El realismo sociológico parado en la primera fila de la conversación pública postula: “Sin dinero no hay política ni mucho menos democracia”. Pero el dinero existe en la vida política de muchas formas y produciendo muchas consecuencias. No siempre es igual a sí mismo. ¿Cómo los significados y usos del dinero han formateado la política democrática realmente existente?, se preguntan mis investigaciones desde hace tiempo y algunas de sus respuestas se tiñen de color verde. Si, como afirma Max Weber, la democratización de una sociedad depende de su organización monetaria, en las últimas cuatro décadas este proceso estuvo indisolublemente atado a la popularización del dólar sobre la cual se erigió el mercado cambiario como institución informal pero fundante de la democracia argentina. 

Jefe de campaña 

El Plan Primavera fue el último intento sistemático del gobierno de Alfonsín por controlar la inflación. Los sucesivos fracasos que siguieron al Plan Austral imponían concertar una nueva estrategia para estabilizar la economía. En septiembre de 1988 fue anunciada una batería de medidas. A fines de 1988, ya asomaban claras evidencias de que el Plan Primavera no había cumplido su cometido. El atraso cambiario rondaba el 20% o 25% según algunos observadores. 

A fines de enero ni las altas tasas ni la venta de dólares por el Banco Central (500 millones la primera semana de febrero de 1988 y 1800 millones desde principios de agosto) lograron contener el precio de la moneda estadounidense. En la prensa, en las “mesas de dinero” y entre los directivos de los bancos una palabra empezaba a resonar: corrida. 

El 6 de febrero se declaró de manera imprevista un feriado cambiario y bancario. 

Un presidente debilitado, a la cabeza de un Estado endeudado, sin apoyo financiero externo y frente a un peronismo esperando volver al poder que se les había escapado en 1983 solo pudo tomar medidas sin efecto: hacer rotar a sus ministros de Economía y entregar la banda presidencial antes del fin de su mandato. La divisa norteamericana actuó como protagonista en la campaña presidencial de Menem. 

El domingo 14 de mayo de 1989 el candidato opositor ganó las elecciones. El viernes 19 de mayo el dólar llegó a 210 australes. En poco más de cuatro meses había aumentado casi un 1000% y la corrida estaba lejos de detenerse. Entre febrero y agosto el aumento acumuló un 3600 por ciento. 

Tras esa experiencia de crisis monetaria terminal, que tuvo en la profundización del bimonetarismo una de sus principales expresiones, no llama la atención que el régimen de convertibilidad (1991-2001) haya sido planteado como un intento de legalización de prácticas que ya estaban extendidas, es decir, calcular, pagar, ahorrar e invertir en dólares. Los diez años de estabilidad cambiaria fueron también de cierto disciplinamiento económico, de la mano de una profunda transformación del sistema financiero, que se concentró y abrió al capital extranjero al tiempo que creció la dolarización de los depósitos y los créditos bancarios. 

El enorme costo social, económico y político del del 1 a 1 no tardó en salir a la luz. Tras unos primeros años de buenos resultados, crecimiento económico y prosperidad relativa, la economía comenzó a estancarse. La alarma de un desempleo que aumentaba se hizo escuchar con estridencia. 

La reelección de Menem en 1995 encerró uno de los enigmas mayores de la Argentina democrática: ¿Cómo un gobierno cuyas políticas destruyeron el empleo y llevaron la desocupación por primera vez a dos dígitos obtuvo un sólido mandato en las urnas? “A Menem lo votó el partido de los endeudados en dólares”, afirmaba el humor gráfico de la época. Para explicar la rotunda victoria del riojano, los analistas apelaron a un concepto nuevo: el voto cuota. Convertibilidad o muerte. Una salida de la paridad peso-dólar -que muchos creían que sólo la continuidad de Menem era capaz de garantizar- arrastraría consigo a millones de consumidores, que perderían viviendas y bienes de confort al faltarles los pesos para pagar una deuda que venían saldando en cuotas dolarizadas (en dólares convertibles). 

El enigma de la democracia de los 90 tenía su respuesta en cada extracto bancario, que hacía evidente su saldo con cifras de color verde: cuota al día o deuda.

Con el avance de la década del 90, el endeudamiento del Estado y de las familias - ingresos en pesos pero deudas en dólares- aumentó peligrosamente. El fin de la convertibilidad tuvo como protagonista a las deudas en default, las de “arriba” (el Estado y las empresas) y las de “abajo” (las personas). En diciembre del 2001, el Estado declaraba la cesación del pago de su deuda soberana, que llegaba a 144 mil millones de dólares (50% del PBI de entonces), mientras los deudores dolarizados ganaban las calles y se multiplicaban las demandas judiciales por deudas, una vez caída la paridad cambiaria, se habían vuelto impagables.

La crisis del 2001 legó a parte de la sociedad un convicción muy fuerte: el acceso al dólar funda un derecho. No hay en la historia previa nada que se asemeje a esta idea. Al implosionar la convertibilidad, un sector de la sociedad argentina rearmó a su manera la promesa de equivalencia entre el peso y el dólar que el Estado empezó a incumplir a partir de la crisis del 2001: donde antes hubo una ley, ahora nacía un derecho a reclamar. 

Este reclamó no logró torcer los expedientes que se amontonaban en sede judicial y que durmieron acurrucados durante los primeros años del kirchnerismo, caracterizados por el alto crecimiento, la inflación y los superávits gemelos. Pero su historia oprimió la memoria de quienes se movilizaron contra la reinstalación de los controles cambiarios (“el cepo”) entre 2011 y 2015, cuando el gobierno de Cristina Kirchner limitó la venta de dólares. Este reclamo implicó un giro que lo alejó del emprendido sobre las ruinas de la convertibilidad. El reclamo hacia el Estado no se basaba ya en una promesa incumplida sino en una idea más positiva. Si en el 2001 el derecho a acceder a los dólares tuvo su origen en una desilusión, una “estafa” producida por el Estado, a partir de 2011 la demanda por la compra de la divisa norteamericana se apoyó en el valor de la libertad de mercado. El reclamo no apuntaba a un Estado que no había cumplido una propia promesa sino contra un gobierno que avasallaba las libertades. 

De este modo, la sociedad, que había salido del 2001 reclamando más Estado, diez años después comenzaba a mostrar indicios de un anti-estatismo beligerante. El mercado cambiario, escena primordial de la vida política argentina, fue el terreno en el que se expresó este cambio. En cierta forma, una parte de la sociedad fue libertaria antes de que lleguen los libertarios de Milei, y fue apañada por una oferta electoral de derecha que, en este punto, no mostraba divergencias.

En efecto, Macri cumplió la promesa con su electorado de levantar el cepo. Si en otros aspectos de la gestión se movió lentamente, en este actuó sin gradualismos. A una semana de asumir, el gobierno liberó el mercado de cambios y la cuenta capital. Fue también, claro, el principio del fin del plan económico, que llegó en el verano de 2018, cuando el financiamiento externo se interrumpió y se allano el camino para volver a endeudarse con el FMI . El compromiso con su base electoral llevó al gobierno de Cambiemos a liberar el mercado cambiario y preferir tomar la deuda soberana más grande en la historia argentina antes de traicionar a quienes los habían votado y consideraban el cepo un símbolo de los tiempos del populismo kirchnerista. Todavía faltaba quemar el préstamo más grande en la historia del FMI antes de –ya en spetiembre de 2019, en los caóticos meses finales de su gobierno-–dar marcha atrás con esa promesa y reinstaurar los controles cambiarios.

Dolar contra la casta

¿Quién votó a Milei? ¿Qué incidencia tivo en su victoria su propuesta de dolarizar la economía? Gran parte de su electorado no puede calificarse simplemente de furibundo, pragmático o anti-poítico. Entre sus votantes están aquellos que quieren mejorar económicamente, que creen en el valor de su propio esfuerzo, exigen orden y mercado. Y lo hacen menos por estar de acuerdo con intelectuales y publicistas de derecha que por una larga experiencia social en la que esas ideas –de derecha– parecen volverse preferibles.

Las demandas neoliberales que tras la crisis de 2001 se habían quedado casi sin audiencia volvieron con fuerza: la dolarización llega acompañada de la demanda de privatización de la educación, el sistema científico y la salud,en un marco en el que se celebra la iniciativa individual y se denuncian la crisis de los servicios públicos. El estado de ánimo de la sociedad respecto a la actuación del Estado, que ya había comenzado a cuestionarse antes de la pandemia, resulta muy favorable a los privatizadores libertarios. “Si no me vas a ayudar, al menos no me molestes”, tal el testimonio que recogió Pablo Seman en sus investigaciones. Las promesas de dolarización expresan estos sentimientos.

La convertibilidad implicó la construcción de una nueva moneda convertible que asegurase el retorno del orden social perdido con la hiper de 1989 y sus secuelas. La convertibilidad era también el sacrificio, como apuntó Alexandre Roig, de la moneda nacional. Sacrificar la moneda nacional para salvar a la patria: la formula del uno a uno. Un sacrificio que no dejaba afuera al peronismo ni al radicalismo. Eran los tempranos 90, la denuncia moral contra la política estaba en pañales y todavía el poder podía organizarse a través de pactos y acuerdos entre las grandes figuras de los partidos nacionales.  

El dólar mileista fue un pack político y económico. Castigaba a la “casta política” al mismo tiempo que permitía hablar de la mayor preocupación de la sociedad (la inflación). Los estudios cualitativos mostraban la afinidad entre la opción electoral, la preferencia por la moneda norteamericana y la experiencia de sacrificio cotidiano. Los estudios cuantitativos reflejaban un 30% de preferencia por la dolarización en la población general y 80%/90% entre los electores de Milei. Al mismo tiempo que la propuesta del cambio de régimen monetaria le daba identidad al pueblo mileista ocupaba la escena de la conversación pública. La iniciativa se “llevaba la marca” y giraba sobre ella las respuestas que economistas y políticos daban sobre cómo estabilizar los precios de la economía. No hubo economista que no fuera consultado sobre la viabilidad de la dolarización. No hubo economista (sacando a un circulo muy muy reducido cercano a Javier Milei y al propio candidato) que no rechazará la propuesta. 

Las monedas nunca son iguales a si mismas. El peso, la moneda que surgió con la convertibilidad, es distinto al austral alfonsinista. Pero ni el peso ni el dólar de hoy tienen los mismos significados de ayer. La dolarización mileista es tan inviable técnicamente como poderosa socialmente. Como señalamos, los economistas explican por qué dolarizar llevaría a la ruina económica a una enorme mayoría social, incluyendo a muchos de los votantes de Milei. Pero en sus cálculos sobre bases monetarias y devaluaciones comunican una aritmética que pareciera no sumar ni restar la economía moral del sacrificio que alimenta la rebeldía contra la política. El dólar invocado por Milei para reemplazar al peso es una moneda desprovista de la arbitrariedad del Estado argentino (y, fundamentalmente, de la élite política que lo controla), un Estado al que se percibe como culpable de desorganizar y empeorar la vida cotidiana de la gente por su incapacidad para darle estabilidad al peso y alimentar el poder de la “casta” sobre la sociedad. 

La ley de hierro de la democracia argentina

Las diferentes velocidades de la expansión, generalización e intensidad de la moneda norteamericana en nuestro país ayudan a mostrar la “relativa” autonomía entre el dólar como moneda inserta en repertorios financieros y múltiples mercados y el dólar como moneda de interpretación y acción política. Esta dualidad del rol del dólar en nuestra sociedad queda opacada si usamos el termino bimonetarismo, ya que éste recupera solamente las funciones tradicionales de las monedas. Esta dualidad estalla recurrentemente en la cara de quienes asumen las gestiones económicas de los diferentes gobiernos. 

Éstos deben responder a la pregunta que aguijona desde las entrañas del mercado cambiario “¿Cómo un mercado tan ”chico“, donde participa poca gente, genera problemas tan ”grandes“? La respuesta es clara: la popularización del dólar en la argentina implicó que las interpretaciones sobre los vaivenes del mercado cambiario sean no solo familiares para gran parte de la sociedad, sino que además sean instrumentos poderosos de evaluación y acción frente a coyunturas políticas y económicas.

Después de un largo proceso de sedimentación, la moneda norteamericana ha pasado a formar parte de los modos locales de hacer, pensar y tratar la economía. Podemos agregar que esta sedimentación ha sido también política. El dólar es un dispositivo de interpretación para evaluar una realidad en continuo movimiento y, por momentos, profundamente inestable. Difícilmente podrían los ciudadanos dejar de lado o renunciar a este recurso al dólar sin que ello no significara también correr el riesgo de perder o de ver disminuida esa capacidad aprendida de interpretación y acción política.

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell apelaba a considerar a “otras instituciones”, más allá de las formales, para comprender el funcionamiento de la democracia. El mercado cambiario moldeó expectativas y sanciones entre y hacia los actores políticos democráticos durante estas cuatro décadas. Fue un largo proceso que se estabilizó como una forma regular, legítima y dada por descontada desde 1983. Por lo tanto, podemos hablar del mercado cambiario como una institución que contribuyó a dar forma a los comportamientos democráticos gracias a una cultura monetaria organizada en torno del dólar. Durante estas cuatro décadas, los actores políticos (oficialistas y opositores) midieron sus chances de éxito o fracaso a través del escurridizo valor de la moneda norteamericana. En diferentes coyunturas, cuanto más aumentaba el dólar y se mostraba fuera del control de las autoridades, más se alejaba para el gobierno la posibilidad de un triunfo electoral. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie no pudieron dejar de prestar atención a las oscilaciones del billete verde. En ellas leyeron el rumbo de la economía, y también las alternativas de la política. Ignorar esa cifra que los medios de comunicación informaron a diario equivalía a quedar excluidos de la vida política. Unos y otros estuvieron condicionados por el mercado cambiario en su participación en el juego democrático durante cuatro décadas.  

La moneda de la democracia

La sociedad argentina se encuentra desde hace décadas en un estrecho desfiladero donde el déficit estructural de su economía para generar los dólares que necesita para su desarrollo y el aumento de la inflación son pinzas que recortan el margen de maniobra de la política económica. Cada ciclo político democrático se enfrenta también con otra evidencia tan persistente como cualquier dato macroeconómico.

El mercado de divisas ha condicionado la acción de políticos profesionales y la participación democrática de los ciudadanos durante los últimos cuarenta años. En esta historia de cuatro décadas esta institución económica ha condicionado el horizonte de demandas y las expectativas democráticas. Por lo tanto, el bimonetarismo no afecta solo la coordinación, eficiencia o el crecimiento económico sino la calidad de la democracia. Mientras otros Estados latinoamericanos fallan al no poder controlar el territorio en todo su alcance y sucumben al narcotráfico o a poderes fácticos emergentes, el Estado argentino ha fracasado centralmente en la posibilidad de ofrecer una moneda que permita reforzar la democracia. 

Sobre esta deuda se apoya, en parte, el nuevo ciclo político que se abre con la presidencia de Milei. La democracia argentina nuevamente es un experimento monetario a cielo abierto de resultado incierto y riesgoso. 

AW/MG

Resistencia no es sólo el nombre de la capital de Chaco, donde se celebra el Seminario Nacional de Presupuesto Público donde esta mañana hablaron los economistas Emmanuel Álvarez Agis y Marina Dal Poggetto sobre la urgencia y a la vez las dificultades de implementar un plan de estabilización inflacionaria. Resistencia es la también la que tienen los máximos funcionarios del Frente de Todos a adoptarlo, pese a que las subas actuales de precios, del orden del 6% o 7% mensual, licúan las esperanzas de victoria de cualquier candidato peronista en 2023. Es que un plan de shock también tiene sus costos y puede terminar mal si se aplica de manera equivocada. Es una cirugía a corazón abierto que requiere de pericia técnica y decisión política. Y así quedó expuesto por Álvarez Agis y Dal Poggetto en este encuentro organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Chaco y el Consejo Federal de Inversiones.

Álvarez Agis, de la consultora PxQ, contó que voló porque se lo pidió el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Su colega de Eco Go habló por videoconferencia. El ex viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que prefirió mantenerse al margen del de Alberto Fernández, arrancó diciendo que Dal Poggetto iba a deprimir a la audiencia del Centro de Convenciones Gala sobre el presente y él, sobre el futuro. Álvarez Agis destacó que “por suerte” está generándose “bastante consenso” entre los economistas y, en menor medida, entre los políticos sobre “la necesidad de un plan de estabilización contra la inflación”. “Con inflación tan alta como la actual las políticas mas clásicas no alcanzan”, advierte el economista. El plan de reducción gradual del ministro de Economía, Sergio Massa, hubiese funcionado si lo hubiera aplicado en 2021, cuando la inflación era moderada.

“Cuando hay inflación moderada, de menos de 50%, vemos qué hacer con la política fiscal, monetaria y cambiaria”, cita las tres herramientas que usaron países que derrotaron esos niveles de alzas de precios, tal como había estudiado el viceministro de Economía de Martín Guzmán, Fernando Morra. “Es cuestión de dónde poner el gasto, la tasa y el tipo de cambio. Con una inflación de más del 50, con eso solo no alcanza. Los programas de estabilización tienen tres ejes adicionales. Uno es el marketing. Dos es la desindexación. El Plan Austral (de Raúl Alfonsín en 1985) implicó un cambio de moneda (del peso al austral) y un desagio (descuento en los valores pactados en los contratos). La convertibilidad (de Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo en 1991) tenía la fijación por ley del tipo de cambio (uno a uno entre peso y dólar) y la prohibición de la indexación de los contratos. La salida de la convertibilidad (de Eduardo Duhalde en 2002) implicó un congelamiento de tarifas y pesificación asimétrica (de créditos y depósitos en dólares). Y tres, precios relativos de equilibrio”, explicó Agis.

“Si un determinado precio genera un problema evidente, vamos a decir que genera un desequilibrio”, simplificó a propósito el economista. Puso como ejemplo las tarifas al señalar que los subsidios que las mantenían bajas hasta ahora generaban el equivalente al déficit fiscal, aunque recordó que aún peor era en los 80, cuando llevaban a la desinversión en telefonía y electricidad. Citó otro caso: el tipo de cambio de la convertibilidad generaba tal desequilibrio externo (déficit comercial, pues alentaba importaciones y desincentivaba exportaciones) que nos obligaba a privatizar empresas para ingresar dólares“, aludió implícitamente a la venta de YPF a la española Repsol. ”Hoy hay desequilibrio de precios relativos“, apuntó Agis y puso como ejemplo el hecho de que el alquiler de un monoambiente en Buenos Aires cuesta dos pares de zapatillas y en Nueva York, diez pares. ”Las zapatillas están caras, el alquiler está barato y el salario, baratísimo. Esta es la peor de las combinaciones.“

“Si uno hace un programa de estabilización con la situación actual, cuando ocurren la desinflación, suelen agravarse los desequilibrios. Hay que arreglar los precios relativos antes del plan de estabilización. Los planes de estabilización, si están bien cuadrados, bajan rápido la inflación. Salvo que te pase como con el Plan Primavera (de Alfonsín en 1988), que la inflación se disparó a los ocho meses. Hoy, el salario formal privado promedio son 1.200 dólares. Si uno configurara un plan como el de la convertibilidad llegarías a la elección con un salario de 1.800 dólares”, expuso Agis, aunque aclaró que no está proponiendo un plan como el de Cavallo. “Llegarías a la elección con tendencia positiva. El riesgo es que te ocurra como con el Plan Primavera. Hay tres tipos de planes de estabilización: los que salen bien de arranque, los que arrancan mal pero mejoran y los que arrancan bien pero explotan.”

Agis recordó que Cavallo en su tesis doctoral advirtió en 1968 que una suba sideral de las tasas de interés puede agravar la inflación porque el mayor costo financiero se traslada a precios. También señaló que ex el ministro preparó el plan de convertibilidad a lo largo de dos años, según le comentó alguna vez el periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda. “El Plan Primavera, en dos meses. ¿El de ahora? ¿El del año que viene? Es un problema no menor”, alertó. “Si el plan no apalanca mucho el ingresos de dólares, vuela por los aires. Para muchos colegas, primero hay que devaluar. Quiero mostrar la complejidad de esta situación”, señaló antes de advertir que una depreciación que equivalga la mitad de la brecha implicaría un salto del dólar oficial del 50% y apuntó que con una inflación previa del 7% mensual quizá la ventaja cambiaria se carcoma en pocos meses.

“El Austral y la convertibilidad tenían consensos políticos y de los organismos internacionales”; rememoró Agis. Advirtió que con el plan de Alfonsín se produjo una caída inicial de salarios que si se repitiera, podría “transformar la avenida 9 de Julio en peatonal”, bromeó sobre el potencial de protestas sociales y sindicales. “Probablemente, tengas tres años de crecimiento consecutivo (de 2021 a 2023) por primera vez desde 2006 a 2008, pero el punto de partida es la pandemia. Podés decir: 'Vótame que crecimos tres años'. Pero la única manera de tener chances electorales es con una baja drástica de la inflación. Pero no se puede usar las herramientas que te gustan y no las que no te gustan.”

Agis lamentó que “hoy se discute en clave grieta, el Gobierno actual no toca el tipo de cambio, aplica la política fiscal y monetaria pactada con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y quiere congelamiento, pero eso no funciona, las herramientas tienen que ser compatibles entre sí”. “O hacemos todo de shock o todo gradual. Gradual en lo fiscal, nada de devaluación y shock de congelamiento sale mal. Juntos por el Cambio quiere devaluación sin congelamiento, ¿pero con qué se come? No soy optimista tampoco para adelante. Hay ciertas herramientas de política económica a las que les hemos puesto contenidos ideológicos, pero son herramientas. Acá se escucha: 'No subas tarifas porque sos macrista' o 'no subas retenciones porque sos kuka'”, se desconsoló.

Límites insostenibles

Dal Poggetto arrancó apuntando una inflación del 4% mensual, implica una anual del 60%, “una del 6% mensual te da 100% anual, una del 7% mensual te da 125% anual y una una del 10% mensual te da 200% anual”. “Si se mantiene alta la inflación, te lleva a niveles insostenibles con el crecimiento”, alertó. La ex funcionaria técnica del gobierno de Fernando de la Rúa y actual asesora de Facundo Manes recordó que el acuerdo con el FMI implicaba que los “precios relativos no se atrasen”. Es el caso del dólar oficial. “Con las tasas y el dólar subiendo como la inflación, con las tarifas subiendo más que la inflación, no hay margen para la desinflación. Ni con paritarias 100%, con aumento en el próximo trimestre del 27%.”

La economista apuntó que “la inflación crónica arranca con el peronismo y la inconsistencia fiscal”, pero también reconoció que “el Plan Primavera no fue un plan de estabilización sino electoral y el Austral tuvo de los dos” componentes. “La convertivilidad funcionó pero no tuvo consistencia fiscal ni dinámica distributiva. La estabilidad vino en 1991 asociada también a una mejora de la competitividad de la economía, se rompió el déficit cuasi fiscal (el del Banco Central), hubo apertura de la economía, normalizaste el crédito externo, pero tuviste un problema que fue la inercia de la inflación ese año mientras congelabas el tipo de cambio. Esa inflación acumulada te trajo el problema de competitividad. Frente a la inercia inflacionaria, está el riesgo de equivocarse y llevar la nominalidad mucho más perversa que lo que tenemos hoy. Cuidado hacia dónde vamos”, comentó la consultora de Eco Go. “Emmanuel se olvida que el plan de la convertibilidad también incluyó apertura económica”, agregó.

Dal Poggetto enumeró los componentes de un plan de estabilización:

La economista señaló que “detrás de la inflación no todos los precios suben igual” Y alertó que “os precios de bienes están ridículamente caros y los de servicios, muy baratos. Los salarios reales están muy deteriorados”.

“No hay chance de bajar la inflación sin consolidación fiscal”, advirtió Dal Poggeto, pero predijo que si bajara el índice de precios al consumidor (IPC) al 60% en 2023, como indica el presupuesto, bajaría la recaudación, pero subiría el gasto indexado en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Llamó a una reforma tributaria que combata la alta evasión de algunos para aliviar la elevada presión sobre otros. Alertó que el actual déficit cuasi fiscal constituye un problema mayor que el fiscal. “El próximo gobierno o licúa los pasivos remunerados del Central (incluidas las Letras de Liquidez, Leliq) con un salto cambiario, o se reestructuran, con implicancias para los balances de los bancos, o mantenemos los controles de capitales actuales. La demanda de instrumentos del Tesoro a plazos cortos y tasas más alta, te recrea un overhang (exceso) de pesos. La semana pasada el Central compró 80.000 millones de pesos en deuda del Tesoro.”

En medio de todo lo negativo, Dal Poggetto rescató que “lo positivo es la inversión”. “Hoy la actividad está volviendo al nivel de 2017, con despacho récord de cemento, aunque la industria crece porque la economía está cerrada. Pero lo que más creció fue la inversión, por el incentivo de la brecha”, se refirió a que muchos que no pueden ir al dólar terminan invirtiendo sus pesos en maquinarias que importan al tipo de cambio oficial. “La inversión está en el 22% del PBI. Hay mayor incorporación de maquinaria y equipo, robots, eficiencia energética. Vaca Muerta está creciendo con los pesos acorralados. Esta tasa de inversión puede ser el puntapié, más la posición de argentinos en dólares. Pero se requiere de un grado de acuerdo político, que dé más horizonte y gobernabilidad. Lamentablemente en la Argentina se suelen tomar decisiones tras las hecatombes. Por ejemplo, tras la hiperinflación (de 1989-1990) o la salida de la convertibilidad. La pregunta es cómo se genera el acuerdo político”, se interrogó la economista. Sin remate.

AR

Hace dos o tres semanas arreciaban las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de dirigentes que le responden -excepto los funcionarios del gobierno nacional, que guardan un silencio estratégico- contra Martín Guzmán, pero el ministro de Economía permanece en el cargo. Esta semana se conoció el dato de que se redobló la inflación, un 6% mensual y un 58% interanual, el mayor nivel en 30 años, pero el jefe del Palacio de Hacienda permanece en el cargo. Fortalecido en su debilidad, ratificado por un Alberto Fernández frágil que sabe que perderlo a él es perderse un poco así mismo, Guzmán sigue, descarta un plan de shock contra la inflación, como fue el Austral del gobierno de Raúl Alfonsín en 1985, y apuesta a convocar a empresarios y sindicalistas para institucionalizar una desindexación de expectativas de precios y salarios.

Guzmán, apoyado por su asesor Daniel Heymann -uno de los autores del Austral- y por su viceministro, Fernando Morra, espera que el reordenamiento gradual de la macroeconomía dé sus frutos, pero admite que necesita cambiar las malas perspectivas, que sitúan la inflación en hasta el 75% para 2022, muy por encima del 60% que ahora el ministro reconoce a regañadientes. Por eso, busca formar una mesa de concertación. Espera que después del 6,7% de marzo y del 6% de abril, el índice de precios al consumidor (IPC) baje al 5% en mayo y al 4,5% en junio. Con esos niveles altos, pero en descenso, Guzmán se conformaría y se autopercibiría triunfador en la batalla interna y con la oposición sobre la política antiinflacionaria. Una vez pasada la primera mitad del año, las paritarias y los segundos aumentos de tarifas de luz y gas, el terreno estaría preparado para una estabilización de la inflación mensual en un poco ambicioso pero hoy paradisíaco 3% mensual. No por nada el consultor Emmanuel Álvarez Agis, de PxQ, llegó a bromear con que el Gobierno festejaría si baja la inflación al 50% anual en el 2023 en el que Fernández ambiciona su reelección, basado en que continúa el crecimiento de la economía y del empleo. El ministro confía en que en 2022 el PBI crecerá 5% o 6%, muy por encima del 2% que vaticinaban las consultoras o el 3% que predecía el Fondo Monetario Internacional (FMI) al comienzo del año. Sería el segundo año consecutivo de expansión económica por primera vez desde 2011.

Un paper

Dentro del Palacio de Hacienda circula un paper con algo así como los siete recados capitales sobre “Abordaje de la inflación”:

-“1. Entendemos a la inflación como un fenómeno multicausal, por lo que enfrentar este problema requiere trabajar en diferentes frentes, con una relevancia central en la consistencia del programa macroeconómico.

-2. Es necesario avanzar en fortalecer el valor de la moneda. Para ello, es fundamental acumular reservas. [N. de la R.: el ministro aspira a que este año ingresen para ello inversiones extranjeras para el litio, la minería y la energía]

-3. Mientras esto ocurre, se buscará suavizar las regulaciones financieras para establecer una transición hacia una regulación de los flujos de capitales para evitar que los mismos desestabilicen la economía, como lo hicieron en el pasado. [N. de .la R.: por ahora, de esto no se ha visto nada, aunque Guzmán promete liberar divisas para que se concreten inversiones gasíferas que aprovechen las oportunidades de exportación que abrió la guerra de Ucrania].

- 4. Profundizar el mercado de capitales en moneda doméstica, para otorgar nuevas y mejores herramientas al sector privado, y también del mercado de títulos públicos es otro componente de la estrategia macroeconómica.

- 5. La consistencia en el plano fiscal tiene dos dimensiones. En primer lugar, mantener un crecimiento del gasto público en términos reales que apuntale la demanda agregada y, como correlato, un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales. Pero es necesario que este crecimiento sea gradual, dado que un incremento excesivo de la demanda agregada puede generar una demanda de divisas que afecte la acumulación de reservas. En segundo lugar, la disminución del déficit permite reducir el financiamiento monetario, lo que ayuda al Banco Central a fortalecer su hoja de balance.

-6. Por mucho tiempo se han dado situaciones en las que sistemáticamente el Banco Central financia al Tesoro. En una economía bimonetaria eso es un problema.

-7. Además de ser consistente, el programa requiere una implementación continua, que progresivamente fortalezca la credibilidad sobre la dirección. Por eso se hace tanto hincapié desde el Gobierno en el compromiso por llevar adelante el programa que se ha trazado. Esto incluye un componente fiscal, uno monetario y uno cambiario. Pero también es necesario el rol del Estado en la coordinación de expectativas, complementando al programa económico“.

Por las dudas que este plan no funcione, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de buena relación con Guzmán, se ha reunido hace un mes con Roberto Frenkel, otro de los autores del Austral, y Jorge Remes Lenicov, el ministro de Economía que desarmó la bomba de la convertibilidad en el inicio del gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. Kulfas teme que, por más que intenten ajustar gradualmente el frente fiscal y el monetario, el ritmo de inflación desarme esas variables macroeconómicas y no descarta que si el IPC se sostiene en un 5% mensual en los próximos meses, habrá que aplicar un plan de shock.

El plan Austral

El Plan Austral consistió en reemplazar la moneda, convertir los $ 1.000 en un austral, la instauración de un mecanismo de desagio -actualización menor a la prevista- que eliminó las cláusulas de indexación de los contratos, devaluación inicial y posterior congelamiento del tipo de cambio, congelamiento de precios, salarios y jubilaciones de manera simultánea y sin plazo, reducción de tasas de interés reguladas, ajuste del déficit fiscal mediante aumento de las retenciones, de las tarifas y “ahorro forzoso” impositivo de los contribuyentes de mayores ingresos, pautas de emisión monetaria decreciente y renegociación forzada de la deuda interna. En la actualidad, el Gobierno debería devaluar fuerte el peso oficial para achicar la brecha con el paralelo del 65% actual al 20%, con el consiguiente impacto inicial en términos de inflación y pobreza, y además ajustar más las tarifas. Sólo después podría decretar un congelamiento del dólar, las tarifas, los salarios y los precios por al menos seis meses. Uno de los problemas es qué pasaría cuando medio año después se acumulen los reclamos por reacomodar esas variables.

El talón de aquiles del Austral radicó en que el gobierno de Alfonsín no fue consecuente con la prometida reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria. Por eso, en 1988 necesitó otro plan, el Primavera, que derivó en la hiperinflación de 1989 y 1990. De ahí que el propio Heymann abogue por la salida gradual, por ordenar la macroeconomía este año, con subas del dólar y las tarifas, para empezar a bajar la inflación en 2023. Tampoco Frenkel considera que el plan de shock sea la única herramienta de estabilización y ha escrito en sus papers que, como estudiaron Heymann y Marra en la Universidad de La Plata, otra alternativa contra la inflación es un programa a ocho o diez años, con continuidad y credibilidad más allá de los cambios de gobierno, con metas que se cumplen, precios que se alinean y confianza de los inversores. Es lo que ha sucedido en España, Italia, Chile, Colombia y México entre los 80 y los 90.

Decálogo

Remes Lenicov se basó en la experiencia de Brasil, Chile, Israel y España en esas mismas décadas para publicar un paper en la Universidad de La Plata en 2020 sobre cómo derrotar la inflación, pero destaca más el shock que el gradualismo que aplicaron esas naciones. Sostiene:

“¿Qué hicieron los países exitosos?:

1. En todos, primero hubo acuerdos entre las fuerzas políticas y después con los sectores gremiales y empresariales [N. de la R.: aquí, no hay concordia ni siquiera puertas adentro del Frente de Todos, FdT].

2. En todos hubo un programa integral, involucrando a todas las políticas macro de manera tal que actúen simultáneamente y en la misma dirección. Todas fueron acompañadas con el inicio de un plan de reformas estructurales, sobre todo en el Estado [N. de la R.: estas reformas fueron excluidas del pacto de Guzmán con el FMI].

3. La política inicial fue de shock y permitió reducir una inflación muy alta o hiperinflación a otra de 20/25% anual. Posteriormente, para reducirla a niveles de entre 2% y 5% se requirieron varios años [N. de la R.: una híper es aquella que supera el 50% mensual].

4. Modificación de la política y/o el régimen monetario: hubo otra unidad de cuenta e incluso en algunos casos hasta se cambió la moneda.

5. Tipo de cambio: en general se comenzó con un tipo de cambio alto para generar equilibrio o superávit en la cuenta corriente y evitar futuras presiones, puede ser fijo o con flotación administrada.

6. Ajuste para eliminar el déficit fiscal. Hubo privatizaciones, despido de personal, racionalización del gasto y reducción de salarios, según el caso.

7. Precios y salarios: hubo un acuerdo para acomodar los precios relativos y controlar y/o fijar precios y salarios, pero por un plazo relativamente breve.

8. Todos hicieron un acuerdo con el FMI.

9. En general, estas medidas de estabilización se han vinculado con una estrategia y política de crecimiento.

10. Resultados: la inflación cedió rápidamente y así aumentaron los ingresos personales y se expandió el consumo“.

Si Guzmán no logra domar la inflación para mitad de año ni tampoco al albertismo se le ocurre un plan de estabilización, puede que implosione el FdT ante los reclamos constantes de shock redistributivo de Cristina Kirchner. Por lo menos eso temen entre los asesores del jefe de Estado. Hasta los más albertistas reconocen que el gobierno de Fernández se encuentra en su peor momento, descoordinado, con un Guzmán debilitado pese a que fue ratificado y con riesgo de incumplir dos de las tres metas del segundo trimestre del acuerdo con el FMI: la de ajuste fiscal, porque el recorte de subsidios resultará insuficiente dado el moderado aumento de tarifas de junio y el encarecimiento mundial del gas por la guerra de Ucrania; y la acumulación de reservas, ante la demorada liquidación de exportaciones agrícolas y el apetito importador ante una brecha cambiaria amplia -la compra de aviones privados es boom- y un crecimiento económico que demanda insumos y bienes finales del exterior, lo que presiona hacia una mayor depreciación del peso.

Hasta los más albertistas reconocen que el gobierno de Fernández se encuentra en su peor momento, descoordinado, con un Guzmán debilitado y con riesgo de incumplir dos de las tres metas del segundo trimestre del acuerdo con el FMI

Se trata de dos metas claves también en la política antiinflación. La tercera del pacto con el FMI, la reducción de los giros del Banco Central al Tesoro, quizás se cumpla, pero el mercado pide más ajuste que el acordado y cada transferencia, como la de $ 86.500 millones de esta semana, es percibida de mala manera porque se supone que en este segundo trimestre del año el Estado cuenta con una buena recaudación tributaria por la cosecha de soja y maíz y los vencimientos de impuestos. Por eso, los operadores de bonos y acciones y los ejecutivos de finanzas de las grandes empresas temen que el financiamiento monetario al Tesoro sea mayor a partir de junio, cuando se paguen los aguinaldos. Hay discusiones internas para que Guzmán deje de financiarse en el Central y recorte gastos. La pregunta es cuáles. También le reprochan haber anunciado un impuesto a la renta inesperada para financiar el bono de refuerzo de ingresos para 13 millones de personas, pero sin haber escrito ni presentado ningún proyecto ni haber aclarado de qué otro modo lo financiará. De todas maneras, comparten con él que los planes de shock no funcionarían, como tampoco lo hicieron a largo plazo en la Argentina.

Guzmán para rato

El establishment se aferra a Guzmán, no por amor, sino por el espanto al cristinismo, que sólo por unos días ha silenciado sus críticas hacia él. En este contexto, es difícil que el ministro logre cambiar las expectativas de inflación, según reconocen en el albertismo. Pero en el peronismo puro y duro ven que, así como Cristina Kirchner sostenía a Guillermo Moreno cada vez que se lo criticaban como secretario de Comercio Interior, Fernández también ahora está atado a Guzmán. El ministro encarna la resistencia del Presidente ante una vice que preferiría allí a Augusto Costa o a Cecilia Naón con mayor regulación del mercado cambiario, más controles de precios bajo amenaza a las empresas de restricciones de créditos o importaciones o de inspecciones tributarias, sin subas de tarifas y con tensión con el FMI. Tampoco hay opción para Martín Redrado, el candidato de Sergio Massa que reclama como condición para asumir que el Congreso apruebe con mayorías especiales leyes que supuestamente le aseguren estabilidad fiscal y monetaria en el mismo país que votó la intangibilidad de los depósitos un mes antes de aplicar el corralito en 2001. Hay Guzmán para rato, salvo que empeore la inflación, opción que tampoco se descarta. Su continuidad no sólo marca un rumbo económico sino uno político dentro de la interna del FdT.

El ministro encarna la resistencia del Presidente ante una vice que preferiría mayor regulación del mercado cambiario, más controles de precios bajo amenaza a las empresas, sin subas de tarifas y con tensión con el FMI

“No veo que Alberto vaya a convocar a un equipo nuevo -opina un economista peronista-. Guzmán perdura, pero no tiene ascendente, no puede sacar una ley, no tiene autoridad ni iniciativa, está maniatado, se escuda en el acuerdo con el FMI, no mucho déficit, no mucha emisión, pero fue un acuerdo laxo, con waivers (exenciones), el ministro no se consolida, no concita atención de los que toman decisiones, nadie le da bola, no tiene plan de estabilización, no tiene ancla porque no tiene dólares y hay cepo, tampoco las tarifas son ancla porque están atrasadas, ni los salarios, porque no pueden seguir cayendo. En el Plan Austral y la convertibilidad devaluaste fuerte y después anclaste todo tras un shock inflacionario, pero para eso necesitás poder político, dólares que entren, y acá estás colgado del travesaño hasta las elecciones de 2023. No te bancarías un plan que te hundiría por seis o siete meses. Pero con un buen equipo económico, con una mejor cosecha el año próximo, si el cristinismo empieza de una vez el gasoducto Néstor Kirchner y lo termina para el invierno del 23, podés tener un mejor año, pero no sé si para ganar las elecciones”, concluye el exponente de la ortodoxia peronista. Otro referente del mismo palo agrega: “¿Qué vas a coordinar por consenso con empresarios y sindicalistas que remarcan o piden paritarias del 65% o 70%. Necesitás señales más contundentes que el acuerdo con el FMI. El próximo gobierno es el que hará el shock, con devaluación y tipo de cambio fijo, ajuste fiscal y monetario, congelamiento salarial, pero eso no puede hacerlo este gobierno”.

AR

El ex ministro de Economía durante el alfonsinismo Juan Vital Sourrouille falleció este miércoles a los 80 años tras padecer un cáncer de cólon. Ocupó el cargo de Ministro de Economía de Raúl Alfonsín desde febrero de 1985 a marzo de 1989. Fue el impulsor del denominado Plan Austral que intentó frenar la escalada inflacionaria. 

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por Agustín Campero, vicepresidente de la Convención Nacional de la UCR.

Sourrouille asumió en febrero de 1985 tras la renuncia del ministro Bernardo Grinspun. Durante su gestión impulsó el Plan Austral, un programa de reforma monetaria y antinflacionario que bajó la inflación de 30% mensual a casi cero de manera inmediata, y que introdujo el Austral como moneda de curso legal.

La iniciativa permitió que el espacio de Alfonsín ganara las elecciones legislativas de 1985, pero luego el programa no pudo ser sostenido por sus complicadas metas y se fue debilitando hasta que años después se produjo la hiperinflación que marcó los últimos meses del gobierno radical. Entre las medidas impuestas por el Plan se incluían el bloqueo de los salarios, la congelación de los precios al consumo y las tarifas de los servicios públicos, recortes en los presupuestos y el compromiso gubernamental de que el Banco Central no emitiera moneda para asumir las obligaciones.

“Lo conocí a Raúl Alfonsín antes de que se convirtiera en presidente. Fue una sorpresa que a pocos días de su triunfo electoral me llamase para convocarme para la Secretaría de la Planificación. Así se inició mi período en el Gobierno. Tengo un gran recuerdo de Bernardo Grinspun, su compromiso con la democracia y con el radicalismo era enternecedor”, recordó en una entrevista que concedió en 2009.

El economista había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y en Harvard y siempre cultivó un bajo perfil, con escasas apariciones públicas tras haber dejado su cargo como titular del Palacio de Hacienda.

DA