Si hay un tema que ha dividido históricamente al feminismo ese es, sin duda, la prostitución. Desde la teoría –cuál es el significado de la prostitución y su contribución al patriarcado–, a la práctica –cómo abordar el asunto con políticas concretas y cuáles pueden ser los efectos colaterales– pasando por los interrogantes y el debate –¿no es también el trabajo doméstico una institución patriarcal sostenida mayoritariamente por mujeres explotadas?, ¿es posible decidir libremente cuando no tienes otras opciones?, ¿hay un sexo bueno y uno malo?–. Lo que sucede en muchos países también pasa en España. La ley del solo sí es sí, primero, y la proposición de ley del PSOE para luchar contra el proxenetismo después, han vuelto a traer a la arena política el debate.

Más allá de la polarización, alimentada por la pugna política sobre la hegemonía de las políticas de igualdad, el debate cuenta también con voces feministas matizadas. Entre el binomio aparentemente inamovible de abolición o regulación hay posiciones que toman ideas y propuestas de ambos lados, que comparten objetivo pero no necesariamente argumentos y medidas o que apuestan por no poner el foco en la división e intentar construir consensos.

Exdirectora del Instituto de las Mujeres y ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Beatriz Gimeno es una de las feministas abolicionistas que más ha investigado y escrito sobre el asunto. Se muestra rotundamente abolicionista y partidaria de la propuesta que ha presentado el PSOE y que ha sido admitida a trámite en el Congreso. Cree, eso sí, que no se le puede denominar una ley abolicionista. “Es una modificación del Código Penal para penalizar el proxenetismo. Una ley abolicionista tiene que ser una norma completa, con medidas de apoyo, con itinerarios reales de salida de la prostitución y que tenga en cuenta que el 80 o el 90% de quienes la ejercen están en situación irregular”, explica. Gimeno pone como ejemplo la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional que ha elaborado la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución y que sí incluye todo un capítulo dedicado a medidas concretas para las mujeres.

Gimeno subraya que la abolición debería pasar necesariamente o bien por la derogación de la Ley de Extranjería o bien por una reforma y una regularización que permitiera a las mujeres en situación irregular salir de la espiral de vulnerabilidad y miedo. Es ese punto, el de cambiar la Ley de Extranjería, el que quizá genera más consenso entre distintas posiciones. La socióloga Amparo Lasén, crítica con los postulados teóricos que sostienen las posiciones más abolicionistas, sostiene que no puede descontextualizarse la prostitución de las condiciones en las que se da. “¿Qué posibilidades tienen estas mujeres de hacer otras cosas?, ¿cuál es su situación legal?”, se pregunta. Abordar la Ley de Extranjería es también para ella condición indispensable para mejorar la situación legal y el marco en el que se mueven las mujeres que ejercen la prostitución.

Trata, explotación, prostitución

Lasén afirma que hay que diferenciar fenómenos que, aunque se relacionan, tienen diferencias, como es la prostitución, la trata y la explotación. “Me preocupa la precariedad, la trata y la explotación, pero toda, la que tiene fines de explotación sexual, pero también la laboral, la que se produce para el trabajo doméstico o el trabajo agrícola. Me preocupa la falta de derechos y la vulneración de quienes se dedican la trabajo sexual”, dice. “Al mismo tiempo no puedo obviar que hay una estigmatización de la prostitución que está relacionada precisamente con la precariedad o que está atravesada por la dominación masculina y el género, pero como lo está el resto de la sociedad o de las relaciones laborales. ¿O no están atravesadas por el patriarcado las condiciones del empleo doméstico?”, prosigue.

Para Martina Kaplún, experta en género y trata que se define como abolicionista, la prostitución “atenta contra la mera idea de igualdad entre hombres y mujeres” y no comparte la idea de que pueda ser considerado “un trabajo como otro cualquiera”. En lo que sí insiste es en diferenciar fenómenos, aunque considera “clave” no hacer “una minimización” del peso de la trata en la prostitución. “Son diferentes y confundirlo no es un discurso que ayuda. No es lo mismo una mujer que se ha visto abocada a la prostitución por necesidad que otra que ha sido trasladada de otro país y obligada y forzada”, sostiene Kaplún. Aún así, reconoce que no se puede obviar que “tienen una relación muy estrecha” y que existe la trata donde existe la prostitución. “Los consumidores y el mercado son los mismos. Y esto hay que decirlo claramente”, añade.

Pobreza y machismo

Más de 20 años lleva trabajando la Fundación Cruz Blanca con mujeres en situación de prostitución. Su modus operandi se basa en una primera fase de acercamiento para ofrecerles posteriormente servicios como asesoría jurídica, mediación, talleres, atención psicológica o acompañamiento. Su objetivo fundamental es “dar apoyo” a las mujeres que así lo demanden y necesiten y se abren a hacerlo con organizaciones con las que incluso no comparten posición en el complejo debate sobre cómo abordar la prostitución. No significa que no hayan tomado partido: la fundación se define como abolicionista y considera la prostitución una actividad “incompatible con la dignidad humana” y con “la igualdad o la libertad” y que debe desaparecer porque “no tiene cabida en una sociedad avanzada”.

“Las mujeres que se encuentran en una situación de prostitución están sufriendo una situación análoga a la tortura”, remacha la Referente de Programas de Trata de la entidad, Carmen Martínez-Raposo. Sin embargo, la fundación defiende un abordaje del problema “integral” que vaya “al fondo”, y entre otras cosas, menciona la Ley de Extranjería: “Hay un montón de sistemas que se yuxtaponen y un entramado muy complejo al que hay que dar una respuesta amplia más allá del debate sobre la prostitución. La mayoría de mujeres están invisibilizadas porque están en una situación irregular y se ven abocadas a la prostitución como única alternativa. Y eso hay que atajarlo de raíz”, añade.

Coincide con ella Kaplún, que se niega a pensar que los habituales bloques en los que suele separarse el debate sean irreconciliables. “Debemos intentar construir acuerdos poniendo a las mujeres en el centro y dejarnos de grandes eslóganes que no construyen, sino que generan vacíos. Para mí, el abolicionismo es un camino al que debe ir la sociedad y aquí y ahora, en nuestro contexto, pasa sobre todo por construir políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres”, sostiene la experta, que ve “muy interesante” el debate en términos teóricos, pero cree que “en la práctica” es “útil” intentar llegar a consensos.

Kaplún apunta a un abordaje que se centre en la conexión “enorme” que se da entre “prostitución y pobreza y prostitución y machismo” y llegue a “atacar las causas estructurales que lo posibilitan”. Por eso, para ella, la aproximación al abolicionismo pasa por “plantear un enfoque de derechos humanos real en cuestiones como la salud o la vivienda. ¿Cuántas de estas cuestiones estaríamos cerca de resolver si hubiera un parque público de vivienda social disponible para mujeres en situación de pobreza? ¿O una renta básica, por ejemplo?”, se pregunta.

Esa conexión es la que también apunta María José Barrera, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “Nos sacan esta ley sin el plan de inserción para prostitutas que han pregonado. Las puertas de la prostitución son los servicios sociales. La mayoría de prostitutas no accedemos a ayudas ni a medidas de estas porque no cumplimos los requisitos. Y, además, ¿de todo esto que prometen se podrán beneficiar las inmigrantes sin papeles? Nosotras también queremos abolir todo el sistema y ojalá la prostitución no existiera, pero reivindicamos que las trabajadoras sexuales tengamos derechos. Esta ley no va a hacer que la prostitución desaparezca, como no ha sucedido en otros países”, critica. Barrera señala las contradicciones de la situación actual, como que el Congreso debata esta ley mientras “han dado licencias a los empresarios para sus clubes” o la prostitución cuente para el PIB.

Endurecer el Código Penal

La propuesta presentada por el PSOE, que fue admitida a trámite con el apoyo del PP y el voto dividido de Unidas Podemos –los siete diputados de En Comú Podem se desmarcaron del sí del resto del grupo confederal–, propone endurecer el castigo del proxenetismo no coactivo, multar a los clientes e introducir la figura de la tercería locativa para perseguir a los dueños de los locales y clubes. Todo ello sin necesidad de que exista explotación de la prostitución ajena, como exige actualmente la ley, e independientemente del consentimiento de las prostitutas

Beatriz Gimeno se muestra a favor de estos cambios: la sanción al cliente no acabará con la demanda, aventura, pero sí tendría “una función pedagógica” y en cuanto a las otras dos medidas considera que ayudan a remover obstáculos para perseguir el proxenetismo. Sin embargo, no todas las voces abolicionistas los ven con buenos ojos. Desde la Fundación Cruz Blanca, Martínez-Raposo sí piensa que cuestiones como las multas a los clientes “pueden ayudar a desincentivar el consumo de prostitución”, pero “hay que tener mucho cuidado” porque “si no lo acompañamos de la garantía de que estas mujeres tengan otras alternativas y que sean reales, estaremos sumiéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad. Es algo así como: no te doy alternativas e imposibilito que puedas tener un sustento. Y esas alternativas debemos pensarlas bien. Por ejemplo, un programa de empleo, que sabemos que va a tener acceso un número limitado de mujeres porque muchas están invisibilizadas o en situación irregular”.

Kaplún, que defiende un enfoque “preventivo” y no “punitivo”, reconoce que “uno de los pilares del combate contra la prostitución tiene que ir por combatir a la industria proxeneta”, que es el objetivo que tiene la iniciativa que se está debatiendo con la reforma del Código Penal. “Los dueños de los clubes explotan a las mujeres”, zanja contundente la experta. Pero al mismo tiempo cree que este tipo de medidas “deben ponerse en cuarentena” porque “pueden acabar generando vulneración de derechos” al fomentar “que las mujeres sigan ejerciendo pero en condiciones de mayor clandestinidad debido a la falta de recursos sociales disponibles para ellas”.

La socióloga Amparo Lasén no está de acuerdo con que las políticas tengan que ir en esa dirección porque duda de sus efectos: “Hay que poner en el centro qué efecto van a tener esas políticas sobre las mujeres que ejercen la prostitución”. María José Barrera asegura que estos cambios “apenas rozarán una miajita” a los grandes empresarios de clubes, que cuentan, legalmente, con licencias de hospedaje. “Dicen que con esta ley no van a por nosotras pero la ley es interpretable y puede que se aplique a las putas organizadas o a las que dejan de serlo y montan sus pisos”, advierte.

Un largo camino le espera ahora por delante a la norma que ha abierto el melón sobre cómo encarar la prostitución en España, que ha estado políticamente relegado y que se escenificó durante el bronco debate en el pleno de esta semana. Fuera del hemiciclo, quienes trabajan cada día en ello, reclaman un trámite sosegado en el que se escuche a las propias mujeres. “A todas”, dice Kaplún. Para que en el laberinto sin salida en el que suele convertirse el debate cuando adopta la forma de dos bloques inmutables, se atisben salidas a través del consenso. “No se trata de no defender nuestro discurso, pero al final estamos aquí para buscar soluciones reales, no para discutir si somos más o menos feministas”, zanja Martínez-Raposo.

ARA/MB

Un 3 de diciembre de 1861, hace exactamente 160 años, Frederick Douglass brindó en una sala desbordada de público su “Conferencia sobre fotografía” (Lecture on Pictures). En el Tremont Temple de Boston, inició su discurso agradeciendo: “Tomo esta invitación como un cumplido hacia mi raza esclavizada. Habiendo convocado a muchos otros hombres provenientes de las más altas esferas de la ciencia, de la filosofía o el gobierno, ustedes también convocaron a alguien que viene de las plantaciones esclavistas”. 

Entre muchos otros puntos, la presentación rescató la “olvidada figura” de Louis Daguerre, el inventor de la primera forma de fotografía en conquistar el mundo a partir de 1839, y destacó el carácter democratizador de ese nuevo mercado de imágenes fotoquímicas: “La más humilde sirvienta puede tener hoy un retrato que la riqueza de los reyes no habría podido comprar hace 50 años”. 

La prensa exaltó su conferencia afirmando que, hasta ese momento, “nadie había logrado cristalizar con tanta claridad” la teoría y la práctica de la fotografía. El medio era relativamente nuevo, el sistema negativo-positivo que permitía la multiplicación infinita de copias estaba en pleno auge y el último estertor del aura benjaminiana subsistía aún en algunas pocas galerías daguerreanas. Así, Douglass, para entonces uno de los referentes centrales del movimiento abolicionista en los Estados Unidos, se convirtió también en un pionero de la teoría fotográfica. Dos décadas antes había comenzado a posar periódicamente ante la lente para obtener su “semejanza perfecta”. 

La Guerra de Secesión que terminaría con la esclavitud había comenzado en abril, diez meses antes de su conferencia, y él, por ser negro, no podía cargar armas ni luchar. A lo sumo aspirar a ser asistente personal de un coronel blanco. Prefirió dar charlas y conferencias. 

En 1845, con Narrativa de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano (1845), la primera de sus tres autobiografías, logró un éxito inmediato que lo insertó entre las voces destacadas del antiesclavismo. Nacido en una plantación de Talbot, Maryland, fue separado de su madre al nacer y solo la vio unas cinco veces antes de su muerte. Se rumoreaba que su padre blanco había sido su propio amo, Aaron Anthony. Nunca supo la fecha exacta en la que había nacido: “La gran mayoría de los esclavos -escribió- sabe tanto de su edad como los caballos de la suya, y es el deseo de muchos amos, a mi entender, mantener a sus esclavos en la ignorancia”. Sin embargo, descubrió la importancia de la instrucción cuando otro de sus amos, Hugh Auld, le prohibió a su mujer que le enseñara a leer y a escribir porque eso volvía a los esclavos “inaptos para el trabajo”. Reconocido orador, de una presencia majestuosa, combatió el racismo con la palabra y con la imagen. 

Pensaba el dispositivo fotográfico en la concepción esencialmente funcionalista que prevaleció en el siglo XIX. “Nuestra época es notable por mucho logros grandes y pequeños y sin embargo no hay otro más extraordinario que la cantidad, perfección, variedad y baratura de sus imágenes”, sentenció. 

Para él, la fotografía lograba expandir la capacidad de hacer y apreciar imágenes, facultad que distinguía a los humanos de los animales, y la cámara era una herramienta de la civilización contra la barbarie de la esclavitud. “Ha sido una queja de larga data para los reformistas sociales o los economistas políticos que siempre, en todos lados, la humanidad ha sido engañada con el fruto de su propio genio inventivo. No me voy a detener aquí a considerar si este amargo y extendido reclamo está correctamente fundamentado. Es suficiente por el momento que en el presente no se sustente contra el maravilloso descubrimiento e invención de Daguerre. Hombres de todas las condiciones sociales pueden ahora verse a si mismos como otras personas los ven”, reflexionaba Douglass. 

Sus retratos lo equiparaban con cualquier hombre blanco educado, en una época en la que la ciencia lo consideraba genéticamente inferior. Entendía la industrialización y el desarrollo tecnológico como un antídoto contra el anquilosado conservadurismo sureño. “Los pequeños sonidos del tic-tac de un telégrafo -así concluía su presentación- son como profecías de esperanza para el filántropo y señales de advertencia para los sistemas de esclavitud, superstición y opresión”. 

Prefería la foto a la pintura o a las litografías que se habían utilizado históricamente para ridiculizar despectivamente a los suyos. Jamás sonreía frente a la cámara y se presentaba empoderado, digno, prolijamente vestido. Fue un hábil gestor de su imagen pública y, en alguna medida, logró influenciar el modo en el que el hombre negro americano era representado. Simultáneamente, acompañó desde siempre la lucha feminista por el voto. Murió en 1895, poco después de llegar a su casa desde una reunión del Consejo Nacional de las Mujeres en Washington, donde había sido ovacionado. 

Se calcula que a lo largo de su vida se fotografió unas 160 veces -superando incluso a Abraham Lincoln-, a través de casi todas las técnicas existentes, hasta convertirse en la persona más retratada de su época en Estados Unidos y tal vez en el mundo. Un gesto central del antiguo esclavo que en 1838, disfrazado de marinero, logró escapar de la plantación hacia el norte y, algunos años más tarde, escribió: “Me presento esta noche ante ustedes como un ladrón. Le robé esta cabeza, estos miembros, este cuerpo a mi amo, y huí con ellos”. 

DS/CB

Mientras escribo esto, los mensajes que llegan a mi teléfono uno detrás de otro son varios. Uno de ellos es de Georgina Orellano, la Secretaria General de AMMAR mostrándonos fotos de las marcas que le dejó la policía. El martes a la noche intentando intervenir una situación de violencia institucional de parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacia trabajadoras sexuales trans en Constitución, la situación escaló de manera violenta y ella terminó golpeada y detenida. En otro grupo, avisan que, en España, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Garantías Integral de la Libertad Sexual, una supuesta Ley feminista que si se aprueba en septiembre en Diputados, criminalizará la cesión de espacios para el ejercicio del trabajo sexual y el establecimiento de relaciones laborales dentro del mismo en el estado español.

Hace meses la preocupación de las trabajadoras sexuales en España no es sólo la crisis económica que nos deja la pandemia sino dos proyectos de ley impulsados por dos partidos políticos distintos ahora mismo en campaña electoral y que buscan terminar con la prostitución, ambos con supuestas estrategias distintas, pero que perjudicarían las vidas y maneras de susbsistir de las putas.

Esta ley llamada coloquialmente “Sí es Sí” impulsada por Irene Montero, del Ministerio de Igualdad español, dice que protegerá la libertad sexual de las mujeres, centrándose en el consentimiento, estableciendo asistencia para delitos sexuales y fundamentalmente diciendo que ante la ausencia de un “sí ”explícito de nuestra parte, no existe el consentimiento, algo bastante problemático ya que las relaciones sexuales son un poco más complejas que eso. Este artículo de Clara Serra explica muy bien por qué tendría un impacto negativo darle el poder al Estado para que regule nuestros deseos y relaciones. Más allá del punto principal de la Ley, en un apartado se menciona a las personas en contexto de prostitución, haciendo referencia a que aunque “existiese el consentimiento”, las relaciones que tengamos con personas que nos alquilen departamentos o habitaciones para vivir o trabajar, son explotación y por lo tanto serán perseguidos y multados.

Esta reforma del código penal español penalizaría lo que llaman la “tercería locativa”, algo que existía en el código penal de la época de la dictadura franquista en el año 1973 y que pretende volverse a imponer ahora. Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el proceso militar que permite la detención de hasta 30 días por ejercer el trabajo sexual en la calle.

Que el punitivismo actual comparta mecanismos e ideologías con la dictadura no es novedad: en Argentina aún siguen vigentes códigos contravencionales que vienen desde el gobierno militar

La realidad es que las putas compartimos departamentos, subalquilamos entre nosotras, trabajamos donde vivimos, muchos departamentos son regenteados por ex trabajadoras sexuales de mayor edad que al no poder jubilarse siguen ejerciendo en el comercio sexual pero organizándolo porque es de lo que conocen y saben.

Si se aprueba la Ley del “Sí es Sí” en España, todas podemos ser acusadas y perseguidas por el delito de trata, algo que ya sucede en Argentina ya que la Ley de trata no distingue realmente qué es trata y qué no, sino que toda relación que tengamos con nuestro entorno -secretaria, chofer, quien cobre y organice el alquiler donde vivimos- está explotándonos y es penado con cárcel. No por nada en Argentina el 30% de las personas que están presas por el delito de trata son mujeres, siendo en España el 40%, la mayoría siendo trabajadoras sexuales o ex trabajadoras sexuales que se dedican a organizar el comercio sexual al no poder acceder a una jubilación.

El trabajo sexual es el único trabajo donde toda relación que en otra profesión es totalmente normalizada, es criminalizada y juzgada desde una perspectiva moral. Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras, sino porque para el abolicionismo y la sociedad, toda relación que tenemos es de abuso y explotación.

Al existir en clandestinidad, no podemos denunciar ni visibilizar situaciones de explotación laboral, de abusos o violaciones que nos sucedan ejerciendo nuestro trabajo no sólo porque no estamos reconocidas como trabajadoras

Las putas queremos poder denunciar cuando alquilamos en España una habitación de dos metros sin ventana a 250 euros por semana, cuando optamos por trabajar en un burdel y se quedan con el 50% o más y poniendo ellos sus condiciones. Queremos denunciar que no tenemos acceso a la vivienda ni a contratos de trabajo que nos permiten vivir o alquilar y que terminamos trabajando para terceros que nos explotan laboralmente aprovechándose de que no tenemos ningún derecho reconocido porque trabajar de manera independiente suele ser algo complicado y que muy pocas pueden hacer.

Los clubs y prostíbulos no van a cerrar: van a seguir existiendo en la clandestinidad y con la clandestinidad las condiciones laborales para las trabajadoras que ya son pésimas, serán aún peor. Y como señala Linda Porn, trabajadora sexual, migrante y madre soltera, esta ampliación del artículo187.2 es clasista, racista y machista debido a que el sector del trabajo sexual se compone mayoritariamente de personas trans, migrantes, ilegales, madres solteras y personas pobres que actualmente trabajan sin derechos laborales y en concreto sin los derechos laborales básicos. Este tipo de ley afectará a todas las trabajadoras sexuales también incrementando el estigma pero no afectará a todas por igual. Quienes serán el blanco principal de la policía siempre serán las trabajadoras sexuales con menos recursos.

Además de esta Ley, la diputada Carmen Calvo, una de las grandes opositoras a la Ley trans en España, acaba de anunciar una campaña que pretende abolir la prostitución diciendo que ya tiene el borrador de la misma. En 2018 ya había intentado imponer una Ley contra la trata que buscaba penalizar al cliente y ahora, tres años después, vuelve con una propuesta similar que “permita impedir la prostitución” con el argumento de “No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. El plan buscará no solo ”sacar a las mujeres de la prostitución“ sino darles alternativas, ”de verdadero trabajo, porque la prostitución no es trabajo, es una esclavitud“.

¿Cuál sería el verdadero trabajo, Carmen Calvo? ¿Trabajar limpiando su casa? ¿Qué vuelva a mis trabajos precarios de camarera o en el call center? ¿Esos trabajos mal pagos y con malas condiciones laborales que como persona con problemas de salud mental que me dificultan mantener trabajos de ocho horas o más todos los días me son imposibles de sostener pero que a usted le parecen más dignos simplemente porque no uso mi sexualidad? ¿Esos puestos laborales también en precariedad y feminizados como trabajadora de limpieza o costura que pretenden que ejerzamos en los cursos de alternativas laborales que brinda el estado abolicionista para las personas que ejercemos la prostitución?

Para quienes luchamos por la legalización del aborto, sabemos cómo la prohibición y criminalización de algo que existe y que es imposible de impedir, solo hace que esto suceda en la clandestinidad y con más derechos vulnerados. ¿Por qué con la prostitución pasaría lo contrario? ¿Por qué hay personas que aunque no abortarían ellas mismas entienden que las demás tienen derecho a hacerlo en condiciones donde no corra riesgo su vida? ¿Por qué con la prostitución sí se puede legislar de acuerdo a una opinión y perspectiva moral frente a la sexualidad pero en otras leyes nos oponemos y luchamos para que no suceda?

Todo esto aparece en un contexto dentro del estado Español, no solo a un año de una pandemia donde todos los trabajadores fuimos afectados, sino luego de un año donde las trabajadoras sexuales no recibieron ningún tipo de ayuda desde el Gobierno por lo que nos organizamos nosotras mismas para acercarnos alimentos y algo de plata para ayudar a pagar el alquiler. Cerraron los clubs de alterne y más de 60.000 mujeres, muchas de las cuales no solo trabajaban sino que vivían ahí, quedaron en la calle sin ninguna alternativa, ayuda o solución. Por esos primeros meses circulaban mensajes de desesperación y otros de llamados a la calma para poder organizarnos, armar un crowdfunding, alertarnos de alguna situación crítica de alguna compañera y buscar qué hacer. Así armamos redes de apoyo y de supervivencia, mientras varias activistas abolicionistas festejaban que gracias al coronavirus veían el fin de la prostitución . Ahora la situación sigue siendo crítica ya que estamos viviendo el impacto económico del Covid-19, la falta de dinero de los clientes y con ello nuestra desestabilidad económica que nos impide pagar el alquiler y para la mayoría, dar de comer a sus hijos. Estudios demuestran que más del 80% de las TS son madres o tienen a una persona dependiente a cargo. Como el resto de los trabajadores que se suben a un subte abarrotado de gente en hora pico para ir a trabajar, las putas también nos estamos poniendo en riesgo todos los días exponiéndonos al coronavirus y trabajando igual porque sino no comemos. La diferencia es que, en países donde la prostitución está descriminalizada y reconocida como un trabajo como Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales accedieron a ayudas o pudieron tener su derecho al paro, un subsidio que se recibe por situación de desempleo o la imposibilidad de trabajar. 

Ambas leyes, que se presentan entre sí como una carrera entre dos feministas institucionales de partidos distintos para ver quién gana y se queda como la autora de una ley que persiga la prostitución, no contaron con ninguna trabajadora sexual para el armado de las mismas: la petición de reunirnos con el Ministerio de Igualdad en España sigue siendo sido ignorada. 

¿Puede legislarse a través de valores morales y dogmas ideológicos sin pensar en las personas a las que impactarán esas reformas y en las consecuencias terribles en sus vidas?

Irene Montero, una de las ministras españolas detrás de la ley respondió a la pregunta que le hizo una periodista en un canal de televisión acerca de qué pasará con las prostitutas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que quedarán desamparadas sin nadie que les alquile un lugar donde vivir o trabajar por miedo a ser perseguidos y multados por proxenetas: “Ese es el debate del feminismo: Yo soy abolicionista.”

¿Por qué nuestras vidas son un debate? ¿Por qué una Ministra puede darse el lujo de pasearse por la televisión hablando de nosotras mientras nos niega una reunión para escucharnos lo que tenemos para decir sentenciando que la decisión ya ha sido tomada en base a una posición moral más allá de los efectos reales que empujaran a las putas a aún más clandestinidad? ¿Sucedería lo mismo con tanta tranquilidad si se hablara y decidiera así sobre otro sujeto político? ¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas que solo promueven más punitivismo y no el reconocimiento de derechos que tanto merecemos para poder enfrentarnos a la explotación laboral, el estigma y la marginalización que nos enfrentamos día a día? 

¿Por qué las vidas y opiniones de las putas valen tan poco que los políticos, y especialmente el feminismo institucional, manosean nuestras existencias a su favor y juegan con nuestras vidas para armar campañas electorales feministas?

¿Por qué en un contexto de pleno desamparo frente a la crisis económica que afrontamos ahora, por lo único que hablan sobre las putas es para perseguirnos? Perseguir nuestro entorno y a los clientes solo aumenta nuestra marginalización, vulneración y estigma y así lo han demostrado organismos internacionales como Amnistía Internacional. No queremos regulación ni reglamentación, queremos decriminalización y un marco de derechos. Queremos contar con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Queremos dejar de enfrentarnos a multas, persecuciones, hostigamiento por parte de la policía y violencia institucional. Queremos que termine el acoso y odio por parte de un sector del feminismo que ataca a quienes damos la cara y nos sindicalizamos. Queremos que dejen de obligarnos a “reinsertarnos socialmente” dándonos trabajos aún más precarizados. Queremos que si una persona es víctima de trata, se le brinden los recursos necesarios para que salga de esa situación. Queremos que si una compañera quiere dejar de ejercer la prostitución, tenga acceso a otras alternativas laborales reales y no lo que se ofrece actualmente. Queremos la abolición de la Ley de extranjería que es la que sigue perpetuando que exista la trata y la violencia hacia las personas migrantes.

Queremos trabajar sin ser perseguidas por la policía ni por el feminismo institucional.

No deberíamos estar en el año 2021 aún pidiendo esto. 

MR

Nota de la autora: las trabajadoras sexuales junto a aliadas feministas pro derechos lanzamos un Manifiesto en contra de la reforma de la Ley de Libertades Sexuales “Sí es Sí” en España y que ya cuenta con más de 3.000 firmas. Podés sumar tu firma para detener la criminalización a las trabajadoras sexuales y mostrar apoyo por el reconocimiento de derechos.

En el contexto de diversos debates que atravesaban al feminismo francés en los años dos mil, Judith Butler, en una entrevista en la que se le preguntaba su opinión acerca de las controversias del momento, se remontaba a la escisión del feminismo norteamericano en los años 80. Butler recordaba el debate abierto por Catherine MacKinnon sobre el acoso sexual, punto de inicio de un cisma dentro del movimiento feminista que ha llegado hasta hoy. En The sexual harassment of working women (1979), MacKinnon problematizaba la capacidad de las mujeres trabajadoras para decir “no” a las insinuaciones sexuales de hombres en posiciones de poder. La autora quería poner sobre la mesa el hecho de que en los contextos laborales las mujeres que rechazaban invitaciones sexuales por parte de sus jefes se exponían a represalias y que, por lo tanto, su capacidad de consentir y expresar su voluntad quedaba en entredicho. 

Esta llamada de atención de MacKinnon sobre los espacios laborales -a los que Butler añade los espacios universitarios y podríamos añadir otros ejemplos en los que se da una gran concentración de poder en puestos mayoritariamente ocupados por hombres (pensemos, por ejemplo, en el ejército)- podría haber tenido como conclusión que hay que contextualizar la sexualidad. Cuando una persona tiene un gran poder sobre la vida de otra y tiene, en consecuencia, la posibilidad de abusar de ese poder, podríamos ser puntualmente, y en algunas ocasiones debidamente justificadas, más exigentes con las pruebas o garantías que necesitamos para dar por buena la capacidad de consentir de las personas en posiciones subalternas, generalmente las mujeres. 

Del acoso sexual a la sexualidad como acoso

Sin embargo, como dice Butler, “Catherine MacKinnon tomó una dirección diferente. Pronto añadió a su argumento inicial que los hombres tienen el poder y que las mujeres no lo tienen; y que el acoso sexual es un modelo, un paradigma que permite pensar las relaciones sexuales heterosexuales como tales. En alianza con Andrea Dworking, MacKinnon llega a describir a los hombres como si siempre estuvieran en la posición dominante, y como si la dominación fuera su único objetivo, así como su único objeto de deseo sexual. A mi parecer, esta evolución fue un error trágico. En consecuencia, la estructura del acoso sexual dejaba de ser concebida como una contingencia determinada por un contexto institucional: se generalizó hasta el punto de manifestar una estructura social en la que los hombres dominan y las mujeres son dominadas. Por tanto, las mujeres eran siempre víctimas de chantaje, se encontraban siempre en un ambiente hostil. Peor todavía, el mundo mismo era un ambiente hostil y el chantaje era simplemente el modus operandi de la heterosexualidad” (Butler, 2003). Esta extensión del acoso sexual, convertido en la lógica misma de la sexualidad, llevó al feminismo abolicionista a considerar el sexo como un terreno inevitablemente peligroso para las mujeres, a convertir la pornografía en el símbolo y la representación privilegiada de ese paradigma sexual, a demandar un fuerte papel protector del estado y a poner en marcha políticas prohibicionistas y punitivas en nombre de nuestra seguridad. Bajo las premisas de un enorme sistema de abuso de poder generalizado, el feminismo generalizó también, y de modo igualmente sistemático, la incapacidad que las mujeres tenemos de dar nuestro consentimiento. Y este feminismo no solamente puso en entredicho la capacidad de decir “no” que tenían las mujeres en el terreno de la pornografía o de cualquier forma de trabajo sexual. Declaró antifeminista el sadomasoquismo y otras muchas formas supuestamente violentas o denigrantes de sexualidad ya que, aunque las mujeres las aceptaran -aunque dijeran explicitamente sí- no estaban en condiciones de consentirlas con libertad. Así, el abolicionismo norteamericano infantilizó a las mujeres y restauró en nombre del feminismo un puritanismo sexual que encontró felices alianzas con el moralismo conservador de la derecha americana de Reagan. 

De la Manada como caso a la Manada como modelo

Aquellos debates norteamericanos, pertinentes para Butler para pensar las encrucijadas del feminismo francés de hace dos décadas, son igualmente iluminadores para comprender nuestro propio contexto de hoy. Los últimos años los periódicos y las televisiones se han llenado de casos en los que la capacidad de las mujeres para consentir una relación sexual -bien por ser menores de edad, por haber consumido drogas, por estar inconscientes- se veía completamente anulada o seriamente comprometida. Este tipo de ejemplos han cobrado una enorme presencia, sobre ellos hemos centrado nuestros análisis y nuestros imaginarios para pensar la libertad sexual. El caso de la Manada es probablemente el acontecimiento más relevante de un giro que, como el feminismo de MacKinnon, nos lleva a una mirada sobre la sexualidad que toma la parte por el todo. Así como las relaciones sexuales en contextos laborales nos obligaban a pensar el consentimiento en condiciones de especial desigualdad institucional, el caso de la Manada ponía sobre la mesa que puede haber ocasiones en las que una importante desigualdad o un contexto altamente intimidatorio -por ejemplo cinco hombres en un portal- ponga especialmente en cuestión la libertad de una mujer para expresar su voluntad. En efecto, a veces no es posible decir “no” y es imprescindible que nuestras leyes tengan instrumentos para juzgar correctamente esos casos excepcionales, pero como dice Lucía González Mendiondo, “no podemos actuar contra las agresiones sexuales tomando La Manada como modelo”. Una cosa es pedir que las leyes tengan herramientas para abordar correctamente los contextos particulares en los que el consentimiento está comprometido, resulta particularmente problemático o está directamente imposibilitado. Otra muy distinta es extender una visión de la sexualidad en la que las mujeres son, más allá de todo contexto, incapaces de decir siempre que no o expresar la voluntad. Pensar la sexualidad como si las mujeres estuviéramos siempre en condiciones de desigualdad insuperable, como si siempre estuviéramos en peligro, como si la intimidación no se produjera en determinados contextos sino que el sexo fuera siempre intimidatorio, es altamente reaccionario. Consolida la tradicional imagen femenina de la fragilidad y la vulnerabilidad y acaba reproduciendo el lugar que el patriarcado siempre ha asignado a las mujeres y fortificando los límites de nuestra libertad sexual.

Del "no es no" al "sólo sí es sí”

Este giro en la mirada sobre la sexualidad ha sido en parte potenciado por el uso que ha tenido el lema “sólo sí es sí” en un contexto social sacudido por el caso de La Manada. El problema, justamente, es ese. El contexto amenazador de aquel portal oscuro no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad al instaurar un escenario de peligro que acaba trayendo consigo la negación de nuestra voluntad. 

Si el lema “no es no” ha sido tan importante para expresar las demandas de libertad del feminismo es porque hace saber a la sociedad y a los hombres que en cualquier momento las mujeres pueden retirar su consentimiento en el marco de las relaciones sexuales y que esa negativa, una expresión explícita de la voluntad, debe ser absolutamente respetada. Ese mensaje es importante no sólo hacia los hombres, es importante para todas las mujeres. Porque, en efecto, rompe con las demandas de disponibilidad y complacencia que una educación patriarcal nos hace a todas nosotras y porque nos dice que esa ruptura es posible, que somos capaces de hacerla, porque nos anima a tomar la palabra, porque nos empuja y nos empodera. Todas sabemos lo que pesan los mandatos de género patriarcales: decir que no requiere un aprendizaje, es una superación y una conquista. Ayudarnos entre todas a aprenderlo es una tarea feminista y este lema expresa la voluntad de llevarla a cabo. Los hombres deben aprender a respetar la voluntad de las mujeres, las mujeres tenemos que aprender a expresarla. Y es esa confianza en que podemos ser capaces de decir que no -junto a la garantía legal de que ese no será respetado- la que puede dar a las mujeres seguridad no sólo en el Estado y su intermediación, sino seguridad en nosotras mismas. Es esa seguridad la que puede empoderarnos para adentrarnos con confianza y libertad en un terreno sexual que solamente si deja de ser puro peligro, podrá ser también un lugar en el que nos esperan placeres. El sexo no es solo un campo de amenazas pero tampoco está exento de zonas oscuras, de dudas y falta de certezas. Las mujeres seremos más libres si tenemos herramientas para asumir las incertidumbres de la sexualidad y salir ilesas de ellas, si no cambiamos los riesgos que acompañan a la libertad por proteccionismos securitarios.

El giro hacia el lema “solo sí es sí”, vinculado a los casos judiciales en los que expresar una voluntad clara no es posible -ni por tanto exigible hacia las mujeres-, nos lleva más bien a un escenario en el que, en ausencia de un sí explícito, hay que presumir la negativa sistemática de las mujeres. Todo lo que no sea un clarísimo sí ha de ser entendido como un clarísimo no. A pesar de que pueda parecer un lema afirmativo, supone una extensión del campo del no y comunica a toda la sociedad que, por defecto, las mujeres no desean sexo. ¿Es esta una imagen empoderadora? ¿Rompe con los estereotipos patriarcales? ¿O acaso los consolida y los refuerza?  Este lema, de nuevo, no manda solo un mensaje a la sociedad, lo manda también a las mujeres. Asume la ausencia generalizada de las condiciones para decir que no, renuncia a trabajar para hacernos más capaces de expresarlo y, dada por perdida esa posibilidad, otorga al Estado protector el deber de decirlo por todas nosotras.

De la libertad a la seguridad

Algunos de los discursos que han sido hegemónicos estos años han comprado por completo, como el feminismo americano abolicionista,  la idea de que el gran obstáculo para la libertad sexual de las mujeres es la sexualidad depredadora de los hombres. Olvidan que ese no es ningún relato que no haya explotado ya el propio patriarcado, que lleva siglos advirtiendo a todas las caperucitas del peligro que suponen los lobos. Lo realmente peligroso para nuestro orden social es el placer sexual de las mujeres y la principal manera de restringirlo ha sido asociar el sexo al peligro y fomentar nuestro miedo. Ese miedo existe, es real y las mujeres lo conocemos. ¿Pero cuáles son los discursos feministas que necesitamos para afrontarlo? Es importante preguntarnos si la explotación mediática y política que los últimos años se ha hecho de determinados imaginarios no ha contribuido en parte a una extensión del acoso no como caso particular sino como modelo, como paradigma, como lógica generalizada de las relaciones sexuales. Y si esta hipertrofia del poder de los hombres y de la vulnerabilidad de las mujeres no puede devenir paralizante para nuestro deseo. Debemos preguntarnos si determinados discursos no han servido en parte para fortalecer los roles pasivos que el patriarcado asigna a las mujeres, si ciertos marcos que estamos asentando no invisibilizan y niegan justamente las desobediencias femeninas. Cuando las mujeres toman la iniciativa, cuando se arriesgan a explorar lo que desean, cuando se lanzan sin tener todo asegurado, cuando asumen las incertidumbres que implica ser parte activa en la negociación de sus deseos, cuando exploran los deseos propios y ajenos -sin tener, por cierto, un sí explícito por el otro lado-, lo hacen justamente desoyendo los mandatos patriarcales. ¿No es eso justamente ganar libertad sexual para las mujeres? ¿No hay que avanzar por ese camino? ¿No hay que ensanchar esas posibilidades? ¿Por qué pensamos que regular ese juego solo restringe la iniciativa de los hombres? ¿No restringe también la libertad sexual de las mujeres? 

“Hay un error muy grande que está ocurriendo en algunos feminismos -dice Rita Segato-: una presión para entregar a una instancia ajena (el Estado) la negociación de nuestro deseo.” La promesa securitaria de un sexo sin ambigüedades ni oscuridades, de un sexo explicitado, previamente pactado y garantizado por un Estado que vela por su transparencia supone asumir que en una sexualidad más espontánea y menos regulada solo ganan los hombres. Supone, por tanto, olvidar que si el control y la vigilancia sexual ha tenido unas perjudicadas estas han sido fundamentalmente las mujeres. 

Negar el consentimiento en nombre del consentimiento

¿Qué pasa cuando, en lugar de contextualizar la sexualidad, convertimos el abuso sexual  en un paradigma? ¿Cuáles son las consecuencias de considerar que todas somos demasiado pequeñas para la magnitud de los peligros, que todas estamos ante un jefe acosador, que todas somos estudiantes ante el poder de un profesor, que todas somos niñas entre lobos, que todas estamos en un portal oscuro, que todas somos menores de edad, que todas tenemos nuestra voluntad anulada? ¿Cómo haríamos si tuviéramos que proteger a las mujeres no de ciertos contextos hostiles sino de un mundo mismo que se ha vuelto hostil? Ese error trágico al que hacía referencia Butler es el que separa dos feminismo muy distintos. Uno dedicado a legislar para hacer posible que las mujeres puedan decir “no”, porque es eso justamente lo que amplía la posibilidad de poder explorar sus deseos sin miedo. Un feminismo comprometido, por tanto, con poner en marcha en el mundo las condiciones -a veces jurídicas pero sobre todo económicas, educativas, culturales, etc- de nuestra independencia y nuestra libertad. El otro feminismo posible es el que nos aboca a resignarnos en nuestra indefensión, que asume que siempre seremos víctimas, que no podremos decir que “no” y que aspira, a lo sumo, a mitigar el dolor y penalizar los daños. 

Actualmente está en debate en nuestro país una propuesta de Ley de libertades sexuales que incorpora entre sus artículos algunas propuestas positivas pero que, en conjunto, supone la consolidación de un giro conservador en la manera de abordar la sexualidad. Partiendo de la premisa de que las mujeres tienen más necesidad de seguridad y protección que de libertad, esta reforma legislativa está centrada en la protección de la violencia y no en la ampliación del campo del placer, implica una apuesta securitaria por la regulación de nuestro deseo y por el arbitraje estatal sobre la sexualidad. Es decir, amplía el papel del Estado en las negociaciones sexuales porque asume que decir “no” por parte de las mujeres no es difícil a veces, es difícil siempre. Implica, por consiguiente, una extensión del punitivismo. Propone la creación de nuevos delitos, entre ellos un nuevo delito de acoso sexual que pretende combatir el machismo y los comportamientos sexistas leves mediante el código penal. ¿De verdad cuando el feminismo tiene tanta hegemonía hemos de combatir los comportamiento sexistas que nos incomodan con multas y penas y no a través de la cultura, la educación y las batallas ideológicas que estamos en condiciones de librar? 

Y, por último, supone una limitación de nuestro consentimiento y una negación de nuestra voluntad, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico delitos de explotación sexual que quedan fijados “aún con el consentimiento de la persona”. Ahora bien, esa indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras del sexo que forma parte del pensamiento abolicionista no es solo un cuestionamiento hacia la capacidad de consentir de las prostitutas, es la consecuencia inevitable de un feminismo que ya ha puesto en duda y de modo generalizado la capacidad de consentir de todas las mujeres. Y es que, en efecto, como demuestra la evolución del feminismo radical americano, el abolicionismo no es solo una posición concreta limitada al asunto de la prostitución, es una filosofía y una manera de pensar la sexualidad. La alerta de Judith Butler tiene plena vigencia hoy: se empieza poniendo en cuestión la capacidad de las mujeres para decir que “no” más allá de ciertos contextos cuidadosamente limitados y se acaba cuestionando a las mujeres también cuando dicen que sí. Por eso esta reforma, defendida en nombre de la centralidad del consentimiento, incorpora lo que siempre ha incorporado el feminismo conservador y securitario, una negación de nuestro consentimiento. En otras palabras:  una desconfianza en nuestra libertad. 

CS