El abogado Alejandro Rúa está conectado con el caso AMIA desde hace más de 20 años. Desde finales de 2001, siete años y medio después del atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue designado secretario ejecutivo de una Unidad Especial de Investigación, creada por el Poder Ejecutivo Nacional. Buscaban coordinar la acción de las distintas fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia del Estado y asistir a las autoridades judiciales en la investigación sobre el ataque terrorista de 1994.

Durante cuatro años, se sumergió en los archivos sobre el atentado, que el Estado acumulaba en cajas y cajas de papeles y cuyo contenido era aún secreto para quienes investigaban el caso. Trabajó para que el Estado levantara el secreto de la información confidencial y para que los agentes de inteligencia explicaran, sin restricciones, lo que sabían sobre el peor ataque del terrorismo internacional en la historia del país y de la región. Los espías y agentes de las fuerzas de seguridad guardan, tantos años después, secretos que podían ayudar a esclarecer el hecho. 

El esclarecimiento final, la condena, nunca llegó. Este viernes, a menos de un mes del aniversario número 30 del ataque a la mutual judía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que depende de la Organización de Estados Americanos, OEA- condenó al Estado argentino por no haber prevenido ni investigado adecuadamente el hecho que le costó la vida a 85 personas y marcó para siempre al país.

Rúa, que conoce el caso como pocos, acaba de publicar su primer libro, 30 Días, un relato sobre el mes de julio de 1994, que marcaría la historia argentina.

–¿Qué significa esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–Es la consagración de un proceso muy largo porque esto empezó durante el menemismo. Fue Supi, el abogado de Memoria Activa en 1998 ó 1999, quien concretó esta denuncia. Muchos años después hubo un reconocimiento de responsabilidades en 2004, que fue en el que yo participé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a uno le parecía que ante un reconocimiento de responsabilidad (del Estado argentino), el caso debería haber dejado de ser controversial y debería haber empezado a solucionarse. Y sin embargo, fueron necesarios 20 años más después del reconocimiento de responsabilidad que había sido a los diez años del atentado; 20 años más para que, de nuevo, la Corte tenga que condenar al Estado y ordenar curso de investigación y cursos de acción, de reparación. Por eso es un día donde la Corte Interamericana reconoce la responsabilidad estatal en la falta de prevención del atentado y en la falta de una debida investigación por el encubrimiento estatal. Se han seguido desarrollando irregularidades que fueron más allá de las que se advertían en 2004. 

La causa AMIA es una mancha venenosa porque es una causa muy desgraciada para todos. Todos los que estuvieron en el caso terminan enredados en operaciones de inteligencia de las que después no salen.

–¿Cuáles fueron las irregularidades más recientes?

–La continuación de lo actuado por la UFI AMIA en tiempos de (el fiscal Alberto) Nisman -quien apareció muerto en el baño de un departamento que habitaba en Puerto Madero en enero de 2015- también fue objeto de los mismos cuestionamientos, no de los delictivos de la primera etapa, pero sí de la falta de una investigación eficaz. Me parece que es una sentencia muy importante, desgraciadamente, como todas estas reparaciones que vienen de los sistemas de protección internacional, son tardías porque llegan después de 30 años, pero aún así, siento que para las víctimas es una reparación… parcial, pero es una reparación después de tantos años de rechazos y de inconsistencia de las agencias estatales acerca de sus obligaciones. Es una reparación parcial, pero al fin y al cabo es una reparación que, hoy, era la mejor reparación que la Corte podía dar. Hablé ayer (por el jueves) con alguna de las víctimas y les decía esto: que hoy tuvieran un buen día, que fuera un día en el que sintieran alguna reparación. Y yo creo que eso es lo que debe haber pasado, que cuando a uno después de tantos años le dicen que tenía razón, aunque esa razón haya sido tan desgraciada como tener razón en que el Estado no previno el atentado en el que murieron sus familiares, omitió investigarlo, lo encubrió deliberadamente y después incluso no investigó adecuadamente ese encubrimiento y pasan 30 años… siempre hay un fondo de tristeza.

–¿Qué percibe cuando habla con las víctimas y sus familiares?

–Esa sensación de que a 30 años tienen que seguir luchando casi en soledad, con el respaldo de organismos de derechos humanos como el CELS, que los han promovido y patrocinado ante la Comisión Interamericana y ante la Corte con el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), con otros organismos, pero con la misma falta de respuesta de hace 30 años. Memoria Activa sigue reclamando que se aparte al fiscal que está a cargo hoy de la causa. Como antes reclamaba que se fuera Nisman, como antes reclamaba que se fuera Galeano. Y las instituciones persisten en rechazar sus reclamos como si no fueran lo suficientemente claros, que tienen razón y que tienen que atender lo que no pueden seguir rechazando. No puede ser que haya un fiscal a cargo de la investigación que está tan cuestionado por los familiares.

–El fallo de la CIDH habla de muchos archivos por desclasificar. A pesar de que vos en el libro demostrás que accediste y trabajaste con un sinnúmero de archivos de distintos organismos, pero todavía habría mucho por desclasificar. ¿Dónde está eso que se necesita desclasificar?

–Los archivos del caso AMIA son monumentales, inabordables. Entonces, ante ese volumen, con el paso de los años se fueron hallando cada vez más, yo el último recuerdo que tengo fue el que se concretó hace unos años, vinculado con que había todavía tres archivos más con papeles y grabaciones. Yo personalmente la dificultad que percibo es lo inabordable que resulta, porque aún en el esfuerzo que se ha hecho por la digitalización de tanto material, que es sobre todo un modo de conservación, se ha hecho muy difícil acceder a ese material porque sigue siendo aún digitalizado e inabordable. Entonces a mí siempre me resultó mejor la búsqueda artesanal. Quizá demande más tiempo y más personal, pero yo recuerdo cuando estaba frente a una computadora mirando cable (diplomático) por cable (diplomático), uno por uno, o ahora mismo, a propósito de la tarea de investigación para este libro. Sí, es muy difícil si uno no entiende qué está buscando y dónde lo tiene que buscar. No es un laberinto porque está hecho un laberinto sino porque es monumental y es inabordable. Aun desclasificado e incluso puesta la información a disposición de las partes sigue resultando inaccesible.

–En la sentencia también hay un planteo sobre la información de inteligencia que forma parte de la causa y que es mucha. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando con esta información de inteligencia?

–La información, cualquier información, la de la inteligencia, la periodística, la que llega de cualquier manera, es una información que debe conducir a tareas de prueba, de búsqueda. La información de lo que pasa en este caso llegó siempre de la inteligencia. Es hasta lo más lógico. Se ve en el desarrollo del libro de los 30 días. El tema es cómo eso debe y con qué alcances debe ser trabajado, traducido en pruebas judiciales que puedan ser controvertidas en un juicio. La problemática es que la inteligencia, por lo menos en 1994 y yo creo que también hoy, estaba destinada a otras funciones y no a recolectar pruebas. Estaba destinada a la acción, no a la documentación. En los últimos días del relato de los 30 días, que son los primeros días de la investigación, se ve claramente el desarrollo de una acción de inteligencia que es distinta a lo que reflejan los papeles por la propia naturaleza de lo que estaban haciendo. Lo que documentan no se corresponde con lo que verdaderamente pasó. Yo cuento en estos 30 días toda la información. Ahora, si yo fuera un juez no podría decir lo mismo en una sentencia. El dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precedió a esta condena, refería eso, la necesidad de que los informes de inteligencia deriven en una investigación exhaustiva a los efectos de poder llevar esa información y traducirla en pruebas judiciales con posibilidades de formular una acusación en un proceso penal. 

A mí siempre me pareció que iba a ser más sencillo mostrar las irregularidades con las que se presentaban las soluciones falsas que encontrar la verdadera solución.

–¿Podrías trasladarte a aquellos años en los que empezaste a trabajar con los archivos y te empezaste a encontrar con este mundo desde cero? ¿Qué pensabas? ¿Cómo fue trabajar así?

–Llegué al caso siete años y medio después del atentado. Un mes antes, había empezado un juicio oral que duraría tres años y en el que se iba a juzgar lo que se presentaba como “la conexión local” del atentado y hacía años que todos habíamos visto en televisión, en el programa de (Jorge) Lanata, alrededor de 1997, es decir, cuatro años antes de que empezara el juicio, el modo en que el juez negociaba con el imputado (Carlos) Telleldín un pago de dinero a cambio de que involucre falsamente a unas personas, y que después finalmente fueron llevados a juicio junto con Telleldín. Eso tenía para mí el convencimiento de que esto no iba a funcionar y que entonces había que empezar otros cauces de investigación. Me pareció central el trabajo sobre los archivos. Y había, cuando yo llegué, mucha resistencia a eso, incluso en la época de (Eduardo) Duhalde, de (Miguel Angel) Toma. Ese primer año de mi trabajo, hubo mucha resistencia del entonces secretario de Inteligencia a que se descubriera la verdad. Conseguimos que nos habilitaran la Cancillería para ir a ver sus cables (diplomáticos) reservados. Íbamos con dos o tres personas, pero nos sentábamos cada uno en una computadora y veíamos cable por cable, que comprenden diez años, empezando en 1992. En esa búsqueda manual descubrimos un cable que fue definitivo: un aviso de que iba a haber un segundo atentado y que había generado la intervención de los teléfonos de ciertas personas. Es decir, hubo aviso de que iba a pasar algo. La SIDE actuó en consecuencia junto con la inteligencia israelí y empezó el seguimiento a los sospechosos. Encontramos también un cable muy importante que es el de la versión unificada del día 19 de julio. Un día después del atentado se acuerda desde el Gobierno con un representante israelí una versión unificada del caso para presentar a la opinión pública. Con el cambio de gobierno, Kirchner levantó el secreto de los archivos de la SIDE, de la Gendarmería, de la Policía Federal y autorizó que los agentes declararan sin ninguna reserva en el juicio y la verdad saliera a luz. Una voluntad de máximo nivel político determinó que la verdad saliera a la luz.

–¿Qué sucedió después?

–Cuando empezamos a ir a la SIDE nos daban cajas y cajas y cajas y cajas. Había reclamos de algunos grupos de familiares de que no nos estaban dando todo, que seguían escondiendo archivos. Yo dije: bueno, esto es lo que nos dieron, vamos a empezar con esto. Y ahí también encontramos un montón de información. Veíamos papel por papel, sobre por sobre, carpeta por carpeta. Éramos cuatro o cinco personas. Encontramos también muchísimas referencias que daban cuenta de cómo se había concretado este seguimiento a sospechosos a propósito de las alertas, antes del atentado, cómo seguían directamente y concretamente a las personas a las que se sospechaba que habían cometido el atentado (a la embajada de Israel) en 1992 y los avisos de que iban a cometer uno nuevo. Pero otra vez la SIDE metió la cola y cuando estábamos encontrando cosas nos sacaron. Se creó la UFI-AMIA y todo ese material que se había puesto a nuestra disposición pasó a depender del fiscal Nisman. Mi relación con los archivos es esa: es el lugar de donde puede surgir la información. Aquí hay otras dos posibilidades. Una es la que utilizó Nisman: seguir pinchando los teléfonos de los iraníes, 20 años después del atentado le seguían pinchando los teléfonos. Ese modo de investigación parece bastante ineficiente a los efectos de investigar respecto del atentado. Parece más una maniobra de inteligencia actual sobre las minorías a las que les interesan controlar y que derivaron, por ejemplo, en las escuchas a (Jorge) Yussuf (Khalil), (Fernando) Esteche, (Luis) D’Elía, que después fueron tergiversando. Y el otro modo con el que siempre los investigadores argentinos ansían es que les llegue un arrepentido que les cuente la verdad. Y si no les cuenta la verdad, no importa porque arrepentidos en este caso que dicen cualquier cosa han sido considerados una y otra vez. Entonces, la única posibilidad deobtener información es ir a ver los archivos. 

–¿Por qué decidiste escribir este libro a 30 años?

–Estuve muy vinculado con el caso durante de estos 30 y además tuve un inicio en mi relación con el caso que fue muy estrecho, nunca me volvió a pasar. Es raro que una persona se ocupe cuatro años de un solo caso y nunca más pude desentenderme, aunque ya no tuviera ninguna función oficial. Después, a propósito de ese conocimiento y de esa experiencia, fui abogado en el juicio por el encubrimiento en representación de Memoria Activa. Después fui abogado del canciller Timerman y de la entonces presidenta Cristina Fernández, y después de Angelina Bona, en las denuncias por el memorándum con Irán. Vi este caso desde distintos lugares y siempre desde una misma posición. Y transcurrido tanto tiempo y sobre todo viendo que ya los organismos de inteligencia nacionales y extranjeros presentaron sus informes, sus conclusiones, a mí me parece que la información sobre lo que pasó en el atentado está consolidada. Creo que lo que pasó fue esto que presento en 30 días. No hay ni un solo dato, ni un solo episodio, aunque sea de color, que no se corresponda con actuaciones de los distintos trámites. Está la investigación del atentado, la investigación de los juicios del atentado, el proceso del memorándum con Irán e incluso el proceso de la muerte de Nisman. Procesos que están participando de la misma tragedia y a mí me pareció importante poder contar lo que a mí me parece que pasó, desde cómo se comete el atentado hasta los primeros días de investigación. Lo que se permite ver es, por un lado, cuánto ya del atentado se sabía en esa primera semana y no se ha modificado hasta hoy. Pero además, cómo se armó la operación de inteligencia con destino a aportar una solución falsa del caso. Para mí estos 30 días explican toda la tragedia del caso AMIA.

Se han seguido desarrollando irregularidades que fueron más allá de las que se advertían en 2004.

–¿Por qué crees que no pudiste desentenderse del caso AMIA en 20 años?

–Por un lado porque estuve cuatro años dedicado al caso, pero además esos cuatro años fueron un momento bisagra del caso, fue cuando disfrutamos del surgimiento de una verdad. Se había construido una solución falsa y surgió la verdad. Cuando eso pasa es muy conmocionante y muy motivante. Después, la inteligencia acomoda las cosas de nuevo. Las autoridades que habían asumido en 2003 tomaron en ese momento unas decisiones muy favorables para el surgimiento de la verdad. Confluyó con un momento de la sociedad que hizo de este caso algo muy vital y a mí me impregnó de esa vitalidad. 

–En los tribunales, le dicen “mancha venenosa” a la causa AMIA. ¿En algún momento pensaste que era posible vencer a la impunidad o siempre fuiste pesimista?

–Las dos cosas. Es también una mancha venenosa porque es una causa muy desgraciada para todos. Todos los que estuvieron en el caso terminan enredados en operaciones de inteligencia de las que después no salen. No pueden salir. Es el peligro de este caso. A mí siempre me pareció que iba a ser más sencillo mostrar las irregularidades con las que se presentaban las soluciones falsas que encontrar la verdadera solución. La verdadera solución es muy difícil a esta altura, cada vez más difícil. Hay un sector de nuestra sociedad que está interesada en este caso y que reclama justicia y que se interese en saber. De hecho, en estos últimos meses, en el trámite judicial ha habido un aporte de la unidad fiscal, más bien del Departamento de Análisis del Grupo General, que está haciendo este trabajo, destinado al modo en que se desatendieron estas alertas tempranas que habían sucedido desde el atentado del 92 por parte de la SIDE.

–¿Se abrió un capítulo nuevo en el que podría haber consecuencias judiciales?

–Es posible. Debería. El encubrimiento es mucho más que el encubrimiento de (el ex juez Juan José) Galeano y Telleldin del año 96. El encubrimiento empezó a los dos o tres días del atentado. Hoy, además, parece que estás explorando la posibilidad de juicio en ausencia (a los iraníes acusados). Pero esas soluciones no sé si responden a la verdad. Precisamente, por eso, los reparos constitucionales, ¿no? Porque finalmente un juicio en ausencia parece ser muy limitado a las posibilidades de control de la prueba, de control de la acusación. Y parece ser otro modo de solución, de intentar solucionar el caso como sea, ante la imposibilidad de solucionarlo.

ED

El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles en Jujuy a la dirigente social Milagro Sala, que en las últimas horas fue internada en estado delicado tras sufrir una trombosis profunda en su miembro inferior izquierdo. “Le pido a la Corte Suprema que empecemos a enmendar las barrabasadas que se hicieron, como es el caso de Milagro, que hace siete años está detenida”, sentenció.

En una conferencia de prensa posterior a su visita al sanatorio privado “Los Lapachos”, donde está Sala, el mandatario aseguró que, a su arribo de Alemania, tras participar de la cumbre del G7, “me enteré que Milagro estaba internada. Hablé con su marido y le dije que hoy estaba acá, y acá estoy”.

Además, Fernández remarcó que siempre “he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad de los procesos y ya la situación es muy grave. Lleva 7 años presa y su salud se ha deteriorado mucho, y la de su marido también”.

Según el Presidente, “la persecución y el invento de causas fue una práctica del Gobierno anterior. Acá hay una persecución a Milagro Sala. Por eso no me deja tranquilo la situación y lo que quise es acompañarla, dar testimonio de mi compromiso”. Y agregó: “Vengo a hacer público una vez más mi compromiso con Milagro y a llamar la atención a la Argentina y el mundo sobre algo que está ocurriendo y no debería ocurrir, que está afectando no solo la libertad de su persona, sino su salud”.

“Milagro ha soportado cinco, seis juicios orales. Es un sistema de persecución y es una gran penuria que se inventen causas”, sostuvo el mandatario, al tiempo que recordó que la Corte Internacional de DD.HH. “dispuso que esté en prisión en su domicilio y fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un problema de derechos humanos”, reclamó y pidió a los jueces de Jujuy “que dejen de lado doctrinas que se difundieron en los años de Gobierno anteriores al nuestro y que contradicen el Estado de Derecho. Y que la Corte Suprema por favor se aboque al tema. Milagro lleva 7 años de detención. Reclamo que el estado de derecho se respete, porque detener preventivamente es una forma de violar derechos humanos”, destacó.

Para Fernández, se trata de “un caso paradigmático en Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso”, concluyó el Presidente, quien viajó a Jujuy acompañado por Gabriela Cerruti, Julio Vitobello, Ricardo Forster, Horacio Pietragalla Corti y Eduardo Valdés.

Milagro Sala está “estable”

La principal referente de la organización Social Tupac Amaru permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia de una clínica de la capital jujeña, y su defensa denunció en las últimas horas un “hostigamiento” por parte del personal policial que la custodia.

La activista ingresó el lunes al sanatorio privado “Los Lapachos”, de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de “trombosis venosa profunda” luego de que se le practicaran estudios de rutina debido a un dolor que le aquejaba en su rodilla izquierda.

Los abogados defensores de la dirigente social informaron que, desde ese momento, Sala fue traslada a la unidad de terapia coronaria, “para ser compensada y recibir el tratamiento necesario para la trombosis”.

Según informaron, la dirigente social “se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria. Su estado de salud es estable, sin embargo, no deja de ser una situación delicada”.

Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.

El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional, sino que además recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.

Con información de agencias.

IG

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Venezuela es responsable por la muerte de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez quien fue ejecutado extrajudicialmente por agentes policiales, basándose en una discriminación por edad y condición socioeconómica; así como por el asesinato de su pariente Ramón Antonio Molina Pérez.

La Corte señaló que Venezuela violó i) los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor Jimmy Rafael Guerrero Meléndez; ii) el derecho a la vida, en perjuicio de Ramón Antonio Molina Pérez, y iii) los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de los señores Guerrero y Molina.

ccccccccccccen el Estado Falcón. Previamente el primero, de veintiséis años al momento de su muerte, fue víctima de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura cometidas por fuerzas policiales. Durante uno de los episodios, en el que Jimmy Guerrero fue torturado y detenido arbitrariamente por la policía, los agentes le señalaban que él era una persona “antisocial” y “peligrosa”. En su Sentencia, la Corte hizo notar que los actos cometidos estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza.

A su vez, la Corte estableció que, luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo del señor Guerrero, lo que se comprende como una manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la impunidad. En efecto, el Tribunal señaló que el Estado incumplió con sus obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero antes de su muerte. Llegó a la misma conclusión en relación con el modo en que se realizaron las investigaciones de los hechos que derivaron en las muertes de los señores Guerrero y Molina, que luego de más de 14 años no arribaron a la determinación de las responsabilidades correspondientes.

El Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes.

DA