La aprobación de la ley que habilita el desarrollo de la salmonicultura en Tierra del Fuego vuelve a encender un debate de alto voltaje político y ambiental en la provincia más austral del mundo.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella y sancionada por la Legislatura, introduce cambios sustanciales respecto del marco normativo vigente hasta ahora, que establecía una prohibición estricta, desde 2021, de la cría de salmones en jaulas marinas, especialmente en el Canal de Beagle.

El nuevo esquema legal permite avanzar con proyectos de salmonicultura fuera de esa zona sensible y abre la posibilidad de desarrollar la actividad en distintos ámbitos, como mar abierto y sistemas continentales, bajo un régimen que el Ejecutivo promete reglamentar con controles ambientales y supervisión estatal.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida apunta a diversificar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar empleo en una provincia con fuertes limitaciones estructurales.

Según estimaciones oficiales, la actividad podría alcanzar en los próximos años niveles de producción cercanos a las 100.000 toneladas anuales, con una participación mayoritaria del salmón, además de la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión acumulada de varios cientos de millones de dólares. Esos números fueron presentados por el gobierno provincial como uno de los principales argumentos para justificar el cambio de rumbo.

Sin embargo, la sanción de la ley reavivó la resistencia de organizaciones ambientalistas, científicos, comunidades originarias y sectores vinculados al turismo y la pesca artesanal. Estos actores vienen adviertiendo que la experiencia internacional demuestra que la salmonicultura industrial conlleva riesgos ambientales significativos, como la contaminación de las aguas, la propagación de enfermedades, el uso intensivo de antibióticos y la introducción de especies exóticas en ecosistemas frágiles.

Las críticas no se limitan al contenido de la norma, sino también al proceso legislativo. Referentes ambientales cuestionaron la velocidad con la que avanzó el tratamiento parlamentario y señalaron la falta de instancias amplias de participación ciudadana en una discusión que consideran estratégica para el futuro ambiental de la provincia. También pusieron en duda la capacidad real del Estado para fiscalizar una actividad compleja y de gran escala.

Desde organizaciones como Greenpeace calificaron que la modificación del marco legal como un retroceso en materia de protección ambiental y alertaron que Tierra del Fuego podría repetir conflictos ya observados en otras regiones del mundo donde la industria salmonera dejó impactos negativos difíciles de revertir.

Tierra del Fuego era el único lugar en el mundo donde se prohibía la actividad

En junio de 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobaba por unanimidad una ley que prohibía la cría de salmones en aguas marinas y lagos de la provincia, convirtiéndose, así, en el primer lugar del mundo en vetar esta actividad antes de su desarrollo. La norma, que este martes 16 de diciembre de 2025 quedó relegada, fue impulsada por el diputado Pablo Villegas y respaldada por organizaciones ambientalistas. Con la misma se protegía ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, el único sitio viable en Argentina para la salmonicultura.

La decisión se fundamentaba en los impactos ambientales asociados a la cría intensiva de salmones, entre ellos mortandades masivas, contaminación, proliferación de algas tóxicas, introducción de especies exóticas y daños a la fauna local.

En ese momento, ambientalistas destacaron que la ley sentaba un precedente histórico a nivel internacional y evitaba un posible desastre ambiental en la región. El antecedente de conflictos en Chile y el rechazo social y binacional a la industria habían reforzado el consenso político para avanzar con la prohibición.

Ahora, todo quedó en la nada y la salmonicultura puede avanzar en Tierra del Fuego.

Con información de medios y agencias

JIB

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra atravesada por un debate socioambiental: el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida por ley en la provincia.

La discusión ha dividido a la clase política y a un sector de la sociedad que sigue atento los vaivenes legislativos en torno al proyecto, una iniciativa cargada de críticas por la forma en la que ha avanzado en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente a un modelo del vecino país que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras: el modelo chileno, donde la industria es uno de los pilares económicos.

La discusión tiene antecedentes. En marzo de 2018, Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo, para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente, en el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego. Entonces, como ahora, sectores de la sociedad civil, entre ellos ambientalistas, científicos y habitantes, se organizaron para oponerse a un modelo de industria que aseguraban atentaría contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local. Además, sostenían que la implantación de la salmonicultura a nivel industrial echaría por la borda proyectos alternativos, que se encontraban en marcha, para intentar desarrollar la actividad de manera sustentable, como informó entonces Mongabay Latam.

La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y la sanción de una ley que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó con límites la cría en tanques en tierra. Sin embargo, la discusión está de regreso.

Desde julio último, el Poder Ejecutivo provincial busca modificar aquella ley de 2021. Plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del océano Atlántico. Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y el cóndor andino, y fauna marina como la centolla patagónica. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.

Esta iniciativa del gobernador Gustavo Melella implica habilitar las salmoneras en el resto de la isla, tanto en mar como en tierra. De aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción industrial de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales. 

No a las salmoneras 

El colectivo “No a las salmoneras” está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, ambientalistas científicos, artistas, cocineros, trabajadores, docentes, estudiantes, cátedras libres, integrantes de partidos, vecinos y vecinas, entre otros sectores de la provincia de Tierra del Fuego.

En un documento, el colectivo detalló las razones por las cuales se opone a la cría extensiva de salmones que se crían en jaulas en el mar. Los salmones, una especie carnívora e introducida por el hombre en Chile, “se escapan de a miles [de las jaulas] y devoran todo lo que encuentran a su paso: centollas, langostillas, peces más pequeños”. De esta forma, “las especies nativas disminuyen por depredación y por competencia de espacio y alimento. Estos escapes de salmones alteran gravemente el frágil equilibrio que sostiene la vida marina, desde el pequeño y esencial plancton hasta la inmensa y magnífica ballena”. 

Pero no se trata solo de los otros animales que se comen los salmones cuando se escapan, aseguran. “Estos peces, que crecen hacinados de miles en jaulas flotantes, consumen harinas ultraprocesadas y están sobremedicados, tienen enfermedades propias de esas condiciones y también contagian a las otras especies marinas”, afirman.

Otra de las razones es la supuesta matanza de lobos marinos y pequeños cetáceos asociada a la salmonicultura, que se alimentan en las zonas donde se encuentran las jaulas flotantes con miles de salmones. “Estos animales son eliminados intencionalmente en los diferentes centros de cultivo”, aseguran. “Cuando no los matan, mueren atrapados en las mallas y redes antidepredadores que se colocan alrededor de las jaulas”. 

La potencial destrucción del fondo marino es otra de las razones detalladas en el documento. “El alimento ultraprocesado, las fecas y los cuerpos de miles de salmones se acumulan en el lecho [marino]. Esto hace que proliferen algas que consumen el oxígeno y que entonces se generen zonas muertas, sin vida acuática”, explican. Los ejemplos, aseguran, están a la vista en el modelo chileno.

Nancy Fernández, especialista en Educación Ambiental y profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es, además, presidente de la ONG Asociación Mane´kenk, que integra este colectivo “No a las salmoneras”. En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, explica que el principal cuestionamiento de su organización es la forma en la que el Gobierno de la provincia quiere cambiar la ley que actualmente prohíbe la salmonicultura extensiva.

“Desde nuestra organización, siempre tuvimos una posición conciliadora y asistimos a las mesas de diálogo y a las comisiones legislativas para participar, aportar técnicos, datos, información. Hubo muchos episodios en la provincia durante los cuales se quisieron sancionar leyes controversiales, pero, incluso entonces, se tomaron en cuenta algunos de nuestros aportes. Esta vez, se trata de un proceso oscuro”, asegura Fernández.

Las ONG y sectores de la ciudadanía y la ciencia critican que la ley haya llegado al recinto de la legislatura provincial con un dictamen cuestionado por la forma “apurada e irregular” en la que fue aprobado el 8 de agosto último, en una autoconvocatoria del oficialismo -FORJA, partido del gobernador Melella- y el opositor La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei-, que apoya el proyecto de ley para legalizar la salmonicultura extensiva. 

Con apenas cuatro votos -lo mínimo exigido- se autoconvocaron durante un cuarto intermedio y aprobaron un dictamen a favor del proyecto. “Queremos que abran el debate”, exige Fernández. “Existen intereses económicos muy grandes detrás de esta industria”, asegura.

El colectivo también critica las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la salmonicultura. “Para cumplir con la demanda de las empresas, realizan malas prácticas de buceo, con inmersiones continuas, sin respetar los tiempos de descompresión y en profundidades para las que no están habilitados”, afirmaron en el documento. “Esto [se realiza] para arreglar las mallas y jaulas o levantar los cadáveres de miles de salmones que se acumulan en el fondo marino, entre otras tareas”. 

Los opositores a las salmoneras en Tierra del Fuego también resaltan otro punto: se trata de una industria que demanda un alto nivel de fiscalización y control por parte del Estado, y cuando este no está lo suficientemente presente, los impactos de la salmonicultura se extienden, como arrojar salmones en descomposición al mar y derrame de combustible.

Los altos consumos de energía que conlleva la cría de salmones en piletones con el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cría peces en tanques cerrados en tierra, también es otro punto del debate. Actualmente, la ley provincial habilita los tanques en tierra con límites de hasta 50 toneladas de reproducción anual. El proyecto del oficialismo provincial busca eliminar el límite. 

También señalan “la crueldad animal que implica criar animales en escalas industriales”. “Una jaula flotante o un piletón en tierra tienen en su interior miles de salmones hacinados, adormecidos con benzocaína para enlentecer sus movimientos instintivos y vitales, que desarrollan conductas caníbales, nadan entre su excremento y los cadáveres de otros peces”, aseguran.

“No estoy en contra del desarrollo de la actividad, es importante para la provincia, con un potencial muy grande, pero sí estoy de acuerdo con mantener la prohibición de la salmonicultura en el mar”, afirma el legislador Matías Lapadula, del partido Provincia Grande y ex secretario de Producción del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego.

Lapadula cree que será muy difícil poder llevar a la práctica la salmonicultura en la costa norte de la provincia con un sistema con jaulas, debido a grandes amplitudes de marea. Pero el legislador resalta que el proyecto oficialista habilita a la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, como lagos, lagunas y ríos. “Estoy a favor de la acuicultura, pero tiene que ser sí o sí de forma sostenible y siendo absolutamente celosos del cuidado ambiental porque es una actividad dañina, con impacto y, mal hecha, todo lo que acarrea produce daños irreversibles”, explica.

Además, Lapadula afirma: “Como está planteado el proyecto, estamos haciendo un negocio para pocos. Es verdad que en Chile son 60.000 puestos de trabajo, pero el 90% de estos puestos de trabajo tiene que ver con el procesamiento y envasado del salmón. Chile ha desarrollado toda una cadena de valor a lo largo de 40 años, que Tierra del Fuego no tiene. Ellos manejan prácticamente el mercado. Como está planteado este proyecto, nosotros engordaríamos y criaríamos salmones para luego vendérselos a Chile y que ellos terminen exportando el pescado como producto chileno”.

La semana pasada, Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con dos voceros de la gobernación de Tierra del Fuego para conocer las razones del oficialismo provincial para impulsar esta industria y conocer si ha realizado estudios de impacto ambiental y social de la actividad. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de ellos había respondido las consultas. 

Ante la consulta de estos medios, Lapadula afirma que el oficialismo no ha presentado a los legisladores ningún tipo de estudio ambiental previo en la provincia que analice los posibles impactos de la salmonicultura en el mar argentino, así como en lagos, lagunas y ríos. Tampoco en la extensión industrial de tanques en tierra.

“Sí a las salmoneras”

Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, es uno de los cuatro legisladores de la provincia que aprobó el dictamen del proyecto de ley oficialista para que sea tratado en el recinto.

Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Merella sostiene que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado. 

Coto había presentado en un primer momento un proyecto para extender la cría de salmones en tanques en tierra, sin tocar la prohibición que pesa actualmente sobre la actividad en el mar y cuerpos de agua. Sin embargo terminó apoyando la iniciativa del oficialismo.

En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, Coto defiende su decisión y asegura que antes de hacer cualquier estudio de impacto socioambiental debe modificarse la ley. “No se puede hacer un estudio sobre una actividad que está prohibida”, argumenta.

Al igual que el oficialismo provincial, el legislador aliado del presidente Milei sostiene que la salmonicultura tiene potencial económico y generará empleo. 

El oficialismo, además, enmarca la discusión en la acuicultura no solo en la cría de salmón, sino también trucha, erizo, mejillones, algas y centollas. Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, dijo al medio ADNSUR que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias” y que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100.000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80.000 toneladas serían de salmón.

El funcionario dijo, además, que la salmonicultura podría generar “entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.

“Hay discusiones que están saldadas -afirma Coto-. Por ejemplo, la discusión de si estamos de acuerdo o no con actividades de salmonicultura en el Canal de Beagle. Eso está claro: no hay un legislador de los 15 que estamos en la Legislatura que esté de acuerdo con eso. Lo que este dictamen permitiría sería la posibilidad de establecer la actividad en mar abierto, o sea en agua salada”.

Sin embargo, reconoce que no hay un estudio científico oficial sobre cómo podría afectar la actividad a la zona cercana al canal. Mongabay Latam y elDiarioAR preguntaron a Coto si cree que la provincia tiene las herramientas, la capacidad y los recursos para poder controlar o fiscalizar la actividad. El legislador respondió que sí, pero este es uno de los puntos centrales de la oposición de las ONG, científicos y ambientalistas, quienes creen que la salmonicultura en el mar sobrepasará las capacidades de fiscalización de Tierra del Fuego.

ED/CRM

El salmón es una de las especies marinas más conocidas en todo el mundo. Es un pescado con numerosas propiedades: alto en proteínas, rico en aceites saludables, con un alto contenido de aceites omega 3 y grasas insaturadas. 

Este pescado azul aporta unos 11 gramos de grasa por cada 100 gramos de carne, un contenido que se asemeja al de las sardinas o el atún. También es una importante fuente de vitaminas A, B6, B9, B12 y D, calcio, fósforo, yodo, potasio, tiamina, niacina y selenio. 

Salmón, un pescado versátil y fácil de cocinar

Crudo en sushi, ahumado caliente o frío, horneado, a la parrilla, frito o asado, este pescado universal admite infinidad de recetas. Un buen salmón es tierno, de sabor suave y muy versátil. Incluso es fácil de cocinar: la textura grasienta ayuda a mantener el pescado tierno y húmedo.

Pero, desde un punto de vista organoléptico, no todas las especies de salmón son equivalentes y su método de producción influye en la calidad de la carne. En Argentina, la mayor parte del salmón que llega al mercado procede de granjas acuícolas, sobre todo de Chile. Las principales especies criadas en cautividad son el salmón atlántico, el real y el coho.

Consejos para distinguir el salmón de calidad

Si bien el salmón es un pescado versátil y fácil de preparar, comprarlo puede ser un poco intimidante. Varias preguntas pueden pasar por nuestra cabeza cada vez que pasamos por la pescadería. ¿Cómo debería ser el pescado? ¿Por qué hay tantas variedades? ¿Qué pasa con el salmón de piscifactoría?

Podemos resolver estas y otras cuestiones teniendo en cuenta aspectos como:

1. Mirar la etiqueta.

Tanto si es salvaje como si procede de la acuicultura es importante mirar la etiqueta para comprobar que el proceso, de pesca y de extracción, según el caso, se ha hecho de la forma correcta. El salmón capturado en estado salvaje debe disponer de la ecoetiqueta azul que otorga la Marine Stewarshig Council (MSC), que garantiza una pesca sostenible que respeta y minimiza su impacto en el ecosistema marina. 

En el caso del salmón procedente de la acuicultura también hay una certificación. En este caso, el pescado debe ir acompañado de la etiqueta turquesa Aquaculture Stewardship Council (ASC), la equivalente a la MSC pero para peces de cultivo, que certifica que se han aplicado las mejores prácticas ambientales.

Emitidas por organismos independientes, estas etiquetas imponen especificaciones exigentes y muy contundentes a los criadores. 

2. Revisar el aspecto general para distinguir granja de salvaje

El salmón de granja está criado en zonas cercanas a la costa de forma industrial, esto es con piensos, muchas veces hipercalóricos, por lo que suele ser más graso al tacto, incluso de un brillo aceitoso.

Por otro lado, debido a su pienso rico en harinas de pescado pero pobre en crustáceos, ha perdido su característico color rosa y tiene una carne gris que no ayuda a vender. Para solucionar esto se utiliza un aditivo colorante que se añade al pienso que se llama astaxantina.

En este sentido, además de la evidente subida de precio, un buen salmón de granja se distinguen del salvaje en la untuosidad al tacto y un color rosa un tanto más pálido, así como una carne monos proteica y más llena de vetas blancas. El color del salvaje es de un rosa tirando a rojizo, y la carne no muestra especial brillo sino que se revela magra.

A mayor calidad del pescado de granja, menor será el brillo de la carne, más firme y cerrado será el rosa y menos betas blancas presentará, símbolo de que la proporción de proteína es mayor, puesto que el animal se alimenta con mejores piensos y dispone de un mayor espacio para moverse.

Una buena manera de saber si el pescado está fresco es realizar una pequeña presión con el dedo en la carne. Un buen salmón tiene una consistencia turgente, sólida, bien compactada y no será fácil de penetrar. Si, por el contrario, al presionar con el dedo notamos una consistencia blanda y este se hunde con facilidad, el filete no será de calidad.

Hace pocos días, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe la cría de salmónidos en las aguas de esta provincia. La medida generó reacciones encontradas. La restricción fue calurosamente celebrada en Tierra del Fuego y en las filas de nuestro ambientalismo, y recibió una favorable cobertura periodística. El principal argumento en favor de la prohibición puede resumirse así: una actividad que degrada el ambiente, que tiene elevados costos ambientales y que, por ende, no genera verdadero desarrollo, debe ser condenada a morir antes de que tome cuerpo. Gracias a la movilización popular, los ciudadanos de Tierra del Fuego se alzaron con una victoria en la larga lucha por construir un país y un planeta más verdes. Los fueguinos pueden descansar tranquilos, con la satisfacción de la tarea cumplida. Sólo el desarrollo verdadero, el amigable con el ambiente, tendrá lugar en su tierra.

Otras voces dudan de la sabiduría de estos juicios. Matías Kulfas, ministro de Industria, se pronunció en contra de la prohibición. Una nota de Martín Shapiro en Le Monde Diplomatique argumenta, con toda razón, que regular es mejor que prohibir. Esto es así, entre otras cosas, porque es importante recordar que el desarrollo no es un objetivo que pueda alcanzarse a escala local. Al alejar la lente del pequeño escenario fueguino para captar un panorama más amplio, el problema del desarrollo toma formas más complejas. La economía de Tierra del Fuego depende de manera directa de un régimen de promoción industrial que, más allá de las razones que le dieron origen, hoy sabemos que está mal concebido, y que constituye un obstáculo para el progreso económico de la provincia y del país. Al optar por prohibir en vez de regular una actividad productiva que podría haber agregado algo de dinamismo a la endeble economía fueguina y que, además, podría haber sido construida desde cero con los estándares medioambientales más exigentes, más que liberarse de un mal, Tierra del Fuego refuerza su condición de provincia rentística. Ese camino no conduce al desarrollo, cualquiera sea la definición que le demos a este término. 

Pero el problema va mucho más allá de Tierra del Fuego. Con la prohibición de esta forma de acuicultura, un país como el nuestro, desde hace demasiado tiempo siempre sediento de divisas, se niega la posibilidad de dar impulso a una actividad con un gran potencial para sustituir importaciones y, quizás, también fortalecer nuestro anémico sector exportador. Mientras esta restricción continúe vigente, pues, seguiremos gastando nuestros siempre escasos dólares en salmón importado, casi todo chileno, producido muchas veces en condiciones menos amigables hacia el ambiente que las que podrían establecerse en una salmonicultura que camina sus primeros pasos sometida a estrictos protocolos. 

Los problemas de la cría de salmón no son irrelevantes. Sin embargo, las granjas acuáticas (de cría de salmones y de otras muchas especies) se expanden por el mundo. Fuera de nuestras fronteras, pocos se animan a sugerir que la proscripción es el camino. ¿Los fueguinos no podrían haber hecho como Noruega, que es líder en cuidado del ambiente y que, en vez de prohibir las granjas acuáticas, les aplica controles muy exigentes? ¿Y ya que partían de cero, no podrían haber intentado convertirse en pioneros de una salmonicultura más amigable hacia el ambiente? En cambio, eligieron el camino fácil de la prohibición y, con ello, toda la Argentina apaga un motor de crecimiento, pierde empleo y pierde dólares. Perdemos todos, o casi todos.   

Al avanzar por esta senda, Tierra del Fuego se aferra a lo que le ofrece el régimen de promoción industrial creado al amparo del Área Aduanera Especial de 1972, cuyos aspectos negativos son muy conocidos, y que las reformas de este siglo no han vuelto mejor. No todos sufren sus falencias, sin embargo. El régimen beneficia a algunos empresarios amigos del poder y genera varios miles de empleos en las ensambladoras de equipos radicadas en la provincia. El aporte de firmas como Newsan y Mirgor no es trivial, pero que operen en Tierra del Fuego tiene costos, cuya cuenta paga el resto del país. Fuera de esta provincia, las ventajas de contar con esta “industria terminal” (es así como los especialistas denominan a la actividad de ensamblaje) son muy difíciles de percibir. Usar a la provincia más austral del país como plataforma para armar computadoras, equipos de aire acondicionado y celulares con insumos traídos de Asia, para luego trasportarlos y comercializarlos en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no tiene mayor sentido. Obliga al resto del país a pagar más caras sus computadoras y sus pantallas. 

Un régimen como el de Tierra del Fuego tiene dos víctimas directas: nuestros compatriotas de menores ingresos y nuestro tejido productivo. Golpea con especial dureza a los pobres y a las empresas. Antes de la pandemia, los grupos de mayor poder económico podían comprar su iPhone o su pantalla en Chile o en Miami, y podrán volver a hacerlo una vez que ésta quede atrás. Los habitantes de las barriadas humildes de Moreno o Florencio Varela, en cambio, rara vez cuentan con ese privilegio. Computadoras más caras también significan mayores costos para toda firma, pequeña o grande, que aspire a expandirse. Encarecer los costos de inversión no parece una idea muy razonable en un país como el nuestro que, desde hace varias décadas, no crece, y por ende tiene muchas dificultades para generar nuevos puestos de trabajo. Recordemos: más empleo registrado significa, ante todo, menos hogares enfrentando angustias cotidianas, menos sufrimiento, menos niños en la pobreza, escolarización más prolongada para las nuevas generaciones. Si nos interesa ampliar los horizontes vitales de los más pobres, la Tierra del Fuego de la prohibición del salmón y la “industria terminal” no es el camino. 

¿Qué hacer, entonces, con las voces que, con toda justicia, reclaman una economía y una sociedad más verdes? Hay muy buenas razones para poner esta causa en el centro de nuestras preocupaciones ciudadanas. La Argentina todavía no ha asumido plenamente el desafío de producir bienes y servicios y organizar la vida en común protegiendo el ambiente, cuidando sus recursos naturales. Por fortuna, en las nuevas generaciones crece la conciencia de que la crisis climática y la destrucción de los recursos naturales son cuestiones de enorme relevancia, que demandan acciones estatales ambiciosas y sistemáticas, y un mayor compromiso cívico. Es uno de los temas de relevancia pública que más moviliza a los jóvenes. La clase política, sin embargo, todavía no ha tomado verdadera dimensión de la importancia del problema. 

Distraídos por temas más urgentes, nuestros grupos dirigentes son parte del problema. Basta recordar los nombres de los últimos responsables del Ministerio de Ambiente para advertir que, a ambos lados de la cerca, el tema no resulta prioritario. ¿Qué decir de Sergio Bergman, un ministro más versado en la Torá que en los problemas del ambiente sobre los que tenía que decidir y que, a falta de un mejor lugar en el gabinete, aceptó este cargo como premio consuelo? ¿Qué pensar de Juan Cabandié que, hace algunos años, para complacer a sus valedores, declaró sin ruborizarse haber visto bancos de peces en el Riachuelo? ¿Y qué decir de los jefes de Estado que confían el Ministerio de Ambiente a figuras con antecedentes que, más que prepararlos para el cargo, lo descalifican? Los ejemplos podrían extenderse.  

Pero hay algo más importante, que hace a la manera en que pensamos la problemática ambiental, y a las prioridades de la política pública en este campo. Hay muy buenos motivos para argumentar que, en un país que tiene una huella de carbono positiva (esto es, que captura más gases de efecto invernadero que los que genera, contribuyendo de este modo a eliminar emisiones de carbono producidas en otras latitudes), el mayor desafío no es la minería en la región andina ni el empleo de grandes cantidades de herbicida en la agricultura extensiva, ni la creación de pasteras en el Río Uruguay, ni la producción a gran escala de carne de cerdo y, por supuesto, tampoco la cría de salmones en la Patagonia. Al concentrar la atención en estas causas, que despiertan mucha simpatía en las filas de nuestro ambientalismo (y que a veces el periodismo aborda de manera acrítica, sin sopesar su importancia relativa), nos estamos olvidando del elefante en la habitación. El que compromete la salud de cientos de miles, el que degrada la vida cotidiana de millones. 

La mayor deuda ambiental nacional no está en Tierra del Fuego o San Juan sino en el conurbano: es la contaminación de nuestros grandes ríos urbanos, entre los que se destaca la cuenca del Matanza-Riachuelo, que recorre 14 municipios del Gran Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. Vertedero de residuos tóxicos y metales pesados, basural y letrina a cielo abierto, esta cuenca tiene el triste honor de figurar entre los ambientes urbanos más contaminados del planeta. No menos degradada está la cuenca de otro gran curso de agua, el Reconquista, que atraviesa 18 municipios bonaerenses hasta desembocar en el Luján y el Río de la Plata. Allí está nuestra mayor vergüenza, nuestro Chernobyl.

El precio de vivir en las proximidades de estos degradados cursos de agua lo pagan varios millones de personas, casi todas ellas de muy bajos ingresos, que ven su salud y su calidad de vida deteriorados por el modo en que suelen abordarse los problemas que afectan a los que tienen menos recursos y menos voz: con desidia y negligencia. Vivir en torno a los contaminados cursos de agua que recorren el Gran Buenos Aires implica tener niveles de plomo en sangre más elevados, respirar aires pestilentes y venenosos, contar con una menor esperanza de vida, en fin, llevar vidas más breves, sufridas y miserables. Allí, en los distritos más destituidos de Lomas de Zamora, Lanús o Moreno, se produce la mayor violación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano que oscurece el presente y el futuro de nuestra nación. 

Nuestro ambientalismo, sin embargo, no le presta suficiente atención al problema. ¿Por qué, en vez de poner a nuestros contaminados ríos urbanos al tope de la agenda ambiental, invertimos tanta energía en el combate contra las pasteras del río Uruguay o la cría de salmones en la Patagonia, a punto de que celebramos –como hicieron varios diarios– que, gracias a la prohibición de esta última actividad, la Argentina es “pionera” en la defensa del medio ambiente? ¿Es porque el Matanza, el Reconquista y el Riachuelo dañan la vida de personas que desde hace tiempo nos acostumbramos a tratar como ciudadanos de segunda, y cuyos problemas vemos como distintos a los nuestros? ¿O porque no somos capaces de concebir respuestas imaginativas frente a un desastre ambiental que hemos naturalizado y frente al cual ya no cabe sino resignarse? 

Una Argentina que conciba a todos sus habitantes como miembros de pleno derecho de una república de iguales tiene la obligación de cambiar estas prioridades, asumiendo que los problemas ambientales que degradan la vida de las mayorías deben ocupar el centro de nuestras preocupaciones. El camino que es necesario recorrer para resolverlos, sin embargo, plantea dilemas que muchos ambientalistas prefieren no abordar. El dilema radica en que el saneamiento de entornos urbanos o suburbanos tan degradados como los nuestros tiene costos económicos muy elevados. Hace falta enormes inversiones en infraestructura y ellas, a su vez, amén de un cambio de prioridades de política pública, no pueden realizarse sin poner en marcha la rueda del crecimiento. Sin más actividad económica, sin aumento del producto, cualquier iniciativa de recuperación del ambiente no es más que una quimera.  

 En particular, el principal obstáculo para construir una relación más armónica entre la ciudadanía y el ambiente depende de una profunda transformación de la infraestructura de nuestras grandes ciudades y, en particular, de nuestro enorme y desfinanciado conurbano bonaerense. Para ello es preciso invertir esfuerzos y recursos en la extensión de redes cloacales en las periferias pobres de las principales aglomeraciones, en la creación de sistemas de tratamiento para los residuos industriales y residenciales, en ampliar el acceso a la propiedad del suelo y a los servicios que van con ella, en la transformación de los sistemas de transporte urbano. Nada de esto es barato. Un Estado sin margen alguno para incrementar la recaudación y el gasto puede hacer muy poco. La superposición de jurisdicciones y la falta de capacidades estatales hacen más difícil la tarea. De allí que ninguna iniciativa será exitosa si no contamos con mayores recursos, públicos y privados, que sólo puede aportar una economía en expansión. No hay duda de que el crecimiento económico supone mayor presión sobre los recursos naturales, y que suele venir acompañado de mayores costos ambientales. La cuestión no tiene una solución fácil. Una cosa es segura, sin embargo: en la estancada y empobrecida Argentina de nuestro tiempo, no hay camino al desarrollo que no pase por el crecimiento (y, en particular, por el crecimiento exportador).

Todo esto significa que una sociedad que valora a sus mayorías debe decirle adiós a la idea de que el objetivo de sus luchas en nombre del cuidado del ambiente es impedir la cría de salmones o la instalación de fábricas de pasta de celulosa. Una Argentina que aspire a forjar una mejor relación entre sus ciudadanos y su entorno se construye, ante todo, creando las condiciones materiales que hagan posible la mejora de la calidad de vida de las castigadas mayorías que habitan en las degradadas periferias de nuestras metrópolis. Este es el gran desafío ambiental que nuestra nación tiene por delante. La medida de nuestra vocación de cambio estará dada por cuán potente es nuestro deseo de colocar los problemas ambientales que afectan a los más pobres en el centro de la agenda pública. Y la medida última de nuestros logros es si, dentro de un cuarto de siglo, será posible ver, ya que no salmones, sí dorados y pejerreyes en el Reconquista y el Riachuelo. ¿No es este horizonte, acaso, lo que debemos concebir como desarrollo?

RH