En los últimos –al menos– 15 años la Argentina sufrió de inestabilidad económica, que se reflejó en retroceso de la actividad económica (el ingreso por habitante en 2024 fue inferior al de 2007) con fuertes fluctuaciones, e inflación muy alta. Esto estuvo, en mi opinión, vinculado con los desequilibrios macroeconómicos: fundamentalmente, los déficits fiscal y externo. 

El actual gobierno disminuyó considerablemente el déficit fiscal (habla de “superávit financiero” porque en el gasto no incluye los intereses de títulos públicos en pesos). Y la situación del sector externo inicialmente mejoró, porque el Gobierno ejecutó una fuerte devaluación, que hundió el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y con ellos el consumo y las importaciones, lo que llevó a un superávit comercial externo que permitió sumar reservas al Banco Central en los primeros meses de gestión. 

Pero, para ganar apoyo social, el Gobierno buscó que la actividad se reactive y, al mismo tiempo, que baje la inflación. Para eso, usó el instrumento preferido de los gobiernos de los últimos 15 años: el “ancla cambiaria”, que implica “pisar” el dólar para que aumente sustancialmente menos que los precios de los bienes y servicios. 

Con ello, la inflación se desaceleró, a pesar de una fuerte expansión monetaria que impulsó la actividad económica: mientras la inflación era de 47% anual, el “M2 privado transaccional” (dinero de particulares que no rinde –o casi no rinde– intereses) creció 115% entre abril de 2024 y abril de 2025. Medido en dólares oficiales, pasó de 25.600 millones a 42.700 millones: un aumento del 67%. Al igual que tantas veces en nuestro pasado reciente, la combinación de expansión monetaria con atraso cambiario logró que baje la inflación y crezca la actividad económica: el resultado deseado. Pero con consecuencias para las cuentas externas: en 2024 hubo un superávit de comercio exterior importante, pero en 2025 ya hay déficit, dada la caída en el saldo positivo del intercambio de bienes, y el aumento en el saldo negativo del intercambio de servicios. 

En otros años, el déficit comercial se financió con emisiones de deuda en los mercados de capitales. Pero, luego de las experiencias de nuestro pasado reciente, persiste la desconfianza en la capacidad del gobierno argentino de pagar sus deudas en moneda extranjera. Y el déficit comercial no ayuda: absorbe divisas, en lugar de generarlas para poder pagar las deudas. 

La situación de las reservas del Banco Central empezó a deteriorarse a mediados de 2024, lo que se aceleró en marzo y abril de este año, hasta que el FMI, el Banco Mundial y el BID –empujados por el gobierno de Estados Unidos– pusieron en marcha un salvataje que le da aire al gobierno nacional. Más allá del objetivo –no explicitado– de que al Gobierno le vaya bien en las elecciones, un objetivo declarado es mejorar la solvencia externa del país. Para medir eso, el FMI redefinió el concepto de “reservas netas” del Banco Central, como las reservas en oro y divisas, sin sumar los desembolsos del FMI, y restando obligaciones de corto plazo del Banco Central (pero no todas); y estableció metas que implican que este año esas reservas deberían aumentar en varios miles de millones de dólares. 

Para lograr esas metas, se necesita comprar divisas u obtenerlas vía endeudamiento. El gobierno parece decidido a que, al menos hasta las elecciones, no comprará dólares, para evitar que suba su cotización y, con ella, la inflación. Y, para emitir títulos públicos, que sean atractivos en relación con los que ya están en el mercado, las tasas de interés tendrían que ser muy altas: emitir en esas condiciones daría una imagen de desesperación, lo que –luego de la experiencia del “Megacanje” de mediados de 2001– se trata de evitar. 

En general, los inversores internacionales están más dispuestos a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que rinden 4% anual, que títulos públicos argentinos, que rinden más de 10% anual, porque desconfían de que, al momento del vencimiento, el gobierno argentino tenga la voluntad y los dólares para pagar. El acuerdo con el FMI mejoró la confianza, pero –por ahora– no lo suficiente: si el dólar sigue atrasado (los bienes nacionales están caros en relación con los del exterior, lo que incentiva importaciones y turismo al exterior), no se obtendrá el superávit comercial externo que asegure que el gobierno podrá comprar las divisas para pagar sus deudas. Y, a las deudas en divisas ya existentes, ahora se sumó el nuevo préstamo del FMI, que tiene status de “acreedor privilegiado” (los demás van a la cola). 

Pero parece haber mayor confianza de los inversores en que este gobierno logre bajar la inflación y mantener a raya al tipo de cambio. Aprovechando eso, el Ministerio de Economía emitió el BONTE 2030: un título público para inversores internacionales, que lo pagan en dólares, pero que cobrarán en pesos, con una tasa de interés del 14,75% semestral (efectiva anual: 31,7%); y que vence en cinco años, pero a los dos años los tenedores tendrán la opción de cobrarlo, o mantenerlo hasta 2030.

Si el título público se paga en pesos, el riesgo de que el Gobierno no lo pague es bajo: si no tuviera los pesos, podría ordenarle al Banco Central que los emita. El riesgo principal es que los pesos que cobren los inversores equivalgan a menos dólares que los que invirtieron, por suba del tipo de cambio. Pero eso no debería ocurrir, si: a) la inflación baja, en poco tiempo, a menos del 1% mensual; y b) el tipo de cambio real no sube fuertemente en las fechas de vencimiento de intereses y capital. 

La compra de BONTE 2030 por parte de los inversores internacionales equivale a que le vendan dólares al Gobierno, y simultáneamente, le compren un bono en pesos. La expectativa es que, al momento del cobro, puedan pasar los pesos a dólares, obteniendo una ganancia en dólares. Una vía para la incorporación de estos inversores al “carry trade”, que se apoya en la expectativa de que la tasa de interés en pesos sea mayor que la tasa de interés en dólares, más la devaluación esperada.

Como ejercicio: supongamos que el dólar a fines de noviembre de 2025 vale $1.300 (la cotización aproximada del dólar futuro a esa fecha); en mayo de 2026, $1.430 (aumento de 1,6% promedio mensual); en noviembre de ese año, $1.536 (suba de 1,2% mensual); y en mayo de 2027, $1.630 (suba de 1% promedio mensual). Eso implicará que el que invirtió US$1.000, cobrará el equivalente a US$130 en noviembre de 2025, 118 en mayo de 2026, 110 en noviembre de 2026 y, si opta por retirarse en mayo de 2027, US$808 en esa fecha. En total, cobraría US$1.167 dólares, con una rentabilidad de 9,7% efectiva anual. Y, teniendo en cuenta la situación económica y política en mayo de 2027, analizará si seguir o no tres años más.

La emisión inicial de BONTE 2030 es de US$1.000 millones. La meta de “Reservas netas” fijada para el 13 de junio sigue bastante lejos, pero se acerca un poco. Pero lo principal no es la meta: si no se cumple, el FMI daría un “waiver” (perdón por no cumplir), en pos del objetivo principal (el resultado electoral). Lo más importante es demostrar que el Gobierno puede conseguir dólares de inversores financieros internacionales, que tienen “bolsillos profundos”, y que prestan paraguas solamente si ven que sale el sol. En la medida en que el Gobierno muestra que puede conseguir dólares, mejoran las perspectivas de que pueda pagar sus obligaciones en divisas en el futuro, y entonces más dispuestos estarán los inversores a prestarle. Como ocurrió en 2016: una vez que el gobierno de Macri empezó a emitir títulos en los mercados internacionales, pudo emitir varios miles de millones de dólares por mes. Al usar los dólares para financiar el déficit fiscal, a los dos años se agotó esa fuente, y tuvo que recurrir al FMI. Lo que promete Caputo (Secretario de Finanzas entonces, Ministro de Economía ahora) es que esta vez no usará los dólares para financiar el déficit fiscal. 

El discurso del Gobierno, que los inversores parecen comprar, es que sólo interesa el déficit fiscal (además, niega tenerlo). Pero las importaciones están creciendo a una tasa superior al 30% anual, absorbiendo cada vez más dólares. Lo que puede detener ese crecimiento es una recesión, una devaluación o prohibiciones de importar; pero no son opciones atractivas. El Gobierno exhibe, como garantía de solvencia externa (que serviría para mantener barato al dólar), los fondos de los préstamos del FMI, Banco Mundial y BID y ahora los obtenidos con la emisión del BONTE 2030. Pero, en la medida en que se mantenga el dólar barato (tipo de cambio real bajo), se profundizará el déficit comercial externo (que existe, aunque también el Gobierno lo niega) y, en algún momento, el ingreso neto de fondos financieros se interrumpirá. La pregunta difícil es: ¿cuándo?

En medio de la preocupación de los mercados por las dificultades para acumular divisas que tiene el Banco Central, el dólar blue subió a $1.425 para la compra y $1.455.

Repuntó así con fuerza tras dos caídas consecutivas que marcó luego del anuncio oficial sobre la intervención en el mercado del dólar CCL. 

Este miércoles llegó a los $1.470 para la venta, pero hacia el cierre corrigió levemente el fuerte salto.

El tipo de cambio informal subió $50 y amplió la brecha con los financieros, que se ubican en torno a los $1.300.

Esto sucedió luego de los anuncios del equipo económico de que comenzaría, desde este lunes, a vender divisas en la plaza financiera del tipo de cambio (CCL y MEP) para esterilizar la emisión proveniente de la compra de divisas en el mercado oficial de cambios.

El dólar oficial -sin los impuestos- operó a $902,96 para la compra y a $960,89 para la venta. 

En el Banco Nación, el billete se ubicó a $901 para la compra y $941 para la venta.

En tanto, el dólar mayorista subió $1 a $924,50 por unidad.

En los contratos de dólar futuro, la cotización rebotó en el tramo más largo de la curva. 

Hacia agosto, subió 0,2% a $977,5, para octubre avanza 0,2% a $1.065,5 y en diciembre se ubicó en $1.168.

El dólar MEP operó a $1.303,73 por lo que la brecha con el oficial se ubicó en 40,2%.

El Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1304,48 y el spread con el oficial se ubicó en el 36,64%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ubicó a $1.505,60.

El dólar cripto o dólar Bitcoin operó a $1.335,99.

Por otro lado, los bonos de la deuda pública continúan en caída, afectando negativamente al índice de riesgo país, que se sitúa a un paso de los 1.600 puntos, específicamente en 1.591. Los títulos perdieron hasta un 2,6%, con el referencial AL30 retrocediendo un 1,5% a US$48,42.

El índice de riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras frente a agentes extranjeros. Cuanto mayor sea el riesgo país, más incertidumbre hay sobre la capacidad del país para honrar sus deudas.

Esta aversión de los inversores hacia los papeles argentinos se produce a pesar de que el Gobierno nacional comunicó un superávit fiscal en junio, lo que debería consolidar las cuentas públicas y garantizar el pago de los títulos. Sin embargo, el índice Merval también refleja la tensión del mercado, retrocediendo un 0,4%.

JJD/CRM, con información de NA

El Ministerio de Economía oficializó este martes la emisión de la letra de US$ 3.200 millones a ser suscripta por el Banco Central, que había sido anunciada la semana pasada a través de una modificación al Presupuesto 2023, prorrogado para el presente ejercicio.

La formalización de la emisión se concretó a través de la resolución conjunta 2 de las secretarias de Hacienda y de Finanzas de la cartera económica, con un plazo de 10 años y fecha de emisión 8 de enero de 2024.

La amortización será íntegra al vencimiento (8 de enero de 2034) y devengará intereses pagaderos semestralmente en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período, hasta un máximo de la tasa Sofr Term (alternativa a la Libor en dólares) a un año más el margen de 0,71513%, menos un punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscripto.

El último valor de la Sofr Term (Secured Overnight Financing Rate) es de 5,31% anual.

El gobierno había autorizado la emisión de letras del Banco Central por US$ 3.200 millones ante “la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”, en una modificación al Presupuesto 2023 prorrogado para el ejercicio 2024, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/2024, “con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional”, se indicó en sus considerandos.

En la misma norma se incorpora una ampliación de las autorizaciones de operaciones de crédito público por un total de 111 billones 127.500 millones de pesos distribuidos en siete tramos a 90, 180 y 360 días, 18 meses y dos, tres y cuatro años por 15 billones 875.360 millones de pesos cada uno.

En el DNU se explica que se recurrió a la emisión de letras del Banco Central al comprobarse que “a partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes, se ha producido un aumento en el nivel de reservas”.

Por tal razón, se agregó, se considera que la autoridad monetaria “se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares estadounidenses al Tesoro Nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera”.

En enero están previstos vencimientos por un total de US$ 120,032 millones y $ 1,186 billón, aunque la mayor parte corresponde a operaciones dentro del sector público.

Entre los principales vencimientos en moneda extranjera, de acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, figuran US$ 1.915 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 1.577 millones en títulos públicos y US$ 436 millones con otros organismos bilaterales y multilaterales, además de US$ 8.104 millones en letras del Banco Central.

Con información de agencias.

IG

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un informe favorable a la consulta realizada por el ministro Sergio Massa por las operaciones de ventas y canjes de títulos públicos. La contestación oficial de la UBA que ingresó en las últimas horas con la firma de los magíster en Economía, Daniel Melió y Julián Leone, comienza diciendo que es una “Respuesta al pedido solicitado por el Ministerio de Economía de la Nación a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”.

El detallado informe concluye que, tanto la venta como el canje de títulos públicos, “no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados”. También agrega que ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización.

Las respuestas plasmadas en el informe centran su análisis en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dado que este representa la mayor parte de las tenencias involucradas en las operaciones de venta y/o canje. “A raíz del debate público en relación con este tópico, resulta importante destacar que habiendo transcurrido más de 15 años desde su conformación, el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, señaló el informe.

El FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes que realiza ANSeS y por ello las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional. A la primera pregunta formulada por el Ministerio de Economía, en el anexo I del DNU 164/2023, “comprende los títulos públicos denominados ypagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local correspondientes a los códigos de negociación AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41”. “En este sentido, la ganancia contable plasmada en este ejercicio se verifica en virtud del cambio en la forma de registración de los títulos públicos canjeados. Por lo tanto, se concluye que la operación de venta de los títulos del Anexo I y posterior suscripción del Bono Dual 2036 no supone, en el momento inicial, una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos y su revalorización contable promedia el 45,9% a los precios del 27 de marzo de 2023”, reza el reporte de la UBA.

La otra consulta oficial realizada está vinculada al Anexo II del DNU 164/2023, que “comprende los títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación extranjera: GD29, GD30, GD35, GD38, y GD41”. La conclusión indica que “como corolario de lo expuesto, suponiendo que el canje de los bonos globales contemplados en el Anexo II del mencionado Decreto se realizará en una relación 1 a 1 a valor técnico, se concluye en el momento inicial, que ésta no supone una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos, generándose por el contrario una revalorización contable en el orden del 104,4% a valor técnico y una revalorización del 23,4% en base a los valores de suscripción, a los precios vigentes al 27 de marzo de 2023”. El dictamen finaliza diciendo que “en consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSeS se encuentra incluida”.

Las claves

Los reparos

El dictamen favorable fue firmado por los economistas Julián Leone y Daniel Miliá, que está haciendo recién ahora su doctorado. El primero es hombre de confianza del vicerrector de la UBA y diputado radical, Emiliano Yacobiti, de buena relación con el ministro de Economía, Sergio Massa. Pese a ello, expresaron también sus reparos sobre la operación de bonos, a saber:

El informe completo

Con información de NA.

IG

Los dólares financieros se dispararon este jueves, no por el cambio de metas trimestrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino por la incertidumbre en el mercado de títulos públicos. El contado con liquidación (CCL) subió 4,5%, a $ 219,86 y el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) trepó un 3,9%, a $ 217,50. En cambio, el blue o ilegal se mantuvo quieto, en $ 208, y el oficial subió 0,1%, a $ 127. El riesgo país, que reacciona según la cotización de los bonos, superó los 2.000 puntos básicos: cerró a 2.051, un 4,1% arriba.

La reacción de los dólares paralelos legales, que se consiguen comprando y vendiendo títulos públicos, ocurrió después de que el miércoles se produjeran fuertes ventas de letras y bonos en pesos que ajustan por el CER (índice similar a la inflación). En el mercado se especula con que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dirige la cristinista Fernanda Raverta, pero cuyo Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) comanda el massista Lisandro Cleri había sido la protagonista de esa ola vendedora. Unos operadores veían una mano negra para presionar al ministro de Economía, Martín Guzmán, después de la caída de otro albertista, Matías Kulfas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Otros, en cambio, explicaban que Guzmán se jactaba de haberle colocado mucha deuda a tasas de interés negativas (por debajo de la inflación) a la Anses, pero este organismo debió liquidarla en parte para afrontar los pagos de mediados de año, aguinaldos incluidos, o para poder participar de la próxima colocación de títulos que hará el Ministerio de Economía para financiar el déficit fiscal.

Después del tembladeral del miércoles, tanto la Anses como el Banco Central intentaron recuperar este jueves el valor de los bonos comprándolos, pero el daño ya estaba hecho. Es que algunos fondos de inversión por norma venden cuando la cotización cae mucho, como ocurrió el miércoles. Algunos analistas atribuyen las ventas a inversores privados que temen que tarde o temprano habrá una nueva reestructuración de títulos en pesos, como ya ocurrió en 2019 en el gobierno de Mauricio Macri.

“Estamos viendo un desastre, un caos total en los mercados”, opina Mauro Mazza, analista de la sociedad bursátil Bull Markets. “Destruyeron el mercado de deuda CER (índice similar a la inflación). Esto generó que ahora sea tierra de nadie. Esperamos que mañana (por el viernes) el Banco Central intervenga. Esperamos que suban los bonos CER. Pero quedó la sensación de que hay una anarquía, no sabemos si quisieron hacerle un golpe a Guzmán, si hay descoordinación, si Ternium (siderúrgica del grupo Techint) salió a desarmar posiciones, el FMI ató de manos al Banco Central [N. de la R.: ayer se flexibilizaron las metas de acumulación de reservas y ajuste fiscal en el segundo trimestre, pero se mantuvieron las anuales, y además el acuerdo impide que la autoridad monetaria intervenga cuando opera la Anses]. El que está en pesos hoy con este dólar sin corrida cambiaria en un año y medio cree que es momento de dolarizar. Si mañana te dan el dólar a 220 pesos, agarralo. Si mañana a primera hora, el Central no sale a sostener el dólar vendiendo, puede irse a 230 o 235 sin problema”, completa Mazza.

Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal, opina que “el contexto de volatilidad en la deuda en pesos ayudó a que se despertara el CCL”. “De acuerdo con los rumores del mercado, el Central estuvo comprando hoy bonos en pesos para sostener sus cotizaciones. La intervención de la autoridad monetaria, inyectando pesos para comprar bonos en el mercado secundario, no pasa desapercibida en el mercado del FX (cambiario), dado que implica un incremento de la liquidez. Así, el CCL trepó hasta cerca de 220 pesos, el mayor nivel desde el 4 de febrero”, señala Siaba Serrate.

Otro analista, que prefiere el anonimato, también atribuye la suba del dólar al “ruido generado por los bonos CER”, aunque considera que no fue la Anses la que vendió sino fondos privados. “Lo raro es por qué el CCL no se disparó antes. Era raro con lo que venían cayendo esos títulos, sobre todo ayer. Hoy hubo más nerviosismo. Hay inversores que deciden dejar de devengar tasas altas en pesos para resguardarse en el dólar cable (CCL). El cambio de metas trimestrales con el FMI no influyó: hay cosas que ya se sabía que no se iban a poder cumplir”, agrega el operador.

AR

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Javier De Luca dictaminó a favor del sobreseimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una causa en la que se lo acusa de supuestamente alterar datos oficiales del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago de títulos de deuda pública durante su gestión como ministro de Economía, según el documento al que accedió elDiarioAR. De esta forma, el mandatario provincial quedó a un paso del sobreseimiento firme.

La denuncia había sido presentada a finales de 2019 por los opositores Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y José Javier Bulacio, en base a un artículo publicado por Infobae, y en la que sostenían que en 2014, Kicillof había alterado la cifra de crecimiento del PBI de 2013 para supuestamente no pagar a los acreedores del título Cupón PBI. 

El fiscal De Luca desistió del recurso de Casación que había presentado su colega José Agüero Iturbe, fiscal general de segunda instancia, quien había sostenido que el sobreseimiento del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner fue prematuro. De Luca afirmó que no existió la comisión de delitos penales en los hechos denunciados. “Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos”, dijo el fiscal, retomando un debate que también se había planteado en la causa Dólar Futuro, en la que el exministro y la expresidenta terminaron sobreseídos antes del comienzo del juicio oral y público por decisión de la Casación. La causa debe ser revisada por la Corte Suprema.

“El 21 de febrero de  2014, (el entonces ministro) había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9% -sostenía el artículo periodístico que se tomó como base para la denuncia-. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas, el crecimiento había sido del 2,9%, (es decir,) menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI”. De acuerdo con dicho artículo, “ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos US$3.000 millones”.

La denuncia hacía hincapié en la posible alteración de la cifra del PBI mediante la utilización de un método distinto de medición que podría encuadrarse en una violación de los deberes de funcionario público. De Luca afirmó que “la implementación de un método de medición del PBI distinto del anterior depende de uno u otro criterio de la ciencia económica y, por ello, no puede ser considerado como un ‘falseamiento’ per se. Se podrá discutir ese criterio científico en otro lugar, pero de esa situación no deriva la más mínima sospecha de que pudiera haber incurrido en una figura penal”.

En primera instancia, la jueza María Servini había sobreseído a Kicillof. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión por entender que había medidas de prueba pendientes para seguir investigando la posible comisión de un delito, pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo de la magistrada. Entonces, el fiscal general Agüero Iturbe acudió a la Casación y el expediente llegó a la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes ya cuentan con el dictamen del fiscal De Luca para definir su posición: si confirman o revocan el sobreseimiento dictado en las instancias anteriores. De confirmarse, el sobreseimiento quedaría firme. 

Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos.

“Luego de un profundo estudio de los asuntos fácticos y jurídicos involucrados y de las piezas que componen el legajo, entiendo que los argumentos de la jueza a cargo de la instrucción y los de la Cámara de Apelaciones para sobreseer en la causa no han sido refutados por los recursos de mis colegas de las instancias anteriores”, dijo De Luca en su dictamen, con fecha del martes.

“Desde el punto de vista objetivo no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado”, afirmó el fiscal de Casación. “Los denunciantes y acusadores no explican cómo, con los actos  denunciados, se podría haber irrogado el perjuicio económico”, agregó, y sostuvo que no puede juzgarse en Argentina a un funcionario por presunta administración infiel por el perjuicio eventual a los bonistas extranjeros.

“Si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas  demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior. Los demás reclamos que pudieran hacerse, son los corrientes de cualquier demanda judicial por una deuda impaga”, aseguró De Luca.

“La hipótesis de la denuncia sólo podría ser considerada si se  presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores para que éstos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis, los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”, dice el dictamen fiscal. 

ED

El riesgo país, índice que indica el peligro de impago de los títulos públicos de una nación, superó este martes la barrera de los 1.900 puntos básicos, al alcanzar los 1.905. Este indicador sube en la medida en que se deprecian los bonos. Superaba los 2000 puntos cuando el año pasado la Argentina estaba renegociando la deuda con el sector privado, pero después del acuerdo cono bonistas cayó a la mitad y ha vuelto a subir en la medida en que crece la incertidumbre sobre el pasivo que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El alza de esta semana responde a un agravamiento de la falta de certezas. Mauro Mazza, director de research (investigación) de la sociedad de bolsa Bull Markets, menciona varios factores. Por un lado, el mercado leyó la última carta pública de Cristina Fernández de Kirchner como un “lavado de manos” de la vicepresidenta respecto de la negociación con el FMI al señalar que el presidente Alberto Fernández es quien tiene “la lapicera”. Pensar que en el oficialismo leyeron lo contrario: un apoyo de la vice al jefe de Estado. Por otro lado, los operadores financieros tampoco tomaron a bien que hoy se reuniera todo el gabinete económico para después anunciar el pago del vencimiento del capital de diciembre al FMI. “Esa reunión para decidir si pagaban o no sonó como incendiario. Hoy en el mercado especulan con que fue el último pago de capital que realizará la Argentina. Pagará renta, pero no más capital (que vuelve a vencer en marzo). Eso sonó fuerte”, observó Mazza, pese a que en el Gobierno niegan que el encuentro fuera para confirmar este desembolso, que ya se daba por descontado. Tan descontado como que en marzo se asume que no se podrá seguir abonando y por eso se requiere un acuerdo previo. Por último, el analista de Bull Markets también reconoce que el contexto mundial, con el temor al rebrote del coronavirus por la variante ómicron, hundió a las acciones y bonos del planeta en general.

Pedro Siaba Serrate, estratega de renta fija de Portfolio Personal Inversiones, analiza que el incremento del riesgo país “refleja lo que está pensando el mercado sobre el futuro próximo: la falta de definiciones políticas y económicas”. “Los precios de los bonos en mínimos posreestructuración (de 2020), las probabilidades de default a tres años están por arriba del 70% y a cuatro años, cerca del 87%. El mercado ve que la situación es crítica por la sangría de reservas del Banco Central, el acuerdo con el Fondo no parece tan próximo y no hay definiciones del Central sobre la evolución del tipo de cambio oficial, si van a acelerar el ritmo de devaluación o irán a un salto. Hay muchos problemas, una sensación de insostenibilidad y el mercado responde a través de los precios de los bonos”, completa Siaba Serrate.

AR

La flamante consagración de esta noche en el Maracaná de Río de Janeiro devolvió al seleccionado argentino al tope del cuadro de honor de la Copa América, que ahora comparte otra vez con Uruguay con 15 títulos cada uno.

Los uruguayos estuvieron la última década al frente de la tabla histórica de campeones cuando ganaron la última edición disputada en Argentina, tras golear a Paraguay 3-0 en el estadio Monumental de Núñez.

La “Albiceleste” no conseguía levantar la Copa América desde Ecuador 1993, hace diez ediciones, aunque en una de ellas (Colombia 2001) se ausentó por motivos de seguridad. Esa esa racha adversa, la Selección perdió las finales de Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

Los títulos argentinos fueron en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 y 2021, seis de ellos obtenidos como local.

La Selección Argentina, además, terminó la racha de Brasil, que había ganado las cinco ediciones anteriores que organizó en 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019.

Los pentacampeones del mundo permanecen en el tercer puesto con nueve consagraciones y luego cinco selecciones se reparten el resto: Paraguay, Chile y Perú, dos títulos cada uno; Colombia y Bolivia, uno en cada caso.

Ecuador y Venezuela son los únicos países asociados a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que nunca lograron ganar la Copa América.

DA