Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció que enviará un proyecto de ley relativo al acceso de armas de fuego en Argentina. Lo que surge del comunicado ministerial es la voluntad del gobierno de que “los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo”. El objetivo sería intensificar “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”. Entre las formas de implementar esta política, estarían eliminar pasos burocráticos para ser Legítimo Usuario, eliminar una nueva acreditación de idoneidad en el manejo de armas para renovar la credencial de Legítimo Usuario y regularizar la tenencia de armas por parte de usuarios irregulares.

Es difícil saber qué está detrás de esta nueva iniciativa gubernamental, pero lo que es seguro es que no es la evidencia científica. Los estudios disponibles muestran que, lejos de aumentar la seguridad ciudadana, la flexibilización en los requisitos para la tenencia de armas aumentan el crimen violento, en particular, y la seguridad ciudadana, en general. Esto es claro aun cuando los estudios sobre el impacto de la libre portación y tenencia de armas son escasos, debido a restricciones gubernamentales a su financiamiento, producto de lobbies de asociaciones pro-armas.

El país en el que más se ha investigado sobre la tenencia de armas es Estados Unidos, dado que su regulación es más laxa que la del resto de países occidentales desarrollados. Estados Unidos es, además, el lugar al que Milei mira con mayor admiración a la hora de importar políticas, lo que parece especialmente claro en este tema en concreto. Allí, la desregulación en la portación de armas se expandió en el último medio siglo: en 1970, sólo cinco estados tenían leyes abiertas respecto de la libre tenencia y portación de armas. Hoy, la cifra pasó a cuarenta y dos estados (de un total de cincuenta). Esto ha llevado a que, en la actualidad, Estados Unidos sea el país con más armas per cápita del mundo. En el mismo lapso, se ha convertido, entre los países desarrollados, en el líder, por habitante, en homicidios causados por armas de fuego, en violencia con armas de fuego en general y en suicidios y accidentes por el uso de armas de fuego.

Desagregados, los datos son aún más ilustrativos. Entre otras cosas, se ha observado que las personas que conviven con un portador de armas tienen el doble de posibilidades de morir en un homicidio; además, tienen siete veces más posibilidades de ser asesinadas por su conviviente (el 80% de las víctimas son mujeres). Tener un arma en casa también facilita el suicidio: los hombres que tienen un arma en casa se suicidan con un arma de fuego ocho veces más que los que no la tienen; entre las mujeres, la tasa es de treinta y cinco veces más suicidios entre las que pueden acceder a un arma en su casa. Para los niños la situación no mejora: en los Estados con leyes que facilitan la tenencia de armas hay dos veces más muertes de niños producto de heridas con armas de fuego y también es mayor el suicidio infantil. Otra consecuencia de las desregulaciones en materia armamentística son los tiroteos masivos, especialmente en escuelas, que destruyen comunidades enteras.

Aun así, podría objetarse que si la tenencia de armas genera un descenso en el delito tan grande que compensa los efectos ¿colaterales? expuestos, todavía es posible argumentar a favor de la desregulación. Pero esto no es así. Por el contrario, el delito violento tiende a aumentar hasta un 15% en lugares con pocas restricciones a la tenencia de armas. En suma, ni siquiera un argumento de ultraderecha tal como “la gente tiene que poder matar al que entra a robar” sirve para sostener la desregulación. La libre circulación de armas facilita el acceso a ellas, también, por parte de bandas criminales y grupos violentos, con lo que, como muestran los números, el delito sube con este tipo de políticas.

Todos estos números, ya de por sí más que preocupantes, podrían ser peores aún en nuestro país si se combinan con otras iniciativas gubernamentales. Aquí no me refiero, simplemente, a que en una situación de recesión económica y de desmantelamiento de la asistencia estatal el delito tiende a subir (lo que muestran todos los estudios), y a que con armas en circulación esto puede generar un combo explosivo. Apunto a cuestiones más concretas. Como marcaron los senadores Lousteau y Di Tullio, en la Ley Bases, el silencio administrativo positivo genera que ante un pedido al Estado, la no respuesta se tome como un sí. En esta ley, a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay una excepción en materia armamentística. Es decir que si pido un arma y por problemas burocráticos no me responden, podré tenerla. Esto, sumado a la falta de acreditación de idoneidad en la renovación de la credencial de Legítimo Usuario que impulsa el Ministerio de Seguridad, puede dar lugar a que todos, aun los menos aptos y recomendables, tengan armas.

Por último, es importante notar que, aun cuando es indudable que la seguridad es un problema grave en Argentina, el delito violento no llega a cifras que ameriten decisiones excepcionales. La tasa de homicidios en Argentina es de las más bajas de la región (31 entre 46 países) y, además, ha bajado a la mitad en los últimos quince años. Es, incluso, más baja que en Estados Unidos, donde ronda los 6/100.000 homicidios, contra 4/100.000 en Argentina. Liberar la tenencia de armas en un contexto recesivo, con un Estado ausente y sin controles administrativos terminará con esta realidad y pasaremos a subir posiciones en otro ranking que nadie quiere liderar: el de homicidios y muertes por uso de armas de fuego. Y esto no servirá, ni siquiera, para que neo-fascistas celebren la muerte de quienes cometen delitos. Porque también morirán niños, mujeres, personas con problemas de salud mental o gente que, ante la crisis, vea el arma en su cajón como una salida.

MA/JJD

Soy quilmeña, en el exilio capitalino desde hace varias décadas, y siempre pensando en volver al sur. Como quilmeña, amo el río y visito cada vez que puedo nuestra Ribera. El sábado 31 de julio me fui a leer al sol, de frente al horizonte grisceleste. Al rato, pasaron dos amigas de la secundaria. Charlamos, y cuando los bancos de cemento y sin respaldo comenzaron a incomodarnos, decidimos ir a tomar un café. Abrimos los baúles de nuestros autos, sacamos sendas mochilas. En un segundo, gritos y un rayo de dolor, mi cabeza arrastrando por el asfalto, tres pibes corriendo con mi mochila violeta y con la mochila negra de una de mis amigas. En seguida un patrullero se metió por donde habían entrado y yo pensé: “Que no les hagan nada, solo que me traigan lo que descarten”.  

         Hace poco entregué un proyecto de libro que se llama “Contra el punitivismo”. Allí trato de discutir de modo sencillo algunas ideas impuestas, o aceptadas sin demasiado debate, sobre el funcionamiento del sistema penal. Se llama así porque entiendo como punitivismo la concepción de que castigar más y por más tiempo, o llenar la calle de policías, cámaras, patrulleros y armas, resuelve la problemática de la violencia y de los delitos que nos afectan más directamente: que nos saquen nuestras cosas, que nos lastimen. O que lastimen a los seres que amamos. Que un momento de disfrute y alegría, que un encuentro entre amigxs, se transforme en un segundo en otra cosa: gritos, violencia, despojo.

         Lo que intento decir en ese libro, y cada vez que escribo o hablo sobre el tema, o cuando abogo por los derechos de las personas privadas de libertad, es que aumentar las penas, o llenar la calle de policías, no sirve para que vivamos en una sociedad más segura. Suelen responderme con una frase: “Porque no te pasó a vos”.

         Evidentemente, a mí, como a la mayoría de las personas, me pasaron varios de esos hechos que tanto nos angustian: entraron a mi casa en dos oportunidades, y se llevaron cosas valiosas; me robaron muchas veces en la calle: celulares, cadenitas, billeteras, carteras. En Quilmes y en Almagro, en el subte y en el colectivo, en un negocio del Once, y en Mar del Plata. En una ocasión, la violencia estuvo a un segundo de caer sobre mi cuerpo: En julio de 1981, entrando en mi casa, un departamento frente a la estación de Quilmes, un tipo que dijo que estaba armado, me llevó junto a una amiga a un descampado, y cuando estaba a punto de violarme (“Sacate las botas y la campera”, fue lo último que escuché), me levanté y salí corriendo, gritando hasta la avenida junto con mi amiga. Era plena dictadura, el día anterior había habido un paro de la CGT Brasil, policías y fuerzas de seguridad y militares patrullaban por todos lados. Esa presencia no evitó esas horas de terror, dentro del contexto del terrorismo de Estado.

         Cuando llegué el sábado a la Ribera, dejé el auto cerca de donde había un patrullero estacionado. Cuando todo pasó, no sé si seguía ahí, pero ese, u otro, fue el que ingresó al barrio donde corrieron los pibes, y dos más volvieron a pasar en la siguiente hora. Ninguno encontró nada.

         Lo que nos hicieron esos pibes, si fueran detenidos y llevados a juicio, podría calificarse como un robo agravado. Para el caso de que fueran punibles, les correspondería una condena de 5 a 15 años, sin posibilidad de tener salidas transitorias ni libertad condicional. Eso, por las últimas reformas punitivistas: las condenas se cumplen de punta a punta. Y entonces, tomándome como ejemplo para explicar lo que pienso: ¿de qué me sirve a mí, como víctima, o a mi amiga, que esos pibes pasen cinco años hacinados en una cárcel?  ¿En qué repara la tristeza y el dolor -en la cabeza, en la pierna, en el cuello, en el corazón- ese dolor planificado sobre sus cuerpos y sus almas?

         Muchxs personas piensan: “Mientras están presos, al menos, esos no joden”. ¿Y el resto? ¿Y las condiciones que hacen que esos pibes estén haciendo eso, a pasos de la muerte o la cárcel? Porque podrán robar una, dos, diez mochilas. Pero algún día quizá una bala policial los alcance, o sean linchados, o finalmente los cacen y terminen encerrados.

         ¿Eso quiere decir que a mí me gusta que la gente robe, lastime o mate? Claro que no. Y tampoco me provoca deseos de venganza ni odio contra el pibe que apenas llegué a entrever mientras me caía y sentía que mi cabeza giraba contra el asfalto.

         Si quienes nos robaron fueran detenidos, el Estado destinaría un montón de dinero en jueces, fiscales, defensores, policías y penitenciarios, para nada. O para empeorar todo: su vida, la de su familia, sus escasas perspectivas. Entonces, lo que trato de plantear es que no sirve. Que el encierro, las penas cada vez más altas, la prohibición de tener salidas transitorias o libertad condicional no evitan ni reparan nuevos dolores ni violencias. Que es un gran negocio llenar las calles de cámaras, de patrulleros y de policías, y que eso puede evitar que se cometa un delito en un lugar específico, pero como no es posible cubrir la tierra entera de controles y de armas, hay que pensar otra cosa. Una sociedad más igualitaria, por ejemplo. Condiciones dignas de vida. Derechos para todes les niñes de nuestra Patria a vivir una infancia y una adolescencia felices, en las que no sea una opción arrebatar mochilas o cámaras fotográficas como modo de vida. Lo que me gustaría es que la canchita a la que corrieron los pibes, y donde después descartaron algunas de nuestras cosas, sea el espacio de juego y de encuentro de todo el barrio, y que el Estado esté presente ahí, no solo en la forma de un patrullero inútil.

         En estos días, luego de este hecho, muchas personas fueron solidarias y amorosas. Recuperamos algunos documentos y objetos de valor afectivo, que nos acercaron con absoluto desinterés. Medios quilmeños publicaron notas con títulos como “Le robaron a la ex funcionaria que pedía liberaciones de presos”. Unían un corto lapso de función pública en Quilmes, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, y mi militancia activa a favor de los derechos de las personas privadas de libertad, siempre, y particularmente durante la pandemia. Algunos de los comentarios destilaban odio, y alegría porque “al fin te tocó”. “Jodete”, escribieron varios, “por defender delincuentes”. A mucha gente le cuesta entender algo que hace muchos años me enseñó David Baigún, maravilloso profesor de derecho penal: defendemos los derechos de las personas acusadas o condenadas por algún delito, no sus hechos. A mí me parece sencillo de comprender, casi una obviedad, pero vivimos tiempos en que nada es obvio, ni siquiera algo que está vigente, en nuestro país, desde la Asamblea del Año XIII.