y pejerreyes en el Reconquista y el Riachuelo. ¿No es este horizonte, acaso, lo que debemos concebir como desarrollo?

RH