Francisco Ferro abre una carpeta de cuero negra repleta de papeles. Saca un folleto del Club Caldén, que conserva desde la infancia. Tenía 11 años ese invierno de 1989, cuando fue al campamento y un numerario del Opus Dei lo hizo dormir en su cama y abusó de él. Muestra también la denuncia que presentó el 26 de octubre de 2020 siguiendo el protocolo publicado por la Prelatura en Argentina y la respuesta: un “decreto” que dice que “la Obra no puede abrir una investigación” sobre esos hechos. 

“Me desperté cuando sentí que me manoseaba los genitales. Me levanté, salí en silencio de la habitación y me senté en el pasillo. Él se quedó en la cama. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me encontró otro numerario, adulto. Me preguntó qué hacía ahí y contesté: ‘N. se siente mal’”, dice el publicista, que hoy tiene 45 años y cuenta por primera vez su historia a elDiario.es. Es el primer abuso de menores contra el Opus Dei que se denuncia públicamente en Argentina. 

Lo que siguió vuelve como una pesadilla a su memoria: “Me llevaron a dormir a otra habitación. Al día siguiente, el director del campamento me preguntó por qué había mentido, porque N. había dicho que se sentía bien. Me quedé en silencio mientras me repetía la pregunta, hasta que me dijo violentamente: ‘Sos un mentiroso’. Y se fue”, agrega el hombre. “Nadie les contó a mis papás lo que había pasado aunque yo tenía sólo 11 años”, reflexiona.

Recién a los 17 años, llorando, Ferro pudo contárselo a su familia. “Cuando mi madre, que es supernumeraria desde hace 38 años, fue a hablar con su director espiritual, la respuesta fue: ‘Hubo otro caso al año siguiente del de Francisco. N.F reconoció el abuso y tomamos las medidas correspondientes’. Cuando el abusador confesó tampoco hablaron con mis padres”, dice el denunciante. 

Ante la consulta de elDiario.es sobre el caso, la Prelatura del Opus Dei en la Argentina emitió un comunicado el 4 de abril en el que validan la denuncia de Ferro pero no responden a las preguntas sobre por qué no investigaron este caso ni de qué manera gestionaban y gestionan los casos de pederastia. “Lamentamos profundamente que en el marco de una actividad pensada para el crecimiento personal se hayan producido actos tan contrarios a la dignidad humana, que causan un gran sufrimiento”, replica las palabras del decreto que recibió el denunciante en 2020 y agrega: “Hemos ofrecido y seguimos ofreciendo nuestra ayuda a la persona afectada y su familia, aunque no hayamos sabido hacerlo con toda la sensibilidad que esperaban de nosotros”.

Lo más doloroso de todo el proceso, dice Ferro hoy, “es el silencio de todos los adultos que estuvieron en ese campamento y de las personas que estuvieron involucradas”, pero también “que hoy todavía se elija ocultar y encubrir”. “Y lo seguirán haciendo mientras quienes tienen poder dentro sigan creyendo que es más importante cuidar a la institución antes que a las personas. El Opus Dei necesita depurarse y que quienes honestamente creen en la Obra trabajen para que el Protocolo de Investigación de abusos a menores se cumpla”, asegura.

Un largo camino hasta la denuncia

Después de la charla de su madre con el sacerdote, los padres creyeron que no había nada más para hacer. Sí entendieron que la adolescencia difícil de Francisco tenía un origen: “Les dimos un hijo y nos devolvieron otro”, dicen en referencia al campamento. 

“Yo bloqueé mi abuso”, cuenta Ferro. Empezó a estudiar y a trabajar en cine, primero, y después en publicidad, donde hizo una carrera como creativo. Fueron dos décadas en las que iba a psicólogos, psiquiatras y hasta neurólogos buscando respuestas a sus constantes crisis. “Estoy medicado desde los 20 años. Pasé por diferentes diagnósticos: depresión, ansiedad y bipolaridad, pero nunca recordé mi abuso”, dice Ferro. 

El límite llegó cuando estaba viviendo en México. “No pude más. Volví a Argentina para recuperarme y empezar de nuevo. Recién a los 42, en terapia, apareció el tema del abuso”. Poco después, a partir de una orden del papa Francisco, el Opus Dei publicó su protocolo para denunciar. Su madre le avisó que lo habían publicado en la página de la Obra.

Ferro llamó al teléfono que se indicaba y lo atendió el “coordinador de protección de menores”, el abogado Jorge Vergara, que le pidió que mandara su denuncia por mail. Según establece el protocolo, a partir de ahí “levanta un acta y la pone en conocimiento del vicario regional, quien, si procede, decreta el inicio de la investigación previa al proceso canónico. Para tomar esta decisión, el vicario cuenta con la asesoría de un comité compuesto por profesionales del área del derecho y la salud”.

La respuesta tardó 37 días. El abogado lo llamó para notificarle que su denuncia no iba a investigarse y que le enviaba por mail el decreto del vicario regional, Víctor Urrestarazu, que fue reemplazado en 2021 tras el escándalo por la denuncia de abuso y explotación de 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei en Argentina.

Ferro saca de la carpeta el “decreto” del vicario regional del Opus Dei en 2020 y lo lee: “La Obra no puede abrir una investigación porque los hechos, supuestamente ocurridos hace 30 años, tuvieron lugar durante un campamento y la Prelatura como tal no organiza ese tipo de actividades”, dice el documento, firmado y sellado con fecha 2 de septiembre de 2020. Y agrega: “Se enviará la información a la Asociación para el Fomento de la Cultura, entidad civil responsable de las actividades del Club Caldén, para que tome las medidas oportunas”. Lo lee con la misma impotencia que cuando lo recibió.

La Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC) fue la primera asociación civil que la Prelatura del Opus Dei creó en Argentina y la que aún conduce y administra más de medio centenar de “iniciativas apostólicas” de la institución en el país, como clubes, residencias, centros culturales y casas de retiro. Es también la que está señalada por la denuncia de las 43 mujeres.

El Club Caldén, ubicado en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las casas donde viven sacerdotes y numerarios, que son miembros célibes del Opus Dei, donde aún hoy se organizan actividades recreativas y de formación cristiana para menores. “Teníamos todos los días misa y orientación espiritual dada por los numerarios”, recuerda Ferro, que iba a ese club con sus compañeros del Colegio Los Molinos, también del Opus Dei, situado en la localidad de Munro. 

Un derrotero de casi tres años sin respuesta

Una semana después del decreto, los padres de Francisco enviaron una carta a Roma, dirigida a monseñor Fernando Ocáriz, la máxima autoridad del Opus Dei en el mundo. Era una carta certificada, porque querían que la recibiera en su escritorio y nadie más la leyera antes.

Mientras tanto, Francisco insistía en Buenos Aires para que alguien le explicara por qué su abuso no se podía investigar. Para el Opus Dei el caso no era un problema grave: el abogado Vergara llegó a usar con la madre de Ferro el argumento de que “sólo había seis denuncias”. “Mamá quedó horrorizada”, recuerda.

Vergara invitó a Francisco a una reunión en la Prelatura con dos autoridades del Opus Dei. “Cuando le dije que quería ir con una amiga, que era la única a la que le había contado mi abuso, Vergara me llamó por teléfono y me gritó: ‘¿Vas a venir con una periodista? Entonces hacemos una declaración de prensa’. Corté y lo bloqueé de mi teléfono”.

Unas semanas después, el 26 de febrero de 2021, la madre de Ferro recibió en su casa la visita del vicario espiritual del Opus Dei, Santiago Caucino. Les llevó una hoja sin membrete, escrita a máquina, que decía: “Resumen de lo que se ha podido reconstruir”. Ahí contaba que N.F. había admitido el abuso de otro chico en 1990 y que entonces se inició el proceso debido, se votó la dimisión y se lo dispensó de las obligaciones como numerario entre el 12 y el 18 de octubre de ese año. 

A la semana fueron convocados por el vicario regional en la sede principal de la Obra. Fue solo el padre. Hacía tiempo que Francisco estaba mal y su madre se quedó con él. “Reconocieron que mi denuncia era cierta y mi papá, en mi nombre, les pidió que se hicieran responsables públicamente. Urrestarazu se lo explicó con un pasaje de la Biblia: ‘Eso sería poner la cabeza en una bandeja de plata como hicieron con San Juan el Bautista’. Cuando papá volvió a casa esa noche pensé que ojalá algún día me animara a hablar”.

“El Opus no tiene bienes ni organiza actividades”

Después les llamaron desde la Asociación para el Fomento de la Cultura. Lo recibieron el abogado Jorge Albertsen, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que pertenece a otra asociación civil del Opus Dei, y otro supernumerario, el ingeniero Jorge Álvarez, que se presentaron como miembros de la comisión directiva de la AFC. 

Albertsen le explicó que la AFC es la figura legal de la Obra. Es decir, la dueña de todos sus bienes, la responsable de todas sus actividades y del manejo económico del Opus Dei. La parte “más bien formal” pero “indivisible” de la Prelatura, la parte “puramente espiritual o sobrenatural”. Ferro vuelve sobre aquella reunión: “Las asociaciones civiles existen para que el Opus Dei cumpla con su compromiso de no tener bienes, pero si las utilizan para hacerlas responsables de abusos sexuales a menores, no me imagino un vínculo más falto de moral. Además, buscan tanto ocultar este vínculo, que podrían utilizarlas con total libertad fuera de cualquier mandato de la Iglesia Católica”.

Francisco se aferró a su carpeta negra. “Les dije que buscaba que el protocolo se cumpliera, que quería una respuesta del Opus”, recuerda. Le dijo que “no había ninguna duda de que el abuso había ocurrido”, que era posible pensar que “la Obra quería lavarse las manos” pero que en realidad estaban ahí para hablar de “la parte humana y cómo repararla”. Mientras lo cuenta, saca de la carpeta negra la “minuta” de la reunión que le mandaron, donde pusieron por escrito la explicación que le habían dado. 

El argumento, que se repitió en otra reunión, era que el Opus Dei “no tiene bienes ni ninguna actividad que no sea puramente doctrinal”, que eso corre por cuenta de las asociaciones civiles aunque “a lo mejor sí participan los mismos miembros del Opus Dei”. “Pero yo recibía formación doctrinal en el campamento y en el club”, replicó Ferro.

Le contaron que el Opus Dei les había dicho “pasó esto, háganse cargo”. Y que ni siquiera conocían al abogado Vergara. “Lo único que hacían era repetir que me querían reparar. Hasta me dijeron que si yo no sabía cómo, podían preguntarle a mis padres e incluso a mis amigos”. 

Antes de irse, Francisco se aseguró de hacer dos preguntas: “Si ustedes, la AFC, saben de un abuso sexual a un menor de edad, ¿tienen la obligación de informarlo al Papa?”. Le dijeron que no. La otra fue: “Si el Opus Dei sabe de un abuso sexual a un menor de edad, ¿tiene la obligación de informarlo al Papa?”. Le dijeron que sí. 

“Una frase muy poco feliz”

Ferro insistió con el Opus: quería que la Prelatura se hiciera responsable de su abuso. Caucino insistió en separar al Opus Dei de cualquier responsabilidad –“Siempre me respondió que no lo iban a hacer”– pero le propuso hablar con una integrante del “Comité Asesor del Vicario Regional en lo referente a casos de menores”, Cristina Méndez Elizalde. Albertsen, de la AFC, le insistió: “Estaban todos en comunicación constante sobre mí”.

Méndez Elizalde se presentó como supernumeraria y ex vicerrectora de la Universidad Austral. “Me dijo que en el decreto del vicario sobre mi caso ‘hay una frase que es muy poco feliz’”, y que tal como está escrito “queda desacreditado en sí mismo”.  

Después, trató de explicarle que su abuso “no se podía investigar según el protocolo” porque había pasado mucho tiempo y ya se había separado a esa persona en aquel momento por el otro abuso. “Me ofreció pagar mi atención psicológica y me preguntó varias veces cómo podían ayudarme. Pero lo más importante fue que me dijo que la Prelatura sí organiza ‘algunos’ campamentos, es decir que el decreto por el que se excusan de hacerse responsables de mi abuso es simplemente mentira”. 

“En 2021 cambió el vicario regional y lo fui a ver a la sede de la Prelatura”, explica Ferro, pero tampoco pasó nada. “Y ya iniciado este año decidí que la manera de proseguir era haciendo todo público yo”. Aunque el Opus Dei había reconocido su abuso en privado, no había esperanza de que fueran a hacerse públicamente responsables. “Lo hacen por cobardes. Y quizás por la soberbia de mostrarse perfectos en un mundo que no lo es. Si no, ¿por qué tanto empeño por buscar la manera de ocultarlo?”, se pregunta.

Todavía le sorprende el empeño de cada persona con la que habló –“sin importar si era un religioso o una autoridad de la Universidad Austral”– en que los abusos a menores no se hicieran públicos “y que, en caso de que sucediera, que no fuera responsabilidad del Opus Dei”. 

Ferro acomoda los papeles en la carpeta negra, la cierra, y dice que espera que a partir de su denuncia “más víctimas puedan hablar sin importar dónde hayan sufrido esto”. “Que sepan que no están solas, que son supervivientes que merecen justicia. Y que lo puedan hacer sabiendo que van a contar con una sociedad y un Estado que las proteja”. Para eso, cree que los abusos sexuales a menores deberían ser declarados delitos de lesa humanidad y que quienes los encubren también puedan ser juzgados: “Porque, quienes hablamos, lo hacemos muchas veces décadas después. Y no puede ser que el delito del que fuimos víctimas prescriba”.

Si tienes más datos sobre este asunto o conoces casos similares, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es

¿Encubrió Benedicto XVI a un cura acusado de pederastia? Una investigación del semanario alemán Die Zeit asegura que, cuando Joseph Ratzinger era arzobispo de Múnich, aceptó a un sacerdote procedente de Essen posteriormente acusado por una treintena de víctimas de cometer abusos en ambas diócesis germanas. El secretario personal de Ratzinger, Georg Gäenswein, niega tajantemente unas acusaciones que van directamente contrae el Papa emérito.

El semanario publica un decreto de un tribunal eclesiástico de Múnich de 2016 que incrimina a Benedicto XVI por su gestión de los casos de abusos. El documento muestra cómo, en 1980, como arzobispo de Múnich y Freising, Ratzinger había aprobado la admisión de un sacerdote diocesano de Essen, aunque sabía que había acusaciones contra el clérigo.

¿Y cuál es la historia? La de Peter H. un sacerdote de Essen, trasladado a la Archidiócesis de Múnich en 1980, después de haber sido acusado de varios delitos sexuales contra menores. Un traslado que tuvo que contar con el beneplácito expreso del entonces arzobispo de la diócesis alemana, a la sazón Joseph Ratzinger. El futuro Benedicto XVI, afirma la investigación, conocía la situación del sacerdote y, aún así, lo aceptó como clérigo en su diócesis, con la condición de someterse a terapia en Baviera.

Ratzinger “se abstuvo deliberadamente de sancionar el crimen”, asegura el semanario, que añade que tanto el hoy emérito como el entonces titular de Essen y sus vicarios generales “no cumplieron con su responsabilidad hacia los niños y jóvenes confiados a su pastoral”.

Die Ziet quiso recabar la opinión del Papa emérito. Su secretario personal, Georg Gänswein, aseguró que las acusaciones “son falsas” en nombre de Ratzinger, señalando que el Papa “no tenía conocimiento de la historia previa (acusaciones de agresión sexual) en la decisión de admitir al sacerdote”. Ratzinger “no renunció conscientemente” a sancionar a Peter H.... quien volvió a agredir a menores en Münich.

Otra investigación de The New York Times, fechada en 2010, ya hablaba de los abusos del sacerdote, apuntando que una treintena de personas habían podido ser agredidas por el clérigo entre Múnich y Essen. El cura fue condenado en 1986 por el tribunal de Distrito de Ebersberg, pero al término de la condena fue reintegrado en una parroquia por el cardenal Friedich Wetter, sucesor de Ratzinger en Múnich.

En 2010, Gerhard Gruber, que fue Vicario General de la Arquidiócesis de Múnich en 1980, asumió la responsabilidad exclusiva de garantizar que H. pudiera volver a trabajar como pastor, exonerando a Benedicto XVI.

Las acusaciones también salpican al hoy arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, por incumplir su deber en el trato con el abusador. Según denunciaron dos profesores de Derecho Canónico, Norbert Lüecke y Bernhard Anuth, Marx encargó en 2008 (nada más entrar en la diócesis), una valoración psiquiátrica del párroco, trasladándolo, pero sin denunciar el caso al Vaticano. En 2010, el cura fue retirado de la pastoral, y hoy vive en la diócesis de Essen. El proceso canónico contra el clérigo, reabierto entonces, está apunto de concluir.

La publicación del informe de Diez Zeit coincide con la próxima publicación de un informe sobre el manejo de los casos de abusos en las diócesis de Múnich, que completa otra investigación culminada en 2010 pero que sólo se publicó parcialmente. El arzobispado, por su parte, ha preferido no hacer comentarios hasta la publicación del informe, el próximo 17 de enero.

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Un excura estadounidense, expulsado hace tres años por el Vaticano, fue condenado este martes a 12 años de cárcel por abusos sexuales a niños de un orfanato fundado por él en Timor Oriental, se informó oficialmente.

Durante el proceso, que dividió este país asiático profundamente católico, al menos 15 mujeres acusaron al exsacerdote Richard Daschbach, de 84 años, de haberlas manoseado y forzado a relaciones sexuales cuando eran niñas en la institución religiosa situada en Oecusse, un enclave de Timor en Indonesia

Según informó la agencia de noticias AFP, los jueces del tribunal del distrito de Oecusse (distrito de Timor Oriental) reconocieron al antiguo cura de Pittsburg culpable de varios delitos de abusos a menores en ese establecimiento que fundó hace treinta años para acoger cientos de niños huérfanos y pobres.

Aunque la condena inicial fue de 37 años de cárcel, los jueces la redujeron debido a su edad avanzada.

El presidente del tribunal, Yudi Pamukas, indicó que el ex cura “Richard Daschbach fue condenado a 12 años por crímenes sexuales a menores, teniendo en cuenta la edad del acusado”.

En tanto, los jueces solicitaron su encarcelamiento inmediato para evitar una eventual fuga y condenaron a las autoridades de Timor a indemnizar financieramente a las víctimas de estos abusos.

Según precisó AFP, varias víctimas acusaron al cura, presente en el tribunal para el veredicto, de “elaborar listas de niños que tenían que pasar la noche con él y le reprochaban múltiples violaciones y abusos”.

Sin embargo, un sector de los timorenses “duda de los testimonios, muchas veces de víctimas no identificadas que temen represalias”, de acuerdo a testimonios recogidos por los medios locales.

El caso dividió profundamente a la antigua colonia portuguesa, con un 97% de población católica entre la que este antiguo religioso, expulsado por el Vaticano en 2018, era muy respetado.

Con información de agencias.

IG

Son 330.000 víctimas a lo largo de los últimos 70 años. Muchos –la gran mayoría– han muerto, pero otros miles siguen vivos y exigen una respuesta por parte de la Iglesia. Son las víctimas del horror de la pederastia en la Iglesia católica francesa, destapada hace un mes tras la publicación del 'informe Sauvé'. Ahora, los obispos galos han anunciado que venderán propiedades de las diócesis para pagar las indemnizaciones de los supervivientes. Una cantidad que no se ha precisado pero que se intuye millonaria. Mientras tanto, la Iglesia española continúa negándose a permitir una investigación para medir el alcance real de los abusos sexuales en nuestro país.

“Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, afirmó este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, Eric de Moulins-Beaufort, tras la reunión mantenida durante una semana por los obispos en Lourdes, y que finalizó con una oración en la que los 120 obispos católicos se arrodillaron para pedir perdón ante representantes de las víctimas. De los gestos, a a las soluciones. Si es que es posible cierta reparación para las víctimas del horror clerical.

Sin tocar el dinero de los fieles

Los obispos franceses han creado un fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales que nutrirán con la venta de aquellos bienes muebles e inmuebles que posean las diócesis, y la misma Conferencia Episcopal. El dinero irá a indemnizar a los supervivientes de los abusos (se calcula que más de 3.000 depredadores sexuales camparon a sus anchas en la Iglesia francesa durante décadas). Si no es suficiente, añadió el Episcopado, se pedirán créditos. Lo que no se hará será tocar los fondos aportados por los fieles para el sostenimiento de la Iglesia. Así, los obispos han acordado no utilizar el dinero proveniente de las donaciones de los católicos franceses para el fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales.

“No utilizaremos las donaciones de los fieles. Todos los obispos han aceptado identificar en sus diócesis los bienes de los que se puedan deshacer. También hemos decidido, si hace falta, firmar un préstamo para cumplir con nuestras obligaciones” sostuvo Moulins-Beaufort, quien reconoció la “dimensión sistémica” de los abusos y la responsabilidad, civil y moral, de la Iglesia en su conjunto.

El encuentro episcopal de Lourdes se cerró con el compromiso de elaborar una auditoría externa de las “células de escucha” de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional, que entrará en funcionamiento el próximo mes de abril y que sancionará, también con penas eclesiásticas, a aquellos responsables católicos que hayan abusado de menores o protegido a pederastas, y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías francesas. Una asamblea extraordinaria, en junio, analizará los avances registrados “Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, finalizó el presidente de los obispos franceses.

El 'informe Sauvé' destapó que, desde 1950 a la actualidad ha habido entre 2.900 y 3.200 curas pederastas (el 2% del clero a lo largo de estos 70 años), que llegaron a abusar de 216.000 personas. Si sumamos los abusos en colegios o instituciones católicas, el drama se eleva a las 330.000 víctimas.

Toda Europa... menos Italia y España

Junto al paso adelante de la Iglesia francesa, los obispos portugueses también se han comprometido a llevar a cabo una investigación interna para averiguar “la verdad histórica” sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución, así como para proteger a las víctimas y evitar que se produzcan más casos, tal y como anunció este lunes el obispo de Setúbal y presidente de la Conferencia Episcopal lusa, José Omelas.

Una práctica que ya es habitual en todos los episcopados europeos, desde Polonia a Reino Unido, pasando por Alemania, Austria, Holanda o Suecia. De los países de nuestro entorno, sólo Italia (el país donde vive el Papa Francisco) y España se niegan a elaborar una investigación o a permitir que una auditoría externa tenga acceso a sus archivos diocesanos o de congregaciones para hacer memoria de los abusos en la Iglesia. Apenas jesuitas, salesianos o legionarios de Cristo han apuntado los resultados de sus informes, aunque sin dar los nombres de los abusadores. En cuanto a la Conferencia Episcopal, la tesis oficial es clara: “No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general”, apuntó hace un mes el portavoz de la CEE, Luis Argüello.

El paso más cercano hasta la fecha han sido las declaraciones del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en El Objetivo (La Sexta), subrayando que “las víctimas son sagradas” y mostrándose dispuesto a ir hasta el final para erradicar los abusos en el seno de la Iglesia. Sin embargo, la realidad es que los obispos españoles sólo reconocen 220 casos de abusos en las últimas dos décadas, según las cifras oficiales remitidas desde la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma. No hay en marcha, ni prevista, investigación alguna sobre la magnitud de la pederastia en la Iglesia española, que se sigue negando a que el horror desvelado por el 'Informe Sauvé' pueda extrapolarse a España. “Las denuncias han sido mínimas en este último año”, subrayaba Argüello, sin advertir que, en la práctica, ni siquiera las llamadas Comisiones Antiabusos diocesanas saben en qué consiste, realmente, su trabajo.

Pescadores de niños

Mientras tanto, los abusos de uno de los sacerdotes más famosos de la España de finales del franquismo, el compositor Cesáreo Gabaráin (autor entre otras, de Pescador de Hombres o de La muerte no es el final, el himno que se canta cada 12 de octubre recordando a los militares caídos en acto de servicio) siguen trayendo cola.

Esta semana, el Arzobispado de Los Ángeles (EEUU), se convertía en la primera diócesis del mundo en prohibir el uso de las canciones del clérigo en iglesias, catequesis o colegios. En España, en cambio, los obispos lamentaron que este tipo de denuncias provoquen “una segunda muerte” para los acusados.

“Hay que distinguir las personas, porque si no de alguna forma está volviendo una especie de pena de muerte para determinado tipo de delitos, pena de muerte a muertos, además”, recalcaba Argüello, mientras las asociaciones de víctimas reclaman a la Conferencia Episcopal empatía con quienes sufrieron abusos en su niñez por parte de clérigos y que, años después, siguen sin encontrar respuesta en la Iglesia que debía protegerles.

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La Conferencia Episcopal francesa anunció este lunes que se deshará de parte de sus bienes y que, si es necesario, pedirá un crédito para indemnizar a las víctimas de abuso en su seno.

Los obispos franceses no precisaron la cuantía total que estiman necesaria, pero aseguraron que esa cifra será financiada con sus propios fondos y no con donaciones de los fieles, que se dedican ya a otras misiones.

Ese fondo, al que los obispos habían empezado a transferir parte de sus cotizaciones, había sido decidido en su asamblea plenaria de marzo y estaba operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo admitir que deben recurrir a otras fuentes.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, señaló en conferencia de prensa que las diócesis harán un inventario para saber qué bienes hay disponibles y agregó que usarán además sus “reservas”.

Ese compromiso fue acordado en la clausura de su asamblea plenaria, iniciada el martes en Lourdes y que centró el grueso de su agenda a las víctimas de pederastia, después de que una comisión independiente cifrara en octubre en más de 216.000 los casos desde 1950. Si sumamos los abusos en colegios o instituciones católicas, la cifra se eleva a las 330.000 víctimas.

Los obispos también decidieron la creación de nueve grupos de trabajo, dedicados entre otros a analizar las causas de la violencia sexual en el seno de la Iglesia, y pidieron al papa el envío de un equipo que les ayude a abordar la protección de los menores.

La Conferencia se cerró además con la decisión de efectuar una auditoría externa de las células de escucha de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional que entrará en funciones en abril de 2022 y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.

“Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, dijo De Moulins-Beaufort, que anunció que habrá una asamblea extraordinaria en junio para analizar los avances registrados hasta entonces. 

Con información de EFE.

IG

 “En el tema judicial yo sé que voy a salir libre de culpa y cargo. Por favor les pido que no publiquen la nota, me van a escrachar, me van a arruinar la vida y no lo voy a soportar. Si ustedes publican la nota, yo me mato”, les advirtió Yves Noel Couldrey (52) a los periodistas cordobeses que hace tres semanas lo entrevistaron sobre una denuncia en su contra por presuntos abusos sexuales que habría cometido contra tres adolescentes durante el rodaje de Cordero de Dios, una película filmada en las sierras de Córdoba entre 2018 y 2019.

El domingo pasado salió publicada la nota y el lunes, este músico y director de cine francés radicado en la provincia de Córdoba, se suicidó. El fiscal de feria Diego Fernández de Alta Gracia –ciudad ubicada a 37 kilómetros al sur de esta Capital- investiga las causas de la muerte del cineasta Yves Noel Couldrey, conocido en Córdoba como Iván Noel. El funcionario judicial caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa”. La advertencia sobre el suicidio del director de cine, la relató a elDiarioAR, su abogado, Fernando Moyano.

“El domingo leyó la nota de La Voz y se deprimió. Ya le había advertido al periodista que no iba a soportar el escrache, el escarnio. Que él tiene una reputación y que iba a salir absuelto de estas denuncias, de esta infamia. Yo llamé a amigos suyos, y doce amigos lo fueron a ver el domingo. Yo le hablé varias veces en el día. La última vez que hablé con él fue el domingo a las diez menos cuarto de la noche y lo noté bien, animado. Le dije ”bien Iván, este es el Iván que queremos, vamos a salir de ésta“. Las pericias psicológicas le habían dado bien y entre el 26 de julio y el 12 de agosto iban a ser las pericias de los denunciantes. El lunes se levantó, le dijo a su esposa que se quedara durmiendo, agarró su camioneta, tiene una chatita, fue hasta un campito cerca de Alta Gracia donde tiene su motorhome y se suicidó. Sé que grabó un video de despedida, pero no lo quise ver”, detalló su abogado defensor.

En el video, de cuatro minutos de duración, Yves Noel Couldrey deja una “Nota de despedida a mis amigos”, donde dice “siempre me pareció una estupenda idea: cuando uno pierde lo que más aprecia de la vida, cuando uno pierde su esencia, realmente en mi opinión, no hay motivo de seguir sólo por seguir”. El video titulado en Youtube como “El adiós sin tristeza de Iván Noel”, ya fue levantado por la red social, y allí, en un escrito de letras blancas sobre fondo negro, con música relajante, de tres minutos de duración, el cineasta sostiene entre otras cosas: “Pongo fin a mi capítulo sin depresión, ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento o amargura, sino como Max de forma clara y lógica”. Max es un amigo de Couldrey que se suicidó hace una década y es quién le dio la idea al cineasta de “no seguir por solo seguir”.

En su despedida, el cineasta de origen francés, nacido en octubre de 1968 en Beirut, El Líbano, también se exculpa de la acusación sobre presuntos abusos sexuales y sostiene: “De ninguna forma, eso supone cualquier admisión mía de ofensa hacia alguien. Todo el contrario: yo nunca fui capaz de hacerle daño a gente, y menos a los más vulnerables”. Allí, además, carga contra la prensa y contra “la moral de Occidente”.

En otro párrafo de su escrito acompañado por música suave, Iván Noel dice que como despedida beberá un buen vino argentino y apunta: “Si a través de gente tóxica, del tipo que surfean la ola de la histeria como una ‘cura’ de sus celos y de sus fracasos personales, me retiran o amenazan de retirarme el futuro como yo quiero, pues, es tiempo para mí de bye bye”.

Al final del escrito, sigue el video durante un minuto más, y allí, “Yves, el Iván” –así firma su despedida-, se filma en el motorhome instantes antes de quitarse la vida, manipulando un pote de cianuro de potasio y dice riendo frases en inglés como “es demasiado loco, es como covid y humor”.

Yves Noel Couldrey había recalado en Córdoba hace aproximadamente una década. Eligió para vivir la ciudad de Jesús María, ubicada a casi 50 kilómetros al norte de esta Capital, donde conoció a su esposa Estela, unos años mayor que él. Fue su esposa quién lo encontró muerto el lunes al mediodía en el motorhome en las afueras de Alta Gracia.

“Iván se llamaba Yves Couldrey, pero como era difícil de pronunciar, todos lo conocíamos como Iván Noel. Se vino a Jesús María a vivir, era un trotamundos, sus padres también, imagine que él nació en Beirut. Hace unos diez años se instaló en Jesús María, donde filmaba sus películas y desarrollaba su actividad cultural. Hace poco recibió una herencia, quiso comprarse algo acá y como no le alcanzó, compró una casa y la acondicionó como escuela de artes en Alta Gracia. También se compró un pequeño terreno en las afueras, donde tenía su motorhome”, detalló el abogado Moyano. El lugar donde fue encontrado el cineasta es un terreno del barrio serrano La Hornilla, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de barrio Tiro Federal.  

La denuncia

El abogado de Yves Couldrey le dijo a elDiarioAR: “Yo lo conocía de Jesús María, de cruzarlo, era muy conocido. Pero tuve un trato más cercano luego de la denuncia en su contra, a fines de 2020. Eso lo afectó mucho pero sabía que iba a salir libre de toda sospecha. Durante la filmación de Cordero de Dios, donde actúan chicos, adolescentes, pero también hay mayores, incluso padres de los actores; él vio una actitud de tres chicos que no le gustó. Una situación que le pareció rara, entonces los echó. Estos adolescentes le dijeron que se la iban a cobrar. Y le enviaron chats que íbamos a aportar a la Justicia donde queda demostrado que fue víctima de una extorsión, de una maniobra oscura. En los chats le decían ‘te vamos a denunciar por abuso’; todas esas pruebas ya fueron colectadas. Incluso, las pericias psicológicas le habían dado bien y esperábamos las pericias a los denunciantes”.

En diciembre del año pasado, Alicia Chirino, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba, había imputado a Yves Noel Couldrey por presunto abuso sexual, y le aplicó el artículo 306 in fine, que supone una “sospecha leve”, por lo que el cineasta no fue detenido. Le ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas al denunciado y a los denunciantes. Y realizó una serie de allanamientos a la casa del cineasta francés en barrio Tiro Federal y en el motorhome apostado en La Hornilla, donde fueron secuestrados teléfonos, computadoras y otros soportes electrónicos en busca de material vinculado a pedofilia y pornografía infantil.

En la vivienda de barrio Tiro Federal, Couldrey había montado una escuela de cine y rock para chicos de entre 8 y 14 años de edad: “Las clases de teatro sirven para que los niños tímidos o introvertidos se abran”, había explicado el director de cine a la radio FM 88.9 de Córdoba.

Fuentes de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual confiaron a elDiarioAR que en los allanamientos se secuestró material literario y de prensa publicado en diferentes países relacionado con la práctica de pedofilia. También señalaron que en algunos soportes se encontraron escenas con niños desnudos, que forman parte de sus filmes comerciales.

En Cordero de Dios, un filme que trata sobre la vida en un internado religioso y que no se estrenó en las salas comerciales, hay una escena donde menores de ambos sexos toman una ducha. Allí el propio director encarna el papel de un sacerdote. Fuentes de la Justicia cordobesa informaron que esa escena del baño del internado se vende en un sitio destinado a pornografía infantil. Se está investigando si esas imágenes son artísticas -por formar parte de un filme de características comerciales- o son plausibles de ser consideradas un delito contra la integridad de los menores por su aparición en un sitio destinado a consumo de material pedófilo.

Los antecedentes en Francia

El domingo pasado, cuando se publicó el caso de los tres adolescentes que presuntamente fueron abusados entre fines de 2018 y principios de 2019 durante la filmación de Cordero de Dios, la misma nota hizo referencia a un caso de abuso sexual perpetrado en Francia por Iván Noel, denunciado en 2015, y por el cual el realizador galo huyó de su país y se radicó en Argentina.

Esa versión fue desmentida por su abogado Fernando Moyano: “En 2017, Iván estaba por viajar al exterior con su madre y en el aeropuerto de Córdoba lo detuvieron por una denuncia de abuso sexual realizada en 2015, de la que él no fue notificado. Se lo juzgó en ausencia y se lo condenó. Entonces, Interpol lo tenía en la lista de personas con captura internacional. Estuvo un mes preso, hasta que la Justicia federal argentina negó la extradición solicitada por Francia”.

El defensor agregó: “Al enterarse, Iván decidió apelar la sentencia y la condena no está firme. Pero lo más sorprendente de todo es que el caso no es de 2015, ese año se radicó la denuncia. El caso remite a 32 años atrás, cuando él tenía 19 años y un vecino tenía 17. Iván me dijo que ni se acordaba de eso, que ni recordaba haber ido a la casa de ese vecino. Imagine que el caso habría sucedido en 1987 y recién se denunció en 2015 y él se entera en 2017 cuando quiere viajar al exterior. Le solicitamos a la Justicia de Francia una ficha de antecedentes prontuariales y nos envió un informe sin antecedentes penales en Francia”.  

Fuentes de la Justicia cordobesa aseguraron que “esta persona Iván Noel fue condenado en Francia a fines de 2019 por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras una denuncia de un adulto quien refirió que los hechos habían tenido lugar durante su niñez”, confirmando la versión de su abogado defensor, de que se trataba de un hecho ocurrido treinta años atrás y no en 2015 como fue publicado en Córdoba y en algunos medios nacionales.

Desde el Palacio de Tribunales II –sede de la Justicia penal cordobesa-, indicaron que en noviembre de 2019, el Tribunal de Altos del Sena condenó en ausencia a Yves Noel Couldrey a 12 años de cárcel por el delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de un niño de 11 años, edad que tenía el denunciante cuando fue abusado por el director francés en la década de 1980. Con esta condena en ausencia, la Justicia francesa incluyó a Couldrey en el registro de violadores.

También informaron que entre los años 2016 y 2017 el cineasta francés radicado en Córdoba no respondió ninguna requisitoria enviada desde la Justicia francesa, por lo que fue juzgado en ausencia y no ejerció su derecho a la defensa.

El ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano dijo a elDiarioAR: “Me enteré de este caso por los medios, primero la denuncia de abuso, y después la muerte de esta persona y no lo asocié al caso de 2017. Ahora que usted me dice, recuerdo que se negó la extradición de Couldrey a Francia, pero no mucho más, no recuerdo los detalles de la resolución”.

En los registros públicos de Interpol, no aparece la cédula roja de Yves Noel Couldrey como “fugitivo buscado para su enjuiciamiento o para cumplir condena”. La Organización International de Policía Criminal, conocida por su sigla Interpol, destaca en su página oficial que “una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

Por caso, a principios de junio pasado, fue detenido por agentes de Interpol, Walter Klug Rivera, un represor de la dictadura pinochetista que había ingresado a Argentina de manera clandestina e intentaba fugar a Alemania para evadir la acción de la Justicia chilena que lo requería tras ser condenado a 10 años de prisión en 2014, por el secuestro y asesinato de 23 obreros de la compañía eléctrica Endesa.

Pese a que en los registros públicos, Interpol no tenía al francés Yves Couldrey entre las personas buscadas; fuentes de la Policía Federal Argentina -la sede local de Interpol- admitieron que “la cédula roja existe, pero no es pública” y que “el Juzgado argentino denegó la extradición, por lo que es un caso cerrado. Ya no se lo requiere más”. El juez federal que actuó esa vez, fue Alejandro Sánchez Freytes, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, quién consideró que el delito por el que Couldrey había sido juzgado en Francia estaba prescripto para las leyes argentinas.

 Operación Ado 71

Fuentes judiciales cordobesas informaron a elDiarioAR que el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre, una ciudad de 100 mil habitantes en el noroeste de París, ya había condenado en septiembre de 1993 a Yves Noel Couldrey a dos años de prisión, por haberlo encontrado culpable de delitos sexuales contra tres adolescentes gitanos de 13, 14 y 15 años de edad. En esa época, el cineasta tenía 25 años de edad.

Se comprobó que Yves Couldrey trabajaba para Bernard Alapetite, un empresario imprentero de 47 años que lideraba una red de pornografía infantil desbaratada cuatro años después, en junio de 1997, en el marco de la operación Ado 71. En el juicio de 1993, el director francés se defendió declarando que él había trabajado como cineasta en la producción de un filme de pornografía con menores, y que los adolescentes involucrados habían dado su consentimiento para practicar las escenas sexuales. Yves Couldrey declaró que a los adolescentes gitanos les pagó entre 600 y mil francos franceses por su participación en el film. El Tribunal de Primera Instancia de Nanterre confirmó que los jóvenes de 13, 14 y 15 años filmados por Couldrey a instancias de Alapetite, vivían en situación de mendicidad y eran altamente vulnerables.

Con Bernard Alapetite en la mira desde 1993 por su participación en una red de producción y tráfico de pornografía infantil que iba desde España hasta el Este europeo, en junio de 1997, más de 2.500 gendarmes franceses llevaron adelante la Ado 71, una operación centrada en París y la región de Mâcon, en el centro-este del país. Los allanamientos incluyeron ciudades y pueblos de toda Francia y los departamentos de ultramar en el Caribe, Martinica y Guadalupe. La operación más grande contra la industria de pornografía infantil en Europa fue bautizada Ado 71 por la palabra francesa para adolescentes y la clave de registro vehicular de Mâcon.

La investigación de 1997 reveló que Bernard Alapetite copiaba y distribuía material con niños involucrados en actos sexuales y los vendía a 800 francos franceses, una cifra cercana a los US$ 140 por cada copia. El precio del material subía cuándo la edad de los niños explotados era cada vez menor. De los más de 600 detenidos en la operación Ado 71, unos 200 fueron procesados y tres se suicidaron en prisión, días después de estar presos.

Alapetite fue condenado a tres años de prisión y su nombre volvió a las portadas de los medios en 2007, cuando la prensa española lo vinculó con la desaparición de Madeleine McCann, una chiquita inglesa de 3 años de edad que fue secuestrada cuando vacacionaba con sus padres en Portugal: “Estuve en París el 3 de mayo, en Bruselas el 4 de mayo, en Namur el 5 de mayo y en París el 6 de mayo cuando voté en las elecciones presidenciales francesas”, se defendió Bernard Alapetite.

El artista

“Los padres de Iván Noel lo mandaron a estudiar artes a Inglaterra. Era un músico y director de cine muy reconocido”, detalló su abogado Fernando Moyano. Entre 2008 y 2019, Yves Couldrey filmó diez largometrajes: En tu ausencia (2008); Brecha (2009); ¡Primaria! (2010); Vuelve (2012), Limbo (2013); Ellos volvieron (2015); La tutora (2016); Nine Meals from Chaos (2018), Rechazados (2019) y Cordero de Dios, estrenada no oficialmente en 2020.

En 2016 filmó Martina, un corto de ocho minutos, con el que Couldrey ganó el premio “Mejor actuación en grupo” del festival 48-hour Film Project en la Argentina; mientras que por su largometraje Nine Meals from Chaos fue galardonado como “Mejor Director” en el Liverpool International Film Festival.

“Era un extravagante, un tipo que te llevaba por delante, un maleducado o prepotente, si querés; pero nada hacía suponer que fuera un pedófilo. En las locaciones, en los sets de filmación había chicos, pero estaba lleno de adultos, estaban los padres de esos chicos; nunca vimos nada raro, había protocolos de trabajo. La verdad, estamos asombrados por todo lo que salió. Incluso, uno de mis hijos actuó en una película suya hace cuatro o cinco años atrás y no notamos nada fuera de lugar”, confió a elDiarioAR una alta fuente de la Municipalidad de Jesús María, ciudad donde vivió Couldrey hasta hace poco más de un año.

En una entrevista con el sitio español The Sky Kid, dedicado a las reseñas de arte en la que tratan temas como la adolescencia y juventud, el director francés había señalado que se inició en la fotografía y el cine durante su niñez: “Comencé a tomar fotografías cuando tenía 9 o 10 años. Luego compré una cámara de 8 mm y comencé a disparar de inmediato. Era una película muy violenta sobre la injusticia social, interpretada por un mendigo enloquecido (de 11 años) que había tenido suficiente. Sacó su frustración golpeándose la cabeza contra los troncos de los árboles. Era un guión bastante flexible e involucraba a unos 200 niños de mi propia escuela, y se filmó durante el tiempo de juego. Terminó con la loca carrera del protagonista por la ciudad y el bosque, terminando cuando él (mi mejor amigo) golpea contra una señal de tráfico sin salida”.

Desde la Justicia cordobesa señalaron que tras el suicidio de Yves Noel Couldrey, la causa iniciada sobre los presuntos abusos sexuales cometidos durante la filmación de Cordero de Dios, se cerrará en los próximos días. Y no se sabrá si el acusado seguía siendo un abusador de menores y productor de pornografía infantil internacional o fue víctima de la extorsión de tres adolescentes enojados, como señaló su abogado defensor.

GM/WC