El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental La ilusión de la abundancia, que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. La ilusión de la abundancia ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

LP/CRM

Cuando empezó la investigación del asesinato de su madre, Laura Zúñiga nunca imaginó que cinco años después escucharía el veredicto que la Justicia hondureña emitió esta semana. Tras años de denuncias de obstáculos en el proceso judicial sobre el caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016, el juzgado condenó a David Castillo, exmilitar entrenado por Estados Unidos en West Point y expresidente ejecutivo de la hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la compañía contra la que tanto luchó su madre por los abusos cometidos en comunidades indígenas.

Laura Zúñiga celebra el fallo, pues declara a Castillo como coautor del crimen y señala que el exmilitar funcionó como nexo indispensable entre los autores materiales e intelectuales. Pero el proceso judicial no ha terminado para la familia de Cáceres, que apunta aún más arriba. Precisamente, busca alcanzar a quienes idearon y ordenaron acabar con la vida de la reconocida defensora del medio ambiente y los derechos humanos.

Como hija de Berta Cáceres e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ¿cómo valora el fallo?

Yo que estuve la mayor parte del tiempo en la audiencia, ya tenía la certeza de que era culpable. Lo sabíamos desde que fue el entierro de mi mami, cuando nos encontramos, hablamos y entendimos la situación. Pero al ver cada prueba, yo estaba muy segura. La cosa era cómo lograr enfrentarse a todo el poder que había para proteger a Castillo, entendiendo que es parte de un sistema criminal. Y se evidenció su rol como un elemento logístico de la estructura intelectual, era el operativo del nivel más alto en la planificación del asesinato.

Sabemos que nos hemos enfrentado a una de las familias más ricas (los Atala Zablah) y que acusar a un empresario era bien difícil. Fue mucho esfuerzo y cuando recibimos el fallo condenatorio hubo alegría, alivio y fue recordar que hace cinco años no hubiéramos imaginado que íbamos a poder enjuiciarlo. Entonces lo recibimos como una victoria, lo festejamos. Pensando que no termina acá, sino que es un pasito más en el largo proceso de justicia para mi mami. Pero es un precedente muy bueno y responde al trabajo que hicimos.

Que lo condenen por coautor y no por inductor, lo que proponía la fiscalía, es bien importante. Porque era reconocer el trabajo de nuestro equipo legal, la acusación particular, que siempre costó que se nos respetara. Lograr que quede plasmado en el fallo, es también un precedente en cómo trabajar.

Hay que ser rigurosos en lo jurídico, en el acompañamiento que había afuera de la Corte. La gente estuvo tres meses en el campamento [levantado frente al juzgado para pedir justicia], por momentos con lluvia que te empapaba en dos minutos. Y aguantaron. Esa fuerza tiene mucho que ver.

Aparte de menospreciar a la acusación particular, ¿a qué otras complicaciones se enfrentaron en el caso?

Creo que la más grave fue la dilación del proceso. Dos años en los que no podíamos abrir el juicio oral y público. Esa etapa del debate de las pruebas fue súper desgastante, sin saber cuándo iba a ser, cómo prepararse. Fue un pleito también que dejaran introducir las pruebas, sobre todo los peritajes, que yo pudiera estar en la sala. Incluso a veces nos sacaban de las audiencias virtuales. Hasta el último momento, en que yo hablé en la penúltima palabra, me cortaron.

Otra cosa complicada fue la agresividad de la defensa de Castillo, que siempre estaba intentando criminalizar a la víctima, o generar discursos de odio contra una persona ya asesinada. Fue bastante molesto. Fue un tribunal muchas veces muy despectivo, fue enfrentarse a una fiscalía que nos negó información. Pero ya lo vivimos una vez y estábamos preparadas, ahora lo tomamos diferente. Creo que lo supimos enfrentar bien, incluso en momentos de ponerles un alto al tribunal o a los abogados.

La defensa de Castillo pretendía argumentar un vínculo cercano con Berta, cuando era un trabajo de inteligencia militar que terminó en el asesinato de tu madre. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Yo el ejercicio que he hecho es tratar de que no me afecte emocionalmente, sobre todo. Pero es indignante, porque son tácticas que se usan en contra de las mujeres. Lo podemos identificar en otros casos, se usa la inteligencia y la formación militar para buscar acercarse y obtener información. Y esa información luego era pasada a los grupos que tenía funcionando la empresa para intentar desarticular y neutralizar la lucha de mi mami y de la comunidad de Río Blanco.

Pero además, significa una legitimación patriarcal de juzgar a las mujeres y justificar a los hombres en sus actos de violencia. Me molestaba mucho que me preguntaran si eran amigos. Yo respondía: “No, lo niego. Pero si lo hubieran sido, tampoco lo exculpa”, porque la mayoría de femicidios los cometen personas cercanas. En este tema ayudó mucho el peritaje de (la maya k'iché) Gladys Tzul Tzul.

Te quería preguntar por su peritaje y el de Harald Waxenecker, algo nunca visto en un juicio en Honduras. ¿Cuál fue la importancia de que declararan?

El de Gladys sobre todo trataba de las relaciones de género y hablaba de cómo Castillo buscó acercarse a mi mami, sacarle información y atacarla por el hecho de ser mujer. De cómo las empresas buscan atacar a los liderazgos femeninos para romper el tejido social en las comunidades y atentar contra sus luchas. Se hace mucho más vulnerables a las mujeres que a los hombres. Con ataques hacia sus hijos, hacia su entorno, a partir de sus decisiones o vida privada. No quiere decir que no se ataque a hombres defensores, sino que es de otra forma y fue evidente en este caso.

Lo que hace Harald es un análisis de redes de poder a partir de la data telefónica, donde se demuestra que había dos grandes grupos que actuaron para matar a mi mami. Uno era el que hizo el asesinato, el grupo sicarial, y el otro era el grupo de poder, los asesinos intelectuales. Y David Castillo funcionaba como enlace, por eso la importancia de que haya sido declarado culpable. El grupo sicarial funcionaba subordinado a Castillo y llevaba los vínculos, la información y la logística necesaria para el asesinato. Muestra cómo operaron las Fuerzas Armadas de Honduras para atacar a la comunidad de Río Blanco y a mi mami.

Después trataba de cómo logran estos grupos de poder, los asesinos intelectuales, tener ese poder. Y lo hacen a través de corromper las instituciones del Estado, para que los proyectos extractivos se instalen con las fuerzas de seguridad, las leyes, el Ministerio Público (MP). Y cuando hay oposición, de violentar a las comunidades.

Durante la exposición de la perita, la defensa de Castillo buscó desprestigiar la cosmovisión indígena y sus lógicas organizativas.

Quisieron deslegitimar incluso la propia prueba pericial, decían que era algo novelesco, “porque cita libros”. Era negar las formas de pensamiento y de construcción que tienen los pueblos indígenas, las lógicas territoriales comunitarias, de las vidas colectivas, del cuidado de los bienes comunes, queriéndole quitar valor. Y después, era querer negar que mi mami era indígena.

Entonces le preguntaban (a la perito) quién podía serlo y quién no. Ahí fue muy acertada Gladys cuando decía que tiene que ver con la autodeterminación, la autoidentificación y además con la colectividad con su pueblo. Ni siquiera querían decirle Doctora. Fue muy loco, porque el consultor de la defensa es un hombre que salió de la universidad por misógino y niega a las defensoras de la tierra y el territorio. Y es a quien llevan para que le haga preguntas a Gladys, una mujer indígena. Fue bien visible a qué intereses responden estos sectores.

¿Qué queda por hacer?

Primero, profundizar los procesos de justicia en contra de los asesinos intelectuales de mi mami, que es la familia Atala Zablah. Ahí están sus comunicaciones, ha sido evidente, desde que participaron en el asesinato hasta que buscaron impunidad. Cuando capturan a Sergio (Rodriguez, gerente de Comunicaciones de DESA), Castillo llama a Jacobo Atala para informarle y él responde “ahora si nos hundieron del todo” y agrega que va a llamar al Ministro de Seguridad, al Fiscal General y al Fiscal Adjunto.

Pero también en el juicio hubo un momento en que el perito que hizo las extracciones telefónicas proyectó su pantalla y se vio una conversación en la que Daniel Atala le ofrecía sus servicios. Evidenció aún más la injerencia de esta familia, no solo en el asesinato de mi mami, sino también en procurar impunidad. A este punto, va habiendo cada vez más información sobre cómo han participado de este asesinato. Entonces hay que enjuiciarlos.

¿Cuál es el estado del proyecto contra el que lucho su madre?

Ya se ha probado que DESA es una empresa criminal, son asesinos. Aún así, el río sigue concesionado. Hay que cancelar definitivamente la concesión del río Gualcarque. Pero Río Blanco sigue en resistencia y cultivando en las tierras que DESA pretendió apropiar, lo que es muy simbólico y bonito. En las comunidades, sigue la lucha en contra del sistema extractivo, en contra de la impunidad.

Desde mayo, un campamento compuesto por miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras han solicitado justicia por el asesinato de Berta Cáceres a las puertas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. ¿Qué ha supuesto para ustedes?

Creo que el campamento fue un momento que nos comprometió aún más y que logró un intercambio entre comunidades, un fortalecimiento de la solidaridad. Y este juicio, con todo el aprendizaje de desafiar a las instituciones de justicia, nos demuestra que más allá de que sean súper fuertes y tengan poder, la lucha, la organización, el no cansarse, es lo que permite que hayamos ganado este fallo y que estemos en la pelea para que empiecen otros. La gente está hoy organizada con más convicción que antes, con la seguridad de que luchando es como se logran las cosas.