Si en el plebiscito constitucional de este domingo vence el Apruebo, Chile dejará atrás el liberalismo y neoliberalismo de la Constitución pinochetista de 1980. Según el texto de la Constitución al que tras un año de sesiones arribó el 4 de julio la Convención reunida para redactarlo, la República se convertirá en el Estado Social y Democrático de Derecho por el que clamaba el país que en octubre de 2019 estalló contra la concentración plutocrática de la riqueza. Sin embargo, desde abril las diversas encuestas electorales, semanales o mensuales, pronostican sin divergencia una derrota del Apruebo, que desde entonces, cuando revertió intempestivamente la tendencia de los tres primeros meses del año, se mantiene diez puntos por debajo del Rechazo. La frustración del ideario del 'estallido social' que signficaría una mayoría del Rechazo ha sido razonada como resistencia republicana atávica, como rechazo a un sesgo identitario, plurinacional, intercultural, 'indigenista' de la nueva Constitución, como intolerancia por la deficiente técnica de redacción, como voto repudio a la gestión de Boric. Menos se menciona un cambio radical: la riqueza y prosperidad de 2019 ha desaparecido, y Chile ve avecinarse la peor crisis económica de su vida democrática.

Un 4 de septiembre devaluado

Personalmente, a Gabriel Boric la economía le interesa poco. Como la doctrina del nacionalista francés Charles Maurras en el siglo XX o la práctica de la internacionalista argentina CFK en el XXI, el joven gobierno chileno da pruebas de que para él la política está primero. Y primera tarea de todo poder soberano es ratificar la contundencia de su mandato popular para administrar una justicia redistributiva que mitigue las amenazas de la desigualdad social.

Desde que Boric convocó el plebiscito que este domingo dirimirán quince millones de votantes, agenda presidencial y campaña por el Apruebo fueron una y la misma cosa. Esperaba que este 4 de septiembre fuera un reflejo, mejorado, del 4 de septiembre de 1970 que dio la victoria a la coalición de la Unidad Popular y la presidencia al socialista Salvador Allende. Auguran que la magia simpática puede fallar, y que la invocación del día en que Allende venció no será aquel en que el dictador Augusto Pinochet y su Constitución de 1980 sean vencidos.

Las efectividades inconducentes

El Estado ya nunca más ausente y un presidencialismo más firme que el de la actual Constitución neoliberal pinochetista de 1980 para hacer realidad el ideario igualitario del estallido social de octubre-noviembre de 2019 chocarían con que el proyecto redistributivo encuentra menos riqueza que distribuir. Con que al Tesoro le falta dinero, en primer lugar. El Banco Central (BC) acaba de suscribir una línea de crédito flexible por 18,5 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI): Chile necesita plata prestada y la necesita ya. El ministro de Hacienda Mario Marcel acaba de diseñar un esquema de reforma tributaria al que oposición y empresariado reprochan que se agota en saciar, o intentar saciar, sus fines recaudatorios, sin articularlo con un genuino plan de crecimiento y facilidades para la inversión.

Del último informe del Banco Central de Chile se infiere un año en el que el país verá, mes a mes, una mayor y mayor contracción de su actividad económica.

En julio, la economía chilena registró una caída del 1,1 % en comparación con el mes anterior y anotó un crecimiento del 1 % interanual, según informó el jueves el BC. Es el peor registro interanual desde febrero de 2021, cuando Chile vivía el momento más duro de la pandemia. Queda confirmada la desaceleración que apunta a una recesión económica. Y prevén un año en el que mes a mes Chile verá una mayor y mayor contracción de su actividad económica.

La empresa estatal cuprífera, CODELCO (Corporación Nacional del Cobre), anunció que en 2022 producirá 100 mil toneladas menos de cobre que las proyectadas, y en 2023, serán 170 mil menos. El número de empresas que busca reperfilar su deuda para evitar la quiebra ha aumentado un 183% respecto a estas fechas del año pasado.

En el mundo del trabajo, se abandonaron las esperanzas de regresar a un nivel de empleo como el anterior a la pandemia. Sí ha aumentado, en cambio, el empleo público.

La producción de bienes disminuyó un 1,8 %, debido al desempeño de la minería y la industria. El informe del BC detalla que la actividad comercial disminuyó un 11,1%, resultado explicado por todos sus componentes: “Destacaron las menores ventas minoristas en establecimientos especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico y en grandes tiendas, y las mayoristas de maquinaria y equipo, y enseres domésticos”, apuntó el organismo.

Si los servicios crecieron un 6,3 %, esto se debe a servicios personales, en particular de salud. La pandemia en Chile deja ya más de 4,4 millones de infecciones y más de 60.400 muertes. En enero y febrero se ha registrado un masivo repunte de contagios debido a la rápida expansión de la variante ómicron.

Nunca en domingo

Desde la izquierda extrema hasta la centro derecha, nadie en Chile quiere retener el neoliberalismo de la Constitución vigente plebiscitada por la dictadura pinochetista en 1981. Para explicar que sin embargo el Rechazo triunfe en los sondeos, se alega que 400 artículos son demasiados, que la redacción es deficiente, que se alejó del foco del 'estallido social' con sus demandas urgentes de mejor salud, educación, transporte y vivienda para preferir una impronta identitaria. Se cita la mala imagen que dejó el año de sesiones de la Convención y el descontento con el gobierno del presidente Gabriel Boric, jefe de la campaña del Apruebo.

Menos se menciona que, de fondo, está el abismo económico que separa a 2019 del actual 2002 pospandémico: si entonces la desigualdad era el motor de las protestas, hoy la crisis, la recesión, la desinversión, la inflación, la depreciación del peso, las dudas sobre el destino de las AFP y el vacimiento de los fondos de pensión por sucesivos retiros, más el riesgo país (Chile califica peor que Perú) son motivos de desánimo o aprensión. Y en todo caso, en nada incentivan el entusiasmo o siquiera la aquiescencia, salvo entre la juventud de Santiago y Valparaíso, en particular la de clases pudientes, por innovadores experimentos constitucionalistas. 

AGB

La reapertura en la Audiencia Nacional de España de la causa contra el Banco de Chile por supuestos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de la familia del dictador Augusto Pinochet volvió a poner sobre la mesa el peor episodio de la historia reciente del país suramericano: además de los crímenes de lesa humanidad que perpetró durante su etapa (1973-1990) el dictador fallecido en 2006 sin ser juzgado por ello, este nuevo capítulo judicial vuelve a sacar a la luz el enriquecimiento ilícito de toda su familia.

La comisión rogatoria que, como avanzó elDiario.es, la Audiencia Nacional española dirigió a principios de julio a “la autoridad judicial competente” en Chile, solicitaba notificar formalmente a los querellados en el caso y apuntaba al Banco de Chile, su presidente, Pablo Granifo, y sus filiales Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. El 12 de julio el recurso ingresó desde España a la Corte Suprema de Chile. Desde entonces, según publicó el diario La Tercera, los querellados protagonizaron un intercambio de escritos con la justicia para defenderse de la arremetida española. 

Los abogados defensores de Pablo Granifo –Carlos Balbontín, Hugo Rivera y Waldo Bown– señalaron a la Suprema el 14 de julio que la resolución española de reabrir el caso “se ha dictado bajo supuestos equivocados o incompletos”, según el medio chileno, y recalcaron que esta investigación ya se realizó en Chile hace años. 

Un argumento que, según la prensa local, también sostuvo el juez a cargo de la investigación, Guillermo de la Barra, pero que el fallo de la Audiencia Nacional contradice: “Los tribunales chilenos, pese a indicar en la comisión rogatoria de 2012 que el delito de alzamiento de bienes estaba siendo objeto de investigación, lo cierto es que el único procedimiento abierto que figura en las presentes actuaciones, iniciado y terminado en Chile, sobre delitos económicos en los que participaron diversas personas relacionadas con Augusto Pinochet, no hace referencia alguna a los que fueron descritos en la querella inicial seguida por el juzgado español y su posterior y detallada ampliación, por lo que, obviamente, los hechos deben seguir siendo investigados”.

El representante de la defensa del Banco de Chile, Raúl Tavolari, presentó un escrito en el que sostiene que “los tribunales españoles son incompetentes para conocer los hechos” y que “desconocer la competencia y jurisdicción de los tribunales nacionales importaría una vulneración del orden público chileno”.  

La acción judicial contra la familia Pinochet y sus cómplices fue impulsada en 2005 y ampliada contra el Banco de Chile en 2007 por la Fundación Presidente Allende, ubicada en España y hoy presidida por el abogado Joan Garcés, quien fue un estrecho colaborador del expresidente Salvador Allende (1970-1973).

También se hicieron parte la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD), la Agrupación de familiares de ejecutados políticos (AFEP) –ambas radicadas en Chile–; y familiares de víctimas de la dictadura como Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote alicantino Antoni Llidó, detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, fusilado en 1973, ocho días después del golpe de Estado.

“El delito económico no es distinto a los crímenes de lesa humanidad, sino que es parte del andamiaje terrorista de la dictadura”, apunta Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. “El dictador se pudo apropiar de los bienes del Estado debido al poder absoluto que ostentó durante 17 años. Esto no solo le permitió realizar los más abominables crímenes, sino que junto con eso vino la instalación del modelo económico y el enriquecimiento ilícito de él y sus cercanos”, añade.  

“Pinochet se presentaba como un hombre que había cometido todo tipo de atrocidades, pero que era honrado [con el dinero]. Sin embargo, esto demuestra que, además de un asesino, era un ladrón”, dice Laura González-Vera desde Santiago. A sus 89 años, recuerda que cuando Garcés le propuso ser parte de la acción judicial contra el Banco de Chile, “estábamos en un punto [como familiares de víctimas de la dictadura] que lo único que queríamos era esclarecer, esclarecer y esclarecer”.

Josefina Llidó, de 81 años, tuvo conocimiento de la reapertura de la causa en enero, cuando estaba en el Hospital Clínico de Valencia junto a su marido, ambos ingresados por Covid-19: “Esta respuesta [de la Audiencia Nacional] nos da un poco más de justicia, más que una reparación. Es vergonzoso que puedan hacer y deshacer estas artimañas sin recibir un castigo”, dice. “Económicamente, para nosotros, no representa nada, porque hay muchas víctimas para repartir, pero es simbólico: aunque sea una peseta, es justicia”, añade la hermana del sacerdote.

Para María Alsina, de 67 años, esta tampoco es una pelea por el dinero del Banco de Chile. Va más allá. De hecho, sobre el cobro de la indemnización, considera que “como familia deberíamos de renunciar a este dinero porque mi hermano siempre renunció a su pago como cura”, asegura. La mujer, 12 años mayor que su hermano fallecido, recibió la noticia “con ilusión”, aunque es un tema que siempre “la remueve”. “Han pasado casi 50 años, pero no se olvida”.

En manos de la Suprema

No hay un plazo definido para que la Corte Suprema decida si acoge o no la solicitud de la Audiencia Nacional. Según el abogado Joan Garcés, si la Corte Suprema acepta la comisión rogatoria, la entrega de esta a los imputados “corresponde a un juzgado de Santiago”. La aprobación del máximo tribunal es relevante para el avance, sin más dilaciones, de la investigación en España. Esta se retomó tras diez años en suspenso por una estrategia de la defensa de la entidad financiera que, según Garcés, fue una “estafa procesal”.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos chilenas desconfían de obtener una respuesta favorable por parte del máximo tribunal: “Lamentablemente en justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares [la justicia chilena] ha sido muy mezquina. Ha dictado condenas muy bajas para crímenes de lesa humanidad y ha indemnizado a pocos familiares por daños morales”, dice Alicia Lira, presidenta de la AFEP. “Como agrupación que lleva luchando contra la impunidad desde 1976, hemos visto cómo muchos jueces nos han hecho mucho más duro el camino”, agrega. 

Lorena Pizarro opina en la misma línea: “El poder judicial chileno continúa su complicidad con los crímenes de la dictadura. Se negó a acoger los recursos de amparo y a hacerse cargo de las acciones judiciales que buscaban salvar vidas y terminar con el tormento de cientos de miles de personas”. 

Critica que los jueces fueron parte del llamado “pacto de silencio”, primero aplicando “sin pudor” –dice– el decreto de Ley de Amnistía y cuando los tribunales internacionales sancionaron su aplicación, a través de “otro resquicio legal” que fue la prescripción. “Eso se ha traducido en que la mayoría de los criminales no van a la cárcel y los que van lo hacen con penas bajísimas que no tienen ningún correlato con la magnitud del crimen cometido”. 

Impunidad “inaceptable”

En una entrevista al canal chileno La Red, Garcés detalló que en 2009 el Ministerio Público español cuantificó la responsabilidad del Banco de Chile por presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en unos 100 millones de dólares. “La impunidad en la que puede quedar una institución bancaria que goza de tanto prestigio como el Banco de Chile es inaceptable. Se prestó para esconder los bienes y riquezas robadas por parte de Pinochet y su familia”, dice Pizarro.

La presidenta de la AFDD recalca que este caso “vuelve a poner bajo el foco el apoyo que tuvo la dictadura por parte de instituciones privadas bancarias, de transporte, etc. que dieron sustento a 17 años del régimen”.

Los primeros indicios de la implicación del banco chileno en el presunto alzamiento de bienes de Pinochet se detectaron gracias a la indagatoria que el Comité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos llevó a cabo tras la detención del dictador, en octubre de 1998.

Fue entonces cuando se conocieron las millonarias cuentas bancarias secretas del dictador que revelaron otro caso de corrupción económica de la familia. En este caso a través del banco estadounidense Riggs, hoy integrado en PNC Bank, que se cerró con el pago de una indemnización de ocho millones de dólares a las víctimas de la dictadura. Con este antecedente sobre la mesa, los querellantes esperan ahora la decisión de la Corte chilena. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de las acciones de justicia universal que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón, y estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos.

En aquel momento, la Fundación Presidente Allende opuso que en realidad se trataba de una treta para evitar la acción de la justicia, y se armó de paciencia, puesto que solo el paso del tiempo podría demostrarlo. La paciencia, combinada con el tesón y el afán de justicia, es precisamente una de las mayores cualidades de Garcés, que en 1973 era asesor del presidente socialista Salvador Allende en La Moneda cuando Pinochet dio el golpe de Estado, origen no solo de una de las más brutales dictaduras suramericanas, que se prolongó hasta 1990, sino también de múltiples litigios impulsados por el abogado español en organismos internacionales, algunos de los cuales se mantienen abiertos casi cinco décadas después.

La paciencia y el tesón pueden acabar dando sus frutos: en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día– ni afectó a las personas concretas señaladas por el procedimiento español: la cúpula directiva del Banco de Chile, encabezada por el que todavía es su máximo ejecutivo, Pablo Grafino Gavín.

En consecuencia, la sala, integrada por los magistrados Carmen-Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, ha ordenado reabrir la causa penal y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década al juzgado de instrucción número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía. El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón.

Implicaciones prácticas

Ello supone que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme calado para el Banco de Chile: el auto de 2009, que de pronto se ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española.

Hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, cuyo accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo.

La Fundación Presidente Allende ya ha solicitado a la Audiencia Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija que depositen la fianza prevista en el auto de Garzón y, en caso de que sigan ignorando los autos, se proceda al embargo. elDiario.es se dirigió el pasado 17 de junio a los portavoces oficiales del Banco de Chile designados por la propia entidad financiera para plantearles por escrito varias preguntas relacionadas con la causa, pero no ha obtenido respuesta.

Ante esta situación de bloqueo, la Audiencia Nacional remitió el pasado 8 de julio una comisión rogatoria a la Corte Suprema de Chile para que se notifique los autos a los representantes legales de los querellados en este país suramericano, su base de operaciones, y en particular a Pablo Granifo, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. A esta comisión rogatoria sí ha contestado finalmente la representación legal de los querellados, asumida por el letrado Raúl Antonio Tavolari, que recientemente ha presentado un escrito en el que trata de bloquear la notificación con el argumento de que “vulneraría el orden público nacional” al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.

Resarcir a las víctimas

El procedimiento tiene una gran importancia moral y simbólica en un tema tan sensible como el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes, supuestamente cometidos a través de las delegaciones del banco en Nueva York y Miami por el dictador Augusto Pinochet, uno de los más sangrientos e icónicos de los años de plomo en América Latina. Pero, además, también aspira a resarcir económicamente a víctimas del dictador con estos 77,34 millones, lo que el Banco de Chile supuestamente trata de evitar orillando la justicia española con un esquema que la acusación tipifica como fraude procesal consumado.

Hay un precedente muy alentador para la acusación popular y, además, está en los orígenes de la misma causa ahora resucitada en la Audiencia Nacional: el banco estadounidense Riggs, con sede central en Washington y hoy integrado en PNC Bank, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la Fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura pinochetista con 8 millones de dólares, más intereses de demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.

La Fundación Presidente Allende representa a más de 20.000 víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, de 15 nacionalidades y que viven hoy en hasta 25 países, incluyendo la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la Agrupación de familiares de ejecutados políticos. Entre los impulsores de la causa ante la Audiencia Nacional están Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote Antoni Llidó, alicantino de Xàbia, que fue detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, fusilado en 1973, ocho días después del golpe de Estado.

La presencia de víctimas españolas blindó en su momento la competencia de la Audiencia Nacional en la causa, que ahora vuelve a ser esgrimida tras constatar que los muy concretos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes denunciados y supuestamente cometidos por el Banco de Chile siguen sin haberse investigado ni enjuiciado jamás, ni en el país suramericano ni en ningún otro lugar.

Las posibilidades para instar a un embargo de los fondos exigidos para la fianza, en caso de no materializarse, son incluso superiores ahora con respecto a las que existían en la década de 2000, cuando el Banco Riggs se vio obligado a llegar al acuerdo extrajudicial para indemnizar a las víctimas de Pinochet. Además de la vía de los convenios bilaterales de asistencia mutua en materia penal firmados por España, el pasado diciembre entró en vigor el Reglamento 2018-1805, la nueva normativa europea sobre el reconocimiento mutuo de embargo y decomiso, aprobada en 2018 y que facilita mucho los procedimientos de embargo judicial dentro de la Unión Europea ante presuntos delitos investigados en cualquier Estado miembro.

En su última comunicación ante la Security and Exchange Commission (SEC), el regulador de los mercados estadounidenses, preceptiva para poder operar en EEUU, el Banco de Chile informaba que la entidad cuenta con depósitos en una quincena de países extranjeros, incluidos EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, México, Perú, Japón, así como en varios países de la UE, como Suecia, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Los fondos en la gran mayoría de estos países son susceptibles de ser judicialmente embargados a petición de los tribunales españoles, ya sea invocando los convenios bilaterales o las nuevas herramientas europeas que acaban de entrar en vigor.