Luego de que la Cámara de Representantes de la provincia votara su desafuero, el diputado provincial misionero, Germán Kiczka, involucrado en una investigación por tráfico de material de abuso sexual infantil, se encuentra prófugo de la Justicia. Así informaron fuentes allegadas a la causa, que detallaron que la policía fue hasta el domicilio particular del legislador y no lo encontró. Su hermano, Sebastián, también es buscado por las diferentes Unidades Regionales y grupos operativos policiales.

Durante toda la jornada de ayer se especuló con la posibilidad de que ambos estuvieran fuera del país. Sin embargo, según detalla el diario Primera Edición, no hubo salida asentada en Migraciones, lo que no quita que puedan haber cruzado por un paso fronterizo ilegal. En el registro, el último movimiento del diputado sería un ingreso al país del 11 de agosto de este año vía San Ignacio de Loyola, Paraguay.

El partido Activar le había pedido la renuncia a Kiczka, según comunicó el presidente de ese espacio, Pedro Puerta, quien compartió un comunicado que indicaba que le solicitaron que se ponga a disposición de la justicia “sin fueros”. El legislador lo hizo, pero en el recinto de la Legislatura misionera el oficialismo provincial lo rechazó y optó por votar su desafuero. “Estamos frente a un momento histórico para la joven democracia de nuestra provincia, tristemente histórico”, expresó la diputada Anazul Centeno al inicio de su discurso y afirmó que es la primera vez que el cuerpo legislativo atraviesa una situación de estas características.

A comienzo de mes fue allanada la casa de Kiczka en línea con otros procedimientos realizados en marzo pasado, también en la casa del padre y del hermano. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones llevaron a cabo los allanamientos en Posadas en el marco de una investigación por posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet. Durante aquel operativo, se secuestraron dos celulares y una computadora, todo en el marco de una causa internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos.

Hace dos semanas, Kiczka le había solicitado a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”. Según el escrito elevado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

Añadió que “en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”.

En un comunicado público, señaló posteriormente: “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”.

PL

La Audiencia Provincial de Madrid decidió confirmar la sentencia que condenó a dos años de cárcel a Ignacio Allende Fernández, más conocido como 'Torbe', por grabar videos porno con menores de edad y tener pornografía infantil en su ordenador. Los magistrados, según pudo saber elDiario.es, rechazaron el recurso de la acusación popular, que pedía la repetición del juicio denunciando que los dos acusados tendrían que haber comparecido en persona y no a través de videoconferencia. Los tribunales tienen pendiente declarar la firmeza de la sentencia y decidir si Torbe, tal y como pactó con la Fiscalía, puede evitar la entrada en prisión.

El productor de cine porno fue detenido en 2016 y encarcelado durante siete meses de forma preventiva en una investigación sobre la grabación de videos con chicas menores de edad. En un primer momento las pesquisas también se centraron en descubrir si, además de las grabaciones, había almacenado material pedófilo, había sometido a las chicas a prácticas vejatorias e incluso si había colaborado en la trata de seres humanos y blanqueo de capitales, indagando el juzgado si había participado en la introducción de menores de otros países en España.

La causa llegó a juicio finalmente en septiembre del año pasado con Torbe pactando con la Fiscalía y aceptando los cargos que habían llegado intactos al final del caso: dos delitos de distribución de pornografía infantil, otro de posesión de este mismo material y otro más de revelación de secretos. Un total de dos años de cárcel y 2.700 euros en multas para Allende y una sanción económica de 2.860 euros para un hombre con antecedentes por corrupción de menores al que envió uno de los videos.

La sentencia, basada en lo que el propio Torbe reconoció, declaró probado que el director de cine porno grabó un video con una menor de edad en 2012 y que lo difundió posteriormente, cuando ya sabía que la chica no tenía 18 años en el momento de la grabación. También, que posteriormente, a finales de 2015, grabó otro video con una menor de edad. En el caso de esta segunda joven, además remitió sin su permiso imágenes íntimas a varias personas: varios jugadores de fútbol y un hombre, el otro condenado, con antecedentes por corrupción de menores.

El juicio se celebró en un juzgado de lo penal de Madrid el pasado mes de septiembre con Torbe y el otro condenado compareciendo por videoconferencia mientras los medios de comunicación seguían la vista pública desde un pasillo cercano. El acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones llegó después de que el productor de cine pornográfico pagase, además, 65.000 euros de indemnización a una de sus víctimas por las secuelas de vivir cómo uno de sus videos, el que remitió a “varios futbolistas”, se hizo viral y circuló sin control por internet.

El recurso que acaba de rechazar la Audiencia Provincial de Madrid fue interpuesto por la acusación popular del caso, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías (ANFITEC), que solicitaba la repetición del juicio para que Torbe y el otro condenado comparecieran presencialmente y no por videoconferencia. Los jueces contestan que esta práctica “tiene pleno apoyo legal y jurisprudencial” y rechazan el recurso con el visto bueno de la Fiscalía. Los dos acusados, destaca la sentencia, “habían decidido confesar los hechos y aceptar las penas” de multa y prisión.

Segunda condena para Torbe

Fuentes del caso explican a elDiario.es que ninguna de las partes apeló esta última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid y que solo esperan que los jueces declaren la firmeza de la resolución. Será entonces cuando la Justicia decida si, tal y como pactó Torbe con la Fiscalía, el productor de cine porno no tiene que entrar en prisión a cumplir condena tras reconocer sus delitos y pagar la indemnización a la víctima del caso.

La sentencia, cuya firmeza se espera para las próximas semanas, no solo declara probado que Ignacio Allende grabó al menos dos videos con menores de edad. También detalla el material pornográfico y pedófilo que los investigadores encontraron en su oficina: pornografía infantil con “violaciones” a “niñas de corta edad” e, incluso, a “bebés”. También guardaba los videos grabados con las dos menores de edad. Los dos acusados, reconocieron ellos mismos, usaban estos archivos para “satisfacer su ánimo libidinoso y lascivo”. 

Esta no es la primera condena que recibe Torbe por grabar videos porno con menores de edad, aunque estos antecedentes penales se encuentren cancelados. Hace más de una década ya fue sancionado con un año de cárcel por corrupción de menores, delito por el que tampoco llegó a entrar en prisión. En ese caso, la joven denunció al productor cuando fotogramas del video aparecieron impresos y clavados en la cartelera de anuncios de su instituto.

Una tercera sentencia condenatoria completa el historial penal de Ignacio Allende. También fue condenado en firme a otro año más de cárcel por estafar a los espectadores que llamaban al programa La Hora de Oro de Canal 7 derivando sus llamadas a líneas de pago y alargando la comunicación lo máximo posible para aumentar la factura.

El diputado provincial misionero Germán Kiczka presentó su renuncia al cargo este sábado por el espacio Activar tras ser vinculado a una investigación por presunto tráfico de pornografía infantil.

Kiczka pidió a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”. Según el escrito elevado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

Añadió que “en este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública, renunciando a los fueros y a la investidura que el cargo conlleva, con el fin de enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones de demostrar mi inocencia”.

En un comunicado público, señaló posteriormente: “Quiero dejar en claro una cosa: no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se dijo en los medios en las últimas horas es falso. La causa, iniciada en el mes de febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”.

El partido Activar le había pedido la renuncia a Kiczka, según comunicó el presidente de ese espacio, el libertario Pedro Puerta, quien compartió un comunicado que indica que le solicitaron la renuncia a su banca para que se ponga a disposición de la justicia “sin fueros”.

El martes fue allanada a casa de Kiczka en continuidad con otros allanamientos realizados en marzo pasado también en la casa del padre y del hermano. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones llevaron a cabo los allanamientos en Posadas en el marco de una investigación por posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet.

Durante el operativo, se secuestraron dos celulares y una computadora, todo en el marco de una causa internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos.

CRM

“Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeño esfuerzo para que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema”, alega José Luis Escrivá. La herramienta del Gobierno de ESpaña para impedir el consumo de pornografía digital de los menores ha vuelto a centrar las preguntas que el ministro para la Transformación Digital ha recibido este martes tras el Consejo de Ministros. El motivo es el mismo que Escrivá trata de relativizar: la medida obligará a todos los adultos que deseen acceder a ese tipo de contenidos a pasar por un proceso de verificación de su edad.

La polémica por el diseño del sistema se ha extendido entre usuarios, pero también entre especialistas en ciberseguridad informática y juristas expertos en protección de datos. Todos los consultados por elDiario.es coinciden en señalar que la decisión del Gobierno español es “arriesgada” por su ámbito de aplicación, aunque recuerdan que la tecnología que propone no sale de la nada.

La tecnología de la cartera digital europea

El sistema informático que el Ejecutivo español ha planteado para llevar a cabo la verificación de edad para impedir el acceso de menores a contenidos para adultos se basa en el Reglamento Europeo eIDAS 2, que actualiza la normativa sobre identificación electrónica y servicios de confianza de la UE.

La principal novedad del eIDAS 2 es la introducción de una cartera digital común, una aplicación móvil que estandarice los sistemas de identificación personal en los diferentes países de la Unión. Tanto para trámites burocráticos estatales como ante servicios privados. Su objetivo es mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de identificación electrónica de cada país, asegurando que un certificado digital emitido por un estado miembro sea válido en todos los demás.

“Cada vez que una aplicación o un sitio web nos pide que creemos una nueva identidad digital o que nos conectemos a través de una gran plataforma, en realidad no tenemos ni idea de lo que sucede con nuestros datos”, alegaba en 2020 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando propuso el nuevo Reglamento: “Necesitamos una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo”.

Tras una larguísima negociación con el Consejo Europeo y el Parlamento que duró casi toda la legislatura, los eurodiputados dieron finalmente su visto bueno al eIDAS 2 el pasado febrero. “Esta legislación pretende empoderar a los ciudadanos poniéndoles en pleno control del uso e intercambio de sus datos. La identidad digital ha pasado de ser una mera comodidad a convertirse en un catalizador de la participación cívica, el empoderamiento social y un medio para fomentar la inclusión en la era digital”, concedió la ponente del texto ante la Eurocámara, la socialista Romana Jerković.

El eIDAS 2 entró en vigor este mayo, aunque su implantación durará varios años. Ahora se están definiendo los criterios técnicos del sistema, la letra pequeña informática a la que la industria digital deberá ir amoldándose poco a poco. El objetivo es empezar a promoverlo a gran escala a partir de 2027 y que para 2030 el 80% de los europeos ya use sus herramientas.

Con todo, el proyecto apenas está despegando y como se suele decir en Silicon Valley, el diablo está en los detalles: “Las carteras que se desarrollen conforme a eIDAS 2 aún no se sabe cómo de robustas serán, los estándares técnicos no están terminados y es un proyecto muy complejo”, recuerda en conversación con elDiario.es Elena Gil, abogada especialista en privacidad que ha seguido el desarrollo del Reglamento: “La intención es que sea muy seguro, fácil de usar e interoperable. Todo eso a la vez es complejo de conseguir”.

España y el porno

Con el eIDAS 2 en pañales y siendo aún un gran desconocido para los ciudadanos, el Gobierno ha decidido aplicar sus fundamentos a uno de los aspectos más sensibles de la navegación por Internet: el consumo de pornografía. Es el motivo por el cual el Ejecutivo afirma que la medida convierte a España en “pionera” en el uso de esta tecnología.

También es la razón por la que la aplicación presentada para ello recibe el nombre de “Cartera Digital Beta”: no es una app específica para evitar el acceso de menores al contenido para adultos, sino la primera versión del mecanismo de identificación electrónica que la UE quiere desplegar poco a poco en todo el continente para múltiples servicios. “La aplicación incluirá otras funcionalidades desde su puesta en marcha e irá incorporando nuevas utilidades en el marco del eIDAS 2”, destacan desde Transformación Digital.

José Luis Escrivá defiende que la aplicación de esta tecnología al porno busca contrarrestar la gravedad del acceso a estos contenidos por parte de los niños. “Hay una evidencia abrumadora de que esta exposición está generando problemas muy serios en los menores de edad”, ha incidido tras el Consejo de Ministros. Entre ellos cita los “emocionales y sexuales”, una “distorsión de percepción de la sexualidad” y un “grave riesgo de adicción”. También el aumento de las agresiones sexuales, que se han multiplicado un 116% entre menores en los últimos cinco años

Según los datos que maneja el Ejecutivo, el primer contacto con la pornografía se produce en España en los niños de entre 9 y 11 años. El 70% de los adolescentes es consumidor habitual de estos contenidos y el 90% de los jóvenes de entre 18 y 26 años considera que el porno es “fiel a la realidad”. La mitad de los miembros de este último grupo “actúa por imitación y en ocasiones por dominación” y casi un tercio reconoce que es “su única forma de información afectivo-sexual”.

Las webs porno extranjeras y el porno para extranjeros

El sistema operará en dos fases. Primero, el usuario deberá registrarse en Cartera Digital utilizando el DNI electrónico, el sistema Cl@ve, un certificado digital u otras soluciones de verificación de identidad reconocidas para trámites gubernamentales. En la segunda fase, cuando el usuario intente acceder a una plataforma de contenidos para adultos, el sitio web le pedirá que confirme su mayoría de edad, lo cual podrá hacer escaneando un código QR que aparecerá en pantalla.

Al hacerlo el sistema se conectará con Cartera Digital, que proporcionará al sitio web una “credencial de acceso” confirmando que el usuario es mayor de edad. El Gobierno espera que todo el proceso esté activo tras el verano.

El hecho de que España actúe unilateralmente para aplicar la tecnología de la cartera digital al porno tendrá una serie de consecuencias en el contexto internacional. La primera es que las páginas de contenidos para adultos radicadas en el extranjero no se verán obligadas a cumplir la regulación. En esos casos, el Gobierno solicitará que sean los navegadores web los que exijan la verificación de edad al usuario.

Será el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) el que “gestionará, con la colaboración de otros actores, un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad antes de presentar sus contenidos”, según ha explicado Transformación Digital.

La segunda consecuencia llegará para los más de 85 millones de personas extranjeras que visitan España cada año, incluidos los que comparten ciudadanía europea. Dado que ningún país de la UE ha comenzado la implantación de esta tecnología, sus sistemas de identificación no están integrados con la app del Gobierno. Su acceso a las webs para adultos quedará por tanto bloqueado mientras se encuentren en territorio español.

“Si bien no descartamos abrir el alcance en futuras versiones de la app, nuestra solución ofrece garantías para los ciudadanos españoles y residentes extranjeros en nuestro país (con NIE)”, explican a este medio fuentes oficiales. “Es responsabilidad de las plataformas verificar la mayoría de edad a través de los medios técnicos que consideren convenientes y cumplan con la normativa establecida. Así, en caso de que quieran incorporar a su modelo de negocio ciudadanos extranjeros, tendrán que incorporar los procesos de verificación de edad adaptados a esa circunstancia”, justifican.

Credenciales de acceso

La idea detrás de las carteras digitales que propone el Reglamento eIDAS 2 es establecer la posibilidad de comunicar a cada servicio digital solo la característica personal que necesite conocer para llevar cabo sus trámites.

“Por ejemplo, para darte de alta en las plataformas para compartir coche ahora mismo necesitas dar una copia del DNI y del carnet de conducir. Con este sistema yo no tendré que compartir mis documentos con nadie, ya que la app le dirá si tengo el carnet de conducir o no”, explica Borja Adsuara, jurista experto en derechos digitales. “Así es como funciona el eIDAS 2 y es un avance respecto a la situación actual”.

En el caso del porno, la web para adultos que intente saber si un usuario es mayor de edad antes de permitir su acceso no recibiría la fecha de nacimiento del usuario ni su edad. Solo una credencial de la app oficial que confirmará si es mayor de edad o no.

En un principio el Gobierno ha establecido que las credenciales se creen en “packs” de 30 que se irán distribuyendo entre las diferentes páginas para adultos. Cada credencial caducará a los 30 días. El objetivo es impedir que la navegación del usuario sea rastreable por terceros, pero también provocará que los consumidores habituales de porno tengan que verificar su edad cada cierto tiempo.

Adsuara afirma que habría ido incluso más allá: “Yo habría establecido credenciales de un solo uso y que en cada verificación de edad se creara un token de acceso diferente”. “De todas formas yo creo que el sistema debería haber sido al revés: en vez de identificar todo el mundo, debería haberse obligado a los fabricantes a establecer un 'modo para menores' en los dispositivos con una configuración capada por defecto. Igual que hay dispositivos en los trabajos desde los que no puedes acceder a determinadas páginas o aplicaciones, la solución podría haber sido promover algo más completo y predefinido que el actual control parental para los dispositivos para menores”.

Agujeros en el sistema y ciberseguridad

Todas las fuentes consultadas por elDiario.es coinciden en señalar que la verificación de edad para el porno que propone el Gobierno español será “sencilla de sortear” con herramientas para ocultar la ubicación real del usuario. Servicios como las VPN permiten simular que la conexión se realiza desde otro país, lo que evitaría el bloqueo.

Sin embargo algunos especialistas apuntan la mejora incluso con ese agujero. “Entre lo que hay ahora, que es una nula dificultad para acceder al porno y niños de ocho años que se lo encuentran sin siquiera buscarlo; y dificultarlo un poco con el uso de VPNs, me parece que es un avance”, alega Adsuara.

Otras de las dudas planteadas vienen por la ciberseguridad del sistema. En teoría, el eIDAS 2 aspira a ser más robusto que los métodos de identificación actuales porque la información se guarda cifrada en el dispositivo del usuario, no en nubes públicas ni protegido con contraseña. Pero todo esto no será verificable hasta que se definan los protocolos técnicos y se teste su solidez.

“El problema que va a tener es que tarde o temprano esas carteras digitales también se puede ver comprometidas. Y si comprometen a la Administración, podrán ver no solo si hemos accedido a una página porno, sino cualquier aspecto de nuestra vida virtual que hayamos podido vincular”, advierte Samuel Parra, abogado experto en privacidad.

“En Internet todos somos vulnerables. Acumular en un mismo sitio todo este tipo de información, desde mi punto de vista es peligroso, sobre todo cuando hay otras soluciones disponibles”, concluye Parra.

A principios de mayo de 2022, días antes de promover una de las propuestas de reglamento más polémicas de Bruselas en años, la comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Ylva Johansson, envió una carta a la organización estadounidense Thorn, fundada en 2012 por las estrellas de cine Demi Moore y Ashton Kutcher y especializada en desarrollar herramientas de inteligencia artificial para detectar imágenes de abusos sexuales contra menores en Internet.

El objetivo del reglamento propuesto por Johansson era evitar la difusión de este tipo de contenidos en las aplicaciones de mensajería.

“Hemos compartido muchos momentos en el camino hacia esta propuesta”, escribió la política sueca a Julie Cordua, directora de Thorn, de acuerdo con una copia de la carta a la que tuvo acceso la red de periodismo de investigación de los Balcanes BIRN.

En su carta, Johansson pedía a Cordua que siguiera haciendo campaña para conseguir la aprobación de la propuesta: “Ahora me dirijo a ti para que contribuyas a convertir esta iniciativa en un éxito”.

La propuesta de Johansson, que ya ha sido objeto de un acalorado debate, enfrenta una prueba importante este octubre, cuando se someterá a votación en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. La normativa obligaría a plataformas digitales y portales de juegos online a detectar y notificar cualquier indicio de pornografía infantil (o CSAM, por las siglas en inglés de contenidos con abusos sexuales contra menores). Plataformas como Facebook, Telegram, Signal, Snapchat, TikTok y Clouds, entre otras, tendrían que buscar esos contenidos en sus sistemas y dentro de los chats privados de sus usuarios.

La ley introduciría una compleja arquitectura jurídica basada en herramientas de inteligencia artificial (IA) capaces de detectar imágenes, vídeos y conversaciones (el llamado ‘escaneado del lado del cliente’) que incluyan abusos sexuales contra menores o intentos de captación de niños.

Aunque ha sido bien recibida por varias organizaciones de protección a la infancia, la propuesta ha despertado la alarma entre defensores de la privacidad y especialistas en tecnología que alertan por un nuevo sistema de vigilancia masiva que pone en riesgo el sistema de encriptación de extremo a extremo (en la actualidad, la forma más segura de proteger a las comunicaciones digitales de miradas indiscretas).

Wojciech Wiewiorowski, máximo responsable de protección de datos en la UE, advirtió a Johansson sobre estos riesgos en 2020, cuando la comisaria le informó de sus planes. Entrevistado para este reportaje, Wiewiorowski dijo que la legislación supondría “cruzar un Rubicón” en lo que se refiere a la vigilancia masiva de los ciudadanos de la UE. Cambiaría “los fundamentos de Internet y de la comunicación digital tal y como los conocemos”, añadió.

Johansson no pestañeó. “Los defensores de la privacidad hacen mucho ruido”, dijo durante un discurso en noviembre de 2021. “Pero alguien tiene que hablar por los niños”.

A partir de decenas de entrevistas, de filtraciones de documentos, y de informes sobre las deliberaciones internas de la Comisión, la presente investigación ha trazado el mapa de los actores clave dentro de la financiación y organización de la campaña para hacer aprobar la propuesta de reglamento de Johansson, además de exponer los vínculos directos que hay entre estos actores, la comisaria Johansson, y los miembros de su equipo.

El compendio de la investigación deja al descubierto el cuestionable nivel de influencia que algunas partes interesadas ejercen en la elaboración de políticas de la UE. Entre esas partes hay empresas de IA y grupos de Defensa con un respaldo financiero importante.

Según Arda Gerkens, ex directora de la primera línea telefónica de Europa para denunciar abusos contra menores en internet, el reglamento propuesto está excesivamente “influenciado por empresas que se hacen pasar por ONG pero que actúan más bien como empresas tecnológicas”. “Grupos como Thorn lo apostarán todo a sacar adelante esta legislación, no solo porque consideren que es el camino a seguir para evitar el abuso sexual contra los niños, sino porque tienen un interés comercial”.

Según los críticos, se corre el riesgo de añadir nuevas vulnerabilidades si la normativa amenaza el sistema de encriptación. “¿Quién se beneficiará de esta legislación?”, se pregunta Gerkens. “Los niños, no”.

El papel de WeProtect Global Alliance

WeProtect Global Alliance es el resultado de la fusión en 2016 de dos iniciativas gubernamentales, una cofundada por Estados Unidos y la Comisión Europea, y la otra por el Reino Unido.

En abril de 2020, mientras ganaba impulso la propuesta de usar tecnología de escaneo del lado del cliente para detectar pornografía infantil, WeProtect dejaba de ser una entidad financiada por el gobierno británico para convertirse en una “fundación”, supuestamente independiente y registrada en un domicilio de Lisse, en la costa de Holanda sobre el Mar del Norte.

Entre los miembros hay directivos de grandes tecnológicas, poderosas agencias de seguridad, varias ONG, un montón de gobiernos, y Antonio Labrador Jiménez, uno de los más altos cargos en el gabinete de Johansson, donde es responsable del equipo de la Comisión contra la pornografía infantil.

“La UE no acepta que los niños no puedan ser protegidos y se conviertan en víctimas de políticas que anteponen otros valores o derechos antes que su protección, sean estos los que sean”, escribió Labrador Jiménez en un correo electrónico a sus colegas de la Comisión minutos después de que en mayo de 2023 se presentara la propuesta de reglamento. “[Espero] veros a muchos de vosotros en Bruselas durante la cumbre de WeProtect Global Alliance” el próximo mes, añadió.

Labrador Jiménez entró oficialmente en la Junta Directiva de WeProtect en julio de 2020, después de que la Comisión decidiera unirse y dotarla de financiación por ser “la organización central en la coordinación y racionalización de los esfuerzos globales y las mejoras legislativas” en la lucha contra la pornografía infantil. Sin embargo, los documentos públicos de WeProtect muestran a Labrador Jiménez participando de las reuniones de la junta de WeProtect desde diciembre de 2019.

Durante la elaboración de este reportaje, la Comisión comunicó que Labrador Jiménez “no recibe ningún tipo de compensación por su participación en el consejo de administración de WeProtect Global Alliance” y que “desempeña esta función como parte de sus obligaciones en la Comisión”.

Pero la posición de Labrador Jiménez en el consejo de administración de WeProtect abre interrogantes sobre la manera en que la Comisión usa su participación en la organización para promover la iniciativa legal de Johannson.

Cuando en julio de 2022 Labrador Jiménez informó a los otros miembros de la junta de WeProtect acerca de la propuesta de reglamento de Johannson, “la junta debatió la estrategia mediática que requeriría la legislación” (según las notas de la reunión).

Labrador Jiménez también ha sido fundamental en la redacción y promoción del reglamento de Johansson, la misma propuesta por la que WeProtect hace campaña activa con fondos de la UE. Junto a Labrador Jiménez, en el consejo se sientan Julie Cordua, de Thorn; autoridades de los gobiernos de EEUU y del Reino Unido [en Londres también se está tramitando ahora mismo una proposición de ley sobre seguridad en Internet]; la Interpol; y el coronel de los Emiratos Árabes Unidos, Dana Humaid Al Marzouqi, que participa en numerosos grupos de trabajo policiales internacionales y preside algunos de ellos.

Entre 2020 y 2023, la Dirección General de Johansson concedió casi un millón de euros a WeProtect para organizar la cumbre de junio de 2022 en Bruselas, dirigida a la lucha contra la pornografía infantil y a mejorar la colaboración entre las fuerzas del orden.

En WeProtect no respondieron directamente a preguntas sobre los acuerdos de financiación con la Comisión, ni hasta qué punto las tácticas que emplean para defender sus intereses están determinadas por los gobiernos y por otras partes interesadas que también son miembros de su consejo de administración.

En un comunicado, WeProtect indicó que la organización era dirigida por “un Consejo Global de Política en el que hay muchas partes interesadas; entre los miembros hay representantes de países, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, así como de la industria tecnológica”.

La financiación

Además de Labrador Jiménez, otro miembro de la junta de WeProtect es Douglas Griffiths, ex alto cargo del Departamento de Estado de EEUU y actual presidente de la Oak Foundation. Con sede en Ginebra, la Oak Foundation agrupa a organizaciones filantrópicas de todo el mundo que conceden subvenciones “para hacer del mundo un lugar más seguro, justo y sostenible para vivir”.

De acuerdo con las cuentas anuales que WeProtect presentó para el año 2021, la Oak Foundation otorgó a WeProtect “un apoyo generoso para comunicaciones estratégicas”.

Las cuentas anuales de la Oak Foundation, por su parte, reflejan un compromiso claro y de largo plazo en la ayuda a ONG que luchan contra el abuso infantil. La Oak Foundation también otorga financiación a la red formada por grupos de presión y organismos de la sociedad civil que apoyan el reglamento europeo propuesto por Johansson, muchos de los cuales han contribuido en la creación de una entidad paraguas: el Grupo Europeo para el Avance de las Leyes contra el Abuso Sexual Infantil (el ECLAG, por sus siglas en inglés).

El ECLAG, que abrió su página web pocas semanas después de que Johansson anunciara en mayo de 2022 su propuesta de reglamento, actúa como plataforma de coordinación para algunas de las organizaciones más activas en la implementación de leyes contra la pornografía infantil. Dentro de su comité directivo figuran Thorn y una serie de conocidas organizaciones de defensa de los derechos del niño, como ECPAT, Eurochild, Missing Children Europe, Internet Watch Foundation y Terre des Hommes.

Otro de los miembros es Brave Movement, nacida en abril de 2022 (un mes antes de que se anunciara la propuesta de reglamento europeo de Johansson) gracias a la aportación de 10,3 millones de dólares [unos 9,6 millones de euros] que Oak Foundation hizo a la ONG estadounidense contra la violencia sexual infantil Together for Girls. La Oak Foundation también ha concedido donaciones a Thorn: cinco millones de dólares en 2019 [unos 4,7 millones de euros].

En 2020, la Oak Foundation otorgó 250.000 dólares a ECPAT [unos 234.000 euros] para convencer a “los responsables políticos de que tengan en cuenta el interés de los niños a la hora de revisar la Ley de Servicios Digitales y el impacto del cifrado de extremo a extremo”; además de otros 100.000 dólares [unos 94.000 euros] para apoyar medidas que pongan fin al “abuso sexual infantil en Internet y la explotación de los niños en el espacio digital”.

Ese mismo año, la Oak Foundation autorizó una subvención de 990.000 dólares a Eurochild [unos 928.000 euros], otra alianza de ONG que defiende en Bruselas los derechos de la infancia.

En 2021, la Oak Foundation concedió a Thorn otros 250.000 dólares para mejorar su función coordinadora en Bruselas con el objetivo de garantizar “que cualquier instrumento y solución legislativa procedente de la UE se apoye en el actual ecosistema de organizaciones globales que trabajan para proteger a los niños en Internet”.

En 2022, la Oak Foundation concedió a ECPAT una financiación trianual de 2,79 millones de dólares [unos 2,62 millones de euros] “para garantizar que los derechos de la infancia estén en el centro de todos los procesos sobre política digital de la UE”. WeProtect Global Alliance recibió otros 2,33 millones de dólares [unos 2,18 millones de euros], también por tres años, “para unir a gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales en el desarrollo de políticas y soluciones que protejan a los niños contra la explotación y el abuso sexual en Internet”.

Consultada durante la elaboración de este reportaje, la Oak Foundation respondió que no “aboga por propuestas legislativas ni trabaja en el detalle de esas recomendaciones políticas”.

La Oak Foundation no respondió directamente a preguntas sobre las implicaciones que la proposición de ley de Johansson genera en el derecho a la intimidad. Un portavoz de la Oak Foundation dijo que apoyan a organizaciones que “abogan por nuevas políticas, con un interés específico en la UE, EEUU y el Reino Unido, donde existe la oportunidad de establecer un precedente para otros gobiernos”.

Campaña con víctimas

Los documentos internos de las campañas de Brave Movement dejan al descubierto una estrategia integral: cargar contra los críticos más destacados y hacer que se escuchen las voces de personas que fueron víctimas de abusos con el objetivo de recabar el apoyo que necesita la propuesta de reglamento de Johansson en las capitales europeas y en el más importante Parlamento Europeo.

Brave Movement ha disfrutado de un nivel considerable de acceso a Johansson. A finales de abril de 2022, recibió a la comisaria durante una “Cumbre de Acción Mundial de Supervivientes” organizada en Internet, un logro poco habitual en Bruselas para una organización que había sido creada apenas unas semanas antes.

Ese mismo año, un documento de estrategia interna de noviembre de 2022 despejaba todas las dudas sobre la función de Brave Movement como organización encargada de recabar apoyos para la propuesta de reglamento de Johansson. “El principal objetivo de la movilización de Brave Movement en torno a esta propuesta legislativa es que se apruebe y se aplique en toda la UE”, dice el documento. “Si se aprueba, esta legislación sentará un precedente positivo para otros países... a los que invitaremos a seguir adelante con legislaciones similares”.

En abril de 2023, Brave Movement organizó frente al Parlamento Europeo un “Día de Acción” para el que reunió a un grupo de personas que habían sufrido abusos sexuales en Internet cuando eran menores con el objetivo de “exigir a los líderes de la UE que sean valientes y actúen para proteger a millones de niños expuestos al riesgo de la violencia y el trauma”. Johansson participó en la sesión fotográfica de ese día.

Usar a personas que fueron víctimas de estos abusos es la clave de la estrategia de Brave Movement para ganarse el favor de eurodiputados influyentes. “Una vez que se establezca el grupo de trabajo Supervivientes UE y que tengamos claro cuáles son los supervivientes que se han movilizado, redactaremos una lista que emparejará a los supervivientes con los eurodiputados: 'dividiremos y conquistaremos' a los eurodiputados poniendo en primer lugar a los supervivientes de los países de origen de los eurodiputados”, dice la estrategia de campaña.

Algunos miembros del Parlamento Europeo consideran la táctica como moralmente cuestionable. No piensa así el eurodiputado conservador español Javier Zarzalejos. Como negociador principal del tema en el Parlamento Europeo, y de acuerdo con el documento de estrategia de Brave Movement, Zarzalejos ya ha pedido “una gran movilización de supervivientes en países clave como Alemania”.

Los vínculos de Brave Movement con la Dirección General de Interior y Migración son aún más estrechos: la jefa de campañas de Brave Movement para Europa, Jessica Airey, trabajó entre octubre de 2022 y febrero de 2023 en el departamento de comunicaciones de la Dirección General promoviendo la legislación de Johansson.

Según su perfil en LinkedIn, Airey trabajó “estrechamente con el equipo de políticas que desarrolló la legislación [sobre imágenes con pornografía infantil] en D.4 [donde trabaja Labrador Jiménez] y con socios como Thorn”. También “trabajó de manera horizontal con eurodiputados, con WeProtect Global Alliance y con EPCAT”.

Tras una consulta por la posibilidad de un conflicto de intereses (dentro de Brave Movement, Airey trabaja en el mismo expediente legislativo), la Comisión Europea respondió que Airey había trabajado en calidad de becaria, por lo que no era necesario ningún permiso formal. A pesar de eso, la Comisión sí dijo que “los becarios deben mantener una estricta confidencialidad sobre todos los conocimientos adquiridos durante la formación”. “Está estrictamente prohíbida la divulgación no autorizada de información o documentos que no sean públicos, y esta obligación se extiende más allá del periodo de capacitación”, respondieron.

“Orgullosos de las diversas alianzas que hemos establecido y del equipo de expertos que hemos contratado, de manera abierta, para alcanzar nuestros objetivos estratégicos”, dicen en Brave Movement, donde señalan que solo en 2022 recibieron en su línea telefónica para la seguridad en Internet un total de 32 millones de denuncias por contenidos con abusos sexuales a menores.

Brave Movement se ha valido de la ayuda de expertos. Su estrategia de campaña fue redactada con la participación de la consultora británica Future Advocacy; y fue la consultora Purpose (su rama europea la controla la francesa Capgemini SE) la que supuestamente coescribió el conjunto de medidas en su “caja de herramientas”, diseñada para convertirse en un “tambor de apoyo a una legislación integral para la protección de los niños” en la Unión Europea.

Purpose se ha especializado en el diseño de campañas para empresas globales y agencias de la ONU, valiéndose de “la movilización del público y de la narración de historias” para “cambiar las políticas y cambiar el relato en el debate público”.

Desde 2022, la Oak Foundation ha concedido subvenciones a Purpose por un valor de 1,9 millones de dólares [en torno a 1,8 millones de euros] para “contribuir a que Internet sea más seguro para los niños”.

Representantes de Purpose se reúnen periódicamente dese abril de 2022 con miembros de ECLAG (la red de grupos de presión y organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña contra el abuso sexual infantil) para perfeccionar la estrategia de comunicación en Europa. Según los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación, también se reunían con miembros del equipo de Johansson.

En enero de este año se celebró una reunión del 'Grupo de Trabajo BeBrave Europe' en la que participaron directivos de ECLAG, Purpose EU, Justice Initiative y el equipo de Labrador Jiménez dentro de la Dirección General

De acuerdo con sus propias notas de la reunión, la Comisión “recomendó a las organizaciones que cuando fueran a hablar con las partes interesadas en la negociación no olvidaran transmitir la urgencia y la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la legislación este año”.

Esa coordinación en el mensaje produjo la difusión este año de un vídeo en redes sociales en el que aparecen Johansson, Zarzalejos y representantes de las organizaciones detrás del ECLAG promocionando una petición en favor de la propuesta de reglamento europeo.

Vulneración de derechos

Unos 200 kilómetros al norte de Bruselas, una luminosa oficina al borde del famoso barrio rojo de Ámsterdam es la primera línea en la batalla para identificar y erradicar la pornografía infantil de Europa.

Antes conocida como Agencia de Expertos sobre el Abuso Infantil Online (EOKM), la actual Offlimits opera la línea de atención telefónica más antigua de Europa para niños y adultos que quieren denunciar abusos, tanto si ocurren a puerta cerrada como si se ven en vídeos que circulan por internet.

Sus siete analistas tramitaron 144.000 denuncias solo en 2022, en un 60% relacionadas con contenidos ilegales. Los trabajadores de esta línea telefónica de denuncia envían solicitudes de retirada de contenidos a los proveedores de alojamiento web. Cuando el material se considera especialmente grave, también lo envían a la policía y a Interpol.

Como directora de Offlimits entre el año 2015 y septiembre de 2023, Arda Gerkens es una gran conocedora de la política europea en esta materia. Pero no ha tenido la misma suerte que organismos como Thorn para acceder a Johansson. “La invité a venir, pero nunca vino”, dijo. “La comisaria Johansson y su equipo visitaron Silicon Valley y a grandes empresas estadounidenses”, añadió Gerkens, que ha sido diputada del Partido Socialista en el parlamento neerlandés.

Según Gerkens, que ve “un interés comercial” en Thorn y en otros grupos similares, empresas que se presentan como ONG y que luego actúan como compañías tecnológicas han tenido influencia en la propuesta legislativa de Johansson.

En su opinión, la lucha contra el abuso infantil debe mejorar profundamente con un enfoque integral que aborde el bienestar, la educación y la necesidad de proteger la privacidad de los niños, junto con un “enfoque que integre a las múltiples partes dentro de Internet”. “La encriptación también es clave para proteger a los niños”, dijo. “Los depredadores piratean las cuentas en busca de imágenes”.

Su postura refleja algunas de las preocupaciones expresadas por los Países Bajos durante las actuales negociaciones para llegar a un texto de consenso en el Consejo de la UE. Entre ellas, la necesidad de un enfoque menos intrusivo que proteja el cifrado de las comunicaciones y se dirija exclusivamente contra el material que las autoridades y los grupos de vigilancia hayan identificado y designado como pornografía infantil.

“En los Países Bajos hay serias preocupaciones con la propuesta actual para la detección del acoso sexual a menores y de pornografía infantil, ya que la tecnología actual produce un número elevado de falsos positivos”, dijo en off the record un alto cargo del gobierno neerlandés. “La consiguiente vulneración de derechos fundamentales no es proporcionada”.

Vigilancia masiva

En junio de 2022, poco después de que Johansson presentara su propuesta de reglamento, varios representantes de Thorn se reunieron con Monika Maglione, integrante del gabinete de la comisaria. Según un informe interno de la reunión al que tuvo acceso esta investigación, Thorn quería saber cómo se irían abordando “los cuellos de botella en el proceso que va desde la evaluación de riesgos hasta la orden de detección”.

En la ley propuesta por Johansson las órdenes de detección juegan un papel crucial dentro del procedimiento porque determinan el número de personas a ser vigiladas y la frecuencia de esa vigilancia.

Según fuentes del Parlamento Europeo, el ponente de la propuesta Javier Zarzalejos ha defendido en reuniones técnicas la conveniencia de usar órdenes de detección que no se centren necesariamente en individuos o grupos de sospechosos, sino que estén diseñadas para permitir la exploración de contenidos sospechosos.

Para los expertos, sería una forma de abrir la puerta a la vigilancia generalizada de los ciudadanos de la UE, lo que también se conoce como vigilancia masiva.

“Ahora mismo el expediente está siendo debatido a puerta cerrada por los ponentes alternativos y de momento no estamos haciendo ningún comentario”, respondieron desde la oficina de Zarzalejos cuando se les pidió una aclaración.

En la reunión con Maglione, los representantes de Thorn expresaron su “voluntad de colaborar estrechamente con la COM [por Comisión Europea] y aportar su experiencia siempre que sea útil, especialmente en lo relacionado a la creación de la base de datos de indicadores que albergará el Centro de la UE”, así como de preparar “material de prensa sobre el abuso sexual infantil en Internet”.

En la propuesta de Johansson se crearía un Centro de la UE para evitar el abuso sexual infantil y luchar contra él, desempeñando una función clave en la asistencia a Estados miembros y empresas sobre la forma de aplicar la ley. El Centro de la UE serviría para revisar, aprobar y adquirir tecnologías de escaneado, que también ofrecería a pequeñas y medianas empresas.

Thorn es una de los desarrolladoras de este tipo de tecnologías de escaneado. De ahí que para la empresa tenga tanta importancia comercial el desempeño de una responsabilidad en la creación de la base de datos del Centro de la UE.

Según Meredith Whittaker, presidenta de Signal Foundation (la fundación estadounidense sin ánimo de lucro detrás de la aplicación de chat cifrado Signal), las empresas de IA que producen sistemas de escaneado se han dado cuenta del potencial que tiene el mercado y se están vendiendo a sí mismas como parachoques de responsabilidad y cámaras de compensación para las gigantes tecnológicas.

“Cuanto más logren que en el discurso público y entre los reguladores esto sea percibido como un gran problema, mayor será el incentivo de las grandes tecnológicas para externalizar en ellas la gestión del problema”, dijo Whittaker durante una entrevista para este reportaje.

En la práctica, dijo Whittaker, estas empresas de IA ofrecen a las empresas tecnológicas una “tarjeta que las exime de responsabilidad” con la lógica siguiente: “páguenos y nosotros nos ocuparemos de alojar los resúmenes criptográficos, de mantener el sistema de IA, haremos lo que sea para solucionar este problema mágicamente”.

“Sea cual sea su grado de adhesión, está muy claro que tienen su propio interés en hacer que la explotación infantil sea percibida como un problema que ocurre 'en Internet', para luego proponer soluciones técnicas rápidas (y rentables) como el remedio de algo que en realidad es un profundo problema social y cultural”, añadió.

“No creo que los gobiernos hayan comprendido lo caros y falibles que son estos sistemas, que no estamos ante un pago único”, dijo. “Teniendo en cuenta la escala de lo que se está proponiendo, nos enfrentamos a cientos de millones de dólares pagados de manera indefinida”.

Falta de aportes científicos

Johansson desmiente la idea de que su enfoque vaya a desencadenar algo nuevo o radical. El año pasado dijo ante los eurodiputados que era “totalmente falso afirmar que una nueva normativa traería nuevas posibilidades de detección que ahora mismo no existen”. Pero los expertos cuestionan los fundamentos científicos de su enfoque.

Según Matthew Daniel Green, criptógrafo y tecnólogo de seguridad en la Universidad John Hopkins, la elaboración de su reglamento sufría de una evidente escasez de aportaciones científicas. “En la primera evaluación de impacto de la Comisión Europea casi no hubo aportes científicos de fuera, y eso es algo realmente sorprendente, ya que Europa tiene una maravillosa infraestructura científica, con los mejores investigadores del mundo en criptografía y seguridad informática”, dijo.

Green advirtió de que la tecnología de escaneado basada en la IA atentaba contra el cifrado y podía exponer a las plataformas digitales a ataques maliciosos. “Al tocar los modelos de cifrado incorporados se introducen vulnerabilidades”, dijo. “La idea de que vamos a poder mantener conversaciones cifradas es totalmente incompatible con estos sistemas automatizados de escaneado, y está diseñado para que sea así”.

El gigante tecnológico estadounidense Apple propinó un revés a los que defienden la detección de contenidos de pornografía infantil con herramientas de IA cuando comunicó a finales de agosto que era imposible implantar el escaneado CSAM manteniendo al mismo tiempo la privacidad y seguridad de las comunicaciones digitales.

También en agosto las autoridades británicas admitieron en privado a las empresas tecnológicas que no había ninguna tecnología capaz de escanear mensajes con cifrado de extremo a extremo sin atentar contra la privacidad de los usuarios.

De acuerdo con una investigación publicada en mayo por Ana-Maria Cretu y Shubham Jain, académicos del Imperial College, los sistemas de escaneado del lado del cliente basados en IA pueden ser modificados discretamente para hacer reconocimientos faciales en los dispositivos sin que sus usuarios lo sepan.

La investigación advertía de más vulnerabilidades aún por determinar. “Una vez que se implanta esta tecnología en miles de millones de dispositivos de todo el mundo, ya no hay vuelta atrás”, dijeron.

Las fuerzas de seguridad ya están estudiando las posibilidades de la tecnología.

Monique Pariat, jefa de la Dirección General de Johansson, visitó Europol en julio de 2022 para hablar sobre las contribuciones que la agencia policial de la UE podía hacer en la lucha contra la pornografía infantil. Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol, también estuvo presente en esa reunión.

Las autoridades de Europol plantearon la posibilidad de usar el Centro de la UE previsto en el reglamento para rastrear más contenidos y no solo pornografía infantil. “Hay otras áreas de investigación criminal que se beneficiarían de la detección”, dijeron a la Comisión. Según las actas de la reunión, un alto cargo de la Comisión “expresó su comprensión por los deseos adicionales” pero “señaló la necesidad de ser realistas en cuanto a lo que se podía esperar, teniendo en cuenta las muchas sensibilidades en torno a la propuesta”.

Según Ross Anderson, catedrático de Ingeniería de Seguridad en la Universidad de Cambridge, el debate en torno al escaneado basado en la IA para detectar pornografía infantil ha pasado por alto la posibilidad de que las fuerzas de seguridad abusen de la tecnología. “Los servicios de seguridad y de espionaje siempre se han valido de temas que asustan a los legisladores, como los niños o como el terrorismo, para atentar contra la privacidad en Internet”, dijo.

“Todos sabemos cómo funciona esto, cuando llegue el próximo atentado terrorista, ningún legislador se opondrá a que se amplíe la exploración y pase de buscar solo contenidos de abuso a menores a buscar delitos políticos y violentos graves”, concluyó.

Garantías de privacidad “profundamente engañosas”

Protagonista de muchos éxitos de Hollywood y del programa 'Aquellos maravillosos 70', Ashton Kutcher (45) dimitió como integrante del consejo de administración de Thorn a mediados de septiembre debido al revuelo provocado por la carta que había escrito a un juez en apoyo de Danny Masterson (compañero de reparto en 'Aquellos maravillosos 70') durante un juicio por violación en el que Masterson terminó saliendo condenado.

Pero hasta su dimisión, Kutcher llevaba años siendo la cara más visible de la lucha contra la pornografía infantil en Internet, una función que le daba un nivel de acceso importante a los altos cargos de Bruselas.

En el registro de transparencia de la UE la organización Thorn declaró reuniones de Kutcher con miembros del equipo de altos cargos de la Comisión que cuentan con voz y voto en la política digital y de seguridad del bloque. Entre ellos, Ylva Johansson; la zar antimonopolio, Margrethe Vestager; el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas; y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

En noviembre de 2020 fue el turno de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que participó en una videoconferencia con Kutcher y WeProtect Global Alliance, una organización registrada en la pequeña ciudad holandesa de Lisse.

En la base de datos de lobbies de la UE, Thorn está registrada como una organización benéfica, pero sus herramientas de IA se venden en el mercado con ánimo de lucro. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sin ir más lejos, ha comprado licencias de software a Thorn por un total de 4,3 millones de dólares desde el año 2018 [unos 4 millones de euros].

El software de Thorn es usado por cuerpos de seguridad de todo el mundo y por empresas como Vimeo, Flickr y OpenAI, la creadora del chatbot ChatGPT (y una de las muchas depositarias de las inversiones de Kutcher en el sector de tecnologías de la información).

Kutcher y Johansson participaron como ponentes en una cumbre organizada y moderada en noviembre de 2022 por Eva Kaili, la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo que tres semanas después fue detenida y destituida durante la investigación por el escándalo de corrupción Qatargate.

Seis meses antes de que dimitiera por su apoyo a Masterson, Kutcher se dirigió en marzo de 2022 a los legisladores en Bruselas para tranquilizarlos sobre los posibles abusos de la tecnología y sus deficiencias. Dijo que el software era capaz de escanear los materiales sospechosos sin violar la privacidad, una afirmación que la asociación European Digital Rights ha calificado de “profundamente engañosa”.

La Comisión se ha resistido a respetar los mecanismos previstos en la UE para garantizar la libertad de información evitando dar los detalles de la relación entre Thorn y el equipo de Johansson. La Comisión se negó a revelar el correo electrónico con que Cordua respondió a la carta de Johansson de mayo de 2022, y tampoco accedió a hacer públicos los argumentos que Thorn compartió con los miembros del equipo de Johansson para hacer más atractiva la iniciativa legislativa. Replicando el razonamiento de Thorn, la Comisión dijo que la divulgación de esa información “socavaría el interés comercial de la organización”.

Tras la intervención de la Defensora del Pueblo Europeo y después de pedir durante siete meses el acceso a los documentos, la Comisión tuvo que hacer pública a principios de septiembre una serie de correos electrónicos intercambiados entre Thorn y la Dirección General de Interior y Migración de la Comisión Europea.

Los correos electrónicos sugieren que en los meses posteriores a la presentación de la propuesta de reglamento contra la pornografía infantil en Internet, hubo una relación de trabajo estrecha y continua entre las dos partes, con la Comisión facilitando en repetidas ocasiones el acceso de Thorn a lugares clave para la toma de decisiones debido a la asistencia de ministros y representantes de los Estados miembros de la UE.

La Defensora del Pueblo Europeo está ahora mismo investigando la negativa de la Comisión a permitir el acceso a muchos otros documentos internos relacionados con la propuesta de Johansson.

FGS Global, una conocida empresa de lobby contratada por Thorn (solo en 2022, Thorn le pagó un mínimo de 600.000 euros), comunicó que su cliente Thorn no haría comentarios para este reportaje. Johansson tampoco respondió a la solicitud de entrevista.

Unos de los pocos rastros que hay de Thorn en el registro de transparencia de la UE es una contribución de 2021 por un importe de 219.000 euros a WeProtect Global Alliance, la misma organización que a finales de 2020 había celebrado una videoconferencia con Kutcher y con Von der Leyen.

Esta investigación ha sido sufragada por el fondo IJ4EU, coeditada por Balkan Insight, y desarrollada en colaboración con Die Zeit, Le Monde, De Groene Amsterdammer, IRPI Media y Solomon.

Ignacio Allende, productor y director de cine porno conocido como Torbe, aceptó una condena de dos años de cárcel y una multa después de reconocer que grabó y distribuyó varios videos con una joven que, en ese momento, era menor de edad. Torbe, que ya fue condenado en 2008 a un año de cárcel también por grabar videos con una menor en Madrid, buscará evitar su entrada en prisión a cumplir condena después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y pagar 65.000 euros en indemnizaciones a la víctima, lo que permite aplicarle una atenuante simple de reparación del daño.

El productor de cine porno declaró por videoconferencia y reconoció los hechos después de que la Fiscalía haya anunciado que su acusación baja de siete a dos años de cárcel para él. “Sí, los reconozco”, dijo Torbe sobre los hechos. Por el momento no se decidió si este acuerdo evita su entrada en prisión, aunque ese es el objetivo de su defensa al ser una condena de dos años de prisión y tener sus antecedentes penales cancelados.

La magistrada del juzgado penal 27 de Madrid anunció que la sentencia completa se conocerá después de celebrar el juicio dado que uno de los acusados, montador de los videos, se negó a pactar y argumentó que no sabía que la joven era menor de edad. El acuerdo que abre la puerta a que Torbe evite la cárcel fue suscrito por la Fiscalía y las acusaciones tanto particulares como populares e incluye multas que suman más de 2.600 euros y la prohibición de trabajar con menores durante seis años.

Ignacio Allende, conocido como Torbe, fue enviado a prisión privisional en abril de 2016 después de ser detenido en el marco de una operación contra la pornogafía con menores de edad y revelación de secretos junto con otros delitos que fueron desapareciendo de la lista de acusaciones a lo largo de la investigación: trata y blanqueo de capitales. A lo largo de 2016 ya pasó más de medio año en prisión provisional antes de pagar una fianza.

El caso, que arrancó para descubrir si Torbe traía a menores de edad a España para grabar videos porno además de ocultar sus ganancias y blanquear el dinero, quedó en una acusación por parte de la Fiscalía de siete años y siete meses de cárcel. Según admitió el propio acusado este lunes en el juzgado de lo penal 27 de Madrid, en 2012 grabó un video porno con una menor de edad, sabiendo poco después según la acusación que era menor.

Tal y como reveló elDiario.es, la testigo protegida terminó denunciando los hechos y la investigación reveló que una de las jóvenes denunció haber sido obligada a mantener relaciones con varios futbolistas, lo que no forma parte de la nómina de acusaciones en este juicio. A lo largo de la instrucción la propia Fiscalía decidió no acusar por delitos como el de trata de seres humanos.

Segunda condena de Torbe

Esta no es la primera condena de Torbe por grabar videos pornográficos con menores de edad. En 2008 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó un año de cárcel para él por grabar uno con una menor de 16 años conociendo, según declaró probado la Justicia, la edad que tenía. En ese caso la víctima acudió a los juzgados después de que varios pantallazos del video aparecieran colgados en la cartelera de anuncios de su colegio.

Está por ver si la existencia de eso antecedentes por un delito de utilización de menores con fines pornográficos implica la entrada en prisión del productor. Fuentes de su defensa afirman que esos antecedentes penales, por hechos similares a estos, están cancelados y por tanto no tendrán incidencia en la ejecución de esta tercera condena. También tiene una sentencia en su contra de un año de cárcel por estafar a espectadores de un programa de televisión hace casi dos décadas.

En este caso, la Fiscalía y las acusaciones llegaron a un acuerdo con dos de los imputados, que reconocieron los hechos y aceptaron sus condenas de cárcel y multa, pero no con el tercer acusado. Imputado por trabajar para Torbe, montar y difundir los videos con la menor de edad, en su declaración en el juzgado penal 27 de Madrid, negó haber conocido de forma fehaciente la edad de la víctima. “De ninguna manera”, dijo.

En el caso de Torbe, su acuerdo con Fiscalía incluye dos condenas de un año de cárcel por dos delitos, además de multas que suman 2.700 euros por otros dos delitos más. También aceptó una orden de alejamiento de su víctima y la prohibición de trabajar con menores de edad en los próximos años.

“Puedes probar cualquier pose, pero quedará mejor si sigues estas instrucciones. Es mejor subir fotos de buena calidad ya que así será mucho más fácil para el mecanismo reconocer a la persona que aparece en ellas. Intenta que sean fotos de una sola persona y que estén en el centro de la pantalla. Intenta que lleven ropa que no oculte demasiado las formas de su cuerpo”.

Son las instrucciones para utilizar la aplicación que ha causado indignación este lunes después de que se supiera que un grupo de menores de Almendralejo (Badajoz, España) la ha utilizado para desnudar a sus compañeras. “Se ha producido una denuncia por la utilización de imágenes de chicas menores simulando imágenes sin ropa”, ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.

“Se ha producido una denuncia, se han tomado varias declaraciones, concretamente se llevan tomadas siete declaraciones de siete posibles víctimas, y como consecuencia de la investigación policial se ha procedido a la identificación de alguno de los menores que pudieran estar implicados”, ha añadido.

Facilidad de acceso

La llegada de este tipo de aplicaciones, capaces de poner todo el potencial de la inteligencia artificial (IA) –también sus capacidades más perniciosas– en las manos de personas sin conocimientos técnicos, era cuestión de tiempo. La competencia técnica necesaria para utilizarlas lleva reduciéndose semana a semana desde hace meses. “Viene un tramo de curvas bastante denso”, advierte Marc Almeida, experto informático que ha programado distintos tipos de inteligencias artificiales generativas.

“Con algo de hardware puedes hacer lo que quieras de forma relativamente sencilla”, advertía este especialista en un reportaje de elDiario.es sobre el uso que los pedófilos están haciendo de la IA para generar pornografía infantil.

La inteligencia artificial de la aplicación usada en este caso (elDiario.es no cita su nombre en esta información para no facilitar su utilización) parte de una tecnología denominada LoRA (Low-Rank Adaptation) que se comparte libremente en múltiples páginas web. A grandes rasgos, se trata de modelos de IA básica que luego el usuario puede entrenar en una determinada capacidad.

En el caso que ha salido a la luz este lunes se ha utilizado un LoRA entrenado especialmente en desarrollar violencia sexual mediante IA. No obstante, estos sistemas pueden ser entrenados en cualquier tipo de capacidad si se les proporciona la base de datos adecuada para ello. Pueden copiar a un determinado artista o alterar fotografías para que sus protagonistas parezcan salidos de una determinada serie o videojuego, por ejemplo.

Hasta ahora, para usar este tipo de sistemas con un entrenamiento especial el usuario debía descargarlos a su dispositivo o usar los que otros usuarios hubieran subido a esas páginas especializadas. Es un proceso que requiere pocos conocimientos, pero el negocio de la app presuntamente usada por los menores de Badajoz es simplificarlo aún más: el usuario no tiene que descargar nada ni buscar información sobre cómo utilizar los programas para interactuar con la IA. Solo tiene que subir una foto de una mujer y esperar a que el sistema la desnude.

La app ofrece una primera imagen de prueba, tras lo cual cobra por cada foto modificada con su IA. Sus desarrolladores ofrecen diferentes ofertas. Cuatro créditos (equivalentes a cuatro fotos) valen dos dólares. Usar su IA para crear 25 imágenes de mujeres desnudas cuesta 10 dólares (9,37 euros). El servicio tiene una alta demanda y la tarde de este lunes requería entrar en una lista de espera de seis minutos para utilizarlo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los administradores de la web para preguntar acerca de las medidas de seguridad que incluye su aplicación para impedir que se suban fotos de menores. También sobre si existen controles para impedir que la usen los adolescentes. No ha obtenido respuesta.

Al utilizar la herramienta, la página avisa de que no se hace responsable de las imágenes resultantes y que los usuarios deben tener el consentimiento de la mujer que aparece en ella para subirla, así como tener más de 18 años. Sin embargo, según ha podido comprobar este medio, no existe ninguna cortapisa para bloquear la IA en caso de que esto no sea así. Afirman que para “asegurar la privacidad de sus usuarios”, “las fotos y las solicitudes no se almacenan en ningún sitio”.

Los gestores de la aplicación han utilizado un método de registro especial para la página web que impide que tengan que comunicar ningún dato sobre su identidad.

Además de en inglés, la página está disponible en ruso. También cuenta con un “dealer 24/7” llamado “Mikhail” que se encarga de dar los detalles sobre cómo hacer la transferencia para comprar más usos de la herramienta. El teléfono de Mikhail utiliza el prefijo +380, correspondiente a Ucrania. No obstante, la traducción al ruso puede haber sido realizada de manera automática y un número con prefijo de cualquier país puede adquirirse de manera sencilla en la red, por lo que podrían ser pistas falsas dejadas por sus desarrolladores para apuntar a un posible origen ruso o ucraniano.

Descuentos para quien distribuya la app

La app no está disponible en las tiendas de aplicaciones de Android ni de Apple. Para descargarla hay que acudir a la página y añadir esta como un acceso directo en el menú del dispositivo. “Una vez añadido, el sitio web funcionará como una aplicación web en tu pantalla de inicio, ofreciendo una experiencia fluida a pantalla completa sin la barra de direcciones del navegador”, explican.

Para sortear el veto de las tiendas de aplicaciones y distribuirse con mayor facilidad, la app ha previsto ofertas especiales para los usuarios que la compartan entre sus amigos. De esta forma, cuando una persona gaste 10 euros, la web le proporcionará un “link de afiliación”, que sus conocidos podrán usar para registrarse y conseguir descuentos. El usuario que les facilitó el link se llevará bonificaciones del 25% de lo que inviertan sus conocidos.

La app también tiene un bot de Telegram en el que ofrece los mismos servicios y precios. “1 moneda = 1 desvestido. Para recargar, ve al menú 'Recarga”, explica el bot: “Disfrute de un fascinante viaje al mundo del topless”.

Posible delito de pedofilia

Generar o almacenar imágenes que desnudan a personas de manera artificial tiene una clara línea roja. “Si las imágenes muestran a menores se trata de un delito de pornografía infantil simulada que está prevista en el propio artículo 189 del Código Penal. Basta que sean imágenes realistas para que el delito se consume”, expone el abogado Carlos Sánchez Almeida.

En cambio, si las personas afectadas son adultas y las imágenes no se comparten con nadie, el hecho de desnudarlas con IA no sería un acto punible. “Solamente sería delictiva en la medida que produzca un daño en la víctima, lo que podría ser un resultado de su distribución. En ese caso, a mi juicio se incurriría en un delito contra la integridad moral, por resultar gravemente humillante. Pero la mera tenencia no sería delictiva en caso de mayores de edad”, explica.

Si las imágenes muestran a menores se trata de un delito de pornografía infantil simulada

Carlos Sánchez Almeida — abogado experto en derecho digital

El letrado, experto en derecho digital, recuerda la circular de la Fiscalía de 2016 redactada con la inteligencia artificial y los menores en su punto de mira. El texto adelantaba que esta tecnología podría hacer “imposible distinguir entre imágenes reales e imágenes generadas por ordenador”, por lo que especificó que debía considerarse “pornografía virtual” ilegal toda “aquella en la que la imagen del menor es una creación artificial pero realista, elaborada por ordenador u otro medio”.

“Imágenes realistas serán imágenes cercanas a la realidad, a la que tratan de imitar. Dicho de otro modo, serían imágenes que no son reales pero lo parecen. Podrían abarcar imágenes alteradas de personas existentes e incluso las imágenes generadas mediante ordenadores”, ejemplificaba la Fiscalía. Una definición en la que entraría de lleno la generación de material pornográfico de menores con IA.

La particularidad de este caso es que son otros menores los supuestos responsables del delito, por lo que es la ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores la que entra en juego. “La gravedad de las penas no es la misma que en el Código Penal para adultos. Están más orientadas a la educación”, continúa.

La UE medita ilegalizar los LoRA

La UE está negociando un nuevo Reglamento para la Inteligencia Artificial que previsiblemente se aprobará durante la presidencia rotativa española. Uno de los puntos que aún están abiertos es la posibilidad de prohibir los LoRA sin supervisión. Es decir, establecer normas que impidan que cualquier usuario pueda descargar inteligencias artificiales de código libre y las entrene de la forma que desee.

Casos como el de Badajoz son los que se ponen encima de la mesa por los partidarios de esta prohibición. En el otro extremo se encuentran muchos especialistas que explican que los LoRA son solo una herramienta. “Es como si se acusa al fabricante de martillos de que lo han usado para realizar un homicidio”, explicaba en conversación con este medio Javier Rueda, gestor de Openjourney, una de las inteligencias artificiales de código abierto generativas de imágenes más populares del mundo.

La generación de imágenes con inteligencia artificial (IA) ha explotado en los últimos meses gracias la aparición de herramientas cada vez más sencillas de utilizar pero capaces de crear contenidos indistinguibles de uno real. Desde retratos hiperrealistas a diseños que pueden adaptar el estilo de cualquier artista a situaciones inverosímiles. Un campo revolucionario en el que las imágenes que más impacto han causado no han sido producidas por sistemas impulsados por grandes empresas como OpenAI, Google o Microsoft, sino por usuarios anónimos que a partir de bromas hicieron creer a miles de personas que el papa tiene abrigos de Balenciaga o que Donald Trump había sido detenido.

Estos modelos son conjuntos de algoritmos de aprendizaje automático entrenados con millones de imágenes, de los que aprenden patrones para generar contenidos nuevos. Algunos están siendo desarrollados en código abierto, lo que permite a cualquier persona con un buen equipo informático descargarlos gratuitamente y modificarlos a voluntad. Una vez en el ordenador del usuario, también es posible suministrarles imágenes propias para que creen nuevo contenido a partir de ellas.

Esto abre por completo el abanico de posibilidades de estas herramientas, que pueden llevar a cabo desde las creaciones más imaginativas e inesperadas hasta el lado más oscuro de la humanidad. Según han alertado varios investigadores y expertos, los pedófilos están utilizando estas IA de licencia libre para generar nueva pornografía infantil y compartiendo con otros ese contenido.

El último en avisar de ello ha sido el neerlandés Henk van Ess, asesor de la Red Internacional de Verificación de Datos y miembro de Bellingcat, una organización de investigación especializada en las fuentes abiertas. Van Ess revela que se topó con este contenido “sin siquiera buscarlo” navegando por los canales de Discord donde los usuarios comparten las imágenes que han creado con uno de estos modelos de inteligencia artificial de código abierto. A diferencia de las IA de las grandes empresas, que ponen límites a lo que sus sistemas pueden hacer, los sistemas abiertos “no tienen palabras prohibidas ni términos vedados, se pueden crear cosas terribles sin restricciones”, denuncia Van Ess.

Es algo que tampoco ha pasado por alto para las fuerzas de seguridad. En España ya ha habido un presunto pedófilo detenido por la Policía que “utilizaba IA para crear material de abuso sexual infantil de extrema dureza”, informó el organismo en un comunicado. Era “la primera vez que los agentes encontraron material de abuso sexual infantil creado mediante el uso de la IA”.

La operación se llevó a cabo en noviembre de 2022, aunque la Policía no informó de ello hasta varias semanas después. Para entonces, los agentes aún no habían podido cuantificar con exactitud la “enorme cantidad” de archivos que almacenaba el detenido, lo que puede indicar que los estaba generando artificialmente.

“El investigado utilizaba una herramienta informática de licencia libre que cuenta con una base de datos de millones de imágenes a partir de las cuales, y tras añadir una descripción de texto, se generan nuevas imágenes. En este sentido, el autor de los hechos producía pornografía infantil a partir de imágenes reales sintetizadas de menores y de acuerdo a preferencias que él mismo introducía mediante texto”, informó la Policía.

IA sin filtros

El modelo de IA que se usó para crear las imágenes denunciadas ahora por Van Ess es Openjourney, una emulación abierta de Midjourney, la IA con la que se generaron las imágenes hiperrealistas del Papa moderno o de Trump detenido. Es uno de los modelos más usados del mundo, con unas 340.000 descargas solo en el último mes.

En las comunidades privadas donde se comparten creaciones con Openjourney hay espectaculares personajes de películas que nunca se grabaron, animales antropomorfizados que podrían haber salido de la producción más avanzada de Píxar o paisajes que serían imposibles en la tierra. Pero como ocurre con otros modelos, algunas de sus comunidades se centran en el contenido extremo o en los deepfakes pornográficos, contenido artificial que desnuda a mujeres o las muestra en actos sexuales inventados. La cantante Rosalía ha sido la última víctima de esta práctica. Según denuncia Van Ess, navegando por esos canales se puede llegar incluso a la pornografía infantil.

Openjourney fue entrenada por PromtHero, una web especializada en la ingeniería de prompts, como se denomina a los comandos de texto que se introducen en la IA para que devuelva una determinada imagen (o comentario, en el caso de las basadas en texto como ChatGPT). “Nosotros lo entrenamos y cedemos los archivos, y la comunidad nos ayuda a mantenerlo actualizado. Nosotros mismos financiamos todo el entrenamiento del modelo y lo liberamos para su uso gratuito”, explican desde PromtHero, gestionada por los ingenieros españoles Javier Rueda y Javier Ramírez.

“Sí, es cierto que está escalando mucho”, reconoce Rueda al ser preguntado por elDiario.es por el contenido ilegal generado con modelos de aprendizaje automático de código abierto como Openjourney, que “no están capados”. “Desde PromptHero estamos totalmente en contra de CSAM [siglas en inglés de 'material de abuso sexual infantil'] y para nada se generó con esa intención. Queríamos ofrecer una alternativa gratuita que generase imágenes de la calidad de Midjourney”, destaca.

El ingeniero recuerda que los entrenadores de un modelo abierto no pueden controlar lo que sus usuarios hacen con ellos. “Es como si se acusa al fabricante de martillos de que lo han usado para realizar un homicidio”, expone.

“Aún así entendemos las consecuencias que está teniendo y estamos filtrando el contenido que puede generar Openjourney para que sea SFW [siglas en inglés de 'seguro para el trabajo', en relación a los contenidos no límite que pueden ser visualizados en cualquier ocasión] y evitar el uso indebido”, adelanta Rueda en conversación con este medio.

Es delito

La llegada de la inteligencia artificial ha sobrepasado los límites concebidos en algunas regulaciones que no se concibieron pensando en las capacidades que tiene esta tecnología, como ha ocurrido en el área de los derechos de autor. No sucede lo mismo en el ámbito de la pedofilia, según los expertos consultados por este medio. “Si las imágenes son indistinguibles de la realidad son pornografía infantil aunque no haya menores reales involucrados”, afirma el abogado Carlos Sánchez Almeida.

El jurista apunta a una circular de la Fiscalía de 2016 que deja claro este punto. Se redactó pensando en la inteligencia artificial pronto podría hacer “imposible distinguir entre imágenes reales e imágenes generadas por ordenador”, por lo que especificó lo que pasaría a considerarse “pornografía virtual” ilegal: “Es aquella en la que la imagen del menor es una creación artificial pero realista, elaborada por ordenador u otro medio”, reza el texto.

“Imágenes realistas serán imágenes cercanas a la realidad, a la que tratan de imitar. Dicho de otro modo, serían imágenes que no son reales pero lo parecen. Podrían abarcar imágenes alteradas de personas existentes e incluso las imágenes generadas mediante ordenadores”, ejemplificaba la Fiscalía. Una definición en la que entraría de lleno la generación de material de pornografía infantil mediante las nuevas herramientas de IA.

“No deberán los Sres. Fiscales entender incluidos dibujos animados, manga o representaciones similares, pues no serían propiamente imágenes realistas, en tanto no perseguirían ese acercamiento a la realidad”, avisaba en cambio el organismo.

Más accesible

El presunto pedófilo detenido por la Policía a finales de 2022 que había empezado a utilizar IA para generar pornografía infantil no era un principiante. “Contaba con un alto nivel de conocimientos informáticos y llevaba desde 2011 utilizando distintos programas de descargas, e incluso la red Tor, para obtener archivos de abusos a bebés y agresiones sexuales a niños de corta edad”, apuntaron los agentes. La red Tor es la herramienta que se usa para acceder a la dark web, la web oscura oculta a los buscadores donde se intercambian contenidos extremos o se compravenden artículos ilegales.

Aunque como apunta Rueda, no se pueda considerar culpables a todas las IA generativas de licencia libre de las imágenes ilícitas y abusos que crean algunos de sus usuarios, lo que sí han hecho es facilitar su generación a personas sin demasiados conocimientos técnicos. “No es que sea de botón gordo, pero casi”, resume Marc Almeida, ingeniero informático especialista en ciberseguridad: “Con algo de hardware puedes hacer lo que quieras de forma relativamente sencilla”.

Conceptos como entrar a la dark web o la necesidad de contactar con otros poseedores de contenido ilegal desaparecen con estas herramientas. Almeida expone que él mismo pudo descargar un modelo de aprendizaje automático y agregarle imágenes de una amiga suya para que (con su consentimiento previo) creara imágenes de índole sexual. Este tipo de sistemas entrenados en una habilidad específica por los usuarios se denominan LoRA (Low-Rank Adaptation) y en la actualidad se comparten libremente en múltiples páginas web.

De nuevo, solo una pequeña parte de los LoRA han sido entrenados con datos potencialmente abusivos como imágenes de personas que no han dado su consentimiento para ello, pero visitando las webs donde se comparten se puede apreciar que el número de ellos que tienden a la pornografía es elevado. Un gran número de ellos se han especializado en generar imágenes de contenido sexual de series de dibujos animados, videojuegos o anime. “A la que te despistas un poco llegas a ese tipo de imágenes, simplemente navegando”, cuenta el ingeniero.

No obstante, es posible que los LoRA sí caigan en el terreno de lo ilegal en poco tiempo. Así lo ha propuesto el Parlamento Europeo en su última votación sobre el Reglamento de la Inteligencia Artificial que negocia la UE. La norma aún tiene que pasar la negociación con el Consejo y la Comisión, aunque se espera que se rubrique de forma definitiva en la segunda parte de este año, durante la presidencia española de la UE.

El papa Francisco advirtió a los seminaristas sobre cómo el vicio de la pornografía digital “debilita el corazón sacerdotal”, en el marco de un encuentro con estudiantes que cursan en Roma durante el cual advirtió que es consciente de que afecta incluso a sacerdotes y religiosas.

El Sumo Pontífice subrayó que es importante que seminaristas y sacerdotes tengan mucho cuidado con la “tentación de la pornografía digital” porque “debilita el alma”.

“Queridos hermanos, tengan cuidado con esto. El corazón puro, el corazón que recibe a Jesús todos los días, no puede recibir esta información pornográfica. Y si desde tu celular puedes borrar esto, bórralo, así no tendrás la tentación a la mano. Y si no puedes eliminarlo, protégete adecuadamente para que no tengas acceso a esto. Te digo, debilita el alma”, expresó.

El Papa Francisco explicó en el Aula Pablo VI que quería sacar a relucir el problema de la pornografía porque “es un vicio que tiene tanta gente, tantos laicos, tantas laicas, e incluso sacerdotes y religiosas”.

Agregó que no solo estaba hablando de “pornografía criminal, como el abuso infantil”, sino de lo que algunas personas podrían llamar “pornografía normal ”: “El diablo entra por ahí. Debilita el corazón sacerdotal”, repitió el Papa.

El alto dignatario de la Iglesia Católica habló a los seminaristas en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El Papa Francisco mencionó la pornografía al responder a 10 preguntas de los seminaristas que van desde la dirección espiritual y la formación sacerdotal hasta la guerra en Ucrania.

El Catecismo de la Iglesia Católica describe la pornografía como “una ofensa grave” que “sumerge a todos los que están involucrados en la ilusión de un mundo de fantasía”, lesiona la dignidad de sus participantes y “pervierte el acto conyugal, la entrega íntima de los cónyuges El uno al otro.”.

Según publicó este jueves el sitio Vatican News, se fundaron muchos ministerios católicos para ayudar a las personas que luchan contra la adicción a la pornografía, incluidos Integrity Restored , Strive: 21-Day Porn Detox , Reclaim Sexual Health , Covenant Eyes y Victory App.

Con información de NA.

IG

La Audiencia de Tarragona (este) condenó a 240 años de cárcel al líder de la mayor red de pornografía infantil desarticulada en España, Jean Luc Aschbacher, y a 19 años a un segundo responsable de la trama, Christian Bernard Georges Arson.

La sentencia a Aschbacher es por captación de menores, someterlos a abusos sexuales en los que participaba él mismo, producción y distribución de pornografía infantil y pertenencia a organización criminal.

Por otra parte, Arson es condenado por captación de menores, producción y distribución de pornografía infantil, aunque considera probado que no abusó de las víctimas como sí hizo su jefe.

Ambos condenados, de nacionalidad francesa, captaban a niños en situación de vulnerabilidad para someterlos a abusos sexuales y filmarlos en más de 300 rodajes, aunque también viajaban como turistas sexuales a Tailandia, entre otros países.

Las víctimas superan el centenar, aunque solo se logró identificar a 18 de entre 11 y 16 años, algunas tuteladas por el Gobierno regional de Cataluña.

La red actuó sin ser detectada durante más de 15 años, camuflada bajo la empresa legal Productos Aschbacher, hasta que las sospechas de una empleada de la administración catalana desencadenó una investigación de la policía de esa región.

Los agentes detuvieron en 2015 a siete hombres implicados en la red y, aunque ingresaron en prisión, quedaron en libertad provisional al cabo de unos meses.

Los dos condenados ahora fueron detenidos en mayo de 2021 en Francia, fueron juzgados el pasado mes de febrero e ingresaron en prisión preventiva por riesgo de fuga hasta que dictara sentencia.

Con información de EFE.

IG

Protected Childhood llevó adelante este jueves, con la participación de autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de la Argentina y otros seis países, un operativo internacional llamado “Luz Infancia IX”, cuya logística empezó hace varios meses, destinado a combatir una red de tráfico de imágenes de abuso sexual infantil.

Se trató de 69 allanamientos conjuntos en 14 provincias de la Argentina (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Entre Ríos, Chubut, Chaco, San Juan, Misiones, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa) y distintas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

La investigación Protected Childhood (Infancia protegida) fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017, quienes denominaron Operativo Luz de Infancia a las acciones que fueron llevando a cabo desde entonces.

Como parte de este operativo, en 2019 fue condenado a ocho años y medio de prisión el médico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, responsable de producir y consumir imágenes de explotación sexual infantil.

Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró ante la prensa que la Argentina “históricamente tuvo un muy alto índice de consumo en materia de explotación sexual infantil. Es muy prematuro hablar de la cantidad de detenidos en cada país, al momento Argentina lleva 30 detenidos y a nivel regional, 60”, detalló.

Asimismo, el funcionario judicial resaltó “el compromiso de las Fuerzas de Seguridad a nivel Nacional, Provincial y Regional. El operativo nace con la colaboración de Estados Unidos, de Brasil y un operativo en conjunto con distintos países como Panamá, Paraguay y Costa Rica. Si esto no se hace de manera coordinada y en conjunto con una profesionalidad como la que demostramos acá, la verdad que es muy difícil avanzar en un delito tan aberrante como este”, sostuvo.

Por su parte, Marcelo D' Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, destacó “el trabajo del Fiscal General y de todo el equipo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se trata de un delito trasnacional. Ahora estamos esperando los resultados finales en función de los 70 allanamientos”, explicó y detalló que hay “30 detenidos y todos los dispositivos electrónicos secuestrados hay que peritarlos. Estuvieron trabajando la Policía de la Ciudad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, coordinados por la fiscal que lleva la causa, que es la Doctora Dupuy”. Y agregó: “Hay que actuar en forma coordinada y en simultáneo, rápido para que no borren ninguna prueba”.

Con información de agencias.

IG

 “En el tema judicial yo sé que voy a salir libre de culpa y cargo. Por favor les pido que no publiquen la nota, me van a escrachar, me van a arruinar la vida y no lo voy a soportar. Si ustedes publican la nota, yo me mato”, les advirtió Yves Noel Couldrey (52) a los periodistas cordobeses que hace tres semanas lo entrevistaron sobre una denuncia en su contra por presuntos abusos sexuales que habría cometido contra tres adolescentes durante el rodaje de Cordero de Dios, una película filmada en las sierras de Córdoba entre 2018 y 2019.

El domingo pasado salió publicada la nota y el lunes, este músico y director de cine francés radicado en la provincia de Córdoba, se suicidó. El fiscal de feria Diego Fernández de Alta Gracia –ciudad ubicada a 37 kilómetros al sur de esta Capital- investiga las causas de la muerte del cineasta Yves Noel Couldrey, conocido en Córdoba como Iván Noel. El funcionario judicial caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa”. La advertencia sobre el suicidio del director de cine, la relató a elDiarioAR, su abogado, Fernando Moyano.

“El domingo leyó la nota de La Voz y se deprimió. Ya le había advertido al periodista que no iba a soportar el escrache, el escarnio. Que él tiene una reputación y que iba a salir absuelto de estas denuncias, de esta infamia. Yo llamé a amigos suyos, y doce amigos lo fueron a ver el domingo. Yo le hablé varias veces en el día. La última vez que hablé con él fue el domingo a las diez menos cuarto de la noche y lo noté bien, animado. Le dije ”bien Iván, este es el Iván que queremos, vamos a salir de ésta“. Las pericias psicológicas le habían dado bien y entre el 26 de julio y el 12 de agosto iban a ser las pericias de los denunciantes. El lunes se levantó, le dijo a su esposa que se quedara durmiendo, agarró su camioneta, tiene una chatita, fue hasta un campito cerca de Alta Gracia donde tiene su motorhome y se suicidó. Sé que grabó un video de despedida, pero no lo quise ver”, detalló su abogado defensor.

En el video, de cuatro minutos de duración, Yves Noel Couldrey deja una “Nota de despedida a mis amigos”, donde dice “siempre me pareció una estupenda idea: cuando uno pierde lo que más aprecia de la vida, cuando uno pierde su esencia, realmente en mi opinión, no hay motivo de seguir sólo por seguir”. El video titulado en Youtube como “El adiós sin tristeza de Iván Noel”, ya fue levantado por la red social, y allí, en un escrito de letras blancas sobre fondo negro, con música relajante, de tres minutos de duración, el cineasta sostiene entre otras cosas: “Pongo fin a mi capítulo sin depresión, ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento o amargura, sino como Max de forma clara y lógica”. Max es un amigo de Couldrey que se suicidó hace una década y es quién le dio la idea al cineasta de “no seguir por solo seguir”.

En su despedida, el cineasta de origen francés, nacido en octubre de 1968 en Beirut, El Líbano, también se exculpa de la acusación sobre presuntos abusos sexuales y sostiene: “De ninguna forma, eso supone cualquier admisión mía de ofensa hacia alguien. Todo el contrario: yo nunca fui capaz de hacerle daño a gente, y menos a los más vulnerables”. Allí, además, carga contra la prensa y contra “la moral de Occidente”.

En otro párrafo de su escrito acompañado por música suave, Iván Noel dice que como despedida beberá un buen vino argentino y apunta: “Si a través de gente tóxica, del tipo que surfean la ola de la histeria como una ‘cura’ de sus celos y de sus fracasos personales, me retiran o amenazan de retirarme el futuro como yo quiero, pues, es tiempo para mí de bye bye”.

Al final del escrito, sigue el video durante un minuto más, y allí, “Yves, el Iván” –así firma su despedida-, se filma en el motorhome instantes antes de quitarse la vida, manipulando un pote de cianuro de potasio y dice riendo frases en inglés como “es demasiado loco, es como covid y humor”.

Yves Noel Couldrey había recalado en Córdoba hace aproximadamente una década. Eligió para vivir la ciudad de Jesús María, ubicada a casi 50 kilómetros al norte de esta Capital, donde conoció a su esposa Estela, unos años mayor que él. Fue su esposa quién lo encontró muerto el lunes al mediodía en el motorhome en las afueras de Alta Gracia.

“Iván se llamaba Yves Couldrey, pero como era difícil de pronunciar, todos lo conocíamos como Iván Noel. Se vino a Jesús María a vivir, era un trotamundos, sus padres también, imagine que él nació en Beirut. Hace unos diez años se instaló en Jesús María, donde filmaba sus películas y desarrollaba su actividad cultural. Hace poco recibió una herencia, quiso comprarse algo acá y como no le alcanzó, compró una casa y la acondicionó como escuela de artes en Alta Gracia. También se compró un pequeño terreno en las afueras, donde tenía su motorhome”, detalló el abogado Moyano. El lugar donde fue encontrado el cineasta es un terreno del barrio serrano La Hornilla, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de barrio Tiro Federal.  

La denuncia

El abogado de Yves Couldrey le dijo a elDiarioAR: “Yo lo conocía de Jesús María, de cruzarlo, era muy conocido. Pero tuve un trato más cercano luego de la denuncia en su contra, a fines de 2020. Eso lo afectó mucho pero sabía que iba a salir libre de toda sospecha. Durante la filmación de Cordero de Dios, donde actúan chicos, adolescentes, pero también hay mayores, incluso padres de los actores; él vio una actitud de tres chicos que no le gustó. Una situación que le pareció rara, entonces los echó. Estos adolescentes le dijeron que se la iban a cobrar. Y le enviaron chats que íbamos a aportar a la Justicia donde queda demostrado que fue víctima de una extorsión, de una maniobra oscura. En los chats le decían ‘te vamos a denunciar por abuso’; todas esas pruebas ya fueron colectadas. Incluso, las pericias psicológicas le habían dado bien y esperábamos las pericias a los denunciantes”.

En diciembre del año pasado, Alicia Chirino, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba, había imputado a Yves Noel Couldrey por presunto abuso sexual, y le aplicó el artículo 306 in fine, que supone una “sospecha leve”, por lo que el cineasta no fue detenido. Le ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas al denunciado y a los denunciantes. Y realizó una serie de allanamientos a la casa del cineasta francés en barrio Tiro Federal y en el motorhome apostado en La Hornilla, donde fueron secuestrados teléfonos, computadoras y otros soportes electrónicos en busca de material vinculado a pedofilia y pornografía infantil.

En la vivienda de barrio Tiro Federal, Couldrey había montado una escuela de cine y rock para chicos de entre 8 y 14 años de edad: “Las clases de teatro sirven para que los niños tímidos o introvertidos se abran”, había explicado el director de cine a la radio FM 88.9 de Córdoba.

Fuentes de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual confiaron a elDiarioAR que en los allanamientos se secuestró material literario y de prensa publicado en diferentes países relacionado con la práctica de pedofilia. También señalaron que en algunos soportes se encontraron escenas con niños desnudos, que forman parte de sus filmes comerciales.

En Cordero de Dios, un filme que trata sobre la vida en un internado religioso y que no se estrenó en las salas comerciales, hay una escena donde menores de ambos sexos toman una ducha. Allí el propio director encarna el papel de un sacerdote. Fuentes de la Justicia cordobesa informaron que esa escena del baño del internado se vende en un sitio destinado a pornografía infantil. Se está investigando si esas imágenes son artísticas -por formar parte de un filme de características comerciales- o son plausibles de ser consideradas un delito contra la integridad de los menores por su aparición en un sitio destinado a consumo de material pedófilo.

Los antecedentes en Francia

El domingo pasado, cuando se publicó el caso de los tres adolescentes que presuntamente fueron abusados entre fines de 2018 y principios de 2019 durante la filmación de Cordero de Dios, la misma nota hizo referencia a un caso de abuso sexual perpetrado en Francia por Iván Noel, denunciado en 2015, y por el cual el realizador galo huyó de su país y se radicó en Argentina.

Esa versión fue desmentida por su abogado Fernando Moyano: “En 2017, Iván estaba por viajar al exterior con su madre y en el aeropuerto de Córdoba lo detuvieron por una denuncia de abuso sexual realizada en 2015, de la que él no fue notificado. Se lo juzgó en ausencia y se lo condenó. Entonces, Interpol lo tenía en la lista de personas con captura internacional. Estuvo un mes preso, hasta que la Justicia federal argentina negó la extradición solicitada por Francia”.

El defensor agregó: “Al enterarse, Iván decidió apelar la sentencia y la condena no está firme. Pero lo más sorprendente de todo es que el caso no es de 2015, ese año se radicó la denuncia. El caso remite a 32 años atrás, cuando él tenía 19 años y un vecino tenía 17. Iván me dijo que ni se acordaba de eso, que ni recordaba haber ido a la casa de ese vecino. Imagine que el caso habría sucedido en 1987 y recién se denunció en 2015 y él se entera en 2017 cuando quiere viajar al exterior. Le solicitamos a la Justicia de Francia una ficha de antecedentes prontuariales y nos envió un informe sin antecedentes penales en Francia”.  

Fuentes de la Justicia cordobesa aseguraron que “esta persona Iván Noel fue condenado en Francia a fines de 2019 por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras una denuncia de un adulto quien refirió que los hechos habían tenido lugar durante su niñez”, confirmando la versión de su abogado defensor, de que se trataba de un hecho ocurrido treinta años atrás y no en 2015 como fue publicado en Córdoba y en algunos medios nacionales.

Desde el Palacio de Tribunales II –sede de la Justicia penal cordobesa-, indicaron que en noviembre de 2019, el Tribunal de Altos del Sena condenó en ausencia a Yves Noel Couldrey a 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de un niño de 11 años, edad que tenía el denunciante cuando fue abusado por el director francés en la década de 1980. Con esta condena en ausencia, la Justicia francesa incluyó a Couldrey en el registro de violadores.

También informaron que entre los años 2016 y 2017 el cineasta francés radicado en Córdoba no respondió ninguna requisitoria enviada desde la Justicia francesa, por lo que fue juzgado en ausencia y no ejerció su derecho a la defensa.

El ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano dijo a elDiarioAR: “Me enteré de este caso por los medios, primero la denuncia de abuso, y después la muerte de esta persona y no lo asocié al caso de 2017. Ahora que usted me dice, recuerdo que se negó la extradición de Couldrey a Francia, pero no mucho más, no recuerdo los detalles de la resolución”.

En los registros públicos de Interpol, no aparece la cédula roja de Yves Noel Couldrey como “fugitivo buscado para su enjuiciamiento o para cumplir condena”. La Organización International de Policía Criminal, conocida por su sigla Interpol, destaca en su página oficial que “una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

Por caso, a principios de junio pasado, fue detenido por agentes de Interpol, Walter Klug Rivera, un represor de la dictadura pinochetista que había ingresado a Argentina de manera clandestina e intentaba fugar a Alemania para evadir la acción de la Justicia chilena que lo requería tras ser condenado a 10 años de prisión en 2014, por el secuestro y asesinato de 23 obreros de la compañía eléctrica Endesa.

Pese a que en los registros públicos, Interpol no tenía al francés Yves Couldrey entre las personas buscadas; fuentes de la Policía Federal Argentina -la sede local de Interpol- admitieron que “la cédula roja existe, pero no es pública” y que “el Juzgado argentino denegó la extradición, por lo que es un caso cerrado. Ya no se lo requiere más”. El juez federal que actuó esa vez, fue Alejandro Sánchez Freytes, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, quién consideró que el delito por el que Couldrey había sido juzgado en Francia estaba prescripto para las leyes argentinas.

 Operación Ado 71

Fuentes judiciales cordobesas informaron a elDiarioAR que el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, una ciudad de 100 mil habitantes en el noroeste de París, ya había condenado en septiembre de 1993 a Yves Noel Couldrey a dos años de prisión, por haberlo encontrado culpable de delitos sexuales contra tres adolescentes gitanos de 13, 14 y 15 años de edad. En esa época, el cineasta tenía 25 años de edad.

Se comprobó que Yves Couldrey trabajaba para Bernard Alapetite, un empresario imprentero de 47 años que lideraba una red de pornografía infantil desbaratada cuatro años después, en junio de 1997, en el marco de la operación Ado 71. En el juicio de 1993, el director francés se defendió declarando que él había trabajado como cineasta en la producción de un filme de pornografía con menores, y que los adolescentes involucrados habían dado su consentimiento para practicar las escenas sexuales. Yves Couldrey declaró que a los adolescentes gitanos les pagó entre 600 y mil francos franceses por su participación en el film. El Tribunal de Primera Instancia de Nanterre confirmó que los jóvenes de 13, 14 y 15 años filmados por Couldrey a instancias de Alapetite, vivían en situación de mendicidad y eran altamente vulnerables.

Con Bernard Alapetite en la mira desde 1993 por su participación en una red de producción y tráfico de pornografía infantil que iba desde España hasta el Este europeo, en junio de 1997, más de 2.500 gendarmes franceses llevaron adelante la Ado 71, una operación centrada en París y la región de Mâcon, en el centro-este del país. Los allanamientos incluyeron ciudades y pueblos de toda Francia y los departamentos de ultramar en el Caribe, Martinica y Guadalupe. La operación más grande contra la industria de pornografía infantil en Europa fue bautizada Ado 71 por la palabra francesa para adolescentes y la clave de registro vehicular de Mâcon.

La investigación de 1997 reveló que Bernard Alapetite copiaba y distribuía material con niños involucrados en actos sexuales y los vendía a 800 francos franceses, una cifra cercana a los US$ 140 por cada copia. El precio del material subía cuándo la edad de los niños explotados era cada vez menor. De los más de 600 detenidos en la operación Ado 71, unos 200 fueron procesados y tres se suicidaron en prisión, días después de estar presos.

Alapetite fue condenado a tres años de prisión y su nombre volvió a las portadas de los medios en 2007, cuando la prensa española lo vinculó con la desaparición de Madeleine McCann, una chiquita inglesa de 3 años de edad que fue secuestrada cuando vacacionaba con sus padres en Portugal: “Estuve en París el 3 de mayo, en Bruselas el 4 de mayo, en Namur el 5 de mayo y en París el 6 de mayo cuando voté en las elecciones presidenciales francesas”, se defendió Bernard Alapetite.

El artista

“Los padres de Iván Noel lo mandaron a estudiar artes a Inglaterra. Era un músico y director de cine muy reconocido”, detalló su abogado Fernando Moyano. Entre 2008 y 2019, Yves Couldrey filmó diez largometrajes: En tu ausencia (2008); Brecha (2009); ¡Primaria! (2010); Vuelve (2012), Limbo (2013); Ellos volvieron (2015); La tutora (2016); Nine Meals from Chaos (2018), Rechazados (2019) y Cordero de Dios, estrenada no oficialmente en 2020.

En 2016 filmó Martina, un corto de ocho minutos, con el que Couldrey ganó el premio “Mejor actuación en grupo” del festival 48-hour Film Project en la Argentina; mientras que por su largometraje Nine Meals from Chaos fue galardonado como “Mejor Director” en el Liverpool International Film Festival.

“Era un extravagante, un tipo que te llevaba por delante, un maleducado o prepotente, si querés; pero nada hacía suponer que fuera un pedófilo. En las locaciones, en los sets de filmación había chicos, pero estaba lleno de adultos, estaban los padres de esos chicos; nunca vimos nada raro, había protocolos de trabajo. La verdad, estamos asombrados por todo lo que salió. Incluso, uno de mis hijos actuó en una película suya hace cuatro o cinco años atrás y no notamos nada fuera de lugar”, confió a elDiarioAR una alta fuente de la Municipalidad de Jesús María, ciudad donde vivió Couldrey hasta hace poco más de un año.

En una entrevista con el sitio español The Sky Kid, dedicado a las reseñas de arte en la que tratan temas como la adolescencia y juventud, el director francés había señalado que se inició en la fotografía y el cine durante su niñez: “Comencé a tomar fotografías cuando tenía 9 o 10 años. Luego compré una cámara de 8 mm y comencé a disparar de inmediato. Era una película muy violenta sobre la injusticia social, interpretada por un mendigo enloquecido (de 11 años) que había tenido suficiente. Sacó su frustración golpeándose la cabeza contra los troncos de los árboles. Era un guión bastante flexible e involucraba a unos 200 niños de mi propia escuela, y se filmó durante el tiempo de juego. Terminó con la loca carrera del protagonista por la ciudad y el bosque, terminando cuando él (mi mejor amigo) golpea contra una señal de tráfico sin salida”.

Desde la Justicia cordobesa señalaron que tras el suicidio de Yves Noel Couldrey, la causa iniciada sobre los presuntos abusos sexuales cometidos durante la filmación de Cordero de Dios, se cerrará en los próximos días. Y no se sabrá si el acusado seguía siendo un abusador de menores y productor de pornografía infantil internacional o fue víctima de la extorsión de tres adolescentes enojados, como señaló su abogado defensor.

GM/WC