El Gobierno confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que permanecía detenido de manera arbitraria en Venezuela. La noticia fue comunicada por el canciller Pablo Quirno, quien informó que el hombre de 52 años ya recuperó la libertad y recibió asistencia consular en la Embajada argentina en Colombia. En paralelo, el Ejecutivo volvió a reclamar por la liberación de otros dos compatriotas que continúan arrestados en el país caribeño: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

“El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraria en Venezuela”, anunció Quirno a través de sus redes sociales. Según precisó, las autoridades argentinas mantuvieron contacto permanente con Rivara y su entorno desde que fue excarcelado. “En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, detalló.

Desde Cancillería señalaron además que el Gobierno “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos”, y reiteraron el reclamo al régimen venezolano por la liberación inmediata de Gallo y Giuliani, así como del resto de las personas privadas de su libertad por razones políticas.

La liberación de Rivara se conoció pocos días después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de amnistía general destinado a presos y perseguidos políticos. El anuncio fue realizado durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez adelantó que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para cerrar procesos penales, otorgar libertades plenas y levantar restricciones judiciales vigentes.

Rivara, nacido el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Castelar, había sido detenido en Caracas en circunstancias poco claras. De formación técnica y con estudios en teología, en los últimos años llevaba un estilo de vida itinerante, viajando por distintos países de América. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, durante su detención presentó un deterioro psicosocial producto del aislamiento y la incomunicación prolongada, y su caso tuvo escaso seguimiento oficial debido a la ausencia inicial de reclamos familiares.

La senadora Patricia Bullrich celebró la noticia a través de la red X. “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana”, escribió, aunque aclaró que el reclamo continúa: “Aún faltan Nahuel y Germán, y tienen que ser todos los presos políticos”.

En Venezuela permanecen detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado desde diciembre de 2024, y el abogado Germán Giuliani, apresado en mayo de 2025. Ambos casos siguen siendo motivo de gestiones diplomáticas por parte del Gobierno argentino, que insiste en denunciar las detenciones como ilegales.

La excarcelación de Rivara se suma a otros casos recientes, como el del argentino-israelí Yaakov Harari, quien recuperó la libertad tras el cambio de escenario político en Venezuela. Mientras tanto, crece la expectativa entre familiares y organismos de derechos humanos por el alcance real del proceso de amnistía anunciado por el nuevo gobierno venezolano.

Con información de agencias

El abogado argentino Germán Darío Giuliani reapareció públicamente a través de un video grabado durante su detención en Venezuela, en el que denuncia estar incomunicado, niega las acusaciones en su contra y asegura temer por su vida. Aunque el material no es reciente, se conoció este sábado y volvió a poner el foco en su situación y en el reclamo de su familia por su liberación.

Giuliani fue detenido en mayo del año pasado en Caracas y, según se informó, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II. El régimen venezolano lo acusa de delitos como terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, imputaciones que el propio abogado rechaza de manera tajante. En el video, presuntamente grabado una semana después de su arresto, se lo observa visiblemente desmejorado, en un lugar oscuro, mientras relata las condiciones en las que se encontraba detenido.

“Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, expresa Giuliani en uno de los pasajes más contundentes del mensaje. A lo largo del testimonio, afirma que llevaba más de una semana incomunicado y sin información sobre su situación judicial: “Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada”.

En el mismo mensaje, el abogado se presenta como ciudadano argentino, padre de familia y ajeno a cualquier actividad delictiva o política. “No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje”, sostiene, y agrega que, pese a conocer sus derechos, siente que estos no le son respetados: “Acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren conmigo”.

El video incluye también un tramo de fuerte carga emocional, en el que se dirige directamente a su esposa y a sus hijos. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver”, dice, visiblemente afectado.

Además, Germán Giuliani pidió ayuda de manera explícita a la Argentina y a la comunidad internacional. “Necesito a la diplomacia de Argentina, a los organismos internacionales. Apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”, reclamó en el video difundido por TN, y agregó que “ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”.

La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó que las imágenes fueron grabadas aproximadamente una semana después de la detención y explicó que el video comenzó a circular recientemente a través de redes sociales. Familiares de Giuliani crearon una cuenta de Instagram para visibilizar el caso y denunciar su situación, en un contexto que, según Rivero, alienta a más personas a animarse a denunciar.

Días atrás, Rivero encabezó un reclamo ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires junto a familiares de otros argentinos detenidos en Venezuela. “El reclamo sigue intacto”, aseguró, y explicó que el pedido apunta a que el Vaticano o las autoridades que correspondan puedan interceder. “Queremos la liberación y necesitamos abrir posibilidades para que liberen a todos los presos políticos”, afirmó, y remarcó que su marido es inocente.

Desde el régimen venezolano, en tanto, uno de sus principales referentes, Diosdado Cabello, sostuvo que Germán Giuliani fue detenido en altamar bajo la sospecha de que iba a recoger a un ciudadano serbio, una versión que la familia del abogado rechaza de plano. Mientras tanto, el caso continúa generando preocupación y suma pedidos de intervención internacional ante la falta de información oficial sobre su situación y estado de salud.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros —sin precisar la cifra, que se detallará “en las próximas horas”—, como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó en un comunicado que cinco españoles, una de ellas con doble nacionalidad, fueron liberados. José Manuel Albares confirmó a elDiario.es que la hispanovenezolana es Rocía San Miguel y en una entrevista en RNE aclaró la identidad del resto: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, aseguró Pedro Sánchez. En una publicación en X, en la que compartió el comunicado de Exteriores, el presidente del Gobierno escribió que la liberación “es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconcialiación entre los venezolanos”.

El lendahakari Imanol Pradales confirmó también las liberaciones de Martínez Adasme y Basoa “tras más de un año y medio detenidos injustamente”. “Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, asegurado en una publicación en X. “Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional”.

Martínez Adasne y Basoa habían sido detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro. Venzuela aseguró entonces que ambos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información el Gobierno español negó.

En la operación en la que se detuvo a los dos ciudadanos vascos también fueron arrestados dos estaodunidenses, otro ciudadano checo y una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

Antes de conocerse la detención, en septiembre de 2024, familiares de los dos españoles presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparación el pasado 9 de septiembre.

En su comunicado, Exteriores aseguró que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha asegurado Exteriores. Albares, según el Ministerio, ha podido hablar con los ciudadanos liberados.

Horas antes del comunicado, el ministro había confirmado la liberación de los presos en Venezuela y había anunciado ya que había españoles entre ellos. “Espero que en muy poco tiempo podamos emitir un comunicado oficial con toda la información y el número exacto”, dijo en una entrevista en Malas Lenguas (TVE).

Mediación de Zapatero, Lula da Silva y Qatar

Rodríguez agradeció la mediación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado. Todos, ellos, asegura, “siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”.

El presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró que la liberación no distingue “entre tinte político, religioso, económico y social”: “Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno”. Además, precisó el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Esta decisión se produce cinco días después del ataque ilegal de Estados Unidos a Venezuela, en el que murieron al menos 100 personas, según el ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien señaló que fallecieron “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, entre ellas “mujeres y niños”.

La injerencia de Estados Unidos en Venezuela tras la caída de Maduro tiene una doble vertiente: tanto política como económica. La Casa Blanca admitió el miércoles que, “obviamente”, mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Asimismo, a través del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, avisó de que controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido” y depositará el dinero obtenido en estas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Cinco hombres argentinos, de entre 40 y 50 años, fueron detenidos en Miami por cargos delictivos ya que intentaron robar a través de la modalidad mecheros en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

Los mendocinos Diego Luis Xiccato de 46 años, Mauricio Ariel Aparo, de 49, Sebastián Luis Moya, de 41, Juan Manuel Zuloaga, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, fueron imputados con los cargos de robo minorista y la orquestación de un plan de defraudación.

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de US$4.000 por cada uno, para recuperar la libertad, montó que deberán abonar ya que los cinco amigos cuentan con pasajes de regreso a Argentina, para este miércoles por lo que serán deportados.

Tras haberse hecho de más de US$2.000 en mercadería, los mecheros fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una gran cantidad de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad que, finalmente, revelaron las imágenes de los mendocinos.

Los cinco fueron aprehendidos el pasado domingo 30 de noviembre, cuando los uniformados los interceptaron en una parada de colectivos cercana al mismo paseo de compras en donde habían usado distintas técnicas de distracción para cometer los hurtos.

Los hombres se conocen desde hace más de una década y casi todos cuentan con alguna empresa en su haber, desde una peluquería, un holding de marketing, dos panaderías, hasta un motoquero.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Un hombre fue detenido este sábado por su presunta responsabilidad en el inicio de una fogata en una zona boscosa de El Bolsón, episodio que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck calificó como “un acto criminal”.

Según informó el diario Río Negro en el lugar del hecho, ubicado en la zona boscosa conocida como Campo de Cola, se hallaron restos de la fogata (ya apagada) y otras pertenencias del detenido.

Por su parte, Weretilneck se hizo eco de la novedad y sostuvo en un mensaje en redes sociales que “pagarán las consecuencias”, los responsables de haber iniciado los incendios forestales, que ya arrasaron miles de hectáreas, no solo en El Bolsón, sino también el Parque Nahuel Huapi y en la provincia de Chubut.

“No fue un descuido, fue un acto criminal. No vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la vida de nuestra gente, el trabajo de los bomberos y la naturaleza que tanto nos duele ver destruida”, afirmó el gobernador.

Por el momento, continúa la evacuación gradual de unas 700 casas y las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables, con ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora.

EM. Con información de NA.

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas por orden de la Justicia tras ser acusado de provocar el incendio que azota a la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

Se trata del segundo detenido por los incendios forestales que afectan a varias localidades de la región de Punilla y otros puntos de la provincia, el viernes último ya habían detenido a un hombre de 31 años en la Costanera sur de San Esteban que circulaba con un bidón de nafta y supuestamente intentaba prender fuego.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que “la identificación del sospechoso se logró gracias al trabajo de la brigada de Investigaciones de la Jefatura Departamental Punilla Norte, que realizó distintos procedimientos y secuestro elementos relacionados al hecho”. 

“El imputado permanece alojado a disposición de la fiscalía y se le atribuye el delito de `incendio doloso`”, agregaron.

Asimismo, se informó que continúa la investigación por las llamas que acechan no solo Capilla del monte, sino también varias regiones de Córdoba.

En esta localidad alrededor de 300 bomberos trabajaban para combatir el fuego que avanzaba debido a las condiciones meteorológicas de la provincia. Hasta el momento 54 personas debieron ser evacuadas y se han quemado 14 viviendas.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, afirmó que las personas que se tuvieron que ir de sus casas por precaución fueron derivadas a hoteles y cabañas. “Va a llevar varias horas más de trabajo por las complicaciones del viento”, precisó Schreiner.

Este domingo, el combate del fuego continuaba principalmente en Capilla del Monte y Villa Berna, en cercanía de La Cumbrecita. 

Además, sigue activo otro foco en el cerro de La Mermela, cerca de la zona de Los Túneles en Salsacate.

La municipalidad de Capilla del Monte informó que se indicó la evacuación preventiva de los barrios Aguas Azules y Águila Blanca por la proximidad de las llamas. 

El fuego también se acerca a la localidad de San Marcos Sierras y la Policía no descarta más evacuaciones en la zona. Las llamas se pueden observar desde el balneario del Río Quilpo, cerca de La Cumbre, indicó el sitio de Cadena 3.

En tanto, la Policía Caminera informó un nuevo corte en la ruta nacional 38, producto del incendio en Punilla. Es a la altura del kilómetro 119, próximo a localidad Capilla del Monte. Bomberos y personal policial trabajan en el lugar.

Según autoridades locales, en Capilla del Monte ya se quemaron aproximadamente 8.000 hectáreas. “Casi 600 bomberos trabajaron en la zona, de los cuales 400 eran jóvenes que se quedaron toda la noche salvando viviendas”, agregó Roberto Schreiner, Secretario de Riesgo de Incendio de la provincia.

En cuanto a la evacuación de personas, el vocero señaló que se han retirado entre 100 y 150 habitantes de las áreas más amenazadas. 

“Una situación desesperante”

Los incendios que asolan distintos puntos de las sierras de Córdoba se han agravado en las últimas horas con nuevos focos que se registran en la zona del Cerro Champaquí, en el Valle de Punilla y en el Valle de Calamuchita.

De acuerdo a lo que indican fuentes vinculadas con el operativo que llevan adelante los bomberos, los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente, en tanto que el gobierno provincial declaró “zona de desastre” a los lugares afectados.

El fuego no da tregua y la situación es alarmante y los vecinos, aquellos que ven como sus casas son destruídas por las llamas y los que ven como el fuego se acerca incontenible a las suyas, piden la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.

A nivel nacional se destinaron dos aviones hidrantes para apagar el fuego en Villa Berna, y otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Los vecinos sostienen que no es suficiente y piden más asistencia del gobierno de Javier Milei.

La última información que se brindó sobre los focos activos indican de varios en la zona de Capilla del Monte, detrás Cerro Uritorco, en San Esteban, Los Cocos y la Cumbre, donde se habían controlado, pero reiniciaron con el cambioi de orientación del viento.

También en las inmediaciones del Cerro Champaquí, en Villa Apina, donde se evacuaron a los habitantes por precaución, y en la zona oeste del cordón de Sierras Grandes, donde el fuego se dirige hacia San Marcos Sierra.

DM con información de agencia NA

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

La jueza federal María Servini ordenó este martes la liberación de once detenidos por los incidentes en el Congreso el miércoles pasado durante el tratamiento de la ley de Bases. Se suman a los 17 que fueron excarcelados el viernes aunque el fiscal Carlos Stornelli pretende volver a detener a 14.

Para Stornelli son personas que atentaron contra la democracia, por lo que considera que deben seguir el proceso encerrados o que podrían fugarse.

Manifestantes se concentraron este martes en las inmediaciones de Plaza de Mayo para reclamar por la liberación de los detenidos durante los incidentes en cercanías del Congreso.

Agrupaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos y sindicatos se dieron cita frente a la Casa Rosada para llevar su reclamo al Gobierno del presidente Javier Milei.

El reclamo puntual fue por la liberación de 16 de las 33 personas que fueron interceptadas por la Policía de la Ciudad tras la movilización en rechazo del proyecto oficialistas. Horas más tarde 11 salieron en libertad.

Ubicados en un escenario apostado en Bolívar, frente al Cabildo, dieron lectura al petitorio conjunto que exigió su inmediata liberación.

La Casa de Gobierno amaneció vallada y con un fuerte operativo de seguridad como medida de contingencia antes de la movilización.

Según fuentes a cargo de la seguridad presidencial, Casa Militar dispuso además del refuerzo de los puestos perimetrales y la disposición de líneas de bomberos a modo de prevención. 

MM con información de la agencia NA.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el pasado viernes en el marco de los incidentes y la represión policial alrededor del Congreso mientras el Senado aprobaba la ley Bases.

Stornelli apeló la medida de la magistrada (que ordenó su liberación) y le solicitó mediante un escrito que reconsiderara esa decisión al considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Sobre el resto, el fiscal, que acusó a los involucrados de delitos como “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” e “intimidación pública”, indicó que la gravedad de los hechos que se les imputa, les impide a la mayoría de los apuntados que esperen su eventual indagatoria en libertad.

En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que, conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país. 

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Reclaman “liberación inmediata” de los detenidos

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es“ la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

El docente Juan Spinetto sigue detenido

Juan Spinetto es docente, abogado y una de las dieciséis personas que continúan detenidas por manifestarse el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, en este marco sus compañeros docentes, familiares y amigos exigen su inmediata liberación y aseguran se trata de un “preso político”.

En estos momentos, Juan se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras haber participado en la marcha contra la Ley Bases donde fue arbitrariamente detenido a tan solo cinco cuadras de su casa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Comunal 4, indagado en Comodoro Py y – luego de que la causa quedase en manos de la jueza federal María Servini-, Juan junto a otros detenidos fue trasladado al Penal de Ezeiza.

“Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, cuenta a Somos Télam Melina Kuschnir, docente y compañera de Juan en una de las diez escuelas en las que trabaja. 

“Recién hoy (lunes) pudo entrar una compañera a verlo -agregó Kuschnir- Juan seguía con la misma ropa desde el miércoles. Le pudimos llevar elementos de higiene, comida y ropa. Sabemos que está bien con el resto de los detenidos y que está en un pabellón de ingreso con personas detenidas por otros delitos. Nuestros compañeros son presos políticos”.

Los abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación de los detenidos, la jueza Servini cuenta con diez días hábiles para responder al mismo mientras que los familiares convocaron a movilizarse este martes a partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación. 

Por su parte, el gobierno de Javier Milei insiste con catalogar a los manifestantes como “terroristas” que buscaban implementar “un golpe de Estado” y las fotografías de los detenidos recorren las redes sociales de cuentas que apoyan las políticas de La Libertad Avanza con el objetivo de estigmatizarlos.

“Juan trabaja en diez escuelas secundarias para poder llegar a un salario más o menos digno. Yo soy compañera en la escuela de la villa 21-24 y puedo decir que es una persona maravillosa. Es una persona super solidaria, no cualquier labura en un barrio vulnerable, es muy bueno con sus compañeros y estudiantes, muy alegre que siempre está presente. No podemos creer que él ni los demás compañeros tengan que pasar una situación así por ejercer su derecho a la protesta”, expresó Kuschnir.

La escuela donde ambos son docentes se encuentra conmocionada por la situación de Juan, los profesores mantienen reuniones, están pensando formas de acompañar a la familia, no solo emocionalmente sino también con ayuda económica ya que tanto el proceso judicial como los viajes a Ezeiza implican gastos imprevistos y convocaron a marchar este martes a Plaza de Mayo a las 15:30 desde la puerta de la escuela Media 6, situada en Iriarte y Montesquieu. 

“Le tocó a Juan como le podría haber tocado a cualquiera de nosotros -explica Kuschnir-. Es un horror. Salieron a cazar gente al voleo porque la ley Bases, la política de ajuste, la reducción del Estado y la no entrega de alimentos no puede hacerse sin represión. Argentina tiene un pueblo muy luchador y el gobierno busca que la gente no se movilice. Necesitamos que las centrales obreras llamen a paro y a una gran movilización para poder dar libertad a los compañeros y compañeras que es lo más urgente. Necesitamos la mayor unidad posible del conjunto”.

En un principio habían sido 33 los detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la represión del pasado miércoles, pero la jueza Servini ordenó la liberación de 17 por falta de pruebas. 

Entre las personas que todavía continúan privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra Sasha Jazmin Lyardest de 24 años y estudiante de Antropología en la Universidad de San Martín, la docente de historia María de la Paz Cerrutti, la estudiante universitaria y madre de dos hijos Camila Juarez Oliva y Patricia Calarco que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

 La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman.

Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”.

Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”.

“Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”.

Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.

Quiénes participaron

De la conferencia participaron los diputados nacionales Romina Del Plá (FITU), Néstor Pitrola (diputado nacional electo del PO-FITU), Itai Hagman (Patria Grande), Paula Penacca y Vanesa Siley (UxP) y Mónica Macha (Nuevo Encuentro), entre otros.

También participaron Gabriel Solano (legislador porteño del PO-FITU), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Amanda Martín (Ademys), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos) y referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otros.

Luego de la conferencia que tuvo una masiva concurrencia con personas que quedaron en las escaleras del edificio de la Serpaj y en la vereda cantando de manera reiterada “libertad, libertad, libertad a los presos por luchar”, muchos de los participantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestar apoyo a los detenidos y sus familiares.

La madre de Camila Belén Juárez Oliva, Silvia Oliva, manifestó a Somos Télam que está “muy conmocionada” tras ver brevemente el jueves a su hija porque estaba incomunicada en la comisaría de la Comuna 15 donde la encontró “esposada sentada en el piso y se enteró que habían golpeado a su compañera Sasha (Iyardet)”.

“Cami tiene 33 años, es estudiante de la Unsam, está muy afligida porque tiene dos hijos chiquitos. Fue detenida a 20 cuadras del Congreso junto a tres compañeras más de la Asamblea de San Martín. La quiero conmigo, sus hijos y yo la necesitamos”, expresó Oliva.

Y completó: “La han estigmatizado desde los medios por ser madre y estar en medio de una manifestación. Camila estaba nada más y nada menos que luchando por los derechos de sus hijos, los míos que estoy a punto de jubilarme, es una mujer muy empática que salió a defender los derechos de todos”.

Con información de agencias y somostelam.com.ar

IG

Diversas organizaciones sociales llamaron a una autoconvocatoria en reclamo a la “libertad inmediata” de los detenidos durante la votación de la Ley Bases el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

El encuentro será en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Piedras 730, mañana lunes 17 a las 11.30hs. y está destinada “a todos los sectores” que se denominan “democráticos”.

“La movilización es por la libertad inmediata de todos los presos, por su desprocesamiento y para impulsar una amplia campaña unitaria, nacional e internacional, y una posible marcha a la Plaza de Mayo el martes 18 a las 17hs.”, informaron.

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), de las 35 personas detenidas, 22 están a disposición de fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal Nro. 1, a cargo de la jueza María Servini.

Una de las organizaciones que se sumó a esta autoconvocatoria es la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la cual expresó “el más profundo repudio al accionar que, en connivencia, están llevando a cabo las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, y el Gobierno” del presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Trataron de inventar causas ilegítimas de los detenidos arbitrariamente en el ejercicio del derecho a la protesta, en la feroz caza llevada a cabo en la marcha convocada para defender la Patria contra quienes, a través de la ley bases, quieren entregarla”, publicó UTE en un comunicado.

Las agrupaciones que llevan adelante esta iniciativa propusieron como punto de encuentro la SERPAJ, porque es una organización social que forma parte del movimiento por la paz y los Derechos Humanos (DDHH) desde la No Violencia Activa (NOVA).

DM con información de agencia NA

Un amplio abanico de representantes de partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos así como de sindicatos reclamó hoy la liberación inmediata de los detenidos el miércoles en el marco de las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso cuando se debatía la ley Bases en el Senado. También repudió la criminalización de la protesta y condenó las políticas represivas del Gobierno. Horas más tarde, por decisión de la jueza federal María Servini 16 de los detenidos quedaron en prisión, los que aparecen en fotografías o filmaciones, mientras que 17 fueron excarcelados por faltas de pruebas, informaron fuentes judiciales.

“Pedimos el inmediato cierre de la causa y la inmediata liberación de los detenidos”, dijo la hasta hace poco días diputada nacional por el Frente de Izquierda (dejó su banca a otro integrante del FIT por el acuerdo de rotación de este espacio), Myriam Bregman, que encabezó la rueda de prensa realizada en la sede el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a la que también acudieron familiares de las personas encarceladas.

“No solo fueron encarcelados, sino que recibieron un trato degradante”, hacinados y sin agua, denunció Bregman. “Las acusaciones son arbitrarias, ridículas y no hay ni una sola prueba”, señaló la política, que responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al fiscal Carlos Stornelli, por intentar armar una causa para justificar las “gravísimos delitos” que se imputan a los detenidos como terrorismo y sedición, entre otros. “La represión fue desmedida e ilegal”, añadió.

Según señalaron varios de los presentes, las personas detenidas se manifestaban pacíficamente o eran vendedores ambulantes, como se puede ver en numerosos videos. No formaban parte del grupo que incendió un móvil de Cadena 3. Ninguna de esas personas está detenida.

“Hace años que no había una presencia gremial, política, social, de las organizaciones sociales y de los organismos de Derechos Humanos para decir libertad de los detenidos, libertad de las detenidas y el cierre inmediato de esta causa”, señaló Bregman.

“Realmente es un hecho notable, me parece que la jueza (María Romilda) Servini de Cubría debería mirar a la hora de resolver si va a seguir las indicaciones que le dan el fiscal Stornelli y su jefa Patricia Bullrich o va a mirar a todo este conjunto de organizaciones que le están diciendo que esto es una persecución lisa y llana y que no puede seguir en pie”, expresó.

El diputado Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, sostuvo que la ministra de Seguridad busca instalar el estado de excepción en la Argentina. “Es la principal responsable de esta política en complicidad con el fiscal Stornelli. Intenta instalar el estado de excepción a través de un fallo judicial. Por eso es importante, además de la liberación, derribar esta causa”.

En la conferencia de prensa también participaron los diputados nacionales Nicolás del Caño, Roina del Pla, Cristian Castillo, Paula Penacca, Leopoldo Moreau, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino y José Glinski; los diputados nacionales con mandato cumplido Victoria Donda, Néstor Pitrola, Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla; la legisladora porteña Victoria Montenegro, el referente de Hijos Charly Pisoni, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el ex legislador porteño Marcelo Ramal, así como organismos de derechos humanos, muchos de ellos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; referentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas.

La conferencia de prensa contó con la adhesión del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen, Mirta Baravalle y Tati Almeyda, y la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

También delante de la sede del SERPAJ se reunieron numerosas personas para apoyar el reclamo.

“Libertad, libertad, a los presos por luchar”, fue el cántico que más retumbó desde la calle y que se escuchó en la abarrotada sala donde los dirigentes políticos y de derechos humanos realizaron el informe de situación.

El comunicado de la Oficina del Presidente, del que se sirvió Stornelli para argumentar su dictamen, en el que se calificó de “terroristas” a los manifestantes que protestaron contra la Ley Bases, provocó indignación y amplificó la bronca contra el Poder Ejecutivo.

“Bullrich, fascista, vos sos la terrorista”, fue otro de las consignas que se cantaron, en alusión al papel que le asignan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el operativo de represión.

Varios de los detenidos fueron trasladados a Marcos Paz, Devoto y a la cárcel de mujeres de Ezeiza. La causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que hoy mismo indagó a varios.

Moreau, que el miércoles fue gaseado durante la movilización, adelantó que el martes su bloque realizará una denuncia ante la Justicia Federal por la represión que sufrieron diputadas y diputados nacionales. A través de un posteo en las redes sociales, UP mostró además registros audiovisuales donde puede verse que “la agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“Asimismo, notificaremos la realización de la denuncia penal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señalan desde Unión por la Patria.

Tras la conferencia de prensa, todos los presentes se trasladaron a Comodoro Py, para seguir reclamando la liberación de los detenidos.

Según informó ayer el Ministerio de Seguridad, hay 33 personas detenidas. El fiscal Stornelli les imputó delitos graves, entre los que se cuentan atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos.

Stornelli pidió que se dicte la prisión preventiva por la “gravedad de los hechos” en un escrito en el que refiere a un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática” con el propósito de perturbar el trabajo del Congreso. 

CRM

Uno de los 16 detenidos por el crimen de Tomás Tello, el joven asesinado en Santa Teresita, se quebró y declaró ante la Justicia. Se trata de Diego Roberto Cejas, acusado de ser “partícipe necesario”.

Según indicó el abogado Adrián Rodríguez Díaz que acompaña a Miguel Ángel Pierri, el detenido relató que la pelea comenzó cuando Tello y sus amigos le robaron y pegaron a Damián “Kope” Kopelián, apuntado como principal sospechoso del homicidio. “Intenta plantear esa escena, lo cual es mentira. Es una estrategia defensiva la que están desplegando tendiente a reducir la situación”, sostuvo el letrado en comunicación con Todo Noticias.

La versión de Cejas no se había mencionado hasta el momento, ya que si bien se había mencionado una fiesta realizada por Tello en su casa, jamás se nombró un robo en este marco. La Justicia sostiene la hipótesis de que el ataque a Tello fue premeditado luego de que el joven de 18 años no los haya dejado ingresar a la fiesta en su casa, pero no se había tenido en consideración ningún presunto robo.

La causa del asesinato del joven continúa avanzando. Inicialmente se había detenido a dos menores de 16 y 17 años, pero luego fueron liberados y se detuvieron a otras cinco personas. Ahora, los principales acusados del homicidio son Damián “El Kope” Kopelián, Federico Gonzalo Brandón, Roberto Ochoa y Carlos Amestoy. También están acusados como partícipes necesarios Avedis Kopelián, Aram Kopelián ─padre y hermano del acusado─ Darío Espinosa, Diego Roberto Cejas, Carlos Nahuel Flecha, Octavio Brian Cejas y Julián Agustín Cejas.

Lucas Carillo, Alexis González, Dylan Damián Morel, Dylan Agustín Chávez e Iván Ezequiel Canaveri fueron los últimos arrestados.

ACM con información de agencias.

La justicia jujeña mantiene detenidos e imputados a dos personas que publicaron mensajes en redes sociales en torno al exgobernador Gerardo Morales y su esposa, denunciaron este sábado familiares de los acusados.

Se trata del docente Marcelo Nahuel Morandini y de Humberto Roque Villegas, trabajador independiente, quienes fueron detenidos entre el jueves y el viernes y que en la tarde de ayer resultaron imputados como parte de una investigación preparatoria, informaron a Télam las familias de los acusados.

Asimismo, fuentes vinculadas a los imputados detallaron que “las pruebas de imputación son únicamente un posteo en la red social X (antes Twitter) en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas”.

Ambos replicaron de forma irónica versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador.

“Les atribuyen delitos graves, habitualmente imputados en casos de apropiación de bebés en causas de lesa humanidad”, denunciaron.

En torno a la audiencia, rechazaron que el fiscal interviniente, Walter Rondón, “solicitó 60 días de prisión preventiva para ambos detenidos invocando una posible obstaculización de la investigación, sin dar más fundamentos”.

La defensa de los acusados solicitó sus detenciones domiciliarias, pero “el juez actuante Roberto Darío Assef rechazó el pedido”.

Sobre la situación de privación de la libertad, indicaron que “hasta el momento los detenidos están a cargo del Servicio Penitenciario de la provincia, sin tener las familias aún certeza de dónde serán alojados”.

“Por replicar un par de publicaciones de las miles que existieron en las redes, Marcelo Morandini y Roque Villegas se encuentran privados de su libertad, en una actuación exprés de la justicia jujeña que denota doble arbitrariedad: una prisión preventiva innecesaria e injustificada, por un lado, y la imputación exagerada de graves delitos, por el otro”, afirmaron los familiares de los detenidos en un comunicado publicado en redes sociales.

En el mismo sentido, distintas entidades salieron ayer a repudiar las órdenes emanadas desde la justicia jujeña, como ser la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), que sostuvo que “nadie puede ir preso ni ser imputado penalmente por difundir un rumor, y menos aún por expresarse libremente sobre el mismo”.

También se sumó críticas respecto de cómo se dieron las detenciones, que las familias de ambos acusados denunciaron como “irregulares”, realizadas “por policías de civil, en vehículos sin patente y en la vía pública”.

Con información de agencia Télam.

AB

La Justicia de Dolores dictó hoy la prisión preventiva por 45 días para los dos adolescentes que se encuentran detenidos en el marco de la investigación por el crimen de Tomás Tello. El joven fue asesinado durante los festejos de Año Nuevo en Santa Teresita.

La prisión preventiva para ambos detenidos fue dictada por la titular del Juzgado de Garantías del Menor 1 de Dolores, María Fernanda Hachman, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los dos menores detenidos por el caso participarán el próximo lunes a las 6 en una rueda de reconocimiento de presos. Además, ya uno de ellos decidió declarar en la causa y, tras exculparse, reconoció en las imágenes del ataque a Damián “El Kope” Kopelián, principal acusado del crimen, y su padre, Avedis Kopelián.

En el expediente, a cargo del fiscal Pablo Gamleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, además de “El Kope”, están imputadas otras siete personas. Se trata de Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27), Carlos Amestoy (29) ─todos como coautores del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”─, Avedis Kopelián, Aram Kopelián (27) ─padre y hermano del principal acusado─, Darío Espinosa (333) y Diego Roberto Cejas. Estos últimos están siendo investigados como “partícipes necesarios” del crimen.

Todos ellos están detenidos. “El Kope” y su padre, Brandon, Ochoa, Amestoy Espinosa están alojados en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, mientras que Aram Kopelián se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria 34 de Melchor Romero.

Cejas, por su lado, permanecía en una dependencia policial, desde donde negó haber participado del ataque, sino, por el contrario, haber intervenido para defender a Tomás Tello ya que “era su amigo”. “Yo en ningún momento le hice nada, era mi amigo. No sé por qué estoy detenido, yo no tuve nada que ver”, afirmó el último detenido, quien dijo haber pasado el festejo de Año Nuevo en la playa con la víctima.

“En un momento, empezó la pelea ahí, se empezaron a pelear entre ellos, nosotros nos defendimos. él (Tomás Tello) vino con otro pibe amigo a saludarnos, como siempre. Con Tomi salíamos a la joda, pero se empezaron a pelear. Se ve que se tenían bronca, empiezan todos a los botellazos”, declaró ante la prensa pese a que no habló ante la Justicia aún.

De acuerdo a la investigación, la víctima fue atacada por cuatro hombres a las 7.10 del 1 de enero en las playas de Santa Teresita, entre Costanera y calle 38. Según está especificado en la causa, los acusados actuaron luego de “urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte a la víctima”, para lo cual contaron con la ayuda de otros tres hombres ─aquellos acusados de ser “partícipes necesarios” del hecho.

La reconstrucción de la Fiscalía parece indicar que el ataque fue consecuencia de una “disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre de 2023”. Debido a este antecedente, los acusados “increparon” a Tomás Tello en la playa, donde se encontraba con su novia y su amigo mientras que le gritaban expresiones como “párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas” entre otros.

Además de las agresiones verbales, en aquel momento, uno de los detenidos mostró un arma blanca, ante lo cual la víctima intento escapar y fue perseguido por seis cuadras hasta que finalmente fue acorralado en el ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100. “Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo”, detalló el fiscal.

ACM con información de agencias.

El presidente Alberto Fernández recibirá este viernes a las distintas delegaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) en lo que será la primera jornada del 19° Congreso de esa organización con el fin de prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas en la región.

Desde la organización informaron que el encuentro reunirá a referentes de asociaciones de doce países del continente, que durante tres jornadas delinearán los ejes de trabajo y realizarán un seguimiento de los casos de búsqueda, hallazgo y enterramiento de restos de personas detenidas desaparecidas por razones políticas en Latinoamérica.

También se planificarán campañas para que todos los países firmen y ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como así también la sanción de leyes nacionales en ese sentido.

La agenda con actividades que se desarrollarán desde hoy hasta el domingo, comenzará a las 11.30 cuando las delegaciones sean recibidas en Casa de Gobierno por Fernández, según informaron fuentes oficiales.

Luego continuarán la jornada de debate hasta las 18.30 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA ubicado en avenida del Libertador 8151.

A las 19 se realizará una peña abierta al público en Del Barco Centenera 1536 en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Mañana continuarán las deliberaciones de 9 a 17:45 en el Hotel sindical Héctor Quagliaro ubicado en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires, y el domingo a las 9:30 realizarán un desayuno de trabajo en la sede de la Runasur, en la sede porteña de la CTA Autónoma ubicada en Bartolomé Mitre 744.

En diálogo con Télam la integrante de Fedefam, Adela Antokoletz, sostuvo que son varias las expectativas que genera este 19° Congreso de la Federación como el fortalecimiento institucional mediante la ampliación de su número de miembros y la generación de lazos con grupos de familiares aún aislados y otras federaciones internacionales.

“Veremos cuáles son los mejores instrumentos para buscar conjuntamente la ratificación de la Convención por parte de los Estados que aún no lo han hecho, así como la puesta en marcha de óptimos órganos de comunicación conjunta y de reunión de recursos, para que la falta de unos y otros no nos impida reunirnos y accionar unidos”, sostuvo Antokoletz.

Al ser consultada por los principales desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos, Antokoletz consideró que estos están vinculados a “medidas dictatoriales que toman gobiernos democráticamente elegidos”.

“Medidas tales como el lawfare, la quita de recursos, la cooptación del sentido común de las sociedades y a veces la represión directa a los cuerpos y los grupos, contra las organizaciones que se dan las sociedades en busca de sus derechos”, ejemplificó.

Antokoletz destacó además el trabajo que se viene haciendo en Argentina en derechos humanos y resaltó “la creación de unidades de procuración para tratar los juicios de lesa humanidad, de unidades de búsqueda de personas desaparecidas y de comisiones de la verdad”, entre otras medidas.

Con información de Télam.

IG

La Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó el fallo que beneficiaba al músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, con la excarcelación extraordinaria, pero un juez de Garantías le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, horas más tarde.

Los letrados Carlos Risuleo y Oscar Reggi resolvieron revocar la excarcelación que le había otorgado Gabriel Castro, juez de garantías de Moreno-General Rodríguez, que había quedado en suspenso por la oposición de la fiscalía y el particular damnificado. En particular, Risuleo consideró que “no amerita la excepción destacada en el propio texto legal, como para que el encartado sea favorecido por intermedio del beneficio escogido por el magistrado de la instancia, concluyendo en que en libertad podría intentar eludir la acción de la justicia y entorpecer el desarrollo de la investigación”. Para tomar esta decisión, se basó en sus antecedentes, la magnitud de la pena en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su “persistencia de conductas desajustadas” al Derecho.

El juez Castro, sin embargo, esta tarde hizo lugar al pedido de la defensa del cantante de la cumbia 420 y le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Esta medida será efectiva recién cuando el fallo quede firme en la Cámara de Apelaciones de Mercedes. De acuerdo con el magistrado, “de efectivizarse esta medida de coerción, podría contribuirse a evitar que algún fanático aislado del detenido pueda perpetrar algún tipo de amenaza o reprimenda hacia cualquiera de las víctimas como se viene aduciendo en autos”.

En caso de cumplirse, el arresto domiciliario se realizaría en una casa de un country de la localidad de Canning, aunque todavía resta un informe positivo de la Dirección de Monitoreo Electrónico de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El fiscal de la causa, Raúl Villalba, por su lado, citó a L-Gante para este jueves a una ampliación de indagatoria para imputarle el delito de “encubrimiento agravado” en relación a uno de los celulares que se encontraron en su casa y que habría sido robado.

Mientras se define la posibilidad de que el artista sea beneficiado con prisión domiciliaria, seguirá detenido por las “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad” contra Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, y por la “tenencia de estupefacientes”.

Con información de agencias.

Un nuevo grupo de más de 30 personas que se encontraban detenidas tras la represión policial del pasado martes en Jujuy fueron liberadas anoche y otras ocho continúan aún aprehendidas por investigación a cargo del fiscal Walter Rondón, informaron hoy fuentes policiales.

Hasta la jornada de ayer había descendido a 53 el número de detenidos en el penal del barrio Alto Comedero, de la ciudad capital.

Un grupo de 14 fue recuperando su libertad de manera paulatina a lo largo del día, mientras otras 31 lo hicieron en horas de la noche, mientras se concentraban familiares y manifestantes en el lugar reclamando por su libertad.

En ese marco, suman ocho las personas que aún quedan detenidas como parte de investigaciones que están siendo impulsadas por el fiscal Rondón, según detallaron las fuentes policiales.

Respecto de los delitos que se les imputan a los detenidos el pasado martes explicaron que van de “atentado en resistencia a la autoridad hasta daños y entorpecimiento del transporte y servicios”.

Anoche, uno de los liberados, tras cruzar el portón de ingreso del penal, se mostró con una lesión por la que apenas podía caminar y debió ser llevado en andas para retirarse de lugar.

“Morales basura, vos sos la dictadura”, gritaban los manifestantes que se encontraban apostados en las puertas del penal, como muestra de la indignación por el estado de salud del liberado.

Entre los que recuperaron su libertad anoche, también estaba Néstor Mendoza, uno de los integrantes detenidos de la agrupación Hijos, quien relató los golpes que recibió por parte de la Policía y dijo que se encontraba entre “la angustia y la esperanza”.

“Estábamos en la playa de estacionamiento manifestando de una forma pacífica. Le dijimos que éramos de los organismos de derechos humanos y fue en ese momento que empezaron a pegar más. Cuanto más le decía que era de los organismos, más me pegaban y amenazaban constantemente”, relató Mendoza sobre el momento en el que fue detenido.

Entre los golpes que recibió, dijo que le dieron una “patada en la cara” e incluso le “volaron los lentes”.

“A mí lo único que me alegra es que mi vieja sepa que no soy ningún delincuente, que lo que estábamos adentro es por un operativo totalmente ilegal”, agregó respecto de los momentos inciertos que atravesó en las últimas horas.

Finalmente, en declaraciones a la TV Pública, se refirió a las protestas contra la reforma constitucional y dijo que el gobierno de Gerardo Morales se está encontrando con una “unión verdadera de varios sectores” que “quieren defender lo que se conquistó también con lucha”.

“No vamos a dejar que los gobiernos antidemocráticos sigan avanzando, vamos a pelear por la democracia y de la manera pacífica que siempre lo hicimos, aunque ellos digan que no es así”, completó.

Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) celebraron hoy una conferencia de prensa en la capital jujeña, en la que anunciaron la llegada a la provincia de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHH que monitoreará la situación de los detenidos y las protestas en esa provincia.

CRM con información de la agencia Télam

El juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, rechazó la solicitud de Alejandro Cipolla, abogado defensor de L-Gante para dejar libre al artista. Elián Ángel Valenzuela está detenido por haber privado de la libertad y amenazado con armas a dos personas el pasado mayo en General Rodríguez.

El cantante de la cumbia 420 seguirá alojado en una celda de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes mientras avanza la investigación por el incidente.

El pedido se realizó luego de que la defensa presentara un nuevo video en el que se observa a una de las víctimas subiendo al auto de L-Gante de manera voluntaria. Dicha prueba, sin embargo, ya fue rechazada por el fiscal Raúl Villalba, lo que llevó a que Cipolla pidiera su recusación. “No puede participar más en este expediente porque ya no hay imparcialidad, hay una persecución”, aseguró. Todavía resta la definición del juez Castro respecto de esta solicitud.

Valenzuela está acusado de “privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”, “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma” y “tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor”. La denuncia en su contra la realizó un vecino de su familia en el barrio Bicentenario e General Rodríguez el pasado 27 de mayo.

ACM con información de agencias

El fiscal Raúl Villalba se opuso, este martes, a la liberación de L-Gante en el marco de su detención por privación ilegítima de la libertad y amenazas. La Unidad Funcional de Instrucción 9 del Departamento Judicial de General Rodríguez y Moreno recibió un video de la defensa del cantante de la cumbia 420 en el que se observa al denunciante, Gastón Torres, subiendo voluntariamente a la camioneta BMW del artista. El fiscal, sin embargo, rechazó la evidencia dada la poca información vinculada al material entregado.

“Carecemos de conocimiento cierto respecto de su procedencia, lugar, fecha, hora y demás circunstancias en lo que respecta a quien resultaría ser el responsable de dicha obtención para su filmación y obtención del registro”, dictaminó. Por este motivo, el fiscal pidió que Elián Ángel Valenzuela continuara detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a disposición del juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez, a cargo del juez Gabriel Castro.

El abogado defensor del cantante, Alejandro Cipolla, recusó en las últimas horas al fiscal de la causa dado que considera que se trata de una persecución contra el referente de la cumbia 420. “Hoy pedí la excarcelación ordinaria y extraordinaria y también pedí la recusación fiscal. Entiendo que ya no puede participar más en este expediente porque ya no hay una imparcialidad”, indicó. L-Gante considera que está siendo víctima de una “persecución judicial”.

La defensa también explicó la importancia del video rechazado por el fiscal. “Sin dudas que lo apreciado en el video que se incorpora da por tierra con la descripción fáctica realizada por la Fiscalía en la que permanentemente se alude al 'fundado temor' que provocaba la actitud amenazante mediante la utilización de una supuesta arma de fuego por parte de Elián”, expresó.

La denuncia que condujo a la detención del artista tuvo lugar el pasado 27 de mayo por Torres, vecino de la familia en el barrio Bicentenario de General Rodríguez. Según explicó la víctima, comenzó a recibir amenazas de parte del cantante luego de un conflicto con un grupo de amigos y músicos cercanos a L-Gante a la salida del boliche “Río”. “Te metiste con la Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar” fue la advertencia que, según explicó Leonardo Sigal, abogado del denunciante, recibió Torres antes de ser agredido físicamente por el grupo. Según las declaraciones de la víctima, Valenzuela pasó por su casa con un BMW y le apuntó con un arma para obligarlo a subirse al vehículo.

ACM con información de Télam

El cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, negó las acusaciones en su contra tras haber sido detenido por amenazar y privar de la libertad a dos personas en el mes de mayo, luego de una pelea a la salida de un boliche de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. “Dio una explicación detallada. Explicó todo. Dio detalles y aportó pruebas de video”, indicó su abogado defensor, Alejandro Cipolla.

El artista fue indagado, esta tarde, por “privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”, “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma” y “tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor”.

L-Gante brindó su versión de los hechos, pero se negó a contestar preguntas del fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez. De acuerdo con las declaraciones de Cipolla a la salida de la sede judicial, el cantante explicó que los hechos se generaron por “unos problemas que hubo en la puerta de su casa” en los que hubo “disparos, de no se sabe quién”. Respecto de la privación de la libertad, el letrado aseguró que las dos presuntas víctimas “se subieron solos” al auto de Valenzuela porque lo conocían.

El abogado también aseguró que es posible que uno de los denunciantes haya sido “coaccionado” durante su primera exposición, por lo que pedirá una nueva declaración. Además, solicitará ante la Justicia de Garantías, de forma subsidiaria a la excarcelación, el arresto domiciliario para el cantante. L-Gante ahora se encuentra detenido en Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

La madre del artista, Claudia Valenzuela, sostuvo que la detención de su hijo es “un tema de dinero y política” y que se trató de una traición. “Es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, con la otra mano te esté clavando un puñal. El denunciante es el papá de amigos de Elián. Amigos de antes, de la vida”, indicó.

La denuncia que llevó a la detención de L-Gante fue realizada el pasado 27 de mayo por Gastón Torres, un vecino de la familia de Valenzuela en el barrio bonaerense de General Rodríguez.

ACM con información de agencias