Celulosa Argentina informó que no pagará las Obligaciones Negociables ni los cheques de pago diferido que vencen en mayo, en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se suma a otras grandes compañías como Red Surcos, Los Grobo, Agrofina y Albanesi, que también anunciaron el incumplimiento de sus deudas. 

La situación ya estaba prevista en el mercado desde el 7 de abril cuando la compañía comunicó la contratación de Valo Columbus, con el objetivo de analizar alternativas estratégicas para restructurar su perfil de endeudamiento.

Los motivos mencionados por la empresa para llegar a esta situación son:

- Caída en el nivel de ventas superior al 30% en el mercado doméstico con una frágil recuperación a la fecha.

- Incremento sustancial en los costos fijos medidos en dólares, producto de una apreciación significativa del tipo de cambio, que también reduce el margen en la exportación.

- Un costo del capital medido en dólares que ronda entre el 35%y el 45% (contracara del “carry trade”) que financió el estiramiento de los plazos de pago (provocando un incremento del capital de trabajo de manera relevante). .

- El incremento de la percepción de riesgo sistémico en el mercado financiero por eventos como el concurso preventivo de la firma Los Grobo y el default de Red Surcos, en un principio, y luego la incertidumbre que se generó en relación a los tiempos y el contenido del acuerdo de facilidades con el Fondo Monetario Internacional, dada sus posibles consecuencias para la política cambiaria y monetaria.

“Como resultado de todo ello, la mayoría de los acreedores de corto plazo procedieron a acelerar el reclamo de cancelación de sus posiciones, generando una presión adicional sobre la caja y la estructura financiera de la compañía”, sostuvo la empresa en la nota a la Bolsa.

Ya son cinco las empresas que no pueden pagar sus deudas en el 2025

Con el anuncio de Celulosa Argentina, ya ascienden a cinco las empresas que anticiparon que no van a poder pagar sus deudas en lo que va del 2025. La dos primeras en anunciar este problema fueron Los Grobo y Agrofina, ambas ligadas al agro.

Cayeron en default a finales del año pasado y le informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudieron pagar, entre las dos, alrededor de US$21,4 millones que vencieron el lunes 13 de enero y otros $9.400 millones que tenían como fecha de pago el miércoles 15 de enero.

De esta manera, Los Grobo incumplió un pago de US$12,5 millones y otros casi US$9 millones de Agrofina. Se trata de pagos de un crédito que ambas compañías no pudieron renegociar con los bancos Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Bapro, el Banco Industrial y Promontoria Holding.

“La Sociedad continúa en negociación con los Acreedores a los fines de llegar a un acuerdo en relación con los vencimientos detallados precedentemente, y se informará cualquier novedad relevante al respecto sobre el curso de dicha negociación”, fue lo que comunicaron las empresas ante la CNV.

Agrofina agregó, además, que la calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota a su deuda: “Según información de la compañía, a noviembre 2024 la deuda total de Agrofina y LGA en forma consolidada ascendía a US$207 millones (incluye capital e intereses devengados), siendo de vencimiento en los próximos 3 meses de US$52 millones entre ON, pagarés bursátiles y descuento de valores”.

Sucros, empresa productora de agroinsumos, fue otra de las que anunció que se vería imposibilitada a pagar vencimientos. La empresa proveedora de soluciones innovadoras para la protección y nutrición vegetal de los cultivos agrícolas comunicó ante la CNV que tenía ON por $298.895 millones, cuyo vencimiento tenía como plazo final el jueves 30 de enero.

Dentro del comunicado emitido por la empresa fabricante de soluciones para las enfermedades de las plantas, explicó que se encuentra atravesando una “grave situación financiera”, que incluye el “embargo de bienes y cuentas bancarias, lo que les ha imposibilitado el pago”.

El total de las obligaciones de Surcos supera los US$100.000 millones: la mitad son obligaciones financieras, un 14%, pagarés bursátiles y el resto deudas bancarias.

De esta manera, la empresa del agro cayó en default a principios de diciembre, llegando al 20 de enero de este año sin poder pagar obligaciones por más de US$100.000 millones. Entre ellas se encuentran pagarés bursátiles por US$3,5 millones y $930 millones, un embargo por US$5,5 millones, más otros US$2 millones provisionales para intereses, y otro por $21 millones dictado por la Justicia de Santa Fe, en respuesta a una demanda de Finlatina por una deuda de $50 millones.

La anteúltima, y la segunda más reciente, fue el Grupo Albanesi, controladora de Generación Mediterránea y de Central Térmica Roca.

La generadora de energía le comunicó a sus inversores que no iba a poder pagar US$19,5 millones que vencían en intereses por sus ON, el pasado lunes 5 de mayo. “La Sociedad se encuentra analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores”, fue lo que habían explicado ante la CNV.

El problema de deuda de Albanesi se remonta al 2024. Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) le había adeudado US$1.200 millones a la empresa generadora de energía, por no haber pagado los costos de generación de energía y provisión de gas natural entre finales de 2023 y principios del 2024.

Con información de la agencia NA

Las Obligaciones Negociables (ON) funcionan como bonos públicos que se negocian en el mercado de capitales, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Están destinados a financiar proyectos de inversión, adquisición de bienes, capital de trabajo o reestructurar pasivos, así como cualquier otra actividad productiva de las PyMEs.

Las ON se pueden pagar de tres maneras: amortizaciones de capital o pago de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales; pago total al vencimiento, o, por último, “períodos de gracia”. Tanto la emisión como el pago de las ON pueden realizarse en pesos o en una moneda extranjera, según los ingresos corrientes y características de la empresa.

Requisitos para PyMEs

Podrán emitir las ON las empresas que tengan, como mínimo, los siguientes ingresos anuales por sector:

Estos montos son los promedios de los últimos 3 estados contables anuales excluidos de IVA, impuesto interno y hasta un máximo del 75% de los ingresos por exportaciones; deberán presentarse ante la Comisión Nacional de Valores para poder emitir las ON. Si la PyME es una Sociedad Anónima (S.A), debe tener 3 directores.

No pueden emitir Obligaciones Negociables las PyMEs que estén bajo control (en un 50%) o vinculación (en un 20%) con empresas o grupos económicos que no tengan la condición de PYME CNV, como entidades bancarias, compañías de seguros y mercados autorizados. 

Paso a paso

Las pequeñas y medianas empresas deben ingresar al Portal PyME de la Comisión Nacional de Valores. Es obligatorio contar con una finanza emitida por una Entidad de Garantía autorizada, es decir, una institución —Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), Fondo de Garantía de provincia o un banco— para oficiar de garantes en las emisiones de las PyMEs. Se puede consultar las Entidades de Garantía habilitadas en el Portal PyME.

Con el asesoramiento de la Entidad de Garantía, la PyME debe establecer los términos de emisión de la deuda (plazo, monto y forma de pago). Después tendrá que enviar un mail a pyme@cnv.gov.ar para llevar a cabo el trámite digital en la Autopista de Información Financiera, sistema donde se presenta la documentación. 

Una vez que la CNV autoriza las ON, estas se colocan en el mercado para recibir ofertas de inversores. La tasa de interés se define mediante una subasta. Después, las PyMEs podrán obtener los fondos.

Para consultas, está disponible la línea 0800-333-2683 (opción 2) y el mail pyme@cnv.gov.ar.

MGF

Los intereses de los plazos fijos en UVA, las obligaciones negociables (ON), los fondos comunes de inversión (FCI), los fideicomisos financieros y otros instrumentos financieros en pesos destinados a fomentar la inversión productiva quedaron desde este miércoles exentos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

El Gobierno formalizó las modificaciones introducidas en Ganancias y Bienes Personales a través de la Ley 27.638 aprobada a mediados de julio último en el Congreso, con su publicación en el Boletín Oficial, y a partir de este miércoles comenzaron a regir las nuevas exenciones impositivas a las inversiones en pesos para el periodo fiscal 2021.

La iniciativa fue un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 al Congreso, que finalmente fue aprobado el 2 de julio último por la Cámara de Diputados y el 15 de julio tuvo la sanción definitiva del Senado.

Durante su paso por Diputados, se eliminó uno de los puntos polémicos, el artículo tercero, que permitía gravar con Bienes Personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días.

Finalmente, la normativa se fijó como propósito incentivar mediante la política fiscal las inversiones en moneda nacional.

La nueva legislación dispuso, en el caso de Ganancias, la exención a los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo nacional.

En este conjunto se incluyen los intereses de plazos fijos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que se ajustan por inflación -y cuyo capital ya estaba exento-, y otros depósitos con cláusulas de ajuste.

Además, la normativa exime de Bienes Personales a las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, que son básicamente colocaciones de deuda de las empresas privadas; los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva; las cuotapartes de fondos comunes de inversión y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Acá se contemplan los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que inviertan mayormente en títulos, bonos y demás valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades y la ciudad de Buenos Aires; como también depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en el país, y a plazo fijo o en caja de ahorro.

En cuanto a este punto, la ley deja aún por establecer por la reglamentación de la misma, el porcentaje mínimo de depósitos y bienes que como activo subyacente principal deberán tener los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros para acceder a las exenciones impositivas establecidas.

En ese sentido, la normativa subraya que “no se tendrá por cumplido el porcentaje, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes que los disminuyera por debajo de ese mínimo, durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre” de cada año.

En este caso, las exenciones de las cuotapartes de fondos comunes de inversión e inversiones en fideicomisos financieros no se encuentran limitadas a que los activos subyacentes principales sean en moneda nacional, con lo cual abre la posibilidad a incluir también colocaciones en dólares.

Con información de Télam.

IG