Los incendios forestales en los Bosques Andino Patagónicos dejaron un saldo devastador durante la temporada 2025-2026: más de 60.845 hectáreas arrasadas por el fuego, en lo que especialistas califican como la peor crisis ambiental de las últimas seis décadas en la región.

El dato surge de un informe elaborado por Greenpeace a partir de imágenes satelitales que analizó el impacto de los incendios entre octubre de 2025 y marzo de 2026 en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La provincia más afectada fue Chubut, que concentró prácticamente toda la superficie dañada con 60.304 hectáreas quemadas. Muy por detrás quedaron Santa Cruz, con 290 hectáreas afectadas; Neuquén, con 238; y Río Negro, con apenas 13 hectáreas. En Tierra del Fuego no se detectaron áreas incendiadas mediante la metodología utilizada.

El relevamiento advierte que la superficie afectada duplicó la registrada durante la temporada anterior, cuando se habían contabilizado 31.722 hectáreas arrasadas por el fuego, y resultó diez veces superior al promedio de pérdida de bosques patagónicos registrado entre 2022 y 2024.

Entre las zonas más golpeadas aparecen el Parque Nacional Los Alerces y El Turbio, en Chubut, además del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. También se destacaron los incendios ocurridos en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde el fuego no sólo destruyó bosque nativo, sino también plantaciones y viviendas.

El informe remarca que el 95% de los incendios forestales tienen origen humano. Entre las principales causas se mencionan fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillos, quemas para preparación de tierras y abandono de terrenos. A esto se suman condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecen la propagación de las llamas.

Los especialistas alertaron además sobre el impacto ambiental de estos eventos: pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats naturales, degradación de suelos, erosión y reducción de la capacidad de almacenamiento de agua en los ecosistemas afectados.

El documento también vincula el agravamiento de los incendios con la crisis climática global y reclama una mayor inversión estatal en brigadistas, equipamiento e infraestructura para combatir el fuego de manera temprana. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar las políticas de prevención y avanzar en la erradicación de especies exóticas, como los pinos, que aumentan el riesgo de incendios y dificultan la recuperación del bosque nativo.

Finalmente, el informe advirtió que Argentina continúa lejos de cumplir el compromiso internacional de alcanzar la “Deforestación Cero” para 2030 y cuestionó los intentos del gobierno de Javier Milei de flexibilizar la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

JIB

El profesor universitario y especialista en Planeamiento y Sustentabilidad Marcelo Alejandro Corti hizo este martes entrega a un grupo de diputados nacionales de una petición con más de 67 mil firmas en contra de la reforma a la Ley de Glaciares, que se votará este miércoles en una sesión especial de la Cámara baja.

La petición, que el profesional inició en la plataforma Change.org, fue recibida por los diputados nacionales Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro, Pablo Farías, Sabrina Selva y Andrea Freites.

“La movilización ciudadana refleja la creciente preocupación de la sociedad argentina ante el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010, que podría reducir su alcance y habilitar actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares”, señala un comunicado.

“Los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento hídrico de millones de personas. Su protección es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las generaciones futuras”, concluye el documento.

El ingreso de la petición con decenas de miles de firmas ocurre en la antesala a la sesión especial de este miércoles en la cual el oficialismo y sus provinciales aspiran a convertir en ley la media sanción proveniente del Senado.

La izquierda convoca a una movilización frente al Congreso

Los distintos partidos políticos del Frente de Izquierda preparan una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

Se convocó a una primera concentración para las 13 hs frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17 hs está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.

Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano, referente de Izquierda Socialista, denunció que “el gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales” 

“¡No puede ser que se especule con la vida y los ecosistemas de nuestro país! Llamamos a garantizar una gran movilización para que no sé modifique la ley”, apuntó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió que “gobernadores y mineras, con coimas y lobby, quieren tirar abajo la ley que protege el agua de todo el país”. 

“Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir. Mañana hay movilización. Hay que estar en la calle”, exhortó el dirigente del PTS.

En tanto, su compañero de bancada en el FIT Néstor Pitrola sostuvo que como “diputado obrero y socialista” llevará al recinto de la Cámara baja “la voz de los pueblos que luchan contra esta depredadora y colonial reforma de la Ley de Glaciares”. 

“Ni con la audiencia trucha ni con este plenario de comisiones van a poder callar la voz de los luchadores. Mañana todos al congreso a defender el agua y los glaciares”, instó.

Un activista se trepó a un monumento en el Congreso

Un activista se trepó a un monumento situado en el Congreso de la Nación para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”.

A raíz de esta situación hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el ambientalista de Greenpeace retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo, mientras que trascendió que habrían detenido a siete activistas.

Con información de NA.

IG

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.

La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.

El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.

Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.

Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.

“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.

También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Con información de medios y redes

JIB/CRM

Entró en vigor el Tratado de Alta Mar. “Un hito”, como lo llama la responsable del programa de océanos en Greenpeace, Ana Pascual, porque “es la primera vez en la historia que contamos con un mecanismo para proteger las aguas internacionales”. Lo que no es de nadie ha sido, hasta ahora, abusado por casi todos.

A partir de ahora, existe la posibilidad y obligación legales de proteger áreas de los océanos más allá de la jurisdicción de los países. No deja de ser un logro a contracorriente que 81 estados hayan ratificado este acuerdo multilateral ambiental para que se ponga en funcionamiento el mismo mes en el que los EE.UU. han abandonado la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC).

El tratado aborda múltiples aspectos, pero Ana Pascual destaca que “lo crucial” es que debe servir para “alcanzar el objetivo que ha marcado la ciencia de proteger el 30% de esas aguas para el año 2030”. Es la condición, abunda, “para poder contar con unos océanos resilientes y capaces de ofrecer los servicios que necesitamos”.

Sirve para alcanzar el objetivo que ha marcado la ciencia de proteger el 30% de esas aguas para el año 2030 para poder contar con unos océanos resilientes y capaces de ofrecer los servicios que necesitamos

Ana Pascual — Responsable del programa de océanos de Greenpeace

Porque los mares sanos generan la mitad del oxígeno que respiramos, absorben enormes cantidades del CO₂ que emitimos lo que atenúa el efecto invernadero que está causando el cambio climático, facilita el alimento de más de 3.000 millones de humanos y soporta la economía directa de cientos de millones de personas.

Los estados desde este momento tienen la responsabilidad de implementar el tratado en sus propias legislaciones para que sea una realidad y de vigilar el cumplimiento del acuerdo. Las partes firmantes se reunirán en una conferencia donde empezar a proponer áreas marinas para su protección que serán evaluadas por un comité técnico. No hay fecha o sede decididas para esa cumbre.

“Tiene que ser cuanto antes porque ahora solo tenemos el 1% de las aguas de altamar con alguna protección. Hay prisa”, subraya Ana Pascual. Su organización ha calculado que “hace falta un ritmo alto: una extensión como la de Canadá al año para conseguir llegar a ese 30% en el plazo legal establecido”.

Aunque todavía está por decidir el mecanismo concreto para declarar protegidas esas zonas del océano sin dueño, la organización Highseas Alliance recuerda que “los países ya pueden empezar a preparar sus propuestas porque tienen que consultar a los científicos, identificar las áreas de mayor relevancia ecológica, consultar a la ciudadanía... hay un montón de trabajo que ya puede hacerse”.

La tarea es monumental. Este nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante abre el camino para salvar 200 millones de km² de aguas y fondos marinos de la esquilmación. Las amenazas son muy claras. Bastan un par de ejemplos recientes: la minería de fondos marinos que, aun sin el reglamento internacional aprobado, quiere impulsar un empresario amigo de Donald Trump o el arresto de un científico ucraniano por parte de Rusia bajo la acusación de alta traición por defender un paro en la pesca del kril antártico. La destrucción ambiental suele traer ingresos a algunos sectores.

España fue el primer país de la UE en ratificar este tratado. Sin embargo, hay 11 países europeos que todavía no lo han hecho entre los que están potencias continentales como Alemania, Italia, Países Bajos o Suecia. “Pedimos a todos estos países que lo hagan rápidamente porque supone una herramienta esencial y un punto de inflexión para detener la degradación marina, restaurar la abundancia pesquera y mejorar la resistencia global ante el cambio climático”, cuenta la vicepresidenta de la ONG especializada en el mar Oceana, Vera Coelho.

Del papel a la realidad

La responsable de la organización en Europa urge a los países de la UE a que “lideren con el ejemplo y protejan las áreas marinas bajo su jurisdicción contra las actividades destructivas para que, de esta manera, se establezca el estándar para las futuras áreas internacionales que salgan de este tratado”.

El Pacto Verde Europeo tiene una pata propia que la Comisión Europea llamó Pacto por el Océano. La prioridad es, describía, proteger y restablecer la salud de los océanos, impulsar la economía azul sostenible, apoyar a las comunidades costeras, impulsar la investigación o mejorar la seguridad y defensa marítimas.

Con la regresión que está experimentando el Pacto Verde y las políticas ambientales en Europa debido la ofensiva de la derecha global contra estos programas, resta por ver cuánto de este pacto marino termina en realidad.

La jefa científica de Oceana, Katie Matthews, advierte por su parte que “el papel sobre el que se redacta el tratado no va a salvar al océano. Lo importante es transformar esas palabras en acción”. Al fin y al cabo, se trata de defender la mitad de la superficie de todo el planeta que es lo que cubre la altamar.

“Si salvamos el mar, salvamos el mundo”, decía el naturalista David Attemborough. La comprensión de esta realidad derivada de la dependencia que los humanos tienen del mar es determinante para generar lo que los académicos llaman “cultura oceánica”: la base para cambiar la actitud hacia el océano y permitir un plan de rescate.

Greenpeace criticó este viernes que la Comisión Europea vaya a firmar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur “sin el apoyo previo del Parlamento Europeo”.

“Se trata de un acuerdo perjudicial que comprometerá los esfuerzos de los países para afrontar la emergencia climática”, advirtió la organización.

La ONG lamentó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, vaya a viajar a Paraguay la semana que viene para firmar un “acuerdo comercial profundamente impopular” con el bloque de países del Mercosur, que forman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Ursula von der Leyen firmará el acuerdo con el Mercosur la próxima semana y actuará como si fuera un hecho consumado, cuando no lo es. Los eurodiputados aún tienen que opinar sobre el acuerdo general. Von der Leyen puede intentar proyectar un aire de confianza en Paraguay, pero la verdad es que este acuerdo impopular es un desastre para la selva amazónica y ningún eurodiputado progresista comprometido con la protección de los bosques debería apoyarlo jamás”, señaló la portavoz de Greenpeace en la UE, Lis Cunha.

En la misma línea, Rómulo Batista, campaigner senior de Greenpeace Brasil, advirtió que se trata de un “acuerdo perjudicial que comprometerá los esfuerzos de los países para afrontar la emergencia climática y la transición justa”.

“Es lamentable que un acuerdo con tal impacto económico, social, político y ambiental en la sociedad brasileña, la selva amazónica y otros países del Mercosur se haya negociado a puerta cerrada, sin participación social ni transparencia”, aseguró.

Los Veintisiete dieron este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se produjo en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito este mismo viernes, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor inmediata y provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.

Las 8 razones de Greenpeace para detener el Acuerdo Mercosur-UE

Europa Press y Greenpeace.

IG

La organización Greenpeace informó este lunes que los más recientes incendios forestales en la Patagonia, que arrasaron entre octubre de 2024 y marzo de 2025 más de 30.000 hectáreas de bosque, fueron los peores en la región en tres décadas.

De acuerdo al informe, las provincias de Neuquén (11.782 hectáreas), Río Negro (10.218) y Chubut (9.722) fueron las más afectadas en la zona, que suele sufrir incendios forestales en los meses de más calor del año.

Los incendios del último verano superaron ampliamente en impacto los de un año atrás, cuando entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se habían quemado unas 8.000 hectáreas de bosques patagónicos.

“Estamos hablando de bosques que con suerte pueden tardar 200 años en recuperarse, en los casos en los que se pueda recuperar”, advirtió el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, en una rueda de prensa.

Un informe difundido este lunes por la organización remarcó que, a diferencia de otros ecosistemas en Argentina, donde la principal causa de pérdida de bosques es la actividad agropecuaria, los bosques patagónicos se pierden a causa de incendios y, en menor medida, a desmontes por urbanizaciones y la introducción de especies arbóreas exóticas.

“Algo que hay que abordar de manera urgente es la erradicación de los pinos exóticos, que conviven con viviendas cercanas y son mucho más proclives a expandir el fuego rápidamente. También en la recuperación del bosque, porque es una especie que coloniza rápido, ya que el pino le gana al bosque nativo en el posincendio”, explicó Giardini.

La superficie aproximada total de bosque patagónico es de tres millones de hectáreas y las pérdidas por fuego son un golpe a las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración antrópica, siendo uno de los biomas argentinos mejor conservados, según Greenpeace.

Datos oficiales contabilizaron que entre 2001 y 2023 la pérdida fue de 115.140 hectáreas, el equivalente a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El 95% fue producto de causas humanas, pero Giardini matizó que “muchos (incendios) tienen que ver con accidentes o negligencias” como fogatas en zonas prohibidas o colillas de cigarrillo mal apagadas.

“Y cuando se suman condiciones climáticas particulares como los periodos de sequías, temperaturas muy elevadas y baja humedad, junto al viento se pueden generar incendios de grandes magnitudes”, agregó.

El último verano, el Gobierno de Javier Milei denunció que los incendios fueron intencionales y desestimó factores vinculados al cambio climático.

“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. En ese sentido, continuar con la destrucción de bosques significa más cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, desertificación, desalojos de comunidades campesinas e indígenas, enfermedades y pérdida de alimentos, maderas y medicinas”, indicó la ONG en su informe.

Greenpeace instó además a incluir penas judiciales por la destrucción forestal y la creación de fiscalías especializadas en medio ambiente que puedan investigar las causas y el origen de los incendios, ya que en la actualidad solo existen multas económicas que no resultan efectivas.

Javier Grosfeld, biólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) explicó durante la rueda de prensa de este lunes que los grandes incendios forestales de al menos 500 hectáreas se están volviendo cada vez más frecuentes y superan la capacidad de contención.

“Los incendios forestales de nueva generación superan la capacidad de respuesta de los equipos del manejo del fuego”, mencionó y advirtió que es posible que los incendios en la Patagonia lleguen incluso a las principales ciudades de la zona, aunque por el momento solo han afectado a asentamientos y pequeñas localidades. 

MM con información de la agencia EFE.

Un jurado de Dakota del Norte (EEUU) falló este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar más de US$600 millones para resarcir a la compañía Energy Transfer por los perjuicios que la energética considera que le causaron las protestas contra la construcción de un oleoducto en 2016.

El caso 30-2019-0V-00180 culminaba una persecución en los tribunales de ocho años, en los que Energy Transfer acusó a la organización de quebrantar la ley contra organizaciones criminales. Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático. Un juez federal archivó la demanda, pero la energética recurrió para volver a sentar a la organización ecologista en el banquillo, esta vez frente a un tribunal de un Estado cuya economía depende en buena medida de la industria petrolera.

Todavía en Dakota del Norte, la directora interina de Greenpeace USA, Sushma Raman, confiesa en una conversación con elDiario.es que el veredicto ha supuesto un shock para la organización, pero que cree que la verdad está de su lado y que ganarán el recurso ante el Supremo.

¿Qué sintió al escuchar el veredicto que les pide 600 millones de euros?

Fue un shock, aunque no una completa sorpresa. Sí esperábamos algo en nuestra contra, pero no sabíamos qué exactamente.

¿Cuáles son sus planes ahora?

Se abre un nuevo capítulo de una larga lucha: esto está lejos de haberse acabado. Vamos a recurrir ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte [el estado donde ha tenido lugar el juicio] y creemos que los hechos y la verdad están de nuestro lado.

La cifra que ha señalado el jurado de 600 millones de dólares es más de lo que aparecía en la demanda de Energy Transfer

Es inasumible para nosotros. Una cantidad gigante para Greenpeace o cualquier otra ONG, pero una gota en el océano para Energy Transfer y otras petroleras, así que este proceso no va de dinero, no se trata de compensarles por una supuesta pérdida económica.

Se trata de un nuevo capítulo de una larga lucha: esto está lejos de haberse acabado. Vamos a recurrir y creemos que los hechos y la verdad están de nuestro lado

Se trataba de lanzar un mensaje a Greenpeace y a otros grupos ambientalistas: si ponéis el foco en lo que estamos haciendo, vamos a silenciaros.

¿Piensa que si el juicio se hubiera celebrado en otra sede, como intentó Greenpeace que sucediera, el resultado habría sido diferente?

Intentamos cambiar la sede a un lugar donde la población no hubiera estado tan cerca de las manifestaciones de protesta, que no las hubiera vivido en primera persona y donde los ciudadanos no estuvieran necesariamente empleados por la industria petrolera y gasística, pero no tuvimos suerte.

Pero, además, sobre la elección del lugar donde llevar a cabo proceso, se da la circunstancia de que hay otros 34 estados diferentes en EEUU que tienen leyes contra las SLAPP [la litigación estratégica contra la participación pública, en inglés] y que habrían desarticulado la capacidad de la compañía para realizar este ataque.

¿Calificaría este juicio de injusto?

Ha sido un veredicto muy fuerte. Es incomprensible. A la luz de los hechos, que son que Greenpeace mostró solidaridad con los líderes indígenas de la protesta, que participamos en la formación para acciones no violentas, que hicimos colectas junto a cientos de otras organizaciones, consideramos incongruente el resultado. Así que estamos deseando recurrir.

Ha sido un veredicto muy fuerte. Es incomprensible. A la luz de los hechos, consideramos incongruente el resultado

¿Cree que la relación entre Donald Trump, la empresa Energy Transfer y los permisos para este oleoducto han podido influir?

Eso es el telón de fondo. Hemos tenido un juicio con jurado, pero todo eso está ocurriendo. Vemos cómo hay un retroceso en las políticas y salvaguardas ambientales y la eliminación de la financiación para protección ecológica. Eso no puedes separarlo.

Se ha creado toda una atmósfera en contra.

Sí, porque la nueva administración está cargando contra la protesta pacífica e intenta desmantelar los movimientos sociales y los medios de comunicación independientes. Por eso este caso es tan importante, no solo para Greenpeace sino también para el futuro de las libertades y los derechos de expresión, asociación, reunión... que están amenazados ahora mismo.

Nuestro lema es: no nos silenciarán. Si nos encontramos con un asunto en el que creemos, en el que pensamos que podemos aportar y se nos invita a participar, no vamos a echarnos atrás

Viendo el resultado, ¿volverían a hacer lo mismo?

Sí, volveríamos a hacerlo, volveríamos a aparecer allí para apoyar, para ser solidarios y para hablar en contra de las injusticias climáticas. En retrospectiva, considero que hicimos lo correcto. Fuimos un jugador muy pequeño en el gran esquema de las cosas, pero creo que haríamos lo mismo.

Entonces ¿están dispuestos a repetirlo?

Nuestro lema es: no nos silenciarán. Si nos encontramos con un asunto en el que creemos, en el que pensamos que podemos aportar y se nos invita a participar, no vamos a echarnos atrás.

Un jurado de Dakota del Norte considera que Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la compañía Energy Transfer por las protestas que tuvieron lugar hace casi una década contra la construcción de un oleoducto.

Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas con un valor de casi 70.000 millones de dólares y presidida por uno de los principales donantes de Donald Trump, había demandado a Greenpeace por difamación y por orquestar lo que consideraba un “comportamiento criminal” de los manifestantes contra el oleoducto Dakota Access, alegando que la organización había “incitado” a protestar mediante una “campaña de desinformación”. A cambio, reclamaba 300 millones de euros.

El grupo ecologista, que antes del juicio había expresado su preocupación ante el riesgo de que el juicio no fuera justo en un estado donde la industria del gas y el petróleo tiene un enorme peso, había adelantado que una enorme indemnización financiera podrían llevar a la quiebra sus actividades en Estados Unidos. Aunque la cantidad de la indemnización está por determinarse, el jurado dio la razón a Energy Transfer en la mayoría de los cargos presentados contra Greenpeace.

El caso fue seguido de cerca por diversas ONG y expertos en libertad de expresión ante el temor a su impacto en las protestas sociales y el activismo. Greenpeace afirmó en un comunicado después del veredicto que demandas como la de Energy Transfer tienen como objetivo “destruir el derecho a la protesta pacífica”.

“Lo que vimos durante estas tres semanas de juicio fue el descarado desprecio de Energy Transfer por las voces de la tribu sioux de Standing Rock [afectada por el oleoducto]. Y aunque también intentaron distorsionar la verdad sobre el papel de Greenpeace en las protestas, nosotros reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la no violencia en cada acción que tomamos”, dijo Deepa Padmanabha, asesora jurídica principal de Greenpeace.

“Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda que regula la libertad de expresión y por demandas como esta, destinadas a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”, afirmó.

Un jurado bajo sospecha

La preocupación sobre la posibilidad de encontrar un jurado imparcial centró el caso incluso antes de que comenzara, dadas las inclinaciones políticas conservadoras de la localidad de Mandan, en Dakota del Norte, y la posición contraria hacia las protestas de los residentes locales. En los meses anteriores al juicio también se enviaron a los habitantes de la localidad misteriosos sobres que simulaban ser un periódico llamado “Central ND News”, con artículos sesgados sobre las protestas contra el oleoducto o a favor de Energy Transfer.

De hecho, al final más de la mitad de los seleccionados para formar parte del jurado que falló en contra de Greenpeace tenían vínculos con el negocio de los combustibles y opiniones negativas hacia las protestas contra los oleoductos o los grupos de presión que participan en ellas.

Greenpeace intentó trasladar el juicio a otro condado de Dakota del Norte en varias ocasiones, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal del condado de Morton y la corte suprema de Dakota del Norte. El juez James Gion, que fue contratado para dirigir el juicio después de que todos los jueces del condado de Morton se recusaran, denegó las solicitudes para emitirlo en directo.

“El veredicto de hoy no es un reflejo de una mala conducta por parte de Greenpeace, sino más bien el resultado de una larga lista de tácticas judiciales y trucos propagandísticos que Energy Transfer utilizó para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, dijo Kirk Herbertson, abogado de Nueva York y director estadounidense de campañas de EarthRights International. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione por qué este caso llegó a juicio en primer lugar”.

Fuentes judiciales consideraron este caso como un ejemplo paradigmático de una demanda estratégica contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), una forma de litigio civil cada vez más utilizada por grandes empresas, políticos e individuos ricos para desgastar y silenciar deliberadamente a los críticos, incluidos periodistas, activistas y grupos de vigilancia. Estos casos, incluso cuando las entidades demandantes pierden, causan costos legales significativos para los acusados y pueden tener un efecto paralizador.

Por su parte, Kristin Casper, Consejera General de Greenpeace Internacional, declaró: “La lucha contra las grandes petroleras no terminó hoy, y sabemos que la verdad y la ley están de nuestro lado. Greenpeace Internacional seguirá haciendo campaña por un futuro verde y pacífico. No retrocederemos, no nos silenciarán”.  “Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este mes de julio en Ámsterdam”, añadió.

La tribu exculpa a Greenpeace

Durante el juicio de cinco semanas, Energy Transfer intentó vincular a Greenpeace a una serie de sabotajes causados por las protestas. Greenpeace sostuvo que su participación fue pequeña y a petición de la tribu sioux de Standing Rock.

La propia tribu emitió un comunicado tras el inicio del juicio afirmando que había sido ella la que había encabezado las protestas. Según los nativos, Energy Transfer estaba “acusando frívolamente de difamación y buscando una indemnización para silenciar toda voz que apoye a Standing Rock. El caso es un intento de silenciar a nuestra tribu sobre la verdad de lo que sucedió y la amenaza que representa el oleoducto para nuestra tierra, nuestra agua y nuestra gente. La tribu sioux de Standing Rock no será silenciada”, dijo su presidenta, Janet Alkire.

En los últimos días del juicio, Kelcy Warren, el multimillonario fundador de Energy Transfer y uno de los principales donantes de Donald Trump, afirmó en una declaración en video que su compañía había ofrecido incentivos financieros –incluido dinero, un rancho de lujo y una nueva escuela– a la tribu para detener las protestas, que la tribu rechazó, según un grupo de observadores que asistieron al juicio debido a preocupaciones sobre su imparcialidad. Warren dijo que creía que la tribu rechazó la oferta porque Earthjustice, la organización ecologista que ejerce como representante legal de la tribu, le había ofrecido más.

El juicio se produjo después de que Energy Transfer fracasara en una primera demanda presentada ante un tribunal federal estadounidense en 2017. Después de que el caso fuera desestimado el 14 de febrero de 2019, Energy Transfer volvió a presentar una denuncia prácticamente idéntica en el tribunal estatal de Dakota del Norte siete días después. En ese estado, mucho más favorable a sus intereses, terminó teniendo éxito.

Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace-EEUU y succionar el movimiento de protesta ambiental. La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo. Este lunes comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan juristas y politólogos.

“Las petroleras quieren silenciar a los que se les oponen y, como Greenpeace ha sido históricamente efectiva, quieren destruir no solo a la organización sino al movimiento de protesta”, comenta unos días antes de iniciarse las vistas la directora ejecutiva de Greenpeace-EEUU, Sushma Raman.

Durante el proceso contra Greenpeace, los argumentos de la empresa se han alineado con la ola mundial de criminalización del activismo verde. En un primer momento acusó a los ambientalistas ante un tribunal federal de violar la ley contra organizaciones criminales. En los diversos escritos presentados ante los jueces, Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático.

Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas. El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos

Nadia Ahmad — Profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry

“Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas”, analiza para elDiario.es la profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry, Nadia Ahmad. Ahora el temor es que una condena así no solo afecte de manera casi fatal a Greenpeace, sino que en esa caída arrastre también al movimiento de protesta ecologista. “El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos”, aclara la académica.

“Energy Transfer está intentando dar ejemplo con Greenpeace. Lanzar el mensaje: si te enfrentas a las infracciones de una empresa afrontarás consecuencias graves. Se trata de un caso de libro de SLAPP”. La investigadora se refiere por su siglas en inglés (strategic lawsuit against public participation) a la denominada litigación estratégica contra la participación pública. Una estrategia a base de presentar procesos judiciales “diseñada para intimidar, agotar y mutilar financieramente a las organizaciones”, aclara Ahmad. “Este caso va de si las corporaciones pueden usar sus bolsillos para silenciar a quienes están en contra”.

El codirector de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, considera que, si bien “la táctica de demandar a los activistas no es nueva, lo que sorprende en este caso es que se apunte a una organización tan respetada como Greenpeace”. El catedrático cuenta a elDiario.es que sospecha que “el nuevo clima político en EEUU hace que Energy Transfer actúe descaradamente, que no le preocupe dar mala imagen”.

La empresa por su parte insiste en que su demanda contra Greenpeace “no trata sobre la libertad de expresión, sino sobre saltarse la ley. Cuando el derecho de protesta no se hace de acuerdo con la ley tenemos un sistema legal para solventarlo” defiende. Y considera que la ONG “busca eludir las consecuencias de sus actos ilegales”.

¿Cómo se llegó hasta el banquillo?

El juicio comienza este lunes y se prolongará unas cuatro semanas, pero el caso arrancó hace casi nueve años.

En 2016 Greenpeace apoyó las protestas que una tribu sioux llevó a cabo contra la construcción de un oleoducto denominado Dakota Access Pipe Line o DAPL en lo que consideraban parte de sus tierras. Sostenían que el tubo iba a contaminar el agua, iba a contribuir a quemar más combustibles fósiles y que invadía su reserva. La campaña derivó en un campamento multitudinario durante ocho meses en el que se congregaron miles de personas hasta ser desalojados por las fuerzas policiales en febrero de 2017.

En agosto de 2017, Energy Transfer presentó una denuncia contra Greenpeace y otros activistas en la que les acusaban, básicamente, de organización criminal. En su demanda alegaban que la organización recaudó dinero con “falsos testimonios”, que “entrenó a miles de manifestantes”, se “coordinó para situar a ecoterroristas en los campamentos” [de protesta] y que Greenpeace publicó un artículo de la activista Krystal Two Bulls que pedía unirse a las protestas o donaciones. El juez federal –al desestimar el caso el 14 de febrero de 2019– tuvo que recordar a la empresa que “publicar artículos de personas que comparten tus creencias no crea una organización criminal”.

La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar. Nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación

Scott Wilson Badenoch — Abogado ambientalista

Lejos de abandonar, Energy Transfer presentó una semana después una nueva demanda, esta vez ante un juez estatal de Dakota del Norte, para obtener resarcimiento económico. “La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar”, explica el abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch. Badenoch, que coordina un equipo de juristas que va a supervisar el juicio, argumenta que, “por un lado, nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y, por otro, se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación, es decir, que es pro minería y pro petróleo”.

Las acusaciones son por allanamiento, difamación, interferencia ilícita [perjudicar el negocio de otro], conspiración, complicidad en allanamiento y en apropiación indebida. “Están intentando extender la responsabilidad civil de manera que destruya a Greenpeace. Les hacen responsables por cualquier acto que hagan individuos, de cualquier daño que hagan porque apoyaron esa protesta general. Esto podría matar directamente a la organización”, analiza el abogado.

Lo que pasa en Dakota no se queda en Dakota: repercusiones

Badenoch afirma que “la situación es más preocupante ahora con la nueva administración Trump. Esta Casa Blanca quiere eliminar a los manifestantes y la protesta, así que el plan es presentarlos como terroristas sin importar lo que hayan hecho. Ahora es Greenpeace, pero van a ir a por más”.

La organización defiende que se está intentado “crear precedentes legales que limitarían la capacidad del movimiento climático para organizarse, protestar y expresar disenso”.

Además, prosigue el letrado, “este caso pone en peligro el sistema de organizaciones no gubernamentales incluso en Europa, porque si una ONG con sede en Europa critica o protesta o molesta a una empresa con base en EEUU, la corporación podrá demandarles en un tribunal estadounidense y los jueces aquí están muy dispuestos a escucharles. EEUU se está convirtiendo en un refugio seguro para los contaminadores”, sostiene.

Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido este jueves.

El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.

Greenpeace califica este hecho de “ecocidio” y denuncia que las tres primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN).

El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América por detrás de la Amazonía y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

Deforestación ilegal

La ONG señaló en su informe que los gobiernos provinciales “modificaron ilegalmente el ordenamiento territorial mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas protegidas donde estaba prohibido el desmonte”.

De acuerdo a la Ley de Bosques, promulgada desde 2009, cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger, pero Greenpeace indicó que las actualizaciones de los ordenamientos en Salta y Chaco aumentaron las áreas permitidas para acceder a un permiso de desmonte, algo que viola la normativa actual.

En Chaco, la Justicia provincial había suspendido los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su OTBN, mientras que en Santiago del Estero el 80 % de la deforestación fue en categorías protegidas por la ley.

La penalización por quebrantar la Ley de Bosques van desde “apercibimientos”, multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos, que hasta diciembre pasado el salario mínimo vital y móvil de Argentina rondaba los 260 dólares, y suspensión o revocación de permisos de tala.

“Muchos desmontes, no solo son por la ilegalidad de algunos empresarios que pagan multas irrisorias, sino también porque los gobiernos autorizan deforestación para la ganadería donde está prohibido”, dijo a EFE el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

Prisión por desmonte

“Es necesario penalizar la ilegalidad de los desmontes, las multas no son suficientes. Se necesita un plan de restauración acompañado por un freno a la tala. Algunos bosques pueden necesitar hasta 50 años para recuperarse en el Gran Chaco”, advirtió Giardini.

En 2023, Greenpeace llevó adelante una consulta popular en la vía pública e internet durante tres meses, en la que 260.000 personas se manifestaron a favor de penas de prisión contra responsables de la destrucción de bosques.

“En estos momentos tenemos abierta la posibilidad de que la gente siga adhiriendo en votaporlosbosques.org y cuando lleguemos a un número significativo poder presentar esas adhesiones al Congreso para que avance un proyecto de ley al respecto”, cerró el ambientalista.

El informe de Greenpeace

EFE

“¿De qué nos sirve esta Ley de Bosques?”. Con esa pregunta, el gobernador de Salta, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas protegidas por la actual legislación.

De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre 700.000 hectáreas de bosques, cuya ubicación real no se define en el camaleónico mapa propuesto.

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta permitirá el desmonte de esas 700.000 hectáreas, una superficie excesiva, teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y el hecho de que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow (2022) un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso asumido e ignora también que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende habilitar el desmonte “legal” de 100.000 hectáreas por año.

La zonificación propuesta vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo), algo prohibido por la normativa nacional. Pero, además, esta zonificación se presenta como transitoria o flexible. Esto significa que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar, sino que deja esta decisión a total arbitrio del Poder Ejecutivo provincial e impide el control de los desmontes ilegales por parte de la sociedad. 

Ayer, cuando el gobernador Sáenz anunció el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial, lo hizo poniendo a la Ley de Bosques como rehén y responsable de la pobreza en Salta; una mentira que no resiste el mínimo análisis. Si deforestar nuestros bosques fuera el camino para erradicar la pobreza, Argentina habría solucionado su pobreza estructural hace décadas. Según datos oficiales, desde fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.

La Ley de Bosques sirvió y sirve para defender nuestros bosques, ya que desde su sanción disminuyó la cantidad de hectáreas que se desmontaban año tras año, pero eso no es suficiente ante una realidad de crisis climática cada vez más extrema.

Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques, al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Desde el Conicet, se elaboró este año el mapa de áreas prioritarias a conservar en la región chaqueña, para garantizar la supervivencia de esta especie única -POCY, Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté-, con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, lo cual no ha sucedido.

Por último, pero no menos importante, la Ley Nacional 26.331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por otra norma: la Ley 26.160. Pero en Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido. Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Tampoco se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.

En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia se desarrolla en el monte. Muchas de estas comunidades tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios -lo mismo que los pequeños productores- y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad. Sociedad, entendemos, somos todos. La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para validarlos.

*Noemí Cruz es la coordinadora de la Campaña de Bosques - Greenpeace Andino.

La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante el primer semestre de 2024, se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte argentino, un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas), equivalente a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La situación más grave se detectó en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales, sostuvo en un informe. La entidad ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.

“En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la Justicia provincial a fines de 2020”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace. “Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, aseguró Giardini.“Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, agregó.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

“La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas”, señaló Giardini. “Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos”, agregó. Además, criticó el sistema de multas, al que calificó como insuficiente para luchar contra la ilegalidad y reclamó que se penalice esta actividad ilegal. 

Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa. 

ED/DTC

A contramano de la política y los intereses económicos más poderosos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet y universidades públicas hicieron este lunes un llamado desesperado a las autoridades: el felino más grande de América ingresó en la etapa más crítica de su existencia en el Gran Chaco argentino, de acuerdo a la exposición que realizaron los expertos de Proyecto Yaguareté, una iniciativa de investigación y conservación del yaguareté que forma parte además de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). 

El equipo está conformado por científicos de tres institutos diferentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de tres universidades nacionales de Argentina: las de Río Cuarto, Córdoba y Misiones. 

En una conferencia organizada por Greenpeace, tres de los científicos presentaron la herramienta Paisaje Óptimo para la Conservación del Yaguareté (POCY Chaco), que desarrollaron tras analizar la información que vienen acumulando desde hace dos décadas para intentar salvar al tercer felino más grande del mundo y el depredador tope que regula como ningún otro mamífero al ecosistema que habita. Por esa razón, conservarlo es, por default, preservar al bosque nativo con el que se arrasa en pos de los grandes pooles de siempre, la ganadería extensiva y la industria taninera. 

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace y moderador del encuentro, sostuvo que “los científicos especialistas en yaguareté destacan la necesidad de frenar la deforestación para que la especie pueda sobrevivir en la región chaqueña. El trabajo deja bien claro cuál es el territorio a proteger del avance de las topadoras. Esperemos que la Corte Suprema actúe rápido y pare este ecocidio”. 

La organización ambientalista presentará los resultados de este trabajo ante el máximo tribunal del país, donde los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tienen pendiente analizar un amparo presentado hace más de cuatro años en nombre del yaguareté para frenar los desmontes en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, la región más crítica para este felino, que también se encuentra en la selva misionera y en las Yungas jujeñas. Además, ha sido introducido por Rewilding Argentina en el Iberá, Corrientes.

“Combinando la información de presencia de yaguareté de los últimos 20 años, con un exhaustivo análisis de las amenazas a la especie, e incluyendo las condiciones socioambientales de la región chaqueña, pudimos construir esta herramienta de planificación territorial y toma de decisiones, y así dar respuesta a una de las acciones prioritarias de los planes para conservar la especie”, afirmó la doctora Verónica Quiroga, investigadora del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.

“Nos pareció necesario y urgente presentar estos resultados ahora, debido, entre otras cosas, al recientemente aprobado Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco que representa un serio retroceso en materia de conservación de los bosques”, expuso Quiroga. “Este nuevo mapa de OTBN, aprobado sin consenso de ambientalistas, pobladores y científicos, incluye la regresión ambiental de muchas hectáreas importantes para el yaguareté, ahora habilitadas para nuevos desmontes. Está claro que si la deforestación y la cacería siguen al ritmo actual en la región, en pocos años no tendremos más yaguaretés en los bosques chaqueños de argentina”, añadió.

Cercados por el poder económico

Las problemáticas que comprometen la existencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino pueden reducirse actualmente a dos variables: la deforestación del bosque nativo para la extensión de la frontera agropecuaria y la producción de la industria taninera; y la cacería deportiva, explicó Quiroga. El territorio del yaguareté se ha reducido en un 50% en todo el continente, donde también se lo conoce como jaguar. Argentina es el país donde esa reducción de territorio caló más hondo. 

De este felino, Monumento Natural Nacional y monumento natural en las provincias donde arrasan con su hábitat, sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino. En los últimos 20 años, aseguró Quiroga, los científicos sólo han podido registrar a una sola hembra con las cámaras trampa y registros de pobladores de los campos. El resto de los 135 registros han sido machos.

El doctor Carlos De Angelo, investigador del Conicet en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sostuvo que la herramiento que desarrollaron construye un modelo preliminar de hábitat, localizando las zonas de bosque nativo que actualmente están conservadas en las condiciones óptimas para que el yaguareté pueda sobrevivir. Tomaron registros de los últimos 20 años -135 imágenes y localizaciones de ejemplares de este felino, casi todos machos- y buscaron determinar cuáles son las condiciones del hábitat en esos puntos: posibilidades de refugio, alimento y condiciones de traslado y del paisaje.

El yaguareté necesitan grandes extensiones de territorio de bosque nativo. Buscaron las zonas con ríos principales y sin cultivos. El resultado fue que al yaguareté le queda apenas el 3% del área estudiada en condiciones aptas para su supervivencia.

Este pequeño porcentaje, además, es de zonas muy separadas por monocultivos. Por eso, propusieron crear áreas aledañas a este 3% del territorio que estén protegidas y donde se pueda recuperar el bosque nativo y las condiciones para proteger al felino. Demandan acciones urgentes para que el yaguareté sobreviva.

El felino también es amenazado por los conflictos con el humano, que termina cazando al animal por miedo, cuestiones culturales o por la matanza de ganado. Los científicos de Proyecto Yaguareté trabajan con los lugareños para evitar estas cacerías. Pero solicitan a las autoridades que tomen cartas en el asunto con la caza deportiva, algo que no ha mermado en el último tiempo, explicaron.

El doctor Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical de Misiones (IBS) del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones, que coordina Proyecto Yaguareté a nivel nacional, expresó: “El yaguareté no sólo es un Monumento Natural Nacional al que debemos preservar por su valor como especie, sino que por sus grandes requerimientos de hábitat es una especie que llamamos ‘paraguas’ y que nos ayuda a planear paisajes que pueden preservar un gran número de especies y al bosque en su totalidad”. Y agregó: “Tener un paisaje de conservación para el yaguareté en la región chaqueña es clave, este tipo de herramientas espacialmente explícitas es una forma muy simple y efectiva de transferir el conocimiento científico hacia los sectores de toma de decisiones”.

Nota: este artículo se corrigió por un error de tipeo el 21 de mayo de 2024 a las 11:19.

ED / NB

Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la ilegalidad de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos sancionada por la legislatura chaqueña. La misma se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas. La organización señaló que la norma desprotege corredores de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté y legaliza las recategorizaciones prediales otorgadas en forma irregular en la gestión de Peppo.

“A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para resolver un recurso de amparo presentado en 2019 por la asociación ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra de las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero por permitir la destrucción de su hábitat y violar lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. 

La organización ecologista advirtió que incorporará a la causa la denuncia sobre la nueva normativa forestal de Chaco porque la misma “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II – amarillo, al pasarlas a Categoría III – verde, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”. (1)

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación: “no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”.

Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia de Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital que realiza Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. (2)

La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento “permitirá el desmonte legal de más de un millón hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los OTBN de las provincias deberían ir en esa dirección”. (2)

AB con información de prensa www.greenpeace.org.

El Gobierno impidió que la organización ambientalista Greenpeace realice una investigación científica sobre la ballena franca austral en la zona del mar Argentino donde se realizan la prospección sísmica o “bombardeos acústicos” en busca de gas y petróleo offshore. Así consta en un documento oficial, publicado por el Consejo Federal Pesquero. 

Greenpeace y biólogos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) buscaban realizan una actividades de investigación científica marina entre el 2 y el 20 de diciembre próximos a bordo del velero Witness, propiedad de la organización ambientalista, para obtener información sobre cómo la prospección sísmica podría estar afectando a esta especie, Patrimonio Natural de Argentina.

Sin embargo el Consejo Federal Pesquero decidió por unanimidad denegar el permiso y prohibir la expedición argumentando que el velero podía generar “ruido ambiente” que “afecta directamente los datos sísmicos adquiridos” por el buque BGP Prospector, de la petrolera noruega Equinor.

El velero Witness mide 22,5 metros de largo. El buque BGP Prospector mide 100 metros. La exploración sísmica se utiliza para detectar en el suelo marino la presencia de gas y petróleo. Consiste en sumergir cañones que disparan aire comprimido debajo del agua para detectar esas reservas. Greenpeace denomina esta actividad como “bombardeo acústico”, ya que el ruido que genera puede alcanzar los 300.000 kilómetros cuadrados. Un cañón puede generar entre 215 y 260 decibeles (un avión despegando produce 150 decibeles, un transbordador espacial, 180). 

El Witness funciona a vela la mayor parte de su navegación por protocolo de Greenpeace, que busca que el barco impacte lo menos posible en el ambiente. elDiarioAR acompañó a la organización ambientalistas y a biólogos del ICB en una primera expedición en mayo último a bordo de este velero hasta aguas internacionales. 

La expedición

Al tratarse de una investigación en aguas jurisdiccionales argentinas, las tareas científicas requerían de la autorización del Consejo Federal Pesquero, que lidera el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Damián Liberman. El pedido para navegar fue presentado por la Embajada del Reino de los Países Bajos en Argentina, ya que el Witness es de bandera holandesa. elDiarioAR se comunicó con la subsecretaría de Pesca, que depende del ministerio de Economía, pero no obtuvo respuesta a las consultas.

La misión iba a contar con cuatro observadores científicos con el objetivo de “ampliar el conocimiento existente sobre el comportamiento, alimentación y los niveles hormonales de las ballenas francas australes (Eubalaena australis) en un área de alimentación de la plataforma continental del Mar Argentino”, según consta en el documento.

El Consejo Federal Pesquero basó su decisión en las posturas de tres entidades oficiales que coincidieron en sugerir que se debía denegar el permiso. 

La Dirección Nacional de Producción y Exploración de hidrocarburos desaconsejó otorgar el permiso al sostener “la importancia de contar con información sobre los recursos hidrocarburíferos existentes en la plataforma continental, a los proyectos de prospección sísmica en marcha y a las condiciones necesarias para garantizar una navegación segura del buque sísmico y/o demás buques aledaños”. A continuación sostuvo que “la cercanía de un buque genera un ruido ambiente que afecta directamente los datos sísmicos adquiridos”.

La Armada Argentina argumentó que la expedición científica “podría implicar interferencias con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en dicha zona”.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) aconsejó que debían participar también científicos pertenecientes al Estado Nacional, “un requisito que no se sustituye con la participación de científicos pertenecientes a una organización de la sociedad civil”, pero que a su vez, “no cuenta con Observadores disponibles para asignar a dichas tareas”. 

Impactos

Desde ballenas francas hasta ballenas jorobadas, orcas, cachalotes, lobos marinos, aves, calamares, peces y delfines de varios tipos corren riesgos catalogados como “bajo”, “moderado” o “alto”, según reconoce el informe de impacto ambiental presentado por YPF para la exploración sísmica de una de las zonas donde se buscará gas y petróleo, a más de 240 kilómetros de las costas de la provincia de Buenos Aires.   

Mariano Sironi, director científico del ICB y uno de los cuatro biólogos de la institución que iba a participar de esta segunda expedición —también estuvo en la de mayo—, escribió un artículo que se titula “En el mar el ruido mata”. “Así como nosotros obtenemos la mayor parte de la información del medio que nos rodea a través de la vista y de la luz, los cetáceos ‘ven’ su mundo submarino a través del oído y de los sonidos”, escribió el biólogo cordobés. 

Los disparos sonoros de la exploración sísmica pueden perjudicar desde el tránsito, la alimentación y la reproducción de mamíferos marinos, invertebrados (langostinos, calamares) y peces. Puede incluso provocar la muerte de estas especies, explicó Luciano Valenzuela, otro de los biólogos que participó de la expedición de mayo y quien además es investigador del Conicet en la Universidad Nacional del Centro (UNC) de la provincia de Buenos Aires.

“Imaginemos por un momento cómo sería la vida de las personas videntes si estuviéramos constantemente encandilados por luces fuertes, reflectores, faros y todo tipo de fuentes de luz intensa. Nos chocaríamos entre nosotros y contra obstáculos, no podríamos dormir, viviríamos estresados, enceguecidos y buscaríamos aislarnos de todo para evitar ese acoso luminoso. Así y todo, podríamos cerrar los ojos e incluso taparlos para evitar la luz. Pero las ballenas y los delfines no pueden ‘cerrar los oídos’ para dejar de escuchar esos ruidos, que los acosan día y noche, en todos los mares”, escribió Sironi.

Equinor, la empresa noruega que realizará la exploración sísmica, asegura que opera con “los más altos estándares internacionales” y que el impacto será “bajo”.

Después del ruido, de encontrarse reservas de gas y petróleo, vendrá la instalación de plataformas en el mar para proceder con la extracción de los hidrocarburos. Es el segundo riesgo que temen los científicos y organizaciones como Greenpeace, debido a que las perforaciones serán por primera vez en el Mar Argentino a profundidades inéditas. “Nunca nos tenemos que olvidar del accidente de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Fue uno de estos casos, fue un pozo de alta profundidad y no pudieron contenerlo. Fue uno de los desastres ambientales más grandes de las últimas décadas”, afirmó Valenzuela en mayo a elDiarioAR.

ED/JJD

El buque sísmico BGP Prospector, contratado por la empresa petrolera noruega Equinor, ya se encuentra al norte del talud continental del Mar Argentino para la prospección sísmica, una actividad cuestionada por las organizaciones ambientalistas y conservacionistas por su impacto directo en todo lo que vive en el océano. La ubicación del buque fue informada por la organización Greenpeace ante la consulta de elDiarioAR.

El barco, contratado por el gigante petrolero noruego, comenzó su operación el 9 de octubre último, luego de obtener la autorización final por parte del Estado Argentino para proceder con los bombardeos acústicos en tres bloques marítimos, ubicados a unos 300 km de la costa de Mar del Plata.

El BGP Prospector tiene bandera de Bahamas, 100 metros de eslora y 66 tripulantes, informó la organización ambientalista. elDiarioAR se comunicó con Equinor este viernes pero la empresa no brindó información sobre el estado de su operación.

La actividad que realiza este buque implica la primera etapa, previa a la explotación petrolífera offshore: el barco está equipado especialmente con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 db) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires. Los expertos de la organización detallaron que algunos de estos sonidos son audibles a cientos de kilómetros. 

El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Esos ruidos penetran a través del océano y se adentran en la profundidad hasta el fondo marino. Altera, así, a todo lo que vive en el mar Argentino, desde las distintas especies de mamíferos marinos, como la ballena franca austral -Patrimonio Natural de Argentina-, delfines y tortugas hasta peces e invertebrados.

El barco se encuentra navegando en estos días a la altura de la ciudad de Viedma, Río Negro, y Pedro Luro, provincia de Buenos Aires, y se mueve también a la altura de Montevideo y Punta del Este. Es decir que recorrió la zona marítima de las 200 millas a la altura del sudeste de la provincia de Buenos Aires y el norte de Río Negro.

“El área navegada por el buque de Equinor se corresponde con el bloque 108, el que la empresa noruega opera en soledad; y otra parte, se corresponde con el bloque 100, que es el que opera Equinor en sociedad con YPF y Shell”, explicó a elDiarioAR Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace. 

“Lo que está haciendo el barco ahora es básicamente la operación de crear el impulso con aire comprimido y generar así la explosión que va a viajar al fondo marino. Esa vibración genera un pequeño sismo, que emite un eco, que rebota y es captado por los micrófonos que llevan los buques en su remolque”, agregó Pérez Orsi. La cola de micrófonos puede llegar a tener hasta 10 kilómetros. 

“Así, obtienen un mapa tridimensional del fondo marino y esa información permite calcular dónde se encontrarían las reservas submarinas de gas y petróleo. Actualmente, el barco se concentra en un área espeçifica y va haciendo una especie de óvalo, pasando nuevamente por donde hizo relevamiento los últimos días, sumando más imágenes, para obtener datos mucho más contundentes”

“Las explosiones generalmente ocurren cada diez segundos, las 24 horas del día y, a veces, durante semanas. Son tan ruidosos que penetran a través del océano y se adentran kilómetros en el fondo marino”, informó la organización en su sitio web. “Estos datos que recibe el barco se utilizan para analizar información sobre la topografía del fondo del océano y sus formaciones geológicas subyacentes para informarles sobre la ubicación de los depósitos de petróleo y gas enterrados”, explicó.

ED/JJD

La situación de los bosques del norte de la Argentina es crítica. Según un informe de Greenpeace, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, se estima que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas. Esto representa un total de 90.755 hectáreas y equivale a una superficie de 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires. El problema es 21% más grave que en el 2022 y la mayoría de los desmontes son ilegales.

“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco -el segundo ecosistema forestal más grande del continente- es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa, informaron desde el movimiento global por el medio ambiente.

“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini. 

La consulta popular promovida por Greenpeace está disponible en www.votaporlosbosques.org hasta hoy inclusive y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

Greenpeace Argentina detectó que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestaron 51.600 hectáreas, un 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas). La situación más grave se da en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a convocar a la ciudadanía para votar sobre su posible penalización.

“Es preocupante el aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. En Santiago del Estero el gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más. El gobierno controla poco y es evidente que las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 24.522 hectáreas; en Santiago del Estero 19.040 hectáreas; en Formosa 5.804 hectáreas; y en Salta 2.234 hectáreas; totalizando 51.600 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

“La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad. Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para decidir si está de acuerdo con penalizar la destrucción ilegal de bosques nativos”, señaló Giardini.

En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular promovida por Greenpeace. La misma estará habilitada hasta el 10 de octubre y los resultados se presentarán en el Congreso de la Nación.

Con información de Greenpeace.

IG

Cuatro biólogos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) participaron de esta primera expedición para demostrar que un ecosistema entero está en peligro. Las imágenes de la travesía a bordo del velero Witness.

La primera noche a bordo del velero Witness comenzó para la enviada de elDiarioAR con la inauguración del balde. Medicación mediante y varias horas de sueño fueron suficientes para despertar saltando de la cama del camarote poco después de las 7 AM, ante el grito de Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace: “¡Es una ballena!”.

Era un jueves soleado, poco viento, aguas tranquilas y el barco aún estaba en aguas argentinas, rodeado por un centenar de delfines oscuros, lobos marinos y grupos de pingüinos y ballenas jorobadas que se dejaron avistar y se hicieron oír. El sonido de las jorobadas saliendo a la superficie interrumpe cualquier contemplación. El Mar Argentino está lleno de vida. El Gobierno y las compañías petroleras aseguran que también está repleto de petróleo y gas. 

La industria de hidrocarburos se prepara para comenzar en los próximos meses la exploración sísmica, primer paso antes de avanzar con la posible exploración y extracción.

La exploración sísmica se utiliza para detectar en el suelo marino la presencia de gas y petróleo. Consiste en sumergir cañones que disparan aire comprimido debajo del agua para detectar esas reservas. Greenpeace lo denomina “bombardeo acústico”, ya que el ruido que genera puede alcanzar los 300.000 kilómetros cuadrados. Un cañón puede generar entre 215 y 260 decibeles (un avión despegando produce 150 decibeles, un transbordador espacial, 180). 

Esa intensidad de ruido, aseguran los científicos a bordo, invade todo lo que vive alrededor y amenaza con romper una de las leyes que gobiernan su mundo: la ley del sonido en el mar. 

Greenpeace es dueña del Witness, un barco a vela que zarpó el miércoles 3 de mayo del puerto de Mar del Plata rumbo al Talud Continental, donde termina la plataforma continental argentina, una de las zonas más ricas en biodiversidad. elDiarioAR viajó invitado por la organización ambientalista. 

En esta primera expedición, el Witness llegó a aguas internacionales, a unos 500 kilómetros al este de Península Valdés, Chubut, desde donde retornó a Mar del Plata. Llegó el martes 9 de mayo por la noche, tras dos jornadas de mar agitado y malas condiciones climatológicas.

El viaje

Para una cronista apegada a la tierra, convivir durante siete días con once amantes del mar a bordo de un velero de 22,5 metros de largo ha sido una aventura maravillosa. Un amor que podría simplificarse en las caras de felicidad de los biólogos y activistas cuando contemplan, como niños asombrados, delfines saltando sobre el agua, una familia de orcas viajando con una cría o especies que nunca habían visto fuera de los libros y material de investigación, como el llamativo delfín liso, que no visita las costas y habita las aguas abiertas.   

Todas estas especies, entre otras como ballenas francas, jorobadas, cachalotes, lobos marinos, aves, calamares y peces, corren riesgos catalogados como “bajo”, “moderado” o “alto”, según reconoce el informe de impacto ambiental presentado por YPF para la exploración sísmica de una de las zonas donde se buscará gas y petróleo, a más de 240 kilómetros de las costas de la provincia de Buenos Aires.   

El velero, construido en 2003 en Sudáfrica, está al mando de Daniel Mares, australiano radicado en Nueva Zelanda y activista de Greenpeace desde la década de 1980. La tripulación está compuesta por otros tres activistas: el turco Erkut Ertürk (ingeniero), el francés Guven Daragon (oficial a cargo) y la belga Lies Vercamere (marinera de cubierta). 

El equipo de Greenpeace se completa con tres argentinos: Vueso (coordinadora) Hernán Pérez Orsi (investigador) y Osvaldo Tesoro (fotógrafo y camarógrafo).

A bordo, también se encuentran cuatro biólogos del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB): su director científico, Mariano Sironi y los investigadores Carina Marón, Camila Muñoz Moreda y Luciano Valenzuela.

Las aves marinas, como pardelas, albatros de cejas negras y petreles gigantes, y los lobos marinos acompañaron al Witness durante casi toda la travesía. Desde que perdió contacto visual con la ciudad de Mar del Plata, el velero ha estado rodeado de agua y cielo. Es una inmensidad indescriptible.

Después del espectáculo de delfines oscuros y ballenas jorobas del jueves 4 por la mañana, el Witness se topó por la tarde con unos 30 delfines comunes, otra especie diferente a los de la mañana, nadando al atardecer, a unos 200 kilómetros al este de Villa Gesell.

El viernes 5 amaneció con un grupo de decenas de delfines piloto -también llamados ballenas piloto, por su gran tamaño y color negro- nadando a gran velocidad. 

Por la tarde, el mar parecía espeso y más oscuro. Antes de las 5, una familia de orcas que viajaba hacia el noroeste del Witness se dejó ver y el velero trató de acercarse lo suficiente como para poder contemplarla. Era un grupo mixto de al menos cinco, entre hembras, machos y una cría, afirmaron los biólogos a bordo. El día estaba hecho. La noche también: era luna llena y en mar abierto es posible verla enfrentar en línea recta al sol rojo del atardecer. 

El domingo 7, ya en aguas internacionales, el Witness navegó sobre una montaña marina. El pie se encontraba a 1.200 metros de profundidad. A medida que el velero se acercaba al pico, la profundidad iba descendiendo hasta llegar a los 340 metros de profundidad. Y entonces el espectáculo regresó: poco antes del mediodía, el barco interceptó a otros 80 delfines piloto, que nadaban a toda velocidad y rodeaban la embarcación. Iban acompañados por otros delfines: el austral y el liso, un cetáceo muy difícil de ver, ya que sólo se mueve por aguas oceánicas, explicó Valenzuela, quien junto al capitán Mares no salían de su asombro. Era la primera vez que el biólogo veía un liso, uno de sus cetáceos favoritos.

A vela

La noche del domingo 7 estuvo iluminada por la luna llena pero también por los barcos pesqueros de calamar, que utilizan la luz para atraerlos a sus redes gigantes y parecen ciudades a la distancia.

La vida a bordo del Witness consiste en buena cocina, buena música, el carisma de sus habitantes y la muestra de maniobras admirables para adaptar las velas a los objetivos y el clima. Todos cocinan; todos limpian; casi todos navegan, en turnos o guardias, 24 por siete. 

El protocolo del barco incluye dieta vegetariana obligatoria, duchas de tres minutos, generación de energía solar y eólica a bordo, y un salvavidas también obligatorio para drones por si caen accidentalmente al mar. Así evitan que se hundan sus baterías contaminantes. 

El objetivo de Greenpeace en este viaje es “ver con nuestros propios ojos lo que podríamos estar destruyendo si avanzamos con estos proyectos” de exploración sísmica y extracción de petróleo y gas, afirma Vueso. “Lo que importa no es sólo si las plataformas se van a ver o no desde la playa de Mar del Plata, sino que a 300 kilómetros hacia adentro hay mucha vida que sería alterada y afectada”, aseguró la coordinadora de la campaña Océanos de la organización. 

“Llegamos hasta la zona norte del frente del Talud Continental, justo con el límite lateral marítimo con la República Oriental del Uruguay”, resume Pérez Orsi, investigador a bordo.

Mientras muestra el mapa digital de la ruta, el activista explica que el velero está siguiendo la línea del Talud porque es allí “donde el continente se sumerge definitivamente en el Océano Atlántico y donde se dan fenómenos que hacen que esta zona tenga una importancia relevante para la biodiversidad”, afirma. También es la zona donde se buscará gas y petróleo.

¿Qué hace de estas áreas un punto neurálgico para la vida en el mar? “El aporte de aguas cargadas de oxígeno y nutrientes por parte de la corriente de Malvinas, que es la autopista que comunica las islas con la boca del Río de la Plata, aportan lo necesario para que las especies tengan aquí uno de los lugares más importantes para la alimentación y es uno de los frentes productivos que tienen más importancia, no sólo a nivel regional y hemisférico, sino a nivel mundial”, responde Pérez Orsi. 

“Este viaje fue una primera etapa de reconocimiento y nos gustaría poder profundizar el estudio en el futuro. La exploración sísmica y la perforación son inminentes porque están aprobadas y hay dos nuevos proyectos de exploración sísmica pendientes, uno de Shell en la Cuenca (Argentina Norte) y otro de TGS (otra empresa noruega) en la Cuenca Malvinas”, agregó Vueso.

El velero lleva un hidrófono. Consiste en un cable de 300 metros de largo que arrastra un tubo de otros cinco metros con un micrófono que registra cuatro frecuencias, dos bajas y dos altas, y un sensor de profundidad.

Los sonidos que registra el hidrófono son procesados y observados en una central de monitoreo a bordo y, en aguas internacionales, donde no se requieren permisos del Estado argentino, Greenpeace grabó día y noche todos los sonidos registrados para detectar delfines y ballenas. “Fue muy importante poder escuchar el silencio del mar y cómo cuando aparecían los animales, aparecían también sus sonidos, los que exploración sísmica, al generar grandes explosiones acústicas, va a romper”, explicó Vueso.

Nuestra vida está rodeada de petróleo y sus derivados: desde el transporte hasta la ropa, elementos básicos de trabajo, higiene personal, en la cocina, en el baño y en nuestros teléfonos. ¿Podemos vivir sin él? “De alguna manera somos rehenes de este sistema y estamos pidiendo que se empiecen a generar esos cambios políticos y sistémicos necesarios, pero eso requiere de voluntad política. Primero, planteamos que no se abra una nueva frontera como en un ecosistema tan importante como el Mar Argentino ni sumar más gases de efecto invernadero; tampoco que se siga afectando a comunidades locales en pos de la industria petrolera”, aseguró Vueso.

Ruido

Sironi, uno de los cuatro biólogos de la institución que se unieron a Greenpeace en esta expedición, escribió un artículo que se titula “En el mar el ruido mata”. “Así como nosotros obtenemos la mayor parte de la información del medio que nos rodea a través de la vista y de la luz, los cetáceos ‘ven’ su mundo submarino a través del oído y de los sonidos”, escribió el biólogo cordobés. 

Los disparos sonoros de la exploración sísmica, que en una primera etapa realizarán la empresa noruega Equinor en alianza con YPF y Shell, pueden perjudicar desde el tránsito, la alimentación y la reproducción de mamíferos marinos, invertebrados (langostinos, calamares) y peces. Puede incluso provocar la muerte de estas especies, explicó Valenzuela, quien además es investigador del Conicet en la Universidad Nacional del Centro (UNC) de la provincia de Buenos Aires.

“Imaginemos por un momento cómo sería la vida de las personas videntes si estuviéramos constantemente encandilados por luces fuertes, reflectores, faros y todo tipo de fuentes de luz intensa. Nos chocaríamos entre nosotros y contra obstáculos, no podríamos dormir, viviríamos estresados, enceguecidos y buscaríamos aislarnos de todo para evitar ese acoso luminoso. Así y todo, podríamos cerrar los ojos e incluso taparlos para evitar la luz. Pero las ballenas y los delfines no pueden ‘cerrar los oídos’ para dejar de escuchar esos ruidos, que los acosan día y noche, en todos los mares”, escribió Sironi.

Equinor, la empresa noruega que realizará la exploración sísmica, asegura que opera con “los más altos estándares internacionales” y que el impacto será “bajo”.

Después del ruido, vendrá la instalación de plataformas en el mar para proceder con la extracción de gas y petróleo. Es el segundo riesgo que temen los científicos y organizaciones como Greenpeace:

“La actividad petrolera en el mar es peligrosa y produce impactos. Ahora, perforaciones a grandes profundidades como las que se realizarán en este caso es otra escala de complejidad. Nunca nos tenemos que olvidar del accidente de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Fue uno de estos casos, fue un pozo de alta profundidad y no pudieron contenerlo. Fue uno de los desastres ambientales más grandes de las últimas décadas”, afirma Valenzuela.

Además del impacto del sonido, “los riesgos de esta actividad en el mar es que se produzcan derrames, escapes de gas, explosiones que ponen en riesgo a las personas que trabajan en las plataformas. Cuando hablamos de una empresa como Equinor, nos la venden como una empresa nórdica de primera línea pero en realidad no es tan así: la empresa ha reportado 73 eventos de accidentes en los últimos 5 años”, aseguró Vueso.

La bióloga Marón está a bordo del Witness para tomar muestras de plancton y milimétricos invertebrados denominados krill y copépodos en aguas internacionales. Son el alimentos de la ballena franca, principal especie estudiada por los biólogos del ICB. “La ballena franca es representante de todo el entramado y la complejidad del ecosistema marino del que forma parte”, aseguró la científica cordobesa a elDiarioAR. 

Los científicos determinaron que la ballena franca viene a alimentarse a estas zonas, que coinciden con las áreas adjudicadas por el Gobierno a las petroleras. Vienen justamente antes de mayo, época en la que coincidiría con la exploración sísmica.

Pobreza y petróleo

El Gobierno y sectores políticos y económicos, incluso académicos, sostienen que los países subdesarrollados como Argentina deben seguir explorando y explotando hidrocarburos porque no han contribuido en gran medida con el calentamiento global y la contaminación. Lo ratificó el ministro de Economía, Sergio Massa, ante empresarios del sector en IDEA Energía 2023, en la provincia de Neuquén, hace unas semanas.

“Eso es una falacia -responde Vueso-, en primer lugar la explotación de la naturaleza no garantiza el desarrollo económico bajo ningún punto de vista y eso a esta altura es más que evidente. Además, las empresas son muy claras en los documentos publicados sobre la muy acotada generación de empleo que traen a países como Argentina. Los barcos vienen con personal especializado del exterior. La prioridad hoy debería ser avanzar con la transición energética y asegurar empleos en el largo plazo, no a 20 años, porque estos proyectos se terminan pronto”. 

Después del ruido

En cuanto al riesgo de perforar en el mar, la Secretaría de Cambio Climático de la Nación respondió a elDiarioAR sobre el Proyecto Argerich -uno de los que se llevará adelante próximamente- y sostuvo que “se contemplaron los peores escenarios adversos” a través el Servicio de Hidrografía Naval, entre otras áreas, y “en ellos se calcula que la posibilidad de derrames a partir de la actividad exploratoria del Proyecto Argerich son contundentemente bajas (1 en 8.064)”. 

En cuanto a la posibilidad de un derrame por parte de buques de la actividad en estas áreas, el riesgo se calculó como 1 en 40 años, agregaron. A esa posibilidad, se agrega el impacto del tránsito de buques que generará la actividad en estas áreas ahora habitadas por los no humanos.

¿Cómo hará el Estado argentino para controlar a compañías a 240 o 350 kilómetros de las costas bonaerenses, en pleno altamar? ¿Cómo se controlará la contención y existencia de accidentes, como derrames y explosiones? La Secretaría de Cambio Climático respondió a este medio que la fiscalización estará a cargo de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Prefectura Naval, pero el cómo harán las tareas de control es la clave y no está claro cómo será posible en condiciones tan complejas.

ED