En julio de 2016, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizó un homenaje artístico a los 85 muertos en el atentado perpetrado 22 años antes. Unos sesenta cantantes y músicos populares, desde Charo Bogarín a Cesar Banana Pueyrredón, desde Adriana Varela a Liliana Herrero, Karina la Princesita, Natalia Oreiro, Benito Ceratti y Marian Farías Gómez, interpretaron La Memoria, de León Gieco.

Al promediar la canción, tras unos compases de Lito Vitale en piano y el Chango Spasiuk en acordeón, Elena Roger, Juan Carlos Baglietto y Marcelo Corvalán (A.N.I.M.A.L.) se detienen en el tramo “todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel”. Tras ellos, el medio centenar de cantantes, protagonistas del corazón de la cultura argentina, entona a coro “el poder secreto de las armas, la Justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia”.

La puesta en escena a cargo del director de arte y producción de AMIA, Elio Kapszuk, estremece por varios motivos. El primero remite a la letra. La composición de Gieco se centra un aspecto esencial de la historia nacional: la resistencia al olvido de las atrocidades padecidas.

Artistas de muy diversa procedencia, repertorio e incluso ideología, se unieron para reivindicar a las víctimas, denunciar la complicidad estatal y reclamar justicia

La canción del compositor santafesino toma la lucha por Memoria, Verdad y Justicia ante el terrorismo de Estado 1976-1983 y la proyecta al atentado a la AMIA, Malvinas y otros hitos que marcaron la vida de América Latina. A cien años de la masacre de Napalpí (fusilamiento de cientos de personas de los pueblos Qom y Moqoit en Chaco, el 19 de julio de 1924), la letra de La Memoria vuelve a interpelar.

Otro aspecto central de la interpretación organizada por AMIA en 2016 es la conjunción de dos pilares de la democracia argentina. Artistas de muy diversa procedencia, repertorio e incluso ideología, se unieron para reivindicar a las víctimas, denunciar la complicidad estatal y reclamar justicia.

Contramano

La reversión de la canción, ocho años atrás, tuvo el mérito de marchar a contramano del clima de época que ya había despegado con fuerza.

La causa AMIA, partidizada e intoxicada desde su nacimiento, había entrado en un cono de sombras todavía mayor tras la fraudulenta denuncia del fiscal Alberto Nisman, seguida de su muerte, el 18 de enero de 2015. A mediados de 2016, transitaba su primer año el gobierno de Mauricio Macri, que se había montado sobre la acusación por supuesta complicidad de su predecesora con el Estado iraní sostenida por Nisman, la propia AMIA y la DAIA.

La causa “encubrimiento” o AMIA II, surgida al quedar expuestas las maniobras orquestadas por el juez Juan José Galeano junto a la SIDE de Carlos Menem, con el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja entre los acusados, se arrastraba con los tiempos habituales del Poder Judicial.

Así y todo, el video La Memoria – Proyecto AMIA iluminó ese julio de 2016, a 22 años del atentado que arrebató la vida de 85 personas.

Desgarro

El jueves tuvo lugar el acto central en memoria de las víctimas en Pasteur, entre Viamonte y Tucumán, Once, a las puertas del edificio reconstruido de la AMIA. En el cierre, un tramo menos difundido que el sórdido discurso del presidente de la entidad fue protagonizado por familiares que dieron su testimonio desgarrador sobre cinco víctimas: Romina Bolan, Ileana Mercovich, Mirta Strier, Emiliano Brikman y Hugo Basiglio. Palabras con una congoja primaria, propia de una herida que no cierra.

En un punto, su voz desgarrada se une a aquella de los familiares de desaparecidos cuando hubo impunidad. Ante la falta de justicia, se impone el recuerdo acechado por el llanto, para volver a nombrar a las víctimas y exigir verdad.

Con la interpretación de Solana Keiniger y Hernán Litvak, la canción de Gieco sonó el jueves pasado, a la misma hora, a pocas cuadras de allí, en el acto de Memoria Activa en plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.

Su voz desgarrada se une a aquélla de los familiares de desaparecidos cuando hubo impunidad. Ante la falta de justicia, se impone el recuerdo acechado por el llanto, para volver a nombrar a las víctimas y exigir verdad

La emblemática organización de familiares de víctimas que tempranamente se separó de la versión oficial de la dirigencia comunitaria acaba de obtener un logro histórico, en sociedad jurídica con el Centro de Estudios Legales y Sociales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por probado que el Gobierno de Carlos Menem tuvo indicios de que el atentado podía producirse y que, consumado el ataque, hizo todo lo posible para garantizar impunidad, lo que se prolongó en las presidencias posteriores.

La sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado argentino tiene correlato evidente con la causa AMIA II, que llegó a un fallo el 28 de febrero de 2019.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Capital Federal condenó a penas leves a Hugo Anzorreguy, exjefe de la SIDE durante el Gobierno de Menem; al primer juez federal del caso, Juan José Galeano; a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; al reducidor de autos y hoy abogado Carlos Telleldín, y a otros policías y agentes de Inteligencia. Todos ellos fueron encontrados culpables de fraguar una causa para acusar a policías bonaerenses, blanco verosímil, pero que resultó falso, con el fin de obturar otras vías de investigación. El fallo absolvió al expresidente y a Beraja.

En un paso que causó escozor, el Ministerio de Justicia bajo el Gobierno de Macri desistió de acusar a los fiscales Mullen y Barbaccia, ardid que disparó espasmódicas denuncias de complicidad de parte de Elisa Carrió. En línea, la querella conjunta de AMIA y DAIA expresó su beneplácito por la absolución de Beraja, a la vez que lamentó la condena a Galeano por peculado, prevaricación y privación de la libertad. Para esas entidades comunitarias, la entrega de US$400.000 a Telleldín (ultimo tenedor confirmado de la camioneta usada para la explosión) para que imputara falsamente a los policías bonaerenses no fue probada.

Las penas dictadas por el TOF 2 fueron bajas, en general, excarcelables. Tras ser ratificada por Casación, la sentencia será apelada ante la Corte Suprema por Memoria Activa y la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).

La querella conjunta de AMIA y DAIA expresó su beneplácito por la absolución de Beraja, a la vez que lamentó la condena a Galeano por peculado, prevaricación y privación de la libertad

Relatos de Inteligencia

Consumado el vandalismo judicial de Galeano, el Estado argentino abrazó la versión restrictiva de que el atentado fue cometido por la organización libanesa Hezbollah, bajo órdenes del régimen de Irán. Incluso quienes sostienen esa tesis admiten que está construida principalmente sobre presuntas pruebas originadas en los servicios de Inteligencia de Israel y Estados Unidos.

A esa vía se volcó Nisman con el auspicio irrestricto de los gobiernos de los Kirchner, hasta que Cristina exploró en el fin de su último mandato un infructuoso memorándum de entendimiento con Irán para lograr el testimonio de los acusados en un tercer país. El fallido intento disparó la trama urdida por Nisman, el espía Jaime Stiuso y un cardumen de jueces, fiscales, periodistas y espías.

Desacreditada en diferentes instancias judiciales, la denuncia de encubrimiento de los iraníes contra Cristina, el fallecido Héctor Timerman y otros resulta tan precaria, que a lo único que atina la parte más tóxica de Comodoro Py es a resistir su archivo.  

La enjundia sostenida por todos los últimos gobiernos contra jerarcas de la teocracia que viven a 13.000 kilómetros de Buenos Aires, cuya captura o siquiera aceptación de la jurisdicción argentina está probado como una mera ilusión, contrasta con el absoluto desinterés y la negligencia para descubrir la autoría local de un atentado cometido con importante cantidad de explosivos en el corazón de Buenos Aires.

A tres décadas de la explosión, parece evidente que hallar a los culpables islamistas es altamente improbable, pero resultaría un poco más factible iluminar las complicidades locales que anidaron o siguen anidando en el Estado argentino.

Memoria Activa, entidad cofundada por Diana Wassner Malamud, no descarta la hipótesis de la autoría del régimen de Teherán y de Hezbollah pero advierte que “un juicio en ausencia” de los inculpados, como postula el Gobierno de Milei y avala la dirigencia comunitaria, puede constituir un ardid para consagrar “la versión oficial” con un procedimiento legalmente inválido.

Para Apemia, hubo indicios atendibles sobre una presunta complicidad del exagregado cultural en la Embajada de Irán Mohsen Rabbani, así como la de Alberto Kanoore Edul, empresario textil de origen sirio allegado a los Menem. Rabbani y Kanoore Edul habrían estado interesados en adquirir la camioneta en manos de Telleldín. Las pistas (grabaciones, documentos) literalmente se perdieron, remarcó la entidad en el acto del jueves en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

La entidad que dirigen Laura Ginsberg y Pablo Gitter puntualiza que el tenor de la acusación contra Irán radica en la coordinación con el Gobierno de Israel, iniciada horas después del atentado, según un cable “muy urgente” remitido a Buenos Aires por el entonces embajador argentino en Tel Aviv, José María Otegui. Apemia demanda como objetivo prioritario la desclasificación de archivos de Inteligencia y apunta especialmente a la hipótesis de una autoría por parte de estamentos antisemitas y de ultraderecha enquistados en o relacionado con el Estado argentino.

Dictadura antisemita

El segmento más saliente del acto oficial en la calle Pasteur fue el discurso del presidente de AMIA, Lanitzky, que omitió todo lo mencionado.

Este abogado de 44 años fue electo en 2022 como parte del Bloque Unido Religioso. Su consagración ratificó la deriva de la dirección política de la mutual que agrupa a unas noventa entidades judías en cuanto a pleno alineamiento con el gobierno de Israel, dominado crecientemente por sectores de ultraderecha.

Con Javier y Karina Milei bajo el escenario con rostro compungido, Lanitzky agradeció al mandatario la designación oficial de Hamás como “organización terrorista” y apuntó sin mediatintas contra las organizaciones feministas y LGBTI+, los gobiernos de Bolivia y Venezuela, la Cruz Roja, los organismos de derechos humanos y UNICEF.

La presencia de los Milei en el acto fue paradójica. Coincidió con la divulgación de la visita de seis de los diputados de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura que cumplen la condena en el penal federal de Ezeiza. Entre los anfitriones, estuvieron nombres tan emblemáticos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason (hijo), Antonio Pernías y Adolfo Donda.

Entre las principales características de “las bestias de aquel infierno” —así definidos por la canción de Gieco— está su condición de antisemitas. “El único judío bueno es el judío muerto”, fue un lema en la ESMA, según sobrevivientes.

La saña antisemita de los jerarcas de la dictadura que recibían en la cárcel a Victoria Villarruel, especialmente quien colaboró con la actual vicepresidenta en la redacción de un libro, Alberto González, quedó expuesta en el dato de que cerca de 15% de los desaparecidos eran de origen judío, más de 15 veces la proporción de la comunidad en la población argentina.

No hay en Milei ni en los suyos alguna intención de enlazar a las víctimas de la dictadura con las de la AMIA, por más que haya motivos sólidos para pensar que los perpetradores compartían valores e ideología.

Cerca de 15% de los desaparecidos eran de origen judío, más de 15 veces la proporción de la comunidad en la población argentina

La víctima 86

Lanitzky se vio compelido a omitir por completo el único fallo que dictaminó penas concretas relacionadas al atentado, el del “encubrimiento”, que se encuentra en plena instancia de apelación. Ese expediente, a la dirigencia comunitaria oficial, no le interesa. El titular de AMIA apenas hizo una mención a la condena al Estado argentino por parte de la Corte Interamericana, el segundo hito judicial realmente importante.

El dirigente refirió quirúrgicamente en su discurso que la Unidad Fiscal Amia no tuvo “avances significativos en los últimos diez años”, con lo cual, dejó a salvo a Nisman. Todo lo contrario. Quienes lo reemplazaron lograron uno de los pocos progresos en lo que va del siglo, con pruebas que ya existían y estaban desordenadas.

Es sabido que durante la década y media en la que Nisman tuvo presupuesto ilimitado, los progresos en la causa fueron nulos. Tras su muerte, salió a la luz pública su afición por los viajes con modelos y el presunto desvío de fondos a su cuenta oculta en Estados Unidos.

En 2016, la negligencia del paso de Nisman por la fiscalía quedó evidenciada en un hecho crucial. Los fiscales que lo sucedieron en el cargo lograron identificar a la victima número 85, Augusto Daniel Jesús. Apenas meses después de asumidos, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini cotejaron restos que estaban preservados y resultaron compatibles con los de María Lourdes Jesús. Ambos, muy humildes, habían asistido a la AMIA a recibir capacitación en el cuidado de enfermos y murieron en el atentado a las 9.53 del 18 de julio de 1994.

El titular de la AMIA dedicó buena parte de su espacio a denunciar complicidades con el ataque terrorista de las milicias de Hamás el 7 de octubre pasado.

“¿Como se explica tanta parcialidad? Tanto ataque cultural y periodístico desmedido contra la única democracia de Medio Oriente... Todo parece preferible antes que mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira”, dijo Lanitzkly. “Falsos progresistas. Antisemitas”, gritó.

Del espíritu de la canción de Gieco reversionada por unos 60 artistas hace ochos años que ponía la lucha por la AMIA en un marco colectivo y ecuménico, ni rastros.

Otra organización surgida en la lucha contra la impunidad de la dictadura, el CELS, obtuvo el reciente fallo de la Corte Interamericana, que obliga al Estado argentino a tener que dar explicaciones y tomar medidas

La alusión a los organismos de derechos humanos, además de antojadiza, es muy injusta. Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y Taty Almeyda, por mencionar a tres Abuelas o Madres de alto perfil, manifestaron incansablemente su reclamo por justicia por el atentado a la AMIA. Fue otra organización surgida en la lucha contra la impunidad de la dictadura, el CELS, la que obtuvo el reciente fallo de la Corte Interamericana, que obliga al Estado argentino a tener que dar explicaciones y tomar medidas.

UNICEF también fue apuntada. El mismo 7 de octubre de 2023, la directora ejecutiva de la agencia de Naciones Unidas para la Infancia, Catherine Russel, se expresó por “los niños de Israel y Palestina”.

En su turno, Bolivia fue puesta en el blanco por no romper relaciones con Irán y haber recibido a algunos de los requeridos por los tribunales argentinos, que contaban con inmunidad por el cargo. Sencillamente no habría relaciones internacionales si los países debieran arbitrar sus vínculos con el mundo en función de lo que les exige un tercero. Por caso, a nadie se le ocurrió reclamar a otros países que rompieran relaciones con el Reino Unido e tiempo en que Londres y Buenos Aires no tuvieron vínculo diplomático.

Otro tópico de este tipo de discursos es el que acusa a organizaciones feministas y LGBTI+ por no condenar a Hamás o a Irán. Esos colectivos no tienen una voz política única; comprensiblemente se guían por una agenda de la sociedad en la que viven. Es probable que no se pronuncien por todo lo alto por lo que ocurre en Israel, Ucrania, Estados Unidos, Ecuador o Palestina.

Habrá integrantes de los colectivos feministas que piensan que Israel es la única democracia de Medio Oriente, otras lo considerarán culpable de someter a palestinos en un régimen de apartheid, como sostienen Amnesty Internacional y Human Rights Watch, y acaba de sugerir la Corte Internacional de Justicia.

Para algunas personas —feministas, LGBTI+ o simplemente humanas—, el pogromo del 7 de octubre que mató a 1.139 habitantes de Israel, incluidos 36 niños, y los cerca de 120 secuestrados por Hamás, entre ellos, los hermanitos argentinos Bibas, pueden concentrar su máxima atención. Otras observarán que los 38.900 muertos en la Franja de Gaza, unos 15.000 niños —cifras consideradas factibles por Naciones Unidas, servicios de Inteligencia israelíes, universidades y una reciente publicación en The Lancet, la revista científica de mayor prestigio—,  son víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel.

También habrá voces que condenan por igual al ataque de octubre y la represalia israelí, y los analizan desde la perspectiva de un conflicto atizado por las facciones radicalizadas de ambas partes.

Y habrá feministas y militantes de las causas gays que no prestan mayor atención a Medio Oriente, y no por eso merecen ser llamados antisemitas.

SL/DTC

Hoy, 18 de julio de 2024, se cumplen 30 años del atentado terrorista contra la sede de la AMIA. 30 años. Por más que trato de repetirlo en mi cabeza una y otra vez me cuesta creer que 30 años hayan pasado de un modo tan vertiginoso. 30 años de aquel día en el que volaron por los aires la vida de 85 personas y los sueños de tantos. 30 años, 30 años, 30 años. 

Desde hace 30 años recorremos los juzgados, las fojas, los archivos, lo escrito, los secretos, lo dicho y lo oculto, las barbaridades que tuvimos que escuchar, la infamia que nos hicieron y hacen vivir los que se llenan la boca hablando de justicia.

La causa AMIA es todo lo que está mal, es todo lo que no debería ser, es una de las más grandes vergüenzas de todos los gobiernos que han pasado a través de 30 años. Un fracaso estridente, doloroso.

De acuerdo al último informe realizado por el Fiscal de la causa tenemos que:

– La causa AMIA tiene 490.000 fojas.

– 145 imputados de los cuales: 15 llegaron a juicio oral de los cuales 6 fueron condenados, 5 absueltos y dos murieron sin condena.

– 9 pedidos de captura internacional vigentes.

– Más de 1100 personas investigadas.

– 760 teléfonos intervenidos.

De acuerdo al último informe realizado por nosotros tenemos que:

– Presos por la causa AMIA: CERO.

– información sobre la conexión local: CERO.

¿Hay algo que no hemos dicho en 30 años? Creo que no. 

Nos pasamos treinta años hablando en potencial, pensando en potencial, escribiendo discursos en potencial: habría sido, tal vez, fueron estos o los otros, fue Irán o Siria o Hezbollah o ambos o todos o ninguno… El tema es que no podemos usar el potencial para pensar en la explosión o en la muerte. Los espacios vacíos no son potenciales, son reales. Los muertos existen, los sobrevivientes existen, las víctimas y el dolor siguen existiendo pese a todos los potenciales del mundo. Podría haber habido justicia, podría podría podría. 

Año tras año el poder político o el poder judicial se encargan de producir alguna mala noticia, algún maltrato, alguna movida donde usan la causa AMIA con fines políticos. Ni una vez en pos de la verdad y la justicia.

Este año, en la tan conocida telenovela titulada “HUMOS DE JULIO”, el gobierno presentó la semana pasada un proyecto de “juicio en ausencia” para cerrar la causa AMIA sin verdad y sin justicia; parece una ley a medida para el caso AMIA. Si la investigación ya ha sido cuestionada, más lo estará si se legisla en este sentido. Mientras tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, le rinde homenaje y honores al que fuera el máximo responsable de la impunidad en la causa AMIA: el expresidente Menem. 

Este año, después de una larga si no larguísima espera, el tribunal de Casación se dignó a dictaminar sobre nuestras apelaciones respecto a que se revean las bajas penas y hasta absoluciones que se les habían impuesto a los acusados por el encubrimiento. Lamentablemente mantuvieron absoluciones y avalaron condenas vergonzosas. En breve apelaremos ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Será responsabilidad de la Corte aumentar las penas y rever las absoluciones en pos de brindar a esta causa un hilo de justicia. ¡Y esperamos que sea un fallo rápido! Estamos hartos de los infinitos tiempos de la justicia.

También este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dio a conocer su fallo en la causa Memoria Activa contra el Estado argentino: El Estado es culpable. Culpable de no prevenir el atentado, culpable de no cuidar a sus ciudadanos, culpable de denegar justicia.

Un fallo que refleja una triste historia de nuestro país: los familiares somos los que buscamos justicia mientras que el Estado se mantiene ausente.

El fallo recuerda la soledad y cómo las víctimas dejamos de ser víctimas para convertirnos en querellantes, abogados, políticos, obligados a ocupar lugares que no nos corresponden.

Este fallo refleja la desigualdad, la soledad y la cantidad de años que tuvieron que pasar para demostrar que teníamos razón. 25 años desde el inicio de la denuncia ante la OEA.

Este fallo demuestra que el Estado Argentino, sabiendo que el atentado a la AMIA ocurriría, dejó que ocurriera.

Este fallo demuestra que nos negaron el derecho a la verdad y a la justicia.

Este fallo de alguna manera viene a sanar algunas de las tantas heridas que seguimos teniendo y enfrentando.

El Estado deberá actuar en consonancia con las obligaciones que implica el fallo de la Corte. 

La causa AMIA fue atravesada por 11 gobiernos, diferentes políticas; la única constante fue la de avanzar un paso y retroceder dos. Los pocos cambios estructurales que se lograron, como por ejemplo la modificación de la Ley de inteligencia, están siendo borrados de un plumazo, para reinstalar los oscuros sótanos de la SIDE.

A 30 años del asesinato de nuestros familiares en AMIA, todo lo que tenemos son hipótesis. La más firme indica que un grupo de terroristas de Medio Oriente puso la bomba. No sabemos bien por qué, ni quiénes exactamente, salvo algunos pocos nombres de involucrados. Lo que se da por probado es que una camioneta Traffic cargada de explosivos, manejada por un suicida, voló la AMIA. 

Al día de hoy del apoyo local necesario para hacerlo no sabemos nada, y sobra decir que después de 30 años de impunidad las posibilidades de esclarecerlo son prácticamente nulas.

¿Por qué no se investigó? Porque el gobierno argentino junto al de Israel decidieron el mismo día 18 de julio de 1994 sindicar a Irán como el responsable, y a partir de ese momento todo se enfoca hacia allí y hacia el cierre de la causa. Es decir, primero decidieron el resultado y después trabajaron para destruir todo lo que no servía a ese fin.

¿Por qué se encubrió y a quiénes se encubrió? Para nosotros hubo dos tipos de encubrimiento:

Primero: de los que tuvieron la información de que iba a ocurrir un atentado y no hicieron nada para evitar que ocurriera. Está probado que existieron alertas previas. 

Segundo: de los funcionarios estatales que debían investigar y en vez de hacerlo delinquieron creando pistas falsas y desviando otras, apretando testigos, poniendo cámaras ocultas en sus despachos, acusando falsamente, tapando con su propia ineptitud y bajeza los delitos de muchos poderosos.

Todo esto: la breve síntesis de la infamia AMIA. 

Y en el medio de todo, 85 muertos. 

La memoria tiene formas raras de presentarse, a veces solamente es ternura, a veces nada más que tristezas, por momentos solo tensiones, por momentos se mezcla espantosamente con la impunidad. Pensamos erróneamente que la justicia nos traería paz, y nos traicionó. 

No quiero contar anécdotas de la justicia, quisiera contar historias de vida de todo lo que nos fue pasando en estos 30 años. Quisiera tener el tiempo de que recordemos a todos los ya no nos acompañan y que un día gritaron con nosotros ¡PRESENTE!

Demasiados años para ser plasmados en un discurso. Es difícil pensarnos en los diferentes momentos de la causa AMIA, desde el dolor insoportable a los pequeños avances, de los enojos y frustraciones a los abrazos y esperanzas. 

No somos los mismos, sin embargo, somos los mismos que nos paramos en esta plaza el primer lunes de agosto de 1994. Los que marchamos cargando las antorchas.

Y finalmente seguimos parados aquí, en esta misma plaza, en nuestra plaza, desde hace 30 años.

Hemos llegado hasta aquí porque tuvimos el apoyo de todos ustedes, de nuestras familias, de los amigos, de nuestros abogados, del Cels, de Amnesty, y de muchos otros que confiaron en nosotros. Y también queremos homenajear en este acto a todos los que nos acompañaron y ya no están. A nuestros familiares y amigos que nos dejaron en el camino, a nuestros amores asesinados aquel lejano 18 de julio de 1994 en AMIA: por Andrés, por Noemí, por Agustín, en nombre de las 85 víctimas fatales de aquel día. Nuestro homenaje también a todos los que resultaron heridos y lograron seguir viviendo. Nuestro reconocimiento también a las honrosas excepciones dentro de los diferentes estamentos del Estado que demostraron que la causa AMIA sí les interesaba. Pero sobre todo llegamos aquí por todos los que hicimos, hicieron y hacemos MEMORIA ACTIVA. Porque seguimos eligiendo esta Plaza, estos árboles y estas baldosas, porque reconocen nuestras pisadas y nuestro dolor.

Y como me ocurre muchas veces en esta plaza, en medio del frío, del dolor, y del calor de todos nosotros, se me aparece como un guiño, el rostro sonriente de Andrés, que me hace recordar lo que alguien escribió una vez: “El arquitecto Andrés Malamud fue hallado muerto bajo los escombros de la AMIA. Con un lápiz y una libreta entre sus manos, con la imagen de su sonrisa limpia y buenaza seguirá denunciando aquel insulto a la vida”.

30 años de decir presente.

30 años de dolor.

30 años de lucha.

30 años de búsqueda de VERDAD.

30 años de búsqueda de JUSTICIA.

30 años de esfuerzo.

30 años de compromiso.

30 años de tener la MEMORIA ACTIVA.

La autora es integrante de Memoria Activa y de la comisión directiva del CELS. El discurso fue leído en el acto de Memoria Activa por los 30 años del atentado a la AMIA, frente al Palacio de Justicia de la Nación. Acceda a la publicación del micrositio "30 años sin verdad".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer mañana su fallo sobre el reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA.

El tribunal anunciará su decisión a poco más de un mes de cumplirse 30 años del atentado y como consecuencia de un pleito que insumió un cuarto de siglo en esa instancia internacional.

El fallo será dado a conocer a las 11 y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Corte.

“Las condiciones políticas e institucionales que ocasionaron que, pasadas tres décadas del atentado, todavía no sepamos casi nada de lo que sucedió siguen presentes. Los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”, informó el CELS.

En octubre de 2022, en audiencias celebradas en Uruguay, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado.

Tras esa instancia, el tribunal pasó a sesionar y mañana anunciará su decisión sobre “en qué términos el Estado argentino y los políticos y funcionarios que intervinieron son responsables de este fracaso que dejó a la sociedad argentina sin una explicación histórica, sin una verdad judicial posible, sobre un crimen que produjo 85 muertos y cientos de heridos”.

En 1999, Memoria Activa con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia. En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. El caso pasó a la Corte Interamericana en marzo de 2021.

CRM con información de la agencia NA

La asociación de familiares Memoria Activa presentó su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del atentado a la AMIA. El tribunal deberá resolver en un plazo mediato respecto de la responsabilidad del Estado argentino por no tomar medidas para prevenir ese ataque, por la situación de impunidad que provocó la investigación y de la enormes dificultades para acceder a información vinculada con los hechos cometidos hace ya 27 años. 

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana (CIDH) dictó un informe de fondo en el que acusa al Estado por todas esas irregularidades relacionadas con el ataque a la mutual judía y en marzo, llevó el caso a la Corte. Ahora corre un plazo de dos meses en los cuales se espera su descargo, donde probablemente vuelva a asumir responsabilidades por tanto tiempo de postergaciones.   

“El Estado argentino está en una posición complicada porque no tiene mucho para mostrar respecto de lo que ya le exigieron”, explica Paula Litvachky directora del CELS, que patrocina judicialmente a Memoria Activa. Se refiere a lo que sucedió luego de 2005, cuando Argentina reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar acciones para reparar lo ocurrido, en el marco de un proceso de solución amistosa. 

Varios años después, en 2013, Memoria Activa y el CELS denunciaron el poco avance sobre todo lo acordado y pidieron a la CIDH que presentara un informe sobre el estado del acuerdo. En ese momento la investigación no había avanzado, los procesos por encubrimiento también estaban trabados y aún no se había sancionado la ley de reparación para las familias. La presentación de un informe de fondo finalmente se hizo en diciembre del año pasado.

“No se trató únicamente de un Estado negligente y poco cuidadoso. No es un simple caso de impunidad y de problemas de investigación. Estamos frente a un Estado encubridor, que desplegó todas sus redes para armar una versión del atentado e impidió que se conozca verdaderamente la trama de un hecho. Falló el sistema de inteligencia nacional, el sistema de justicia y falló el sistema de investigación criminal”, detalló Litvachky en el alegato previo a que la CIDH dictara el informe y declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino. 

En el texto que la Comisión giró a la Corte Interamericana, también sostiene que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación sin sustento y abandonando las que sí lo tenían. En su carácter de garante del orden público interamericano, la Comisión consideró que el Estado conocía los riesgos que corrían los lugares  identificados con la comunidad judía, sobre todo luego del atentado a la Embajada en 1992. En los juicios se comprobó que había cables de inteligencia que mencionaban la posibilidad de un nuevo ataque. De hecho en la AMIA existían medidas de seguridad especiales, y hubo sucesos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia del edificio. El informe de la CIDH consigna que si bien no se probó que las omisiones del Estado en materia de prevención tuvieran un carácter deliberado en contra de la comunidad judía argentina, consideró que no tomó las medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio. 

Respecto de las garantías judiciales y la protección judicial, la comisión dividió en tres apartados sus referencias. Primero a la investigación dirigida por Juan José Galeano hasta 2003. Luego a la investigación realizada por la UFI-AMIA desde 2005 hasta ahora y, por último, los procesos por el encubrimiento del atentado.

Respecto de lo que sucedió en el Juzgado Federal Nº9, la CIDH entendió que incurrió en serias falencias, irregularidades y desvío deliberado de la investigación por más de ocho años. Entre otros puntos, criticó la preservación de la escena del atentado. También el pago al imputado Carlos Telleldín con fondos reservados de la SIDE para que entregara información que alimentó las hipótesis que se decidían construir. La Comisión concluyó que todas estas conductas constituían actos de encubrimiento y razón principal del presente de impunidad del que gozan los autores del atentado.

Sobre la investigación de la UFI AMIA, la Comisión entendió que con su puesta en marcha, el Estado intentó redirigir la investigación y reparar lo hecho por Galeano. Esa Unidad Fiscal recuperó pruebas que permitieron dimensionar aún más las falencias en las primeras recolecciones iniciales, como falta de cuidado y conservación de material genético o ausencia de peritajes clave para la acusación del Ministerio Público.  También hace una fuerte crítica de los dos dictámenes fiscales sostenidos en información de inteligencia que no pudo ser corroborada por los jueces.

La CIDH entiende que existe una “demora irrazonable” en la investigación y respecto a los procesos por el encubrimiento, que afectaron el derecho a la verdad, con impacto principal en las víctimas y familiares.

En relación con la información en poder de la SIDE, sus organismos posteriores y la UFI-AMIA, el dictamen concluyó que, hasta marzo de 2015, el Estado argentino “violó el derecho de la parte peticionaria a acceder a información vinculada con el atentado”, ya que la alejó de toda la documentación clasificada como secreta.

En función de todas estas observaciones, la CIDH determinó que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, llevar adelante la investigación para juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales; publicar de manera periódica los informes de gestión de la UFI-AMIA; reparar las violaciones a los derechos humanos identificadas en perjuicio de las víctimas y adoptar un mecanismo de gestión y rendición de cuentas de las partidas presupuestarias secretas asignadas a los organismos de inteligencia. Ahora la Corte IDH deberá revisar cada uno de estos argumentos, pero por lo robusto del informe se presume que en no mucho tiempo habrá un fallo muy duro contra la Argentina.

AM