A principios de esta semana, una enorme serpiente rojiza de más de 10 metros bloqueó durante unos minutos —junto a varios paneles solares— el ingreso a uno de los puertos de exportación de carbón más importantes de Colombia, el puerto Drummond. Era parte de una manifestación convocada por una coalición de activistas ambientales de la Flotilla por la Justicia Climática, que llegaron a la ciudad de Santa Marta luego de 13 días de travesía por el Caribe.

Su llegada hasta el puerto, donde se pueden almacenar 1.5 millones de toneladas de carbón y cargar hasta 60 millones de toneladas de carbón al año, no fue casualidad. Desde el pasado 24 de abril, Santa Marta ha sido la sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un evento organizado por Colombia y Países Bajos para impulsar soluciones que aceleren una transición energética justa y equitativa, que permita superar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, causantes de más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

La ministra de Ambiente (encargada) de Colombia, Irene Vélez, aseguró: “Decidimos desarrollar esta conferencia en Santa Marta porque expresa una de las grandes contradicciones de nuestros tiempos: por un lado, es el macizo montañoso litoral más alto del mundo, elevándose desde el mar Caribe hasta los 5700 metros y creando una isla biogeográfica de altísima diversidad ecosistémica y cultural; por otro, es uno de los principales puertos de exportación de carbón de Colombia y las Américas”. Desde allí, afirmó, se calcula que han salido más de 800 millones de toneladas de carbón hacia el mercado internacional, con un impacto mayor a 1000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. “Es una compensación imposible. Un balance inviable. La eliminación de los combustibles fósiles resulta inevitable para salvar la vida en el planeta”, insistió Vélez.

Leer más | Conferencia en Santa Marta: más de 50 países se reúnen por primera vez para debatir cómo salir del petróleo, gas y carbón

Con esa idea, en los últimos días la ciudad ha acogido encuentros entre más de 1500 participantes, incluidos delegados de cerca de 60 países, parlamentarios, académicos, científicos, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, sindicatos, representantes de la sociedad civil y de las empresas. Todos llegaron con un objetivo común: proponer alternativas para trazar una hoja de ruta que permita dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles de forma coordinada y acelerada, y forjar una especie de coalición entre los países dispuestos a avanzar más rápido y a escuchar a distintos sectores sociales para lograrlo.

“El mundo nos ha dicho que la salida no son los combustibles fósiles, sino cuidar los ríos, las montañas, el aire, la flora, la fauna. Cuidar la naturaleza e incluirnos en ella. Invito a que de esta conferencia salga un elemento vinculante que nos facilite a las comunidades y los territorios hacer una transición energética justa, territorial y comunitaria”, aseguró el martes pasado, al inicio de la plenaria del segmento de alto nivel del encuentro, Yuvelis Morales, activista ambiental colombiana que recibió el 20 de abril el Premio Medioambiental Goldman 2026 por su liderazgo para evitar proyectos de fracking en su comunidad.

Leer más | Una activista colombiana gana el premio Goldman 2026 por su lucha contra el fracking

Los aportes de pueblos indígenas

Tras la reunión de más de 100 líderes indígenas en el primer Encuentro Mundial de Pueblos Indígenas sobre la Eliminación Gradual de los Combustibles Fósiles, realizado en el marco de la conferencia, surgió una declaración conjunta que recoge la posición de los pueblos indígenas del mundo frente a una transición energética justa.

Ginny Alba, lideresa indígena del pueblo Piratapuyo, en Guainía, Colombia, explica a Mongabay Latam que “hay un conjunto de demandas que hemos venido construyendo de manera conjunta con todos los pueblos indígenas del mundo, primero en reuniones virtuales y luego en el encuentro presencial en Santa Marta. La primera es que no podemos hablar de transición justa si vamos a promover nuevas formas de extractivismo”.

“Nuestros territorios son fundamentales para mantener la vida en el planeta”, agrega Oswaldo Muca, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). “Aquí estamos para precisar que, sin el respeto y la garantía a nuestros derechos inherentes y particulares, como la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, la transición se basará en extractivismo, impactando todavía más nuestros modos de vida, así como los ecosistemas que hemos protegido por miles de años”, insiste.

Las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas tienen respaldo en distintos estudios científicos, pues sus territorios se han visto ampliamente amenazados por la extracción de gas y petróleo. Un estudio de la Universidad de Barcelona documentó los altos niveles de contaminación por petróleo en comunidades indígenas de la Amazonía, así como la ausencia de monitoreo y sanciones por los daños ambientales.

Además, según un análisis de Earth Insight, 179 millones de hectáreas de bosques tropicales se superponen a bloques de petróleo y gas, aproximadamente el 21 % de los bosques tropicales de alta integridad en la Amazonía, la región del Congo y el sudeste asiático.

Leer más | Entre denuncias y soluciones: pueblos indígenas participan en la conferencia para la transición de combustibles fósiles

Por eso, entre sus peticiones también está declarar zonas libres de actividades extractivas en sus territorios, proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y destinar financiamiento climático directo para la implementación de estrategias, iniciativas, programas y proyectos propios de transición justa, “diseñados y liderados por nosotros, incluso a través de mecanismos financieros propios”, se lee en la declaración.

“Nuestras decisiones deben ser respetadas en todas las políticas, iniciativas y proyectos que se pretendan implementar en nuestros territorios, tierras y aguas o que puedan afectarlos, para no repetir relaciones históricas de subordinación, despojo e imposición”, se afirma en el documento.

“Hemos venido aquí a alzar nuestra voz para decirle al mundo que no queremos que se expanda la frontera petrolera en nuestros territorios de vida. En nuestros territorios no habrá petróleo, habrá vida”, asegura, por su parte, Juan Carlos Ruiz, presidente de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, quien denunció junto a líderes de las nacionalidades kichwa, andwa, shiwiar, achuar, waorani y shuar que el Gobierno ecuatoriano ha anunciado dos nuevas licitaciones petroleras en el centro sur de la Amazonía de ese país, superpuestas a territorios indígenas y sin consulta ni consentimiento.

Los pilares de las comunidades afrodescendientes

Meses antes del encuentro en Santa Marta, representantes de las comunidades afrodescendientes a nivel global desarrollaron diálogos virtuales y presenciales para poner en común las experiencias territoriales, consensos, tensiones y soluciones que promueven para avanzar en una transición justa, ordenada y equitativa.

“A nivel global, hay un acuerdo fundamental sobre la necesidad de defender los territorios que habitan las comunidades afrodescendientes y sobre la inclusión de los impactos desproporcionados y específicos del cambio climático en poblaciones racializadas”, explica Sibelys Mejía, directora de litigio y coordinadora de la línea de Territorio, Justicia Ambiental y Paz en Ilex Acción Jurídica, una organización liderada por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT.

Por eso, uno de los puntos que destacan es la convergencia del racismo ambiental, la justicia territorial y la autonomía económica. “La dependencia de los combustibles fósiles no es leída como un dato neutro del desarrollo: es el resultado de siglos de despojo colonial y esclavización que determinaron quiénes vivían cerca de las refinerías, los oleoductos y las zonas de extracción, y quiénes sufrían de manera desproporcionada sus impactos en salud y medioambiente”, se lee en el documento construido a partir de los encuentros.

Como colectivo, han acordado que una transición justa debe reconocer y proteger legalmente los espacios colectivos que habitan los pueblos afrodescendientes, ya sean urbanos o rurales, y fortalecer economías territoriales autónomas. “La ausencia de reconocimiento legal de la propiedad impide que las comunidades tengan poder de negociación, asociación y veto sobre proyectos extractivos”, señalan en el texto.

Además, señalan que la reconversión económica en sus territorios debe ser liderada por los propios consejos comunitarios, con autonomía y recursos directos. “También debe garantizar la protección del gobierno propio para desarrollar comunidades energéticas y crear y distribuir nuestra propia energía limpia”, dijo la vocera para el encuentro durante el segmento de alto nivel.

La contribución de académicos y científicos

Al menos 500 académicos y científicos de todo el mundo se organizaron en 16 mesas paralelas de trabajo para elaborar un informe en el que se presentan distintas acciones y propuestas para que los gobiernos puedan superar la dependencia de combustibles fósiles y transitar a economías bajas en carbono.

“Con voces diversas y plurales de investigadores de diferentes países desarrollamos este espacio complementario y vemos mucho potencial para establecer conexiones más fuertes y apoyar a los gobiernos para dejar atrás los combustibles fósiles”, señaló Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, Colombia, y quien estuvo a cargo de la coordinación de la preconferencia científica.

Entre los insumos entregados por los expertos se encuentran algunos diagnósticos y alternativas para la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, medidas inmediatas para prevenir futuras emisiones, caminos para establecer estándares y procesos de monitoreo para la transición, así como sugerencias de instrumentos de financiación para reducir los costos de la transformación hacia energías limpias. También proponen reestructurar los marcos jurídicos internacionales para apoyar las transiciones sin que los gobiernos se vean enfrentados a millonarias demandas por parte de las empresas de combustibles fósiles.

“Lo que entregamos es una buena síntesis del trabajo que muchos académicos han estado haciendo en los últimos años. Ya hay unos consensos científicos claros, sobre todo en el diagnóstico del problema y en los riesgos de no hacer la transición. La petición es que nos escuchen”, asegura Paola Yanguas, asesora de políticas en el Programa de Energía del International Institute for Sustainable Development (IISD), quien se ha centrado en investigar la eliminación gradual y controlada de la producción de petróleo y gas, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París, con especial énfasis en los productores de combustibles fósiles.

La comunidad científica también ha establecido que la transición hacia fuentes de energía no fósiles es necesaria y posible y que la actual crisis energética mundial representa una oportunidad para acelerar esta transición.

Además, en el marco del evento se anunció la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global, que espera asesorar a las naciones en acciones concretas hacia la transición. Este panel, señaló el Ministerio de Ambiente de Colombia, reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán insumos para la construcción y el fortalecimiento de acciones relevantes, urgentes y concretas, respaldadas por la mejor evidencia disponible para entregar recomendaciones respecto al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles.

Leer más | Santa Marta: la conferencia sobre combustibles fósiles encuentra a Latinoamérica en una transición energética desigual y compleja

Campesinado, mujeres y otras expresiones de la sociedad civil

Las mujeres y las diversidades, las ONG, los movimientos sociales, las comunidades campesinas y los sindicatos también participaron en encuentros paralelos para plantear sus propuestas a una transición justa.

Diana Salcedo López, representante del sector de mujeres y diversidades, aseguró que una transición justa requiere democratizar la energía, descentralizar su control y reconocerla como un derecho, no una mercancía. En el documento con sus aportes para la transición señalan que este proceso no puede limitarse solo a un cambio tecnológico o energético, sino que se trata de una “transformación estructural que implica reconfigurar las relaciones económicas, políticas, territoriales y culturales que sostienen la dependencia fósil”, entre esas, resignificar la economía del cuidado.

“Nuestro documento —afirmó, por su parte, la vocera de las comunidades campesinas— recoge el pensar de las comunidades invisibilizadas que siembran las semillas, alimentan al mundo y cuidan los territorios”. Entre sus peticiones, señalan que “urge desfosilizar la dependencia de las comunidades campesinas de los derivados del petróleo para el uso de agroquímicos tóxicos”, además de contar con la devolución, el acceso y uso óptimo de la tierra que en diferentes partes del mundo les ha sido quitada por condiciones extractivistas.

En el marco de la conferencia también se reunieron 100 organizaciones sindicales que enfocaron su discusión en la transición y reconversión laboral en un escenario de transición energética. “No habrá transición energética sin los trabajadores como protagonistas. Desde el movimiento sindical reafirmamos que la transición justa debe incluir formación y recualificación laboral”, señaló el vocero de esta delegación durante la plenaria de alto nivel. “La transición energética no puede dejar a los trabajadores como sus víctimas: debe ser gestionada, financiada y cogobernada con plena participación sindical”, se lee en su documento de síntesis.

Los movimientos sociales insistieron en la creación de un instrumento internacional vinculante para regular la producción de combustibles fósiles y la creación de instrumentos financieros que se puedan adaptar a distintos actores y que garanticen la autonomía de los países. “Necesitamos una estructura de financiación que no implique mayor endeudamiento para los países especialmente los del sur global y la inclusión de alternativas para países y territorios altamente dependientes de los combustibles fósiles”, señaló Amarilys Llanos, parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y vocera del sector de movimientos sociales.

Los insumos de estos días de trabajo harán parte de un informe que será entregado a las presidencias de la COP30 y COP31, las conferencias globales sobre cambio climático de la ONU, con el fin de que pueda servir de aporte a una hoja de ruta para impulsar la transición justa y alimente futuras negociaciones internacionales.

Leer más | La COP30 dejó un gran sinsabor y no logró avanzar en la transición de los combustibles fósiles

“Queremos estar seguros de que estas conversaciones puedan terminar en pasos concretos durante los próximos años y puedan alimentar el proceso de la COP en el momento apropiado, para acelerar y ayudar a los países a moverse hacia adelante en el camino de reducir la dependencia de combustibles fósiles”, afirmó Stientje Van Veldhoven, ministra de Clima y Crecimiento Verde de Países Bajos.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

Leer más: Argentina: diputados aliados a Milei modificaron la Ley de Glaciares a favor de la minería

Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país. 

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network en el marco de la COP16.

Era agosto de 2024, y cinco alertas de deforestación en su teléfono celular hicieron que, a quien diremos Saúl para proteger su identidad, emprendiera un viaje de más de un día para confirmar sus sospechas.

Saúl es un comunero indígena del pueblo shipibo capacitado para el monitoreo de los bosques próximos al Parque Nacional Sierra del Divisor, una cadena montañosa de alta biodiversidad enclavada sobre la frontera entre Perú y Brasil. Ese día de agosto, él salió de su casa rumbo a la comunidad nativa Saasa para enfrentar esta porción de bosque al que pocos llegan.

Saasa, en la región Ucayali, está habitada por apenas 80 personas de la etnia awajún, en la cabecera del río Utuquinía, un afluente del río Ucayali. Se trata de la población indígena más cercana a Sierra del Divisor.

A partir de estas alertas e información georreferencial obtenida a través de Global Forest Watch, plataforma para el monitoreo de bosques en tiempo real, Saúl navegó doce horas desde su localidad y caminó un tramo largo de selva espesa para llegar al sector crítico.

“Esquivé predios peligrosos hasta ubicarme en un lugar desde donde pudiera elevar un dron. La deforestación y sembríos de coca estaban en el límite de Saasa con Siete de Julio, pero también en otros caseríos (no indígenas) vecinos”, cuenta a Dialogue Earth.

El jefe de Saasa, Iván Agkuash, cuenta a Dialogue Earth que en la zona se está plantando coca, cuyas hojas se utilizan para fabricar cocaína. Agkuash muestra su preocupación por lo desprotegida que se encuentra la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor y calcula que más de 10 hectáreas de bosque primario han sido depredadas y reemplazadas por cocales muy cerca del territorio comunal.

El líder indígena remarca que Saasa se ha convertido en una zona de paso para el narcotráfico, pero en su comunidad han optado por evitar enfrentamientos.

Paso de la droga

Según ha podido observar durante sus incursiones en aquella parte convulsa de la Amazonía, Saúl indica que la ruta de los “mochileros”, hombres al servicio de organizaciones criminales de Brasil que trasladan paquetes de droga, parte de distintas localidades brasileñas fronterizas y sigue hasta la cabecera del río Abujao, en Ucayali. Luego continúa por los centros poblados Aguas Negras y Mazaray, cruza una parte del Parque Nacional Sierra del Divisor y sale al río Utuquinía.

“Por Saasa pasan surcando el río, incluso disparando al aire [para intimidar a los residentes], y así llegan a Siete de Julio y los otros caseríos colindantes”, describe Saúl. De regreso a Brasil con los cargamentos, añade, recorren el mismo camino.

Un contexto similar registra la comunidad nativa San Mateo, también en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. De acuerdo con monitores forestales de la organización internacional Global Conservation, que trabaja en la protección de espacios silvestres en peligro, como Sierra del Divisor, gran parte de la depredación y sembríos de coca en San Mateo se expande sobre las márgenes del río Abujao. Por el riesgo, los monitores (que han pedido no revelar su identidad por seguridad) aún no han podido establecer en campo cuánta deforestación hay, pero estiman que no es menor a 50 hectáreas.

Otro punto de atención está en la Comunidad Campesina Ribereña Guapries, que integran los caseríos Guacamayo, Primavera y Esperanza. En el último recorrido que el jefe de la comunidad, Laiver Vásquez, realizó con una brigada de guardias forestales -relata a Dialogue Earth-, detectó al menos 15 hectáreas de cocales en un área ubicada a solo 500 metros del parque nacional. Desde agosto, la comunidad ha registrado 14 alertas de deforestación. Guapries y Saasa serán capacitadas por Global Conservation en el uso de tecnologías para la conservación de sus bosques.

Pocas soluciones

El último reporte publicado en junio de 2024 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que conduce la lucha contra las drogas, da cuenta que de las 92.784 hectáreas de coca que actualmente existen en el Perú, 351 están en la zona de amortiguamiento del parque. El estudio indica que no hay cultivos de coca dentro del área protegida. Sin embargo, la presión está en los espacios adyacentes.

En tanto, Ucayali terminó el 2023 con una deforestación de 27.340 hectáreas, y en los dos primeros meses de 2024 su pérdida de bosques alcanzó 673 hectáreas.

De ese total, 203 hectáreas están dentro de comunidades nativas, conforme al análisis más reciente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Es decir, poco menos de un tercio se encuentra dentro de comunidades indígenas. Esto marca un incremento de casi 800% en comparación con el mismo periodo del 2023, donde solo se registraron 23 hectáreas de deforestación en las comunidades indígenas de Ucayali.

El gerente de la oficina regional, Franz Tang, declaró durante la presentación del informe que una de las causas para los niveles de desbosque reportados en Ucayali son los cultivos ilícitos y que, en ese sentido, el problema demanda una urgente intervención multisectorial del Estado.

Por otro lado, Global Conservation, a través de sus programas de control y vigilancia de bosques, busca crear un cinturón de protección para el área natural. Para ello intenta consolidar un trabajo coordinado con todas las comunidades que la rodean.

Nuevo Saposoa y Patria Nueva formaron parte de un proyecto piloto de monitoreo forestal, a cargo de la ONG, en que grupos de comuneros (guardias comunales o ecoguardias) recibieron capacitación para el manejo de drones, del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y para el análisis de imágenes satelitales.

La instrucción permitió que puedan realizar reportes acerca del estado de sus bosques y, con ello, que fueran atendidos por las autoridades. Los monitores consignan en sus estadísticas que Nuevo Saposoa, por ejemplo, redujo la deforestación a cero en 2022, tras alcanzar un pico de más de 15.000 hectáreas de deforestación en 2016.

“En los últimos cuatro años ya no hemos tenido alertas de deforestación [en Nuevo Saposoa]. Tampoco en Patria Nueva”, afirma un ecoguardia de la comunidad, que también pidió anonimato.

Sin leyes ni protección

A pesar de los avances logrados en la disminución de la deforestación en Ucayali, en Perú, el cuidado de los bosques y territorios indígenas sigue siendo una tarea peligrosa para la que no existe una protección garantizada.

En octubre de 2020, el Congreso de la República del Perú rechazó la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el derecho a la información, justicia ambiental y a la toma de decisiones sobre el medioambiente en los países de América Latina y el Caribe.

El acuerdo también plantea la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Un punto relevante para el Perú, tomando en cuenta que, en la última década, 35 defensores indígenas fueron asesinados en este país por resguardar sus territorios. La funesta cifra corresponde a la base de datos actualizada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). La mayoría de los crímenes (10) tuvieron a Ucayali como escenario.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, dice que sin el acuerdo ratificado las voces y propuestas de los pueblos indígenas peruanos quedan siempre en el vacío dentro de los foros regionales ambientales.

“Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo”, lamenta. Algo así sucedió en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), realizada en Chile, donde Guimaraes sintió que las sugerencias para visibilizar la necesidad de protección de los defensores indígenas no fueron tomadas en cuenta. “Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Esta es la razón por la que no tenemos una voz que pueda llevar nuestras demandas”, añade.

Al término de esa reunión, precisamente, Guimaraes fue informado de un atentado contra su vivienda, donde fue dejada la pinta: “No vivirá”. Las investigaciones fiscales sobre la amenaza -denuncia el apu, como se conoce a los líderes indígenas en Perú- no han avanzado.

Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep

Pese a los reveses que implica la no ratificación de Escazú para las comunidades nativas peruanas, aún puede haber oportunidades de cambio legislativo. Katherine Sánchez, coordinadora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resalta que el Plan de Acción sobre Defensores en Asuntos Ambientales, aprobado en la COP3 contempla para las próximas reuniones un intercambio de información y experiencias de los países ratificantes sobre situaciones de riesgo que afectan a personas defensoras, lo que permitirá identificar estándares comunes y generar una estrategia internacional de protección. La abogada destaca que así será posible atacar las causas estructurales o de fondo.

“Los no ratificantes, como Perú, están invitados a conocer qué van haciendo aquellos países que continúan con Escazú, enriquecerse de los procesos y participar de la estrategia. Luego, cada uno decidirá si mejora su normativa o aplica mecanismos distintos”, explica.

La especialista señala que hasta diciembre de 2023 se presentaron tres proyectos legislativos a fin de obtener la primera ley para proteger a defensores de derechos humanos en Perú. El resultado fueron tres dictámenes diferentes, lo cual fue observado en la evaluación para su debate en el pleno del Congreso. “Pedían que haya un acuerdo y sea emitido un solo dictamen. Por cuestiones estrictamente procedimentales no podemos avanzar”, indica.

Por ahora, la única herramienta en favor de los líderes indígenas peruanos es el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Un instrumento que, a juicio de Sánchez, solo está concebido para atender una emergencia, pero no resuelve problemas de fondo y tampoco incluye obligaciones para el Estado en su totalidad: “Solo vincula a los ocho ministerios que han firmado el documento”. La ratificación de Escazú posibilitaría contar con una norma de rango constitucional, que contendría obligaciones para el Estado en beneficio del medioambiente y sus defensores. Pero ello en Perú suena cada vez más a una utopía.

Enrique Vera es un periodista independiente con base en Lima, cuyo trabajo ha aparecido en Mongabay, El Comercio y Caretas.

DM

El pasado 4 de septiembre, Enrique Acosta, Consejero de Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad Sentimiento de mi Tierra, del pueblo originario sanavirón, esperaba ansioso en la puerta de una escribanía de Añatuya, en Santiago del Estero. Ese mismo día, a 900 kilómetros de ahí, Javier Milei ordenaba reprimir con palos y gases lacrimógenos a los jubilados que se manifestaban frente al Congreso de la Nación contra el veto a la Ley de aumento jubilatorio. Pero esa no era la preocupación principal de Acosta, sino que nada modificara lo acordado días antes con Norberto “Beto” Milei, padre del Presidente: la firma de un acuerdo transaccional que pondría fin a un conflicto territorial de 30 años con su comunidad.

Al entrar a la oficina junto a compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y otros referentes indígenas, Acosta vio que “Beto” Milei ya estaba allí. Milei anunció: “Yo les dí mi palabra hace 60 días de que iba a firmar y aquí estoy”. Al volver a su comunidad de Pampa Atun, en el Departamento de Mitre, el dirigente indígena descargó las lágrimas que había contenido durante la jornada, se abrazó con su familia y organizó una reunión con la comunidad para festejar: “Por fin, después de treinta años, ahora estamos pisando nuestra tierra”.

Si bien el paraje de Pampa Atun es habitado por las familias de la comunidad sanavirona Sentimiento de mi Tierra desde antes de la conformación del Estado Argentino, fue adquirido en 1995 por la empresa agropecuaria La Ponderosa SA, cuyo principal dueño es Norberto Milei. Durante 30 años mantuvieron un conflicto legal que se tradujo en sucesivas denuncias, notificaciones judiciales y una sentencia de desalojo. Mediante el acuerdo firmado la empresa finalmente reconoció a la comunidad aproximadamente el 50% de las 5.800 hectáreas que poseía en la zona.

La situación territorial de las comunidades indígenas y campesinas de Santiago del Estero históricamente se ha caracterizado por la inseguridad jurídica: si bien son poseedores de las tierras ancestrales que ocupan, en la mayoría de los casos no han podido acceder a los títulos o escrituras. 

En 1996 se sanciona en La Ley Catastral de la Provincia (N° 6.339) que regulariza el registro, ordenamiento y control de los títulos de propiedad o de la posesión ejercida. Pero la empresa La Ponderosa SA adquirió las tierras un año antes en el marco de una situación de anomalía registral, especificaron referentes del MOCASE a elDiarioAR. Durante aquella época, muchos títulos se generaban por adjudicaciones a personas que no ejercían posesión en las tierras, que eran objeto de la adjudicación a través de un sinnúmero de escrituras circulando por el registro de la propiedad, escribanías, cafetines, o remates en entidades financieras y bancos. 

Un documento aportado por la organización detalla que en estos remates había quienes invertían dinero y compraban campos a sabiendas de que existen personas viviendo en el lugar. “Al llegar se encontraban con la realidad de que esas personas eran familias de varias generaciones de vida y posesión continuada en esas tierras”, detalla.

Así fue que La Pondersa SA adquirió las tierras de Pampa Atun y otros campos de la zona sur de la provincia, más cercanas a la ciudad de Pinto (cabecera del Departamento Aguirre), a pocos kilómetros de la localidad conocida como Casares.

La Ponderosa SA se dedica a la producción de maíz, algodón, trigo y a la ganadería vacuna. En las tierras de Pampa Atun nunca entró en actividad, lo va a hacer próximamente una vez que se hagan las limitaciones acordadas. La zona, sin embargo, no es muy adecuada para la agricultura: se conecta con los pueblos más cercanos de Villa Unión y Pinto por caminos de tierra rodeados de sectores poco aptos para el cultivo, donde las precipitaciones forman acumulaciones de agua conocidas como bañados. Por eso, cuando la comunidad tuvo que elegir un nombre para registrarse ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue fácil decidirse: Pampa, porque en su lengua significa limpio, y Atun, por grande. En ese territorio grande y limpio habitan hoy 17 familias que viven de la producción: crían ganado, aves de corral y hacen apicultura.

Acosta todavía era chico cuando comenzó el conflicto con la empresa. Un día de 1995, su abuelo y su papá amanecieron raros, distintos. Al ir a los corrales, vieron que estaban intentando entrar con topadoras a las tierras de la comunidad. Todas las familias se organizaron rápidamente para impedirlo.

En esos días, llegó a la comunidad una carta del dueño de la empresa, aún desconocido, con una propuesta: donarles veinte hectáreas a la comunidad y venderles treinta. “Imagínese, las familias querían enloquecer, sólo veinte hectáreas, teniendo vacas, cabras, ovejas y todo. No”, dice Acosta. Se organizaron entonces en el MOCASE a principios de 1996, lo cual no impidió nuevos intentos de desalojo en Pampa Atun, pero le garantizó a la comunidad una estructura política mayor para resistir y negociar.

En el año 2007 llegó la última orden de desalojo. Montaron en la comunidad una carpa de nylon negro y allí resistieron durante 45 días hasta que llegó un grupo de 60 policías a desalojarlos. Sin embargo, gracias a la intervención del MOCASE, quienes se hicieron presentes en el lugar, lograron impedir el desalojo.

“Investigando nos enteramos que la empresa es del padre de Milei. Y nosotros como comunidad indígena, viendo la situación del país después de que asumió este año, y sabiendo que tenemos órdenes de desalojo, que hemos peleado ya casi 30 años, tuvimos una reunión con la ministra de seguridad y el gobernador para ver qué es lo que quería de la comunidad”, explica Acosta.

El gobierno provincial confirmó a elDiarioAR que el acuerdo se logró a través de la intervención de la mesa de diálogo que suele convocar a solucionar los conflictos de tierras. Las negociaciones llevaron casi tres meses de trabajo, cuenta Adolfo Farías, de ir con el equipo técnico al territorio a hacer los mapas y tomar los puntos GPS para establecer las mediciones. Desde el principio, dice el dirigente, “fuimos muy claritos de que lo que queríamos era el territorio relevado en el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas hace años”.

Tal relevamiento se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada a fines del año 2006, que el actual gobierno de Javier Milei pretende derogar. La normativa prohíbe los desalojos y avanza en la regulación y registro de las tierras indígenas ancestrales. Si bien no garantiza la entrega de títulos a las comunidades, establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras, importante paso para su posible consecución.

En el año 2009, la Comunidad Sentimiento de mi Tierra adquirió su personería jurídica y en el año 2012 culminó el proceso de relevamiento de sus territorios ancestrales por el INAI.

El trámite en Añatuya terminó rápido, pero para los representantes del MOCASE, fue un hecho histórico: significa que la comunidad no tendrá que vivir con miedo de volver a enfrentar un desalojo. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue tomando medidas contrarias a los derechos indígenas, como el desfinanciamiento del INAI tras sus anuncios de disolución, la derogación de la Ley de Tierras y la reciente creación de un Comando Unificado de fuerzas para reprimir conflictos ambientales. Por eso, para Acosta y la comunidad de Pampa Atun, la consigna de lucha no ha cambiado: “Aunque ya no nos volteen las casas, seguiremos resistiendo”.

LB/DTC

En 1983, durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanacu, en Bolivia, se definió el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena reivindicando en la figura de Bartolina Sisa la lucha de las mujeres indígenas contra todo tipo de opresión.

De procedencia aymara, junto con su pareja Túpac Katari (Julián Apaza) organizaron a su pueblo para pelear contra los españoles.

En 1781 Bartolina fue capturada y sometida a los tratos más terribles y Katari fue brutalmente asesinado. El 5 de septiembre de 1782 fue ejecutada por los conquistadores que veían en ella y en su pueblo el límite a sus ansias de conquista.

En Bartolina Sisa se visibilizan las mujeres pertenecientes a todos los pueblos originarios de América Latina que pelearon y siguen peleando por el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

Existe una gran diversidad de mujeres indígenas, en función del pueblo al que pertenecen y los distintos procesos que atravesaron a lo largo del tiempo. Mujeres migrantes, mujeres que viven en comunidades rurales o en las ciudades, mujeres jóvenes y mujeres adultas, mujeres docentes y mujeres dirigentes. Mujeres madres y mujeres trans. Todas ellas, con sus diferentes recorridos y biografías, dan cuenta de una historia de lucha por la visibilización de sus lenguas, culturas y formas de construir conocimiento del mundo.

Todas ellas pertenecen a un colectivo cuyos derechos han sido vulnerados a lo largo de la historia. Si bien se avanzó muchísimo, reconstruir sus historias y desnaturalizar situaciones de violencia que aún persisten son grandes desafíos que aún quedan por delante.  

CRM

El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, así como reconocer sus aportes culturales, sociales y económicos al mundo. Esta conmemoración se originó en 1982, cuando se realizó la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra, marcando el inicio de una lucha global por los derechos de estas comunidades.

Los pueblos indígenas representan más de 476 millones de personas en todo el mundo, distribuidos en más de 90 países. A pesar de su diversidad, estos pueblos comparten una historia común de opresión, discriminación y despojo de sus tierras y recursos. En muchos casos, sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la salud y la participación política, siguen siendo vulnerados, lo que los coloca en una situación de desventaja y marginalización.

¿Por qué se eligió esta fecha para honrar a los pueblos indígenas?

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas no solo busca visibilizar estas problemáticas, sino también celebrar la rica herencia cultural y las contribuciones de los pueblos indígenas. Estas comunidades son guardianas de un vasto conocimiento tradicional sobre la biodiversidad, la medicina y las prácticas sostenibles, que son esenciales para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Cada año, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se centra en un tema específico para destacar aspectos clave de la vida indígena. En 2024, el tema se centra en la lucha contra el cambio climático, subrayando el papel crucial que desempeñan las comunidades indígenas en la protección del medio ambiente. Sus prácticas sostenibles y su relación armónica con la naturaleza son fundamentales para la conservación de los ecosistemas, pero también son vulnerables a los efectos del cambio climático, que amenaza sus territorios y formas de vida.

La UNESCO y otras organizaciones internacionales utilizan este día para promover políticas y programas que fortalezcan la autonomía de los pueblos indígenas, respeten sus derechos y garanticen su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Estos esfuerzos incluyen la preservación de las lenguas indígenas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer, y la promoción de la educación intercultural, que reconoce y valora los saberes ancestrales.

En definitiva, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger y respetar los derechos de estas comunidades. La lucha por la justicia y la equidad para los pueblos indígenas es una responsabilidad global que requiere el compromiso de todos para construir un futuro más inclusivo y sostenible.

NB

En sus redes sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) compartió un mensaje de Whatsapp de Iael Gueler, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Administración de Parques Nacionales, que comenzaba anunciando que tenía “una aclaración muy importante”, que demandaba “inmediata confirmación de la recepción del mensaje”.

“Teniendo en cuenta que del 21 al 23 de junio es el año nuevo mapuche, se dedició institucionalmente instruir a los equipos de comunicación de cada parque que no se realice ninguna comunicación al respecto”, afirmó la funcionaria en su mensaje. Y aclaró: “Esto incluye prensa, eventos y redes sociales”.

“Lo mismo ocurre el 21 de junio, que se celebra el Inti Raymi, año nuevo de los pueblos originarios”, agregó. “No publiquemos nada”.

Desde el CELS repudiaron la medida y en sus redes llamaron a darle visibilidad al hecho.

“El racismo institucional se expresa en este tipo de decisiones. Y el gobierno lo sabe”, señalaron.

DM

“El dolor sigue presente”, sintetiza Raquel Esquivel, investigadora y familiar de víctimas de la Masacre, casi un siglo después de aquel 19 de julio de 1924. Entonces, unas 500 personas, entre mayores e infancias, fueron perseguidas por el monte chaqueño para ser exterminadas. 

En similar sentido reflexiona Vanesa Barrientos, de la fundación “Renacer Napalpí”: “El sistema fue hecho para dar continuidad al proceso de exterminio de nuestros pueblos”, aludiendo a las políticas públicas estatales y costumbres sociales instauradas desde la colonia. 

Esa verdad de la matanza fue ocultada entre cenizas dolientes de las comunidades que no se animaban a hablar porque el terror había trascendido generaciones. Hasta habían escondido la lengua madre para no ser identificados. 

Raquel y Vanesa viven en el lugar del exterminio, Colonia Aborigen, a unos 150 kilómetros de Resistencia. La primera, descendiente del pueblo qom y la segunda del pueblo vilela. Si bien el juicio pudo probar la matanza de originarios de solo tres etnias (moqoit, qom y wichí), fueron varias más las comunidades que habitaron suelo chaqueño, entre las que se destacaron vilelas, pilagás, guaycurúes, entre otras.

El pueblo originario dejó un legado de género en la historia de las comunidades, también ocultado durante casi un siglo, pero sacado a la luz hace una década, por interés de los originarios: el trascendental papel de la Cacica Mercedes Dominga en la resistencia y memoria de la Masacre de Napalpí.

La cacica rebelde

Cacica Dominga, que pertenecía a la comunidad moqoit, fue una de las mujeres que encabezó la rebelión. Lideró la huelga declarada por los originarios al denunciar maltratos y la explotación de los terratenientes del lugar. La Reducción estatal buscaba agruparlos, controlarlos y someterlos a la servidumbre para incorporarlos a la economía como mano de obra barata. Ante eso se sublevó Cacica Dominga. 

Fue una de las sobrevivientes y pudo guiar a resguardo a varios de su pueblo aunque el ejército logró desmembrar a su propia familia. La violencia y el asedio perduraron. Fue buscada, como muchos otros, durante los días posteriores al 19 de julio. Era considerada “rebelde”.  

“Para nosotras fue una heroína. Una mujer muy inteligente que hablaba siete lenguas, incluida el castellano. Esa formación y conocimiento la llevó a ser una lideresa de nuestra comunidad y que la hayan nombrado cacica”, asegura hoy Raquel. Y remarca que siempre fue llamada “cacica” en lugar de “cacique”. 

La valentía y el coraje que la caracterizaron significó un nexo imprescindible para las etnias en aquel contexto. Así lo relata Vanesa: “Cacica Dominga fue clave en la rebelión, porque logró unir a los pueblos qom y moqoit, después de la masacre. Los guió para que puedan estar a salvo, pero también para volver a unirlos en la lucha como hermanos.”  

Según la costumbre originaria, son las y los ancestros de la comunidad, reunidos en un Concejo de ancianas y ancianos, quienes transmiten las ideas y mejores decisiones para el pueblo. La Cacica tenía la responsabilidad de hacer cumplir los reglamentos de los mayores. Para eso debía reunir cierta idoneidad que era característica en Mercedes Dominga: guerrera, fuerte, hábil en la lucha para defender a su pueblo y ser respetada.

Las mujeres, en la mayoría de los pueblos originarios y, en particular en la comunidad moqoit, han tenido siempre un rol preponderante y de igualdad ante los hombres. 

Hay pocos registros sobre su vida. El Archivo Histórico de la Provincia tiene una publicación del 3 de junio de 1965 en el diario El Territorio informando su muerte a los 125 años. El artículo se refiere a la cacica como una figura “inquietante” que había pasado a la historia como parte de la “sufrida, perseguida y nunca comprendida raza aborigen”.

La Cacica tuvo un rol de unión comunitaria, para poder sobrellevar aquel hecho tan violento para el pueblo. Y eso también fue traspasado a las mujeres que hoy siguen cumpliendo la función de sostén de la cultura ancestral. Ya no poniendo el cuerpo como guerrera, pero sí como luchadora y con los mismo objetivos: el rescate cultural y el bienestar de su gente.

La historia de Chaco, la comenzó a mostrar como lo que es, una verdadera heroína  a la altura de  Juana Azurduy y tantas otras mujeres que tenemos el deber de seguir descubriendo. Porque la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios ha sido históricamente matriarcal, pero la conquista incluso atravesó la espiritualidad de las diferentes etnias, que en el afán de pertenecer, sometieron su cultura al ideal colonizador.  

Según la creencia de los pueblos qom y wichí, el hombre estaba solo y la mujer bajó del cielo. A diferencia de la fe cristiana que sostiene que la mujer salió de la costilla del hombre. Consideraban a la mujer portadora de la vida, del conocimiento y del fuego.

Las ancianas, eran las verdaderas transmisoras del conocimiento y de la vida misma. Fueron las que transmitieron la herencia cultural, incluso a pesar de la intromisión de la evangelización tanto católica como protestante.

La colonización religiosa fue tan fuerte que en buen número, las comunidades de Chaco, Formosa e incluso Salta, convirtieron su espiritualidad. 

Muchos de los pueblos originarios adoptaron una religión distinta a sus creencias, para poder ser aceptados por esta sociedad. 

Equipo Memorial

Hoy la Masacre se recuerda. En 2020 se erigió un Memorial para destacar y dar luz al sitio histórico que las comunidades originarias ya venían conmemorando, desde mucho antes que la verdad fuera acreditada por la Justicia argentina en los últimos años. 

“Antes cada 29 de julio en los encuentros armábamos un pequeño cartel que recordaba la Masacre, en este lugar”, indica Mirta Esquivel, aludiendo al sitio del memorial. 

Mirta, que también es referenta de la comunidad que trae como herencia el coraje de Cacica Dominga, nos muestra con orgullo el lugar que consiguieron a fuerza de reclamos al Gobierno y que, con mucho esfuerzo, resguardan ahora, para contar su historia sin intermediarios. “Somos nosotros, estamos aquí y sostenemos de generación en generación la historia de nuestra gente, para cuidar nuestra cultura. No queremos que otros hablen por nosotros”, sentencia. 

La oralidad autocensurada

El miedo provocado por la masacre llevó a que ni siquiera la tradición originaria de pasar sus costumbres e historias oralmente fuera suficiente para que el relato pudiera trascender a las generaciones de la comunidad. Madres y abuelas, que acostumbran a transferir la cultura oralmente, se habían prohibido hablar de aquello con sus hijos y nietos. La autocensura se sostuvo en el siglo pasado por temor a la muerte, al genocidio, y en el actual, por miedo a la racialización, a la discriminación, al odio “blanco”, que también contribuyó a ocultar la masacre y a que sea cuestionada la verdad. 

En el sitio del Memorial, en la zona rural de Colonia Aborigen, no viven muchas familias. Ramón y Gisela, tienen su casa cercana a la biblioteca que lleva el nombre de “Juan Chico”, en honor al trabajo de investigación y a sus aportes literarios y de lucha. Uno de los pocos originarios que llevó al papel las tradiciones que su cultura transmitía oralmente, sabedor de la necesidad de sacar a la luz algunos dolores ocultos, como la verdad sobre la Masacre.

A unos doscientos metros, un poco más alejada del monumento, está la quinta de Cristina López, una anciana que también fue testigo en el Juicio. Dos corrales construidos con ramas del monte cuidan la huerta y los arbustos de cítricos que están creciendo. Los resguarda de los animales que, junto a su familia, cría en el lugar. 

Cristina nos recibe de pie, pero sus rodillas le pasan factura por los años y el trabajo en el campo, así que nos sentamos para la charla. Hace más de sesenta años que vive en Colonia Aborígen, muy a pesar de la advertencia que le dio su abuelo cuando ella se casó y vino a vivir a estas tierras: “Mira, hija, te fuiste a hacer tu casa donde le mataron a toda la indiada. Cuidate porque son malos”, le había dicho su abuelo. “Indiada”, decía incluso él.

Cristina todavía, y su abuelo antes, hablan de “los indios” o “la indiada”, en tercera persona. Evidencia del temor a ser identificados como originarios. “Ni mi mamá ni mi papá nunca me contaron nada de la masacre”, comenta mientras hace memoria.

La supervivencia de la familia de Cristina fue una cuestión de suerte. El abuelo vendía cueros de animales en la localidad cercana de Machagai, donde le anticiparon los planes estatales para “reducir a los indios”. “Mirá, López, le dijo uno de los compradores, la gente que está aquí, le están por ir a matar a todos esta noche. Mañana no van a estar más. Si no querés morir, tenés que escaparte con tu familia”, detalla Cristina, aliviada ya de poder hablar de estos secretos que ni sus padres se habían animado a enfrentar. 

“Mi mamá tenía tres añitos. Él vino de Machagai, le dijo a mi abuela lo que estaba pasando. Y ahí se fueron antes del amanecer. Quedó calmo todo –recuerda–  cuando todos durmieron, se escaparon. Porque si él quedaba yo no iba a estar contando ahora esto, porque les iban a matar todos”, reflexiona. 

En tierras de la familia López, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), registró varias excavaciones y, muy cerca de la casa, encontraron restos humanos que sirvieron de pruebas recabadas en el marco de la investigación previa al juicio.

Cien años de humillación 

Parte del equipo del Memorial también participó activamente en el juicio. Algunas y algunos como testigos, otras y otros buscando testimonios de sobrevivientes durante la investigación previa que lideró Juan Chico, incluso mucho antes de generar la inquietud en la Justicia Federal. 

“Nosotros no tenemos duda, nunca la tuvimos. Esa masacre existió, y hasta el día de hoy Napalpí sigue doliendo”, dice Raquel, recordando la lucha de Juan Chico.

Los pueblos originarios sufrieron estos casi cien años de humillación con la duda sembrada, primero  por las campañas de “reducciones de indios”, como rezaban los sellos oficiales de la época y luego por la historia oficial, que escondió o tergiversó lo sucedido.

“Porque vivimos muchas injusticias que sentimos también durante el juicio. Nosotros tuvimos que reivindicar la palabra de nuestros abuelos. Debían saber que esto existió. Para que el resto de la sociedad criolla sepa realmente como sucedieron los hechos”, dice Raquel, con la serenidad y la fortaleza que caracteriza a la mujer qom.

Es que apenas dos años antes de que se cumpla un siglo de la matanza, mediante el juicio se acreditó la responsabilidad del Estado argentino en esa masacre indígena y se la consideró un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos originarios.

De la negación sucesiva al juicio por la verdad

Pero antes, no sólo la historia negaba la masacre de Napalpí. No figuraba en los planes de estudio del Ministerio de Educación y fue invisibilizada a tal punto que si alguna persona de la comunidad osaba hablar de aquello era considerado una mentira que implicaría un peligro latente para ellos.  

En aquella época la única publicación sobre el tema se hizo recién un año después en el diario de papel “El Heraldo de Corrientes”, del periodista español Pedro Malvarez que se había exiliado en aquella ciudad por el hostigamiento oficial sufrido en Chaco, ante su falta de obsecuencia al oficialismo de la época. 

“El Heraldo de Corrientes sacó un número especial sobre Napalpí en 1925. Fue la primera vez que aparece en la prensa que los hechos ocurridos fueron una masacre”, declaró en su testimonio en el juicio Mariana Giordano, doctora en Historia, investigadora del Conicet y docente en la Universidad Nacional del Nordeste. 

Según Giordano en esa edición especial se refirieron a la muerte de “cientos de personas”. Por primera vez surgía en la prensa de la región, relatos con los acontecimientos que habían sido invisibilizados antes. “Fue el primero en realizar una investigación sistemática de la masacre, da muchos nombres y detalla los roles de cada uno de ellos y ubica al gobernador Centeno como el actor ideológico y político”, explicó la investigadora ante el tribunal federal.

La educación como herramienta emancipadora

Gustavo Gómez, de la comunidad qom, también fue testigo en el juicio y desde hace tiempo integra el Consejo Educativo de la Provincia, como referente de los pueblos originarios: “Nuestra historia nunca fue contada. A nosotros nos pintaban junto a Cristóbal Colón, las carabelas y nos decían que él vino a conquistar todo. Nunca nos mencionaban como pueblos originarios preexistentes. Entonces pasamos todos los niveles estudiando y desconociendo nuestra propia historia”. 

La profunda lucha de los pueblos en la actualidad está dentro de las propias comunidades. A reconocerse, a admitirse, sin temor y con orgullo. A reivindicar la sangre indígena derramada y la que corre por sus venas, para ir contra la discriminación con valentía, con estima a su cultura y con la educación como herramienta. “Nuestros abuelos no tenían la escolarización que hoy nosotros podemos tener. Entonces esa es nuestra fortaleza y será lo que nos permita conquistar esos espacios que nos negaron”, cuenta Gustavo mientras recorremos la biblioteca del Memorial. 

Las y los integrantes de la fundación “Renacer Napalpí” también usan los instrumentos educativos para reivindicar la pertenencia originaria. Han visto y sufrido cómo el temor y la racialización hicieron estragos en el orgullo indígena. “Actuó como un verdadero exterminador potente durante muchos siglos. Nuestra esperanza está puesta en las nuevas generaciones y por eso usamos la educación como una herramienta para recuperar nuestra cultura”, comenta Vanesa Barrientos. El desafío es seguir trabajando en subsanar ese dolor para las descendencias futuras. “Es difícil poder hablar y que ese dolor no genere odio. Que no sientan más ese dolor que no les pertenece, pero les sigue doliendo en los cuerpos, es nuestra búsqueda, para construir paz desde la interculturalidad”, sostiene.

Cuenta que ella no se animó a participar como testigo en el juicio, aunque sí lo hicieron varios integrantes de su agrupación: “Napalpí, todavía me duele en el cuerpo”. Ella considera que según su cultura ancestral, “estos duelos no sanados” se transforman en dolores corporales que “ni siquiera son nuestros”, que también se transmiten ancestralmente.

Vanesa, como la comunidad de Colonia Aborígen, sufre la decisión de no haber integrado la Unidad de Ejecución de la Sentencia, creada por el mismo fallo como una de las medidas reparatorias: “Fuimos quienes aportamos más datos y lamentablemente, como grupo, quedamos afuera porque no teníamos personería jurídica”. Frente a eso, se organizaron en una Mesa de Consulta Territorial que orienta a la Unidad, integrada por varias agrupaciones de la comunidad, para ejercer el derecho a resguardar el cumplimiento del fallo. 

Vanesa reconoce que no fue fácil confiar: “el Juicio sirvió para volver a creer un poco en la Justicia”. Y habla de lo que no se hablaba, pero que se sabía. “Teníamos un mandato silencioso de muchas generaciones, una lucha que va a cumplir 100 años, que nos decía ‘sigan defendiendo nuestra verdad’”. 

El fallo, donde se reconoció la verdad indígena, fue un punto de inflexión para que las comunidades sigan un camino de reconstrucción. Y las mujeres de la comunidad son quienes siguen impulsando esa lucha por la recuperación cultural. “Trabajamos con niños, adolescentes y demás miembros de la comunidad porque notamos un gran miedo a reconocerse indígenas. Nos preguntamos ¿por qué?. Y ahí es cuando aparecen las formas de discriminaciones sistémicas que significan verdaderas barreras para nosotros y nuestro pueblo”. 

Cómo afecta por estos días la “verdad” reconocida por “los de afuera”, es el proceso que atraviesan. “El juicio significó muchísimo. Al principio creíamos que sólo para los de afuera. Para que reconozcan nuestra verdad. Pero ahora, a dos años, vemos cómo sigue impactando dentro de nuestra propia comunidad”, dice esperanzada en la reconstrucción cultural de su gente.

Status de las medidas reparatorias de la sentencia

A dos años del fallo judicial, la gran mayoría de los puntos de la sentencia se han cumplido, sin embargo restan algunos aspectos entre los que sobresale el pedido de perdón  a las comunidades, por parte del Gobierno Nacional. El provincial lo hizo en 2008. El Nacional sigue en deuda. 

Resta también organizar con el municipio de Colonia Aborigen y el IDACH la consulta popular por el cambio de nombre de Colonia Aborigen. Es que no se reconocen con ese término. Son pueblos originarios. 

También está pendiente la constitución del Museo en el edificio de la Reducción, para lo que se presume se podría lograr financiamiento internacional. 

Falta avanzar en el Congreso Nacional con la designación del 19 de julio como día de la Masacre.

El pasado 5 de diciembre, la Unidad Ejecutora de la Sentencia que integran los Fiscales Federico Carniel y Diego Vigay, más organismos del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia, IDACH y Fundación Napalpí, hizo la presentación del segundo informe  ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la Jueza Zunilda Neiremperger, detallando la situación actual de la sentencia. 

Ante el cambio de gestión a partir del 10 de diciembre pasado, la Unidad tiene nuevos integrantes en representación de organismos  como INAI,  la  Secretaría de DDHH de Nación, la Subsecretaría de DDHH de la Provincia,y el propio IDACH. 

Según las últimas gestiones, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco, avanzó en reuniones tanto con funcionarios nacionales como provinciales, algunos recientemente nombrados, y estiman que sea inminente retomar las reuniones con referentes de cada sector representado en la Unidad. Esperan avanzar en lo que resta para el cumplimiento de la sentencia, de cara al aniversario.

En función del significado histórico del reconocimiento de la verdad oculta sobre la Masacre, y en un contexto cercano a cumplirse 100 años del Genocidio Indigena, no es menor el avance en tanto sea el inicio de la recuperación de la cultura de los pueblos originarios, diezmados desde la colonia.

GP/MA

En Argentina, la actual gestión de gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico. Cada una de las medidas sigue sorprendiendo negativamente, en un contexto social desarticulado y con pocas capacidades de respuesta, a lo que se le suma la legitimidad importante que detenta el Presidente, fruto de los resultados electorales de noviembre de 2023.

Para explicar y comprender la emergencia de un presidente autoadjetivado como anarcocapitalista, debemos entender también la historia reciente argentina, signada por una grieta omnipresente entre los diferentes partidos políticos. Y en los últimos cuatro años, por una captación del Estado por supuestas fuerzas progresistas, que finalmente mostraron su peor cara en la presidencia de Alberto Fernández, caracterizada (más allá de la pandemia y otras desgracias que siempre se mencionan) por el inmovilismo y la ineficiencia.

Como muestra, basta mencionar que, a partir de las internas de la propia alianza de gobierno, Fernández no pudo nombrar un nuevo procurador general del Estado (el pliego del juez Daniel Rafecas, especializado en Derechos Humanos, nunca sumó el aval de Cristina Kirchner) ni cubrir la vacante para Juez de la Corte Suprema de Justicia que se había liberado en 2021. Tampoco pudo designar un Defensor del Pueblo que lleva años sin ser nombrado. Ante este panorama de ausencia de acuerdos, el progresismo mucho menos pudo construir un marco de protección y políticas específicas para los pueblos indígenas.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Medidas contra los derechos indígenas

En el contexto actual, con otro signo político y otro sesgo ideológico, formular políticas públicas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas se convierte en un albur. Algunas de las medidas ya han formado parte del decreto de necesidad y urgencia 70/23 (cuya inconstitucionalidad es flagrante, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se resiste a expedirse) que modifica o deroga unas 300 leyes vigentes: la derogación de la Ley de Tierras que impacta sobre las comunidades indígenas, el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o la anunciada disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los contrapesos republicanos han puesto algunos límites a estas medidas, el cierre del INADI y el INAI no podrían efectivizarse porque ambos institutos fueron creados por ley, todo apunta a pensar en un futuro muy complicado para los pueblos indígenas. En efecto, al momento de escribir esta nota, la última medida que se conoce es el cambio de nombre del Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada (como se denomina a la casa de gobierno). Lo que podría parecer una cuestión menor, en el fondo tiene un valor simbólico no desdeñable: exactamente lo mismo había sucedido con el nombre del Salón de las Mujeres el mismo 8 de marzo.

Es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno

En todos sus discursos, el presidente Javier Milei demuestra una aversión a lo colectivo y denosta cualquier mirada del mundo que sea diferente a la que sostiene. De esa manera, la idea de diversidad cultural parece no tener lugar. Sólo basta apuntar como dato de color que el gobierno declaró el año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad” y, en consecuencia, cualquier documento del Estado se encabeza con esa frase. Como la leyenda se refiere a la propiedad privada, es posible inferir que el respeto a la propiedad comunitaria indígena, contemplada constitucionalmente, será una mera abstracción durante la presente gestión de gobierno.

Asimismo, durante la campaña electoral, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, denunció una y otra vez las demandas de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Como estrategia discursiva, la compañera de fórmula de Milei enfatizó en la defensa de la soberanía, planteando que los reclamos indígenas atentan contra la soberanía nacional. Una mirada muy creativa para un gobierno que acaba de recibir con honores a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson. Entre sus primeras medidas como Presidenta de la Cámara del Senado, Villarruel disolvió la Comisión de Pueblos Indígenas.

El desprecio por los derechos conquistados

Si repasamos las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos indígenas, éstas se van incrementando y acumulando con el correr de las décadas. Sin lugar a dudas, el reconocimiento de sus territorios es la deuda que alcanza mayor trascendencia y gravedad. No sólo por lo que significa para las comunidades indígenas la posibilidad real de seguir sobreviviendo con su propia identidad cultural, sino porque su desconocimiento forma parte de las consecuencias de la conquista y el colonialismo. Los despojos de sus territorios se volvieron un lugar común en las crónicas del pasado, pero en la actualidad adquieren una centralidad precisamente porque las disputas se van acrecentando al calor de los intereses fraguados a su alrededor.

Sólo basta pensar que el ideal libertario, que desprecia indubitablemente la igualdad, sólo tiene en mente el aniquilamiento del Estado y la eliminación de las herramientas con las que contamos para proteger nuestros derechos. Si bien vale la pena reflexionar sobre el rol que ha jugado el Estado frente a los pueblos indígenas, en Argentina existió y existe una línea de continuidad histórica en las políticas definidas para pueblos indígenas, caracterizadas por su insuficiencia o, peor aún, su ausencia. Como las diferentes administraciones fueron refractarias al reconocimiento territorial, incluidos los gobiernos calificados como nacionales y populares, en una primera impresión uno puede decir que no existen razones para confiar en el Estado.

Dicho esto, es insoslayable admitir que las diferentes instancias o mecanismos del Estado, en sus diferentes dimensiones, aún siendo imperfectas tienen un rol irremplazable. Ya sea para formular políticas públicas específicas e interculturales; para garantizar el cumplimiento de los derechos; para distribuir la riqueza; o para combatir el racismo y la discriminación. Si estas herramientas desaparecieran o si las desigualdades no encontraran un lugar en las agendas públicas, poco se podría hacer para redoblar la lucha por los derechos indígenas.

El mejor aliado del extractivismo

El escenario presente y futuro es extremadamente incierto y complejo para los pueblos indígenas. Los derechos siguen vigentes y tienen fuerza normativa, pero si antes de la llegada de Milei ya se vulneraban, hoy existe un aval desde las más altas autoridades del país para incumplirlos. Los interlocutores del Estado para avanzar en la implementación de los derechos prácticamente no existen y las instituciones que tienen como mandato ocuparse de los pueblos indígenas gozan de un estatus dudoso. La reducción del Estado, si bien parece ser coherente con la primera parte de la visión política de este gobierno, “el anarquismo”, adquiere un matiz francamente preocupante con la segunda parte de la calificación, “el capitalismo”.

Al igual que en el resto de la región, en Argentina, el capitalismo ha significado una amenaza permanente de sustracción y un saqueo que se concreta día a día de la mano de las actividades extractivistas. Privilegia las empresas, cualquiera sea su capital, priorizando al sector privado, y genera la falsa ilusión de una libertad de mercado beneficiosa para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, concentra la riqueza en manos de pocos y sólo protege un sistema de consumo que tiene como eje producir para consumir, en una espiral ascendente que no conoce de costos, daños y sacrificios.

La situación se vuelve más acuciante aún cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas

Es así que la explotación petrolera y gasífera, la megaminería, la extracción del litio y los negocios inmobiliarios encuentran en la actual gestión de gobierno a su mejor aliado. A pesar de que los territorios indígenas se encuentran en disputa y que las resistencias se dan en el mismo territorio, la lucha también se libra en el campo judicial. Como ejemplo, basta mencionar la sentencia judicial que prohibió continuar la explotación del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y ordenó una evaluación de impacto ambiental, a partir de un amparo ambiental presentado por la comunidad indígena que habita la región.

Sin embargo, la relación de fuerzas es muy dispar. Sin la presencia del Estado como regulador y articulador de los avances privados sobre los bienes comunes de los territorios indígenas, los resultados pueden ser francamente negativos y devastadores para las comunidades. La situación se vuelve más acuciante aún, cuando el gobierno de Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete ser el impulsor de la obtención de las riquezas que se encuentran en los territorios indígenas.

Hacia la vulneración de los derechos indígenas

Es difícil predecir el futuro inmediato o realizar un pronóstico a largo plazo. Del análisis de las últimas medidas del gobierno es posible inferir una profundización de los conflictos territoriales, una mayor desprotección de los derechos indígenas y la prácticamente imposible discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena. Esta ley sigue pendiente y fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina, que responsabilizó al Estado argentino por la vulneración de un conjunto de derechos indígenas (entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria indígena).

La ley de emergencia de la posesión y propiedad indígena 26160 de 2006 sigue vigente, a partir de su prórroga por un Decreto de Necesidad y Urgencia del anterior gobierno (que no logró el consenso para lograrlo por ley como venía ocurriendo). Sin embargo, dejará de estar vigente el 23 de noviembre de 2025. Vale la pena mencionar que en 2022 diputados del actual partido gobernante (incluido el presidente) presentaron un proyecto de ley para derogarla, por lo cual no sería de extrañar que volvieran a intentarlo. Esto dejaría a las comunidades indígenas sin una de las pocas herramientas para evitar los desalojos.

Si bien en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales siguen siendo vinculantes, se vuelven en muchos casos expresiones de deseo frente a una realidad local que les es claramente adversa. A pesar de todo, los pueblos indígenas siguen delineando diferentes estrategias para reclamar, denunciar y avanzar en la consecución de sus derechos. Lo que queda claro en Argentina es que asistimos a un nuevo ciclo de la relación entre Estado y pueblos indígenas que reedita las tensiones presentes y las experiencias más traumáticas. Ante la incertidumbre general, el devenir es incierto.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

JJD

Hace 40 años, Justina Cerrano trabajaba como curandera para sus vecinos de Vencedor, una comunidad shipiba del río Pisqui, en la Amazonia peruana. Hoy, Cerrano es el alma del Centro Espiritual Arkana, un establecimiento especializado cercano a la ciudad de Iquitos, meca internacional del chamanismo ayahuasquero, en el que “la maestra” oficia ceremonias para visitantes extranjeros. La noche anterior tomó ayahuasca con una veintena de estadounidenses, eslovenos, holandeses o tailandeses, y entonó cantos hasta la madrugada. Está cansada, pero satisfecha, por el agradecimiento que recibe, y por el salario: “Me alegra ganar ese dinero trabajando con la ayahuasca. Lo hago por mi familia”. 

La ayahuasca es un amargo brebaje de propiedades alucinógenas que resulta de la cocción de una liana del mismo nombre y otras plantas, cuyo posible potencial terapéutico la ha convertido en objeto de un sorprendente fenómeno. De acuerdo con un reciente estudio del International Center for Ethnobotanical Education, Research and Science (ICEERS), una fundación que promueve el consumo responsable de la ayahuasca en contextos occidentales, en 2019 funcionaban en la Amazonia (especialmente en Perú) y Costa Rica 232 establecimientos turísticos especializados que recibieron, solo en ese año, a más de 60.000 personas, para un negocio cercano a los 60 millones de dólares. Pero este turismo sería solo una minúscula parte del panorama. Según ICEERS, a día de hoy, más de cuatro millones de personas han probado la ayahuasca en todo el mundo, y solo el 10% pertenecerían a pueblos indígenas amazónicos.   

“Ayahuasca” es el nombre que se le da tanto a la liana de la planta Banisteriopsis caapi, como al líquido resultante de su decocción con otra, Psychotria viridis. Contiene DMT, un componente alucinógeno que figura como fiscalizada en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de la ONU, de 1971 y, por tanto, en la mayoría de legislaciones sobre drogas. Pero la ayahuasca, como otras plantas psicoactivas, no está sujeta a control internacional y queda en un limbo legal en el que no se le considera oficialmente una droga. La DMT sintética o extraída sí está prohibida, pero no ninguna planta que la contenga. No se conoce ninguna sentencia en España por ayahuasca , no obstante, sí se han desarrollado varias operaciones policiales para desarticular grupos que suministraban esta sustancia con ánimo de lucro.

El oficio

Lejos de este debate legal queda la comunidad shipiba de Vencedor, donde la maestra Cerrano nació hace 65 años y donde, cuando no está en Arkana, sigue viviendo. Es la única curandera de este pueblo de 300 personas, y la más reputada de la región. Mientras permanece en Vencedor, un flujo incesante de enfermos llega desde localidades vecinas. “No puedo negarme cuando vienen pacientes, he aprendido para ayudar”, dice Justina. Los acoge en su casa, siempre concurrida, y asume, por vocación, el tratamiento a base de remedios vegetales. La paga, escasa: “A quienes son de mi cultura shipiba, yo cobro la voluntad”, explica. “Si son mestizos, les cobro según el trabajo”.

El rol que especialistas como Justina Cerrano desempeñan en la atención primaria en salud dentro de sus comunidades es clave: “Las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada”, explica el documento Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023, “constituyen para muchos millones de personas la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única”. En Vencedor, el puesto médico, recientemente inaugurado, permanece cerrado parte del año, sin profesionales y sin medicamentos.  

Ródano Vega, jefe de la comunidad, denuncia el “olvido” en el que están los pueblos del Pisqui. Entre sus reivindicaciones resalta el mal estado de la institución educativa. “Nuestros niños tienen los mismos derechos que los niños de la ciudad a tener una buena escuela”, denuncia mientras muestra una construcción de tablas ya podridas. “Nuestros hijos podrían hacerse daño aquí, estamos preocupados”. La importancia que los shipibos conceden a la educación es reveladora: a nadie se le escapa que la integración en la economía de mercado es inexorable y que el estudio es imprescindible para afrontarla con éxito.   

El negocio de la ayahuasca

El chamanismo ayahuasquero es el único conocimiento propio que ha permitido a los indígenas de la Amazonia adquirir una posición económica privilegiada. La maestra Justina explica que su objetivo es que sus hijos y nietos sean “profesionales” y, de esa manera, “no sufran”. La tradición matriarcal del pueblo shipibo se manifiesta en esta notable mujer: madre y abuela, cocinera y cuidadora, proveedora de dinero y mentora de su marido, hijos, sobrinos y yernos. A todos les enseñó sus remedios naturales y ahora la acompañan en Arkana, disfrutando asimismo de un buen salario. 

Esta prosperidad sería imposible sin el concurso del mexicano José Sáenz, fundador del Centro Espiritual Arkana. Sáenz, 50 años, estudió un MBA en Harvard y trabajó durante años en México en el sector hotelero, hasta que sufrió un colapso depresivo en 2013. Viajó a Iquitos para probar la ayahuasca: “Fue una experiencia llena de sanación”, recuerda. Impulsado por su experiencia, en 2016 abrió en las cercanías de Iquitos Arkana, “un centro de sanación que utiliza medicinas naturales, donde la gente viene para tratar las afecciones del mundo cotidiano: depresión, ansiedad, adicciones, traumas, abuso sexual, algunos también vienen buscando una guía en su vida”. Posteriormente, animado por el éxito de su propuesta, Sáenz abrió un segundo centro en Cuzco y otro en México.

Riesgos

El coste del retiro de una semana en el Arkana de Amazonas es de 2.280 dólares, elevado en comparación a la media. Según Sáenz, sirve para garantizar unos estándares altos de seguridad, algo imprescindible dado que la ayahuasca desencadena una potente reacción fisiológica y psicológica. Aunque los investigadores la consideran una sustancia segura si la consumen personas sanas, se han detectado ciertos riesgos y contraindicaciones. Se desaconseja su uso a personas con problemas cardiovasculares y con enfermedades mentales como trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad; también a quien está consumiendo antidepresivos.

Además, la ayahuasca puede revelar experiencias traumáticas del pasado; si estas no son integradas correctamente podrían agravar el problema. Otro riesgo importante procede de las condiciones en que se consume. En los últimos años se han producido varias muertes en centros de retiro de la Amazonia, como la del joven neozelandés Matthew Dawson-Clarke, fatalmente intoxicado por una infusión de tabaco, cuya evacuación se postergó fatalmente durante horas; o la del británico Unai Gomes, que sufrió un brote psicótico y atacó a uno de sus compañeros de retiro quien acabó con su vida en defensa propia. Para evitar estos sucesos, Arkana asegura contar con un proceso de admisión para constatar que los clientes no padecen problemas cardiovasculares, esquizofrenia o trastorno bipolar, y no consumen medicamentos contraindicados. Las ceremonias se realizan en un espacio controlado por varios facilitadores y personal de seguridad. Tras el retiro, los participantes disponen de un servicio de integración psicológica cuando regresan a casa.

Los vecinos de Libertad, comunidad aledaña a Arkana, también se benefician. “Una bendición”, afirma el comunero Daniel Panduro, contratado como jefe de seguridad. Anteriormente, era pescador: “Quince años atrás agarrábamos 40 kilos de pescado por noche. En los últimos tiempos, solo cinco”. El 70% de las familias de Libertad han dejado de explotar el bosque para atender turistas en condiciones laborales poco comunes en la selva peruana. “Muchas personas comenzaron a arreglar su vivienda, a comprarse algunas cosas como motores. Nuestra condición de vida mejoró”, añade el hombre.

Renacimiento psicodélico

El éxito de la maestra Justina nace en el contexto del “renacimiento psicodélico”: un cambio de paradigma en la psiquiatría que apunta al uso de lo que antiguamente se denominaban “alucinógenos”. El año pasado, Australia fue el primer país del mundo que permitió recetar MDMA para casos de estrés postraumático, y psilocibina, principio activo presente en los “hongos mágicos”, para la depresión.

En 2019, el doctor en Neurología Draulio Barros de Araujo, del Brain Institute de Brasil, documentó los efectos antidepresivos de la ayahuasca en ensayos clínicos, la más contundente de las muchas investigaciones que señalan el potencial de esta medicina vegetal, ya sea para la ansiedad, las adicciones o los procesos de duelo.

Una ceremonia   

A lo largo de una semana de retiro en Arkana, se toma ayahuasca cuatro veces. Por la noche, en la maloca, se hace un silencio grave, acentuado por los sonidos de la selva circundante. Los participantes ingieren la amarga ayahuasca, dibujan una mueca de repugnancia y se retiran a sus colchonetas, donde aguardan el efecto. Se apaga la tenue luz y es entonces cuando surge el carisma de Justina Cerrano, que conduce la ceremonia a través de sus bellos cantos, secundada por sus hijos, yerno y sobrino. Una sinfonía que, según los chamanes, modula la experiencia de los participantes y constituye “la medicina”, algo difícilmente constatable en un laboratorio. En breve, se escuchará el primer vómito y poco después alguien tendrá que ser acompañado al baño por los facilitadores; no en vano la ayahuasca es conocida en la región por el gráfico nombre de “la purga”. Con frecuencia, la experiencia resulta dura física y emocionalmente.  

Pasada la medianoche, cuando concluye la ceremonia, la luz desvela caras de asombro, entusiasmo o consternación. Meses después, procesada la experiencia, Matthew, un fontanero canadiense de 39 años, que arrastraba depresión y ansiedad desde la muerte de su madre, describe su experiencia como “muy dura”, pero señala que “la ansiedad ha desparecido y también la tristeza”. Su hermana Danielle, directora financiera de 41 años, describe una transformación vital: “Por primera vez en mi vida, sentí mi cabeza ligera y mi alma feliz. La última ceremonia fue la noche más bella de mi vida”.

El perfil socioeconómico de los participantes en el retiro de Arkana, profesionales en su madurez, concuerda con los datos recogidos por la Global Survey of Ayahuasca Drinking, una encuesta liderada por la Universidad de Melbourne, que entrevistó a 11.000 consumidores de ayahuasca de todo el mundo. Según esta encuesta, la edad media de inicio en el consumo es de 30 años, y dos de cada tres personas que toman tienen un grado o un posgrado universitario, al tiempo que ocupan cargos directivos o desempeñan profesiones liberales. Además, el 94% lo toma en contextos rituales, bajo la guía de un especialista. El 69,9% de los participantes afirmaron haber sufrido efectos adversos, siendo los más habituales dolor abdominal (12,8%), dolor de cabeza (17,8%) y, sobre todo, vómito y náuseas, que reportaron siete de cada 10 participantes. Finalmente, el 2,3% de los encuestados recibió asistencia médica.

Tensiones extractivas

La mercantilización de la ayahuasca ha permitido a Matthew aliviar sus problemas de depresión, al tiempo que ha mejorado la situación económica de numerosas familias amazónicas, pero también enseña los dientes: para que 800.000 personas de todo el mundo tomaran ayahuasca en 2019, como señala el informe de ICEERS, fue necesario cosechar una liana que, aunque puede ser plantada, normalmente es recolectada del bosque. Las poblaciones de Banisteriopsis caapi, nombre científico de la ayahuasca, se están resintiendo: la liana comienza a escasear y el precio se ha disparado.

“Antes había ayahuasca cerca de mi casa”, recuerda la maestra Justina, “pero hoy hay que ir cada vez más lejos para conseguirla”. La sobreexplotación de la liana constituye una amenaza más a la biodiversidad del bosque amazónico, e interpela directamente a quienes se benefician con su comercio. La respuesta de José Sáenz ha sido un acuerdo de colaboración con la comunidad de Vencedor: los vecinos han plantado 50 hectáreas de ayahuasca a cambio de salarios, un bote con motor, herramientas diversas y la antena de Starlink que hoy les permite comunicarse con familiares distantes. Para Ródano Vega, jefe de la comunidad, “gracias a nuestra maestra Justina, que tiene esos conocimientos de las plantas medicinales, están llegando todos estos beneficios a la comunidad”. 

La matriarca shipiba Justina Cerrano comparte hoy, con orgullo, un conocimiento médico que antaño era relegado a las categorías de superstición o ignorancia. Ha viajado a varios países, su vida y sus cantos están en Spotify o YouTube y, de la manera más inopinada, ha conseguido una fuente de ingresos que permite a su extensa familia afrontar el reto que supone para los pueblos amazónicos la integración en la economía de mercado. En medio de esta vorágine, se muestra inalterable y confiada, y en las noches de ceremonia, como hacían sus abuelos, conjura a los espíritus de la selva en busca de salud y bienestar. 

* Este reportaje fue producido con apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund en colaboración con el Pulitzer Center.

En 18 años, la cantidad de personas en Argentina que se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios pasaron de ser 600 mil a ser de más de 1.3 millones. De acuerdo a los datos del Censo 2022 presentados por el organismo que preside Marco Lavagna, este colectivo representa casi un 3% del total de la población en suelo argentino, aunque en provincias como Jujuy y Salta, el porcentaje con respecto al total es aún mayor: allí, 1 de cada 10 personas se reconoce como integrante de un pueblo originario. 

Por otra parte, 302 mil personas, el doble que en 2010, se reconocen como afrodescendientes; el grueso de ellas, un 55%, reside en el AMBA. 

¿Por qué se duplicó en tan pocos años tanto la cantidad de personas que se reconocen indígenas como las que se reconocen cómo afrodescendientes? Una posible respuesta es que en el Censo 2022, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se incorporaron tres preguntas: autoreconocimiento, pueblo y habla, lo que pudo haber mejorado la captación de la población y por ende, aumentar la magnitud de personas que se reconoce como parte de ese colectivo. 

Además, como explican desde el INDEC en diálogo con elDiarioAR, hubo un trabajo con el INAI –Instituto Nacional de Asuntos Indígenas– para aumentar la sensibilización de la población indigena en los últimos años. Como parte del plan de ajuste –o plan “motosierra”–, el presidente Javier Milei busca eliminar este organismo creado por ley en 1985, sobre todo tras el cierre del INADI, y pasar estos asuntos a la órbita del Ministerio de Justicia. 

En total, en el Censo 2022 se reconocieron 58 pueblos originarios: los que mayor población tienen son los Mapuche –145 mil–, Guaraní –135 mil–, Diaguita –86 mil– y Qom –80 mil–. 

Población total versus población indigena 

Según los datos presentados por el INDEC, 674 mil mujeres y 632 mil varones se reconocieron indígenas, por lo cual no existen diferencias significativas por sexo entre el total de la población y quienes se reconocen como indigenas. Sin embargo, sí hay diferencia en la edad: un 22% del total de la población tiene entre 0 y 14 años, pero para la población indigena solo un 16% pertenece a este grupo de edad; en cambio, la población indígena de entre 15 y 64 años supera en 5 puntos porcentuales al mismo grupo de edad del total de la población. 

Hay diferencia también en la cobertura de salud alcanzada: mientras que el 60% del total de la población tiene obra social o prepaga, sólo el 49% de la población indigena tiene este tipo de cobertura. Además, si el 25% del total de la población tiene un nivel educativo universitario –completo o incompleto–, solo el 24% de la población indígena alcanzó este nivel educativo, un 5% menos.

Afrodescendientes

Con respecto a los afrodescendientes, el Censo determinó que 302 mil personas se reconocen como tales o tienen pasados negros o africanos,, lo que constituye el 0,7% del total de la población argentina en viviendas particulares.

En el Censo 2010, estas personas representaban el 0,4% de la población: menos de 150 mil personas se reconocían una década atrás como afrodescendientes. El motivo de un aumento en un 100% en la magnitud de esta población podría deberse a los mismos factores que el aumento en la población que se reconoce indigena: la mejora en la operacionalización del Censo y también un aumento del autorreconocimiento y la sensibilización.  

Al igual que para la población indigena, los que se reconocen como afrodescendiente presentan una mayor proporción de personas en edad potencialmente activa –de 15 a 64 años–: Son el 73% de la PEA, mientras que en la población general el porcentaje es de 66.

Sin embargo, a diferencia de la población indígena, que se sitúa en su mayor parte en las provincias del Norte argentino, la población afrodescendiente está concentrada, en gran medida, en CABA y en la Provincia de Buenos Aires: el 55,9% de los afrodescendientes residen en el AMBA. 

AS/MG

“No, nunca jugué a ser médica. Las aspiraciones de los chicos indígenas siempre se limitan a lo que ven, a sus entornos, y nosotros no jugábamos a ser profesionales porque eso nos era ajeno”.  

Sandra Toribio nunca imaginó, cuando jugaba con sus amigas de la comunidad wichí, que en diciembre de 2023 se iba a convertir en la primera médica de ese pueblo recibida en una universidad pública. Sandra insiste en que en el contexto donde crecen los niños y niñas de su comunidad, “lo usual era disfrutar de la naturaleza, correr, trepar, ir al lago”. Pero un silencio en su relato la transporta a aquella infancia que la vincula con el presente: “a lo que jugábamos a veces era a sanar, pero desde otra visión, más espiritual”. 

Quizá de niña no sabía que ese juego de sanar volvería a invadirla cuando estaba por terminar la secundaria y, por alguna razón que ella no puede determinar, la ciencia médica la convocó. 

Sandra Toribio nació hace 28 años en Ingeniero Juárez, una localidad del norte de Formosa, ubicada sobre la ruta nacional 81, que cruza prolijamente como una cicatriz toda la provincia. Por decisión propia cursó el secundario en una escuela de “gente blanca”, porque su objetivo era continuar con una carrera universitaria, pero sin saber cuál. “En quinto año pude más o menos divisar un poco que profesiones tenía para elegir. Yo no sabía que quería ser médica, simplemente sabía que quería tener una profesión, y no me importaba si era terciaria o universitaria, lo que sea, pero quería una profesión. Docente era una opción, porque era lo único más o menos que se podía ejercer en mis territorios”, le cuenta a elDiarioAR.

“Siempre me gustó estudiar –sigue Sandra- y por más que crecí en una comunidad indígena, en mi casa siempre hubo libros y música que me hicieron ver el mundo exterior, caminar entre dos mundos y conocer lo que pasaba fuera de mi cultura”. 

Tras finalizar la escuela secundaria, recorrió durante más de 8 años los 430 kilómetros que separan su pueblo natal de la capital formoseña, y los 188 kilómetros por la ruta nacional 11 hasta llegar a la ciudad de Corrientes, para cursar Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. “Tuve que prepararme psicológicamente porque vengo de una familia muy conservadora, con miedo a que nosotros salgamos a la sociedad. El primer año fue muy difícil porque no estaba preparada para la universidad. El ingreso me costó dos años, y me tuve que enfrentar al hecho de hablar en público durante los exámenes orales. Debo decir – agrega Sandra con orgullo – que ha sido un hito para una persona indígena recibirse de médica en una universidad pública, porque me acuerdo de que cuando comencé a estudiar muchos me decía que no iba a lograrlo. Nunca contesté esos pronósticos, y siempre pensé en intentarlo para saber cuál era mi destino. Y mi destino era ser médica recibida en una universidad pública”. 

Mi destino era ser médica recibida en una universidad pública

Sandra vuelve a subrayar la elección del lugar dónde estudiar. “Elegí una universidad pública porque pensaba que allí íbamos a ser todos iguales, y así fue. No importaba si alguien venía de una escuela humilde o de una de las mejores secundarias”. Tiene buenos recuerdos de aquel clima de estudio, aunque admite que por su forma de ser no tuvo mucha interacción con la comunidad universitaria: “soy muy callada y suelo mantener distancia con la gente, pero siempre me sentí integrada, nunca viví un episodio de discriminación. Éramos todos iguales y eso me ayudó a desenvolverme sin inconvenientes. Si bien no compartía mucho con mis compañeros, me encantaba explorar otros ámbitos, caminar entre dos mundos. Quizás fue mi curiosidad, saber qué es lo que pasaba fuera de mi cultura”. En ese sentido, rescata la naturalidad con la que convivía con el resto de los estudiantes, “yo aclaraba ¨soy wichí¨ y nada, me hacían un par de preguntas sobre de dónde era y nada más, después todo fluía con normalidad”.  

Ahora Sandra vive la transición de dejar atrás la euforia y la felicidad de haber obtenido el título, con la residencia y las extenuantes guardias de 24 horas en el Hospital Público de Corrientes. Pero tiene un objetivo claro: volver a su territorio.

Ahora Sandra vive la transición de dejar atrás la euforia y la felicidad de haber obtenido el título, con la residencia y las extenuantes guardias de 24 horas en el Hospital Público de la ciudad de Corrientes. Pero tiene un objetivo claro: volver a su territorio con su “arte para sanar” y trabajar junto a su comunidad. Su principal preocupación es el sistema de salud que, insiste, no está pensado para las comunidades originarias. “En mi pueblo las mujeres somos las que iniciamos los cambios, y mi objetivo es simple, dar los primeros pasos para modificar los paradigmas en el sistema sanitario, que está pensado y dirigido para la gente blanca. Sé que va a ser difícil porque estoy sola. Siempre cuento lo mismo, la persona indígena cuando tiene una enfermedad demora en llegar al sistema de salud, antes agota otras instancias”.  

Ese es el mensaje que Sandra no se cansa de darle a su gente. Que todos tienen el derecho a una atención sanitaria de calidad, a tiempo y preventiva. Y que ella ya tiene el don, los conocimientos y paciencia para formar a quienes continuarán con su trabajo en el futuro. 

En mi pueblo las mujeres somos las que iniciamos los cambios, y mi objetivo es simple, dar los primeros pasos para modificar los paradigmas en el sistema sanitario, que está pensado y dirigido para la gente blanca

Programa Pueblos Indígenas

Cuando Sandra cursaba el tercer año de medicina, el Programa Pueblos Indígenas fue un sostén para seguir. Fue justo en esa etapa de la carrera en la que se ha transitado buena parte del camino, pero que al mirar hacia adelante lo que queda es una cuesta demasiado empinada. Ese programa, creado en 2011, asiste a estudiantes indígenas jóvenes y adultos de la región con becas para sostener la cursada. Sandra recuerda que fue un verdadero estímulo para seguir, una mano que se apoyaba en el hombro y empujaba suavemente hacia adelante, a continuar caminando. “No había estudiantes de medicina en el programa y cuando me sumé fue de mucha ayuda. Además, sirve para apoyarnos entre nosotros, fortalecer la cultura e incentivar a continuar con los estudios. También se implementan tutorías para ayudar al ingresante con cursos y talleres de metodología de estudio. El año pasado me comprometí a ser tutora de alumnos ingresantes ya que es muy importante ayudar a transitar el cambio de la escuela secundaria al mundo universitario”. 

Gracias a ese programa, la Universidad Nacional del Nordeste se ha convertido en un faro para muchos miembros de comunidades indígenas de la región, que buscan abrirse camino en el ámbito académico. Como Sandra, muchos descubren que el Programa de Pueblos Indígenas abre puertas y despejan caminos que a veces parecen impenetrables. 

La UNNE es la primera universidad del país que tiene un plan que brinda derechos a jóvenes y adultos indígenas y materializa una reparación histórica con los pueblos originarios, tras siglos de discriminación y exclusión de la educación en todos sus niveles. El Programa funciona desde el 1 de junio de 2011 y desde esa fecha más de 500 estudiantes de las comunidades qom, wichí, moqoit, omaguaca, coya y guaraní han iniciado carreras de grado. 

Cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de “promover el multilingüismo y la diversidad cultural” a nivel mundial. Este año, la efeméride lleva la consigna “Educación multilingüe: un pilar del aprendizaje intergeneracional” y busca generar conciencia respecto del rol que tiene la lengua materna en la preservación de conocimientos y culturas tradicionales.

La lengua materna es la primera lengua que aprenden los niños en su infancia, con la que generan sus primeras interacciones con el entorno y sin intervención pedagógica-escolar. Por ello, es un elemento crucial de una identidad social que se transmite de generación en generación.

Además, juega un rol clave en la alfabetización y sienta las bases para el aprendizaje de otros idiomas. “En la actualidad, 250 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin asistir a la escuela y 763 millones de adultos no dominan las competencias básicas de lectura y escritura. La educación en la lengua materna apoya el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales”, explicaron desde la Unesco.

La organización internacional, que creó esta efeméride, ahora advierte sobre la constante desaparición de distintas lenguas y los obstáculos para la correcta enseñanza de algunas de ellas. “En la actualidad, el 40% de la población mundial carece de acceso a la educación en su lengua materna, en una cifra que supera el 90% en determinadas regiones”, indicaron.

El rol de las lenguas maternas para las poblaciones indígenas

Actualmente, en Argentina, hay entre 16 y 36 lenguas indígenas con distintos grados de validez entre las poblaciones, las cuales sirven para comprender la filosofía y la espiritualidad de los pueblos originarios.

“En el caso de los pueblos indígenas, las lenguas maternas tienen un papel y un rol fundamental en la constitución de la identidad, porque ahí es donde encontramos la cultura y los diferentes conocimientos. Por otro lado, las lenguas maternas no son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas, sino que también son importantes en esta construcción de una sociedad intercultural”, explicó a Télam Lucas Curapil, mapuche, Licenciado en Servicio Social y Director del Departamento de Lenguas Originarias de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue.

En esta misma línea se expresó Verónica Gómez, investigadora y profesora de lengua guaraní. “Sería bueno concientizar a los padres y madres sobre el beneficio que significa para los niños y niñas el hecho de entender y hablar en sus lenguas maternas. Eso nos fortalece como personas y nos da un sentimiento de pertenencia con la comunidad hablante de esa lengua”, sostuvo.

ACM con información de Télam

“Atendela vos. ¡No! Atendela vos”. “Cállate, no hagas lío”. “Aguantá, aguantá y quedate tranquilita”. “Volvé a tu casa”. “No puedo creer que no se bañan”. “Son sucias”. “No podés parir de cuclillas, ¿quién te dijo que podías?”. “Eso no se hace, se va caer el bebé al piso”.  “Son indias”. “No sabés nada”, “No sé para qué se ponen a tener hijos”… y podríamos seguir por varios párrafos más describiendo las cosas que las mujeres jujeñas marrones y pobres deben escuchar cuando se acercan al sistema de salud a recibir un servicio relacionado a los derechos reproductivos y sexuales. En estos espacios, además de la violencia verbal, también existe una negación de los saberes ancestrales de las comunidades originarias que aún conservan sus propios métodos para acceder a la salud. La voz de estas mujeres no suele ser escuchada porque no son respetadas como sujetas de derechos y poseedoras de conocimientos válidos.

Las frases que leímos más arriba parecen haber sido dichas hace mucho tiempo, pero son diálogos que fueron recuperados de las experiencias de tres mujeres jóvenes que habitan la ciudad de San Salvador de Jujuy  y que hoy son conscientes de la violencia mediada por racismo y discriminación que sufrieron a los largo de sus vidas, pero especialmente cuando tuvieron contacto con el sistema de salud a la hora de un parto, un aborto o una consulta ginecológica. 

El color de piel como bandera

Sara Pérez, es docente de teatro, actriz y performer jujeña, pero por sobre todo una luchadora incansable en contra del racismo y discriminación hacia las mujeres marrones de Jujuy.  En los diferentes espacios en que la encontramos, Sara hace del color de su piel una bandera que busca visibilizar las situaciones de violencia y la vulneración de derechos. 

Es por eso que, mientras viaja hacia Buenos Aires para participar de la Marcha de Orgullo, Sara se contactó por teléfono para compartir su historia. Lo hace porque sabe que, como ella, hay muchas otras mujeres que seguramente en algún rincón de esta provincia estarán escuchando o sintiendo lo que ella pasó. 

 “Cuando fui a tener a mi hija sentí todo: la discriminación, el racismo, el desprecio, el ser ignorada, no escuchada”, dice.

Sobre las formas en las que se manifiestan estas violencias recuerda: “Fui con muchos dolores al Hospital Pablo Soria (que nucleaba casi todas las prestaciones de salud en la capital jujeña) y me dijeron que no estaba para parir, que me fuera a mi casa y volviera después. Yo vivo lejos, en Alto Comedero, (ubicado a 15 kilómetros del casco céntrico de la ciudad Capital), estaba sin plata para el colectivo y mucho menos para pagarme un remis. Igual volví más tarde, me quejaba mucho del dolor y solo quería ubicarme de cuclillas como me habían enseñado mis abuelas, que habían tenido sus hijos lejos de un hospital. Pero ahí me retaron mucho. Me dijeron ‘No es así, ¿quién te dijo que podés tenerlo así?'. Me pusieron en una camilla, me ataron los pies y me pedían todo el tiempo que no grite, que no haga lío y que me quede tranquilita”.

–Tu hija ya tiene ocho años. ¿Seguís recordando ese día?

–Sí, aún me acuerdo y hoy me doy cuenta que eso pasa a diario. Hoy, con más herramientas, puedo entender que fue racismo, discriminación y desprecio. 

 –¿Crees que esto aleja a muchas mujeres marrones de escasos recursos de los centros de salud? 

–Sin duda que sí, cada vez que vas sentís el destrato, no querés volver. Y eso te limita en todo, en hacerte un control anticonceptivo adecuado, en hacerte estudios de prevención y todo lo que todas las mujeres debemos tener por derecho.

–¿Qué sentiste cuando quisiste recurrir a los saberes que te habían dado tus abuelas y el personal de salud te lo negó?

–Sentí como otras tantas veces que mi voz no fue escuchada, el reto como si fuera una niña. Sentí que nada de lo que yo dijera importaba. Por eso entiendo que hasta hace muy poco muchas mujeres indígenas preferían que sus hijos nacieran en sus hogares recibiendo un trato empático y acorde a los valores, costumbres y tradiciones milenarias que aún viven en nuestras comunidades. 

Una voz que no se escucha

Noelia Esquivel, madre de dos niñas, tuvo otra experiencia del destrato a la hora de acceder a los servicios de salud reproductiva y sexual. “Yo me hice un aborto antes de que se sancionara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y tuve una infección muy grave, porque tuve que hacerlo en condiciones no aptas, en mi propia casa”.

Noelia contó que vivió una situación “de terror”.  “Me dejaron en el pasillo con un dolor insoportable, yo gritaba del dolor pero nadie me atendía. Yo lo sentí como un castigo. Hubo un trato despectivo, porque soy del barrio, generalmente las personas que vamos al hospital no tenemos muchos recursos. Sentí como un ‘Jodete, ahora quédate ahí, ¿para qué te hiciste un aborto?’. Para mi fue una forma de aleccionar”.  

Unos años después, Noelia quedó otra vez embarazada pero era un saco sin embrión. El aborto fue espontáneo, pero la experiencia fue la misma: “Me hicieron un legrado, muy doloroso, sin anestesia. Con la misma actitud como queriendo que me duela para que ‘aprenda’”.  

“Es como si todos te dijeran: ‘si estas embarazada tenés que tenerlo, sino para qué abrís las piernas'. Hay aún una mirada muy machista y el trato es aleccionador casi tutelar. Nadie fue a buscar al padre de ese aborto, sino que todo el maltrato lo sentí yo. Es un maltrato hacia las mujeres, siempre”, reflexiona Noelia. 

Un sentir y un saber que busca ser respetado

Lidia Balcarce es la voz de las mujeres de un pequeño pueblo ubicado entre la Quebrada y las Yungas jujeñas: Caspalá, una comunidad de 250 familias que hasta hace una década atrás no tenía conexión con la ciudad. 

La voz de Lidia surgió después de una tragedia familiar: su hermano, jefe del Registro Civil del pueblo, desapareció durante 20 días y ella se puso al frente de la búsqueda. Luego, ante una situación de desacuerdo con las decisiones gubernamentales sobre obras que se pretendían hacer en su pueblo, Lidia alzó otra vez la voz para defender los derechos de su comunidad. 

“Siempre a las comunidades que vienen del norte o bajan de los cerros se las destrata. Nos ven así: morochas, bajitas con cierta vestimenta y siempre hay racismo. Yo sufrí mucho esta situación de niña. Me quede huérfana a edad temprana y vine a la ciudad y sentí discriminación y por supuesto también a la hora de recibir alguna atención médica”, indica mientras su voz se tiñe de tristeza recordando los calificativos que recibió a lo largo de su vida.  “Me decían india, coya y un montón de cosas que hoy son mi orgullo, pero de niña no lo entendía así y me avergonzaba de donde venía”, agrega. 

En los hospitales Lidia dice que vuelve a vivir el mismo destrato: “No es lo que te dicen sino cómo te tratan. Bajé con mi abuela y escuché un ”Atendela vos, no atendela vos“. No te lo dicen de frente  pero es como que les diera asco vernos”, asegura. “El tema de tratarnos de falta de higiene, es siempre.  A veces lo viajes del campo a la ciudad son largos y no es que uno no quisiera estar aseado, pero también es un motivo de un trato discriminatorio”, cuenta Lidia. 

Habla de desvalorización de los saberes ancestrales: “Nosotros tenemos formas de curarnos con yuyos. En Caspalá seguimos siendo muy ancestrales en ese sentido. Hoy ya hay camino, pero no tiene más de 10 años. Y no tenemos hospital, solo una salita. Cuando hay urgencias, como un parto, las que asisten son las mujeres más grandes de la comunidad”.  

El mapa del racismo

Los relatos de Sara, Lidia y Noelia coinciden con las cifras de discriminación que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó recientemente: Jujuy es la provincia con mayor discriminación por cuestiones estéticas, por color de piel y por pobreza. Así lo indica el Mapa Nacional de la Discriminación elaborado a partir de encuestas realizadas a 11.700 personas en sus hogares durante 2019. 

El tema de género figura como segundo y tercer motivo de estos episodios en las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis.

Silencio nunca más 

El racismo estructural que existe en nuestro país atraviesa todas las situaciones de la vida de las mujeres marrones y pobres del norte y por supuesto es una barrera más a la hora de acceder a los derechos reproductivos y sexuales.

 Tal como lo indica que el informe de “Las Mujeres Indígenas y sus Derechos Humanos en las Américas” (2017), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Jujuy, así como en toda América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

Los diversos obstáculos que las mujeres, marrones, urbanas de escasos recursos enfrentan, son las dificultades geográficas y económicas para tener acceso a servicios de salud que suelen dar como resultado la discriminación, violencia y marginación social.

Vemos en cada historia que no hay mecanismos concretos para garantizar que el derecho que tienen todas las mujeres a acceder a servicios salud y atención médica, que garanticen una maternidad segura y libre de todo riesgo en todo el proceso reproductivo, sino por el contrario: el maltrato las aleja  de los centros de salud porque prefieren recibir en sus hogares un trato empático y acorde a los valores, costumbres y tradiciones milenarias.

Por eso en las marchas feministas jujeñas surgió hace muchos meses una nueva consigna: “Amuki nunca más”. Amuki quiere decir silencio.

CA

Empapado hasta los muslos, agazapado al final de la chalupa en marcha que corta el caudal vertiginoso, el conductor alza las manos y grita una advertencia: “No más fotos, nos están viendo”. Sobre la margen izquierda del río Cenepa, rugen los motores incrustados en balsas con techos de plástico y desde las cuales unos enormes tubos de aspiración penetran hasta el fondo del cauce. Son al menos ocho dragas en las que grupos de entre 15 y 20 mineros ilegales extraen oro, día y noche, a orillas de la comunidad nativa Pagki, en la selva peruana. Estamos casi en el punto medio de los 38 kilómetros del río que lleva el nombre de la jurisdicción que atraviesa (El Cenepa) hasta la frontera con Ecuador. No es el sector que concentra más dragas en toda la cuenca, pero sí el más peligroso. “Ni siquiera traten de mirarlos, solo debemos pasar muy rápido”. Esas son las instrucciones.

La tonalidad verdosa del río cambia a un ocre intenso del lado en que las balsas traquetean. Con el cuerpo hundido hasta la mitad, un hombre parece dirigir con apuro la operación de una de las dragas. Nada, agita los brazos y hace señales de aprobación a otro que está al pie de una rampa artesanal instalada en la carcomida ribera de Pagki. Todo lo succionado desde el fondo del río va a parar a estructuras como esta, donde una alfombra recibe las piedras y el lodo que después serán procesados para sacar las partículas de oro. Pero para seleccionar y amasar el metal en polvo, los ilegales utilizan altas dosis de mercurio, un metal pesado que contamina el Cenepa sin tregua y le imprime un aspecto pantanoso en varios tramos. El procedimiento se repite en todos los puntos de la orilla donde las balsas han sido colocadas.

Desde algún lugar de este foco de devastación, un ‘peque peque’ (canoa a motor) con tres mineros a bordo parte en aparente persecución nuestra. Hemos seguido las pautas del piloto con rigor, pero está claro que surcamos una zona dominada por el delito. “Hay un grupo armado que siempre vigila”, exclama el motorista sin quitar la mirada del frente. Mientras acelera, esquiva islas rocosas y las deformaciones que la continua extracción de oro ha dejado en el centro del cauce. Unos 60 metros de río separan las dos embarcaciones en carrera. Lo que consigue despistar al ‘peque peque’, paradójicamente, es un nuevo conjunto de dragas que operan en los bordes y al medio de esta parte del Cenepa correspondiente a la comunidad nativa San Antonio. Veinticuatro balsas dispersas despiden un sonido atronador. Y cada una encierra un pequeño submundo: mineros al mando de niños inmersos en la faena y de mujeres (algunas adolescentes) encargadas de cocinar o lavarles la ropa.

“Son explotados y no pueden salir de ahí. Los mineros duermen por ratos en las balsas y sacan oro hasta de madrugada”, señala un dirigente awajún, cuando el conductor baja la velocidad y los rostros insolados de los menores transcurren como en cámara lenta.

Una draga opera sin pausa al cuidado sigiloso de un minero ilegal en la comunidad de Tutino. Foto: Luis Taijin

Han pasado cinco horas desde que la chalupa que nos lleva salió del puerto Imacita, en Bagua, provincia ubicada al norte de la selva del Perú. Después recorrió el río Marañón hasta el ingreso al Cenepa, y franqueó en seguida las comunidades indígenas de Wawaim y Mamayaque. Aún sin la cantidad de dragas que aparecerían más adelante, ambos pueblos ya anunciaban la grave crisis ambiental y de seguridad a lo largo de la cuenca. Los contornos de árboles que antes envolvían aquí el río, hoy son apenas declives de tierra muerta en que se apilan cientos de cilindros cargados de mercurio. Sin embargo, el trecho que flanquean las comunidades de Tutino y Nuevo Tutino quizá sea el epicentro del infierno en que se ha convertido el río Cenepa. Las balsas mineras casi han copado este espacio fluvial: operan una al lado de otra formando una enorme muralla que bloquea el paso normal de cualquier embarcación. Por el peligro y número de dragas, el crudo panorama que comparten Tutino y Nuevo Tutino es similar a lo que luego encontramos en Pagki y San Antonio, situadas a seis kilómetros de distancia.

La comunidad de Huampami es la última parada en la navegación que Mongabay Latam y la ONG Paz y Esperanza han concretado por el Cenepa. Es 8 de septiembre de 2023 y el balance de lo hallado en el trayecto se torna abrumador: 70 puntos de explotación ilegal de oro. En 60, los mineros operan a través de balsas y en 10, con dragas en tierra. Los focos de succión y descontrol están principalmente en los territorios de Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami. Se trata de siete de las 63 comunidades de la etnia awajún que forman parte de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Hace un año, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta del caos creciente en la zona. Para ese momento, una medición de Paz y Esperanza indicaba que 30 dragas funcionaban en todo el río. Los dirigentes de la Odecofroc proyectaban que era el doble. Hoy en día, el problema ya desbordó los cálculos más sombríos.

Vivir bajo el terror

Augostina Mayán ha regresado después de dos meses a la comunidad de Nuevo Kanam, un anexo de Tutino. La última vez que estuvo aquí, en julio de 2023, fue cuando rescató a su padre del encierro al que los mineros ilegales lo tenían obligado dentro de su propia casa. El hombre de 80 años había permanecido tres días sin alimentos, sin poder salir ni recibir a nadie, luego de que su hija denunciara la presencia de 15 dragas en el costado del Cenepa que está bajo sus chacras de yuca y cacao. La casa de los Mayán de pronto fue rodeada y el patriarca de la familia quedó solo y a su suerte. La ex presidenta de la Odecofroc dice que una turba de mineros y comuneros de Nuevo Kanam vinculados con el negocio del oro incluso destrozaron el bote de sus hermanos cuando llegaban en auxilio de su padre.

“Logramos sacarlo con ayuda de compañeros de otras comunidades. Teníamos a la nuestra en contra”, recuerda la lideresa y se le anuda la voz. En el puerto de Nuevo Kanam, donde su familia fue atacada, solo queda una draga que por ratos es vigilada por un adolescente awajún. Augostina Mayán está convencida de que las demás balsas que asolaban su comunidad no se fueron por el temor de los mineros a sus denuncias, sino porque acabaron con el oro de esta parte y ahora explotan sobre otros espacios de Tutino. Ella es parte de los líderes que conforman una línea de lucha por la conservación del Cenepa. El costo de su pugna han sido los amedrentamientos que la empujaron a dejar su pueblo.

En la cuesta que da acceso a la comunidad de San Antonio, el ingeniero agrónomo Leonardo Ujukam lanza un resoplido y apunta hacia la tienda que los ilegales convirtieron en un bar sin hora de cierre. Por tres meses (entre junio y agosto pasados), el local fue centro de peleas, bullicio y drogadicción para los mineros que operaban en el sector del Cenepa ubicado frente al ingreso a San Antonio. Pero para un pueblo que siempre vivió en calma, relata Ujukam, aquel escándalo diario fue un choque que replegó a sus habitantes, los hizo blanco de intimidaciones y muy endebles de reacción. La necesidad, además, los fue obligando en algunas oportunidades a aceptar lo que el dinero de los ilegales imponía. Algunas adolescentes y mujeres adultas se convirtieron en víctimas de los intereses de aquella economía ilícita.

“La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades”, comenta Augostina Mayán.

Las dragas que succionaban el lado del río que da a la entrada de San Antonio ahora están cerca del límite con Pagki y Tutino, territorio de las comunidades awajún que registran una deserción escolar en aumento. De acuerdo con un reciente diagnóstico elaborado por la ONG Paz y Esperanza, que trabaja con diversos pueblos indígenas de El Cenepa, los estudiantes de ambos pueblos optan por atender las necesidades diarias de los mineros para obtener cualquier beneficio económico. Un profesor, que pidió no hacer pública su identidad, asegura que las adolescentes empleadas como cocineras en las balsas algunas veces son víctimas de explotación sexual. Una situación que, según puntualiza el informe de la ONG, ya está fuera de control. En cuanto a los menores que dejaron el colegio, refiere el docente, el trabajo que los mineros les encargan es vigilar si el motor se va quedando sin combustible o alertar en caso asome algún extraño al lugar de las operaciones.

“Por cualquiera de esas labores, el pago que reciben es entre S/80 y S/100 al día” (entre $20 y $25)“, estima el profesor.

A una hora de navegación desde Huampami por los ríos Cenepa y Comaina, en dirección al límite con Ecuador, está la comunidad de Kusu Kubaim. A inicios de septiembre, de aquí bajaron muchas de las balsas que actualmente se agolpan en Nuevo Tutino y Pagki. Pero en los dos meses que los mineros ilegales permanecieron en Kusu Kubaim, ese fue un territorio tomado por la delincuencia. Felicio Sakash, exlíder del pueblo, bebe un sorbo largo de masato y explica que, por falta de ingresos o bajo amenaza, muchos comuneros tuvieron que alojar a los ilegales en sus viviendas. La convivencia, entonces, puso a los habitantes awajún de Kusu Kubaim en el centro de feroces disputas entre mineros por las mujeres del pueblo o las ganancias del día. A diferencia de San Antonio, Sakash comenta que el caos no solo tenía lugar en el bar de la comunidad, sino también dentro de las casas y jirones en cualquier momento.

“La población soportó mucha presión. Todo el día había peleas, amenazas, desastre. Varias muchachas de acá también se juntaron con los mineros y fueron abandonadas, a otras se las llevaron”, declara el exlíder bajo un techo de ramas que lo protege del sol implacable en este extremo de la Amazonía peruana. La violencia que vivió Kusu Kubaim, lo tiene claro Sakash, es la misma que ahora somete a pueblos como Sua Panki, un anexo de Pagki, y Nuevo Tutino, inexpugnables por la acumulación de mineros y su personal armado de custodia.

Denuncias sin nombre

El jefe de La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Distrital de El Cenepa, Elías Autukai, indica a Mongabay Latam que en lo que va de 2023 su despacho ha recibido demandas por alimentos de ocho comuneras awajún, incluidas menores de edad, abandonadas por quienes ellas consideraban como sus parejas. En sus requerimientos, las mujeres precisan los nombres y oficios (agricultores en la mayoría de casos) que ellos les dieron. Sin embargo, Autukai señala que, tras indagaciones en campo, comprobó que los denunciados son en su mayoría mineros ilegales no indígenas, con identidades falsas, y en algunos casos comuneros awajún enrolados a la extracción de oro. “Los buscamos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y no existen”, remarca.

Con los folios en las manos, el funcionario anota que en los ocho casos su oficina pudo admitir las demandas e iniciar investigación. Pero hay mujeres que llegan a la Demuna solo con un nombre o el apelativo del padre de sus hijos, lo cual, apunta Autukai, hace imposible el inicio de todo proceso. De cualquier modo, se trata de comuneras que intentaron remediar su situación presentando denuncias, un grupo muy reducido frente al subregistro —estimado en decenas por el jefe de la Demuna— de mujeres awajún que no han acudido a reportar sus casos.

Lo que ocurre en cuanto a las mujeres denunciantes no es un aspecto aislado. Ninguno de los comuneros o dirigentes indígenas entrevistados para este reportaje pudo identificar con nombre y apellido a los mineros ilegales que proliferan en sus pueblos. Si aluden a alguno debido a un suceso en específico, lo llaman por su alias, un solo nombre y, a veces, por un diminutivo: ‘Maquisapa’, ‘Betito’, o similares. Dante Sejekam, presidente de la Odecofroc y quien ha emprendido una defensa firme del territorio awajún, sostiene que ni siquiera los líderes de las comunidades donde los ilegales perforan el Cenepa en busca de oro los tienen empadronados. En lo que los pobladores coinciden es que los ilegales provienen de Pucallpa (Ucayali), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Iquitos (Loreto), Puerto Inca (Huánuco) y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Es decir, de lugares que registran frecuentes delitos ambientales que afectan a pueblos originarios, conforme lo ha ido reportando este medio durante los últimos años.

Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad.

Rubén Ninahuanca — Abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

Mongabay Latam navegó dos días la cuenca del río Cenepa y constató el infierno de minería ilegal instalado en su cauce.

Si bien el despunte del precio del oro, hacia el 2010 y 2011, motivó la expansión de la actividad extractiva en Madre de Dios y Puno, no fue sino hasta el 2018 cuando los primeros mineros ilegales aparecieron en las comunidades que bordean el Cenepa. El defensor awajún Zebelio Kayap, otro dirigente amenazado por oponerse a la explotación aurífera en el río, relata que con el brote del Covid-19 se agudizó la histórica desprotección del Estado a los pueblos indígenas de la cuenca fronteriza, y ello dio paso a un progresivo establecimiento de los enclaves de minería aluvial. Las carencias en cada comunidad, además, han sido un factor decisivo para esa suerte de dominio territorial alcanzado por los ilegales.

Explotación de la necesidad

La casa de Felicio Sakash es de las pocas en Kusu Kubaim provistas de un panel solar para recargar una batería que, por dos o tres horas de la noche, permite a su familia tener luz. En Kusu Kubaim no hay energía eléctrica, pero aquello no es el problema mayor, explica Sakash, si lo compara con no tener servicio de alcantarillado o contar apenas con el agua del río que la minería ha contaminado con mercurio. “Cuando comemos pescado, tenemos fuertes alergias y males estomacales”, lamenta. En San Antonio, Leonardo Ujukam cuenta que ya nadie en su comunidad utiliza el agua del Cenepa, como antes, sino la que discurre por las quebradas cercanas y sale de a poco por las piletas de captación. De hecho, el último estudio de la Administración Local del Agua Bagua-Santiago acerca de la calidad de agua superficial en el río Cenepa, indica que la concentración de plomo excede los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente. La evaluación subraya como posibles causas de la magnitud de plomo encontrada las actividades mineras en la parte alta de la frontera de Ecuador y los vertimientos de aguas residuales provenientes de algún tipo de proceso de manufactura.

El crudo panorama de Kusu Kubaim y San Antonio se replica en todas las comunidades de la cuenca: ninguna tiene servicios básicos, infraestructura educativa adecuada ni postas médicas abastecidas. Por eso, cuando algún poblador sufre una urgencia de salud, el tema alcanza niveles dramáticos. Dante Sejekam, el actual titular de Odecofroc, refiere que muchas veces por la falta de personal y medicamentos el paciente tiene que ser llevado a Huampami, la capital distrital, donde la demanda de atención obliga a un técnico en enfermería a hacer “de médico, obstetra, odontólogo y hasta de psicólogo”. “En una situación de gravedad, el técnico debe acompañar el traslado del enfermo a Nieva o Bagua, o sea, a cinco horas de viaje, aunque esto pasa solo si hubiera una embarcación disponible”, describe Sejekam. Es decir, las perspectivas de salud para los comuneros awajún son tan frágiles como las de seguridad y condiciones de vida diaria dentro de los territorios que habitan.

Tal contexto marcado por la necesidad y desatención del Gobierno peruano fue propicio para que las cuadrillas de mineros ilegales irrumpan en los pueblos awajún, negocien su permanencia y exploten el río a sus anchas. Según un acta de asamblea suscrita en agosto de 2022, los entonces apus (líderes) de Nuevo Tutino, Tutino y Mamayaque, por ejemplo, admitieron que captaron ingresos mensuales de la minería para la construcción de locales comunales, colegios, postas y otras infraestructuras urgentes en aquellas comunidades. Varios de esos proyectos aún no se han concretado, y los que se realizaron fue para resarcir por ahora lo que las mismas operaciones mineras habían inhabilitado. Este es el caso de la escuela inicial de San Antonio, cuyos cimientos se debilitaron debido a la erosión provocada con la acción de las dragas y por lo cual un nuevo colegio fue construido sobre una loma del pueblo.

El uso de fondos procedentes de la actividad ilegal ha generado desacuerdo dentro de la Odecofroc, y ha agudizado el conflicto social que venía tomando fuerza en las comunidades desde el 2022. El expresidente de la organización awajún, Hortez Baitug, tuvo que renunciar tras ser acusado de alentar la minería. Dante Sejekam, gestor ambiental de 25 años, asumió el cargo recién en julio y explica por qué se reportan divisiones dentro de algunas comunidades: “El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre”. A ello se suman las amenazas y presiones de los ilegales que llegan hasta el punto de conseguir la renuncia del líder contrario a las extracciones de oro. La crisis social regida por las diferencias entre comuneros es una grieta que se ha ido profundizando gradualmente. En Kusu Kubaim, por ejemplo, tres jefes fueron removidos desde el 2021, tiempo en que uno solo debió cumplir gestión.

“Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad”, opina Rubén Ninahuanca, abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades.

Augostina Mayán

Siniestro negocio en ascenso

Durante la primera asamblea que dirigió Dante Sejekam como nuevo presidente de la Odecofroc, el 11 de septiembre de 2023, más allá de las irregularidades detectadas internamente, los comuneros y apus reunidos se concentraron en discutir cómo los daños han recrudecido.

Las fuertes cifras que mueve la minería aluvial en el Cenepa corresponden a la alta cantidad de oro que cada draga puede absorber por día del río fronterizo. En un ‘alce’, o lo equivalente a una jornada de extracción, los ilegales llegan a conseguir por lo menos 200 gramos del metal, que luego venden a S/180 por gramo ($47). Así lo detallan a Mongabay Latam un minero procedente de Loreto y un comunero awajún que dejó sus labores agrícolas atraído por el oscuro negocio del oro. Sin hacer mayores cálculos, ellos responden que este 2023 la ganancia diaria por cada balsa es de S/36 000 en promedio ($9500), monto del cual se destina entre el 10% y 20% a las comunidades donde las dragas pueden succionar.

Uno de ellos tiene la tarea de mover las piedras que van saliendo a medida que avanza la absorción del río. Una faena por la que, asegura, los pagos son de entre S/1000 o S/2000 ($263 o $526). El otro se encarga de bucear mientras manipula el tubo que aspira la arena y rocas de las profundidades del río. Lo hace provisto de un equipo especial que le permite mantenerse dos o tres horas bajo el agua. En cada jornada, se sumerge unas seis veces. No quiere revelar cuánto gana, pero aclara que es mucho más de lo obtenido por cualquier otra labor en las balsas. Luego, baja la mirada y carraspea: “Unos 10 han muerto por hacer esto. Hubo derrumbes en el fondo y quedaron sepultados”. Nadie reclama los cuerpos, añade con indiferencia, y por eso tampoco los sacan.

En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales.

Zebelio Kayap.

En torno a la tensión en el río Cenepa, distintas fiscalías de Amazonas han abierto investigaciones, pero la mayoría de los expedientes están paralizados, asegura Rubén Ninahuanca. En la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua obra uno, del 30 octubre de 2022, respecto de un ataque a balazos de los mineros contra una comitiva de fiscales y policías en la comunidad de Pagki, y otro elaborado a raíz de una geolocalización, en noviembre de 2021, que daba cuenta de 20 dragas en la cuenca fronteriza. El último de ellos, que contenía las primeras importantes evidencias de la expansión minera en el Cenepa, fue archivado por la fiscal adjunta Elva Amenero. Mongabay Latam tuvo acceso al documento fiscal en que se resuelve no continuar con la investigación preparatoria.

El abogado de la ONG Paz y Esperanza sostiene que las diligencias dispuestas por la misma fiscal en la investigación a 20 presuntos propietarios de las dragas son “absurdas e impertinentes para el contexto donde se desarrolla la actividad minera”. Por ejemplo, describe: “Requiere buscar información en redes sociales, o datos del Registro Integral Formalización Minera para saber si estos ilegales figuran en el padrón cuando está claro que desde el 2010 la minería aluvial fue prohibida en el Perú”. Mongabay Latam buscó tener una entrevista con la fiscal Elva Amenero y la buscó en Bagua, pero no fuimos atendidos.

El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre.

Dante Sejekam — Gestor ambiental.

La irritación que la falta de justicia ha causado en la población awajún fue constatada personalmente por la presidenta de la comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República, Ruth Luque, en un encuentro que días atrás tuvo con comuneros y líderes de la cuencas de los ríos Cenepa, Santiago y Nieva. “En nuestra cara limpian a los corruptos (en referencia a las investigaciones fiscales), fue su clamor”, indica la legisladora. Ella también recogió cifras oficiales acerca de otro incesante flagelo para los habitantes indígenas de las tres cuencas: “Hay 189 casos de VIH detectados solo entre enero y agosto de 2023, de los cuales 35 son gestantes y 12 de ellas, niñas y adolescentes”. La explotación sexual y violaciones en un escenario de abierta actividad ilegal, conforme lo registró Luque, influyen en el incremento de contagios. Pero también en los embarazos de niñas y adolescentes que, según reportó la congresista, es uno de los principales temas de atención en las redes de salud a donde acuden las comuneras awajún.

El domingo 1 de octubre, en cumplimiento con un acuerdo de la primera asamblea convocada por Dante Sejekam, 200 comuneros awajún junto con una patrulla de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional incautaron y destruyeron 11 motores y una balsa durante una interdicción en cuatro comunidades de la cuenca del Cenepa. Sejekam afirma que el resto de motores y dragas fueron escondidos en las quebradas o hundidos en el río para luego ser recuperados, pues los mineros tenían la advertencia de que una interdicción estaba a punto de ejecutarse. No hubo detenidos. “Tampoco tuvimos tiempo ni recursos para ingresar en más lugares. Necesitamos que la policía instale una base aquí”, anota el presidente de la organización awajún. Solo dos días después de la intervención, las balsas empezaron a aparecer de vuelta en el río.

“Es lo mismo que pasó tras las interdicciones anteriores. En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales”, puntualiza Zebelio Kayap en un tono encendido.

El director de Medio Ambiente de la Policía Nacional, general Gregorio Villalón, declaró para este reportaje que su personal está realizando un trabajo progresivo en los ríos Cenepa y Santiago pese a las limitaciones en recursos, humanos, logísticos y financieros que tiene. El 1 de octubre, narró, los mineros ilegales intentaron frustrar la intervención. El oficial sabe que unas 70 dragas devastan el Cenepa y que se enfrenta a una economía ilegal sólida capaz de recuperar rápidamente sus pérdidas: “Podemos destruir uno o diez motores, pero ellos en una semana vuelven a instalarse”. En esa línea, Villalón consideró como tareas pendientes dar sostenibilidad a las acciones contra la minería y fortalecer el trabajo articulado entre las partes involucradas (fiscalía, gobierno regional y dirigencias comunales). “No se trata de ir una vez, intervenir y ya no regresar porque todo se pone igual”, precisa. Y tiene razón.

Al cierre de este reportaje, dirigentes awajún informaron a Mongabay Latam que las dragas estaban operando de nuevo sobre diversas posiciones. El Cenepa presenta otra vez el mismo panorama apocalíptico que encontramos en septiembre.

ED/JJD

Las autoridades de Brasil lanzaron este lunes una operación para comenzar a desalojar a cerca de 1.600 familias que ocupan ilegalmente dos tierras indígenas en la Amazonía, para devolver sendos territorios a los pueblos originarios.

Las zonas ocupadas ilegalmente, ambas ubicadas en el estado amazónico de Pará, son las tierras indígenas Apyterewa, que está protegida desde 2007, y Trincheira Bacajá, que es de uso exclusivo de los indígenas desde 1996, según un comunicado del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Ambos territorios tienen una extensión sumada de 2,4 millones de hectáreas y albergan a cerca de 2.500 indígenas de las etnias Parakanã, Mebengôkre Kayapó y Xikrim, que viven repartidos en 51 aldeas.

“La situación no es fácil, pero cualquier ocupación ilegal es crimen y la legislación brasileña tiene que ser cumplida”, declaró durante una entrevista a la radio pública la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, quien dijo tener identificadas 32 tierras indígenas con invasores.

El Ministerio también resaltó que hay registros de indígenas que viven aislados en esos territorios selváticos y que han sido contactados recientemente.

Las autoridades están trabajando para que los no indígenas dejen la región de forma pacífica y voluntaria, al igual que en otras operaciones similares realizadas a comienzos de este año.

Algunos de los colonos ilegales se dedican a actividades como la ganadería y la minería ilegal y han contribuido a la tala ilegal en la zona.

Estas actividades ilegales han llevado a la tierra indígena Apyterewa a encabezar la lista de territorios con mayores índices de deforestación, subrayó la nota.

En la operación participan varios cuerpos de policía y varios organismos dedicados a la protección de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha retomado la política de protección de los pueblos indígenas, con medidas como la demarcación de territorios y la expulsión de colonos ilegales.

La demarcación de territorios indígenas fue totalmente paralizada durante los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que, además, impulsó medidas para permitir la explotación de minerales en esas áreas, pese a que están protegidas por leyes medioambientales.

EFE.

IG

El tono discriminatorio y burlón de una entrevista televisiva a un matrimonio de una comunidad originaria recibió un récord de reclamos de parte de las audiencias en la Defensoría del Público, que escalaron a casi 300, mientras la pareja, acompañada por el Tercer Malón de la Paz, evalúa realizar una denuncia.

Desde el equipo de trabajo de Pueblos Originarios de la Defensoría del Público informaron que recibieron hasta el momento 283 reclamos en rechazo a la entrevista.

“Es récord para esta temática ese tipo de reclamos y siguen llegando. Probablemente esto sea un pico récord en la historia de 10 años de la Defensoría. Nunca un tema de este tipo despertó tanto rechazo por parte de las audiencias”, explicaron desde el organismo creado por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual para recibir y canalizar las consultas de audiencias.

Por su parte, Kantuta Killa, la abogada entrevistada en el programa y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años, contó que evalúa hacer una denuncia.

“Ayer estuvimos con los hermanos del Malón. Hubo una presentación de la colectividad boliviana y nos hicieron subir al escenario para comentar lo que había pasado. Cuando bajamos, una hermana dirigente nos dijo que nos dan su apoyo, que quieren que hagamos la denuncia y que ellos también la van a hacer apoyándonos”, relató.

La entrevista fue realizada el pasado jueves dentro de un subte de Buenos Aires por una movilera del programa “Bien de mañana”, que emite el trece y está conducido por Fabián Doman, junto a los panelistas que están en el piso.

Durante el reportaje hubo burlas de la movilera y de quienes estaban en el canal y se minimizaron los reclamos de la pareja sobre el Tercer Malón de la Paz, el colectivo que nuclea a unos diez pueblos originarios de Jujuy que permanece desde principios de agosto en Plaza Lavalle frente a los Tribunales porteños en rechazo a la reforma de la Constitución de esa provincia.

El matrimonio que vivió los agravios está formado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, “abuelos” de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Ambos fueron abordados por la movilera mientras viajaban en la Línea D del subte porteño.

Los dos integrantes de la pareja afirmaron sentirse “sorprendidos”, y aclararon que “no es solamente la notera que es así, sino un sector de la población que lamentablemente no comprende que hay un otro diferente, que hay pueblos preexistentes con distintos códigos, distintas formas de ser y distintos intereses”.

“Aún así, aunque tenemos distintos valores y principios, creencias o intereses, nosotros les respetamos y en ningún momento nos dirigimos de ese modo con ellos ni estamos riéndonos como como ellos se ríen de nosotros”, añadieron.

La entrevista despertó una ola de denuncias en redes sociales y organismos públicos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría del Público tomaron posición al respecto.

En este sentido, la interventora del Inadi, Greta Pena, dijo que “es importante hacer foco en la necesidad de que los medios reconozcan la existencia de las identidades indígenas sin exotizarlas ni ridiculizarlas” porque “se invisibiliza a las poblaciones originarias como parte de la ciudadanía de nuestro país y eso lleva a que cuando se comunica algo vinculado a ellos, muchas veces se haga de modo estereotipado, estigmatizante y discriminatorio”.

Los reclamos en la Defensoría del Público por contenido discriminatorio en medios de comunicación se pueden hacer de forma online en www.defensadelpublico.gob.ar/reclamos/ o llamando al 0800-999-3333 de 10 a 17.

CRM con información de la agencia Télam

San Antonio de los Cobres. A 300km hacia el norte la frontera con Bolivia, a 135km para el oeste el cruce con Chile. Centro exacto del “Triángulo del litio”. En medio de 17 proyectos de minería la pelota sigue rodando. El deporte se mantiene presente a pesar de las dificultades que conlleva la explotación de las tierras de la zona y los conflictos con las comunidades originarias. Campeonatos masculinos y femeninos de fútbol y hasta las “Olimpiadas Mineras” siguen vigentes año tras año.

El 65% de las reservas mundiales del oro blanco yacen en la región compartida por estos tres países. Catamarca y Jujuy comparten con Salta las mayores reservas argentinas de litio y también el Torneo Interprovincial de fútbol de La Puna. Para mantener distancias equitativas se realiza en el punto medio de las tres provincias, que es justamente San Antonio de los Cobres. Desde la década de los '90 que el campeonato se hace ininterrumpidamente, en sus comienzos participaban solo equipos amateurs masculinos de mayores, pero gracias a la gran repercusión que tuvo se aceptaron las categorías femeninas, de veteranos y juveniles a mediados del 2000.

“Siempre se relacionaron deportivamente Catamarca, Salta y Jujuy por el Campeonato de La Puna, y ahora también lo hacen en la Mesa Nacional del Litio”, comenta Vicente Arias, fundador de La Unión de Los Andes y entusiasta de la minería. El certamen unificador fue declarado de interés cultural por la Cámara de Senadores el año pasado en su trigésima octava edición. Es tal su magnitud y popularidad entre los habitantes que hasta llegan camiones colmados con decenas de hinchas para presenciar alguna de las rondas eliminatorias.

Suelen competir entre 40 y 50 equipos y el desenlace se lleva a cabo en noviembre. Dependiendo de la instancia se juega en una cancha de tierra, con las líneas demarcadas con cal, o en una de césped sintético, ambas en un entorno casi desértico donde solo se perciben algunas casas humildes frente a las sierras norteñas. La copa verde y dorada que se le entrega al campeón llega a medir casi dos metros, además se les entrega las respectivas medallas y se premia al goleador y al mejor arquero del torneo.

Levantar ese alto trofeo es el sueño de cualquier conjunto puneño. De a poco -y con mucho sacrificio- los equipos amateurs se fueron “profesionalizando” en cierta medida. Remeras estampadas (hasta algunas con sponsors), creación de una comisión directiva, actividad en redes sociales, diversidad de categorías y una sede fija; un movimiento que se formó con jugadores jóvenes que no tenían la posibilidad de jugar en un club, como explica Mario Viveros -vinculado a Club Atlético Pomense-, actualmente se lleva las miradas y aplausos de los vecinos de San Antonio de los Cobres.

El primer trimestre del año que viene su imbatible popularidad tendrá competencia: a unos kilómetros se inaugurará la planta de producción de litio de Centenario Ratones. Se espera que tenga una capacidad de almacenamiento de unas 24 mil toneladas, para eso están trabajando más de mil obreros bajo una inversión de unos US$ 850 millones. Daniel Chávez Díaz, CEO de Eramine Sudamérica, indicó que actualmente el proyecto se encuentra avanzado en un 56% y que cuenta con la asociación de la empresa china Tsingshan.

En esta mezcla entre el deporte y la explotación de la tierra nace una pregunta que Belén Morelli, Presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino, responde convincentemente.

-¿Puede perjudicar en algún sentido la vida deportiva de la zona la extracción de este mineral?

-La manipulación del litio deriva a la contaminación de la tierra. Si la tierra está contaminada el agua termina contaminada, y si el agua está contaminada es obvio que perjudica a los deportistas.

-¿Creés que no se está resguardando las condiciones naturales de la región?

-Mucha gente vende el discurso de “cuidar la Pachamama, la tierra y los animales”, pero realmente no les importa. Su única meta es llenarse los bolsillos.

 Al perforar el suelo para su estirpe se mezcla el agua dulce con el agua salada, por lo que queda inaccesible para el consumo humano y también para el riego de la flora norteña. No solo se contamina, sino que se pierde una enorme cantidad de litros.

 Quienes se manifestaron en ciertas ocasiones en contra de la explotación del territorio fueron los pueblos originarios. Hace 15 años se reunieron Técnicos de la Secretaría de la Minería con representantes de las comunidades oriundas, trataron diversos temas como problemas de pastura, tratamiento del aire y -la más recurrente- la contaminación de los ríos cercanos.

 En Jujuy existió una gran resistencia hacia las medidas que impulsaban el empleo de su tierra. A nivel litio le llevan casi una década de ventaja a Salta, pero las protestas en su contra persisten hasta la actualidad. En junio hubo una marcha que terminó con heridos y detenidos por la aprobación de una reforma en la Constitución de la provincia. En Salta el Senador Leopoldo Salva planteó un escenario totalmente contrario en el que las comunidades piden participar de los distintos proyectos de extracción.

Litio, pueblos originarios y deporte vuelven a encontrar un punto en común. Morelli organizó un torneo en el que se presentaron algunas jugadoras pertenecientes a la comunidad Wichi, algo que le sorprendió completamente dado que creía que eran de un pueblo que no participaba mucho en estas actividades. Algunos miembros wichis, en contraparte a los protestantes, dan mano de obra a una planta piloto que se está construyendo en Formosa en la zona de Palmar Largo.

La minería en San Antonio de los Cobres también adopta un papel competitivo. Año tras año se realizan las Olimpiadas Mineras bajo el lema de “la minería es la fuente de nuestra fuerza y caudal de hermandad”. Se realiza desde hace 15 años en conmemoración al día nacional de esta actividad (7 de mayo); con el Boom Minero -como lo denomina Arias- hubo récord de asistencia en las últimas temporadas que llegó a superar las 500 inscripciones.

Los competidores se dividen en equipos dependiendo de la compañía para la que trabajen. Cada edición es organizada por una diferente empresa excavadora, y constantemente se suman más y más disciplinas: fútbol 11, fútbol cinco masculino y femenino, vóley mixto, maratón, ciclismo, truco, ping-pong, sapo y metegol fueron las incluidas en el 2022.

Miembros originarios que juegan torneos de fútbol. Mineros que participan como atletas en Olimpiadas. Comunidades que se oponen a la explotación de las tierras y otras que ayudan a las empresas excavadoras. Escasos kilómetros separan una cancha de sintético con la construcción de una planta de extracción de litio. En San Antonio de los Cobres, por el momento, parece haber lugar para todos.

 AP / NB

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó hoy un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con denuncias vinculadas a la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en la provincia gobernada por Gerardo Morales tras la reforma constitucional. Continuarán frente al Palacio de Tribunales hasta conseguir una respuesta favorable de la justicia.

“Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar, que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores”, expresó el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.

“Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos”, agregó el referente en relación a las condiciones de su instalación en Tribunales.

La delegación que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires con representantes de 10 pueblos originarios iba a reunirse hoy con los jueces de la Corte, pero finalmente no los recibieron. En este marco, Eduardo Barcesat, abogado de derechos humanos que los acompaña, aseguró que las comunidades volvieron a sufrir “un maltrato innecesario por parte de los jueces”. Ante esta situación, Aurora Choque, referente de las comunidades, advirtió que si no son escuchados por la justicia nacional, recurrirán a la corte de las Naciones Unidas.

En tanto, otra delegación del Tercer Malón presentó en el Congreso de la Nación, un proyecto para la creación de la “Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional” y la “Comisión sobre pueblos indígenas”. De acuerdo con Jerez, su objetivo será llevar adelante las denuncias de violencia institucional y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales.

“Tienen que ver la reparación de los daños causados a los hermanos que están siendo arbitrariamente detenidos, imputados con multas exorbitantes, producto de las contravenciones ilegales. Por eso pedimos que las denuncias no queden archivadas, sino que también se presenten ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, explicó el cacique.

El Tercer Malón de la Paz está integrado por 400 comunidades indígenas que representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya y Guaraní. En su permanencia por la reforma constitucional de Jujuy, cuentan con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Con información de agencias.