Claudio Lozano, graduado de economista por la Universidad del Salvador, ha tenido una larga trayectoria en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), después fue diputado entre 2003 y 2015, primero con el apoyo de Néstor Kirchner, después crítico del kirchnerismo. En 2019, con su partido, Unidad Popular, se sumó al Frente de Todos, integró el directorio del Banco Nación, pero en esta elección, si bien apoya la candidatura a senador del peronista Mariano Recalde en la ciudad de Buenos Aires, él encabeza una lista propia para diputados.

–¿Cómo tiene que resolverse el caso de su colega José Luis Espert?

–La primera solución es separarlo de la función de presidente de la Comisión de Presupuesto (de la Cámara de Diputados) y abrir una comisión que investigue los vínculos con este narco (en referencia a Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos). En función de eso, definir la continuidad o no de él en el Parlamento. Indudablemente su vínculo lo haría alguien falto de idoneidad como para seguir siendo diputado. Del mismo modo que lo hicimos en su momento con (Luis) Patti, que fue electo diputado nacional, pero habida cuenta de su vínculo con el genocidio y su directa relación con la tortura en la provincia de Buenos Aires, una comisión llevó adelante el juicio, se presentaron todas las pruebas de las causas en las que Patti estaba involucrado, él hizo su descargo y después el Parlamento votó.

–¿También debería renunciar a su candidatura para la reelección?

–Si tuviera que ver con mi fuerza política, hacía rato que ya no estaría. Lo que pasa es que esa fuerza política está atravesada por el vínculo con el narco.

–¿Por qué dice eso?

–Porque casualmente no hay una reacción. El propio Milei no está planteándole que tiene que salir de su candidatura. Primero, Espert se encargó de decir que este era un aporte de campaña a la fuerza y no a él. Luego los que administraban la campaña lo desmintieron. Efectivamente, era un fondo que había recibido él en una cuenta personal y luego este explica que en realidad fue un aporte de una empresa minera a la cual estaría vinculado (Fred) Machado. Una empresa minera le pagó US$200.000 por algo que no se hizo, porque después de la pandemia se cortó la relación. Él dijo que viajó una sola vez en su avión y el propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi ya dijo que fueron 35 veces. Además todos sabemos que le puso a disposición una camioneta. También está sobre la mesa que quienes conducían la camioneta eran exfuncionarios de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). Con semejantes definiciones y a partir de las noticias de los propios Estados Unidos, que el Presidente lo siga sosteniendo habla a las claras de que el tema por alguna razón los vincula a todos.

–Justo esta semana publicamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) denuncia un aumento del contrabando y que despachantes advierten que la mercadería que va y viene de México y España, que antes se controlaba por canal rojo de la Aduana por tratarse de destinos sensibles del narco, ahora van por verde...

–Todo el proceso de desregulación, que incluye todas las áreas, incluso la de los cielos, abre a las claras el funcionamiento para los ilícitos. Los vínculos del poder con el narco no son de ahora, son viejos. En el momento de la revolución de los aviones (gobierno de Mauricio Macri), Espert aparece vinculado a determinadas sociedades ligadas al narco. Aparte, las aerolíneas involucradas en el tránsito de mercadería es una cosa bastante común. Argentina ha vuelto al proceso de desregulación de los cielos con esta gente. Y la apertura importadora elimina controles.

–La Aduana es un área controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, que a su vez tiene como consejero a Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de Flybondi al que no le controlaron las valijas en marzo...

–Pruebas no tengo, pero me merece sospecha.

–Usted quería armar una lista conjunta con el peronismo, pero no pudo y terminó sumándose a la fragmentada oferta de la tercera vía electoral en la Ciudad...

–Efectivamente queríamos un bloque político amplio de lo que serían las fuerzas nacionales, democráticas y populares en la Ciudad. Le hicimos una propuesta en esa dirección tanto a Fuerza Patria como al FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y a otras agrupaciones menores respecto a ir con una sola lista de senadores que se ordenará en función de los votos que se habían obtenido en la última elección. Pero vamos con una lista propia de compañeras y compañeros con trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores, los jubilados, las mujeres, el ambiente, las pymes, los derechos urbanos, los inquilinos. Tenemos la voluntad de que el Parlamento no sea una escribanía del poder económico ni del Fondo, como tampoco de Milei, como lo fue durante casi todo este tiempo hasta hace dos meses, donde en la debacle del Gobierno muchos de los socios naturales que tuvo para todo el desastre que promovió durante este tiempo se le estén abriendo. Hay todo un espacio de una oposición cómplice o complaciente con el Gobierno, que en realidad comparte la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo este y que consecuentemente no supone ninguna modificación significativa respecto a la perspectiva futura de de la Argentina.

–Hablando de desregulaciones, uno de los asesores del ministro Federico Sturzenegger en la materia fue Lucas Llach, que ahora junto a Javier González Fraga serán indagados por el préstamo que le dieron desde el Banco Nación, como vicepresidente y presidente, respectivamente, a Vicentin en el gobierno de Macri. Usted, como director del Nación, impulsó esa causa hace cinco años...

–Buena parte de los elementos que aparecen en la presentación que ha hecho el fiscal fundamentando el pedido de citación indagatoria y que el juez ha validado fue aportada por mí. Son informes que hice en el banco, comparecí ante el fiscal y le entregué absolutamente todo. Es una pena que se despierten cinco años después porque hubiera sido de utilidad que todo eso fuera público en ese momento. La actitud de González Fraga, Llach y de todo ese directorio de no haber defendido los intereses del banco llega a límites realmente alarmantes. El crédito tenía una cuenta en garantía, por la que ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentin. Era una cuenta en donde había US$791 millones, lo que más que duplicaba el total de la deuda que Vicentín tenía, pese a que tenía la calificación vencida hacía dos años y desde agosto de 2019 había dejado de pagar. Estos señores no solo no ejecutaron la garantía porque con eso se hubiera recuperado el dinero, sino que además permitieron que sacaran el dinero de la cuenta. De manera tal que cuando ingresamos al banco la cuenta en garantía en dólares estaba vacía. Cuando había algún tipo de dificultad en el banco para las negociaciones para mantenerle el cupo de crédito a Vicentin , sus directivos se cruzaban a la Casa Rosada y desde ahí el propio Macri llamaba a González Fraga para que despejara de alguna manera el camino. Así era la connivencia entre Macri y el grupo empresario Vicentin, principal aportante de la campaña. El presidente del PRO en la provincia de Santa Fe era al mismo tiempo directivo de Vicentin. Ahora es la connivencia entre Luis Caputo, Milei y las siete cerealeras más importantes. Ahora no hay US$ 300 millones de credito, sino US$1.500 millones que no se pagaron de retenciones. Llach ya dijo por qué aparece esto ahora. Hay distintas interpretaciones. Obviamente la relación Macri-Milei es de conflicto. Y también la Caputo-Sturzenegger. Llach es un hombre de Sturzenegger. En el marco de las eventuales discusiones sobre cambio de ministro, también hay disputas en los negocios. La propuesta que hay en curso por parte de Vicentín, que ahora está parada, en el marco del concurso de acreedores en la propuesta. es que quede en manos de Viterra y Bunge, que hoy son un solo grupo empresario a nivel internacional. Cargill quedaría fuera del negocio, pero algunos señalan que tiene buena llegada a Comodoro Py...

–¿Por último, cómo ve la situación económica antes y después de las elecciones?

–Estamos en el marco de una crisis de deuda y cambiaria absolutamente esperable de un esquema de política económica que canjea la inflación en pesos por inflación en dólares. Es incapaz de acumular divisas frente a una economía profundamente endeudada y sólo se sostiene con más deuda, es absolutamente insustentable. En esa insustentabilidad hoy está puesta al extremo y demanda una corrección cambiaria que viene dándose. Hemos pasado del dólar cerca de $1.000 a 1.400 y estamos en vísperas de una devaluación que seguramente tomará forma después del 26 de octubre y va a tener impacto en precios. Se va a volver a deteriorar el poder adquisitivo, va a profundizarse el cuadro recesivo. Se pretende seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario con tres reformas absolutamente regresivas en materia laboral, previsional e impositiva. Ese es el escenario futuro de la Argentina, con el agravante de que en esta fuga hacia adelante el Gobierno busca el amparo y la subordinación completa en el peor de los momentos mundiales a la potencia norteamericana. Justo en el marco de la disputa mundial de los Estados Unidos con China. Esto es un disparate marca cañón. Primero, porque la Argentina tiene fuertes niveles de asociación comercial y financiera con China y porque tiene fuertes niveles de competencia con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el acceso al continente antártico, poniendo una base en Ushuaia. Tiene que ver con el control sobre YPF y las utilidades de Vaca Muerta en un contexto de juicio en los Estados Unidos. Tiene que ver con este el acceso a bienes comunes, al litio en particular; el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. La idea de nación termina desapareciendo y le proponen a la Argentina una absoluta subordinación colonial. El 26 de octubre termina siendo casi determinante para frenar esto y abrirle la puerta a una discusión diferente. El apoyo del Tesoro (de EE UU) va a estar subordinado a la capacidad de vertebrar nueva gobernabilidad por parte del Gobierno. Ahí es donde radica el problema, porque estamos frente a un gobierno terminado. Terminado en lo económico, porque su esquema capotó. No hay con qué sostener un país que en el curso de estos ocho meses muestra un balance cambiario donde salieron de la Argentina US$17.000 millones por fuga de capitales y casi 7.000 millones por turismo y compras al exterior. Al mismo tiempo pagaste casi US$10.000 millones de deuda. O sea, se te fueron más de 35.000 millones, prácticamente el 90% de las reservas brutas de la Argentina, en un país que no acumula y tiene un montón de vencimientos a futuro. Por eso la desesperación de que el Tesoro norteamericano compre deuda para remar este asunto. Pero no veo un gobierno capaz de reinventarse en lo económico, ni tampoco muy abierto a reinventarse en lo político porque ha perdido a sus propios socios. Este. No sé si los gobernadores están en voluntad de volver a articular con Milei. Así que creo que es un gobierno terminado cuando le faltan dos años. Está la sombra de tener que avanzar en una solución institucional previa a 2027. Es una de las alternativas que tiene el escenario actual.

–Pocos dirigentes hablan abiertamente como usted sobre la posibilidad de que Milei no termine el mandato...

–Hace ya varios meses hemos venido presentando sistemáticamente causales de juicio político. Es un gobierno que sistemáticamente ha violentado la Constitución. Hicimos siete presentaciones, desde el DNU 70/23 hasta el de la deuda, pasando por quitarle los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, el alimento a quienes padecen hambre. Ha sido francamente vergonzosa la actitud del Parlamento de no frenar ninguno de los decretos, sin que nadie se anime a decir que está a tiro de juicio político. Tenemos el caso $Libra, la corrupción en el área de discapacidad, la definición de no promulgar o no acatar las leyes. Ha hecho gala de la suma del poder público gobernando por decreto durante dos años, porque el Parlamento se lo permitió. Hubo un delito de traición a la patria. Así que estamos muy convencidos de que hace falta un juicio. A este gobierno hay que desplazarlo y hay que ir a elecciones anticipadas. No se puede permitir que se siga acumulando daño sobre el sufrimiento de buena parte de nuestra sociedad. Menos todavía que sigan hipotecando el futuro y la posibilidad de que seamos una nación soberana.

AR/MG

El presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó la noche de este viernes poder participar de las PASO dentro de Unión por la Patria (UXP), luego de que se anunciara la fórmula presidencial integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

“Estamos conversando con otras fuerzas que integran el Frente para plantear una definición común. En este contexto tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO. En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció”, expresó esta noche en su cuenta de Twitter.

Al igual que el espacio de Juan Grabois, el Frente Patria Grande, Unidad Popular -que integra la coalición oficialista- también reclamó de esta manera poder presentar su precandidato en las PASO del 13 de agosto.

“No vamos a seguir en estos términos. Nosotros y todos los partidos que no estén de acuerdo con esta definición absolutamente inconsulta, hecha entre gallos y medianoche, que no tiene nada que ver con lo que esperábamos, podemos desprender a nuestros partidos de la alianza conformada y presentarnos como partidos”, advirtió.

CRM con información de la agencia Télam

- A Lozano conviene tenerlo adentro: porque si está afuera te hace denuncias.

Según una leyenda de pasillo, muy repetida, la frase la pronunció un funcionario del Banco Nación meses atrás cuando le preguntaron la razón de que Claudio Lozano, a pesar de sus críticas al Gobierno, seguía como director de la entidad. Cambió la jefatura, llegó Silvina Batakis, e irrumpió otra lógica: el economista vinculado a la CTA, ya no seguirá en el directorio del BNA.

En Casa Rosada están en preparación los decretos, -que luego refrendará Sergio Massa- para la designación de tres nuevos directores, que ocuparán las vacantes que dejarán Lozano y otros dos de los diez -contando a la presidenta- que integran el directorio: Federico Sánchez, vinculado al saliente Eduardo Hecker y Guillermo Wierzba, a quien se referenciaba como columnista de El Cohete a la Luna y vínculos con Martín Abeles, titular de la CEPAL en Argentina.

Batakis hizo, en menos de una semana, un movimiento que a Hecker le reclamaron durante meses. La exministra fue designada el jueves, ese mismo día se instaló en el banco y el viernes charló con Alberto Fernández sobre el recambio de directores. Antes, en el café transicional con Hecker, transmitió el mensaje de que lo correcto sería que los directores presentaran sus renuncias. Ninguno lo hizo. Batakis aceleró el paso, habló con el Presidente, con Massay con Santiago Cafiero, y el martes, desde la secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, se les notificó a los directores que debían presentar sus renuncias.

Ibarra fue, hace 10 días, la encargada de mandarle un mensaje de WhatsApp a Hecker -que en ese momento participaba de una actividad del BNA en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil- para informarle que debía dejar libre la presidencia del banco. “El Presidente te agradece pero necesita ese lugar”, lo despidió, desde Casa Rosada, la funcionaria.

Para entonces, Lozano sabía que estaba afuera mientras otros tenían la certeza de que seguirán en la mesa del BNA. Es el caso del cordobés Carlos Caserio y de dos economistas con terminales en el cristinismo: Cecilia Fernández Bugna, ligada a La Cámpora, y Julia Strada, muy elogiada en el Instituto Patria. Caserio y Angel Mercado, hijo de la pareja de Lucía Corpacci, responden a una lógica territorial, al igual que Martín Ferre, históricamente vinculado a Daniel Scioli y muy cercano de Cafiero, y Raúl Garré, con terminales en el dispositivo FdT.

Vacantes

Con esas tres salidas, Batakis tendrá tres vacantes para completar. Se supone que la exministra recurrirá a integrantes del equipo que la escoltó en su paso, breve pero agitado, por Economía. Algunos, como Eduardo Setti, el cargo que más le costó completar -como secretario de Finanzas- continuó en el staff de Sergio Massa que en todo el circuito del recambio de directores en el BNA, tiene un rol porque las designaciones y remociones las dispone presidencia pero son validadas por Economía.

Apenas trascendió que Batakis pidió la salida de los directores, un mensaje que le parecía destinado, Lozano lo cuestionó. Invocó un factor: los directores del BNA responden, en general, a lógicas de equilibrios políticos, por eso hay algunos con terminales en gobernadores o en el cristinismo, La Cámpora o el sciolismo. En el FdT se pregunta quién empujó, en 2019, la designación de Lozano y nadie recuerda o nadie se lo atribuye.

El debate en torno a Lozano está presente en el micromundo del FdT desde hace meses. Se invocó, en el entorno de Alberto Fernández, como una señal de que no había sanciones ni castigos a aquellos críticos internos. Eran días de interna en carne viva a partir por los cuestionamientos de Cristina Kirchner o referentes de la vice.

Batakis, que pidió tener mayor influencia en el directorio porque si no sería difícil gestionar, ejecuta el movimiento. Hizo, antes, un sondeo para determinar qué vínculos y equilibrios políticos requería el FdT y el resultado fue ese: Lozano, Sánchez y Wierzba no seguirán en sus despachos del BNA. Hay una línea adicional, menos directa e imprecisa: es habitual que los directores tengan delegados propios en empresas del grupo Nación. Ese renglón todavía no está clarificado.

PI

Ante los rumores de desplazamiento que circularon en los últimos días, diversas entidades que representan a pequeñas y medianas empresas (pymes) pidieron en cartas enviadas a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y al presidente Alberto Fernández que garanticen la continuidad de Claudio Lozano como director de la entidad.

Temen que si Lozano sale de ese puesto esté en peligro la continuidad del Consejo Consultivo Pyme del Banco Nación, ideado y coordinado por él.

El pasado jueves, Lozano, líder de Unidad Popular, uno de los partidos que integran el Frente de Todos, consideró que las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, no significan cambios en el rumbo económico del Gobierno.

Por otra parte, el 28 de julio se anunció el nombramiento de Batakis como presidenta del Banco Nación, luego de su breve período como ministra de Economía tras la renuncia de Martín Guzmán.

Estas con las entidades que forman parte del Consejo y que dieron su apoyo a la continuidad de Lozano en el BNA: CEEN – Central de Entidades Empresariales (Juan Ciolli), ENAC – Asociación de Empresarios Nacionales (Leo Bilansky), Mesa de Unidad Pyme (José Cudina), CGE - Confederación General Económica (Hernán Pini), IPA – Industriales Pymes Argentina (Daniel Rosato), Frente Productivo (Daniel Moreira), Pyme Productivo (Raúl Hutin), AIERA - Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (Luis Duarte), CGI – Confederación General de la Industria (Mario Derch), Grupo Bolivar (Bruno Capra) y Pyme Sur (María Victoria Policicchio).

CRM

La lista de candidatos a diputados del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Leandro Santoro, incluye diversos referentes económicos disímiles entre sí, como la coalición gobernante. En tercer lugar, Carlos Heller, en quinto, Matías Tombolini. Y el séptimo lugar, el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación, el tercer postulante en responder el ping pong de preguntas y respuestas de elDiarioAR.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

Bajar la inflación requiere: a) desacoplar los precios internacionales de las commodities de los precios internos, b)eliminar las distorsiones que producen en los mercados los procesos de concentración, trasnacionalización y conglomeración; en todos los casos permiten independizar los precios de los costos y c) terminar con la inercia inflacionaria resultante de décadas de inflación. Si los controles están orientados a resolver estos problemas, por supuesto sirven.

¿Cómo se baja el desempleo?

a) Acelerando la tasa de crecimiento ya que el nivel de empleo depende del nivel de actividad. Esto requiere ampliar el mercado interno impulsando la expansión del consumo. Por esto, el ingreso universal para los que están en situación de desempleo e informalidad garantizando que ningún hogar esté bajo la línea de indigencia es funcional a la expansión del consumo, a la ocupación de la capacidad ociosa y a la generación de empleo. b) Eliminar la sobrejornada que hoy desarrollan dos millones de asalariados registrados (diez horas diarias). Cumpliendo la jornada legal crearíamos 660.000 puestos de trabajo. c) Encarando un proyecto de transformación productiva con eje en la sustitución de importaciones y la incorporación de progreso técnico. d) Estableciendo mecanismos que permitan distribuir la renta resultante del cambio tecnológico, reduciendo la jornada en las grandes empresas a seis horas. Esto crearía unos 900.000 puestos de trabajo.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

Todo cambio en las fuerzas productivas requiere modificaciones en las relaciones laborales. Desde una perspectiva de ampliación de derechos supone entender que el cambio tecnológico implica menor consumo de tiempo de trabajo por unidad de producto y exige formación permanente a lo largo de la vida. Por ende hay que reducir jornada laboral y ampliar los tiempos de formación en función de los cambios que se viven. Esa discusión exige nuevos Sistemas de Seguridad de Empleo y Formación financiados por el aumento de la productividad con trabajadores que puedan dividir su jornada en empleo y formación. Acceder a esta no puede ser una opción individual sino un derecho social. Las demandas de flexibilización laboral de un mercado laboral que está hecho goma es el resultado de ciertos sectores dominantes muy ignorantes que pretenden utilizar las relaciones laborales del siglo XIX para la tecnología del siglo XXI.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Para que los salarios se recuperen hay que fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores en la sociedad. Un mercado laboral donde la mitad de la población laboral se encuentra en situación de informalidad y desempleo, con 42% de pobres y 11% de indigentes es un mercado que debilita la capacidad de discusión. Cuatro de cada 10 trabajadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. Es decir el mercado laboral opera sin piso. Proponemos establecer un ingreso universal para la informalidad y el desempleo que permita que ningún hogar esté por debajo de la línea de indigencia, reemplazar y universalizar los programas Potenciar Trabajo y Progresar en uno nuevo en base a un salario social de empleo y formación que incorpore a 4 millones de personas en tareas dirigidas a construir infraestructura social, urbanizar barrios populares, garantizar una red pública de cuidados, desarrollar experiencias de soberanía alimentaria y programar el desarrollo de ciudades sustentables, desarmando conurbanos invisibles y repoblando el país. Este salario social sería equivalente al mínimo. Ambas cosas, el ingreso universal y el salario social, implican una inversión de 2 puntos del PBI. Dos puntos financiables que permitirían establecer un umbral de dignidad para la sociedad y un piso para el mercado laboral equivalente al salario. En este marco, hay que asociar estas definiciones con la decisión pública de inducir aumentos salariales en el marco paritario y garantizar una estrategia antiinflacionaria.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

No hay razón alguna para devaluar, hay que mejorar la regulación de los dólares paralelos legales, blanqueando quiénes son los que ahí intervienen y el tipo de operaciones que realizan. Y hay que avanzar sobre el control del comercio exterior para poder administrar el ingreso y egreso de divisas, supervisando de manera directa los saldos excedentarios en divisas de las 50 empresas que los manejan. Hay que replantear también la estructura del sistema financiero. Tenemos aún la ley de entidades financieras de la dictadura militar.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Hay que revisar el endeudamiento y su peso en el gasto (hoy es un 13%, equivalente al de la Seguridad Social) y estamos con la deuda con acreedores privados reestructuradas. Hay que revisar el gasto tributario (exenciones y regímenes promocionales) y revisar los subsidios.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

El tema no es el empleo público. Puede haber problemas en algunas áreas, pero hay muchas donde falta gente. La discusión es sobre el Estado que necesitamos para la sociedad que queremos. Hay que discutir roles, funciones, calidad de las prestaciones públicas, áreas donde debiera intervenir y no interviene. Y en ese contexto la carrera administrativa, los distintos escalafones y la formación que necesitan los trabajadores.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Hoy no hay que pensar en privatizar, excepto en transferirle parte del pago del endeudamiento a quienes especularon y fugaron divisas. Sí hay que dar pasos para que el Estado ocupe el centro y la coordinación del proceso de inversión. Energía, comercio exterior y finanzas son áreas donde el Estado debe avanzar. Puertos, ferrocarriles, industria naval, hidrovía y flota son espacios que requieren de mayor injerencia del Estado.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

La Argentina requiere una profunda reforma tributaria que reorganice el vínculo impositivo entre Nación, provincias y municipios. La dirección es mayor progresividad, lo cual implica coordinar administrativamente un padrón de grandes contribuyentes y de multimillonarios. En ese marco hay que ir por la renta vigente en sectores como petróleo, agro, pesca, finanzas, mercados oligopólicos, precios de transferencia, etc. Reformar Ganancias, Bienes Personales, herencia en dirección a los multimillonarios y bajar la presión sobre el consumo y la producción. En la Argentina, el 66% es impuesto sobre el consumo y el trabajo; el 23%, sobre los ingresos; el 4%, sobre los patrimonios y el resto viene de los derechos de exportaciones e importaciones.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

El endeudamiento es un problema político y no financiero. Fue una deuda tomada sin evaluar nuestra capacidad de repago, violando todos los criterios jurídicos administrativos y constitucionales de nuestro país y violando todas las misiones, funciones y el propio estatuto del FMI. Fue un crédito para sostener a un aliado regional en declive y el monto y los vencimientos se fijaron para garantizar el control sobre el gobierno siguiente. Si Macri no hubiese existido, el endeudamiento tampoco.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del FMI y cuáles no?

Quita de capital equivalente por lo menos al excedente de crédito que el FMI otorgó violando su responsabilidad, plazos acordes a la necesidad de reconstrucción productiva de la Argentina y nulas condicionalidades en materia de política económica. El FMI debe asumir su corresponsabilidad en la crisis argentina y si no, la Argentina debe llevar al seno de las Naciones Unidas el caso de su endeudamiento como muestra de la desastrosa perfomance del organismo y la necesidad de que si fue un crédito político, requiere una solución política. Es preferible no pagar y seguir discutiendo antes que aceptar un mal acuerdo.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

Sí, por supuesto, son instrumentos lógicos en el marco de cualquier estrategia industrial. “Juntos por el Despido” no los acepta porque no promueve una estrategia industrial.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

El criterio es firmar en función de favorecer el desarrollo del país. Tanto el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en su momento como la Unión Europea, e incluso el Acuerdo Estratégico con China merecen profundas discusiones. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo con historia, experiencia y tradición industrial. No podemos regalarla.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

La Argentina debe reconstruir su patrón productivo con eje en la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico. Hay un piso potencial de sustitución con proveedores hoy ya existentes que es del orden de los 11.000 millones de dólares. Hay sectores involucrados intensivos a escala y que se destacan por su elevada productividad (productos de caucho y plásticos y material de transporte). Otros basados en ciencia cómo químicos, farmacéuticos y maquinaria herramientas. Hay que reconstruir el complejo ferroviario y el complejo naval. Sólo para dar una idea, hoy YPF podría sustituir el 35% de lo que importa.

¿Qué obras de infraestructura deberían hacerse?

 Hay que garantizar la infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, energía eléctrica, calefacción, conectividad, comunicación en general a toda la ciudadanía. Hay que reconstruir y modificar de raíz el sistema energético terminando con nuestra extrema dependencia de hidrocarburos y abriéndonos a las energías limpias. El litio, las baterías y el ferrocarril asociado a un nuevo plan de transporte serían importantes en la nueva agenda.

¿Cómo lograr el acceso a la casa propia? ¿Cómo se resuelve la dificultad para alquilar?

El problema de la vivienda y el alquiler supone la existencia de una política habitacional que potencie la intervención del Estado en la actividad, generando bancos de suelo y de inmuebles y poniendo en marcha programas de construcción de viviendas tendientes a reducir el déficit habitacional. En ese marco hay que regular el mercado de alquiler, para lo cual hay que blanquear su funcionamiento. En este sentido debe haber una actitud firme y clara de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que debe considerar que todo aquel que tiene una vivienda que no es para su uso, la tiene alquilada, percibe una renta y, por tanto, la misma debe considerarse a la hora del pago de Ganancias. Se trata de evitar la acumulación de viviendas ociosas. También entendemos que los programas de construcción de viviendas deben asociarse a un redespliegue territorial de la población. Tratando de desarmar conurbanos invivibles y construyendo ciudades sustentables. Resolver viviendas y mejorar la situación de los inquilinos exige terminar con un mercado inmobiliario que en realidad es un refugio de valor y, por lo tanto, donde prima la especulación y no la prioridad de eliminar el déficit habitacional.

¿Deberían aumentar las tarifas de energía y transporte para las clases media y altas? ¿Por encima de la inflación, como con Macri?

No me parece mal segmentar el esquema tarifario. No obstante, un camino más sencillo es bajar los subsidios a los generadores (eléctricos) o al oligopolio petrolero. Y acomodar la estrategia poniendo como referencia los costos de producción local y no los precios internacionales. La estrategia de Macri de alimentos caros y tarifas energéticas caras daba como resultado salarios baratos que solo consumían lo esencial y achicaban el mercado interno, y costos altos de la energía que elevaban los costos de producción. Ambas cosas combinadas con la apertura al ingreso de producción importada constituyen el escenario propicio para la desindustrialización. Nuestro objetivo en materia de precios es otro. Alimentos baratos para salarios altos que expandan la demanda industrial y tarifas energéticas baratas que reduzcan costos de producción. Esto en el marco de la administración del comercio exterior propicia el país industrial.

¿Qué medidas se podrían adoptar a favor de las pymes?

Algunas ya las venimos tomando. Desde que asumimos en el Banco Nación, el 78% de los préstamos asignados, todos con tasas preferenciales, tuvieron por destino las pymes. Más allá de esto, requieren un tratamiento integral de carácter impositivo, tecnológico y de regulaciones comerciales y financieras que eviten las asimetrías con el capital concentrado. A la vez deben ser integradas en el plan de reindustrialización, siendo beneficiadas por el compre estatal e induciendo la progresiva sustitución de las importaciones que hoy desarrollan las principales empresas del país.

Ante la crisis climática, ¿cuáles cree que son los sectores de la economía que hay que impulsar y, en oposición, cuáles cree que deberían ser relegados.

Ante la crisis climática hay que replantear el rumbo productivo del país. Megaminería a cielo abierto, fracking, agronegocio y feedlot presentan y promueven serios problemas ambientales. Modificar la matriz energética reduciendo el consumo de hidrocarburos y favoreciendo el de energías limpias y renovables.

¿Qué opina del impacto ambiental del fracking, la minería a cielo abierto, la fumigación con agroquímicos, la deforestación para la agricultura y la ganadería o las industrias que contaminan ríos como el Riachuelo?

Veo a la Argentina en serios problemas ambientales que obligan a replantear la orientación productiva. Hay que dejar de pensar en obtener dólares rápidos sobreexplotando naturaleza para pagar la deuda y poner el esfuerzo en el impulso a un programa de sustitución de importaciones en clave de incorporación de progreso técnico.

AR

Algunas semanas atrás Claudio Lozano, director del Banco Nación y séptimo candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, le llevó al Presidente una idea. Más que una idea, un proyecto detallado con sus costos y alternativas de financiación. Le propuso sintetizar todos los programas sociales vigentes, menos la AUH, en dos instrumentos. 

Por un lado, el Ingreso Básico Universal (IBU), que equivaldría a la canasta básica alimentaria para un adulto (hoy en $8.875) y recibirían todas las personas de entre 18 y 65 años que no tengan garantizado un ingreso formal. Por otro, el Salario Social de Empleo y Formación, que absorbería los programas Potenciar Trabajo y Progresar. Programas que, según Lozano, hoy son más “una excusa para dar un ingreso que una integración efectiva en procesos de trabajo que tengan que ver con lo que Argentina necesita”. Según sus cálculos ambas iniciativas requieren una inversión de 2,9% del PBI, que debería financiarse con una “reorientación de la estructura impositiva hacia los sectores de mayor capacidad económica”.

Para Lozano, el contexto obliga a pensar en políticas universales y no focalizadas porque el problema que se busca resolver es masivo: casi la mitad de la población argentina vive en la pobreza. Desde su punto de vista, impulsar políticas de este tipo implicaría asumir esa realidad, así como dejar atrás conceptos que ya no funcionan en la Argentina. “Se piensa en el trabajo que dignifica cuando el trabajo que hay hoy es un trabajo de mierda”, resume. 

Abiertamente crítico de la coalición política que integra, dice que la “estrategia de austeridad y prudencia fiscal” que mantuvo el ministro Martín Guzmán desde fines de 2020 acumula cada vez más cuestionamientos internos y empieza a tocar su límite. Que el conflicto social está “contenido” por la pandemia, pero comenzará a presionar en la medida que se relajen las medidas sanitarias. Pero, sobre todo, considera que la mejora de las condiciones de vida constituye “el principal pacto electoral” del gobierno del Frente de Todos y que responder a la agenda social es determinante para mantener su “legitimidad”.  

—¿Cuál es el diagnóstico que hace para postular al Ingreso Básico Universal (IBU) como la herramienta más adecuada en este contexto? 

—Hay cuestiones de orden estructural y de orden coyuntural. De orden estructural es que el sistema histórico de distribución del ingreso en nuestro país se rompió, se fue desarticulando de manera progresiva desde la dictadura militar. A partir de un momento en que las transformaciones que vivió el capitalismo argentino dieron como resultado un proceso de desindustrialización con ruptura creciente de la asalarización formal y, consecuentemente, se fue rompiendo la relación entre ingreso al empleo y acceso a la ciudadanía social. 

—Esta idea de que es el trabajo lo que te saca de la pobreza.

—Esa idea está completamente rota en la Argentina, porque prácticamente la mitad de la población laboral de nuestro país está por fuera del circuito formal. Si uno suma desocupados, cuentapropistas e informales es prácticamente la mitad de la población laboral del país. Por otro lado, incluso alrededor del 22% de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, la idea de que el empleo resuelve la cuestión no tiene que ver con la Argentina actual. En segundo lugar, porque lo que se ha dado desde el 2015 es un aumento sustantivo de la pobreza con un aumento incluso superior de la indigencia, es decir, del hambre. Es urgente trabajar con un ingreso básico de carácter universal que le llegue a la población en situación de informalidad y desempleo. 

Discriminar al interior de la pobreza a quién le corresponde y a quién no le corresponde es una estrategia que no nos parece ni justa ni razonable.

—¿Por qué es mejor esta dinámica universal que las políticas más focalizadas, que es la estrategia que se privilegió cuando se discontinuó el IFE y se fortalecieron programas preexistentes? 

—Discriminar al interior de la pobreza a quién le corresponde y a quién no le corresponde es una estrategia que no nos parece ni justa ni razonable. Al mismo tiempo, involucra un nivel de burocracia que termina siendo absolutamente inútil que el Estado se involucre en una estrategia de ese carácter. Es preferible utilizar los recursos de manera masiva y universal bajando el costo administrativo y burocrático que implica un trabajo focalizado. La verdad es que no hay muchas razones para decir por qué tal sí y tal no. 

—Tal vez porque en esa mecánica de focalización se administra mejor el gasto.

—Pero entonces se aplica una política focal porque en realidad lo que hay es un límite fiscal, no porque corresponda. No corresponde. Y al límite fiscal hay que modificarlo reasignando gastos. Nosotros proponemos hacerlo por la vía de la síntesis de todos los planes y con mecanismos tributarios que deben reorientar la estructura impositiva del país hacia los sectores de mayor capacidad económica, que es algo que la Argentina tiene pendiente y que ha dado muy buenos resultados con el impuesto a las grandes fortunas. Además, estamos hablando del 10% de la población está en situación de indigencia y casi un 45% en situación de pobreza; en estos niveles la focalización no tiene ninguna capacidad de intervenir, porque la envergadura que tiene el deterioro social obliga a universalizar: estamos discutiendo sobre la mitad de la población. 

—¿Considera que el Ingreso Básico Universal (IBU) puede generar desincentivos para la formalidad? 

—El problema de la informalidad en la Argentina ya existe; la mitad de la población está en esa situación y requiere otra discusión. Acá estamos resolviendo el problema de los ingresos, porque para intervenir ahí ya no sirven los instrumentos viejos como el salario mínimo y las paritarias, que alcanzan solo al sector formal. Hoy si quiero tener una política de ingresos que mejore los niveles de la demanda del mercado interno necesariamente tengo que tener una política de ingresos conducida por el Estado, no alcanza con mejorar salarios y jubilaciones. Esta es la novedad. Esta dinámica implica además la condición de regular de otro modo el sistema de precios, porque si siguen por delante de los ingresos no sirve de nada. 

-Las estrategias instrumentadas hasta el momento no han dado los resultados esperados. ¿Usted en qué herramientas piensa?

No han dado resultado porque los instrumentos que se han planteado se han aplicado sobre la base de una hipótesis que es garantizar un acuerdo con los formadores de precios. No se ha ido en términos de disciplinarlos aplicando la fuerza y el rigor de las normas como corresponde, yendo a fondo con los instrumentos que se debieran utilizar. De hecho, en un contexto de subas significativas de los precios internacionales que arrastran a los precios internos no se han utilizado las retenciones. Se llegó al establecimiento de cupos o de cierre de las exportaciones en la carne cuando ya estaba completamente desbordado. Lo que nosotros vemos es que la idea del diálogo con los formadores de precio no ha dado resultados y hay que cambiar el enfoque. En mi opinión el enfoque a aplicar es el de control social del proceso de formación de precios. 

Tenemos hoy niveles de actividad similares a los prepandemia, con niveles de pobreza del peor momento de la cuarentena de abril de 2020.

—Un poco se intentó con Precios Máximos, que fue un congelamiento de precios compulsivo.. 

—Sí, pero cuando digo control social me refiero a que en la Argentina tenés 20 bloques sectoriales donde están las principales cadenas de producción estratégicas. El Estado tiene que articular el poder social en cada cadena de producción para limitar aquellos que abusan del poder y hay que blanquear esas situaciones; hay que hacerlas públicas. Eso es lo que no se hace. Acá hay una discusión de orden técnico pero también de orden político, no se trata simplemente de un fenómenos de precios; acá hay una resistencia política que considera que no debe haber modificación en la distribución del ingreso en la Argentina. De hecho, esto ha cambiado el sentido de la recuperación económica. La Argentina tuvo una recuperación desde mayo de 2020 para acá que no se tradujo ni en mejora del empleo ni de los ingresos. Tenemos hoy niveles de actividad similares a los prepandemia, con niveles de pobreza del peor momento de la cuarentena de abril de 2020. 

—Decía que el nuevo trazo lo puede marcar el “exitoso” aporte a las grandes fortunas. ¿Cree que hay que darle continuidad? 

—En principio, mientras no se ponga en marcha una estrategia de reforma impositiva integral que contenga todos los elementos que debe contener, este aporte a las grandes fortunas debería mantenerse. Sobre todo porque no hay nada de lo que se enarboló como criterio para ponerlo en marcha, del contexto de emergencia social y sanitaria, que haya cambiado. Tampoco hay razón para haber desarmado el sistema de políticas sociales. En mi opinión el IFE, que fue un intento en avanzar en cierta universalidad, habría que mejorarlo en dirección a los instrumentos que nosotros estamos planteando.

El conflicto social está contenido porque el pueblo argentino tiene la sensatez suficiente como para percibir que la prioridad está en terminar con la cuestión sanitaria.

—En ese contexto, Guzmán terminó con un cuatrimestre casi en equilibrio fiscal, con un déficit primario del 0,5%. 

—Acá lo que está en discusión es la relación que ha establecido la política económica con el Fondo; pese a que no hay un acuerdo se está sobrecumpliendo con el Presupuesto como si el acuerdo estuviera cerrado. Tenemos todos los costos del acuerdo y, si hubiera alguna ventaja, no la tenemos porque el acuerdo no se cerró. Honestamente no sé cuál es el negocio que se hace haciendo esto. 

—¿Pudo discutir todo esto con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán? 

—Con el Presidente, sí; con el ministro Guzmán, no. 

—¿Y el Presidente qué le transmitió?

—El Presidente tiene una visión positiva del avance en términos de la universalidad, la comparte, al igual que la comparte el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La nuestra es una de las propuestas, hay otras, pero todos transitamos en una dirección similar. Los dos problemas que planteó el Presidente son, primero, que hay algunas organizaciones sociales todavía que viven la propuesta del ingreso básico universal como una suerte de amenaza sobre el Potenciar Trabajo y demás. Concretamente, el movimiento Evita. 

—¿Por qué sería una amenaza?

—Ellos dicen que no hay que incluir vía ingresos, sino vía trabajo. Nosotros creemos que la situación de la Argentina obliga a considerar ambas cuestiones porque el nivel de urgencia en materia alimentaria es muy grande y porque esta política además induce la generación de empleo, así que no vemos la contradicción. Y, segundo, porque hay una visión que es medio anacrónica del trabajo; se piensa en el trabajo que dignifica cuando el trabajo que hay hoy es un trabajo de mierda, sobre todo cuando hablamos de los planes. Hay una mirada corta, limitada, que no la entiendo bien. 

—¿Cuál es el segundo problema?

—La cuestión fiscal. Avanzar en términos de progresividad impositiva y generar mayor flexibilidad a la hora de usar el gasto, saliendo de cierto corset planteado con el Fondo. Creo que la idea de reducción a rajatabla del déficit en un contexto de una economía que se encuentra con un elevado nivel de capacidad ociosa es una cosa que va a contramano de lo recomienda la teoría económica. Me parece que hay que cambiar la lógica que se está siguiendo porque, de lo contrario, vamos a un escenario más complicado. 

Hay una estrategia que está fuertemente condicionada por vivir el acuerdo con el Fondo como una solución para la economía argentina; nosotros no estamos de acuerdo con eso.

—¿Esto se vive como una  grieta dentro de la coalición: una rama más social, vinculada con el kirchnerismo más duro, y un “ala técnica” que no ve viable estas iniciativas? 

—No sé si es una rama técnica y una social. Me parece que hay visiones políticas distintas y hay capacidad técnica en ambos lados. Hay una estrategia que está fuertemente condicionada por vivir el acuerdo con el Fondo como una solución para la economía argentina y la verdad que nosotros no estamos de acuerdo con eso, menos aún cuando lo que aparece de manera cada vez más plausible es un Acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años y tiene condicionalidades que no sirven para la estrategia de desarrollo de la Argentina, con fuertes restricciones fiscales, previsionales, propuestas de reformas del Estado absolutamente inaceptables. 

—De acuerdo a su pulso y lo que habla con los otros integrantes de la coalición ¿cuál de estas dos visiones está más fuerte?

—Creo que de manera creciente la estrategia de austeridad y prudencia fiscal que se ha llevado hasta aquí tiene una cantidad muy importante de cuestionamientos. Desde octubre de 2020 se viene dando un proceso de ajuste que no permite intervenir sobre cuestiones clave que hacen a las condiciones de vida de la población. Me parece que esa es una mirada creciente y preocupante que está presente en importantes sectores de la coalición gobernante. Obviamente esta discusión está instalada y creo que vamos a seguir discutiéndola porque las dos preocupaciones centrales de la vida del pueblo argentino son, por un lado, la salud y, por otro, las condiciones concretas de existencia en materia social. No se trata de soltar algunos mangos en el contexto de la campaña electoral, se trata de plantear una estrategia de redistribución del ingreso que mejore las condiciones de vida de la población. 

No se trata de soltar algunos mangos en el contexto de la campaña electoral, se trata de plantear una estrategia de redistribución del ingreso que mejore las condiciones de vida de la población.

—Juan Grabois dijo que si no se avanza con una política de ingreso básico universal no se va a poder contener el conflicto social. ¿Comparte la mirada? 

—Hay una situación objetiva; el conflicto social está contenido porque el pueblo argentino tiene la sensatez suficiente como para percibir que la prioridad está en terminar con la cuestión sanitaria, y eso hace que se contenga el nivel de conflicto movilización y de cuestionamiento. En la medida que eso se vaya resolviendo, indudablemente la discusión del conflicto social empieza a ser la principal. Pero además el principal pacto electoral del gobierno del Frente de Todos con el pueblo argentino es la mejora de las condiciones de vida de la población. Si hubo una razón para que hubiera un aluvión de votos en  2019 fue porque la gente quería sacarse de encima los efectos sociales del neoliberalismo salvaje practicado por el macrismo. En ese marco, la agenda social es determinante para mantener la legitimidad de la fuerza política de la cual nosotros somos parte.

DTC/WC