A dos décadas de la Cumbre de las Américas de 2005, donde Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez sepultaron el ALCA, el proyecto de libre comercio impulsado por los Estados Unidos de George Bush, Mar del Plata vuelve a ser escenario de una cita cargada de memoria política. 

Este martes, a 20 años del “No al ALCA”, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cierra una serie de actos que comenzaron ayer y que reunió a referentes sindicales, académicos y organizaciones sociales argentinas y latinoamericanas para conmemorar el rechazo latinoamericano al Área de Libre Comercio de las Américas, la iniciativa que impulsaba el entonces presidente estadounidense republicano. 

A su vez, Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, también evocó el aniversario con un mensaje en redes, en una clara alusión a la actualidad argentina, con el gobierno de Javier Milei rendido al rescate financiero de Donald Trump: “Integración sí, pero sin dominación”, tuiteó la ex mandataria.

Kirchner, Chávez y Maradona

Las jornadas de debate, memoria y acción colectiva, de carácter internacional, en Mar del Plata se desarrollan bajo la consigna “Ni un paso atrás” y promueven “la soberanía de los pueblos, contra la derecha y el neoliberalismo”.

Kicillof será el orador principal tras una serie de paneles sobre la integración regional, la deuda externa y los desafíos del desarrollo con soberanía. También se proyectaron fragmentos del histórico discurso de Kirchner en la IV Cumbre de las Américas de 2005, cuando advirtió que “no servirá cualquier integración, simplemente firmar un convenio no será un camino directo a la prosperidad”. “Venimos a decir que no estamos dispuestos a seguir las recetas que nos llevaron al desastre”, completó su discurso Kirchner. 

Pero el hecho que más resonó entonces fue la contracumbre multitudinaria que hubo en el estadio Mundialista, donde participaron desde Chavéz a Diego Maradona. Allí, el entonces líder venezolano selló su frase: “ALCA… al carajo”. 

Maradona había llegado a Mar del Plata a bordo del Tren del ALBA, que había partido desde Constitución. Viajó en el último vagón acompañado por el cineasta Emir Kusturica, Evo Morales –que todavía no era presidente de Bolivia–, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Heredia, Juanse, representantes de Madres de Plaza de Mayo, y una larga lista de personalidades. 

20 años después, el acto en Mar del Plata buscó reponer, en clave contemporánea, el sentido político de aquel episodio que marcó un punto de inflexión en América Latina. La conmemoración coincide con un clima de tensión social y económica en la Argentina y el avance de la ultraderecha en todo el continente. 

“Hay que ir hacia la unidad continental e incorporar a los movimientos sociales de Estados Unidos y Canadá. Porque desde el corazón del imperio nacerá la derrota de Donald Trump”, dijo Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), de México, uno de los invitados internacionales del acto.

MC

Desde el inicio de la primera presidencia de Hugo Chávez, más de 25 años atrás, voces liberales y conservadoras han intentado que el debate sobre Venezuela se perfilara sobre la proclamación o el rechazo a un rótulo: ¿es una dictadura?

El forcejeo sobre el chavismo excedió con creces el interés sobre la política de Venezuela. Las figuras de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, fueron utilizadas persistentemente como un tamiz ordenador de la escena política de América Latina e incluso merodeó el debate en democracias de Europa. Si a Chávez o Maduro les cabía el lugar del dictador, el estigma contagiaba a los liderazgos de izquierda y progresistas que se hicieron fuertes en el subcontinente las primeras dos décadas del siglo.

El dato de que el señalamiento proviniera de estamentos políticos y mediáticos cuyo frenesí por las reglas de la democracia comenzara y acabara en Venezuela no invalida la pregunta en sí misma.

Es cierto: esos diputados, esos panelistas exaltados, esas ONG de cartón, esos editoriales impostados demostraron nula preocupación por los crímenes masivos de lesa humanidad cometidos por militares y paramilitares colombianos bajo Gobiernos de derecha, o por el Ejército boliviano que empujó a Jeanine Áñez a la presidencia en 2019 y de inmediato desató una cacería, o por la continuidad de la política por memoria, verdad y justicia en Argentina. Por supuesto que a los diputados de Javier Milei que visitaron en la cárcel a represores siniestros como Alfredo Astiz y Antonio Pernías no les interesan en absoluto la libertad y la ley. Ocurre que el cinismo de quien plantea el interrogante no exime de la respuesta a quien asume principios democráticos como un pilar de la inclusión social.

Durante los primeros años de la denominada Revolución Bolivariana, el cuestionamiento a las credenciales democráticas de Chávez resultó absurdo.

El sistema mediático venezolano a pleno, la dirigencia de los partidos tradicionales, las cámaras empresariales y las embajadas de George W. Bush y José María Aznar en Caracas dejaron sus huellas marcadas en el fallido golpe de Estado de abril de 2002.

Si Chávez era un líder histriónico y personalista que tensaba las reglas, montado sobre su gran popularidad en segmentos de la población que habían sido excluidos desde siempre de la vida cívica de Venezuela, sus opositores propiciaban una dictadura militar clásica o comandada por algún títere oscuro. El grupo golpista decidió televisarse mientras brindaba con champagne el éxito de la asonada, pero las barriadas de Caracas supieron lo que estaba en juego y le arruinaron el festejo.

La historia continuó con una profundización de los que habían sido atisbos autoritarios de Chávez, en particular, en lo referido a los medios de comunicación y el poder judicial. La prensa golpista —90% de los diarios, canales y radios— fue crecientemente desarticulada mediante compra, asfixia económica o pacto con sus dueños, a la vez que el Estado forjaba una red de medios públicos de tinte oficialista. No obstante, las voces opositoras, con la dosis de agravio cotidiano en que se desenvolvía la vida política de Venezuela, tuvieron canales de expresión que se mantuvieron en pie durante varios años.

Si Chávez era un líder histriónico y personalista que tensaba las reglas, sus opositores propiciaban una dictadura militar clásica o comandada por algún títere oscuro

La oposición lo intentó todo, con el inconveniente de que había quedado escaldada por el golpe de 2002. El menú de herramientas incluyó la financiación de parte de entes estatales norteamericanos a través de sellos políticos, medios y pantallas de ONG, hasta alternativas para vencer a Chávez por vías que no incluyeran urnas.

A la hora de las elecciones, el presidente bolivariano ganó una y otra vez, y cuando no lo hizo por menos de un punto porcentual, como en el referéndum constitucional de 2007, lo reconoció de inmediato.

La pregunta no se rindió. Chavez, con varios años en el Palacio Miraflores, ¿se había vuelto un dictador?

El panorama mediático dominado por la oposición de principios de siglo viró a una paleta inversa. Hacia 2010, las voces críticas pasaron a ser franca minoría.

El Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aceleró una práctica reñida con un aspecto básico de la democracia. Manuel Rosales, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Leopoldo López y una larga lista sufrieron el veto para presentarse a elecciones o desarrollar una vida política normal. Cuando no fue el impedimento explícito, se trató de vaciarles el cargo en un municipio o gobernación ganado en las urnas.

Ya convertido en un régimen que accionaba con los tres poderes del Estado, el chavismo expuso argumentos en algunos casos verosímiles para el veto de sus adversarios. En general, su involucramiento en guarimbas (barricadas) y múltiples intentos de derrocamiento que ocasionaron centenares de muertes a lo largo de los años, con especial saña hacia los humildes que adherían a Chávez y Maduro. La contracara fueron los colectivos paraestatales, igualmente violentos con sus adversarios, pero el Poder Judicial bolivariano no encontró elementos para inhabilitar a nadie del oficialismo..

Parte del antichavismo fue coherente mientras hubo elecciones con escrutinio limpio. Nunca aceptó el veredicto de las urnas y se privó siempre de demostrar un atisbo serio de fraude.

Después de Chávez

El caristmático líder murió en marzo de 2013 y al mes siguiente se celebraron elecciones presidenciales, con Maduro como candidato. Ganó por una ínfima diferencia. Para variar, la oposición desconoció el resultado.

En 2015, la opositora Mesa de Unidad Democrática ganó las elecciones parlamentarias, segundo triunfo opositor en la era chavista tras aquél de la constituyente de 2007.

Maduro aceptó el resultado, pero vació al Congreso de funciones mediante el artilugio burdo de asignar la función legislativa a una Asamblea Constituyente electa en 2017, cuya composición no obedeció al reparto proporcional y benefició a aliados del PSUV.

Así, en 2019, salió al a luz pública Juan Guaidó, un diputado de segundo orden que resultó electo presidente por la Asamblea Nacional que había sido desvirtuada por la treta constituyente de Maduro.

Guaidó, un personaje sórdido, volvió a intentarlo todo, de la mano de la Casa Blanca y de la trama reaccionaria que comenzaba a crecer en América Latina. Con su participación o anuencia, arremetió la asfixia económica a través de un bloqueo orquestado por Washington, la confiscación de reservas internacionales en Londres, un intento de golpe privado con mercenarios financiados desde Miami y el intento de instauración de una presidencia paralela que terminó en el fiasco de la corrupción a gran escala.

A esa altura, el régimen había arrinconado a la mínima expresión a las voces mediáticas críticas u opositoras. Con el Poder Legislativo sustituido, sin libertad de prensa, jueces obedientes, la pregunta sobre la “dictadura” subió otro peldaño de legitimidad.

El mismo año del lanzamiento de Guaidó al estrellato, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet, emitió un informe en el que señaló graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, sobre todo, a partir de 2016: torturas, detenciones arbitrarias por motivos políticos, reclusiones en condiciones inhumanas, represión violenta de las protestas, asesinatos y violencia sexual. Miles de víctimas directas registradas en el relevamiento más importante sobre los derechos humanos en Venezuela, aunque no fue el único.

La derecha que lo acusaba se permitía una ráfaga de convicción cívica para compararlo con Augusto Pinochet, sólo como un ardid infame. El término dictadura es demasiado serio para malversarlo y dejarlo en manos de sus propagandistas

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que denuncian las atrocidades de Israel en Gaza, la violación de los derechos humanos en Colombia y los desbordes autoritarios de Gobiernos como los de Mauricio Macri y la derecha chilena, también señalaron con precisión los crímenes cometidos por el Estado venezolano.

Una tarea esencial del periodismo es elegir las palabras para ayudar a entender la realidad con todas sus graduaciones. Una prensa volcada a lanzar agravios y etiquetas como bengalas puede avivar las llamas, pero se aleja de su objetivo de informar e interpretar.

La acusación de que el primer Gobierno de Chávez era una dictadura hablaba más de la derecha golpista que lo acusaba que del presidente de izquierda. Una década después, con el chavismo al mando de casi todos los resortes del Estado, había elementos nítidos para describir su autoritarismo en el marco de una democracia degradada. Comicios relativamente libres, escrutinios auditados y un Gobierno con interlocución en foros latinoamericanos como Unasur, Mercosur y CELAC, integrados por pares de distintas tendencias, electos por voto popular, alejaban a su administración de identificaciones con regímenes dictatoriales que habían cometido atrocidades. La derecha que lo acusaba se permitía una ráfaga de convicción cívica para compararlo con su otrora admirado Augusto Pinochet, sólo como un ardid infame. El término dictadura es demasiado serio para malversarlo y dejarlo en manos de sus propagandistas.

En los años de Maduro siguieron más elecciones en las que la oposición realizó apuestas fallidas y quedó presa de quienes apostaron históricamente por el choque abierto con letra suministrada en Miami, comenzando por María Corina Machado.

La elección del domingo resultó inédita para cualquier democracia que al menos pretenda salvar las formas. La proclamación de un vencedor por parte de una autoridad electoral que arroja dos porcentajes al voleo, mal sumados, sin ningún tipo de respaldo, es intolerable. Se trata de un montaje del que ya no hay vuelta atrás, salvo un resquebrajamiento interno de los que aceleran el final de regímenes autoritarios.

Machado, esta vez, aceptó las reglas. Incluso tramitó arbitrariedades como el veto aplicado a su propia candidatura, y siguió adelante con el sustituto Edmundo González Urrutia. Los reproches a la actuación de Machado en las últimas dos décadas y media son válidos en el intercambio político, pero su papel el domingo correspondió al de una opositora que reclama garantías elementales.

La proclamación del triunfo por parte de González Urrutia y Machado por un margen “70-30” está lejos de estar probada. La oposición no fue más precisa que el Gobierno para dar por definido el conteo, pero en un sistema democrático, la transparencia del escrutinio corresponde a la autoridad electoral.

Con los antecedentes de Venezuela, si la escena sigue su curso, cabe esperar lo peor. Acaso decenas de muertes, centenares o miles de detenidos (ya se cuentan unos 800), balas perdidas sobre los más indefensos y dosis masivas de desesperanza para una sociedad agobiada, que vio partir a unos siete millones de compatriotas.

Maduro acaba de quemar la última nave que lo podía salvar de quedar en la historia como un dictador.

SL

“Si la descomposición es una transformación biológica por la cual el cuerpo de un organismo se va reduciendo a formas más simples, Venezuela pareciera estar atravesando justamente ese proceso, un país que fue próspero, democrático e igualitario, y que hoy se encuentra estancado en el pantano de todas las crisis”. La pintura venezolana que José Natanson describe en su reciente libro Venezuela. Ensayo sobre la descomposición (Debate) se cristalizó el domingo casi de madrugada cuando el Consejo Nacional Electoral local declaró a Nicolás Maduro nuevamente como presidente, con la particularidad de que a medida que no se publican los datos desagregados de los resultados de las elecciones y las actas de las mesas de votaciones crece aún más la sospecha de fraude.

¿Cómo entender entonces el problema venezolano? Es la respuesta que en su complejidad responde en su libro el politólogo, periodista y actual director de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur. Natanson viajó varias veces al territorio durante los últimos años para tratar de entender con mirada crítica cómo Venezuela se encerró en su propio laberinto durante el chavismo, régimen que califica de “autoritarismo caótico”. El libro detalla este proceso que comenzó con los desmanejos económicos de Hugo Chávez y se profundizó con las cada vez más frecuentes trampas políticas de Maduro para mantenerse en el poder. La más grave la de hace dos días: “Si se comprueba que hubo fraude, el chavismo habrá cruzado una nueva línea roja”, advierte Natanson. 

Pero el problema venezolano excede al chavismo en sí. Y Natanson aporta luces sobre las bases estructurales de la crisis: la corresponsabilidad de la oposición –hoy encabezada por María Corina Machado–, los límites de la presión de la comunidad internacional y la “tragedia” de ser un país con las reservas de petróleo más importantes del mundo. Una conversación para entender cómo el país llegó a la dramática situación actual y también qué puede pasar hacia adelante, con Maduro aferrado aún más al poder y la oposición intentando buscar apoyo callejero e internacional para desbancarlo.

–Empecemos por lo urgente: en el libro mencionás que el sistema electoral venezolano es muy difícil de vulnerar por su combinación entre voto electrónico y conteo manual, por lo que si hubiera fraude sería una situación muy burda. ¿Qué habría pasado esta vez, que a 48 horas de las elecciones seguimos sin saber fehacientemente los resultados? 

–El sistema es calificado de robusto por la mayoría de los observadores y los especialistas internacionales, siendo un sistema que construyó el propio chavismo. Ahora, es un sistema que funciona en la medida en que se lo quiere hacer funcionar. Hasta ahora lo único que tenemos como información es la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, un exdiputado chavista, que se paró y dijo que Maduro sacó 51% de los votos y Edmundo González el 44%. No sabemos, por ejemplo, quién salió tercero. La explicación que ellos dan es que hubo un hackeo informático, pero desde la oposición acusan que están haciendo fraude. Una hipótesis que yo estoy tratando de reconstruir es que el CNE, que igual es una caja negra, no tiene todas las actas, sino un 80%. Hubo problemas de transmisión para algunas actas y también hay actas que no son mostrables porque no hubo testigo de mesa de la oposición, dando por ejemplo 100% de los votos a Maduro. Con eso la diferencia entre Maduro y González Urrutia se achicaría, podría llegar a cero o incluso podría estar ganando la oposición. Por eso se apuraron a salir a decir que ganaron y no están mostrando los datos detallados.

–Ver las actas es lo que le reclaman los observadores internacionales como el Centro Carter o presidentes clave como Lula da Silva. Con esta demora, ¿sería creíble esa instancia?

–Si esos datos aparecen la carga de la prueba se pasaría a la oposición, que tendría que demostrar que hubo fraude, detallando que tiene mesas donde hubo más votos de Edmundo que de Maduro. Pero como no muestran los datos, la sospecha de que hubo manipulación, fraude o lo que sea se agiganta. Hay denuncias de la oposición que yo tomo con pinzas, pero que hay que escuchar, porque dicen que en muchos casos no se permitió que se transmitieran los resultados. En todo caso, hasta ahora el responsable de dar la información es el CNE, dominado por el chavismo. Para que una elección sea democrática, los resultados no solo tienen que ser públicos, sino que tienen que ser auditables. 

–En el epílogo planteas el panorama previo a las elecciones del domingo, con un escenario abierto en el resultado, pero teniendo en cuenta una coyuntura compleja para Maduro a partir fundamentalmente del éxodo masivo que provocó la crisis irresuelta, que también describís en profundidad. Con el diario del lunes, ¿qué epílogo escribirías hoy?

–Si siguen sin mostrar los resultados se comprueba la idea de que era muy difícil que el chavismo se fuera por las buenas del gobierno, que perdieran la elección y Maduro dijera ‘listo, me voy a mi casa’. El costo de salida es muy alto. Maduro no está dispuesto a irse del gobierno, va a hacer todo lo posible por quedarse, porque por más reaseguros que hubiera tenido y por más acuerdos que pudiera hacer con la oposición, a él y sus funcionarios qué les puede esperar, un futuro de exilio en Cuba o en Rusia, o la cárcel. 

–¿La sensación es que las elecciones no cambiaron nada, sino que más bien profundizaron la crisis en la que está empanada Venezuela? 

–Efectivamente hay una profundización de la crisis, con un punto nuevo que es el siguiente: hasta ahora el chavismo había hecho muchas cosas, como ataques institucionales o barrabasadas republicanas, había inhabilitado a María Corina y a su sucesora, bloqueó las marchas opositoras, detuvo a integrantes de los comités de campaña de la oposición, entre miles de cosas más a lo largo de los años. Pero nunca se robaron una elección presidencial. Nunca cambiaron el resultado de las urnas a nivel nacional, aunque sí en algún estado provincial lo hicieron. Si se comprueba que hubo fraude, el chavismo habrá cruzado una nueva línea roja.

–Calificas la situación de “autoritarismo caótico”; o sea no es una democracia, pero tampoco una dictadura. 

–Yo trato de evitar la discusión sobre si es dictadura o no porque el término en sí es una palabra que confunde, es muy propia del siglo XX. Uno imagina los tanques de guerra, los militares apoderándose de todos los controles de los resortes del poder público, etcétera. En Venezuela hay tres gobernadores opositores, hay cientos de alcaldes opositores, se puede insultar a Maduro en un bar, no hay una Stasi tipo Alemania Oriental, no es un stalinismo. Por supuesto que no es una democracia: hay registradas y comprobadas gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas o detención de familiares. Venezuela es esta cosa híbrida, opaca y confusa que es como el chavismo tramita su vida política, juega con la ambigüedad, con el cinismo ambiguo.

–A la luz del proceso político que estudiaste, ¿qué puede pasar ahora?

–Yo no descarto que de repente las próximas elecciones sean transparentes. Si vemos la historia reciente, cuando el chavismo perdió las elecciones legislativas del 2015 por sorpresa y la oposición obtuvo los 2/3 en la Asamblea Nacional que le permitía sacar a los jueces del Tribunal Supremo, sacar embajadores y no aprobar la negociación de la deuda externa, el chavismo anuló la elección en el Estado de Amazonas, que es chiquito pero impidió que se juramentaran tres diputados. Como el Tribunal Supremo declaró en desacato la Asamblea, absorbió parcialmente sus funciones, después Maduro convocó una Constituyente que se votó de una manera rarísima en la que solo podía ganar el oficialismo y luego absorbió las funciones de la Asamblea. Hubo conflicto político, represión, cientos de muertos y en el 2019 hubo elecciones regionales que ganó el chavismo y en el 2021 la oposición fue a las elecciones legislativas que fueron democráticas. 

–¿Por qué planteás que la oposición tiene cierta responsabilidad en el proceso de crisis? ¿Podría haber ganado las elecciones realmente?

–La oposición es históricamente corresponsable del drama político venezolano porque siempre estuvo sumida en una desorientación estratégica respecto a qué hacer con el chavismo. Siguió a veces la vía democrática, a veces la vía insurreccional, a veces el mismo año planteaban una insurrección y presentarse a una elección, con un año de diferencia, y después vuelta a la insurrección. Esta vez la oposición venía haciendo todo bien y se mantuvo en la ruta electoral pese a las proscripciones de Corina Machado o su sucesora. 

–Desde hace semanas planteaban que iba a haber fraude. ¿En el fondo se cumplió su profecía?

–Es la narrativa del chavismo: “si la oposición dice que si no ganan ellos hay fraude, ¿qué pasa si realmente gano yo?”. Creo que la oposición en este caso hizo todo lo que podía hacer y evidentemente no fue suficiente. 

–¿Qué más podrían hacer ahora?

–Poco. Puede liderar y organizar protestas pacíficas. Puede trabajar con la comunidad internacional. Puede tratar de llegar a algún nivel de acuerdo con el Gobierno para que las próximas elecciones legislativas sean más limpias. No veo que pueda hacer mucho más. Lo mismo la comunidad internacional: la incidencia extranjera, incluyendo los tres países más importantes para la política venezolana, que son Estados Unidos, Colombia y Brasil, que jugaron muy constructivamente a favor de una normalización democrática, es muy limitada.

–¿El aislamiento internacional tampoco es tal? En el libro demostrás que parte de la sobrevida de Maduro fueron sus alianzas con Rusia, China, Irán o Turquía. Incluso le restas importancia al bloqueo nortemaericano, que le da argumento al chavismo. 

–Maduro tuvo sus socios en el peor momento, como cuando entre el 2016 y el 2018 fue acosado por el grupo de Lima, desenganchado de casi toda la región, con sanciones de Donald Trump sobre PDVSA, con el gobierno paralelo de Guaidó. Entonces Maduro aguantó, y no creo que no pueda aguantar ahora. Luego Estados Unidos flexibilizó las sanciones, toleró los diálogos y los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, hasta hubo intercambio de presos. Entonces la capacidad de incidencia dentro de la política interna de Venezuela y en el desenlace de este proceso es muy limitada. 

–Una explicación del problema venezolano, que aparece como la base de tu tesis de la descomposición venezolana, es el fenómeno del “Estado rentista”, atado a la riqueza petrolera, que da una enorme oportunidad pero está muy acotado a eso. ¿Qué explica eso de la situación actual, de cómo funciona el gobierno y cómo actúa la sociedad?

–El rentismo es una estructura económica que modela un tipo de sociedad que a su vez conforma una cierta cultura política. El rentismo es depender de un único recurso natural que no es consecuencia de la acción humana, de la innovación, de la inversión, del trabajo y del esfuerzo, sino de la suerte. El petróleo está en Venezuela, pero si te corrés 200 kilómetros  ya no hay petróleo. Eso es suerte, es algo que cae del cielo, y genera una cierta sociedad. A riesgo de resultar esencialista en la mirada: es una sociedad que piensa que es rica porque le tocó eso, no porque se esforzó o porque lo construyó.

–¿No hay meritocracia?

–Genera una lógica antimeritocrática. Rompe la lógica del esfuerzo, que mueve el capitalismo. La sociedad venezolana cree que le corresponde cierto nivel de vida simplemente porque hay petróleo enterrado bajo el subsuelo. El libro “El estado mágico” de Fernando Coronil profundiza eso en la cultura popular, en las canciones, en los libros, en la literatura, en los mitos urbanos. El sintagma se completa con que si Venezuela es un país rico y yo soy pobre, ¿qué pasó en el medio? Bueno, alguien se robó la plata. Entonces, ¿cuál es la solución? Sacar a esa persona que se robó la plata y poner a alguien. Los venezolanos están esperando permanentemente la llegada de un “César bueno” que simplemente redistribuye algo que ya está. Puede ser Carlos Andrés Pérez, puede ser Chávez o puede ser Corina Machado, a la que muchos le empezamos a ver rasgos de ese mesianismo tropical propio de la cultura política venezolana. Por eso yo digo en el libro que si gana la oposición, el riesgo es una nueva decepción.

–¿El Estado rentista es un mito?

–El problema es que Venezuela no es un país rico ni mucho menos un país desarrollado. Sí es un país que tiene mucho petróleo, que es algo muy diferente. Venezuela tuvo un ciclo de progreso, modernización, crecimiento, aceleradisima, urbanización, atracción de migrantes, apalancado por el petróleo desde principios de siglo XX y que tuvo sus momentos de mayor esplendor en la Venezuela saudita de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un faro de América Latina: un país muy democrático en un momento en que la región estaba asolada por dictaduras militares. Eso empezó a crujir hacia los 80, primero con el Viernes Negro, que fue una brutal devaluación, después con el Caracazo del 89, que lo convenció a Chávez de que tenía que dar un golpe. Los 90 son una década mala para Venezuela, pero Chávez llega en el 99 y uno o dos años después el petróleo de nuevo se va para arriba. Así hasta 2013, que muere Chávez y empieza a bajar el precio del petróleo casi al mismo tiempo. 

–¿Los vaivenes de la economía y la política están atados al petróleo?

–Yo lo llamo el nudo venezolano. Un nudo que tiene por un lado una economía monodependiente, de bajísima productividad que prácticamente exporta solo petróleo y que es incapaz de producir los alimentos que consume los repuestos para la propia industria. Y por otro, una sociedad que no es de brazos caídos, sino que es demandante, con una memoria de bienestar e igualitarismo muy fuerte. Y lo que pasa es que la política no puede dar respuesta y no puede hacer encajar esas dos cosas. En Venezuela no hay buenos o malos presidentes, sino buenos o malos precios del petróleo. Lo cual es una tragedia.

–¿El rasgo autoritario que tomó el gobierno tiene que ver también con la economía monodependiente?

–Si vos en Venezuela controlas la renta petrolera, controlas toda la economía. No hay burguesía, no hay capitalismo, no hay trabajadores. Por eso la idea de que hay lucha de clases allí es un disparate. Y hay una tendencia en los países petroleros a volverse más autoritarios, porque una vez que un político, un partido o un clan se apodera de la renta petrolera, es muy difícil sacarlo. Con esa riqueza el Estado no depende de la sociedad para sobrevivir, la recaudación impositiva es muy chiquita. 

–Planteas en el libro que un país no se destruye en dos minutos. ¿En cuánto puede reconstruirse?

–Va a llevar décadas. Pero además hay cosas que no reconstruís nunca, como son las capacidades profesionales de la gente. Se fue gran parte de la clase media, una pérdida de capital humano enorme. del que no te recuperas nunca. Las industrias petroleras de buena parte de los países de la región, incluyendo Argentina, funcionan en buena medida gracias a trabajadores y profesionales venezolanos. 

–El impacto de la emigración en Argentina es evidente. Y también Venezuela impacta en la política local. ¿Cómo analizás el rápido posicionamiento de Milei y la contracara que es el silencio de Cristina Fernández de Kirchner?

–De Milei no esperaba nada, como del resto de los gobiernos de derecha de la región. Sí me parece sugestivo el silencio de Cristina. El hecho de que no haya salido a felicitar a Maduro como presidente reelecto de Venezuela, como sí hicieron los gobiernos de Nicaragua, Cuba o Bolivia habla de que Cristina tomó nota. Está como estamos todos, esperando. Es lógico. Lula también está esperando, que tiene a Celso Amorín en Caracas. La pelota está al lado del gobierno, que es el que tiene que mostrar la información para respaldar lo que dijo el CNE. Volvemos al comienzo de la entrevista. Pero si el Gobierno difunde los datos desagregados por mesa y por centro de votación, la carga probatoria se traslada a la oposición, que tendrá que demostrar que los resultados fueron manipulados. 

–En Argentina vimos a la oposición del kirchnerismo en su momento agitar el fantasma venezolano, como que era nuestro destino evidente. Ahora en Venezuela hay cierta dolarización, el líder excéntrico, además de ser autoritario, y la crisis no se resuelve. Pensando al revés: ¿puede convertirse Milei en Maduro?

–La dolarización endógena que quiere hacer Milei es lo que ocurrió en Venezuela. No porque Maduro quiso hacerlo, sino porque no pudo evitarla, porque en Venezuela hubo dos hiperinflaciones en cinco años. La moneda es una necesidad humana, y entonces la gente empezó a pagar con dólares y los dólares se fueron instalando. Aunque no es oficial o institucional, porque no podés pagar impuestos en dólares y los empleados públicos siguen cobrando en bolívares, hay una dolarización de facto. Esa dolarización endógena, que es lo que dice que quiere hacer Milei, es lo que permitió estabilizar la economía de Venezuela, pero es también la que terminó de cristalizar la desigualdad. Pero es el único punto de comparación, en el resto de las cosas son países muy diferentes.

DM/MC

De la contracumbre anticapitalista a la ultraliberal. En 2005, en Mar del Plata, vinieron el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y los demás del continente a la Cumbre de las Américas en el Hotel Hermitage, el de los almuerzos de Mirtha Legrand. Bush quería impulsar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Pero el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, organizó una contracumbre en el estadio mundialista, con la presencia estelar de dos que llegaron en tren desde Buenos Aires, Diego Maradona y el dirigente cocalero que aspiraba a liderar Bolivia, Evo Morales. Ahora Javier Milei organizó un contracoloquio.

Todos los años en Mar del Plata se reúne parte del establishment argentino, muchos CEO de multinacionales, algunos pocos dueños de grandes compañías nacionales y diversos ejecutivos de toda clase de firma, en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Suelen invitar a políticos, sindicalistas, economistas y referentes de diversas áreas. En los años de elecciones presidenciales es usual que vengan los candidatos principales. Sólo los Kirchner boicoteaban el coloquio porque lo veían como un foro opositor. Ahora también lo hace el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), que este jueves a la misma hora en que Patricia Bullrich, su rival Juntos por el Cambio, exponga en IDEA, en un almuerzo abierto a la prensa en el hotel Sheraton, él ha organizado una comida cerrada con un grupo acotado de empresarios en el restaurante Furia.

Este año el coloquio se titula en clave del triunfo mundialero: “Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena”. Los encuentros de IDEA suelen llevar ese tipo de eslóganes que pueden inspirar a cierto público, a pesar de que las discusiones en los pasillos siempre se centran en la coyuntura, en este caso, en los comicios, la inflación y la dolarización. La selección argentina ganadora en Qatar fue la primera en la historia de los mundiales, desde 1930 que no fue a saludar al presidente de su país, en lo que puede interpretarse como un gesto de desaprensión de un grupo de 23 ciudadanos hacia la casta política. Una señal que hablaba de una sociedad que estaba harta y que anticipaba lo que ocurriría ocho meses después cuando Milei fue el más votado de las primarias, con el 29% de los sufragios. Ahora es el libertario quien no quiere volver a juntarse con lo que él considera una casta empresaria que en el coloquio del año pasado lo trató con frialdad mientras aplaudía a Bullrich. Así como Néstor y Cristina Kirchner lo veían opositor, ahora Milei lo tacha de espacio de Juntos por el Cambio, es decir, los tres con la misma mirada.

Subestimado muchas veces en su vida, también por el empresariado, el candidato presidencial de La Libertad Avanza declinó asistir a la charla que debía dar este viernes en el coloquio y armó rancho aparte en la misma Mar del Plata. Así como al coloquio van 1.000 ejecutivos, al almuerzo del libertario, sin prensa, irán 50 de los más poderosos empresarios que van a IDEA y que se perderán la intervención de Bullrich, entre ellos, Patricio Supervielle, Martín Cabrales, Marcelo Figueiras (laboratorio Richmond), Alejandro Cerviño (banco Comafi) y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina, UIA).

Quien tampoco se sabe si vendrá este jueves es . Sergio Massa, de buena relación con el establishment. Los que sí hablaron son otros personajes. Este miércoles, sobre los 40 años de democracia y los desafíos pendientes disertarán la historiadora Camila Perochena y la empresaria autopartista Carolina Castro (Industrias Guidi), entre otros. Sobre cómo Perú derrotó la inflación, el presidente del banco central de ese país, Julio Velarde, y el gerente general del Banco Galicia, Fabián Kon. Sobre sectores de “alto impacto”, Roberto Alexander (IBM), Ignacio Celorrio (Lithium Americas), Paula Cristi (Despegar), Ignacio Lartirigoyen (de la agrícola Lartirigoyen), Ricardo Markous (Tecpetrol, del grupo Techint); Franco Mignacco (Minera Exar, de litio), Sofía Vago (Accenture) y Wanda Weigert (Globant). El devaluado presidente Alberto Ferrnández cenará esta noche en el coloquio.

AR/MG

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en la cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

La amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: “Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones”. Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7.700 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo. 

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de noviembre de 2022 a las 20:32. Donde decía que Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares debía decir por 7.700 millones de dólares.

ED

Venezuela fue durante varias décadas fue uno de los países con mayores reservas de oro monetario en el mundo. En  el año 2011 poseía 365,82 toneladas en el puesto 16 de la lista de los países con mayores reservas de oro del mundo.

En el mismo 2011, el 42% (154,47 t) de las reservas de oro metálico se encontraba bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que el restante 58% (211,35 t) se hallaba depositado en bancos ubicados en Gran Bretaña  (46,44%), EEUU (5,85%), Suiza (3,24%) y Canadá (2,25%). 

La pregunta respecto a cómo las reservas llegaron hasta allí revela una estrategia seguida por  muchas otras naciones debido a que sus bancos centrales no habían instrumentado medidas que garantizaran una total protección. Muy diferente era el statu quo logrado por Banco de Inglaterra que en 1732 había construido la primera bóveda de seguridad  y gracias a esto,  Londres se estableció como protagonista en el mercado del oro, centro mundial del comercio del metal precioso. Jamás se perpetró robo alguno en el Banco de la capital de Gran Bretaña, donde se encuentra una  quinta parte del oro de los gobiernos  de ambos lados del Atlántico.

La repatriación del oro venezolano

En agosto de 2011, el ex presidente Hugo Chávez (1999-2012) ordenó al BCV- que goza de autonomía constitucional para administrar las reservas - la repatriación del  oro monetario del país depositado en los bancos de la Unión Europea y de EEUU.

Las razones aducidas por Chávez fueron que era necesario asumir  el control físico de los activos de la nación,  en esos momentos que EEUU y la Unión Europea se encontraban en crisis económica y financiera. Muchos analistas, sin embargo, advirtieron que las verdaderas razones del traslado tenían que ver con la intención del gobernante venezolano de manejar directamente estos recursos de manera discrecional.

A principios del 2012, Nelson Merentes, el entonces presidente del BCV, anunció la repatriación de 160 toneladas del oro monetario que se encontraban depositadas en bancos de Suiza, Gran Bretaña, EEUU y Canadá.

Con esta repatriación, 315 toneladas quedaron en las bóvedas del BCV mientras que el resto se mantuvo en centros financieros del exterior para utilizarlas en futuras operaciones. Dentro de ese remanente quedaron las 31 toneladas de oro que hoy se encuentran bajo litigio en Londres.

El destino del oro del BCV

A partir del 2014, el presidente  Nicolás Maduro, autoproclamado defensor del “legado” del comandante Chávez, comenzó a hacer un uso intensivo de las reservas de oro monetario venezolano para sortear el conflictivo escenario nacional.  El desplome de los precios internacionales del petróleo que se sumaron a  las sanciones financieras y petroleras del gobierno de EEUU; la ausencia de inversiones privadas y públicas; la hiper-inflación que pulverizaba el valor del bolívar; el colapso de la renta que ha afectado las inversiones y mantenimiento al sistema de distribución del agua nacional, generando muy severos problemas de acceso al agua de millones de personas; la crisis hegemónica producida después de la muerte de Chávez en 2013 que estimuló la competencia de intereses particulares y la corrupción; el desarrollo del conflicto colombiano en el período de “Acuerdos de Paz” y post-acuerdo que ha impulsado el crecimiento de la movilización de sectores de las guerrillas a Venezuela, incidiendo en las disputas territoriales por los recursos naturales .

El presidente Maduro, ante de la gran crisis política-humanitaria-económica y sanitaria de la nación y apremiado por la necesidad de liquidez,  utilizó el oro monetario como garantía (swap) para recibir préstamos a mediano plazo de bancos internacionales. Algunas de esas garantías auríferas se perdieron por impago. En el año 2019, por ejemplo, el Deutsche Bank tomó el control de 20 toneladas de oro que Venezuela había colocado como fianza para respaldar un préstamo de 750 millones de dólares que el gobierno de Maduro recibió en el 2016 y no canceló. 

El segundo mecanismo recurrido por  Maduro para obtener divisas es la vertiginosa y acelerada venta del oro monetario venezolano. Según la investigación  BCV, La exprimidora oficial del oro venezolano, de las periodistas venezolanas Lisseth Boon y Lorena Meléndez, el BCV se ha valido “de mecanismos legales para lavar ‘el oro sucio' que compra procedente del Arco Minero del Orinoco”. Este “oro sucio” u “oro de sangre” proviene de circuitos criminales que operan en el sur de Venezuela. 

Con todo, en el término de cinco años, la repatriación del BCV condujo a que las reservas de oro monetario del país registraran una caída de 66%. Venezuela pasó de poseer 360 toneladas en el año 2013 a 161 toneladas en el 2018. Durante los años 2017 y 2018, según el Concejo Mundial del Oro , el BCV fue la institución bancaria que vendió más oro monetario en el mundo. Según los balances del BCV, las reservas de oro monetario venezolano quedaron reducidas a 98 toneladas para finales del año 2020. Un año después, en diciembre de 2021, la cifra llegó al mínimo histórico de 79 toneladas.

La importancia crucial del oro 

Ya en la década de 1990, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos para enfrentar la crisis de la deuda externa. En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces presidente Rafael Caldera abrió en 1963 el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el medio ambiente. En el contexto de aguda crisis económica, social y sanitaria que ha tenido que enfrentar el gobierno de Maduro – que en parte se deben a  las sanciones del gobierno de Trump a la economía venezolana y también a  las disputas por el control del Poder Ejecutivo entre Maduro y, la coalición de Guaidó- el oro constituye uno de los principales refugios económicos. Se explica así la expansión de la mega-minería con el Arco Minero Orinoco,  a una vasta zona de 111.846 km2 rica en minerales preciosos en toda la  región de Guayana que representa el 43,47% del territorio venezolano, como proyecto emblemático y las pretensiones del gobierno de captar la mayor cantidad posible de toneladas de este metal aurífero. La captación de las nuevas toneladas de oro se ha promocionado en medios televisivos y prensa escrita y digital, como  las imágenes del presidente Maduro con varios lingotes de oro en el Palacio de Miraflores.

Las ventas de oro por parte del gobierno de Venezuela, que hoy están formalmente afectadas por las sanciones impuestas por los EEUU, fluyen por canales alternativos como Turquía o Uganda, aunque previo a las sanciones volaban hacia los canales hegemónicos, en operaciones subterráneas y cuasi clandestinas vinculadas principalmente al pago de la deuda externa y sus servicios.

El significado del oro en el contexto de la crisis económica mundial crece día a díad, y más si se resalta la crisis del (patrón) dólar, la guerra comercial y los progresivos pasos de varios países y mercados para ir desacoplándose de este patrón y diversificar los respaldos y valores de cambio mundiales.

En este panorama, potencias como Rusia y China han realizado sostenidas y aceleradas compras de oro  al mismo tiempo que se han posicionado de diversas maneras en el proyecto del Arco Minero del Orinoco. A la vez que se han producido  las disputas por el control del oro venezolano, evidentes en medidas neocoloniales como la confiscación de reservas auríferas venezolanas almacenadas en bancos internacionales, como el caso del Banco de Inglaterra.

En medio de la gran crisis política-humanitaria-económica y sanitaria que atraviesa Venezuela, el oro es fuente vital para obtener liquidez. De ahí el manifiesto interés de Maduro en las minas del Arco Minero del Orinoco, extendida entre el río Orinoco, el Estado de Bolívar y parte del Estado de Amazonas. la vasta zona que se extiende hasta la frontera con Guyana al este y con la de Brasil al sur. Países como Rusia y China han ampliado su presencia en empresas mixtas de extracción en esta zona con participación del Gobierno.

Venezuela ha continuado vendiendo oro a su aliado Irán, que también está bajo las sanciones de EEUU, pero aun así sus reservas internacionales cayeron a principios de este año al mínimo más pronunciado de los últimos 30 años, según cifras del propio BCV. 

A pesar de la riqueza petrolera del país, la economía está en una situación insostenible exacerbada aún más por las sanciones internacionales. Maduro necesita urgentemente divisas y ve el oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra como la solución a sus problemas. Sin embargo,  por el  momento, tendrá que esperar.

AGB con información de medios y fuentes

Cuando llegué a la Alcaidía Octava de la Policía de la Ciudad me impresionó ver una columna de infantes entrenándose para combate. Llevaban sus armas antidisturbios y toda la parafernalia propia del caso. No sé si sería un entrenamiento de rutina, pero tuve un escalofrío. ¿Se estarán preparando para algo? La mano no viene fácil.

Estaba ahí porque fui a visitar a Alexander Rodríguez, Jaru, uno de los detenidos por los incidentes en el Congreso el día que se aprobó la llamada ley de acuerdo del Fondo. Está a disposición del poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires que lo mantiene en una ridícula prisión preventiva pese a la ausencia de cualquier elemento probatorio que lo involucre con los delitos que le imputan. Me cuenta su abogado, Martín Alderete, que la querella no se opuso a ninguna excarcelación. La preventiva es una definición del poder porteño que busca darle a los hechos su propia narrativa a costa del debido proceso judicial y la libertad de personas inocentes.

Jaru irradia luz desde atrás del blindex policial. Como tantos otros venezolanos que vinieron a la Argentina, trabajaba hasta el mismísimo día de su detención como vendedor de Rapi pedaleando nueve horas por día para juntar el mango. Antes de Rapi, tuvo un barcito frente al Colegio Mariano Acosta que quebró con la pandemia. Ahí conoció a varios padres que mandamos allí a nuestros hijos a esa escuela, como Nacho de la Poderosa; también a su ex directora, la pedagoga Raquel Papalardo. Todos tienen un gran recuerdo del venezolano que les servía el café de la mañana y pueden dar testimonio de su carácter.

Jaru llegó al país hace unos 6 años desde Cotiza, un barrio de monoblocs muy pobre de Caracas. Allá en el Bloque 1 de un Torre de más de 30 pisos su abuela espera la pequeña remesa que Jaru llegaba a juntar con horas de trabaja para ayudarla a ella, su madre soltera y su hermano deportista.

Vino como todo migrante a buscar un futuro mejor y a pesar de todas las dificultades y su injusta detención está agradecido de la Argentina. Empezó la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Ahí conoció a Laura, su novia hace cinco años, y a Facundo, un compañero de Nuestramérica que le abrió la puerta a la militancia social. Detrás del vidrio del locutorio carcelario se le saltan las lágrimas cuando habla de ellos. Su novia, su amigo, sus compañeros. 

Es que Jaru es un pibe sensible que siempre tuvo vocación por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Trabajó en huertas comunitarias, merenderos y ollas populares durante la pandemia. No le importaba demasiado la orientación política del grupo mientras hubiera trabajo social genuino sobre todo si implicaba trabajar la tierra. El quería realizar la contraprestación por el salario social complementario que cobraba dónde fuera, pero ganárselo laburando, como la mayoría de los que reciben este derecho siempre tan estigmatizados.

En política, Jaru tiene sus propias ideas que sabe expresar con claridad, pero sin fanatismo, con esa humildad que demuestra sed de conocimiento y deseo profundo de encontrar el camino correcto para reparar las injusticias que él mismo sufrió en su país natal. Ahora se agregan nuevas injusticias en su país adoptivo.

Lo que tiene de bolivariano Jaru es por un ascensor. El ascensor que colocó Hugo Chávez en el Bloque 1 del Barrio Cotiza que permitía a su abuela bajar sin romperse los meniscos. También por un torneo de futbol que organizó el gobierno en el que pudo darle la mano a Maradona y al comandante. Esas experiencias simples que se marcan a fuego en el corazón de los humildes, los siempre despreciados, cuando sienten que por una vez hay quien los defienda. Me recordó las anécdotas que todavía alguna anciana puede contar de Evita. Tal vez por eso, paradójicamente Jaru también simpatiza con Cristina.

Jaru reivindica la dignificación que significó el proceso bolivariano sin dejar de criticar la situación actual de Venezuela dónde, me cuenta, conviven cuatro monedas: el dólar en el norte, el peso colombiano en el oeste, el real brasilero en el sur y el bolívar en el centro. Sin escatimar críticas al actual gobierno de su país, también es consciente del impacto tremendo de las sanciones norteamericanas que ahora se están levantando por las necesidades geopolíticas del gran hermano del norte. En la realpolitik se puede pasar de integrar el eje del mal al eje del bien de un día para el otro.

Acá pasa algo parecido. La delgada línea entre ser un luchador contra el Fondo Monetario Internacional o un delincuente conspirador en tentativa de magnicidio. Milagro Sala es la presa política emblemática de la Argentina que sigue padeciendo la persecución en Jujuy por tirar, en este caso, huevos. Todo ello ante un silencio que aturde. Aturde tanto como el que efectivamente imperó frente a los destrozos en el despacho de Cristina porque pareciera que las violencias físicas y simbólicas que se descargan sobre el cuerpo y el alma de esa mujer, de tan reiteradas, quedan normalizadas. Por su férreo temple ella no parece necesitar la solidaridad de los compañeros frente a una agresión. La necesita.

Jaru también la necesita. No es tan “importante” pero es un laburante, estudiante, pobre, migrante, militante, buena persona, sostén de su familia de allí en Venezuela. No hizo nada de lo que le imputan ni tuvo participación alguna en los destrozos de las oficinas de Cristina. Es un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario. No permitamos el silencio ante esta cacería de brujas tampoco ¿Acaso ellos hambreados y en patas son la violencia? No imputemos la violencia, que es multidimensional y permanente, que excede con creces el vuelo de una piedra. Siempre a los débiles. Mucho menos quienes luchamos por la liberación social y económica de un país cada vez más dependiente como el nuestro.

Lo que genera violencia es el Fondo Monetario Internacional como bien dijo Cristina Kirchner en su video; ahí está el responsable mediato. Si se quiere buscar al inmediato en torno al hecho puntual, hay que apuntar a la negligencia criminal de no colocar un vallado perimetral en una movilización que, al igual que la reforma previsional, tenía todos los números para terminar como terminó. Es una enorme negligencia que el despacho de una autoridad política como la vicepresidenta quede desprotegido y a tiro de piedra de la cabecera de una marcha que expresa bronca y frustración.

Es un problema cuando se confunden los conflictos políticos y sociales con cuestiones judiciales y policiales. Son formas de criminalización de la política y la protesta, esas formas que combatimos los que pusimos el cuerpo contra el lawfare que sufrió la vicepresidenta o defendimos por obligación militante a dirigentes sociales con los que ninguna afinidad política o metodológica nos une. Esto no implica minimizar lo que sucedió en su despacho. Podría haber lastimado feo a alguien. Me consta la gravedad de la situación y la angustia traumática que vivieron todos los que habitaban ese despacho - dirigentes o trabajadores. Pero es harina de otro costal la interpretación que de esos hechos se haga y las responsabilidades que se deslinden.

Las interpretaciones están mediadas por interpretes que en general ofician de construir las hipótesis que refuerzan ciertas ideas o prejuicios de los dirigentes para endulzarles el oído. A veces hay tanto chupamedia rondando los espacios del poder -como la Casa Rosada como el Palacio Legislativo- que nuestros dirigentes, con lo oídos hinchados de los que meten cizaña en beneficio propio y saben decirle a cada uno lo que inconscientemente quiere escuchar, caen en exegesis totalmente erróneas que derivan en posiciones y acciones equivocadas. Estos personajillos rastreros tienen reservado el octavo circulo del Infierno.

También se escucha a los charlatanes del off the record diciendo de un lado que las piedras fueron arrojadas por Grabois y la Cámpora en una suerte de autoatentado; se escucha otros diciendo que fueron sectores afines a Alberto que buscaban amedrentar a Cristina.

El Fondo siempre trajo a nuestro país violencia, hambre y sufrimiento, males de lo que las víctimas nunca son los dirigentes sino el pueblo que lo padece. Ojalá que lo que vi en la Alcaidía Ocho haya sido sólo un ejercicio de rutina. Ojalá que Jaru, los otras detenidos políticos y futuros integrantes de las clases populares no sean quienes paguen con la cárcel por enfrentar la violencia que generan los poderosos. Ojalá nuestros gobernantes sepan revertir o al menos minimizar los males que augura el futuro para que no sea el Pueblo quien pague la fiesta de los capitales financieros fugados con dolor, exclusión, represión y sangre.

JG

Los intermediarios entre las empresas argentinas y el gobierno de Venezuela para la compraventa de maquinaria agrícola, caso conocido como la “embajada paralela”, montaron una serie de sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas (BVI) diez días después de que los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el convenio “fideicomiso binacional” entre ambas naciones que permitió el intercambio comercial.

Desde hace una década, la Justicia federal tiene abierta una causa en la que investiga si los empresarios Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero, titulares de la compañía Palmat International, actuaron como presuntos intermediarios para el pago de sobornos que las empresas argentinas debían entregar para acceder a exportar sus maquinarias a Caracas. Entonces, el exembajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous había denunciado esta presunta trama de la “embajada paralela” en ese país, señalando al ministerio de Julio De Vido. 

Sin embargo, la causa quedó en pausa luego de que los empresarios citados a declarar no reconocieran el pago de coimas y de que Estados Unidos y Venezuela no respondieran los exhortos para dar con los movimientos de dinero de Palmat International, señalada como la intermediaria para canalizar supuestos sobornos. Unas 30 empresas exportadoras contrataron a Palmat para poder vender a Venezuela, según reconoció el propio Wellisch a Página/12.

Los documentos de la filtración global que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae* revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina.

Los documentos revelan que los titulares de Palmat recurrieron a firmas offshore para gestionar fondos millonarios y adquirir inmuebles en Estados Unidos y que estos movimientos comenzaron luego de la firma del convenio entre Venezuela y Argentina

El caso

El negocio estaba pensado en el marco de un “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”. La empresa Palmat International, que se había creado en 1989, en Florida, Estados Unidos, actuaría como la primera firma intermediaria entre las empresas argentinas y las autoridades venezolanas, servicio por el cual cobraba una tarifa. El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini intentaron determinar si esas comisiones implicaban presuntas coimas, una acusación que el ministerio de De Vido siempre negó. 

Entre otras operaciones, la fiscalía analizó como sospechosas las contrataciones realizadas por el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas) y la compañía estatal venezolana Pedro Camejo, ambos dependientes del Ministerio de Agricultura de dicho país que manejaba el dirigente chavista Elías Jaua. 

La firma del convenio bilateral fue el 6 de abril de 2004 y llevó las rúbricas de los entonces presidentes Kirchner y Chávez. La operatoria offshore comenzó diez días más tarde, el 16 de abril, cuando la sociedad Palmat Intertrade fue registrada en Panamá, con un nombre muy similar a Palmat International. 

En diciembre de 2007, Wellisch también adquirió la sociedad Mistal Finance Limited, en las Islas Vírgenes Británicas. Pero no hay más información sobre esta compañía en los registros de Pandora Papers.

Alertas en Panamá

Para montar y gestionar su operatoria offshore, tanto Palmat como Madero Trading, otra intermediaria para el comercio con Venezuela, recurrieron al estudio Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal), un bufete radicado en Panamá y especializado en paraísos fiscales.

Sin embargo, en el caso de Palmat fueron los propios ejecutivos de Alcogal quienes encendieron las alarmas cuando notaron que tanto la firma como Wellisch y Carrasquero habían quedado bajo la lupa de la Justicia argentina. 

Jaime Alemán, uno de los fundadores del bufete panameño, envió una nota interna a su equipo en abril de 2010, copiando un artículo periodístico que detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y Alcogal en la Argentina por supuestos sobornos. “En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó.

Pero Alcogal tomó más medidas. “La sociedad está envuelta en negocios fraudulentos”, detalló Raúl Zúñiga -uno de los ejecutivos del estudio- que volcó los nombres cuestionados en una planilla de cálculo llamada “Listado de alerta”. Incluyó a Palmat International, Palmat Intertrade, Madero Trading, Francisco Carrasquero, Roberto Wellisch y otros cuatro señalados. 

En aquel momento, medios argentinos publicaban que Sadous había enviado en 2005 un cable diplomático a Buenos Aires por el que fue castigado. Detalló los “serios problemas” que afectaban “los intereses argentinos” en los negocios bilaterales manejados a través de un fideicomiso. En el texto habló de “corrupción”. Sadous declaró ante la Justicia pero terminó con un procesamiento por presunto falso testimonio que le inició el exfuncionario Claudio Uberti, uno de los denunciados en la causa de la “embajada paralela” y luego arrepentido de la causa cuadernos.

La segunda intermediaria que consiguió participar del negocio de exportación a Venezuela fue Madero Trading, también investigada por la fiscalía de Pollicita. La empresa aparece en los registros de Pandora Papers, en documentos que demuestran que acudió al estudio Alcogal en Panamá, en marzo de 2009. Madero Trading aparece en un documento interno de Alcogal llamado “Posibles empresas relacionadas con Palmat”.

El equipo argentino de ICIJ intentó consultar a Wellisch sobre su operatoria offshore, pero no respondió los mensajes. Años atrás, ofreció su versión sobre las comisiones que cobró en un comunicado que envió al diario Página/12. “Soy un hombre de valores y conducta ética. Mi empresa tiene treinta años dedicados a la intermediación comercial. Palmat cuenta con conocimientos e infraestructura que agregan valor a las operaciones de nuestros clientes y aliados. Tenemos filiales y oficinas propias en varias ciudades del mundo”, afirmó el empresario, sin precisar en qué ciudades. 

“Palmat fue seleccionada de manera individual por treinta y nueve empresas fabricantes de maquinarias agrícolas de la Argentina. La relación profesional fue estipulada en contratos, suscriptos directamente y sin intermediación. Fueron absolutamente legales, firmados y registrados en Buenos Aires en forma voluntaria y transparente. Reafirmo, y está plenamente documentado, que realizamos un trabajo profesional, que la relación profesional estuvo enmarcada en contratos legales y se facturó en forma transparente y legal. Se cumplió con el contrato con un trabajo arduo y sin reclamo de ninguna de las partes”, agregó Wellisch.

Miami

La offshore Palmat Intertrade fue inscripta en Panamá el 16 de abril de 2004. Las primeras acciones fueron emitidas a favor del argentino-venezolano Wellisch y de la venezolana Yone Boccardo. Ambos abrieron otras sociedades offshore con el apoyo inicial de Alcogal para adquirir propiedades en Miami, según surge de los registros de Pandora Papers.

La segunda sociedad registrada por Wellisch y Boccardo fue Wilcox Intertrade, en Islas Vírgenes Británicas, en enero de 2008. La mujer figuró como directora y beneficiaria final de la compañía. La offshore fue utilizada para controlar dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, en Miami, que compraron con el apoyo de una hipoteca de un millón en el Regions Bank de Estados Unidos. El préstamo fue emitido a nombre de Wilcox, Palmat y de Wellisch. 

Los departamentos están ubicados en un lujoso edificio cinco estrellas que cuenta con un restaurante gourmet, teatro, canchas de tenis, spa y dos piscinas. Las propiedades son dos unidades de 170 metros cuadrados cada una, valuadas en unos 800.000 dólares a valor fiscal, según registros de Miami. La hipoteca fue cancelada en junio de 2018, según los mismos registros públicos que pueden consultarse en la web. La sociedad seguía activa en esa fecha.

En el mismo edificio, Wellisch adquirió en enero de 2009 otro departamento de 140 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de US$325.000.

Palmat adquirió un tercer inmueble en Florida. En agosto de 2008 pasó a controlar el condominio de oficinas y locales Square One Business Center, en el centro comercial en Doral, una zona elegida por los  venezolanos radicados en Miami. La propiedad tiene 320 metros cuadrados y una valuación fiscal de 620.000 dólares, de acuerdo con los registros públicos de Miami. 

Tras la renuncia de Alcogal como agente de estas compañías, Wellisch y los demás intermediarios contrataron al estudio Trident Trust, otro bufete especializado en operaciones offshore. Yone Boccardo informó a las autoridades del estudio en septiembre de 2018 que el propósito de la sociedad era invertir unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Además, agregó que Wilcox tenía una cuenta bancaria en el BB&T Bank, sucursal en Doral, Florida. El origen de los fondos es “salarios y ahorros”, según declaró.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

El chavismo consolidó este domingo su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales. En estos comicios votó el 41,8 % del padrón en un país y que, por primera vez en 15 años, contaron con una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).

La oposición pagó muy cara su falta de unidad. De haber presentado candidaturas conjuntas o consensuadas, podría haberse acercado a la victoria en, al menos, tres estados más. Pero también jugó en contra de la oposición el que desde 2007 llamara a boicotear las elecciones en vez de participar y convocar a votar. Esto ha sembrado la semilla de la desconfianza en buena parte de la ciudadanía. También ha pesado en contra de las fuerzas opositoras si falta de respuestas ante una sociedad que les reclamaba resultados.

Hasta el momento no se conocen los resultados en las elecciones municipales. Unos 3000 cargos y puestos públicos de las ciudades se votaban ayer domingo junto a las elecciones regionales. Caracas tiene un estatus especial. Por eso, se conocen sus resultados. En la capital ganó la exministra del Interior Carmen Meléndez, del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV,), con el 58,93% de los votos contados. Se impuso sobre el opositor Antonio Ecarri, de Alianza Lápiz (AL), que obtuvo el 15,54% de los sufragios.

En tercera posición quedó en Caracas otro candidato antichavista. Tomás Guanipa compareció con las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).Con esas siglas ganaron las elecciones parlamentarias de 2015, la mayor victoria opositora en los últimos años. Esa es otra de las lecturas que deja la jornada: el magnetismo de esas siglas ha perdido su efecto.

El chavismo venció en los estados Anzoátegui, con Luis José Marcano; Apure, con Germán Piñate; Apure, con Karina Carpio; Bolívar, con Ángel Marcano; Carabobo, con Rafael Lacava; Falcón, con Víctor Clark; Guárico, con José Manuel Vásquez; Lara, con Adolfo Pereira; Mérida, con Jehyson Guzmán; Miranda, con Héctor Rodríguez, así como Monagas, con Ernesto Luna.

También en Portuguesa (Antonio Cedeño), Sucre (Gilberto Amilcar Pinto), Trujillo (Gerardo Márquez), Yaracuy (Julio Cesar León Heredia), Amazonas (Miguel Rodríguez), Delta Amacuro (Lizeta Hernández) y La Guaira (Jose Alejandro Terán).

Barinas, estado natal de Hugo Chávez, es una de las regiones todavía por decidir. Allí, el oficialista Argenis Chávez —hermano de Hugo Chávez— lleva hasta el momento 93.097 votos, lo que supone el 37,05 %, mientras que Freddy Superlano (Mesa de la Unidad Democrática, MUD), cuenta con 92.424 votos, el 36.79 % del total.

En el caso del Táchira, Freddy Bernal (PSUV) lleva hasta el momento 136.779 votos, mientras que la actual gobernadora, Laidy Gómez (Acción Democrática), tiene 133.925 votos.

La oposición, en cambio, ha ganado en Cojedes, un tradicional bastión chavista donde venció Jose Alberto Galíndez, de la MUD, así como Nueva Esparta, donde ganó Morel Rodríguez Ávila del emergente partido Fuerza Vecinal. En Zulia, el estado más poblado del país, consiguió su victoria de mayor importancia, ya que el veterano Manuel Rosales, de la MUD, será el próximo gobernador.

Si se confirma la victoria oficialista en los estados todavía en disputa, el chavismo mejora los resultados obtenidos en 2017, cuando venció en 18 estados y Caracas.

Maduro pide “respeto” a los resultados

Tras conocerse los resultados, el presidente Nicolás Maduro pidió respeto a los resultados de los comicios y celebró la victoria de su partido. “Mi llamado a todos, ganadores y no ganadores, es a respetar los resultados, es al diálogo político, es a la reunificación nacional”, dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores.

A su juicio, la victoria del PSUV ha sido posible por la “perseverancia” y la “rectitud” de la militancia en su trabajo. Finalmente, mostró su esperanza de trabajar de la mano del “diálogo” con los opositores que vencieron en Zulia, Nueva Esparta y Cojedes.

Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acompañó ese deseo y ratificó su certeza de que los resultados se replicarán en las alcaldías. “Aquí está, para toda Venezuela, este es el mapa político de nuestro país”, dijo Cabello mostrando un mapa de su nación teñida de roja con la excepción de los tres estados ganados por los antichavistas y afirmó que este resultado “garantiza la paz y la tranquilidad”.

La jornada electoral transcurrió con diversos incidentes que fueron minimizados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla. Después de su comparecencia a mitad de la jornada, un hombre fue asesinado en el municipio zuliano de San Francisco cuando hacía fila para votar, según informó una testigo, mientras las autoridades desvincularon el suceso de los comicios. Al leer los resultados, al filo de la medianoche, Calzadilla tampoco hizo ninguna mención al caso.

AGB

El ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, presentó en las últimas un escrito ante el juez español Manuel García-Castellón en el que revela que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro financiaron a diferentes gobiernos de Latinoamérica, entre ellos la Argentina, cuando era conducida por Néstor Kirchner.

Carvajal Barrios, exgeneral chavista detenido en Madrid y considerado el fugitivo más buscado de EEUU por tráfico de drogas, volverá a declarar ante la Justicia de España el 27 de octubre, como testigo, tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a exlíderes americanos y dirigentes del partido político de izquierda español, Podemos.

En su escrito, “El Pollo”, tal como lo apodan, explica que el Gobierno venezolano “ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años” Y detalla: “Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Lula Da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; Ollanta Humala, en Perú; Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, en Colombia; el Movimiento Cinco Estrellas, en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, publica este martes el sitio español OKDiario.

Además, en el escrito de siete páginas remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Carbajal subraya que España “no fue la excepción. La financiación por parte de Venezuela impulsó la creación del partido político español Podemos. Esto según documento anexo y otras investigaciones de dominio público fueron denunciadas por el Ministro de Finanzas de Venezuela en su momento, Rafael Isea”.

El exgeneral venezolano incorpora en su testimonio, como “anexos”, documentos con los supuestos pagos de 6,7 millones de dólares de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, cofundadores de Podemos, la coalición de izquierda nacida en 2014 en España. 

Quién es “El Pollo” Carvajal

El venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y está detenido desde septiembre en Madrid, tras estar casi dos años prófugo, con paradero desconocido. En la actualidad, se encuentra en prisión en España.

El exgeneral, que era considerado el fugitivo más buscado de EEUU por tráfico de drogas, volverá a declarar ante la Justicia de España el 27 de octubre, como testigo, tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a exdirigentes latinoamericanos y de la formación de izquierda Podemos.

“El Pollo” era intensamente buscado por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado “Cártel de los Soles”, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos chavistas que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

Fuentes jurídicas informaron este martes a Efe de la decisión adoptada por el magistrado que instruye la causa, Manuel García Castellón, que coincide con la del Ministerio español del Interior, de rechazar el recurso presentado por Carvajal contra la denegación de su petición de asilo, lo que podría acelerar su extradición a EEUU.

El exgeneral chavista volverá la próxima semana a la Audiencia Nacional española, donde ya declaró a petición propia hace unas semanas sobre asuntos que dijo conocer tras ocupar durante años el cargo de responsable de la Inteligencia venezolana.

Durante este tiempo, Carvajal aportó documentación al juez sobre supuestas irregularidades en pagos realizados por la petrolera venezolana PDVSA, algunos de ellos, presuntamente, a exdirigentes de América Latina, como Néstor Kirchner, Evo Morales o Lula da Silva, y de Podemos, como Juan Carlos Monedero.

Tras entregar los documentos que supuestamente acreditarían la información que aportó en su primera declaración, el exgeneral volverá a ser interrogado por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Estas revelaciones, según las fuentes, podrían derivar en la reapertura de la causa abierta en 2016 sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos, socio del Partido Socialista en el Gobierno español, con fondos procedentes de Irán y Venezuela.

La causa fue archivada a solicitud de la Fiscalía al entender que la denuncia estaba fundamentada en recortes de prensa sobre un supuesto informe policial, al que el Tribunal Supremo español no dio crédito.

Con información de agencias.

IG

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó revocar los sobreseimientos del presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, y otros dos directivos de la multinacional ítalo-argentina en el caso de los cuadernos de la corrupción, a pesar de que éstos quedaron firmes la semana pasada, como informó elDiarioAR. Los tiempos están vencidos para apelaciones pero el organismo recurrió a un recurso especial para intentar frenar el cierre del expediente, según pudo reconstruir este medio de una fuente directa del caso.

Los sobreseimientos dictados por el juez Julián Ercolini quedaron firmes tras la falta de apelación del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, que es querellante en el expediente. Ambos tenían plazo hasta el martes de la semana pasada para apelar la decisión del magistrado, quien entendió que Rocca y dos de sus hombres de confianza -Luis Betnazza y Héctor Zabaleta- no eran responsables por el delito de cohecho activo o pago de sobornos. Tampoco del delito de dádivas por el que sí quedó procesado el exfuncionario Roberto Baratta, acusado de recibir los pagos ilegales de Techint en 2008. 

Ante el vencimiento de los plazos, el organismo anti-lavado presentó un recurso de apelación adhesivo, previsto en el Código Procesal Penal de la Nación que faculta al organismo querellante a manifestar su discrepancia con el fallo del juez en una instancia posterior, es decir, ante la Cámara Federal porteña.

En el escrito presentado por la UIF en tribunales, el organismo anti-lavado entendió que la decisión del juez fue un “recorte probatorio arbitrario” y resaltó que en el expediente el propio magistrado dio cuenta de la existencia de pruebas pendientes, según pudo reconstruir elDiarioAR.

Ercolini determinó que, en 2008, los ejecutivos de Techint Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA) y Zabaleta (exdirector de Administración del grupo) entregaron ocho pagos ilegales por un millón de dólares al exfuncionario Baratta en “estado de necesidad” y para “evitar un mal mayor”. El destino supuesto de ese dinero era lograr que los Kirchner intercedieran ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente a la tensión entre Sidor -empresa del grupo- y el gobierno venezolano, que avanzaba con la estatización de la compañía de los Rocca. 

El juez basó los sobreseimientos en testimonios de ejecutivos de la multinacional que relataron ante el juzgado la crisis atravesada por Sidor cuando Venezuela ordenó la estatización y se produjeron escenas de violencia y agresión a miembros de Sidor. 

Según la UIF, la decisión que da por acreditado el “estado de necesidad” alegado por los empresarios de la multinacional para realizar pagos ilegales “carece de sustento fáctico y legal”. El organismo remarcó que en el expediente no existiría evidencia que conecte los presuntos desembolsos de dinero con las medidas de fuerza tomadas por los gremios contra Sidor y sus ejecutivos en Venezuela.

Los pagos ilegales habían sido admitidos por Betnaza y Zabaleta en 2018. Rocca, en cambio, siempre negó haber conocido o autorizado la entrega de dinero a Baratta. La UIF sostuvo en su escrito que dar por probado que Rocca no había tenido participación en el presunto delito “resulta contrario a toda lógica y a las constancias del expediente”. 

La UIF también cuestionó en su escrito que sólo se haya procesado a una de las partes del delito de dádivas, ya que Baratta sí fue procesado por este caso. Ercolini lo encontró responsable del delito de dádivas por haber reclamado y recibido los pagos ilegales de Techint. La prueba central para su procesamiento son los testimonios de Betnaza y Zabaleta. Baratta siempre negó haber aceptado dinero de la compañía y su defensa apeló el procesamiento, que deberá ser revisado en la Cámara Federal porteña.

ED

Cuba se ha colocado, otra vez, en el centro de la atención latinoamericana. La discusión sobre la naturaleza de su régimen político y el trato que dispensa a sus ciudadanos ha vuelto a concitar el interés público como consecuencia de las protestas populares que sacudieron a la isla caribeña desde el 11 de julio. Por su envergadura y extensión –muy considerables sobre todo si tenemos en cuenta cuán intolerante y represivo suele ser su gobierno–, la movilización ciudadana que ha alterado el aspecto de las calles de Cuba en las últimas dos semanas es sin duda la más importante desde las manifestaciones que tuvieron lugar en los años de pobreza y escasez que siguieron al colapso de la Unión Soviética en 1989 y, quizás, de toda la saga que se abrió tras el ingreso del Ejército Rebelde en La Habana, en el día de Año Nuevo de 1959. A más de seis décadas de distancia del momento en que Fidel Castro declaró el carácter socialista del que entonces era el país más próspero del Caribe, y al calor de un descontento que no cesa y que el régimen no parece capaz de contener, se abre un signo de interrogación sobre el destino del experimento político más exótico de la América Latina del siglo XX. El futuro del único Estado comunista del Continente se encuentra en entredicho.

Las fisuras del edificio político construido en la década de 1960 hoy están muy a la vista, pero ya hace muchas décadas que la Cuba comunista es una reliquia del pasado. Entre los pocos que se animan a celebrarla abiertamente fuera de la isla se destacan algunas figuras siempre dispuestas a proclamar su identificación con los intereses y la voluntad de las mayorías pero que, en verdad, están animados por visiones elitistas de la política. Son los que, invocando el nombre del pueblo cubano, defienden a sus gobernantes. La mayor parte del arco progresista latinoamericano, en cambio, prefiere mantenerse una actitud entre resignada y cómplice, cuyos rasgos ha retratado bien Claudia Hilb en Silencio, Cuba, un libro que, a más de diez años de publicado, sigue resultándole incómodo a los que invocan el tosco argumento del “bloqueo” para explicar las desgracias de la nación caribeña. El presidente Alberto Fernández es uno de los que hoy cultiva esta forma de la pereza intelectual y la miseria política.

El desencanto con la Cuba socialista tiene muchas causas. Una de ellas –aunque no necesariamente y no siempre la más relevante– es que desde hace tiempo que la conversación sobre los logros sociales de la Revolución (importantes en las décadas de 1960 y 1970) sólo invita a la nostalgia y la añoranza. En relación con esta cuestión, el problema de fondo es que la economía cubana nunca fue otra cosa que un cadáver viviente, cuyas penurias el embargo estadounidense acentuó pero no creó. Por supuesto, las instituciones económicas nacidas tras la Revolución son el principal responsable de este fracaso pero, también, su carta más poderosa, la que le permitió reclamar un trato preferencial de parte de la Unión Soviética. De hecho, la Cuba de Fidel Castro sólo pudo sostenerse en su primer treintenio de vida gracias al pulmotor que le ofreció Moscú, que llegó a pagar por su azúcar tres veces su valor de mercado.

Esa alianza se quebró hacia 1990, con el derrumbe de la Unión Soviética y el desmembramiento del bloque socialista, que dejaron al pequeño país caribeño a la deriva. La Cuba de Castro se vio obligada a ingresar al mundo pos-soviético abriendo sus puertas al turismo y degradando su nivel de vida y su horizonte igualitario, esto es, acentuando la brecha entre su nomenklatura y sus ciudadanos de a pie. La medida de las dificultades que enfrentó en esos años la ofrece el hecho de que entre 1990 y 1994 se produjo una contracción del producto superior al 35% (para poner un punto de comparación: una caída tres veces y media superior al que la Argentina sufrió en 2002 o 2020). En ese “Período Especial” signado por enormes privaciones, los cubanos pasaron de consumir 2.800 kilocalorías diarias a menos de 1.900.

El problema de fondo es que la economía cubana nunca fue otra cosa que un cadáver viviente, cuyas penurias el embargo estadounidense acentuó pero no creó.

El boom de las commodities de la primera década del nuevo siglo suscitó mucha preocupación entre los gobernantes de una isla que, incapaz de satisfacer la demanda de alimento de su población, importa dos tercios de la comida que consume. Pero esos temores se despejaron gracias al acercamiento a la Venezuela bolivariana que, súbitamente próspera gracias al alza de los precios del petróleo, le ofreció el salvavidas con el que consiguió seguir flotando. Subsidiada por el crudo venezolano, la economía cubana comenzó a recuperar terreno y, hacia, 2007, había alcanzado el nivel de actividad que tenía antes de que Gorbachov llegara al poder en Moscú.

La generosidad de la Revolución Bolivariana contribuyó a ralentizar el programa de apertura hacia el mercado que la elite dirigente cubana veía cada vez más necesario, pero esa primavera fue demasiado breve como para darle a la Cuba socialista un horizonte de progreso. Apenas pasada una década de la forja de la alianza entre Castro y Chávez, el fin de la bonanza petrolera y el colapso de la Venezuela de Maduro colocaron a la isla ante nuevas dificultades, luego agravadas por el endurecimiento del embargo estadounidense y, más recientemente, por la crisis del Covid. Desaparecido el magnánimo subsidio que le ofrecían sus socios petroleros, y ahora sin turismo y sin remesas de sus emigrados (provenientes, en su mayor parte, de ese casi 1,5 millón de cubanos que ha elegido el exilio en Estados Unidos), la vida de los isleños ha vuelto a hacerse tan dura y difícil como fue en los años que sucedieron a la ruptura con Moscú. Las preocupaciones de muchos cubanos otra vez están centradas en cuestiones tan elementales como qué pondrán sobre la mesa en el desayuno o la cena de mañana.

En este contexto dramático vuelven a escucharse las voces de protesta que, desde dentro y pero sobre todo desde fuera de la isla, denuncian al régimen que la gobierna, muchas veces sindicándolo como una dictadura. ¿Cuba es o no es una dictadura? ¿Vale la pena perder el tiempo en el análisis de la naturaleza del régimen? Desde mi punto de vista, esta discusión no es tan trivial como a veces se sugiere. Una vez que dejamos atrás las trampas y simplificaciones implícitas en los planteamientos binarios, explorar algunos de sus costados más relevantes nos permite alcanzar una mejor comprensión de los dilemas que hoy enfrenta la isla.

Para encuadrar el problema conviene comenzar dando un rodeo para referir brevemente qué lugar ocupa la dictadura como forma de gobierno en el mapa de las tradiciones político-institucionales de América Latina. Un incisivo ensayo de Tulio Halperin Donghi sobre “La dictadura latinoamericana como problema histórico” (1982) pone de relieve lo más importante. En ese texto, el gran historiador argentino parte de la constatación de que la dictadura constituyó una forma de gobierno muy frecuente en la historia latinoamericana del siglo XX. Sin embargo, Halperin Donghi observa que esta forma de dominación nunca logró dotarse de legitimidad propia. La dictadura siempre se presentó como una formula política transitoria, dirigida a restaurar las condiciones –usualmente de orden social o de desarrollo económico– que hicieran posible, más tarde o más temprano, el retorno a la democracia representativa.

A lo largo de su historia, América Latina no produjo ninguna fórmula constitucional capaz de impugnar el basamento liberal y representativo sobre el que se asentaba el orden político que la región forjó tras la era colonial. Soluciones políticas enemigas de la democracia representativa, como por ejemplo el fascismo, nunca conquistaron el corazón de las elites gobernantes o de los ciudadanos de a pie. De allí que incluso regímenes autoritarios asociados a nombres de dictadores prominentes como los de Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, o Gómez en Venezuela se concibieron como fórmulas provisionales, “excepcionales”, destinadas a esfumarse una vez cumplidos determinados objetivos.

Por supuesto, este mismo fenómeno se observa en Argentina. Dos ejemplos sirven para ilustrar el argumento. El dictador argentino Juan Carlos Onganía pensó a su Revolución Argentina (1966-73) como una sucesión de estaciones –el tiempo económico, luego de tiempo social, y finalmente el político– que debía rematar en un proceso de apertura que devolviera a su país a la senda democrática. Lo que justificaba la dictadura era, precisamente, que la restricción de los derechos políticos de la ciudadanía se hacía en nombre de la construcción de una democracia más perfecta. Esta manera de entender el problema del orden político también acotó los límites del Proceso de Reorganización Nacional (1976-83). Una recordada declaración del general Leopoldo Galtieri en 1981 expone bien esta limitación: “las urnas están bien guardadas”, expresó el dictador. Esta formulación sugiere que esa dictadura asesina no tenía más remedio que convivir con las urnas; no podía destruirlas ni hacerlas desaparecer. Allí estaban, cubiertas de polvo pero intactas, esperando que llegara su momento. En síntesis, las dictaduras latinoamericanas podían demorar el retorno a la senda democrática pero nunca se propusieron o pudieron negarlo.

Este cuadro está en la raíz de los problemas de la Venezuela bolivariana. Tanto Chávez como Maduro se aferraron a la idea de que la legitimidad de su gobierno dependía del apoyo de una amplia mayoría, alcanzada en comicios abiertos y competitivos. Pese a toda su retórica antielitista, y pese a su deriva autoritaria, la Revolución boliviariana nunca cuestionó de manera frontal este principio. Y es por ello que, una vez que perdió su condición mayoritaria, el gobierno de Maduro no tuvo más remedio que satisfacer su deseo de perpetuarse en el poder a través de la falsificación de las elecciones de las que depende su legitimidad. Para ello, claro, también debe acallar a una sociedad civil que las propias instituciones del país reconocen compleja y plural.

En este punto, el contraste entre la Venezuela Bolivariana y la Cuba socialista salta a la vista. Pues el triunfo de la Revolución supuso, tras algunos titubeos iniciales, una discontinuidad radical respecto de la tradición político-ideológica latinoamericana. En sus años fundacionales de la primera mitad de la década de 1960, la Cuba socialista organizó sus instituciones políticas y económicas en torno a principios alternativos, inspirados en la experiencia soviética: un régimen de partido único, acompañado por una economía dominada por el estado, sin propiedad privada de los medios de producción. Por supuesto, la Cuba socialista se define como un régimen participativo y sensible a las demandas populares, y dedicado a promover el bienestar de sus habitantes. Pero los procesos políticos que pretenden aseguran estos resultados –que incluyen consultas electorales regulares en las que participa una parte considerable de la población– tienen lugar dentro del armazón institucional que ofrece el partido único. Esa es la arena donde se forjan las candidaturas, se definen los objetivos de la acción política y se dirime la disputa por el poder.

En este sentido, denunciar que Cuba no es una democracia liberal sino una dictadura no constituye una crítica genuina y fundamentada a su orden político. Y esto es así porque, en la medida en su organización institucional adopta otra forma, la impugnación que estamos comentando apenas si roza la superficie del problema. Si vamos por este camino, le estamos reclamando a Cuba algo que Cuba ha decidido no ser (y es momento de agradecerle a Pedro Caminos, que me ayudó a clarificar esta cuestión). De allí que, con muy buenas razones, algunos analistas sugieren que debemos poner el foco de atención en otro plano, el de sus graves y recurrentes violaciones a los derechos humanos. La manera en que el gobierno cubano custodia esos derechos nos ofrece un criterio más pertinente para evaluar la calidad de la relación entre el Estado cubano y sus súbditos.

Este valioso argumento ha sido invocado muchas veces para impugnar el comportamiento de los grupos dirigentes cubanos desde que, en 1971, y a propósito del caso Padilla, comenzaron a encenderse las luces de alarma en la izquierda por la deriva autoritaria del gobierno cubano. Desde entonces, la crítica a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno cubano se ha escuchado de forma repetida. Pese a que suscribo el razonamiento, soy consciente de que la naturaleza pretendidamente universal de esos derechos puede ser cuestionada. Es a partir de esta posible objeción que entiendo que nuestra evaluación del trato que el Estado cubano dispensa a sus ciudadanos puede enriquecerse si damos un paso adicional e intentamos juzgar a Cuba utilizando el criterio que proviene de sus propias promesas en tanto régimen político. En 2019, Cuba sancionó una nueva constitución, que sus máximas autoridades han celebrado como el producto final de un proceso amplio y participativo, que también incluyó una amplia consulta popular. La Constitución de la República de Cuba (tal su nombre oficial) aprobada en 2019 expresa, en muchos aspectos, valores que los cubanos consideran importantes, y que sus gobernantes suscriben y refrendan. Dadas estas circunstancias, ¿qué mejor estándar para evaluar al Estado cubano que su relación con sus propias promesas constitucionales?

Aunque avara en múltiples aspectos (entre ellos, el reconocimiento de los derechos de las personas que no encajan en los estereotipos tradicionales de género y orientación sexual –un antiguo lunar del credo revolucionario cubano, todavía visible, por ejemplo, en su definición de familia–) la constitución de 2019 es generosa en términos de concesión de derechos a las personas. En su artículo primero, la Ley Fundamental cubana asegura a todos los habitantes de la isla “el disfrute de la libertad individual”. El capítulo de derechos nos ayuda a precisar el significado de este principio. Así, por ejemplo, en el artículo 46 sostiene que “todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia”. La constitución también garantiza la inviolabilidad del domicilio (art. 49), la “libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional” (art. 52), “la libertad de pensamiento, conciencia y expresión” (art. 54), “la libertad de prensa” (art. 55) y, por si todo esto fuera poco, también “los derechos de reunión, manifestación y asociación” (art. 56).

La Cuba socialista posee leyes dirigidas a criminalizar a la oposición política. Pero por encima de instrumentos como la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba se erige una constitución que, pese a todos sus aspectos polémicos y hasta oscuros, exhibe un compromiso enfático con la libertad “de la persona” (ya que no, por cierto, del individuo). A la luz de estas premisas, de la distancia entre este compromiso y la práctica concreta del régimen, queda claro que las autoridades de la isla no respetan los derechos consagrados por sus instituciones. Son ellas las que no están a la altura del compromiso constitucional que, de manera consciente y libre, y en un diálogo informado con sus ciudadanos, en su momento decidieron suscribir.

Por cierto, ningún Estado está plenamente y todo el tiempo a la altura de sus promesas constitucionales. Esta distancia es inevitable y en alguna medida también deseable. Pues una constitución no sólo define un conjunto de reglas que sirven para encauzar la relación entre los distintos poderes del Estado y entre el Estado, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar los derechos de los ciudadanos. Estos documentos fundacionales también expresan la dimensión proyectual, incluso utópica, de la política de nuestra era democrática. Las constituciones formulan promesas de una mejor vida en común (la argentina, por ejemplo, asegura en su artículo 14 bis “participación en las ganancias de las empresas” y “acceso a una vivienda digna”). Tomarse en serio estas formulaciones es importante porque nos proveen de un anclaje a partir del cual criticar desfallecimientos y traiciones a esas Tierras Prometidas.

Todo esto significa que, para criticar al régimen organizado en torno a la figura de Fidel Castro –el mismo, por cierto, un destacado exponente de la tradición personalista de la política latinoamericana– no hace falta recurrir al concepto de dictadura, o incluso al de derechos humanos universales. Las propias instituciones cubanas nos proveen la vara con la que podemos realizar esta tarea, ya que nos permiten evaluar su desempeño en sus propios términos. Al contemplar las recurrentes y sistemáticas restricciones a derechos tales como la libre circulación a través de las fronteras, a la expresión de ideas, a la protesta, no nos queda más opción que concluir que la brecha entre sus promesas y su práctica es clamorosa. Incluso los comunistas honestos, así como todos los comprometidos con los ideales que proclama el régimen y refrendan sus leyes, deberían condenarlo.

La Cuba socialista hoy enfrenta un desafío inédito, producto del malestar que suscita un presente de duras privaciones, que torna más evidente cuán profunda y extendida es la restricción de derechos. Para navegar estos tiempos difíciles las viejas glorias de la Revolución –el asalto al cuartel Moncada, la epopeya del Granma, Playa Girón, Angola, Fidel y el Che– ya no inspiran entusiasmo. ¿El régimen será capaz de recomponerse y recuperar la iniciativa? No es sencillo responder esta pregunta. Pero es importante tener en cuenta que, así como el concepto de dictadura no es el más apropiado para entender a Cuba, la pregunta por quién forjó ese régimen y quién puede reformarlo tampoco admite respuestas sencillas.

La Cuba socialista hoy enfrenta un desafío inédito, producto del malestar que suscita un presente de duras privaciones, que torna más evidente cuán profunda y extendida es la restricción de derechos.

Llegados a este punto, conviene traer a la discusión una valiosa línea de reflexión asociada a trabajos como los de Stephen Kotkin y Sheila Fitzpatrick que, a propósito de otro régimen autoritario, el soviético, han mostrado que el estalinismo, más que una máquina de poder y un sistema de valores impuesto desde arriba, fue también, en buena medida, una creación de los propios ciudadanos soviéticos. Este señalamiento nos recuerda que la verdad última de un régimen, su legitimidad a los ojos de la sociedad a la que gobierna, no se agota en su retórica, ni en sus costados represivos, y mucho menos en sus promesas incumplidas. Para comprender el funcionamiento de un régimen también debemos prestar atención a cómo opera a nivel molecular, en las interacciones que tienen lugar en la vida cotidiana, y preguntarnos no sólo qué les quita sino también qué les ofrece a sus súbditos.

Al cabo de más de medio siglo de convivir con un régimen que ha estado presente en cada espacio donde transcurre la vida social, que ha entrado en contacto con la población de múltiples maneras, parece difícil que los cubanos puedan concebirlo como un orden político impuesto desde arriba y desde fuera. La Revolución puso en marcha procesos de transferencia de propiedad, de reconfiguración de las jerarquías sociales y hasta de movilidad social que no fueron nada triviales, y que le permitieron ganarse si no la adhesión, al menos la anuencia de una parte importante de los habitantes de la isla. Y aún si pensamos que las visiones que enfatizan la comunión entre gobierno y ciudadanía como las que Helen Yaffe ha presentado en su reciente Somos Cuba! (2020) resultan exageradas y hasta románticas, es claro que el régimen está lejos de ser una incrustación externa a la sociedad que gobierna. Esto significa que la Cuba de nuestros días es algo más que el producto de la voluntad de Fidel y su círculo, que se mantiene en pie por una combinación de fuerza represiva y de miedo al cambio impulsado desde Miami. Escondida en los pliegues de un Estado con pretensiones totalizantes, late una sociedad que lo resiste, pero también que lo alimenta y le da vida.

Tener en cuenta el carácter complejo de los lazos entre Estado y sociedad es importante para imaginar el futuro de esa isla del Caribe que, tras haber despertado tantos sueños e ilusiones en la izquierda latinoamericana, hoy no puede inspirar sino silencio, vergüenza y pesadillas. Al poner de relieve la brecha entre el país del régimen y el país popular, las protestas del 11 de julio han hecho renacer la esperanza en que se acerca el momento en que podremos ver crecer los márgenes de libertad y el bienestar material de los cubanos. Sin embargo, conviene terminar con una advertencia. A los que confían en que la crisis final del régimen está a la vuelta de la esquina, es bueno invitarlos a reflexionar sobre el hecho de que no puede ser casual que la Cuba socialista no sólo haya logrado sobreponerse a la ruptura con Moscú sino que haya vivido más tiempo en la era post-soviética que en la soviética. Esto significa que puede y debe ser criticada, pero que es algo más que un castillo de naipes protegido por la fuerza militar. Y a los que creen que de ese derrumbe surgirá una nueva Cuba, también conviene recordarles que ni siquiera los cambios políticos más profundos –ya se trate de revoluciones o de restauraciones– logran borrar del todo el legado del pasado. 

RH