A tres meses de la promulgación de la Ley 27.669, se creó la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial para potenciar la producción en el sector que aún está en desarrollo. El encargado de regular el espacio será el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y va a articular con otros organismos y universidades públicas. 

La semana pasada, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la creación del organismo que se va a encargar de la fiscalización y el control sanitario de la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. “La producción hoy en Argentina todavía es bastante restringida. Es un sector que está en desarrollo y que manifiesta oportunidades para las distintas regiones del país y el Senasa entiende que en función de sus competencias tiene que poner un especial foco en esto”, afirmó el coordinador de la Mesa, Diego Ezequiel Peña, en diálogo con elDiarioAR.

El organismo controlorá las operaciones para evitar la venta de productos o sustancias prohibidas que afecten la salud de los consumidores. “El espíritu es estar cerca de la producción en todo el país y uno de los desafíos es interpretar la realidad del sector. Por eso, la principal función será la articulación interna de manera transversal con todas las áreas del Senasa. Ya estamos avanzando en cuestiones concretas, analizando y promoviendo la actualización de normativas y también promoviendo nuevas”, agregó el funcionario. También indicó que se abrieron consultas públicas para generar nuevas normativas.  “Buscamos herramientas que nos protejan, nos potencien y nos cuiden en el marco de la salud pública y de nuestro estatus sanitario. Pero que también nos permitan aprovechar las oportunidades que se están generando para la producción e industrialización nacional”, agregó.

La Mesa trabajará en conjunto con otros organismos, consejos y universidades vinculadas a este sector como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Será muy importante el rol del Senasa como socio estratégico como un reaseguro de la calidad de la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, así como de los productos obtenidos de ella”, agregó Peña. Además, destacó el rol del Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal, en el que deben inscribirse los viveros, y el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, donde se registran los productos fitosanitarios.

La creación de esta Mesa tiene como trasfondo la ley sancionada en mayo de este año, que da el marco regulatorio para la inversión pública y privada en la cadena del cannabis medicinal y Cáñamo Industrial. Una norma que se complementa con la legislación que ya estaba vigente, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

La producción estatal de cannabis medicinal

En Argentina son pocos los laboratorios públicos que producen cannabis medicinal: Agrogenética Riojana en La Rioja,  Cannava en Jujuy  y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en Santa Fe. Son empresas estatales con distintos grados de desarrollo en este sector. 

En julio de este año, el LIF inauguró el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa FE, donde se plantaron 200 ejemplares de Cannabis Sativa para conseguir materias primas con grado farmacéutico (que hasta el momento se importa) para realizar la producción integral del Aceite de Cannabis de uso medicinal. Por ahora, el aceite a granel llega desde California y los cristales de CBD desde República Checa. “Esa materia prima IFA hoy no existe en Argentina. Esto es para que el día de mañana, podamos hacer lo que hoy estamos importando. Desde Santa Fe para el país y el mundo”, le dijo la directora del LIF, Elida Formente, a elDiarioAR.

“Para nosotros fue un gran paso tener el aceite propio del laboratorio público, pero no nos alcanzaba. Fuimos por la integración hacia atrás y trabajamos en un convenio con el INTA y el Ministerio de Producción, que resultó en el plan de trabajo que se visibiliza en el centro experimental”, agregó.

En octubre del 2021, el laboratorio santafesino sacó el primer lote con 926 frascos para epilepsia refractaria que se distribuyen gratis en el sistema público. “Tener esa materia prima nos va a demorar unos años porque hay que invertir en un equipamiento que no existe. Pero el valor agregado no es el objetivo final sino todo lo que vamos generando. Para ese centro, los proveedores locales tuvieron que adaptarse y cumplir con los requerimientos. Por ende, también estamos marcando un paso para el desarrollo de la industria para quien quiera desarrollarla. Para que puedan tener de referencia a nuestro centro, que es público y de transferencia constante. Si va un cultivador o una asociación civil, le hacemos la transferencia del know-how”, agregó Formente.

CDB/MG

Por amplia mayoría, el proyecto de regulación de la industria del cannabis en la Argentina fue aprobado en el Senado y ahora deberá ser debatido en Diputados. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno parece cerrar la grieta con algunos sectores de la oposición y no debería tener mayores problemas para convertirse en ley. En la Cámara Alta, recibió 56 votos a favor, 5 en contra y hubo solo una abstención.

El texto votado alcanza a la producción de todos los derivados de la planta, con foco principal en el uso medicinal -que ya tiene varios emprendimientos en marcha en las provincias- y también sobre el desarrollo del cáñamo. Este nuevo mercado, según datos oficiales, podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo.  

El debate lo inició el senador Adolfo  Rodríguez Saá, quien como titular de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca dirigió las últimas semanas los intercambios que se dieron en las comisiones a las que el proyecto fue girado. “Este proyecto complementa la ley 27.350, que permitía la producción del cannabis medicinal a fines experimentales pero no productivos. Con esta ley vamos a permitir que las experiencias que hay en varias provincias argentinas, como Jujuy, San Juan, La Rioja y San Luis, puedan producir y exportar los productos terapéuticos”, sostuvo y luego se refirió a la otra pata del proyecto, que es la producción de cáñamo. “El cáñamo era legal en la Argentina hasta que la noche negra de la dictadura militar lo prohibió. Es una actividad que en todo el mundo está aceptada. Esta ley está tratando de reparar eso. El cáñamo sirve para fabricar papel, sustitutivos del plástico, biomasa, textiles, cosméticos y alimentos nutritivos”. 

La senadora por San Juan del Frente de Todos, Cristina López Valverde, contó su experiencia con el aceite de cannabis para mitigar la fibromialgia y planteó la necesidad de avanzar con la reglamentación de los derivados del cannabis. “Es un paso más a la reglamentación del 2020 que permitió que muchas madres dejaran de producir en la clandestinidad, para mejorar la vida de sus hijos. Esta ley busca que no vendamos la materia prima, que hagamos todo el proceso, dar valor agregado a la industria del cannabis. Busca innovar, dar puestos de trabajo y potenciar el mercado interno”, sostuvo la senadora sanjuanina. 

Dentro del arco opositor unos pocos que votaron en contra del proyecto. La primera que lo manifestó fue la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, que planteó sus diferencias: “Necesitamos prioridades para el campo y la producción agraria. Nos prohíben la exportación de carne, nos liquidan la producción de biocombustible, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley sobre el cultivo de cannabis, que va a controlar el mismo Ejecutivo que nos prohíbe todas las otras cosas”. A ella se sumó también la mendocina de la UCR, Pamela Verasay, quien planteó que la autoridad de aplicación de la ley deberían ser las provincias. “Con esta ley vamos a estar delegando al Poder Ejecutivo algo que le corresponde a las provincias. Las provincias vamos a tener que pedir autorización para entregar licencias”, sostuvo Verasay. No sucedió lo mismo con los senadores radicales de la Ciudad y de Jujuy, que apoyaron el proyecto. Cabe recordar que en la provincia del norte hay un desarrollo anterior sobre cannabis medicinal, dirigido por Gastón Morales, hijo del gobernador.    

El proyecto llegó al pleno de la Cámara luego de un debate en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde expuso una larga lista de científicos, médicos, ingenieros, científicos, abogados y activistas cannábicos. Muchos de ellos plantearon su apoyo al proyecto de ley y también pedidos para que cambiara la ley de drogas y así  terminar con las detenciones a consumidores y cultivadores.

La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero a una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

El control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

Durante su exposición ante las comisiones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, impulsor del proyecto, explicó que el mercado del cannabis industrial generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones”.  

En este momento hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

Congreso en La Rioja para discutir la producción local y el uso de semillas locales

La segunda edición del Congreso Argentino de Cannabis y Salud, un encuentro científico-académico para debatir el uso medicinal de la planta, se realizará en septiembre en La Rioja, con la presentación de grupos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, entre otros países de Latinoamérica.

El espíritu del congreso se centrará en “las utilidades sociales del cannabis y el impulso al desarrollo local”. También se tratará la presentación de variedades locales de cannabis, en el marco de una propuesta para generar protocolos propios de Argentina para reconocer y avalar las cepas autóctonas. “Hasta ahora, para poder tener un cultivo es necesario utilizar una semilla cuya genética pertenezca o esté patentada por alguna empresa internacional, pero los grupos de cultivadores y ahora los equipos de investigación venimos experimentando desde hace años, y consideramos que es momento de empezar a certificar nuestras semillas”, le explicó a Télam el investigador del Conicet y organizador, Darío Andrinolo.

En línea con el fortalecimiento del costado académico del estudio de los usos terapéuticos del cannabis, meses atrás la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de La Plata para el dictado de cursos de capacitación a los profesionales en el marco de la Cátedra Libre “Cannabis y Salud”, de la Facultad de Ciencias Exactas.

AM