Facebook cerró el miércoles pasado un grupo de la red social con casi 32.000 usuarios en el que se compartían y comentaban fotos de mujeres en momentos de intimidad presumiblemente sin su permiso, tras las numerosas denuncias recibidas por su existencia.

El cierre responde a que dicho grupo contravenía la normativa contra la explotación sexual de adultos en esa red social, según explicó a EFE un portavoz de la multinacional estadounidense Meta, propiedad de Mark Zuckerberg.

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden”, declaró.

El grupo público se titulaba 'Mia Moglie' (Mi esposa, en italiano) y, con los 31.885 miembros que sumaba desde su apertura hace siete años, colgaba fotos de mujeres en momentos íntimos captadas sin su consentimiento, algunas de ellas generadas mediante Inteligencia Artificial.

En su tablón, algunos hombres publicaban fotos de mujeres o de sus propias esposas tomadas en el día a día o en momentos de intimidad para comentarlas con otros usuarios.

El escándalo surgió tras la denuncia en Instagram de la escritora Carolina Capria y de la organización 'No Justice no peace'.

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual”, alertó la activista.

Su publicación corrió como la pólvora en Italia y desencadenó numerosas denuncias por parte de usuarios de Facebook, así como asociaciones y partidos políticos, obligando a Meta a cerrarlo.

El Partido Demócrata, la principal formación de la oposición italiana, respaldó estas denuncias y exigió acabar con “la tolerancia del sexismo y de la violencia contra las mujeres en la red social”. Lo contrario, sostuvo, “es complicidad”.

La principal asociación de consumidores del país, Codacons, amenazó a Meta con una denuncia si no cerraba el grupo en el plazo de cinco días al ver “simplemente intolerable” su existencia.

Capria, en su perfil de Instagram 'Lhascrittounafemmina', lamentó que el cierre “no significará mucho” ya que existen numerosas cuentas similares en la misma red social o en el canal Telegram.

La joven de 22 años víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo declaró hoy en el juicio que ella jamás dio el consentimiento para mantener relaciones sexuales con los imputados. “Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual”, destacó la estudiante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño durante la segunda jornada de debate.

Sus declaraciones desmienten lo expresado por madres y familiares de los detenidos que abogaron por la inocencia de los perpetradores del hecho y aseguraron que ella había prestado su consentimiento.

“¡Esto me arruinó la vida!”, agregó la joven, que actualmente continúa bajo tratamiento psicológico por lo sucedido. En este marco, la víctima y principal testigo de la causa relató ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri las consecuencias y traumas que afronta diariamente desde el 28 de febrero de 2021.

“Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, detalló la denunciante, acompañada por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

Hoy estaba previsto que declararan también la madre de la víctima y el amigo que salió con ella a bailar aquella noche a un boliche de Palermo, pero se retiró del lugar antes de que la chica fuera abusada en el vehículo.

De los seis acusados, sólo uno decidió declarar de manera breve para clamar su inocencia, pero se negó a responder preguntas. “Yo no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, señaló Ángel Pascual Ramos ante los magistrados.

Se trata de uno de los muchachos más comprometidos en la causa ya que los videos lo registran como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto. Además, se encontró su perfil genético en la ropa interior de la víctima y bajo sus uñas, lo que indica que la chica se resistió al acto sexual e intentó defenderse.

Los otros cinco involucrados ─Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián “TH” Domínguez, Francos Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo─ no emitieron declaración hasta el momento, pero pueden solicitar hacerlo en cualquier momento del debate. Todos se encuentran bajo prisión preventiva por el delito cometido.

El lunes pasado, cuando inició el juicio, el abogado querellante expresó que espera que todos sean condenados. “Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación. Cada uno tuvo un rol preponderante”, afirmó.

Actualmente, los seis jóvenes están acusados como coautores de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas en concurso real con lesiones leves”, lo cual prevé entre 8 a 21 años de cárcel. Para el fiscal y el juez que elevaron a juicio la causa, todos concretaron un “ataque sexual masivo” y actuaron de manera conjunta para “satisfacer sus deseos libidinosos”.

Sin embargo, se está debatiendo si se mantendrá esta acusación, que atribuye el mismo grado de responsabilidad para la totalidad del grupo, pese a que no todos ellos llegaron a abusar de la víctima o si, alguno de los imputados será beneficiado con una calificación más leve.

ACM con información de agencias.

Mientras escribo esto, los mensajes que llegan a mi teléfono uno detrás de otro son varios. Uno de ellos es de Georgina Orellano, la Secretaria General de AMMAR mostrándonos fotos de las marcas que le dejó la policía. El martes a la noche intentando intervenir una situación de violencia institucional de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacia trabajadoras sexuales trans en Constitución, la situación escaló de manera violenta y ella terminó golpeada y detenida. En otro grupo, avisan que, en España, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Garantías Integral de la Libertad Sexual, una supuesta Ley feminista que si se aprueba en septiembre en Diputados, criminalizará la cesión de espacios para el ejercicio del trabajo sexual y el establecimiento de relaciones laborales dentro del mismo en el estado español.

Hace meses la preocupación de las trabajadoras sexuales en España no es sólo la crisis económica que nos deja la pandemia sino dos proyectos de ley impulsados por dos partidos políticos distintos ahora mismo en campaña electoral y que buscan terminar con la prostitución, ambos con supuestas estrategias distintas, pero que perjudicarían las vidas y maneras de susbsistir de las putas.

Esta ley llamada coloquialmente “Sí es Sí” impulsada por Irene Montero, del Ministerio de Igualdad español, dice que protegerá la libertad sexual de las mujeres, centrándose en el consentimiento, estableciendo asistencia para delitos sexuales y fundamentalmente diciendo que ante la ausencia de un “sí ”explícito de nuestra parte, no existe el consentimiento, algo bastante problemático ya que las relaciones sexuales son un poco más complejas que eso. Este artículo de Clara Serra explica muy bien por qué tendría un impacto negativo darle el poder al Estado para que regule nuestros deseos y relaciones. Más allá del punto principal de la Ley, en un apartado se menciona a las personas en contexto de prostitución, haciendo referencia a que aunque “existiese el consentimiento”, las relaciones que tengamos con personas que nos alquilen departamentos o habitaciones para vivir o trabajar, son explotación y por lo tanto serán perseguidos y multados.

Esta reforma del código penal español penalizaría lo que llaman la “tercería locativa”, algo que existía en el código penal de la época de la dictadura franquista en el año 1973 y que pretende volverse a imponer ahora. Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el proceso militar que permite la detención de hasta 30 días por ejercer el trabajo sexual en la calle.

Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el gobierno militar

La realidad es que las putas compartimos departamentos, subalquilamos entre nosotras, trabajamos donde vivimos, muchos departamentos son regenteados por ex trabajadoras sexuales de mayor edad que al no poder jubilarse siguen ejerciendo en el comercio sexual pero organizándolo porque es de lo que conocen y saben.

Si se aprueba la Ley del “Sí es Sí” en España, todas podemos ser acusadas y perseguidas por el delito de trata, algo que ya sucede en Argentina ya que la Ley de trata no distingue realmente qué es trata y qué no, sino que toda relación que tengamos con nuestro entorno -secretaria, chofer, quien cobre y organice el alquiler donde vivimos- está explotándonos y es penado con cárcel. No por nada en Argentina el 30% de las personas que están presas por el delito de trata son mujeres, siendo en España el 40%, la mayoría siendo trabajadoras sexuales o ex trabajadoras sexuales que se dedican a organizar el comercio sexual al no poder acceder a una jubilación.

El trabajo sexual es el único trabajo donde toda relación que en otra profesión es totalmente normalizada, es criminalizada y juzgada desde una perspectiva moral. Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras, sino porque para el abolicionismo y la sociedad, toda relación que tenemos es de abuso y explotación.

Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras

Las putas queremos poder denunciar cuando alquilamos en España una habitación de dos metros sin ventana a 250 euros por semana, cuando optamos por trabajar en un burdel y se quedan con el 50% o más y poniendo ellos sus condiciones. Queremos denunciar que no tenemos acceso a la vivienda ni a contratos de trabajo que nos permiten vivir o alquilar y que terminamos trabajando para terceros que nos explotan laboralmente aprovechándose de que no tenemos ningún derecho reconocido porque trabajar de manera independiente suele ser algo complicado y que muy pocas pueden hacer.

Los clubs y prostíbulos no van a cerrar: van a seguir existiendo en la clandestinidad y con la clandestinidad las condiciones laborales para las trabajadoras que ya son pésimas, serán aún peor. Y como señala Linda Porn, trabajadora sexual, migrante y madre soltera, esta ampliación del artículo187.2 es clasista, racista y machista debido a que el sector del trabajo sexual se compone mayoritariamente de personas trans, migrantes, ilegales, madres solteras y personas pobres que actualmente trabajan sin derechos laborales y en concreto sin los derechos laborales básicos. Este tipo de ley afectará a todas las trabajadoras sexuales también incrementando el estigma pero no afectará a todas por igual. Quienes serán el blanco principal de la policía siempre serán las trabajadoras sexuales con menos recursos.

Además de esta Ley, la diputada Carmen Calvo, una de las grandes opositoras a la Ley trans en España, acaba de anunciar una campaña que pretende abolir la prostitución diciendo que ya tiene el borrador de la misma. En 2018 ya había intentado imponer una Ley contra la trata que buscaba penalizar al cliente y ahora, tres años después, vuelve con una propuesta similar que “permita impedir la prostitución” con el argumento de “No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. El plan buscará no solo ”sacar a las mujeres de la prostitución“ sino darles alternativas, ”de verdadero trabajo, porque la prostitución no es trabajo, es una esclavitud“.

¿Cuál sería el verdadero trabajo, Carmen Calvo? ¿Trabajar limpiando su casa? ¿Qué vuelva a mis trabajos precarios de camarera o en el call center? ¿Esos trabajos mal pagos y con malas condiciones laborales que como persona con problemas de salud mental que me dificultan mantener trabajos de ocho horas o más todos los días me son imposibles de sostener pero que a usted le parecen más dignos simplemente porque no uso mi sexualidad? ¿Esos puestos laborales también en precariedad y feminizados como trabajadora de limpieza o costura que pretenden que ejerzamos en los cursos de alternativas laborales que brinda el estado abolicionista para las personas que ejercemos la prostitución?

Para quienes luchamos por la legalización del aborto, sabemos cómo la prohibición y criminalización de algo que existe y que es imposible de impedir, solo hace que esto suceda en la clandestinidad y con más derechos vulnerados. ¿Por qué con la prostitución pasaría lo contrario? ¿Por qué hay personas que aunque no abortarían ellas mismas entienden que las demás tienen derecho a hacerlo en condiciones donde no corra riesgo su vida? ¿Por qué con la prostitución sí se puede legislar de acuerdo a una opinión y perspectiva moral frente a la sexualidad pero en otras leyes nos oponemos y luchamos para que no suceda?

Todo esto aparece en un contexto dentro del estado Español, no solo a un año de una pandemia donde todos los trabajadores fuimos afectados, sino luego de un año donde las trabajadoras sexuales no recibieron ningún tipo de ayuda desde el Gobierno por lo que nos organizamos nosotras mismas para acercarnos alimentos y algo de plata para ayudar a pagar el alquiler. Cerraron los clubs de alterne y más de 60.000 mujeres, muchas de las cuales no solo trabajaban sino que vivían ahí, quedaron en la calle sin ninguna alternativa, ayuda o solución. Por esos primeros meses circulaban mensajes de desesperación y otros de llamados a la calma para poder organizarnos, armar un crowdfunding, alertarnos de alguna situación crítica de alguna compañera y buscar qué hacer. Así armamos redes de apoyo y de supervivencia, mientras varias activistas abolicionistas festejaban que gracias al coronavirus veían el fin de la prostitución . Ahora la situación sigue siendo crítica ya que estamos viviendo el impacto económico del Covid-19, la falta de dinero de los clientes y con ello nuestra desestabilidad económica que nos impide pagar el alquiler y para la mayoría, dar de comer a sus hijos. Estudios demuestran que más del 80% de las TS son madres o tienen a una persona dependiente a cargo. Como el resto de los trabajadores que se suben a un subte abarrotado de gente en hora pico para ir a trabajar, las putas también nos estamos poniendo en riesgo todos los días exponiéndonos al coronavirus y trabajando igual porque sino no comemos. La diferencia es que, en países donde la prostitución está descriminalizada y reconocida como un trabajo como Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales accedieron a ayudas o pudieron tener su derecho al paro, un subsidio que se recibe por situación de desempleo o la imposibilidad de trabajar. 

Ambas leyes, que se presentan entre sí como una carrera entre dos feministas institucionales de partidos distintos para ver quién gana y se queda como la autora de una ley que persiga la prostitución, no contaron con ninguna trabajadora sexual para el armado de las mismas: la petición de reunirnos con el Ministerio de Igualdad en España sigue siendo sido ignorada. 

¿Puede legislarse a través de valores morales y dogmas ideológicos sin pensar en las personas a las que impactarán esas reformas y en las consecuencias terribles en sus vidas?

Irene Montero, una de las ministras españolas detrás de la ley respondió a la pregunta que le hizo una periodista en un canal de televisión acerca de qué pasará con las prostitutas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que quedarán desamparadas sin nadie que les alquile un lugar donde vivir o trabajar por miedo a ser perseguidos y multados por proxenetas: “Ese es el debate del feminismo: Yo soy abolicionista.”

¿Por qué nuestras vidas son un debate? ¿Por qué una Ministra puede darse el lujo de pasearse por la televisión hablando de nosotras mientras nos niega una reunión para escucharnos lo que tenemos para decir sentenciando que la decisión ya ha sido tomada en base a una posición moral más allá de los efectos reales que empujaran a las putas a aún más clandestinidad? ¿Sucedería lo mismo con tanta tranquilidad si se hablara y decidiera así sobre otro sujeto político? ¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas que solo promueven más punitivismo y no el reconocimiento de derechos que tanto merecemos para poder enfrentarnos a la explotación laboral, el estigma y la marginalización que nos enfrentamos día a día? 

¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas?

¿Por qué en un contexto de pleno desamparo frente a la crisis económica que afrontamos ahora, por lo único que hablan sobre las putas es para perseguirnos? Perseguir nuestro entorno y a los clientes solo aumenta nuestra marginalización, vulneración y estigma y así lo han demostrado organismos internacionales como Amnistía Internacional. No queremos regulación ni reglamentación, queremos decriminalización y un marco de derechos. Queremos contar con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Queremos dejar de enfrentarnos a multas, persecuciones, hostigamiento por parte de la policía y violencia institucional. Queremos que termine el acoso y odio por parte de un sector del feminismo que ataca a quienes damos la cara y nos sindicalizamos. Queremos que dejen de obligarnos a “reinsertarnos socialmente” dándonos trabajos aún más precarizados. Queremos que si una persona es víctima de trata, se le brinden los recursos necesarios para que salga de esa situación. Queremos que si una compañera quiere dejar de ejercer la prostitución, tenga acceso a otras alternativas laborales reales y no lo que se ofrece actualmente. Queremos la abolición de la Ley de extranjería que es la que sigue perpetuando que exista la trata y la violencia hacia las personas migrantes.

Queremos trabajar sin ser perseguidas por la policía ni por el feminismo institucional.

No deberíamos estar en el año 2021 aún pidiendo esto. 

MR

Nota de la autora: las trabajadoras sexuales junto a aliadas feministas pro derechos lanzamos un Manifiesto en contra de la reforma de la Ley de Libertades Sexuales “Sí es Sí” en España y que ya cuenta con más de 3.000 firmas. Podés sumar tu firma para detener la criminalización a las trabajadoras sexuales y mostrar apoyo por el reconocimiento de derechos.

En el contexto de diversos debates que atravesaban al feminismo francés en los años dos mil, Judith Butler, en una entrevista en la que se le preguntaba su opinión acerca de las controversias del momento, se remontaba a la escisión del feminismo norteamericano en los años 80. Butler recordaba el debate abierto por Catherine MacKinnon sobre el acoso sexual, punto de inicio de un cisma dentro del movimiento feminista que ha llegado hasta hoy. En The sexual harassment of working women (1979), MacKinnon problematizaba la capacidad de las mujeres trabajadoras para decir “no” a las insinuaciones sexuales de hombres en posiciones de poder. La autora quería poner sobre la mesa el hecho de que en los contextos laborales las mujeres que rechazaban invitaciones sexuales por parte de sus jefes se exponían a represalias y que, por lo tanto, su capacidad de consentir y expresar su voluntad quedaba en entredicho. 

Esta llamada de atención de MacKinnon sobre los espacios laborales -a los que Butler añade los espacios universitarios y podríamos añadir otros ejemplos en los que se da una gran concentración de poder en puestos mayoritariamente ocupados por hombres (pensemos, por ejemplo, en el ejército)- podría haber tenido como conclusión que hay que contextualizar la sexualidad. Cuando una persona tiene un gran poder sobre la vida de otra y tiene, en consecuencia, la posibilidad de abusar de ese poder, podríamos ser puntualmente, y en algunas ocasiones debidamente justificadas, más exigentes con las pruebas o garantías que necesitamos para dar por buena la capacidad de consentir de las personas en posiciones subalternas, generalmente las mujeres. 

Del acoso sexual a la sexualidad como acoso

Sin embargo, como dice Butler, “Catherine MacKinnon tomó una dirección diferente. Pronto añadió a su argumento inicial que los hombres tienen el poder y que las mujeres no lo tienen; y que el acoso sexual es un modelo, un paradigma que permite pensar las relaciones sexuales heterosexuales como tales. En alianza con Andrea Dworking, MacKinnon llega a describir a los hombres como si siempre estuvieran en la posición dominante, y como si la dominación fuera su único objetivo, así como su único objeto de deseo sexual. A mi parecer, esta evolución fue un error trágico. En consecuencia, la estructura del acoso sexual dejaba de ser concebida como una contingencia determinada por un contexto institucional: se generalizó hasta el punto de manifestar una estructura social en la que los hombres dominan y las mujeres son dominadas. Por tanto, las mujeres eran siempre víctimas de chantaje, se encontraban siempre en un ambiente hostil. Peor todavía, el mundo mismo era un ambiente hostil y el chantaje era simplemente el modus operandi de la heterosexualidad” (Butler, 2003). Esta extensión del acoso sexual, convertido en la lógica misma de la sexualidad, llevó al feminismo abolicionista a considerar el sexo como un terreno inevitablemente peligroso para las mujeres, a convertir la pornografía en el símbolo y la representación privilegiada de ese paradigma sexual, a demandar un fuerte papel protector del estado y a poner en marcha políticas prohibicionistas y punitivas en nombre de nuestra seguridad. Bajo las premisas de un enorme sistema de abuso de poder generalizado, el feminismo generalizó también, y de modo igualmente sistemático, la incapacidad que las mujeres tenemos de dar nuestro consentimiento. Y este feminismo no solamente puso en entredicho la capacidad de decir “no” que tenían las mujeres en el terreno de la pornografía o de cualquier forma de trabajo sexual. Declaró antifeminista el sadomasoquismo y otras muchas formas supuestamente violentas o denigrantes de sexualidad ya que, aunque las mujeres las aceptaran -aunque dijeran explicitamente sí- no estaban en condiciones de consentirlas con libertad. Así, el abolicionismo norteamericano infantilizó a las mujeres y restauró en nombre del feminismo un puritanismo sexual que encontró felices alianzas con el moralismo conservador de la derecha americana de Reagan. 

De la Manada como caso a la Manada como modelo

Aquellos debates norteamericanos, pertinentes para Butler para pensar las encrucijadas del feminismo francés de hace dos décadas, son igualmente iluminadores para comprender nuestro propio contexto de hoy. Los últimos años los periódicos y las televisiones se han llenado de casos en los que la capacidad de las mujeres para consentir una relación sexual -bien por ser menores de edad, por haber consumido drogas, por estar inconscientes- se veía completamente anulada o seriamente comprometida. Este tipo de ejemplos han cobrado una enorme presencia, sobre ellos hemos centrado nuestros análisis y nuestros imaginarios para pensar la libertad sexual. El caso de la Manada es probablemente el acontecimiento más relevante de un giro que, como el feminismo de MacKinnon, nos lleva a una mirada sobre la sexualidad que toma la parte por el todo. Así como las relaciones sexuales en contextos laborales nos obligaban a pensar el consentimiento en condiciones de especial desigualdad institucional, el caso de la Manada ponía sobre la mesa que puede haber ocasiones en las que una importante desigualdad o un contexto altamente intimidatorio -por ejemplo cinco hombres en un portal- ponga especialmente en cuestión la libertad de una mujer para expresar su voluntad. En efecto, a veces no es posible decir “no” y es imprescindible que nuestras leyes tengan instrumentos para juzgar correctamente esos casos excepcionales, pero como dice Lucía González Mendiondo, “no podemos actuar contra las agresiones sexuales tomando La Manada como modelo”. Una cosa es pedir que las leyes tengan herramientas para abordar correctamente los contextos particulares en los que el consentimiento está comprometido, resulta particularmente problemático o está directamente imposibilitado. Otra muy distinta es extender una visión de la sexualidad en la que las mujeres son, más allá de todo contexto, incapaces de decir siempre que no o expresar la voluntad. Pensar la sexualidad como si las mujeres estuviéramos siempre en condiciones de desigualdad insuperable, como si siempre estuviéramos en peligro, como si la intimidación no se produjera en determinados contextos sino que el sexo fuera siempre intimidatorio, es altamente reaccionario. Consolida la tradicional imagen femenina de la fragilidad y la vulnerabilidad y acaba reproduciendo el lugar que el patriarcado siempre ha asignado a las mujeres y fortificando los límites de nuestra libertad sexual.

Del "no es no" al "sólo sí es sí”

Este giro en la mirada sobre la sexualidad ha sido en parte potenciado por el uso que ha tenido el lema “sólo sí es sí” en un contexto social sacudido por el caso de La Manada. El problema, justamente, es ese. El contexto amenazador de aquel portal oscuro no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad al instaurar un escenario de peligro que acaba trayendo consigo la negación de nuestra voluntad. 

Si el lema “no es no” ha sido tan importante para expresar las demandas de libertad del feminismo es porque hace saber a la sociedad y a los hombres que en cualquier momento las mujeres pueden retirar su consentimiento en el marco de las relaciones sexuales y que esa negativa, una expresión explícita de la voluntad, debe ser absolutamente respetada. Ese mensaje es importante no sólo hacia los hombres, es importante para todas las mujeres. Porque, en efecto, rompe con las demandas de disponibilidad y complacencia que una educación patriarcal nos hace a todas nosotras y porque nos dice que esa ruptura es posible, que somos capaces de hacerla, porque nos anima a tomar la palabra, porque nos empuja y nos empodera. Todas sabemos lo que pesan los mandatos de género patriarcales: decir que no requiere un aprendizaje, es una superación y una conquista. Ayudarnos entre todas a aprenderlo es una tarea feminista y este lema expresa la voluntad de llevarla a cabo. Los hombres deben aprender a respetar la voluntad de las mujeres, las mujeres tenemos que aprender a expresarla. Y es esa confianza en que podemos ser capaces de decir que no -junto a la garantía legal de que ese no será respetado- la que puede dar a las mujeres seguridad no sólo en el Estado y su intermediación, sino seguridad en nosotras mismas. Es esa seguridad la que puede empoderarnos para adentrarnos con confianza y libertad en un terreno sexual que solamente si deja de ser puro peligro, podrá ser también un lugar en el que nos esperan placeres. El sexo no es solo un campo de amenazas pero tampoco está exento de zonas oscuras, de dudas y falta de certezas. Las mujeres seremos más libres si tenemos herramientas para asumir las incertidumbres de la sexualidad y salir ilesas de ellas, si no cambiamos los riesgos que acompañan a la libertad por proteccionismos securitarios.

El giro hacia el lema “solo sí es sí”, vinculado a los casos judiciales en los que expresar una voluntad clara no es posible -ni por tanto exigible hacia las mujeres-, nos lleva más bien a un escenario en el que, en ausencia de un sí explícito, hay que presumir la negativa sistemática de las mujeres. Todo lo que no sea un clarísimo sí ha de ser entendido como un clarísimo no. A pesar de que pueda parecer un lema afirmativo, supone una extensión del campo del no y comunica a toda la sociedad que, por defecto, las mujeres no desean sexo. ¿Es esta una imagen empoderadora? ¿Rompe con los estereotipos patriarcales? ¿O acaso los consolida y los refuerza?  Este lema, de nuevo, no manda solo un mensaje a la sociedad, lo manda también a las mujeres. Asume la ausencia generalizada de las condiciones para decir que no, renuncia a trabajar para hacernos más capaces de expresarlo y, dada por perdida esa posibilidad, otorga al Estado protector el deber de decirlo por todas nosotras.

De la libertad a la seguridad

Algunos de los discursos que han sido hegemónicos estos años han comprado por completo, como el feminismo americano abolicionista,  la idea de que el gran obstáculo para la libertad sexual de las mujeres es la sexualidad depredadora de los hombres. Olvidan que ese no es ningún relato que no haya explotado ya el propio patriarcado, que lleva siglos advirtiendo a todas las caperucitas del peligro que suponen los lobos. Lo realmente peligroso para nuestro orden social es el placer sexual de las mujeres y la principal manera de restringirlo ha sido asociar el sexo al peligro y fomentar nuestro miedo. Ese miedo existe, es real y las mujeres lo conocemos. ¿Pero cuáles son los discursos feministas que necesitamos para afrontarlo? Es importante preguntarnos si la explotación mediática y política que los últimos años se ha hecho de determinados imaginarios no ha contribuido en parte a una extensión del acoso no como caso particular sino como modelo, como paradigma, como lógica generalizada de las relaciones sexuales. Y si esta hipertrofia del poder de los hombres y de la vulnerabilidad de las mujeres no puede devenir paralizante para nuestro deseo. Debemos preguntarnos si determinados discursos no han servido en parte para fortalecer los roles pasivos que el patriarcado asigna a las mujeres, si ciertos marcos que estamos asentando no invisibilizan y niegan justamente las desobediencias femeninas. Cuando las mujeres toman la iniciativa, cuando se arriesgan a explorar lo que desean, cuando se lanzan sin tener todo asegurado, cuando asumen las incertidumbres que implica ser parte activa en la negociación de sus deseos, cuando exploran los deseos propios y ajenos -sin tener, por cierto, un sí explícito por el otro lado-, lo hacen justamente desoyendo los mandatos patriarcales. ¿No es eso justamente ganar libertad sexual para las mujeres? ¿No hay que avanzar por ese camino? ¿No hay que ensanchar esas posibilidades? ¿Por qué pensamos que regular ese juego solo restringe la iniciativa de los hombres? ¿No restringe también la libertad sexual de las mujeres? 

“Hay un error muy grande que está ocurriendo en algunos feminismos -dice Rita Segato-: una presión para entregar a una instancia ajena (el Estado) la negociación de nuestro deseo.” La promesa securitaria de un sexo sin ambigüedades ni oscuridades, de un sexo explicitado, previamente pactado y garantizado por un Estado que vela por su transparencia supone asumir que en una sexualidad más espontánea y menos regulada solo ganan los hombres. Supone, por tanto, olvidar que si el control y la vigilancia sexual ha tenido unas perjudicadas estas han sido fundamentalmente las mujeres. 

Negar el consentimiento en nombre del consentimiento

¿Qué pasa cuando, en lugar de contextualizar la sexualidad, convertimos el abuso sexual  en un paradigma? ¿Cuáles son las consecuencias de considerar que todas somos demasiado pequeñas para la magnitud de los peligros, que todas estamos ante un jefe acosador, que todas somos estudiantes ante el poder de un profesor, que todas somos niñas entre lobos, que todas estamos en un portal oscuro, que todas somos menores de edad, que todas tenemos nuestra voluntad anulada? ¿Cómo haríamos si tuviéramos que proteger a las mujeres no de ciertos contextos hostiles sino de un mundo mismo que se ha vuelto hostil? Ese error trágico al que hacía referencia Butler es el que separa dos feminismo muy distintos. Uno dedicado a legislar para hacer posible que las mujeres puedan decir “no”, porque es eso justamente lo que amplía la posibilidad de poder explorar sus deseos sin miedo. Un feminismo comprometido, por tanto, con poner en marcha en el mundo las condiciones -a veces jurídicas pero sobre todo económicas, educativas, culturales, etc- de nuestra independencia y nuestra libertad. El otro feminismo posible es el que nos aboca a resignarnos en nuestra indefensión, que asume que siempre seremos víctimas, que no podremos decir que “no” y que aspira, a lo sumo, a mitigar el dolor y penalizar los daños. 

Actualmente está en debate en nuestro país una propuesta de Ley de libertades sexuales que incorpora entre sus artículos algunas propuestas positivas pero que, en conjunto, supone la consolidación de un giro conservador en la manera de abordar la sexualidad. Partiendo de la premisa de que las mujeres tienen más necesidad de seguridad y protección que de libertad, esta reforma legislativa está centrada en la protección de la violencia y no en la ampliación del campo del placer, implica una apuesta securitaria por la regulación de nuestro deseo y por el arbitraje estatal sobre la sexualidad. Es decir, amplía el papel del Estado en las negociaciones sexuales porque asume que decir “no” por parte de las mujeres no es difícil a veces, es difícil siempre. Implica, por consiguiente, una extensión del punitivismo. Propone la creación de nuevos delitos, entre ellos un nuevo delito de acoso sexual que pretende combatir el machismo y los comportamientos sexistas leves mediante el código penal. ¿De verdad cuando el feminismo tiene tanta hegemonía hemos de combatir los comportamiento sexistas que nos incomodan con multas y penas y no a través de la cultura, la educación y las batallas ideológicas que estamos en condiciones de librar? 

Y, por último, supone una limitación de nuestro consentimiento y una negación de nuestra voluntad, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico delitos de explotación sexual que quedan fijados “aún con el consentimiento de la persona”. Ahora bien, esa indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras del sexo que forma parte del pensamiento abolicionista no es solo un cuestionamiento hacia la capacidad de consentir de las prostitutas, es la consecuencia inevitable de un feminismo que ya ha puesto en duda y de modo generalizado la capacidad de consentir de todas las mujeres. Y es que, en efecto, como demuestra la evolución del feminismo radical americano, el abolicionismo no es solo una posición concreta limitada al asunto de la prostitución, es una filosofía y una manera de pensar la sexualidad. La alerta de Judith Butler tiene plena vigencia hoy: se empieza poniendo en cuestión la capacidad de las mujeres para decir que “no” más allá de ciertos contextos cuidadosamente limitados y se acaba cuestionando a las mujeres también cuando dicen que sí. Por eso esta reforma, defendida en nombre de la centralidad del consentimiento, incorpora lo que siempre ha incorporado el feminismo conservador y securitario, una negación de nuestro consentimiento. En otras palabras:  una desconfianza en nuestra libertad. 

CS