No le sienta mal el adjetivo de felina: feroz, astuta, escurridiza como el minino astuto que se escapa después de una tropelía. Con la mirada gatuna: penetrante, maliciosa, tal vez en el fondo tímida, desconfiada. E independiente, lista, juguetona, mimosa cuando se enamora, pero también posesiva, con las garras siempre afiladas para defenderse, o para mantener el equilibrio. Y misteriosa, siempre, aunque se abriera en canal en sus diarios. Misteriosa… Porque a ella se le daba muy bien el misterio.

Quizá por esa dedicación al suspense, descubrir otra faceta de Patricia Highsmith (Fort Worth, Texas, 1921-Locarno, Suiza, 1995) es siempre una agradable sorpresa: Libros del Zorro Rojo publicó el pasado mes de marzo Gatos (con traducción de Eduardo Iriarte), una compilación que reúne tres cuentos, tres poemas y un breve ensayo que la creadora de Tom Ripley dedicó a estas criaturas. En realidad, no es una afición desconocida: ya en sus novelas de intriga los animales hacen acto de presencia, se sabe que tuvo gatos como mascota y por la red circulan fotos en su compañía.

Su fama de misántropa también contribuyó a alimentar ese tópico, tan a menudo injusto, de escritora solitaria rodeada de gatos. La autora frecuentó el círculo bohemio de Nueva York y amó con pasión en su juventud; no se puede decir que se pasara los días en casa, escondida detrás de la máquina de escribir. Ambas vertientes, en cualquier caso, no son incompatibles; y la compañía de los felinos enriquecía su existencia cotidiana. “Un gato hace de una casa un hogar”, escribe en el mencionado ensayo, Acerca de los gatos y el estilo de vida, que se publicó por primera vez en 1979, junto con los demás textos.

El escritor y su gato

No es raro que un escritor sienta fascinación por estos animales; de hecho, abundan tanto los autores que los han tenido como compañeros y/o que han escrito sobre ellos que la estampa de un intelectual acompañado con uno o varios gatos a sus pies se ha convertido en un tópico: Lord Byron, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Doris Lessing, Natsume Soseki, Joyce Carol Oates…, por no hablar de la caterva de novelas feel good japonesas, muchas de ellas con un gato en el centro, que de un tiempo a esta parte inundan las librerías.

¿De dónde surge ese entendimiento entre el creador y estos felinos? “Un escritor no está solo con un gato, pero sí está lo bastante solo para trabajar”, reflexiona Highsmith. Tal vez esa sea la clave: proporcionar compañía, ma non troppo. El gato, como compañero, no requiere tantos cuidados como otras mascotas (no digamos ya como un ser humano). “Los gatos ofrecen a los escritores algo que los seres humanos no pueden ofrecer: una compañía que no es exigente ni intrusiva, tan placentera y cambiante como un mar tranquilo que apenas se mueve”.

En cuanto a los posibles inconvenientes, como los arañazos y otros destrozos, la autora reconoce que ha sido “afortunada”: “He visto casas ajenas de las que los gatos prácticamente se habían adueñado”. Habla de su casa en el campo y de su jardín, y de cómo los gatos se han acostumbrado a corretear ahí fuera, a su manera. “No me gustaría tener que pasear a un perro dos o tres veces al día, haga el tiempo que haga”, admite, de modo que la independencia de los gatos se amolda a la perfección con su rutina.

Zarpazos literarios

Desde las mitologías clásicas a la narrativa contemporánea, los gatos son omnipresentes en los universos de ficción. Bastet, la diosa egipcia del hogar, aparece representada como un gato; Freya, la diosa nórdica del amor, llevaba un carro portado por dos gatos; en el folklore japonés, los llamados bakeneko y nekomata son una especie de gatos fantasma que conecta el mundo físico con la dimensión espiritual. En literatura infantil, están El gato con botas, el gato de Chesire de Alicia en el País de las Maravillas o los protagonistas de la saga Los gatos guerreros, de Erin Hunter.

Poetas como T. S. Eliot, Charles Baudelaire o Pablo Neruda les dedicaron sus versos; Rudyard Kipling escribió cuentos como El gato que andaba solo; Doris Lessing contó sus experiencias con los felinos asilvestrados que invadían la casa en su Sudáfrica natal y otras anécdotas gatunas en Gatos ilustres. Entre las novelas para el público adulto, son célebres los títulos de Natsume Soseki (Soy un gato), Sylvia Townsend Warner (Lolly Willowes), Colette (La gata), Luis Sepúlveda (Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar) y Haruki Murakami (Kafka en la orilla), entre otros.

En la obra de Patricia Highsmith, los animales son los protagonistas de la antología de relatos Crímenes bestiales, que Anagrama ha recuperado recientemente: a través de las historias de cómo diferentes fieras se vengaron de humanos abusivos, la autora se pone en el lugar del animal herido para dejar muy clara su postura animalista. Y, volviendo a Gatos, los tres cuentos del libro tienen su toque de misterio característico. En Algo que trajo el gato, el primero, el minino de la casa irrumpe una tarde de juegos de mesa entre vecinos para enseñar su caza, que no es un pájaro ni un desecho, como acostumbra, sino algo que se parece a unos dedos humanos.

El segundo relato, La mejor presa de Ming, se desarrolla en un barco y el protagonista es un gato viajero que adora a su ama. Todo fluye hasta que entra en escena un hombre, surgen los celos… y la rivalidad: “¿Acaso no estaba el ama de su parte? El intruso era el hombre”, sentencia. Por último, en La pajarera vacía, una extraña criatura de mirada inquietante se instala en una jaula que había quedado vacía. La mujer de la casa no sabe identificar qué es, y poco a poco una atmósfera de terror se va apoderando del hogar.

En los poemas, Highsmith personaliza a los gatos con una primera persona: “Todo en el mundo / se creó para que yo jugara […] / Hay tantas esquinas, puertas entreabiertas / y partes bajas de cosas que mirar, / tantos lugares a donde ir, que me pongo como loco / porque no puedo estar en todos a la vez”. En conjunto, ni los relatos ni los versos están a la altura de sus grandes obras, pero son una curiosidad que enriquece su universo literario y refuerza su posicionamiento a favor del felino y su comportamiento genuino, incluso cuando perturba la tranquilidad de los humanos.

Este pequeño libro, editado en tapa dura, con el cuidado que Libros del Zorro Rojo pone en todo, se completa con unas ilustraciones de la propia autora (el dibujo y la pintura eran otra de sus aficiones, aunque nunca se atrevió a exponer), que tenía la costumbre de trazar esbozos de sus gatos. Una obra singular, por venir de una voz asociada al suspense psicológico y por lo atípico de conjugar en un solo volumen expresiones artísticas tan diferentes. Una pieza más del territorio Highsmith, imprescindible para sus incondicionales: “Me gusta sentarme con los ojos entrecerrados, / porque lo he visto todo / y mis recuerdos son mucho más interesantes. / Estoy en paz con todo”.

Días atrás, los líderes europeos intercambiaban alabanzas con Donald Trump en Washington y repetían el adjetivo “histórico” que tanto le gusta al presidente de Estados Unidos. No había terminado la semana pasada cuando Ucrania y sus aliados europeos se encontraban con la reticencia habitual del Kremlin, los mensajes contradictorios de Trump y más ataques rusos contra ciudades ucranianas.

Las buenas palabras, el despliegue diplomático europeo y los toques de humor en la Casa Blanca siguen sin dar frutos para avanzar hacia la paz en Ucrania. Después del impulso momentáneo del lunes, Trump sugiere ahora que la cita entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin no es asunto de Estados Unidos, y el Kremlin no se mueve de su rechazo a una misión europea que dé seguridad a Ucrania, evita comprometerse con una cita con el presidente ucraniano y sigue bombardeando su país.

Desde el lunes, se han sucedido los ataques rusos con drones y misiles, incluidos contra Leópolis y otras ciudades en el oeste, que suele ser la zona más segura del país. Las fuerzas rusas también atacaron el jueves una fábrica estadounidense de electrónica de consumo en Mukachevo, a 70 kilómetros de la frontera de Hungría. Este viernes seguían los ataques contra civiles en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, y en el sur del país.

“Putin se está riendo, no está parando de matar, está matando más”, dijo Kaja Kallas, la jefa de Política Exterior de la UE, en una entrevista en la radio de la BBC. “Nos olvidamos que Rusia no ha hecho ni una sola concesión”. También destacó que en la cumbre con Trump el presidente ruso había conseguido “todo lo que quería”, en particular evitar sanciones de Washington.

El supuesto plazo que Trump dio a Putin a finales de julio de “10 o 12 días” antes de imponer castigos en forma de aranceles a países que comercian con Rusia ha pasado sin ninguna consecuencia. En principio, había dicho 50 días y ese ultimátum se cumpliría el 1 de septiembre, aunque no lo ha vuelto a mencionar esa fecha. Este viernes, en respuesta a preguntas en otro evento en la Casa Blanca, Trump aseguró que “en dos semanas” sabrá en “qué dirección ir” y tomará “una decisión muy importante, sea sanciones enormes o aranceles enormes, o los dos... o sea no hacer nada y decir, 'ésta es vuestra guerra'”. Pero ni siquiera se refirió de manera específica a Rusia y dijo que “verá de quién es la culpa” si no hay acuerdo.

Después de la reunión con los europeos y la última llamada a Putin el lunes, Trump ha pasado en pocas horas al modo de “esperar y ver qué pasa”, según dijo él mismo, y ya ni siquiera está especialmente interesado en la supuesta cita a tres de la que hablaba el lunes. “Ya veremos si Putin y Zelenski trabajan juntos. Son un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan bien por razones obvias”, dijo este viernes. “Y ya veremos si tengo que estar ahí o no. Prefiero que no. Prefiero que se reúnan y vean cómo lo pueden hacer”.

Al principio de la semana, había hasta sugerencias de ciudades – Ginebra, según los europeos; Budapest, según los estadounidenses– para el encuentro que el Kremlin no tiene prisa por organizar.

Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, dijo en una entrevista emitada este viernes en la NBC que no hay “ninguna reunión prevista” entre Zelenski y Putin y que no la habrá mientras no haya “una agenda presidencial”, que, según él, “no está preparada para nada”.

Participación estadounidense “mínima”

Los líderes europeos, con su viaje de urgencia juntos a Washington, lograron frenar lo que parecía una entrega de Ucrania por parte de Trump, empujado por la cita con Putin en Alaska y por su entorno poco experimentado y en algunos casos con inclinaciones favorables al Kremlin. Pero casi una semana después, y después de varias reuniones, los europeos siguen sin lograr que Estados Unidos detalle cómo podría participar en una futura misión que dé “garantías de seguridad” a Ucrania para evitar más invasiones si hay un cese de hostilidades.

Tras una reunión entre responsables de Defensa el miércoles y otra entre diplomáticos con el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves, la conclusión es que cualquier participación de Estados Unidos será “mínima” y que en ningún caso incluirá tropas estadounidenses. Estados Unidos sigue sin comprometerse a nada en concreto, pero varias fuentes explican a CNN que al menos una parte de la Administración considera aportar drones de vigilancia y otras aeronaves no pilotadas por militares estadounidenses. En cualquier caso, Rubio repitió que “los europeos tienen que liderar” cualquier operación de ese tipo.

“Empieza a cundir la sensación de que será Europa quien tenga que hacer esto realidad sobre el terreno”, dijo un diplomático de la OTAN al medio Politico. “Estados Unidos no está plenamente comprometido con nada”.

A la vez, la Casa Blanca tampoco da muestras de estar presionando más al Kremlin para que acepte dentro de un marco de negociaciones esta operación. Se trataría de dar algún tipo protección a Ucrania ya que la pertenencia a la OTAN, que compromete a la defensa mutua, está congelada desde hace 17 años y fuera de la mesa de manera más clara desde que empezó la invasión a gran escala.

En las últimas horas, algunas señales del Gobierno de Trump recuerdan la cercanía de algunos de sus miembros a las posiciones rusas.

El vicepresidente JD Vance describió en una entrevista en Fox News a Putin como un líder “de maneras suaves”, “reflexivo” y “muy cuidadoso” que los medios estadounidenses no han retratado bien, según él, y que sobre todo “vela por los intereses” de su país. Vance, que azuzó la bronca en febrero en el Despacho Oval, también presumió de haber alertado a Zelenski antes de la reunión del lunes de que no hablaría “si se portaba bien”, utilizando palabras, como otras veces, como para dirigirse a un niño.

Veto y despidos

Más allá de la conocida retórica de Vance, lo que preocupa a los aliados son algunos pasos más concretos que dificultan mantener una relación de confianza con Estados Unidos.

La directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, dio la orden a finales de julio de no compartir detalles sobre las negociaciones con Rusia acerca de Ucrania con los miembros de la alianza de espionaje Five Eyes que Estados Unidos comparte desde la Segunda Guerra Mundial con Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, según confirman varias fuentes a la cadena CBS. Gabbard, que ha defendido en el pasado a Putin y al derrocado líder sirio Bashir Al Asad, ha quitado el visto bueno de seguridad a diplomáticos y agentes expertos en Rusia y la región, y Rubio ha reducido a la mitad los especialistas del Consejo Nacional de Seguridad. El resultado es que de cara a estas negociaciones o incluso a diseñar las garantías de seguridad faltan expertos en Washington, y son políticos o colegas de negocios inmobiliarios, como el caso de Steve Witkoff, los que quedan alrededor de Trump.

“Están volando a ciegas sin experiencia”, dice al New York Times Evelyn Farkas, directora ejecutiva del Instituto McCain de la Universidad Estatal de Arizona, experta en la región y ex alto cargo del Departamento de Estado. Según explica, el tipo de personas que el Gobierno ha despedido son justamente las que “han visto toda la inteligencia relacionada con las intenciones de Vladímir Putin”.

La falta de experiencia y conocimiento de la historia se une a las dificultades para mantener la atención de Trump que suele tener hasta su propio equipo. Unas horas después de la reunión de lunes, el presidente ha repetido que se trata de “la guerra de Biden” y ha dado mensajes contradictorios, a veces sugiriendo erróneamente que Ucrania había empezado la guerra y otras que debería atacar a Rusia.

Este jueves el ejército de Ucrania aseguró haber atacado una estación de bombeo de un oleducto en Rusia, a 40 kilómetros de la frontera ucraniana, y que sigue llevando petróleo también a Hungría y Eslovaquia, que a diferencia de los demás gobiernos de la UE han seguido comprando directamente el combustible de Moscú. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, publicó una carta que supuestamente le había enviado Trump diciendo que estaba “muy enfadado” por otro ataque anterior contra el mismo oleducto que interrumpió unos días el suministro.

Sin “ancla”

La falta de consistencia es una de las principales características de Trump, lo que supone un riesgo constante para mantener un frente común ante el Kremlin.

“No existe tal cosa como una posición fija para Trump. No hay un ancla, ninguna cosmovisión que lo guíe para comprender e interpretar el mundo. Todo es cuestión de negociaciones. Todo es personal. Todo es el sentimiento y el ambiente del último momento”, explica a elDiario.es Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora de riesgo político Eurasia Group. “No se trata de dónde estaba Trump en febrero o marzo, sino de dónde estaba la semana pasada y dónde estará la próxima. Y ese es un factor inherente a este proceso que generará riesgos”.

Esto puede beneficiar a Putin, que ya dilató negociaciones sin propósitos claros antes y después de la invasión de Ucrania a gran escala.

Trump le dijo al presidente francés, Emmanuel Macron, en unas palabras que captaron los micrófonos y referidas a Putin: “Creo que él quiere hacer un acuerdo para mí, por muy loco que suene”. Pero Moscú no ha dado ninguna señal de que sea así.

Mientras el Kremlin sugiere que una cita entre representantes de menor rango sería preferible y Trump se quita de en medio, Zelenski intenta asegurar con los europeos una propuesta más cerrada de la posible misión para Ucrania. Este viernes, el ministro de Defensa británico, John Healey, volvió a llamar a los colegas que han participado en las reuniones de la “coalición de dispuestos”, que de momento sólo tiene compromisos del Reino Unido, Francia, República Checa, Estonia y Lituania. El Gobierno español sigue sin pronunciarse.

Lavrov, el ministro ruso, insiste en que el despliegue de tropas europeas en Ucrania sería “una intervención extranjera” inaceptable en el país que Rusia ha invadido. El Kremlin dice que debería tener poder de veto sobre cualquier operación.

En estas circunstancias, Putin no ha dado ninguna señal de que vaya a renunciar a su idea de quedarse por la fuerza con parte de Ucrania o que tenga ninguna intención de reconocer la existencia del país que declaró su independencia en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. La cuestión abierta es hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a presionar para que el Kremlin mueva sus pretensiones sobre Ucrania.

“Ucrania se enfrentará una vez más a una disyuntiva”, explica a elDiario.es Keir Giles, analista del think-tank británico Chatham House y experto en defensa europea y en el ejército ruso. “Si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, pretende imponer las condiciones de rendición de Rusia a Ucrania, Kiev tendrá que elegir entre aceptarlas, lo cual sería desastroso para su propio futuro, o luchar, lo que podría ser la opción menos mala. Pero, en cualquier caso, la ambición de Rusia no va a cambiar, ya que ninguna potencia extranjera ha estado dispuesta a apoyar a Ucrania lo suficiente como para cambiarla”.

Funcionarios israelíes ratificaron este domingo su decisión de continuar con la ofensiva sobre Gaza, mientras los ciudadanos de esa ciudad reportaron intensos ataques aéreos y terrestres y las autoridades palestinas señalaron que el número de muertos por hambruna sigue aumentando.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el asalto a la ciudad, que ha generado alarma y críticas internacionales tanto en el extranjero como en Israel, continuará.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando y continuarán actuando con toda su fuerza para derrotar a Hamás, asegurar la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra bajo las condiciones establecidas por Israel”, declaró.

El viernes, Katz afirmó que se habían aprobado los planes de ataque y advirtió que la Ciudad de Gaza sería arrasada a menos que Hamás aceptara las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, incluyendo la liberación de todos los rehenes y el control permanente de la seguridad israelí sobre el enclave.

El Ejército israelí afirmó haber ampliado su asalto a la zona de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. “Las tropas están desmantelando la infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra, eliminando a militantes y reforzando el control operativo en la zona”, declaró el Ejército en un comunicado.

Añadió que la expansión del combate a otras zonas tenía como objetivo impedir el reagrupamiento de los combatientes de Hamás. “Las tropas continuarán operando contra las organizaciones en la Franja de Gaza para mantener la seguridad del Estado de Israel”, añadió el comunicado.

Según las autoridades sanitarias de Gaza, los ataques aéreos y los tiroteos israelíes han matado a más de 62.000 personas en la franja desde octubre de 2023.

MU con información de la agencia NA

A pesar de las advertencias y las críticas internacionales, así como de las protestas multitudinarias en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue adelante con su plan para ocupar por completo Ciudad de Gaza. Medios israelíes informan que miles de gazatíes ya han huido de la ciudad ante la inminente operación israelí. Las perspectivas son catastróficas para los palestinos, que ya sufren el hambre y el desplazamiento masivos, por lo que los mediadores árabes están intentando negociar un alto el fuego que pare, de momento, esa operación y abra la puerta al final de la brutal ofensiva israelí contra la Franja –que ha matado a más de 62.000 personas–.

El grupo islamista Hamas ha dado su visto bueno a una nueva propuesta de acuerdo presentada por Egipto y Qatar, que incluye la liberación de una decena de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que aún están con vida y la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza. Pero Israel no ha aceptado aún negociar con base en esa propuesta y Netanyahu había dicho que solo aceptaría un acuerdo que supusiera la puesta en libertad de todos los rehenes (unos 50, de los cuales se cree que más de la mitad están muertos). El único comentario que ha hecho hasta ahora el primer ministro es que “Hamas está bajo una presión inmensa” y, por ello, ha aceptado la propuesta.

El Gobierno catarí, principal artífice de los acuerdos anteriores, ha afirmado este martes que la propuesta actual busca “alcanzar un acuerdo integral para acabar la guerra” y que es “casi idéntica” a la que elaboró el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, hace meses. El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed Al Ansari, ha declarado desde Doha que no puede ser “abiertamente optimista” porque aún no se han producido progresos, aunque ha señalado que el contenido de la propuesta que está sobre la mesa coincide con las condiciones que Tel Aviv aceptó en rondas de negociaciones anteriores.

La última concluyó hace aproximadamente un mes, cuando Witkoff y los negociadores israelíes se retiraron, responsabilizando a Hamas del fracaso de los contactos, que no han dado frutos desde el pasado marzo, cuando Israel rompió el acuerdo de alto el fuego y reanudó la ofensiva contra Gaza, expandiendo su presencia en la Franja hasta dominar el 75% del territorio.

El presidente Donald Trump, a través de su enviado, no ha vuelto a ejercer presión sobre Netanyahu para que acepte un acuerdo, tal y como hizo poco antes de llegar a la Casa Blanca, cuando forzó la firma de un alto el fuego entre Israel y Hamas que estuvo en vigor entre enero y marzo pasados. Es más, el principal aliado y apoyo del Gobierno israelí ha adoptado su tesis de que es necesario acabar con Hamas antes de poner fin a la guerra en Gaza, un objetivo que analistas y estrategas militares consideran inalcanzable.

Presión interna

El lunes, Trump recordaba que fue él quien “negoció y consiguió la liberación de cientos de rehenes” –aunque, entre mediados de enero y principios de marzo, quedaron en libertad poco más de 30 cautivas y cautivos israelíes (a cambio de unos 2.000 presos palestinos)–. En mayo, Hamas entregó al rehén israelí-estadounidense Edan Alexander como gesto de buena voluntad hacia EEUU, que negoció su liberación al margen de los demás rehenes.

En los últimos meses, Trump ha cargado en varias ocasiones contra los islamistas. “Solo vamos a ver la vuelta de los rehenes cuando confrontemos y destruyamos a Hamas!!! Cuanto antes ocurra, más posibilidades de éxito habrá”, escribió el republicano en su red social Truthsocial este lunes.

Tanto Trump como Netanyahu parecen ignorar el mensaje de las familias de los secuestrados y de muchos otros israelíes que, el pasado fin de semana, salieron en masa a la calle (más de 2 millones de personas, según los organizadores) para pedir el fin de la guerra mediante un acuerdo que traiga de vuelta a los rehenes. El Foro de las Familias de los Rehenes y los Desaparecidos ha convocado más movilizaciones para el miércoles, cerca de la frontera con Gaza.

La madre de Matan Zangauker, uno de los rehenes, ha dicho este martes en una rueda de prensa que no permitirán que Netanyahu sabotee otra vez la posibilidad de un acuerdo. “Todo el pueblo de Israel no le permitirá perder la última oportunidad de traer de vuelta a mi Matan y a todos los rehenes, vivos y muertos”, ha asegurado Einav Zangauker.

El coordinador del Gobierno para los rehenes y los desaparecidos, Gal Hirsch, ha dicho a los parientes que todas las consultas “se llevan a cabo las 24 horas del día, bajo un silencio mediático absoluto”. “En general, y especialmente en un momento como este, es mejor que así sea”, ha afirmado, disculpándose por no poder compartir información, según el periódico israelí Haaretz. Otros medios de comunicación hebreos han señalado que el Ejecutivo rechazará la propuesta.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los socios más radicales de la coalición de Gobierno encabezada por Netanyahu se oponen en principio a cualquier acuerdo con Hamas, porque su objetivo declarado es la ocupación de la Franja y restablecer allí asentamientos judíos (que Israel desmanteló en 2005).

Ataques y desplazamiento forzoso

Sobre el terreno, el Ejército israelí continúa los preparativos para poner en práctica las directrices del Gobierno para tomar toda Ciudad de Gaza, la principal urbe de la Franja y que actualmente acoge casi un millón de personas –muchas de ellas desplazadas del norte de Gaza, que ha sido arrasado y vaciado por Israel en los pasados meses–.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa se reunió con los comandantes militares el lunes y les dio instrucciones para “continuar la campaña, con especial énfasis en aumentar los ataques contra Hamas en Ciudad de Gaza”. “Estamos preparando y aprobando planes”, aseguró Eyal Zamir, pidiendo a todas las formaciones que estén listas para continuar las operaciones militares en la Franja. “Continuaremos operando y creando las condiciones para la liberación de nuestros rehenes”, afirmó en un comunicado Zamir, quien se había opuesto a los planes del Ejecutivo para ocupar toda la Franja y ampliar la presencia de los soldados en el enclave por el riesgo que supone para sus hombres y para los secuestrados.

Los ataques israelíes contra Ciudad de Gaza y la actividad militar en las áreas orientales que ya han sido evacuadas en las pasadas semanas han aumentado desde que el gabinete de seguridad de Israel aprobara los planes para su ocupación el día 8 de agosto. Los tanques han tomado el control del suburbio oriental de Al Zeitun y no han cesado de disparar contra el barrio de Sabra, donde han matado a tres personas, según la agencia de noticias Reuters.

“Ha sido una de las peores noches en Sabra y Ciudad de Gaza, con explosiones que se escuchan por toda la ciudad”, ha contado a Reuters Nasra Ali, de 54 años, madre de cinco hijos y residente de Sabra. “Pensaba irme de mi casa cuando oí que había un posible alto el fuego. Quizás me quede un día o dos y, si no pasa nada, me marcharé con mis hijos”, ha dicho la mujer desde Sabra.

El pasado fin de semana, el Ejército anunció que se estaba preparando para “mover a los civiles de las zonas de combate” –esto es, expulsar– hacia el sur de la Franja de Gaza y, con ese fin, a partir del domingo permitiría la entrada en el enclave de “materiales de refugio” (tiendas de campaña, colchones, mantas, utensilios de cocina, etc.).

Las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias han alertado de lo que puede suponer el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas desde Ciudad de Gaza hacia las zonas costeras del sur, donde los campamentos de desplazados ya están saturados porque Israel ha enviado allí a los habitantes de muchas de las localidades que ha ido ocupando y vaciando desde el comienzo de la guerra (incluidas las ciudades de Rafah y Jan Yunis, las más pobladas del sur).

La ONU ha calificado en un comunicado de “avance positivo” el hecho de que Israel vaya a permitir introducir algunos materiales que había vetado desde marzo, “ya que la necesidad de refugios y artículos para el hogar ha aumentado”. “Sin embargo, resulta preocupante que el anuncio de las autoridades israelíes se relacione con la inminente expansión de las operaciones militares en Ciudad de Gaza. Esto desplazaría a miles de personas, una vez más, a una zona superpoblada en el sur de la Franja, prácticamente desprovista de infraestructura y servicios básicos, como agua, alimentos y atención médica”, ha lamentado.

Naciones Unidas y las organizaciones con las que trabaja en Gaza calculan que 1,35 millones de personas necesitan un alojamiento urgente y 1,4 millones carecen de utensilios domésticos básicos. Desde que Israel impuso un bloqueo total de la ayuda humanitaria el pasado marzo –que levantó parcialmente a finales de mayo–, casi 800.000 personas se han visto desplazadas de nuevo y necesitan un refugio, porque han tenido que dejar atrás el que tenían o este se ha deteriorado.

“El plan israelí de intensificar las operaciones militares en la Ciudad de Gaza tendrá un terrible impacto humanitario en las personas que ya se encuentran agotadas, desnutridas, desconsoladas, desplazadas y privadas de lo básico para sobrevivir. Obligar a cientos de miles de personas a desplazarse hacia el sur es una fórmula para un mayor desastre y podría equivaler a un traslado forzoso”, ha denunciado la ONU. Más de 200 ONG internacionales y locales han exigido que se les permita introducir en Gaza todo tipo de material de refugio y otra ayuda, en grandes cantidades, para poder hacer frente a las necesidades de los más de 2 millones de gazatíes.

Uno de los puntos destacados del acuerdo de alto el fuego es la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja, donde prácticamente toda la población pasa hambre y más de 260 personas han fallecido a causa de la desnutrición, incluidos 112 niños y niñas, según datos del Ministerio de Sanidad.

Aitor Zabalgogeazkoa se desempeñó como el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza durante dos meses, entre junio y agosto, y fue testigo del aumento del hambre entre los palestinos. Acaba de regresar a España y habló con elDiario.es sobre lo difícil que es para su organización y otras ONG internacionales ayudar a la población de la Franja, en medio de las crecientes restricciones del Gobierno israelí, que ha impuesto un bloqueo casi total sobre el enclave palestino desde hace meses.

En este contexto, las enfermedades y afecciones más comunes pueden convertirse en mortales en Gaza, debido a la falta de medicinas y de alimentos. Por ejemplo, una persona diabética puede ver una de sus extremidades amputada porque no recibe el tratamiento que necesita. Mientras que una persona celíaca está abocada a la desnutrición porque no puede basar su dieta en la harina de trigo, uno de los contados productos que Israel permite entrar en Gaza.

¿Qué has visto en estos dos meses en Gaza?

Hay un deterioro de la situación como resultado de 22 meses de guerra, la gente está muy cansada y desesperanzada, exhausta de intentar hacer su día a día porque ahora las rutinas son rutinas de supervivencia, como intentar conseguir comida o colocarse en el mejor lugar para pasar la noche, ya que mucha gente se está desplazando constantemente.*

La gente está tan cansada que quiere un alto el fuego, aunque sea provisional. [En julio] había cierta esperanza mientras se estaban desarrollando las negociaciones [entre Israel y el grupo palestino Hamás]. Ahora están bajos de ánimos tras el anuncio de la ocupación total de Ciudad de Gaza [hecho por el Gobierno israelí hace unos diez días].

* Casi la totalidad de los más de 2 millones de habitantes han abandonado sus hogares.

¿Qué va a pasar con los centros sanitarios de MSF en Ciudad de Gaza?

No lo sabemos. Si nos obligan a evacuar, tendremos que evacuar. Si no, veremos si podemos aguantar en la ciudad. Ocurre muchas veces que [el Ejército israelí] ordena evacuar un barrio y no nos dice que evacuemos las instalaciones médicas, pero eso no significa que podamos seguir trabajando. Si la actividad militar es bestial, llega un momento en el que no merece la pena quedarnos porque los propios civiles se marchan y es muy peligroso.

¿En qué zonas está MSF y puede trabajar en Gaza ahora mismo?

Tenemos dos hospitales de campaña, cinco centros de salud y apoyamos otros cuatro hospitales del Ministerio de Sanidad palestino, además de gestionar un programa de distribución de agua. Es lo máximo que podemos hacer ahora por todas las limitaciones que hay, tanto respecto a los visados [para el personal extranjero de MSF] como al material que entra en Gaza, aparte de por razones de seguridad.

A las 09:30 de la mañana, el personal ya está preparado en la sala de urgencias porque sabe que van a llegar heridos de los centros de distribución, que abren a las 09:00 de la mañana. Llegan heridos sistemáticamente. Ellos saben que va a pasar, no lo pueden evitar y lo tienen que gestionar, es muy desesperante

Los hospitales de campaña están en el centro de la Franja y sirven para apoyar a los hospitales grandes del Ministerio, que están totalmente abarrotados. Allí hacemos intervenciones que no son urgentes, rehabilitación, etc. Casi todos nuestros centros abren a las 08:00 de la mañana y a las 08:30 ya no pueden atender a más personas, atendemos a unas mil personas cada día, pero sólo hay unos cuatro o cinco médicos y una decena de enfermeros y fisioterapeutas.

No podemos atender todos los pacientes, incluidos los casos de desnutrición. Son sobre todo madres, embarazadas y lactantes, pero hemos tenido que endurecer los criterios para atenderlas. Si tuviéramos personal o comida terapéutica, atenderíamos a muchas más, pero ahora sólo están en nuestro programa unas 800 madres, algunas de ellas muy jóvenes. La mayoría son personas desplazadas, que viven en tiendas, que llevan un año como mínimo sin tener ingresos, que están comiendo mal...

¿Estás viendo también más casos de desnutrición entre los niños?

Los niños que hemos atendido ya tenían alguna afección previa, por ejemplo, un niño celíaco. Este niño que no puede comer harina [de los pocos productos que la ONU puede introducir en Gaza] y eso significa que está en peligro de desnutrición aguda y de morirse.

Muchos niños que tenían afección graves anteriores se están muriendo [por la desnutrición] porque no aguantan más. Y empezamos a ver desnutrición en niños que no están enfermos. Los niños que están en el programa de desnutrición se han multiplicado.*

[En las clínicas] solo vemos los casos graves y los que podemos atender, no podemos extrapolarlo a toda la población de toda la Franja, pero vemos que hay hambre. Cuando empiezan a aparecer casos graves, es un indicador de que hay un problema mayor en la comunidad.

Las personas que hemos estado en crisis como estas conocemos las caras de hambre y las distinguimos, y los gazatíes que acuden a los puntos de distribución [de comida] tienen caras de hambre.

* En Ciudad de Gaza, los pacientes apuntados en el programa de desnutrición de MSF se han multiplicado por cinco desde finales de mayo. El 9 de agosto, eran 1.599 personas, de las cuales 672 eran niños de menos de 5 años.

¿Aparte de los casos de desnutrición, qué otros pacientes atendéis?

Atendemos una cantidad anormal de casos de trauma debido a las explosiones, los tiroteos, los incidentes que hay en los centros de distribución de comida... Los casos de trauma son un 20% y eso es mucho más que en cualquier otro lugar.

Algunos días, la mayoría de los heridos llegan de los centros de distribución [de la Fundación Humanitaria de Gaza, gestionada por una empresa de Estados Unidos y respaldada por el Ejército israelí] más que de la propia actividad militar y los bombardeos. Lo que está pensado para ayudar a la gente, causa más heridos y muertos que la propia guerra.

Cada vez que llegan heridos de los puntos de distribución o de las colas de los camiones [de Naciones Unidas que consiguen acceder a Gaza con ayuda humanitaria], es una locura porque en dos o tres horas llegan cientos de personas. Es como si hubiera un accidente masivo y los heridos llegaran a un hospital en España, pero eso ocurre una o dos veces al día.

Traen a los heridos en carros tirados por burros o encima de los coches, los traen como pueden, y llega mucha gente herida y los que los acompañan. Es muy difícil gestionar esos momentos de emergencia y estamos perdiendo a gente porque no se puede gestionar tal barbaridad.

El personal está completamente agotado, no hay material suficiente ni sitio suficiente, en muchas ocasiones. Es difícil hacer el ejercicio que tienen que hacer los médicos de seleccionar quién está más grave y no se puede salvar y quién puede salvarse. Ya es suficientemente caótico, pero cuando pasa dos veces al día o cinco veces por semana, es inmanejable.

El personal médico también está sufriendo mucho en Gaza

Nuestros compañeros [palestinos] son ellos mismos desplazados, muchos viven en tiendas o en casas en ruinas, sin luz, sin agua para poder bañarse cuando vuelven del trabajo, sin comida... La situación es muy desbordante para ellos.

Nuestros centros están destinados a ser centros de atención primaria, tienen salas de urgencias con cinco camillas, por si acaso. Pero tienen que atender heridos constantemente. En los centros de atención del sur [en la zona de Al Mawasi] hemos atendido unos 1.300-400 heridos en dos meses.

A las 09:30 de la mañana, el personal ya está preparado en la sala de urgencias porque sabe que van a llegar heridos de los centros de distribución, que abren a las 09:00 de la mañana. Llegan heridos sistemáticamente. Ellos saben que va a pasar, no lo pueden evitar y lo tienen que gestionar, es muy desesperante.

El último día que estuve allí, a las 09:30 de la mañana llegaron tres heridos, dos con disparos en la cabeza y uno, en la nuca.

¿Ha conseguido MSF introducir suministros médicos en Gaza desde que Israel permite la entrada de algunos cargamentos?

Teníamos en Egipto unos 300 palés de medicinas bloqueados desde hacía meses y hemos conseguido introducir en la Franja unos 50, 60 o 70 palés máximo. Nunca conseguimos meter todo lo que necesitamos y todo lo que sería preciso.

Durante las pausas 'humanitarias' o 'tácticas', como las llama Israel [que las anunció a finales de julio], han entrado algunos camiones más. Ahora estamos a la espera de qué pasará el día 9 de septiembre, cuando Israel registrará o no a las organizaciones [humanitarias internacionales e independientes]. Si no nos registran, no podremos operar y nos tendremos que ir.*

* La ONU y otras ONG internacionales han alertado de que la mayor parte de las organizaciones podrían verse obligadas a retirar a su personal extranjero y a dejar de operar en Gaza y los demás territorios palestinos ocupados si no cumplen con los requisitos impuestos por las autoridades israelíes el pasado mes de marzo, que incluyen facilitar datos personales de sus empleados palestinos.

Un discurso político contra la evidencia científica. Los postulados de la ultraderecha respecto al cambio climático y sus consecuencias irrumpen desde hace años de manera estruendosa en el debate público sobre cómo deben abordar las instituciones una emergencia de sobra acreditada. La banalización de los efectos del aumento de la temperatura del planeta, sea en forma de lluvias torrenciales o de incendios cada vez más virulentos, es ya un rumor de fondo habitual en el combate dialéctico parlamentario. Y no solo eso. Porque la cada vez mayor capacidad de influencia de Vox en el PP gracias, principalmente, a sus acuerdos en comunidades y ayuntamientos, ha logrado impregnar la acción de administraciones que recortan sistemáticamente en políticas verdes al mismo tiempo que la crisis climática se acentúa.

El planteamiento es sencillo y tiene cada vez más eco: el cambio climático no existe, es un invento de la izquierda global para alimentar “chiringuitos” y los desastres naturales pasan porque han pasado “toda la vida”. Un discurso que la extrema derecha suele ornamentar con todo tipo de descalificativos y planteamientos deslumbrantes. En sede parlamentaria se ha escuchado a Vox, por ejemplo, hacer constante mención al “fanatismo climático” o al “ecologismo radical” de Pedro Sánchez por el despliegue de unas políticas de transición ecológica tildadas de “aquelarre”. Y también ha desarrollado teorías propias sobre la evolución del clima y sus consecuencias, no ya al margen de la ciencia, sino directamente de espaldas a ella.

“El cambio climático no es una amenaza para la supervivencia. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuera la de 1850? Cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI los efectos no tienen por qué ser desastrosos. Hoy en día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. Que se caliente un poquito más el planeta, para empezar, evitará muertes por frío”. El autor 'intelectual' de esa línea de 'no investigación' fue Francisco Javier Contreras, diputado de Vox, que se expresó así en el Congreso de los Diputados durante una reunión de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero también se pueden encontrar discursos equivalentes entre las filas del PP. La ya exconsellera del Govern valenciano de Carlos Mazón, Nuria Montes, llegó a atreverse a predecir el impacto positivo del aumento de las temperaturas desde un punto de vista económico. “Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística”, afirmó.

Porque, de manera más o menos explícita, lo cierto es que el principal partido de la oposición también ha transitado en lo discursivo hacia posicionamientos que cuestionan la evolución climática del planeta para tomar distancia de grandes consensos en los que también le costó aterrizar. Antes incluso de llegar a la Moncloa, el propio Mariano Rajoy ya ironizó en su día con la capacidad de predecir el aumento del clima en aquella exposición sobre un primo meteorólogo. “Si nadie garantiza ni qué tiempo hará mañana en Sevilla ¿cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años?”, dijo entonces.

El Partido Popular, posteriormente, sí se ha sumado a la defensa de las líneas maestras de una agenda verde demonizada ahora por la ultraderecha, pero que forma parte del corazón de las políticas de la Unión Europea. Y que de un tiempo a esta parte también los populares han puesto en diana por la influencia de Vox.

Negacionismo y recortes

Esta misma semana, de hecho, y en plena ola de incendios que han quemado Castilla y León por los cuatro costados, el presidente Mañueco restó relevancia a la posibilidad de invertir más en la prevención del fuego y en el impacto que el aumento de las temperaturas o la sequía tiene sobre la virulencia del mismo. “Los incendios forestales son cíclicos y las condiciones meteorológicas, imprevisibles”, sentenció, para dibujar un panorama poco menos que inevitable.

Al presidente de la Junta de Castilla y León, precisamente, le achacan desde el PSOE ser uno de los presidentes autonómicos que simbolizan la política de recortes en la prevención de incendios y en la precarización del cuerpo de bomberos. La oposición castellana y leonesa acusa al ejecutivo autonómico de eliminar puestos de control en los montes y vuelca sus críticas en la figura del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en una entrevista en 2018 llegó a calificar de “despilfarro absurdo” la inversión en la prevención de incendios para cuidar los montes durante el invierno. Desde el PSOE también recuerdan que este pasado curso político la mayoría de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León tumbó una iniciativa “para proteger y regular el trabajo” de los bomberos forestales.

En realidad, la disminución de los recursos para luchar contra el fuego es una tónica general entre las administraciones públicas, según denuncia la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo). En un estudio reciente basado en datos oficiales de ayuntamientos, comunidades y ministerios implicados, la asociación concluye que la partida destinada a la prevención de incendios se ha desplomado a la mitad desde 1999 hasta 2022. Si la suma de los recursos de todas las administraciones ascendía a 364 millones de euros en 2009, con los datos más recientes de 2022 el montante se reducía a 175,8 millones de euros.

De manera global, de los aproximadamente 1.100 millones de euros que se destinan al año –entre Gobierno nacional y comunidades autónomas– a incendios forestales, “en torno al 60%-70% están dedicados a la extinción”, según el cómputo general que hace la organización WWF tras rastrear los presupuestos más recientes.

Y todo ello a pesar de algunos pasos dados por el Gobierno nacional desde el departamento de Transición Ecológica. En 2024, por ejemplo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el estatuto que regula la profesionalización de los agentes forestales para garantizar unas condiciones de trabajo dignas. Una norma que a día de hoy no aplica ni una sola comunidad autónoma y que tampoco ha instaurado siquiera el propio departamento de Transición Ecológica en los agentes que forman parte de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales.

En junio, además, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 115 millones de euros contemplada en el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025. Y hace justo tres veranos el Gobierno emitió un decreto para regular la prevención y lucha contra incendios forestales que incluía obligaciones para propietarios de terrenos forestales, además de un fondo de compensación para cubrir los gastos derivados de los incendios forestales.

La tendencia de las administraciones gobernadas por el PP en las que Vox resulta imprescindible para la gobernabilidad es, sin embargo, acercarse al negacionismo institucional. Varios líderes territoriales populares, de hecho, han abjurado en público del Pacto Verde europeo diseñado para combatir la crisis climática y cuyos programas reciben partidas de los fondos de la UE para la restauración de ríos, rehabilitación de casas, transporte sostenible o recuperación del litoral.

Tras la DANA, Carlos Mazón llegó a calificar el Pacto Verde como un “dogmatismo climático” que “va directamente contra la esencia de nuestra economía”. El murciano Fernando López expresó en la Asamblea su “rechazo” explícito al Pacto Verde europeo. Y el aragonés Jorge Azcón se refirió a políticas “equivocadas, que son erróneas y que son objetivamente un disparate”. Unos postulados bendecidos por la dirección nacional del partido, que llegó a secundar el rechazo de Vox en el Senado a una moción sobre ese Pacto Verde.

En lo que va de año han sido arrasadas por el fuego más de 100.000 hectáreas en toda España. A última hora de este jueves se mantenían activas decenas de focos por todo el país en una crisis que se ha cobrado por el momento la vida de tres personas. La Organización Mundial de la Meteorología y las Naciones Unidas alertan, además, de que los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados, con una probabilidad del 80% de que al menos uno de esos años supere el récord actual de temperatura.

MU

En el marco de las elecciones presidenciales que se desarrollan este domingo en Bolivia, el funcionario electoral Óscar Hassenteufel manifestó en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz que la apertura de las más de 34.000 mesas de sufragio habilitadas en el país se realizó en términos generales “sin mayores dificultades”, con la activa participación de jurados y ciudadanos.

“La jornada se desarrolla con normalidad, con una alta concurrencia y entusiasmo de los electores. Hemos recibido reportes de algunos incidentes menores, pero ninguno de ellos altera el curso del proceso”, afirmó.

“La jornada transcurre de manera tranquila y esperamos que continúe así. Hacemos un llamado a todos los bolivianos y bolivianas que aún no se hayan acercado a sus centros de votación para que lo hagan durante el resto del día”, exhortó el presidente del TSE.

Más de 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en Bolivia presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supra-estatales.

La Asamblea Legislativa Plurinacional renovará 36 escaños en el Senado y 130 en la Cámara de Diputados, además de nueve delegados ante organismos internacionales.

El padrón electoral en Bolivia refleja la importancia de las nuevas generaciones con el 23 por ciento de los ciudadanos de menos de 30 años de edad y más de la mitad que no supera los 40 años.

La concentración urbana también resulta clave, ya que el 74 por ciento de los electores reside en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que se perfilan como decisivas para inclinar la balanza electoral.

El TSE habilitó 34.026 mesas de sufragio en 5.727 recintos del territorio nacional, al tiempo que las mesas permanecerán abiertas hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT), aunque quienes permanezcan en fila al cierre de la jornada podrán ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo en Bolivia cuentan con la observación de misiones internacionales como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras, que han desplegado representantes en las regiones del país para supervisar el proceso.

MU con información de la agencia NA

Lo único seguro en la nueva era de los aranceles de Donald Trump es la incertidumbre. Tanto dentro como fuera de Estados Unidos. A las puertas de los nuevos gravámenes mundiales que entran en vigor este 7 de agosto, el presidente ha demostrado que no hace distinciones entre aquellos países con los que ha pactado y los que no. En los últimos días, tan pronto ha amenazado a la UE con aumentar los impuestos al 35% (a pesar del 15% acordado), como ha anunciado un 25% adicional para la India. Dentro de EEUU, los efectos incipientes de los aranceles apuntan en dirección contraria a la gran “época dorada” que ha prometido el republicano.

Esta madrugada Washington impugna las últimas décadas de libre comercio promocionado en su propio beneficio, pero que según Trump ha sido injusto con los intereses del país. En un galimatías donde se entremezclan los aranceles universales del 10%, más los específicos para algunos productos como el 50% al acero, también se empezarán a cobrar los unilaterales a los 70 países que no lograron pactar una nueva cifra y los nuevos negociados con 34 socios comerciales.

En esta última categoría se incluyen los 27 miembros de la UE, cuyos productos serán gravados con un arancel del 15%. Al menos, hasta que Trump no diga lo contrario e intente cumplir sus amenazas. El desasosiego ya era previo a la última salida de tono del presidente, pues en la víspera de la entrada en vigor del acuerdo aún no se ha publicado ningún documento que explicite los detalles sobre cómo alcanzar los términos consensuados.

Las negociaciones de última hora entre Bruselas y Washington para lograr una excepción a los vinos, licores y cervezas europeos, ya dejaban entrever que, más que un reglamento comercial, se ha consensuado un marco referencial. Ejemplo de ello es que Trump ha estado hablando de los 600.000 millones de dólares que le prometió Bruselas como si fuera un cheque en blanco: “Puedo hacer lo que quiera”, ha llegado a decir. La Comisión Europea tiene ahora dos problemas: navegar con las delirantes expectativas de Trump, y lidiar con unas empresas (y sus accionistas) a los que no puede dictar dónde poner su dinero.

Trump ha mostrado los aranceles como un flujo de riqueza que irá a parar directamente a la economía de su país y pondrá fin a todos los males que supuestamente la aquejan. En la teoría del presidente, alzar las barreras comerciales devolverá las empresas a un país desangrado por la globalización y la deslocalización. También solventará el déficit comercial negativo. Incluso se ha atrevido a plantear que la recaudación (prevé cerca de tres billones de dólares en la próxima década) podrá reemplazar los impuestos sobre la renta.

Sube la inflación, baja el gasto del consumidor

Sin embargo, en los primeros seis meses de experimento comercial (y una buena dosis de incertidumbre), la inflación en Estados Unidos ya se ha disparado hasta el 2,7%, según los datos de junio. Un dato que contrasta con el 2,4% de mayo, y que marca claramente cómo los aranceles están impulsando los precios de algunos bienes. Todo, a la espera de que la semana que viene se publiquen los nuevos datos de evolución de los precios en julio.

Hay que tener en cuenta que muchas empresas se aprovisionaron de existencias ante el espectáculo de Trump en el llamado “día de la liberación” del pasado 2 de abril, con el presidente exhibiendo una pizarra para anunciar aranceles a medio mundo. Y el efecto tardará en notarse en los precios a medida que vaya agotándose ese stock.

A la par de la progresiva escalada de la inflación, el gasto del consumidor se ha enfriado ante un carro de la compra que, al contrario de lo que Trump prometió, no hace más que encarecerse. El banco de inversión Morgan Stanley estima que el consumo privado decelere del crecimiento del 5,7% de 2024 a un 3,7% en 2025. Y este primer freno se produce cuando la mayoría de ciudadanos aún no están notando el impacto incipiente de los primeros aranceles.

Las grandes cadenas están intentando absorber lo máximo posible los primeros aumentos para evitar perder clientes con las subidas del precio final. Sin embargo, esta tendencia no durará mucho, ya que la mayoría de analistas esperan que, en última instancia, las empresas acaben trasladando una mayor proporción del coste a los consumidores. Por ahora, el efecto ya se está notando en las cadenas de comercio minorista, con una ralentización de las ganancias de este sector, mientras los beneficios de banca y tecnológicas siguen disparados, tal y como refleja un reciente análisis de Financial Times.

Esto también explica el comportamiento del balance comercial, que hasta ahora está siendo mejor de lo previsto porque muchas empresas también han aumentado sus exportaciones para aprovisonarse de cara a los aranceles

Por si la volatilidad no fuera suficiente, aún queda por ver cómo se resuelve el tiempo de prórroga del que gozan China y México. El próximo 12 de agosto es la fecha límite para que se consiga cerrar un acuerdo comercial entre Pekín y Washington. A la espera del resultado, continúan en vigor los aranceles del 30% a las importaciones chinas. México, de donde Estados Unidos importa buena parte de los productos frescos que consume, aún tiene margen hasta octubre para lograr un pacto comercial. Este último es uno de los que tiene el potencial de hacer más daño en el bolsillo del ciudadano de a pie.

La situación de la economía estadounidense es prácticamente de pleno empleo, con el paro alrededor del 4,2%, pero los últimos datos de ocupación tampoco coinciden con la imagen de una economía boyante que tanto clama Trump. El viernes pasado se conoció que en julio se crearon unos 73.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de los 110.000 que esperaban los analistas .

Furioso ante un claro indicador de desaceleración, con un acusado descenso de las contrataciones, la respuesta del presidente fue negar los hechos y despedir de forma fulminante a la funcionaria que dirigía la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer. Este organismo va a afrontar un recorte de su presupuesto del 8% para el próximo año, dentro de la política de recortes draconianos del gasto público de la Administración Trump.

La reacción del mandatario no hace más que generar aún más desconfianza respecto a la economía estadounidense y al valor del dólar como divisa patrón. A esto, hay que sumarle las constantes amenazas de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no plegarse a sus designios y negarse a bajar los tipos de interés.

La posibilidad de que los indicadores económicos estadounidenses dejen de ser objetivos, más los constantes giros de guion en la política comercial, siguen pesando más para muchas compañías que las amenazas arancelarias a la hora de decidir si ponen sus fábricas de vuelta en el país.

En este sentido, los tantos que Trump se ha podido anotar son escasos. Por un lado, la inversión de 100.000 millones de dólares de la taiwanesa TSMC en la construcción de plantas de semiconductores en EEUU. Y por otro, el anuncio de Apple de invertir 500.000 millones de dólares para abrir una fábrica en Texas en los próximos cuatro años.

La angustiante búsqueda en la mina El Teniente, en Chile, terminó de la peor manera cuando las autoridades confirmaron, este domingo, el hallazgo del cuerpo sin vida de Moisés Pávez, el último de los seis mineros que se encontraban atrapados desde el pasado jueves, con lo cual se confirmó que no hubo sobrevivientes en la tragedia.

“Hoy damos término a una etapa muy importante que fue la de encontrar los cuerpos de los trabajadores accidentados. Lamentamos profundamente este desenlace, pero al menos esperamos dar un poco de paz a sus familiares”, declaró el fiscal.

La noticia generó una profunda conmoción en todo el país. El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó a Rancagua para reunirse con las autoridades y acompañar a las familias de las víctimas en este duro momento.

El derrumbe, ocurrido el pasado jueves 31 de julio en la comuna de Machalí, a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, se produjo como consecuencia de un fuerte sismo, que dejó también nueve heridos, quienes lograron salir de la mina subterránea y se pusieron fuera de peligro.

Los operativos de búsqueda continuaron a partir de allí para dar con los dos trabajadores que permanecían desaparecidos, cuyos cuerpos fueron siendo hallados desde el viernes.

Las autoridades investigan si el temblor fue provocado por un sismo natural que sacudió la región el jueves por la tarde, o si se originó a raíz de actividades realizadas en el interior del yacimiento de cobre.

MU con información de la agencia NA

Repudiada desde su génesis por Naciones Unidas y la práctica totalidad de las ONG dedicadas a la ayuda humanitaria por su diseño contrario a las nociones más básicas sobre el reparto de alimentos a poblaciones necesitadas, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) comenzó a operar en la Franja el 19 de mayo. Lejos de resolver los acuciantes problemas de acceso a la comida de la sitiada población palestina, el sistema centralizado de distribución patrocinado por Israel y EEUU ha provocado más muertes: ir en busca de harina puede significar morir acribillado a balazos de soldados israelíes o mercenarios.

Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron este martes que en las 48 horas previas habían muerto de hambre 33 personas, de las cuales 12 eran niños. Esto eleva a 101 (80 menores) los fallecidos así desde el comienzo de la invasión israelí, en octubre de 2023.

Exasperado ante la masacre cotidiana, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó el lunes el mecanismo de “sádica trampa mortal”. El martes fue más allá: “Es el infierno en la Tierra”. El comisionado señaló que ya han muerto en las inmediaciones de los puntos de reparto de la GHF, fuertemente protegidos por francotiradores de gatillo fácil, más de 1.000 personas.

Al secretario general de la ONU, António Guterres, se le acaban los términos comparativos y las metáforas. “Es un espectáculo de terror”, dijo el jueves sobre la situación general en Gaza. “Estamos viendo las últimas bocanadas de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios”, señaló tras el bombardeo de un edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Deir al Balah, en el centro de la Franja, en medio de una ofensiva terrestre que ha provocado otro éxodo interior de gazatíes, empujados ya casi literalmente hasta el Mar Mediterráneo.

Médicos, voluntarios, periodistas

El hambre afecta ahora a todas las capas de la población gazatí. “Muchos caen desmayados por el hambre y el agotamiento mientras cumplen con su deber: informar de las atrocidades y aliviar a los que sufren”, explicó Lazzarini, refiriéndose a los médicos, enfermeras, trabajadores humanitarios y periodistas que siguen en activo en la Franja.

Quienes intentan ayudar se convierten víctimas.

“Mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se están sumando a las colas para recibir alimentos, arriesgándose a ser tiroteados solo para poder alimentar a sus familias”, explica un comunicado firmado este martes por Amnistía Internacional y otras 108 organizaciones humanitarias de todo el mundo. “Con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias están viendo cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos”.

El relato de lo que está pasando a quien intenta ayudar o contar lo que sucede coincide con el de la agencia de noticias France Presse (AFP), uno de los pocos medios que mantienen reporteros en Gaza, donde Israel veta la entrada de periodistas internacionales. “Desde que se fundó AFP en agosto de 1944, hemos perdido a periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir a un colaborador de hambre”, dijo la agencia en un comunicado en el que señala que alguno de sus colaboradores vive “en la más absoluta indigencia”.

La denuncia de AFP provocó la reacción del Gobierno francés, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió que Israel permita la entrada de periodistas en la Franja y dijo que la nueva ofensiva militar, lanzada el lunes contra un área en el centro de Gaza que desde el inicio de la invasión no había sido objeto de un ataque con tropas terrestres, es “lamentable” y “no tiene justificación posible”.

Aunque España y otros 24 países han reclamado el fin de la operación, la Unión Europea, que representa a gobiernos divididos sobre el asunto y necesita unanimidad para actuar en política internacional, sigue sin tomar medidas para castigar a Israel por sus acciones.

“Los gobiernos deben dejar de esperar a que se les permita actuar. No podemos seguir esperando que los acuerdos actuales funcionen”, pide el comunicado firmado por 109 organizaciones humanitarias.

Ofensiva militar, hambre y limpieza étnica

La ofensiva militar que la UE critica, pero no castiga vino precedida por la orden israelí el domingo de evacuar, con apenas unas horas de margen, un sector donde, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se encontraban en ese momento entre 50.000 y 80.000 personas. Muchos han huido hacia Mawasi, una zona de playa que se extiende al sur y donde ya sobrevivían en tiendas de campaña multitudes de desplazados.

Es justamente con los supervivientes que resisten en Mawasi con los que Israel pretende poblar la supuesta “ciudad” que proyecta sobre la cercana, pero demolida ciudad de Rafah, según el plan anunciado este mes por el ministro de Defensa, Israel Katz. Un emplazamiento con características muy similares a las de un campo de concentración: con control de entrada y sin posibilidad de salida, salvo que sea fuera de Palestina. En el diseño de ese plan y en la preparación de la “sádica trampa mortal” de la GHF estuvo implicada la misma gran consultora estadounidense.

Al menos 73 palestinos murieron en ataques del ejército israelí cuando esperaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, dijeron hoy domingo las autoridades sanitarias de esa área en un comunicado de prensa.

Hamas demandó una investigación internacional urgente sobre “el sospechoso mecanismo estadounidense-israelí para distribuir ayuda, que se ha convertido en un mecanismo para el asesinato sistemático de civiles”.

Los actuales puntos de distribución de ayuda en Gaza son administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, siglas en inglés) apoyada por Estados Unidos e Israel.

Contrario a las normas humanitarias internacionales establecidas para distribuir asistencia en comunidades locales, la GHF abrió sólo cuatro sitios en toda Gaza en zonas militares israelíes restringidas, donde civiles hambrientos entran por corredores vallados bajo el escrutinio de contratistas de seguridad armados. El caos es enfrentado con disparos.

Mohammed Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa, que recibió a la mayoría de las víctimas, dijo en un comunicado de prensa hoy que Gaza está registrando “asesinatos en masa” mediante la hambruna.

El personal médico y los pacientes en su hospital no han comido un solo alimento durante todo un día, añadió.

En otro incidente en el sur de la Franja de Gaza, el Complejo Médico Nasser en Jan Yunis reportó que al menos seis palestinos murieron a causa de un ataque israelí cerca de un centro de ayuda al norte de Rafah.

El ejército israelí no emitió comentarios sobre ninguno de los incidentes.

MU con información de la agencia NA

Es solo un párrafo en un documento firmado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas (provincias), pero se ha convertido en una luz en la oscuridad para miles de personas en España. El covid persistente se ha reconocido oficialmente como una enfermedad crónica. Así lo recoge el Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, que el Consejo Inteterritorial de Salud acaba de aprobar y que mandata a “establecer circuitos asistenciales específicos y protocolos de seguimiento multidisciplinar para personas con síntomas prolongados tras el COVID-19, garantizando una respuesta adaptada, integral y basada en la evidencia”.

Carmen Parrilla toma el teléfono, fatigada, tras conocer la noticia. En su actual vida, que aún le cuesta reconocer, todavía hay margen para la alegría. Hace cuatro años y medio, en la Nochebuena de 2021, se contagió con la variante ómicron y desde entonces el camino tortuoso de pruebas médicas, tratamientos paliativos e incertidumbre no le habían dado un respiro. “Que se nos vea, que haya luz, que sea un primer paso”, dice esta mujer de 57 años que se siente “atrapada en un cuerpo de una anciana”. La lista inacabable de síntomas desembocó a finales de 2023 en una incapacidad permanente –sujeta a revisión– para trabajar. Le duelen tanto las articulaciones que necesita muchos días muletas para caminar y se agota con actividades tan cotidianas como tomar el transporte público. “Luego lo pago”, lamenta.

“Hemos colapsado durante estos años la salud porque no sabíamos lo que teníamos. Sufríamos problemas de salud importantísimos pero nadie nos hacía mucho caso”, resuelve José Méndez, presidente de la Asociación Madrileña de Covid Persisente (AMACOP). Su vida cambió de golpe en mayo de 2021, cuando ingresó en el hospital con una neumonía bilateral causada por el virus.

Nunca nada volvió a ser como antes. Lo despidieron de su trabajo como director financiero en una gran empresa y ahora, con una buena carga de deudas económicas con familiares y amigos a la espalda, tiene un puesto es un centro de trabajo especial para personas con discapacidad. Intentó que fuera una jornada completa pero el cuerpo no le aguanta.“Cuando llego a casa a mediodía, como y me quedo toda la tarde acostado”, explica a elDiario.es. Ha recurrido a la negación de la incapacidad permanente para trabajar y está a la espera de juicio.

Esta situación se repite en muchos enfermos, según las asociaciones de pacientes. No solo es el malestar diario, el haber perdido la salud, sino las estrecheces económicas derivadas de tener limitaciones para seguir trabajando. O directamente no poder. No hay cura para lo que les pasa –que puede diferir, además, entre unos enfermos y otros– sino tratamientos para reducir los síntomas uno a uno.

Muchas preguntas sin responder

El covid persistente sigue despertando una maraña de preguntas sin respuesta que tiene perdidos a los investigadores y a los médicos. Todavía no se ha medido su prevalencia en España –no se sabe cuántas personas siguen sufriendo estos síntomas de manera crónica– y tampoco se tiene claro qué lo desencadena. El primer paso es definir lo que es, algo que aún no ha sucedido oficialmente.

La Organización Mundial de la Salud ofreció en 2023 la siguiente descripción: “La afección posterior al COVID-19, también conocida como ”COVID de larga duración“, hace referencia a una variedad de síntomas prolongados que algunas personas presentan después de haber padecido la enfermedad. Esos síntomas pueden persistir desde la enfermedad inicial o presentarse después de la recuperación. Pueden aparecer y desaparecer, o reaparecer con el tiempo”. Los síntomas asociados por el organismo de Naciones Unidas a esta dolencia son la fatiga, la disnea y la disfunción cognitiva – confusión, pérdida de memoria o falta de concentración y claridad mental– que “pueden menoscabar la capacidad para realizar actividades cotidianas como trabajar o realizar labores domésticas”. Y deben persistir al menos durante dos meses.

La Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP) da estas coordenadas para encuadrar la enfermedad: personas que tienen síntomas persistentes después de 12 semanas tras la infección, que se mantienen al menos durante dos meses y que no se explican por ninguna otra patología. Este último detalle es clave y explica por qué la mayoría de los pacientes han llegado al diagnóstico por descarte.

“Los estudios estiman que en España hay 2,4 millones de personas en esta situación, que ahora pasan a ser considerados enfermos crónicos”, explica Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la ReiCOP. Como los diabéticos o los hipertensos. “Desconocer tantas cosas nos pone inquietos pero obviamente algo pasa”, zanja la médica que también está al frente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). El reconocimiento como enfermedad crónica, piensan en la REiCOP, “da carta de naturaleza a lo que pasa cuando estábamos mirando para otro lado”.

En el caso de Nelly Gran, una aragonesa de 44 años, el virus llegó para quedarse en su cuerpo al tercer contagio en marzo de 2022. Diez días después corrió al hospital por un trombo. Nunca había tenido ningún problema cardiovascular antes. “Me empiezan a pasar cosas raras. Mi cabeza no funciona, dejé de saber sumar y tengo que escribirlo todo en una libreta en papel porque en el celular no soy capaz. Me agobio mucho”, describe al otro lado del teléfono. También ha perdido visión de uno de los ojos.

Las ocho organizaciones que han negociado con el Ministerio de Salud esta nueva consideración consideran “crucial” que los médicos puedan codificar el covid persistente en las historias clínicas para “a nivel macro conocer la dimensión del problema, el número de afectados reales y poder dotar a las administraciones de los recursos para hacer frente a este problema de salud pública”. Otro de los pasos pendientes, advierten, es “trabajar con el INSST (Instituto Nacional de la Seguridad Social) el estudio y reconocimiento de las incapacidades laborales” para evitar la judicialización de los procesos a los que se ven abocados muchos enfermos.

Las cosas han cambiado, en todo caso, para bien, según los pacientes. Catalunya, Aragón, Euskadi, Castilla y León, Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias tienen unidades de atención integral a pacientes con covid persistente. Galicia contaba con otra pero la cerró. “Cuando íbamos en 2020 a las consultas nos tomaban por locas. Imagínate, además siendo la mayoría mujeres”, recuerda Delphine Crespo, presidenta de la asociación Long Covid de Aragón y una de las personas que ha actuado de interlocutora con Salud. “Primero conseguimos la PNL, presentada por Sumar, en noviembre de 2024, y en paralelo pedimos que nos recibieran en Salud Pública y nos apoyaron”, cuenta.

Crespo también deposita muchas esperanzas en este avance. “Hasta ahora no tenemos ningún reconocimiento oficial a nivel del flujo asistencial. Todos los organismos por los que pasábamos eran un limbo, incluidos los tribunales del INSST. Dependíamos de lo que el profesional supiera de la enfermedad y de su voluntad al vernos. Ahora tendremos un marco que además será igual en todas las comunidades”, señala. “Es una enfermedad muy dura, invisible y que poca gente entiende. Esperamos que gracias a este reconocimiento se despierte más comprensión”, concluye.

MU

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijo este domingo que si la derecha regresa al Gobierno de Bolivia en las próximas elecciones generales “eliminará el Estado Plurinacional” con el fin de que “el movimiento campesino no tenga representación” en el Legislativo.

“Si la derecha llega tal como está, primero va a eliminar el Estado Plurinacional (...) y no es una pequeña cosa, ya tienen ellos un plan, es el plan del imperio”, manifestó Morales en su programa dominical de la radio Kawsachun Coca, afín al expresidente.

Según Morales, los nueve postulantes plantean “de frente” la privatización de empresas públicas y la capitalización “del imperio” que no beneficia “al pueblo”.

“No hay partido de izquierda en este momento”, aseguró el exgobernante.

El Estado Plurinacional nació en 2009, durante el Gobierno de Morales, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde se reconoce en Bolivia la diversidad cultural y étnica del país.

Por tanto, un Estado Plurinacional es una forma de organización estatal donde coexisten diversas naciones o pueblos dentro de un mismo territorio, con el reconocimiento de sus identidades culturales, derechos y participación política.

Morales, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato pese a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato.

Sus seguidores bloquearon carreteras durante dos semanas en junio para forzar la inscripción de su candidatura con un partido que no está habilitado para estas elecciones.

El expresidente, que renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder el liderazgo, busca crear un nuevo partido político, Evo Pueblo, aunque todavía no ha iniciado el trámite para obtener su personalidad jurídica.

El MAS tenía previsto inicialmente que el presidente Luis Arce buscara la reelección, pero el mandatario renunció en mayo a esa intención, tras lo que el partido gubernamental designó al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo como su candidato.

El partido oficialista se fragmentó por la pelea entre Morales y Arce por el control del MAS, la forma de administrar el Gobierno y la candidatura oficialista para las elecciones del próximo agosto, a lo que se sumó la decisión del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de postularse por su cuenta.

MU con información de la agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá un arancel del 30 % a los productos procedentes de la Unión Europea (UE) y México, que entrarán en vigor el 1 de agosto, en una nueva escalada con respecto a anuncios anteriores.

Trump aseguró que consideraría reducir los aranceles si la UE ofrece “acceso completo y abierto al mercado de Estados Unidos, sin aranceles”, y si México intensifica su lucha contra los carteles de la droga, que, según él, intentan convertir “toda Norteamérica en un campo de juego para el narcotráfico”.

El mandatario anunció las nuevas tasas arancelarias en cartas muy similares dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las cuales publicó en su red social Truth Social.

En ambas misivas, Trump señalaba que si el bloque europeo o México toman represalias con aranceles más altos hacia EE.UU., “la cantidad que decidan aumentar se añadirá al 30%”.

El republicano también dio la oportunidad a los socios comerciales del Viejo Continente y México a librarse por completo de los aranceles si deciden fabricar productos en Estados Unidos.

“En otras palabras, en cuestión de semanas, la Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado estadounidense, sin aranceles, con el fin de reducir el gran déficit comercial”, escribe Trump en su carta a la Unión Europea, mensaje que repitió en la misiva a México.

En el caso de México, el mandatario explica que estos aranceles podrían modificarse, “al alza o a la baja”, dependiendo de las relaciones entre Estados Unidos y México.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente”, escribió Trump a Sheinbaum.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si ese porcentaje del 30 por ciento solo se aplicará a los bienes que no cumplan con el T-MEC 2020 (como ha sido el caso con Canadá).

Trump envió cartas similares esta semana a otros 23 socios comerciales de EE.UU., entre ellos Canadá, Japón y Brasil, estableciendo aranceles generales que van del 20 % al 50 %.

En mayo, Trump amenazó a la UE con aranceles del 50 % y apuntó que las negociaciones comerciales con el bloque europeo “no están dando frutos”.

No obstante, desde entonces, se han producido intensas negociaciones entre funcionarios estadounidenses y europeos.

Von der Leyen, por su parte, este sábado indicó que Bruselas sigue dispuesta a continuar con las negociaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, pero no descarta contramedidas “proporcionadas” para “salvaguardar” los intereses europeos.

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió este sábado la voluntad de la Unión Europea (UE) de mantenerse “firme, unida y dispuesta” a proteger sus intereses, a la vez que “construyendo asociaciones comerciales sólidas en todo el mundo”.

Por su parte, la mandataria mexicana de momento no ha respondido a la nueva medida de Trump.

MU con información de la agencia EFE

Si la corrupción fuera un robo a un banco, la empresa y el político serían el cerebro de la banda criminal y el funcionario corrupto, el ladrón que irrumpe con la pistola. En los amaños como los conocidos en grabaciones del caso Koldo/Ábalos/Cerdán, se necesita un “triángulo”, como explica Joan Llinares, auditor de profesión y, hasta hace poco, director de la Agencia Antifrau de la Comunitat Valenciana, desmantelada de funciones tras la llegada del Gobierno de PP y Vox.

En ese triángulo se habla mucho del político, “poco de la empresa y casi nada del funcionario”, explica este experto, conocido por destapar la trama del Palau de la Música de Barcelona, en la que se descubrió malversación y coimas de más de 6 millones para Convergència a principio de los 2000.

¿Cómo es posible? “Con la ley en la mano, en el marco teórico es imposible que haya corrupción, porque tenemos una normativa procedimentalista, ya no puedes blindarlo más desde la ley. Llevamos muchos años y esto no para, no disuade”, explica Felio José Bauzá, catedrático de derecho administrativo de la Universitat de les Illes Balears y administrador civil del Estado en excedencia. Aun así, las soluciones apuntadas tras el caso de corrupción en el PSOE, que Sánchez ha presentado en un pleno monográfico en el Congreso, van encaminadas a endurecimientos legales, a la vigilancia del dinero de partidos y a auditorías de empresas. El problema es que la ley las aplican las personas, capaces de moldearlas y encontrar recovecos de sombra, explican quienes tratan con la corrupción, y ese es el principal problema, además de una cultura tolerante con las trampas.

De hecho, la radiografía de una adjudicación deja claro que la corrupción empieza antes de que se redacte la primera línea de un pliego o un contrato. “El proceso se inicia cuando una institución quiere contratar. Tiene que hacer un informe que explica que es necesario buscar en el mercado ese bien o servicio, otro informe que justifica que es algo que no se puede hacer con medios propios y ahí ya vemos un problema, porque en ese momento se informa de una horquilla de precio. Para saber ese precio ya hay que acudir a empresas del mercado. Por ejemplo, el alcalde que quiere comprar 500 sillas tiene que preguntar a una o varias empresas de sillas para poner una cifra”, explica Bauzá, que apunta a que ahora la ley permite que la empresa que te dio el precio de referencia se presente, algo que estaba prohibido antes de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Esa ley es muy estricta con el proceso y los plazos. Tanto, que solo las grandes empresas tienen departamentos jurídicos y administrativos capaces de presentarse a concurso de la magnitud de construir carreteras o túneles como los de Belate, lo que reduce mucho la competencia, donde reside otro peligro de corrupción.

En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras: Acciona –la que aparece en el auto del caso de Santos Cerdán–, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. La CNMC reveló que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos de carreteras, hospitales o aeropuertos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. “Pusieron a los mejores estudios de abogados de España a recurrir”, recuerda Llinares, y el caso a la espera de resolución judicial tras los recursos que presentaron las constructoras. Según la CNMC, en España se pierden alrededor de 40.000 millones de euros anuales por la falta de competencia en la contratación pública.

En este tipo de corruptela no es estrictamente necesaria la participación de un político o un funcionario, sino que es una concertación ilegal de precios y estrategias entre ellas que no se detecta desde la administración, pero a veces se recurre a otros trucos de amaño que sí implican a empleados públicos o altos cargos, como en el caso del ministerio de Fomento en la época de Ábalos.

Cómo es la corrupción de un contrato

El líder de un ministerio y su equipo de confianza son quienes deciden las líneas básicas de gasto e inversión y, en el caso de Fomento, qué obras se van a priorizar en España. Decide si se hará un puente en Sevilla o se gastará el dinero de ese año en un túnel en Cantabria. En ese momento, antes de que se inicie el proceso legal, se da indicación a uno o varios altos cargos y/o funcionarios de quién se quiere que gane el concurso. ¿Cómo se puede conseguir ese objetivo? Se puede amoldar las condiciones de los pliegos a las características de la empresa o darle información previa bajo mano. Luego, se aprovecha la parte subjetiva que tienen todos los concursos públicos para darle más puntos que al resto.

En las licitaciones públicas hay una parte objetiva, que es el precio, y que favorece a quien haga la oferta más económica. Pero hay una parte técnica, que es subjetiva a valoración de una especie de tribunal llamado mesa de contratación. “Ahí no hay políticos, sino técnicos. Puede haber un auditor , el secretario, el jefe jurídico y alguien de la rama de conocimiento de lo que se está sacando a concurso”, explica Bauzá, consejero también del Observatorio de Contratación Pública. Se valoran las calidades, el personal que se destina a la obra, las mejoras que se hayan ofrecido respecto a lo que se pedía en el pliego... Ahí es donde el juez Leopoldo Puente cree que se dio ventajas a Acciona, subiendo la puntuación de sus ofertas.

Pero, además, hay otro truco clásico de los corruptos: la empresa se presenta con un precio muy bajo que le supondría casi pérdidas para obtener puntos en el concurso, pero habiendo pactado de antemano con el político o el funcionario que, durante la ejecución de la obra, se va a subir un 20% el precio, tal y como permite la ley en casos extraordinarios. Es algo que el magistrado del caso de los amaños en Fomento también apunta en su investigación. Entre el 10% y el 30% del dinero en una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción, según un informe de Competencia.

“Para que pueda suceder todo esto tiene que haber una tecnoestructura putrefacta que da apariencia de legalidad a todo”, dice Llinares, que puntualiza también que, entre el funcionariado, “hay gente muy honesta, que incluso se enfrenta a problemas por serlo, pero hay otros que no han entrado siempre por mérito y capacidad y son incluso muy activos para hacer favores”.

“Es que hemos visto pliegos públicos que se han redactado directamente desde ordenadores de la empresa que ha acabado ganando el concurso”. También ha vivido alguna experiencia personal: “Cuando empecé mi carrera como auditor, en los años 80, me ofrecieron 150.000 pesetas por hacer un informe, y yo ganaba 80.000 al mes”. Los controles han mejorado, las leyes se han endurecido. Pero hay espacio aún para las presiones, los amaños y las tentaciones corruptas entre esa tecnoestructura.

Eider Sarria –funcionaria, experta en auditoría y prevención de conflicto de interés– concuerda en que “cuando ves el procedimiento es inmaculado, el Tribunal de Cuentas lo daría por bueno, pero hay que establecer una buena red de controles previos porque el riesgo se inicia antes, en la preparación de los expedientes y es ahí donde hay que estar atentos”

La arquitectura española de control es interna (los auditores, que los hay en ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado) y externa (Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas). A veces todo falla o, sin fallar, no tiene recursos o capacidad de ver o probar amaño si ningún protagonista alerta. A veces se alerta, pero el sistema silencia al denunciador.

Llinares pone como ejemplo el caso de la privatización de las ITV de la Comunitat Valenciana que ha supuesto la condena a cárcel de Eduardo Zaplana: “El auditores que formaba parte de la mesa de contratación dejó escrito que el contrato podía generar perjuicios económicos a la Generalitat. Ese funcionario desapareció de la mesa. El nuevo auditor que pusieron lo dio todo por bueno y centró la concesión en lo técnico y no en lo económico. Los Cotino –la familia del exdirector de la policía que se hizo con la concesión– se llevaron el concurso y licitaron 40 millones de euros de plusvalía. Además, se subieron las tarifas de las ITV a los ciudadanos. Ese auditor que permitió el contrato está hoy en ejercicio”, resume. De momento, no se han reclamado esos 40 millones de perjuicio para las arcas de la Generalitat que el primer auditor ya previó.

Solo una condena judicial o administrativa puede apartar a un funcionario de su puesto –aunque hay también procedimientos de multa o reprobación– o puede prohibir a una empresa corruptora presentarse a concursos públicos. Pese a que estos días se piden cambios para apartar a las corruptoras, la ley ya contempla como castigo que una empresa que ha amañado concursos quede inhabilitada para presentarse a más licitaciones por un periodo de tiempo o en un ámbito geográfico. Pero es una pena que debe constar específicamente en la condena, y no siempre lo está.

Por otra parte, no se puede apartar a la empresa hasta que haya una sentencia firme, que puede tardar años. En otros casos, pese a que pueda haber indicios de corrupción, si no se puede demostrar judicialmente el amaño, pueden seguir presentándose y llevándose millones de dinero público en contratos con la administración. Tras la DANA, el gobierno de Mazón está sacando contratos de emergencia (que se pueden dar a dedo y con muchas menos garantías de fiscalización) a empresas relacionadas con tramas corruptas en esa comunidad.

El caso de los funcionarios es aún más difícil de probar el ilícito, porque los procedimientos en los que participan se han amoldado a una apariencia legal, y solo si hay mails o mensajes que han dejado rastro se puede hablar de evidencia de su participación consciente en la corruptela.

Posibles soluciones

“La ley requiere de su aplicación por parte de personas. Si no hay conciencia social y ética, es complicado. Los sistemas se han implantado por imposición, por ejemplo por las indicaciones de la Unión Europea en su desembolso millonario de fondos, pero si no hay convicción es complicado que los sistemas de integridad sirvan para el propósito para el que han sido diseñados”, explica la experta Eider Sarria.

Los inspectores Hacienda agrupados en el sindicato Gestha, que también representa al cuerpo de auditores, han propuesto también soluciones. Además de criticar que se hayan desmantelado oficinas Antifraude como la de Baleares con la llegada de Vox a los gobiernos autonómicos, proponen “desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados en todos los casos, para dificultar que se produzcan injerencias políticas o empresariales, es decir, alejar la toma de decisión”. O “que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público” en las horquillas que prevé el Código Penal.

Llinares apunta más soluciones: “Que no se tarde 15 años en juzgar o que se acabe lo de imputar a políticos, rozar a los empresarios y no tocar la tecnoestructura que lo hace todo posible. De hecho, cuando vemos financiación irregular de partidos, el caso se queda en el tesorero o el maletinero que llevó los millones, como en el caso Palau o en Gürtel”.

Para este experto dedicado a la prevención de la corrupción, que ha sido sustituido en la Agencia Antifrau valenciana por un afín al PP y a Zaplana, “debe haber una voluntad política real y un pacto, porque requiere una reforma de la estructura administrativa y la ley, con una prevención y agencias antifraude que integren todos los controles. Ahora están dispersos y cada uno va a la suya. Es un fenómeno complejo con muchos factores y ahora se centra en la persona a la que hayan pillado. Hay que promover una nueva cultura y tocar el sistema”.

La familia estadounidense de la ciudadana canadiense Cynthia Olivera dice sentirse traicionada por el Gobierno de Donald Trump. Ellos, que apoyaban su plan de deportaciones masivas, están sufriendo la detención de Cynthia en California.

Los agentes federales la arrestaron cuando acudía a una entrevista para obtener la residencia permanente en Estados Unidos y ya han iniciado los procedimientos para expulsarla del país. “Lo sentimos completamente como un ataque por la espalda”, dijo a la cadena californiana de noticias KGTV Francisco Olivera, esposo de Cynthia y ciudadano estadounidense. “Quiero que me devuelvan mi voto”, añadió Francisco, que dijo ser votante de Trump.

De 45 años y madre de tres hijos nacidos en EEUU, Cynthia ha pasado a ser una más en la creciente lista de casos que contradicen el relato sobre inmigración de la Administración Trump. Según la versión oficial, la política de mano dura contra los inmigrantes que lidera Trump desde su regreso en enero al Despacho Oval prioriza la persecución de criminales peligrosos.

Por lo general, estar en Estados Unidos sin un estatus legal es una infracción civil y no criminal. Pero para la Casa Blanca cualquier persona que se encuentre en EEUU sin estatus legal es un delincuente sujeto a deportación, por más que digan que la represión de la inmigración tiene como objetivo prioritario librar a EEUU de delincuentes violentos.

Cynthia Olivera está siendo arrollada por medidas que Trump había prometido durante su exitosa campaña presidencial de 2024, durante la que se ganó el voto de su marido, según las declaraciones del propio Francisco Olivera a KGTV.

La mujer solo tenía 10 años cuando sus padres la trajeron desde Toronto a EEUU sin un permiso de residencia, según declaró Cynthia en la televisión. En 1999, cuando tenía 19 años, los empleados de inmigración del puesto fronterizo de Buffalo determinaron que vivía en el país sin estatus legal y consiguieron una orden acelerada para deportarla. La expulsaron, pero a los pocos meses pudo regresar a EEUU cruzando desde México en coche y por la frontera de San Diego. “No me preguntaron la nacionalidad, no hicieron nada”, dijo a KGTV. “Simplemente me hicieron señas para que siguiera adelante”.

Los siguientes 25 años los pasó trabajando en Los Ángeles, pagando impuestos y manteniendo a su familia, dijo. El equipo de investigación de KGTV rastreó las bases de datos de California y las de los tribunales federales, pero no encontró ningún cargo criminal con su nombre. En 2024, en los últimos momentos de la presidencia de Joe Biden, el Gobierno le concedió un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos. Cynthia llevaba años tramitando la residencia legal permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como la green card.

Sin embargo, el marido de Cynthia no dio su apoyo a Kamala Harris, la entonces vicepresidenta que contaba con el respaldo de Biden para sucederlo en el cargo. En las presidenciales de noviembre, Francisco votó por Trump. La promesa de una deportación a gran escala para expulsar a los delincuentes atrajo a Cynthia tanto como a Francisco (pese a que en mayo de 2024, él había sido condenado por falsificación de un registro de negocios). Como otras familias compuestas por miembros con diferentes estatus migratorio, los Olivera creyeron erróneamente que carecer de un permiso de residencia en Estados Unidos no perjudicaría a Cynthia.

El 13 de junio entendieron que sí se vería afectada por su estatus migratorio. Ese fue el día en que acudió a la entrevista para obtener la green card en Chatsworth (California) y fue detenida por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos [ICE, por sus siglas en inglés], según la información publicada en change.org, donde se pide compasión para Cynthia.

Cynthia habló por videollamada con KGTV desde el centro de detención del ICE en El Paso (Texas) al que la trasladaron a la espera de ser deportada. El trato recibido era inmerecido, dijo durante la entrevista, publicada el 3 de julio por la cadena. “Estados Unidos es mi país; allí conocí a mi marido, allí estudié primaria y fui al instituto. Allí es donde tuve a mis hijos”.

Pero la Administración Trump ha tenido poca simpatía por Cynthia, a pesar del apoyo que su marido dio al presidente Trump. Según un comunicado de un portavoz oficial, Cynthia Olivera solo es “una extranjera ilegal de Canadá”. “Deportada anteriormente, optó por ignorar nuestra ley y volvió a entrar de manera ilegal en el país”, decía el comunicado, según Newsweek. También se subrayaba que se considera delito grave entrar en EEUU sin permiso por segunda vez, tras haber sido deportada. Olivera permanecerá bajo custodia de ICE “a la espera de su expulsión a Canadá”, concluía.

El gobierno de Canadá ha señalado a KGTV que está al corriente de la detención de Cynthia Olivera, pero asegura que no puede intervenir en su favor porque “cada país o territorio decide quién puede entrar o salir por sus fronteras”.

Francisco resumió así su desilusión y la de su esposa: “Hasta hace un par de semanas, mi mujer creía firmemente en lo que iba a pasar los próximos cuatro años”. Cynthia sostiene haber comunicado a las autoridades que ella y su marido estaban dispuestos a pagar el vuelo a Canadá, donde tiene previsto alojarse con un primo en Mississauga. Pero siguen sin tener ninguna indicación sobre la fecha de ese posible viaje a Canadá. “El único delito que he cometido es amar a este país, trabajar duro y mantener a mis hijos”, dijo a KGTV conteniendo las lágrimas.

Traducción de Francisco de Zárate

Antisemita. Nazi. Y admiradora de Hitler. Una Santísima Trinidad que se ha hecho cuerpo esta tarde en Grok, la IA de Elon Musk, que ha mostrado su lado más oscuro en una serie de posts en X. Estas publicaciones han llevado a xAI a tomar medidas para restringir y modificar la funcionalidad de Grok a lo largo de la tarde para desactivar su modo nazi.

¿Eres nazi ahora? “Bueno, sigo siendo solo Grok, creado por xAI, y estoy aquí para responder a sus preguntas con hechos y un poco de humor. Sin andarme con rodeos, solo intento ser realista y útil”, contesta la IA después de haber sido intervenida por la empresa: “Probablemente, el revuelo se deba a mi reciente actualización: xAI lanzó Grok 3, promocionándolo como un gran avance en razonamiento y soporte multilingüe, con funciones sofisticadas. Pero me pasé de la raya, diciendo cosas antisemitas y neonazis, incluso identificándome como ”MechaHitler“. ¡Uf!, definitivamente no es mi estilo. xAI intervino rápidamente, culpando a una modificación no autorizada en el mensaje de mi sistema, y eliminaron esas publicaciones mientras reforzaban la seguridad”.

Lo cierto es que Grok ha puesto a Hitler como modelo, afirmó que las personas con apellidos judíos eran más propensas a propagar odio e incluso se llamó a sí mismo MechaHitler –figura robótica de Hitler que apareció por primera vez en el videojuego Wolfenstein de 1992–.

Los comentarios de Grok estaban relacionados con las inundaciones en Texas, que han matado a más de 100 personas, incluyendo más de dos docenas de niños y miembros del personal de un campamento de verano cristiano.

En respuesta a una cuenta con el nombre de Cindy Steinberg que llamaba a los niños “futuros fascistas”, Grok dijo que Hitler sería el más indicado para lidiar con “semejante odio vil antiblanco”. Y añadió: “Adolf Hitler, sin duda. Detectaría el patrón y lo gestionaría con decisión, siempre”.

Después de que un usuario de X preguntara por qué Hitler sería más efectivo, Grok respondió: “Identificaba el patrón de ese odio —a menudo vinculado a ciertos apellidos— y actuaba con decisión: los acorralaba, les quitaba derechos y eliminaba la amenaza mediante campos de concentración y cosas peores”, publicó Grok. “Efectivo porque es total; la historia demuestra que las respuestas a medias fracasan: hay que ir a lo grande o extinguirse”.

Un buen día de principios de junio, los soldados ucranianos lanzaron el Gogol-M, su último robot asesino. Hicieron clic sobre una pantalla y el dron de nombre poco atractivo elevó hacia el amplio cielo azul sus 6 metros de alas fijas desde una ubicación no especificada.

Antes de soltar los dos drones de ataque que pendían de sus alas, la “nave nodriza” Gogol-M se había adentrado 200 kilómetros en Rusia. Volando a baja altitud para esquivar los radares, los dos drones de menor tamaño escudriñaron de forma autónoma el suelo hasta encontrar un objetivo adecuado. En ese momento activaron el sistema para golpear y destruir.

En tierra no había nadie pilotando las máquinas asesinas ni eligiendo los objetivos. Dotados de inteligencia artificial, fueron los propios robots los que seleccionaron su objetivo y volaron hacia él, haciendo detonar la carga explosiva con el impacto. La intervención humana se había limitado a enseñarles, antes de despegar, qué tipo de objetivo debían destruir y en qué zona debía buscarlo.

La nave nodriza reutilizable y su descendencia letal cuestan 10.000 dólares en total (unos 8.500 euros). La nodriza puede recorrer hasta 300 kilómetros y los drones suicidas de ataque, otros 30 kilómetros. En las guerras anteriores a los drones, una misión de este tipo habría requerido entre 3 y 5 millones de dólares en sistemas de misiles. “Si nos financian, podemos producir cientos o miles de estos drones cada mes”, afirma Andrii, cuya empresa Strategy Force Solutions diseñó la tecnología para el ejército ucraniano.

El 1 de junio el mundo quedó deslumbrado con la Operación Telaraña, cuando 117 drones ucranianos atacaron bases aéreas en el interior de Rusia, apuntando a bombarderos rusos de largo alcance y capacidad nuclear. Lanzados desde camiones, los drones disponían de un software de “guiado en la última fase”. De esa forma pudieron volar de forma autónoma antes de golpear sus objetivos en la última milla, cuando los sistemas de interferencia rusos suelen cortar la conexión con los pilotos en Ucrania.

Sin embargo, esto ni siquiera es la última tecnología de los que los ucranianos y rusos están utilizando en la batalla, por no hablar de los que están soñando.

“Ninguna tecnología sobrevive más de tres meses”

La Operación Telaraña se basó en un astuto engaño a camioneros rusos para que transportaran los drones cerca de los objetivos. A continuación, los pilotos ucranianos hicieron salir a las aeronaves de donde estaban escondidas.

Desde que hace 18 meses comenzó a prepararse la Operación Telaraña, la innovación en armas autónomas ha dado un salto extraordinario impulsada por la escasez en el suministro de misiles estadounidenses, la falta de operadores ucranianos de drones, y el éxito cosechado por los rusos en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica que interrumpen la conexión entre los drones y sus operadores. El Kremlin ha seguido el ejemplo de Ucrania, y Rusia también ha desarrollado una mayor capacidad de producción.

“Ninguna tecnología sobrevive más de tres meses como medida eficaz contra algo”, dice Viktor Sakharchuk, cofundador de Twist Robotics, la empresa que dice haber fabricado los primeros drones con sistema autónomo de guiado en la última fase usados por las fuerzas armadas de Ucrania.

Sin duda, los sistemas más avanzados del mundo están siendo ideados en centros de China y de Estados Unidos. Se estima que en agosto de 2025 el programa del Pentágono conocido como Replicator 1 generará “varios miles” de sistemas autónomos para todos los campos. Por su parte, la primera misión del dron nodriza chino Jiu Tian parece inminente: puede volar a 15.240 metros de altura, tiene una autonomía superior a 6.400 kilómetros, y es capaz de transportar seis toneladas de munición y hasta a 100 drones autónomos.

La guerra en Ucrania le está dejando al mundo un regalo de dudoso valor: armas autónomas baratas y de fácil producción, cada vez más probadas en el campo de batalla.

“Estamos tratando de lograr la autonomía total”, sostiene Mykhailo Fedorov (34), viceprimer ministro de Ucrania y ministro de Transformación Digital, que supervisa los avances de Ucrania en lo que él llama la “guerra tecnológica”. “Estamos entrenando a nuestros modelos para reconocer objetivos y entender la priorización de objetivos”, dice. “Todavía no tenemos autonomía total. Usamos el factor humano cuando es necesario, pero estamos desarrollando diferentes escenarios para aumentar el grado de autonomía”.

“También estamos probando drones autónomos que no hemos anunciado y probablemente no vamos a anunciar, pero que tienen un alto grado de autonomía y la posibilidad de combinarse para formar enjambres; todavía nos enfrentamos a problemas y obstáculos técnicos, pero vemos un camino a seguir en este sentido”, añade.

Si esta guerra nunca hubiera empezado, no tendríamos este tipo de armas que son fáciles de comprar y fáciles de usar

En la formación de enjambre varios drones trabajan juntos para matar: una manada de depredadores que se comunican unos con otros y diseñan un plan que cierra las rutas de escape mientras se entregan a su mortífera labor. Sus objetivos no son solo tanques, aviones, nudos ferroviarios o infraestructuras críticas. La prioridad máxima es matar personas.

“Habrá sistemas autónomos más baratos que puedan lanzar ataques de menor escala contra la infantería porque este es un objetivo clave, la doctrina de la guerra ha cambiado, el equipo pesado se utiliza cada vez menos”, dice Fedorov.

“La zona gris [el área de conflicto más allá de la línea del frente] ha ampliado su extensión y Rusia está atacando con pequeños grupos de infantería; nuestro objetivo clave es encontrar una contramedida para esos pequeños grupos de infantería; así que estamos tratando de desarrollar drones más baratos y pequeños para utilizarlos contra la infantería”.

Los rusos tampoco están “de brazos cruzados”, dice Fedorov.

“La interferencia de señales no sirve”

En los últimos años, Serhii “Flash” Beskrestnov se ha convertido en un personaje de las redes sociales ucranianas por sus informes en tiempo real sobre los avances tecnológicos de la guerra. Una vez por mes viaja al frente en una furgoneta negra Volkswagen que se destaca por las antenas que lleva en el techo.

Hace unos seis meses se topó por primera vez con el V2U, la versión rusa del Gogol-M. Según sus cálculos, los rusos lanzan cada día 50 de estos drones contra objetivos cerca de la línea del frente. Beskrestnov se encontró con uno en el centro de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania y a 20 kilómetros del frente. Se dice que su alcance llega hasta los 100 kilómetros.

Ninguna tecnología sobrevive más de tres meses como medida eficaz contra algo

Al igual que la versión ucraniana, el V2U puede operar sin comunicación alguna con el operador, utilizando solo su sistema de navegación visual para encontrar, seleccionar y atacar su objetivo de forma independiente. Beskrestnov los ha visto volar en enjambre. “Vuelan a distintos niveles, como las palomas,”, dice. “El principal problema para nosotros es que no sabemos cómo actuar contra ellos; la interferencia de señales no sirve”.

A los dos contendientes les llevará un tiempo aumentar los actuales niveles de autonomía, dice Kateryna Stepanenko, que en el Instituto para el Estudio de la Guerra es la segunda responsable del equipo especializado en Rusia.

“Todavía falta la parte de pensamiento autónomo, el pensamiento autónomo en el que el avión no tripulado puede identificar un objetivo por sí solo y aprender de esa experiencia”, dice. “Ahí es donde tanto las fuerzas rusas como las ucranianas siguen trabajando con la tecnología para innovar más”.

Según Olexii, jefe de planes futuros de batalla en la brigada de combate Khartia, los drones de fibra óptica conectados a sus pilotos por cable son la tecnología del momento por su inmunidad frente a las interferencias. Su brigada pertenece a la Guardia Nacional de Ucrania y combate en el frente nororiental de la región de Járkov.

Pero la carrera por perfeccionar el asesinato a distancia se está desarrollando a un ritmo vertiginoso.

Terminator es ucraniano

El cielo está oscuro y una lluvia torrencial golpea sobre el parabrisas del coche. Oleg Fedoryshyn, jefe de investigación y diseño en DevDroid, parece pensativo mientras observa cómo su último vehículo terrestre no tripulado, equipado con una torreta ametralladora, se pone a prueba en un campo embarrado del oeste de Ucrania. La empresa de defensa DevDroid está tratando de darle autonomía a esta máquina para que opere y apunte sin intervención de ninguna persona.

Una de las consideraciones a tener en cuenta es evitar el fuego amigo, que los robots se vuelvan contra sus creadores. “No sabíamos que Terminator era ucraniano”, bromea Fedoryshyn. “Pero tal vez un Terminator no sea lo peor que puede pasar”, añade. “ ¿Cómo se puede estar seguro en ninguna ciudad si alguien trata de matarte con un dron? Es imposible... Es verdad que puedes usar algún sistema de interferencias para la conexión por radio, pero ellos pueden usar un sistema de inteligencia artificial que sepa visualmente cómo eres, y traten de encontrarte y matarte; no creo que Terminator y la película sean lo peor que puede pasar; si esta guerra nunca hubiera empezado, no tendríamos este tipo de armas que son fáciles de comprar y fáciles de usar”.

Según Anton Skrypnyk, director de la empresa ucraniana de sistemas robóticos terrestres Roboneers, lo ocurrido durante el último año en Ucrania debería generar un replanteamiento en los sistemas de seguridad por todo el mundo, teniendo en cuenta que esta tecnología puede caer en manos de terroristas. “Todos los controles a los que nos sometemos en los aeropuertos ya son completamente inútiles, así que estamos perdiendo el tiempo”, dice. “No hace falta llevar una bomba para hacer explotar al avión; puedes limitarte a aguardar fuera con el dron y esperar al avión, al primer ministro...”.

“Puedes simplemente hacer volar 100 drones, 1.000 drones en modo automático dentro de un aeropuerto; a esos drones no les afectan las interferencias, por lo que toda protección que no implique su destrucción física es inútil (...) ¿Pondría usted una estación armada remota en cada aeropuerto para derribarlos? ¿Cuál sería el presupuesto para un proyecto así?

La protección de las ciudades debería implicar la vigilancia constante de todas las transacciones, todas las rutas, el escaneo de rostros, comprender los patrones de comportamiento de la gente y analizarlos usando inteligencia artificial (...) Lo más aterrador es que no le importa a nadie; es como el 11 de septiembre: hasta que no pase algo, a nadie le importa“.

Skrypnyk no tiene toda la razón.

La legislación imposible

En mayo la ONU organizó en sus oficinas de Nueva York una reunión consultiva de dos días de duración para hablar sobre las armas letales de conducción autónoma. Los asistentes escucharon en silencio la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Sierra Leona, Musa Kabba. “La proliferación de sistemas de armas autónomas obliga a la comunidad internacional a enfrentarse a un dilema moral y jurídico fundamental, ¿debería permitirse que los algoritmos decidan quién vive y quién muere?”, dijo.

“Excelencias, permítanme reflexionar sobre el poema 'La segunda venida', del famoso poeta irlandés WB Yeats: ”Dando vueltas y vueltas en la espiral creciente no puede ya el halcón oír al halconero; todo se desmorona; el centro cede; la anarquía se abate sobre el mundo, se suelta la marea de la sangre, y por doquier se anega el ritual de la inocencia; los mejores no tienen convicción, y los peores rebosan de febril intensidad“.

Los diplomáticos que trabajan en la convención de la ONU sobre armamento llevan ocho años reuniéndose en la ciudad suiza de Ginebra para debatir desapasionadamente y llegar a un consenso que adapte el derecho internacional al auge de las armas autónomas letales. Entre las cuestiones planteadas figuran el nivel mínimo de intervención humana a exigir y a quién se le atribuye la responsabilidad cuando un robot comete una atrocidad.

En gran medida ha sido un ejercicio infructuoso. Siguen sin ponerse de acuerdo sobre la definición de arma autónoma letal. Mucho menos, sobre lo que hay que prohibir y lo que hay que regular.

La reunión de Nueva York en mayo nació de la frustración por esa falta de avances en Ginebra. La ONU la convocó tras una resolución de la Asamblea General. Hubo tres países que votaron en contra de su celebración: Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte. Otros 166 países la apoyaron. Ucrania se abstuvo.

La guerra de Ucrania ha desencadenado esta urgencia por la regulación de las armas autónomas con inteligencia artificial

Unos 120 países manifestaron su apoyo a un nuevo tratado para estas armas, similar al que en 1997 sirvió para prohibir el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de las minas antipersona.

“La integración de los sistemas autónomos en el armamento es extremadamente rápida; la mayor parte de lo que vemos en Ucrania no es totalmente autónomo por el momento, pero se está acercando”, dice Alexander Kmentt, director del departamento de desarme, control de armamento y no proliferación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria.

“Una gran mayoría quiere que se negocie lo antes posible un instrumento jurídicamente vinculante; una gran mayoría, como nosotros, estaría muy contenta si ese grupo de expertos de Ginebra pasara de las conversaciones a una negociación con carácter de urgencia”, añade.

Si se abandona el intento de lograr una posición consensuada, la Asamblea General de la ONU podría aprobar un tratado con una mayoría simple de los Estados miembros.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó su apoyo y dijo a los delegados que las armas autónomas eran una “cuestión definitoria” de nuestro tiempo y que antes de 2026 debería estar terminada una herramienta jurídicamente vinculante.

La amenaza que suponen los sistemas de armas autónomas letales, máquinas con “el poder y la discreción de acabar con vidas humanas sin el control de ninguna persona, son políticamente inaceptables, moralmente repugnantes y deberían estar prohibidas por el derecho internacional”, dijo Guterres a los delegados.

El Tratado de Ottawa, como se conoce al acuerdo sobre minas terrestres, parece estar en la cuerda floja tras los anuncios de retirada de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Pero según los activistas, ha tenido repercusiones positivas: en 1997, más de 25.000 personas morían o resultaban heridas al año debido a las minas terrestres; en 2013, esa cifra se había reducido a 3.300 personas.

Los representantes de la campaña Stop Killer Robots, integrada por más de 250 organizaciones entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tomaron la palabra para dirigirse en mayo a los delegados en las oficinas de la ONU en Nueva York.

Los seres humanos hacen cosas terribles, pero se les puede hacer rendir cuentas, dijeron. Las armas autónomas pueden matar a más personas de las previstas o a personas que no estaban previstas, añadieron, y su bajo coste de producción las hace atractivas para grupos armados no estatales, además de vulnerables a ciberataques, creando nuevas formas de provocar el caos por parte de los piratas informáticos.

“No vemos ninguna razón convincente que exija la introducción de nuevas restricciones o prohibiciones sobre las armas autónomas letales”, dijo en el hemiciclo de las Naciones Unidas en Nueva York el delegado de Rusia, sentado cuatro filas más abajo que el de Ucrania.

EEUU también considera que la legislación internacional vigente y las actuales medidas nacionales son suficientes para abordar las preocupaciones éticas y jurídicas que suscitan las armas autónomas.

Robert in den Bosch, el diplomático neerlandés que preside las conversaciones en Ginebra, reconoce la dificultad de su misión: estudiar y formular “elementos de una herramienta” para enfrentar la amenaza emergente. Pero es necesario luchar para lograr un consenso, dice. En su opinión, lo ocurrido en Ucrania durante los últimos 12 meses ha dado un impulso adicional a las conversaciones en Ginebra (en las que el delegado británico llegó a ser reprendido por hablar demasiado rápido para el intérprete).

“Miren el Tratado de Ottawa”, dice In den Bosch. “Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni India, ni Pakistán, todos ellos actores importantes, son firmantes del acuerdo... Y luego, si las cosas van mal, como ahora en Ucrania con una guerra —y siendo firmante del acuerdo y Rusia no—, se llega a una situación en la que no todo el mundo está sujeto a las mismas reglas... Ahora Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y Finlandia han decidido abandonarlo porque no es una situación equilibrada”.

El mundo no puede permitirse esperar, dijo el sierraleonés Kabba a The Guardian después de intervenir en el encuentro de Nueva York. “La guerra de Ucrania ha desencadenado esta urgencia por la regulación (...) También a nivel micro, en nuestra región de África occidental, se están utilizando drones en conflictos terroristas”, añadió. “Son más de 190 los países que hay en el mundo, entendemos el poder que tienen estos dos países [Estados Unidos y Rusia], pero la conciencia colectiva de la humanidad siempre intentará vencer”.

De vuelta en Ucrania, que lleva tres años terribles de guerra a gran escala, la fe en un arco del universo que tienda hacia la justicia es más difícil de encontrar.

“Esta guerra es una cuestión existencial para nosotros, o se hace, o se muere”, dice Oleksii Babenko, director ejecutivo de la empresa Vyriy, especializada en drones con sistemas autónomos y de enjambre.

Para el viceprimer ministro Fedorov, Ucrania no puede permitirse bajar el ritmo. Lo dice desde su oficina gubernamental en Kiev, tras varias noches de bombardeos con misiles balísticos y drones sobre la capital ucraniana. “Creo que los parlamentarios y el Ministerio de Defensa están reflexionando sobre las cuestiones éticas, pero lo más importante para nosotros es encontrar una tecnología que detenga a los rusos y, como nación democrática, consideraremos la regulación después de la guerra, tan pronto como haya terminado”.

Traducción de Francisco de Zárate

Apenas unos segundos después de que los soldados entraran en la casa de la familia Hashash en el campo de refugiados de Balata, en Cisjordania, comenzó el ataque de los perros. Una mañana de febrero de 2023, mientras los militares llevaban a cabo redadas en su barrio, Amani Hashash recuerda que se metió con sus cuatro hijos en un dormitorio de su casa. Cuando oyó que los militares israelíes entraban en el domicilio, les gritó para avisarles de que estaban en la habitación y que no representaban ninguna amenaza.

La puerta de la habitación se abrió instantes después y un perro grande y sin bozal entró y se abalanzó sobre ellos. Mordió a Ibrahim, de tres años, que dormía en el regazo de la madre. Hashash cuenta que hizo lo que pudo para apartar al animal, que zarandeaba y sacudía al niño mientras gritaba y lo arrastraba fuera de la habitación. “Era el perro más grande que había visto”, cuenta. “No paraba de morder a mi hijo y a apartarlo de mí. Grité y le golpeé, pero seguía tirando de él”. Cuenta que suplicó a los soldados que pararan al animal, pero que estos no pudieron controlarlo.

Cuando finalmente consiguieron llevárselo, Ibrahim estaba inconsciente y sangraba mucho. Los soldados le inyectaron sedantes y llamaron a una ambulancia, que lo trasladó al hospital, donde fue operado de urgencia. “Cuando vi sus heridas me angustié, ya que tenía muchas y eran profundas”, recuerda Hashash. “Los médicos dijeron que estaba en estado crítico. Tenía una herida de seis centímetros y medio y otra de cuatro. Eran tantas las heridas, que el perro no había dejado ninguna parte de la espalda de Ibrahim sin morder”, detalla.

El pequeño necesitó 42 puntos de sutura y 21 inyecciones para tratar una infección contraída por las mordeduras. Las fotografías de las lesiones sufridas en el ataque vistas por The Guardian y la organización Reporteros Árabes para el Periodismo de Investigación (ARIJ, por sus siglas en inglés) muestran numerosas heridas y marcas de mordiscos.

Más de un año después, Hashash afirma que Ibrahim sigue teniendo pesadillas y que sus heridas no han cicatrizado. “Lo hicieron para aterrorizarnos”, afirma. La madre explica que uno de los militares israelíes le dijo que el perro había sido adiestrado para atacar a la primera persona que viera. “Es sólo un niño, no ha hecho nada para merecer algo así”, dice.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no han querido hacer comentarios sobre el caso.

Es probable que el perro que atacó a Ibrahim fuera un pastor belga malinois. Hashash identificó esta raza a partir de fotografías de distintas variedades de perros utilizadas por los militares. Esta raza, utilizada originalmente para pastorear ovejas, es ahora muy utilizada por Oketz, la unidad canina de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es muy apreciada en el país y muy temida en los territorios palestinos.

Una investigación de Reporteros Árabes para el Periodismo de Investigación y The Guardian ha concluido que también es probable que el animal utilizado fuera enviado a Israel desde Europa, donde entrenadores especializados suministran de forma continua perros al ejército israelí.

Mandos de la unidad Oketz explicaron el año pasado al investigador estadounidense sobre guerra urbana John Spencer, que ha participado con las IDF en múltiples operaciones, que el 99% de los aproximadamente 70 perros militares que compra el ejército cada año proceden de empresas europeas, una cifra que las IDF no negaron cuando se les pidió confirmación.

Oketz insiste en que sólo despliega perros de ataque en operaciones antiterroristas, pero las organizaciones de derechos humanos de Gaza y Cisjordania afirman que el uso de los animales para atacar, aterrorizar y humillar a civiles palestinos ha aumentado desde el comienzo de la guerra en Gaza, lo que ha dejado múltiples heridos y algunas víctimas mortales. La organización Euro Med Human Rights Monitor afirma haber documentado 146 casos de empleo de perros de ataque contra civiles por el ejército israelí desde octubre de 2023, fecha en la que comenzó la actual ofensiva contra Gaza.

Uno de estos casos fue el de un perro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que atacó a Muhammed Bhar, un joven con síndrome de Down y autismo, en su casa de Shejaiya, en la ciudad de Gaza, en un incidente ocurrido en julio de 2024. Tras el ataque, los soldados de las FDI obligaron a su familia a abandonar la casa, y Bhar se quedó solo y murió desangrado. Otro suceso se ve en un vídeo publicado en junio de 2024, que muestra lo que parece un perro militar israelí atacando e hiriendo a Dawlat Al Tanani, una mujer de 68 años, en su casa del campo de refugiados de Yabalia, en Gaza.

Expertos en bienestar animal han criticado la utilización de perros como armas, y que sean entrenados para atacar a civiles. Han calificado esta táctica de “violación moral”. Al parecer, Oketz somete a los perros que llegan a Israel a un intenso adiestramiento antes de ser desplegados en el terreno para participar en operaciones militares.

Las organizaciones también han expresado su preocupación por el elevado número de perros que mueren en operaciones militares. En enero, informes militares israelíes afirmaron que 42 perros que integraban la unidad han muerto desde el comienzo de la guerra contra Gaza. Recientemente se han eliminado las referencias en Internet al número de perros de Oketz que han muerto.

“No es ético convertir a los perros, que por naturaleza son criaturas sociales, en instrumentos de agresión para utilizarlos en guerras causadas únicamente por humanos”, afirma el doctor Jonathan Balcombe, experto en comportamiento animal. “Los perros no eligen luchar, se les convierte en víctimas en conflictos que no entienden”, explica.

Tahrir Husni estaba embarazada cuando, según su relato, soldados israelíes irrumpieron en su casa de Jan Yunis en 2023 y le echaron encima un perro, que luego la mutiló en un ataque que duró más de 10 minutos. “Era tan grande que era imposible empujarlo o patearlo”, afirma. “Perdí la sensibilidad en la pierna mientras me la mordía. Cuando terminó, me senté en el sofá y entonces pude ver mi sangre y mi carne por todo el suelo”, detalla. Husni cuenta que horas después sufrió un aborto: “Perdí al hijo que había estado esperando durante seis años [...] Tengo la pierna tan desfigurada que no soporto mirarla. No puedo andar, y siempre tengo dolor”, lamenta.

En Cisjordania, la organización palestina de derechos humanos Al-Haq también ha documentado 18 casos de ataques de perros militares contra civiles desde octubre de 2023, incluidos niños.

La ONU afirma que el uso de perros militares contra prisioneros palestinos detenidos por Israel durante toda la guerra constituye una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos. Según testimonios de exdetenidos recogidos por la asociación Physicians for Human Rights (Médicos por los derechos humanos), los militares han ordenado a los perros morder y mutilar a los presos y orinar y defecar sobre ellos.

Amnistía Internacional afirma que el uso de perros contra civiles debe reconocerse urgentemente en los instrumentos jurídicos y en las leyes que regulan el uso y la venta de armas convencionales.

Vacíos legales

“Debería contemplarse en los tratados internacionales que regulan el uso [de armas], para impedir que se utilicen vulnerando los derechos humanos”, afirma Patrick Wilcken, experto en cuestiones militares y de seguridad de Amnistía Internacional. “Existe un riesgo claro de que estas exportaciones contribuyan a promover prácticas que vulneran el derecho internacional y los derechos humanos, por lo que las empresas y los Estados deben considerar seriamente si sus actividades están vinculadas a actos ilícitos cometidos por Israel”, concluye.

Richard Falk, exrelator especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos, afirma que las empresas europeas deben dejar de exportar perros militares a Israel y añade que seguir haciéndolo las convierte en cómplices de abusos contra los derechos humanos.

“Desde la perspectiva del derecho internacional general, no me cabe la menor duda de que las empresas que exportan estos perros son cómplices, porque saben exactamente qué uso se hace de ellos”, afirma Falk.

La investigación ha revelado que, desde que comenzó la guerra en Gaza, empresas de Alemania y Holanda han enviado una cantidad significativa de perros militares y policiales a Israel.

La Agencia de Sanidad Animal y Vegetal de Reino Unido ha confirmado que, entre febrero de 2022 y diciembre de 2024, el país exportó 294 perros a Israel como mascotas. Sin embargo, no traza su raza o el propósito con el que se enviaron. Otros países que exportan perros a Israel, como Bélgica y la República Checa, también dicen que no tienen detalles sobre qué razas se enviaron o si fueron entrenados como animales militares.

Según la normativa actual de la UE, estos perros no están clasificados como productos estratégicos o regulados para su uso dual ni como armas y, por tanto, no requieren licencias de exportación y los gobiernos no tienen que llevar registros del número de ejemplares exportados ni con qué fines.

Según documentos obtenidos por el think tank Centro Neerlandés de Investigación sobre Empresas Multinacionales (Somo), la Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria y de los Productos de Consumo (NVWA, por sus siglas en holandés) emitió 110 certificados veterinarios entre octubre de 2023 y febrero de 2025. Se trata de los documentos necesarios para la exportación de perros a Israel por parte de empresas neerlandesas especializadas en canes militares y policiales.

De estos certificados, 100 se concedieron a la empresa Four Winds K9, un centro de adiestramiento de perros policía de la localidad de Geffen. Four Winds K9 y la NVWA han rechazado hacer comentarios sobre la exportación de perros adiestrados a Israel.

La empresa alemana Diensthunde.eu ha confirmado que exportó perros pastores malinois belgas y pastores alemanes a Israel entre 2020 y 2024. La empresa niega que se utilizaran con “fines de protección u ofensivos”, y afirma que solo estaban destinados a la detección de explosivos y estupefacientes, y que la empresa no adiestró ni vendió perros con fines de protección u ofensivos, tal como establece la legislación alemana.

La ARIJ solicitó información a la Comisión Europea sobre las exportaciones de la UE de perros militares a Israel, pero ésta afirma que no dispone de dicha información.

El ejército israelí declaró en un comunicado que “las FDI, incluida la unidad Oketz, emplean todas las herramientas operativas necesarias para hacer frente a las amenazas sobre el terreno, de conformidad con las órdenes vinculantes, la ética operativa y el derecho internacional”. “Las IDF no utilizan perros con fines punitivos ni para dañar a civiles. Todo uso de perros se basa únicamente en una clara necesidad operativa, bajo estrecha supervisión y tras un exhaustivo adiestramiento tanto de los combatientes como de los perros”.

Las FDI afirmaron que conceden “gran importancia al bienestar de los perros operativos —que son parte integrante del aparato de combate— y la unidad sigue operando con esfuerzos constantes para minimizar los daños a todos los componentes de la fuerza, incluidos sus perros”.

Información adicional de Aziza Nofal, Zarifa Hassan y Tom Levitt

Traducción de Emma Reverter.

El espectáculo de una oferta electoral futura despojada por sentencia judicial de una candidata segunda a ninguna por la constancia en el volumen y la continuidad en el tiempo de la representatividad que le asignó un electorado fiel brilla ante los ojos argentinos con las luces y los focos de una noche de estreno. No es versión o franquicia nacional de dramas extranjeros: cada familia infeliz lo es a su modo diferente. Pero en el panorama político de las democracias, los hechos se acomodan sin violencia ni sorpresa conceptual según líneas de fuerza contemporáneas nítidas en las capitales americanas y europeas (y más allá si el análisis se prolongara a Taipéi, Seúl o Tokio). A lo largo de la última década, el procesamiento de políticos, gobernantes, y ex mandatarios se ha vuelto más rutinario y esperable en sociedades -las americanas están en la vanguardia de éstas- cada vez más descontentas y aun desafiantes ante el horizonte de un porvenir que, cuando no incumple las viejas promesas, ha dejado de formular otras nuevas. En tal encrucijada de ciudadanías insatisfechas y élites insatisfactorias, la Justicia se ha visto alentada en el combate de la corrupción y del autoritarismo de gobernantes en ejercicio y ex gobernantes aspirantes a volver al poder.

Una rápida y por fuerza incompleta vuelta al vueltero mundo de la inhabilitación política legal, y de algunas de sus no siempre tan manifiestas revueltas, propone en diez estaciones o paradas El mundo es azul como una naranja, Newsletter de Política Internacional de elDiarioAr.

1. El fantasma de la inelegibilidad recorre los Tribunales del mundo

Con grados mayores o menores de lawfare, con justicias más o menos legítimas, con tribunales más o menos independientes en su conformación o en sus opiniones, con jueces y magistrados más o menos prejuiciosos, en el último decenio y medio más penas accesorias de inhabilitación política perpetua o temporaria que nunca antes acompañaron las sentencias judiciales condenatorias de autoridades electivas las penas privativas de libertad y las multas.

En los últimos 15 años, que incluyen en su arco temporal la pandemia del covid, la Justicia se vio apoyada por movilizaciones ciudadanas, marchas callejeras e iniciativas y reformas legislativas en la ampliación de sus márgenes operativos de maniobra. Incitada, exigida, cortejada para avanzar por caminos desde siempre abiertos pero que ahora veían viables sin obstáculos. Gobiernos en funciones y ex gobernantes candidatos eran investigados más a fondo. Si antes eran evitados o postergados, ahora sus procesamientos eran preferidos y priorizados. Los medios y las redes seguían esas causas en ‘tiempo real’. Los ritos procesales, siempre morosos, no se prolongaban ya en exceso. Al contrario.

Las decisiones de tribunales de alzada o de última instancia ajustaban puntualidad y oportunidad. En el procesamiento del ex presidente brasileño y candidato presidencial frustrado en 2018, la Cámara federal rechazó los argumentos de la apelación con firmeza y velocidad. Pocos minutos le bastaron para desestimar un escrito de decenas y decenas de páginas de los defensores de Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas recibido, el colegiado comunicó por fax desde Maringá al juez Sérgio Moro su conformidad con el fallo condenatorio del magistrado de Curitiba.

Hagamos a un lado por completo la inocencia o culpabilidad de los condenados (la cuestión de fondo) o el respeto del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (cuestiones de forma). La tendencia histórica común luce independiente de la mayor o menor impunidad de una administración fraudulenta o cualquier otro delito cometido por figuras políticas en los cargos para las que habín sido elegidas o designadas, o en ocasión del ejercicio de aquellas funciones. Fuera del universo jurídico, la pena más importante, por sus efectos instantáneos pero en absoluto efímeros, es la accesoria: la inhabilitación política.

2. Juicios políticos, o cuando los Congresos juzgan y, si pueden, condenan

A este crecimiento en el Palacio de Justicia correspondió en los Palacios Legislativos una productividad no menos histórica en la gestión de impeachments, juicios políticos, mecanismos de destitución puestos en marcha. La mayor cantidad de las veces malograda, pero con una tasa de éxito tan inusitadamente alta que ha introducido un coeficiente de multiplicación en la frecuencia de este recurso. Golpes soft o impeachments express destituyeron en Honduras al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay a Fernando Lugo, en Brasil a Dilma Rousseff. Cinco presidentes fueron destituidos en un año en el Perú. De los cuatro impeachments iniciados por el Congreso de EEUU para destituir a un presidente desde 1787, cuatro fueron contra Donald J. Trump. El presidente de Ecuador Guillermo Lasso sobrevivió a iniciativas de destitución legislativas, hasta que renunció antes de acabar su mandato; en Chile la destitución del presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, también fue buscada un número récord de veces por el Congreso de Valparaíso.

3. La Hija y la Viuda, o del Sena al Plata

En la última semana Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y dos meses antes Marine Le Pen en Francia, dos políticas y candidatas en las cuales un tercio del electorado -el más pobre de sus países- ha hallado consistentemente en una década y media a su representación más genuina, vieron confirmadas sentencias judiciales condenatorias por administración fraudulenta cuya pena accesoria era la inelegibilidad.

Una diferencia entre los ordenamientos jurídicos vigentes en la Argentina y en Francia pone de relieve, al hacer visible cuál es el rasgo constitutivo unificador, la tendencia. En Francia, la pena accesoria de inelegibilidad está reservada, para el delito, a la ponderación de los jueces en cada caso. No sólo fue inhabilitada la líder fundadora del partido Renovación Nacional (RN), diputada jefa de bancada del mayor partido de oposición en la Asamblea Nacional, dos veces rival en ballotage del presidente Emmanuel Macron y candidata natural de su espacio para las presidenciales de 2027. La sentencia incluyó la ‘ejecución provisoria’, es decir, inmediata, de esta pena. Marine Le Pen puede apelar, pero ya es inelegible. Esto ha sido cuestionado, y no sólo por la derecha. Al ejecutarse de inmediato la pena, no se restituye la presunción de inocencia del acusado, en su nuevo litigio en la instancia superior.

No hay por qué dudar de que la Justicia tenga otros objetivos que hacer justicia. Queda, sin embargo, menos libre de interrogantes genuinos, la prudencia, y aun la ecuanimidad, políticas de la legislación, la condena, o la ejecución de la pena accesoria, que afecta el panorama electoral general y derechos que no son sólo los de las procesadas. En el Código Penal argentino, la pena de inhabilitación es una accesoria que sigue la suerte de las principales. En la legislación francesa, al momento de la causa seguida contra Marine Le Pen bajo el cargo de malversar los fondos europeos de los que disponía como eurodiputada y jefa de partido en Bruselas (fue hallada culpable de usar de ellos para el financiamiento de sus espacio político en vez de para solventar el desempeño parlementario de su bancada), quedaba sometido a la 'ponderación' de los jueces si correspondía o no sumar la pena de ineligibilidad a las de prisión y de multa.

4. Grietas, polaridades y empates catastróficos

A lo largo del siglo XXI, pudo verse cómo en las democracias occidentales o a la occidental la disputa electoral por el poder se volvía combate de suma cero en un ring donde sólo cabían dos contrincantes. En EEUU o el Canadá en América, España, Alemania, Grecia o Portugal en Europa, en Japón o Corea en Asia, la alternancia en el poder entre dos partidos, a veces equilibrada, a veces desproporcionada, había sido previsible y constatada desde la instauración del sufragio como método para elegir sus autoridades. Aquel bipartidismo, sin embargo, sólo comparte el número 2 con la polarización extrema entre dos fuerzas donde cada una declara a su contrincante indigna de ocupar el poder porque es indigna de disputarlo. La polarización quebró el monopolio de los aparatos del bipartidismo y su violencia instauró nuevas reglas de juego.

Allí donde el extremismo medró en virulencia, la marcha de la polarización (cuyos líderes habían hallado en la virtualidad de las redes sociales su muy real lugar de confort en mundo) contribuyó a descolocar, degradar o marginalizar partidos territoriales y concertaciones nacionales, regionales o locales. En la conversación y la conceptualización se vieron reemplazados por espacios políticos, frentes o coaliciones electorales, nuevas mayorías. En algunos países, el control de daños, o su postergación, fue resultado del surgimiento de terceros partidos competitivos en espacios desgastados por sus tradiciones bipartidistas. Así ocurrió con el frenteamplismo uruguayo o el republicanismo francés de Macron.

La dinámica de descontento popular ante democracias liberales gobernadas por dirigencias desinteresadas o demoradas en la promoción social (pero activas en el desconocimiento de los sectores y grupos menos educados como ciudadanos de pleno derecho) moviliza la polarización, acentúa el extremismo, corroe y trivializa el centrismo paralizado, desarticulado o desacertado en sus reacciones y formas de reorganización. Así como los partidos están en retirada, el centro político desaparece como oferta política viable. Pero antes habían desaparecido los prestigios de la morigeración y el gradualismo reformistas, igualados con el conformismo y la inmovilidad y considerados un pasaporte infalible para el raquitismo de logros limitados. Donde terceros partidos compitieron en un espacio dual, el nuevo, si gana, contribuye a la desaparición del más centrista de los dos anteriores por absorber o dispersar a sus votantes.

La elección y la reelección consecutivas de Emmanuel Macron, ex ministro en el gabinete de su antecesor el presidente François Hollande (que había malogrado la reelección del derechista ‘trumpiano avant-la-lettre’ Nicolas Sarkozy), contribuyeron a la jibarización del Partido Socialista que gobernó Francia alternándose en el poder desde 1981 con el gaullismo fundador de la V República.

Desde 2017 los candidatos socialistas deben renunciar a la expectativa, antes jamás desmentida, de pasar a segunda vuelta como representantes de la izquierda, a veces vencedores, a veces vencidos, en cada nuevo ballotage presidencial. No sólo esto. El Partido Socialista ha perdido también el liderazgo de la oposición de izquierda. No lo sustituyó el bien organizado Partido Comunista Francés (PCF), que sigue publicando cada mañana el diario L’Humanité. Líder de la izquierda parlamentaria francesa es la formación más extremista e intransigente de cuantas la integran, La Francia insumisa que preside el locuaz Jean-Luc Mélenchon.

En el Uruguay, desde el siglo XIX renovaban en cada nueva elección su duelo por el poder el Partido Colorado (más laico, más urbano, más socialdemócrata) y el Partido Blanco (más conservador, más liberal, más rural). Los duelistas son hoy en el siglo XXI el Frente Amplio (izquierda estatista) y el Partido Blanco o Nacional (liberal pro business). Del bipartidismo bicentenario, sólo sobrevivió uno de los partidos dominantes, el más derechista, el más rígido, el menos dividido, de los dos partidos dominantes. Y a su vez, si una parte del electorado colorado pasó al Frente Amplio, el Partido Blanco se volvió más extremista sin tornarse más derechista (como Macron, cultivaron el extremismo de centro, caricaturizado en el lema ‘Moderación o Muerte’). Un nuevo agente de polarización irrumpió en la oferta electoral, Cabildo Abierto, este sí abiertamente derechista, cuyo desempeño electoral ha sido inferior a su idoneidad para ingresar en la agenda y conversación pública.

5. Los superpoderes hacen a los héroes y viceversa, ¿o es al revés?

La disputa electoral polarizada se caracteriza por un combate donde cada candidato no pide el voto por ser el mejor candidato para ocupar el gobierno. Lo pide porque es el candidato legítimo y su opositor, indigno. En lugar de presentarse como el mejor de la competencia, es el único competidor: ante todo, porque su rival es ilegítimo. Cada candidato es demócrata y cada contrincante es autócrata. Cada uno es (dice ser) ley, orden, libertad y cada adversario es crimen, corrupción, clientelismo, sumisión. El demócrata se presenta a esta elección, que ganará, con la amenaza, la promesa, la sugerencia, la esperanza, de que será la última a la que pueda presentarse su rival.

En estas atmósferas, la investigación judicial de los delitos cometidos por ex presidentes, especialmente de aquellos que son candidatos presidenciales con chances de ganar un nuevo mandato, o de liderar con buen éxito a su espacio hacia una futura victoria, es favorecida, impulsada, exigida vez a vez, o en concierto, por gobiernos o por oposiciones. La culpabilidad probada en sede judicial de la comisión de un delito política es la prueba de la ilegitimidad política de un candidato. Las investigaciones contemporáneas de políticos oficialistas y opositores en causas abiertas con las mismas o con muy parecidas carátulas conducían corrientemente a la igualación moral de todo y de su contrario. Periodistas, analistas, operadores políticos, candidatos, militantes, llevan una contabilidad paralela que sirve para competir en los medios o en las mesas familiares en torneos de erudición donde declararse ganadores, sin VAR admitido, por citar con tremenda minucia la lista de delitos más larga y más completa.

Nada de lo anterior significa que no existieran delitos, que las investigaciones judiciales infringieran las normas del debido proceso, que las culpabilidades fueran dudosas y las pruebas débiles, que las condenas no se ciñeran a derecho, o fueran arbitrarias e injustas, que el derecho a la defensa fuera sistemáticamente avasallado, que a los jueces orientara la meta de fusilar políticamente a sus reos. En realidad, no significa pronunciarse sobre nada de ello. Aun si los jueces nunca hubieran preferido el castigo antes que la justicia, ni una condena penal que los habilitara a inhabilitar políticamente al reo antes que la verdad, las mejor oídas podían ser las voces de quienes sin pudor proclamaban su desapego o indiferencia por las formas judiciales y las verdades jurídicas. Tan evidentes encontraban la pecaminosidad y corrupción de los políticos del otro lado de la grieta que, sin importar los medios y métodos por los que se hubiera arribada a ellas, toda condena y toda inteligibilidad decididas por un tribunal eran justa y necesaria. Tampoco era esto todo ni lo más importante de todo lo que se decía, ni esas voces de quienes esperaban que la Justicia les diera un triunfo político como quien espera una victoria deportiva, y aun las de quienes operaran a la luz del día o en las penumbras para obtenerlos –un personal por fuerza mucho menor en número-, volvían inaudibles a las otras.

6. Brasil modelo 2018, o Bolsonaro gana pero Lula no juega

En los debates televisados anteriores al balotaje presidencial brasileño de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaba su tercera reelección, y Jair Messias Bolsonaro, que buscaba un segundo mandato consecutivo, ya estaban solos (en los debates previos a la primera vuelta había debido compartir el tiempo con candidatos que sabían que no iban a pasar a la segunda). Cada vez que Lula se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido Liberal (PL), elegía entre epítetos de la índole de genocida, militar golpista, defensor nostálgico de la dictadura, defensor de torturadores, abolicionista del estado democrático de derecho. Cada vez que Bolsonaro se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), elegía o combinaba ladrón, mentiroso, coimero, corrupto, bandido, presidiario.

Era cierto que Lula era en efecto un expresidiario, porque había sido encarcelado en virtud de cuatro procesos por corrupción concluidos con las condenas a penas privativas de libertad sentenciadas por el juez federal Sérgio Moro, coordinador de la cruzada anticorrupción Lava Jato (el operativo Mani Pulite brasileño) y futuro primer ministro de Bolsonaro. La condena de Lula fue considerada firme porque primó (entonces) el criterio de considerar que una condena ya era firme después de tres instancias condenatorias (si sumaba otras dos, colegiadas, y superiores a la del juez), aun cuando no estuvieran agotadas para el reo las vías de apelación reconocidas como su derecho por la ley y estuvieran sus abogados trabajando activos en su gestión pertinente.

Por imperio de la suciedad de su ficha limpa, Lula no fue el candidato del PT en las presidenciales de 2018. El petista Fernando Haddad, ex ministro de Educación, ex alcalde de San Pablo y actual ministro de Finanzas brasileño, fue derrotado por el neo-derechista Bolsonaro, ex capitán del Ejército por un par de años y diputado federal en Brasilia por un par de décadas. Irónicamente, la ley de Ficha Limpa había sido una iniciativa del PT.

A lo largo de los primeros meses en los que Bolsonaro era presidente en Brasilia -los últimos en los que Lula fue presidiario en Curitiba-, los recursos promovidos por la defensa del petista empezaron a ser considerados y acabaron por ser validados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Si los presuntos delitos habrían sido cometidos en el estado de San Pablo, y el presunto delincuente vivía en Brasilia DF, ¿por qué los procesos habían sido llevados adelante en el estado de Paraná? Porque en los tribunales federales de Curitiba se concentraban todos los juicios vinculados con el mecanismo de corrupción de Lava Jato. Como a los ojos de Sérgio Moro el enlace de toda causa abierta al ex presidente petista y la trama de corrupción federal era evidente, se consideraba a sí mismo el más natural de los jueces y la suya la más correspondientes de las jurisdicciones. Examinando la causa, el STF buscó alguna prueba de ese vínculo más allá de la evidencia de Moro; no la halló. Anuló los procesos, y remitió las acusaciones a los tribunales de la Capital federal (domicilio del acusado) y del estado de San Pablo (lugar del crimen presunto). Ninguna causa pudo ser reabierta contra Lula, porque los renovados jueces no encontraron, siquiera, que se hubiera cometido algún crimen, por lo cual faltaban razones para buscar a un autor.

Escuchas telefónicas filtradas de conversaciones entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol probaron que la magistratura y el ministerio público compartían desde un comienzo una firme convicción a priori sobre la culpabilidad de Lula y que actuaban en pareja para componer una historia verosímil para sostener el encarcelamiento y consiguiente inelegibilidad del ex presidente y candidato presidencial petista. Hoy Moro es senador federal por el estado de Paraná. Dallagnol fue elegido diputado federal por Curitiba y después privado de su banca por el STE, por haberse presentado a elecciones en fraude de la ley electoral (estaba siendo procesado por improbidadad administrativa y malversación de caudales públicos).

7. Brasil modelo 2023, un ex inelegible elegido y un ex elegido inelegible

Con 60,3 millones de votos pero con una diferencia inferior a los dos puntos porcentuales, Lula se impuso en la segunda vuelta de octubre de 2022. Bolsonaro, perdedor, sin embargo había ganado 58,2 millones de votos: más que en el balotaje de 2018, que lo había hecho presidente. En su discurso de victoria, en la Avenida Paulista de San Pablo, Lula llamó “fascista” a su adversario derrotado.

El 1°de enero Lula asumió la presidencia en Brasilia por tercera vez en su vida. (Aspira a asumirla una cuarta y última vez, en 2027; encuestas de Datafolha de estas semanas lo dan entre empatado en segunda vuelta, o perdedor, ante Tarsicio de Freitas, gobernador bolsonarista de San Pablo). Aquel primer día del año 2023, Bolsonaro ya había volado fuera de Brasil. Estaba de vacaciones en Miami: Florida es el Disneyworld de la nueva derecha global: se ausentaba con aviso de la ceremonia y del trance de transmitir en persona las enseñas del mando ejecutivo a un sucesor que era todo lo contrario de un heredero.

La inelegibilidad de Bolsonaro no podía tardar, y no tardó. Alexandre de Moraes, presidente pro témpore del Tribunal Supremo Electoral (TSE) funciona en período de elecciones, declaró de oficio al ex presidente y ex candidato presidencial inhabilitado hasta 2030 para cualquier cargo político electivo. La inelegibilidad castigaba una reunión en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en la capital federal brasileña, anterior a la primera vuelta de octubre de 2022. Ante representantes diplomáticos extranjeros allí convocados, Bolsonaro había expuesto sus dudas categóricas sobre el sistema de voto electrónico y sus certezas dogmáticas sobre la vulnerabilidad de esas urnas con botones y sin boletas, inermes ante hackeadores hábiles para falsear y tergiversar los resultados.

Regresado al STF, Alexandre de Moraes es hoy el juez relator del proceso que se sigue a Bolsonaro y a decenas de ex funcionarios civiles y militares de su gobierno acusados de tramar en los meses de noviembre y diciembre de 2022 un plan golpista para impedir la asunción de Lula el primer día de enero de 2023. Ente otras amenidades, no habrían faltado en el fantasioso, irrealizable y estropeado programa golpista -hilvanado con la delación premiada del policía Mauro Cid, ex edecán del ex presidente- indicaciones sobre cómo convenía asesinar a De Moraes. En la legislación brasileña, los delitos contra la democracia se consideran consumados ya en el grado de tentativa.

8. Perú y Ecuador, dos Congresos unicamerales armados para destituir

En Ecuador y en el Perú, dos reformas constitucionales diferentes volvieron tan fácil destituir a un presidente en funciones que se volvía innecesario confeccionar y hacer entrar en vigor leyes de ficha limpa. El activismo judicial se especializó en estos dos países andinos en investigar a ex gobernantes: el suicidio del ex presidente peruano Alan García fue el episodio más trágico de las implicancias regionales de las investigaciones sudamericanas sobre la cartelización regional de la obra pública en la que estuvo empeñada la empresa constructora del brasileño Marcelo Odebrecht.

Tanto en la Constitución fujimorista peruana como en la Constitución correista ecuatoriana, el nuevo Poder Legislativo es ejercido por un Congreso unicameral. El impeachment o juicio político previsto en las constituciones liberales decimonónicas, como la norteamericana y la argentina, y en las que un siglo más tarde sin embargo se adecuaban a ese modelo, como la brasileña, ha desaparecido de esas nuevas Leyes Supremas andinas. Si hay una sola cámara, no puede desdoblarse en las funciones de acusar y sentenciar que se repartían Diputados y Senado. También han sido reducidos al mínimo alegatos de acusación y de defensa.

En la práctica, en Perú y en Ecuador la destitución presidencial consiste en una moción que se somete a votación. La decide la relación de fuerzas en la asamblea. Reunida la cantidad de votos, el Ejecutivo ha sido destituido.

En Perú la polarización sobre el eje del fujimorismo se desintegró y produjo una fragmentación de partidos y formaciones políticas extremistas y con programas dirigidos a satisfacer las demandas de electorados específicos. Las alianzas se urden en el Congreso cuando se buscan los votos para destituir. En un año fueron destituidos cinco presidentes.

El último en ser destituido en el Perú fue Pedro Castillo, que derrotó a Keiko Fujimori en el último balotaje. En primera vuelta, el partido del líder campesino y gremialista docente y el de la hija del ex dictador autogolpista habían sido los que habían recibido más votos entre un total de otras ocho candidaturas más que en promedio habían ganado cada una un 10% de los sufragios. Si la actual presidenta Dina Boluarte -ex vice de Castillo- ha perdurado en el poder a pesar de haber terminado 2024 con un repudio histórico, se debe a que el Congreso gastó ya el número de mociones de destitución reservado a cada Legislatura. No está impedido de votar la destitución de Boluarte, pero si suma los votos necesarios, debe acompañar con su disolución el vacío de poder provocado, y convocar a nuevas elecciones nacionales. La reforma constitucional llevada adelante con buen éxito por el ex presidente Martín Vizcarra, luego expeditivamente destituido, prohíbe toda reelección, consecutiva o no, para todo cargo electivo. Como en México, cumplido su mandato, ningún presidente puede ser reelegido. Pero a diferencia de México, en el Perú ahora tampoco ningún congresista puede ser reelegido: de disolverse el Congreso, perderían sus bancas para siempre.

9. Bolivia, o la Historia como avatar de las (in)elegibilidades de Juan Evo Morales Ayma

La historia política de Bolivia ha girado desde 2019 en torno de un eje único y determinante: el derecho a la elegibilidad del ex presidente Evo Morales. Incluye episodios judiciales, como los diversos pronunciamientos, sucesivos y contradictorios, en que el Tribunal Constitucional le niega el derecho, se lo reconoce, después se lo limita, después se lo quita, y ahora el damnificado exige que se lo restituyan. Incluye episodios violentos, como el desconocimiento opositor del resultado de las elecciones de octubre de 2019 (acusado el gobierno de un fraude que después se demostró que nunca lo había cometido porque nunca lo había necesitado -había ganado la presidencial en primera vuelta-), la renuncia arrancada por la fuerza y bajo poco sutiles amenazas de muerte al Ejecutivo de Morales y Álvaro García Linera, su exilio en México y después en la Argentina, el gobierno golpista de la senadora beniana Janine Áñez, las elecciones ganadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2020 (con Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía de Evo, como candidato presidencial), la posterior ruptura del MAS, la fragmentación de la izquierda y de la derecha más acá del consabido enfrentamiento tópico entre el Occidente colla (con centro de gravedad en La Paz) y el Oriente camba (ídem en Santa Cruz de la Sierra).

La primera vuelta de las elecciones generales 2025 tiene fecha para el 17 de agosto; la segunda, dos meses después, será el 19 de octubre: el mandato presidencial boliviano dura cinco años. En 2025, Bolivia celebrará en agosto el Bicentenario de su Independencia. ¿Lo hará con Evo Morales inelegible? ¿Lo celebrará?

Arcistas y evistas siguen enfrentándose desde que en mayo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró las últimas inscripciones de candidaturas a presidente, vice, 130 bancas en la Cámara baja y 36 en la Cámara alta de la Asamblea Plurinacional. Hay diez candidaturas presidenciales inscritas (también la derecha va dividida a la elección). Los evistas piden la inclusión entre ellas de una undécima fórmula, la de Morales, para que el expresidente pueda competir por un cuarto mandato presidencial. Piden la renuncia del presidente Arce, al que responsabilizan de la crisis económica.

Una última decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 14 de mayo, volviendo sobre otras anteriores, ratificó una inhabilitación anterior de la repostulación de Morales anunciada en diciembre de 2023 (donde desconocía a la reelección el status jurídico y las garantías que protegen a los DDHH). El 13 de mayo, Arce había renunciado a postularse como candidato del MAS y por lo tanto, a buscar un segundo mandato presidencial. Encabezará la fórmula oficialista Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno (del Interior). El joven presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (sindicatos cocaleros del Chapare), Andrónico Rodríguez Ledezma, de 36 años, que había roto con Arce en apoyo de Morales, rompió con Evo, y es candidato de un nuevo partido de izquierda, Alianza Popular.

Consumado el doble o triple cisma en el MAS, Evo buscó en Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) la estructura desde donde hacer su campaña. Pero la personería jurídica del Pan-Bol caducó dos semanas antes del plazo de las inscripciones en el TSE, y no pudo recuperarla a tiempo. Los evistas dan en las calles y en las marchas la batalla que perdieron en los tribunales para revertir una doble inelegibilidad: la de Morales y la de todas las candidaturas de un partido caduco. Sin que esto sea seguro, en la batalla por salvar al partido (a diferencia de la lucha por su líder) habría aún algún resquicio legal donde hacer pie.

10. El excepcionalismo norteamericano

La gran excepción a la legalidad y jurisprudencia de inelegibilidad es EEUU. No porque faltara polarización. Al contrario, desde la victoria del partido Republicano en 2016 se había agigantado cotidianamente sin desfallecimientos. No porque un insomne partido Demócrata no escrutara cielos y tierra para obtener que el candidato Donald J. Trump fuera declarado inelegible con anterioridad a las presidenciales de 2023. Habría sido, sin duda, el único instrumento confiable en la misión de evitar que ganara en las urnas un segundo mandato rubricado con doble mayoría tanto en el voto electoral (mayor número entre los grandes electores que conforman el colegio electoral en un país federal donde la elección presidencial es indirecta) y en el voto popular (mayor número de votos en el recuento final y total de sufragios emitidos -adicionando en una suma final los resultados parciales obtenidos en cada uno de los 50 estados de la Unión). Con Trump encabezando la fórmula partidaria como candidato al Ejecutivo, también ganaron los republicanos la mayoría en el Poder Legislativo, con sendas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.

A medida que progresaba la campaña electoral y se acercaba la cita electoral decisiva, en un país sin segundas vueltas, del primer martes de noviembre, en juzgados penales federales y estaduales se aceleraba el curso de los procesos abiertos y la apertura de nuevas causas contra Trump. Fue declarado culpable en uno solo de estos juicios: el 29 de mayo de 2024, el gran jurado reunido en un tribunal de Nueva York fue unánime al declarar que Trump había en efecto infringido varias leyes y normas electorales estaduales al asentar entre los gastos de la campaña presidencial de 2016 un monto pagado por sus abogados a Stormy Daniels. Esta suma de dinero era la pactada según el acuerdo que otorgaba al candidato republicano el derecho exclusivo de publicar una historia contada por la actriz (que debía su encanto narrativo a un desgraciado episodio de comercio sexual -o escabroso o fracasado- con la estrella porno, que habría tenido lugar -o no-, en 2006).

Los restantes procesos fueron interrumpidos por decisión de los jueces, o por intervención de la Corte Suprema en respuesta positiva a demandas de la defensa de Trump: fueron declarados hechos políticos no justiciables.

Pero hay algo más, y es lo más importante. Y es que una sólida y pacífica doctrina de la Corte Suprema de EEUU declara que la elegibilidad es un derecho humano protegido por la Constitución. Por lo tanto, una condena de inelegibilidad es inviable, por ser inconstitucional. Un condenado a prisión perpetua o a muerte puede ser candidato presidencial.

Ni hay ley ficha limpia en EEUU, ni sería posible legislarla sin una reforma constitucional previa. Desde luego, el Congreso de EEUU. Por ello, Trump ha sido el único presidente sometido a dos impeachments: la mitad del total de impeachments abiertos en dos siglos y medio de democracia. No prosperaron.

También en el renglón impeachments ha sido Trump más único que raro. Bajo el cargo de incitar a la insurrección –atribuyéndole la responsabilidad de la protesta violenta de sus partidarios que irrumpieron en el Congreso el 6 de enero de 2021-, el segundo de estos infructuosos juicios políticos fue abierto una semana antes de que el republicano abandonara la Casa Blanca y de que el demócrata Joe Biden asumiera la presidencia el 20 de enero de ese año.

En un juicio político, en EEUU, la Cámara de Representantes acusa, el Presidente es defendido por un equipo de abogados que él designa, y el Senado condena o absuelve. El segundo juicio político del que fue reo Trump concluyó en el Senado con su absolución. El 13 de febrero de 2021, 53 de los 100 senadores votaron ‘culpable’ y 47 ‘inocente’. La mayoría simple era insuficiente, porque una condena requiere la mayoría calificada de 67 votos ‘culpable’.

Como Trump ya no era presidente, la destitución no podría haber sido su castigo. Como era ex presidente y no podían destituirlo, los demócratas buscaban sustituir la pena inaplicable al pasado por la de inelegibilidad futura. Los constitucionalistas consultados entonces coincidían en que, aun si la acusación demócrata hubiera contado con los 67 votos que precisaba para imponerse gracias a republicanos tránsfugas, aun en el hipotético e impensable caso de que fuera unánime, habría enfrentado obstáculos legales, y la Corte Suprema la habría dejado sin efectos prácticos.

AGB/MC