El 11 de julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas cautelares concedidas tres meses antes a favor de 7 indígenas formoseñas que cursaban embarazos y, según la denuncia, temían ser encerradas en un centro de aislamiento y separadas de sus bebés en el marco de las restricciones dispuestas por el Gobierno provincial de Gildo Insfrán durante la pandemia. El dictamen consideró que la situación descripta en la denuncia por el dirigente de la comunidad qom Félix Díaz y el exsecretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón había cesado e, incluso, dejó entrever que tenía dudas de que siquiera hubo existido. El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidido por la jurista chilena Antonia Urrejola Noguera y secundado por la peruana Julissa Mantilla Falcón y la brasileña Flávia Piovesan, valoró la respuesta del Estado argentino y critico la dilación y las “contradicciones” de los peticionantes a la hora de colaboración con la investigación.

El caso cobró notoriedad internacional en marzo pasado a raíz de un informe del noticiero de Canal 13, que dijo haber encontrado a las 7 mujeres escondidas en el paraje El Potrillo, oeste de Formosa. Según la emisora del Grupo Clarín, algunas de las embarazadas habían permanecido los 6 meses previos en el bosque de El impenetrable y constituían apenas una muestra del calvario vivido por decenas de mujeres formoseñas. Días después, la Procuración General de Formosa denunció que, al intentar constatar la situación, encontró que los casos difundidos por la televisión habían sido fraguados y que las mujeres habían recibido dinero a cambio de su testimonio.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, celebró el levantamiento de las cautelares, afirmó que la CIDH había descartado la denuncia por “falsa” y cuestionó a Díaz y Cantón, a quienes les atribuyó intencionalidad política, ya que el primero fue funcionario de Mauricio Macri y el segundo, de María Eugenia Vidal.

Cantón es una rara avis en la galaxia Cambiemos. Fue designado secretario de Derechos Humanos de la Provincia en diciembre de 2015, producto del acuerdo político entre Vidal y Sergio Massa. Entre 2001 y 2012, se había desempeñado como secretario ejecutivo de la CIDH. Su ámbito de relaciones comprendía a casi todo el movimiento de derechos humanos argentino, de Estela de Carlotto a Horacio Verbitsky, entonces titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Desde su puesto en Provincia, Cantón cuestionó el arresto de Milagro Sala y la reacción del Gobierno de Mauricio Macri ante la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el homicidio cometido por el policía Luis Chocobar. En paralelo, el funcionario encabezó un informe de Naciones Unidas en el que acusó al Estado israelí de cometer crímenes de lesa humanidad contra palestinos, en el marco de la Gran Marcha del Retorno de 2018, separándose también en ese punto de la línea oficial del macrismo. En resumen, entre Cantón y el ala dura de Cambiemos parece haber un mundo.

El exfuncionario de Vidal —con quien mantiene diálogo—acaba de asumir como director del programa de Estado de Derecho de la organización estadounidense Inter-American Dialogue. En entrevista con ElDiarioAR, Cantón apuntó contra la política exterior de Alberto Fernández y abordó el conflicto desatado por la denuncia de violencia obstétrica.

Pietragalla afirmó que la CIDH concluyó que la denuncia formulada por vos y Félix Díaz había sido “falsa”. ¿Qué opinión te merece?

Esa afirmación equivale a usar políticamente los derechos humanos, que es algo que yo siempre he criticado. La denuncia no sólo no es falsa sino que, independientemente de las cautelares que otorgó la CIDH, los hechos descriptos fueron reconocidos por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el mismo CELS, la revista especializada en un enfoque de género Latfem, numerosos científicos del Conicet y antropólogos en temas indígenas. Todos reconocieron que existían y probablemente existan situaciones como las planteadas. El levantamiento no significa que los hechos no existieron. Una medida cautelar no analiza un tema de fondo, sino que es únicamente para una situación de urgencia, gravedad e irreparalibilidad. La CIDH vio eso y es innegable. A lo largo de las décadas, fue siendo mucho más rigurosa con las cautelares; en 2020, otorgó sólo entre tres y cuatro por ciento de las medidas solicitadas. En este caso, las otorgó después de recibir la información que le enviamos y de hablar con mujeres indígenas. Uno tiene que tener en cuenta la interculturalidad y el consentimiento previo de los pueblos indígenas (a presentar la denuncia), que no es fácil, y menos en época de pandemia. En otras épocas, las cautelares no tenían plazo y eso generaba críticas porque podían durar 15 años. Aquí había un plazo razonable para que la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad no existiera más, que era el lapso de embarazo. Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres, y se evitó que les quitaran los hijos al nacer, que era una de las preocupaciones de las mujeres. Es muy incorrecto decir que no era cierto (lo denunciado). Todo lo contrario. Al momento de levantar las medidas, la relatora de la CIDH aclara que no implica que el Gobierno nacional no siga controlando la situación.

Varios párrafos del dictamen parecen no corroborar que los hechos descriptos en la denuncia fueron tales. Por ejemplo, en el punto 57, dice entender “que el marco fáctico presentado no es equiparable a aquel respecto del cual la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de 7 mujeres indígenas embarazadas en abril de 2021”.

 La situación cambió radicalmente gracias a la actuación del Estado nacional. Los peticionarios queríamos que no actuara el Estado provincial y lo hiciera el nacional sí o sí, en coordinación con nosotros. Eso no se pudo hacer. Temíamos que el Estado nacional acudiera —o peor aún, el Estado provincial— sin que tuvieran conocimiento las mujeres. La CIDH dice que los peticionarios no habíamos dado la información necesaria, lo cual motivó que el Estado nacional saliera a buscar a las mujeres por su cuenta. Eso era lo que queríamos evitar. En ese momento, recibíamos mensajes de mujeres en Formosa preocupadas porque las andaban persiguiendo. Posiblemente era el Estado nacional tratando de ayudarlas, pero la lectura que hicieron era: “nos están persiguiendo”.

Gracias a la cautelar, el Estado nacional les dio atención médica a 7 mujeres

No queda claro que la CIDH considere que la situación dejó de ser urgente y grave, sino que parece que no pudo constatar los hechos. Específicamente dice que el Estado nacional mostró comprobantes de que las mujeres fueron atendidas durante todo el proceso de embarazo, incluso antes de la denuncia.

Puede ser que algunas hayan sido atendidas; otras no. La realidad es que, a través de las medidas cautelares, el Estado salió a tratar de ayudarlas. Nosotros queríamos hacerlo con participación de representantes de los pueblos indígenas, porque nos parecía la manera correcta de hacerlo. Para ello era necesario coordinar con el Estado. He atendido medidas cautelares en las que los peticionarios en Colombia pedían cautelares de protección, pero también requerían que no los protegiera el mismo policía que los quería matar. El Estado pudo ubicar a algunas mujeres y a otras no, y les brindó atención médica. Estamos hablando de un contexto, el de Formosa, con un señor feudal que gobierna hace 26 años.

Más allá del contexto de Formosa, que tiene aspectos cuestionables en el plano de derechos humanos, no muy distintos a provincias como Corrientes, Misiones o muchas otras, llamó la atención la escala de la denuncia de “decenas” de mujeres embarazadas escondidas en el monte por temor a que les robaran a sus hijos.

El tema es la escala. Se nos plantea que había 80 mujeres. En ese momento no teníamos conocimiento fáctico de la situación. Mi respuesta fue que teníamos que tener un número determinado de mujeres, sean 80 o cinco. Pudimos conseguir 7 (testimonios). Había otras identificables, pero que no querían dar sus datos por temor a la Policía de la provincia. Dijimos que, si nos daban garantías de que podíamos coordinar el apoyo, les damos los nombres. Les dimos los nombres asumiendo que se iba a poder hacer esa coordinación con el Estado, y no se hizo. En algunos casos, las mujeres denunciaron que les habían hecho firmar documentos (de haber sido correctamente atendidas) por parte de la Policía. Lo tenemos por video y lo hicimos llegar a la CIDH.

El dictamen de la CIDH recorre el argumento de que faltaron pruebas en la denuncia, incluidas las amenazas.

Si faltaban pruebas, la comisión no habría dado las medidas cautelares. Asumió que existía esa posibilidad en el contexto de la información que dimos nosotros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El hecho de que un denunciante haya sido Félix Díaz, quien además de ser un dirigente indígena, fue funcionario durante el Gobierno de Mauricio Macri y mostró evidente afinidad con Cambiemos ¿pudo haber sido un obstáculo para que el caso no pareciera envuelto en una sospecha de interés partidario?

Pudo haber sido un obstáculo para que el Gobierno colaborara con los peticionarios, y es un grave error de su parte. Lo lógico habría sido una reunión de coordinación, pero también es cierto que el proceso coincidió con la reapertura de la fase I de la pandemia, y ello complicaba muchísimo los encuentros personales y coordinación con una delegación indígena.

Si Fernández no sabe lo que pasa en Cuba, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave.

¿Cómo evaluás el respaldo casi irrestricto del Gobierno de Alberto Fernández a Insfrán?

La reacción inicial del Ejecutivo fue una defensa cerrada a una persona que lleva 26 años en el poder, por todos reconocidos como un gobierno feudal, en lugar de admitir que existe una discriminación estructural contra los pueblos indígenas y que lo que estaba pasando era factible y tenía que rápidamente investigar. Si no hubiese sido por las cautelares, no habría pasado nada. Defender a una persona a la que la palabra dictador le queda demasiado grande es defender a un señor feudal que no cree en los derechos humanos. Lo primero que hice cuando fui secretario de Derechos Humanos de la Provincia fue pedir una disculpa histórica ante los indígenas por lo que había hecho el Estado durante siglos, y acá se vanaglorian de lo que está pasando. Es una vergüenza.

La violencia policial es endémica en la Argentina y atraviesa a gobiernos de las diferentes ramas del peronismo, partidos provinciales y Cambiemos. ¿Cómo se puede modificar esa amenaza constante para los derechos humanos?

La transición a la democrática del 83 nunca llegó a las policías. Llegó al Ejército, militares fueron llevados a juicio, no fueron ascendidas personas relacionadas con la dictadura. Entre paréntesis, Insfrán estuvo allí (se refiere a que el programa de Jorge Lanata informó que el gobernador de Formosa pidió un empleo en el Ministerio de Asuntos Agrarios en 1978). A las policías nunca las reformaron. Hay una deuda pendiente de la democracia argentina que nos ha costado muchas vidas, que es una reforma profunda del sistema de seguridad.

Se suma la demagogia punitivista mediática, que parece estar en auge.

Quizás como un reflejo de mi carácter como exrelator de libertad de expresión de la OEA, no me gusta echar la culpa a los medios. Hay una opinión de un gran sector de la sociedad argentina y los medios la reflejan. También existía apenas comenzamos la democracia, pero ahí hubo un trabajo fuerte de una parte de la sociedad, organismos de derechos humanos y medios de comunicación que permitieron avanzar. Eso no se hizo con las fuerzas policiales. Insfrán asume en 1995 tras haber ocupado un cargo en la dictadura (ndr, fue un empleado en un puesto no jerárquico), pero también ocurre en otras provincias. En su momento intentó una reforma (el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, León) Arslanián y se dio marcha atrás. A eso se suma la corrupción y el narcotráfico, que entran fácil en donde los filtros son débiles, y las policías son débiles.

Mauricio Macri no ahorra ningún calificativo sobre Venezuela o Cuba, pero se lleva muy bien con los gobernantes de derecha de Colombia, el país sudamericano en el que más matanzas se vienen produciendo hace décadas, o apoya un golpe de Estado en Bolivia. Por su parte, Alberto Fernández hace exactamente lo contrario. Denuncia el golpe contra Evo, denuncia la represión en Colombia, pero aprieta el freno con Venezuela y Nicaragua, y dice no saber qué pasa en Cuba. ¿Se agravó el sesgo por afinidad ideológica en relación a los derechos humanos?

Si dice que no sabe lo que pasa en Cuba, no le creo, pero si es cierto, tiene que ver a quién tiene de canciller porque hay un problema de información grave. Hay situaciones en las que hay que sancionar lo que pasa en países, como puede ser Colombia, o inclusive como fue Chile, y lamentablemente por afinidad ideológica no lo hacen, como puede ser en el caso de Macri. Y sí se concentra en Cuba o Nicaragua. Lo mismo hace Fernández del otro lado, y eso es muy grave en un momento en que el estado de derecho y la democracia en América Latina se nos están yendo de las manos. La democracia que nació en 1983 (Raúl) Alfonsín, (José) Sarney, (Julio María) Sanguinetti y (Patricio) Aylwin era una democracia en la que se escuchaba al otro y las diferencias eran para producir mejores resultados, no para polarizar. Eso hoy no existe. En los ochenta se logró el acuerdo de dejar atrás las dictaduras y tener un estado de derecho en serio, hoy la lógica responde a alineamientos ideológicos que están destruyendo la democracia en toda la región. Está pasando en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba; hay hechos graves en Colombia, habría que esperar a ver qué pasa en Perú, Chile está en una situación complicada. Nuestra democracia no es lo que fue, está más débil. Siempre se habla de tres olas democráticas en América Latina, lo que implica que hay tres olas antidemocráticas, y puede estar empezando otra de ellas. 

SL