La madre de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un tiro policial en 2020, dijo hoy, tras escuchar las últimas palabras de los 13 policías que son juzgados por el hecho, que sintió “mucha desilusión” porque pensó que “iban a decir algo distinto” y lamentó que “sigan creyendo que el silencio es la mejor arma”.

A la espera de que el jurado popular que participa del juicio de su veredicto, Soledad Laciar realizó declaraciones a la prensa en las que lamentó lo que escuchó en la última jornada el debate.

“Siento mucha desilusión, pensé que iban a decir algo distinto, parece que los que estamos acá somos todos locos y que la justicia los puso presos por equivocación, que somos unos papas que estamos dementes, pero acá hay una sola realidad: Blas no está, plantaron un arma el sábado a la mañana, dijeron que había un enfrentamiento no que ocurrió, un arma que no ocurrió...lamento que siga este silencio profundo dentro de la policía y que sigan creyendo que el silencio es la mejor arma”, expresó la mujer.

Laciar agregó que, tras haber participado del juicio y de haber accedido a todas las pruebas, tiene “la plena seguridad que son responsables” quienes están siendo juzgados, al tiempo que manifestó que confía “en que la cámara y el jurado popular van a resolver como corresponde”.

“Yo no quiero nada ejemplificador, creo que la justicia tiene que ser justa, no quiero que Blas sea ejemplo de nada, quiero que se haga justicio para poder seguir luchando y llegar a los verdaderos responsables intelectuales de la policía que tenemos hoy, estas personas que estamos viendo son las que hacen que esté muy alejada de la policía de la la sociedad”, sostuvo.

Finalmente, la mamá de la víctima dijo que Blas demostró “que esto no pasa solo en los sectores vulnerables, a los que pueden callar y amedrentar, esto le pasa a cualquiera, le pasó a un pibe de clase media al que no le pudieron meter un arma ni plantar una situación que no existe porque existe una familia por detrás y una sociedad entera que dijo 'esto no va más'”.

Los dos policías acusados de disparar y matar a Correas al tirar contra el auto en el que se trasladaba con amigos por la capital cordobesa en agosto de 2020, dijeron hoy, al pronunciar sus “últimas palabras” antes del veredicto del jurado popular, que no tuvieron “intención” de matar, mientras que los otros 11 efectivos imputados por encubrimiento se declararon inocentes o dijeron que cometieron “errores”.

Tras ello, el tribunal técnico a cargo del debate pasó a un cuarto intermedio para que los miembros del jurado popular deliberen y den a conocer su veredicto, lo que se estima sucederá cerca de las 18.

El primero en hablar fue el cabo primero Lucas Gómez (35), quien efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria sobre el automóvil Fiat Argo en el que iba Blas con sus amigos.

“No tuve intención de quitar la vida a nadie ni atentar contra nadie”, expresó el imputado, tras lo cual pidió “perdón” por el hecho.

Por su parte, el otro acusado el crimen, el cabo primero Javier Alarcón, manifestó que “no” es un asesino y que “no tenía intenciones homicidas” cuando realizó los disparos.

Los restantes 11 acusados, que enfrentan cargos por encubrimiento, negaron las imputaciones, al sostener que no cometieron ese delito y que por lo tanto son “inocentes”.

La única que atinó a admitir que cometió “errores” cuando se encargó de “plantar” un arma a las víctimas fue Wanda Esquivel, quien además pidió “perdón”.

Antes del inicio de la audiencia, el papá de Valentín Blas Correas, había manifestado que espera una “condena para todos” y que la “sentencia es el comienzo de la lucha por la verdad y justicia” para su hijo.

“Estamos esperando con mucha ansiedad y nuestra expectativa es que el veredicto sea la condena para los 13 policías, porque todos tuvieron su parte de responsabilidad”, manifestó Fernando Blas Correas (52).

El padre de la víctima adelantó que ya se está trabajando en avanzar en un “segundo juicio, porque aquí no están sentados todos los que deben dar respuesta sobre el asesinato de mi Blasito”.

“Faltan los que los dejaron morir, no le prestaron auxilio”, dijo Correas, quien enfatizó que “la lucha continúa”.

Por su parte el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien representa a la familia del adolescente como querellante, dijo que espera que los 13 policías sentados en el banquillo reciban sentencia para luego “continuar con la investigación”, ya que “el poder político y la institución policial también tienen que dar respuestas”.

Del debate participan el secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Pietragalla, en calidad de 'amicus curiae', y representantes de Amnistía Internacional es 'observador' del proceso.

Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Gómez (37), “con intención de matarlos” efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón (33), “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías donde luego ocurrió la balacera.

Los fiscales y las querellas, en sus alegatos, solicitaron “prisión perpetua” para Gómez y Alarcón, al considerarlos “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego”.

También por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-, en concurso ideal, y todos ellos en concurso real”.

Además, pidieron seis años de prisión por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal”, para el subcomisario Sergio González (44), el comisario Juan Antonio Gatica (46), y los comisarios inspector Jorge Galleguillo (46) y Walter Soria (45).

Mientras que la oficial ayudante Yamila Martínez (25) y el subcomisario Enzo Quiroga (36) enfrentan pedidos de condena de cinco años y nueve meses; el cabo Ezequiel Vélez (25) de cinco años y cuatro meses y el agente Rodrigo Toloza (29), el cabo Leonardo Martínez (20); el oficial ayudante Ezequiel Vélez (24) y la agente Wanda Esquivel (34) de cinco años.

CRM con información de la agencia Télam

Un jurado popular decidirá este viernes si los 13 policías acusados por el crimen y el encubrimiento de Blas Correa, quien fue asesinado en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020 en un control vehicular, son culpables o no.

Después de varios meses de audiencia, el juicio llegará a su fin y existe la posibilidad de que los jueces de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba lean el mismo día las penas que le corresponden a cada uno de los acusados.

En la etapa de alegatos del juicio -que comenzó el 7 de septiembre del año pasado-, la Fiscalía a cargo de Fernando López Villagra, solicitó que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón reciban la pena de prisión perpetua por ser coautores de los delitos de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.

Además los responsabilizó por la tentativa de homicidio de los otros cuatro jóvenes que iban en el vehículo y que de milagro no resultaron heridos.

Con respecto a los otros 11 policías imputados, el fiscal pidió cinco años y nueve meses de prisión para la oficial ayudante Yamila Martínez, la compañera de patrullero de Gómez y quien participó del supuesto rastrillaje en el que secuestraron el arma en el auto de los jóvenes.

También solicitó seis años de prisión para Walter Soria, Jorge Galleguillo, Sergio González y Juan Antonio Gatica; cinco años y nueve meses para Enzo Quiroga; cinco para Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Toloza y Ezequiel Agustín Vélez; y cinco años y cuatro meses para Leandro Alexis Quevedo.

Los abogados de los imputados solicitaron la absolución excepto, en el caso de Lucas Gómez, en donde pidieron que haya una modificación en la imputación al sostener que “no tuvo intención de matarlo” ya que “tiró hacía bajo para que la bala pegara en la rueda”.

“Pido una sentencia justa. No es con ánimo de revancha, sino con búsqueda de justicia y de intentar dejar al descubierto este perverso mecanismo institucionalizado y naturalizado de violencia policial en Córdoba”, expresó Soledad Laciar, mamá de Blas, antes de que se dé a conocer la sentencia.

Y continuó: “Uno de esos interrogantes, tal vez el más inentendible, ha sido tratar de comprender por qué razón las personas dedicadas profesionalmente a protegernos del delito asesinaron a un adolescente, sin ningún tipo de necesidad. Sin ninguna necesidad y sin ningún sentido”.

Por último, Laciar remarcó que su hijo fue víctima de una seguidilla de acciones ilegales por parte de la fuerza: “A Blas no lo mataron una vez, sino muchas veces”.

El joven de 17 años fue asesinado la madrugada del 6 de agosto de 2020, en plena cuarentena, cuando salió con sus amigos a comer por el centro de la ciudad de Córdoba.

Cuando regresaban del encuentro, Juan Cruz Camerano Echevarría, de 21 años, conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos, y cuando circulaban por la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa se encontraron con un control policial de prevención, en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad. Sin embargo, el auto siguió su curso y no paró.

Durante el juicio el joven conductor manifestó que no frenó ya que cuando bajó la velocidad observó que en todo momento había una persona apuntándolos con un arma y que por ese motivo decidió seguir con la marcha creyendo que eran delincuentes.

Allí fue cuando Gómez, de 37 años, y según consta en la causa y en la elevación a juicio, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto “con intención de matarlos”.

En tanto, Alarcón, de 33 años, que también se encontraba en el puesto de control, efectuó dos disparos contra el vehículo en marcha “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”.

Uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas y le produjo la muerte.

Tras ello, y con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías Alarcón y Wanda Esquivel “plantaron” un arma en las cercanías del lugar, mientras que el auto fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde el joven ya se encontraba sin vida.

Antes de llegar a ese lugar, se corroboró que los amigos llevaron al adolescente al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo.

Por este motivo hace algunas semanas se confirmó que esa causa contra el hospital fue elevada a juicio.

CRM con información de las agencias NA y Télam

La fiscalía de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba pidió hoy que se condene a una pena de prisión perpetua a los dos policías que dispararon y mataron al adolescente Blas Correa de 17 años la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando la víctima viajaba junto a amigos en un automóvil que recibió seis impactos de bala.

El pedido fue formulado durante su alegato por el fiscal Fernando López Villagra y recayó sobre los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), sobre quienes pidió que sean condenados por el delito de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.

“La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos sino para matarlos”, dijo con firmeza el fiscal López Villagra antes de pedir la prisión perpetua para los dos principales acusados.

Tras el pedido de este fiscal, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora para que continúe con el fiscal Marcelo Hidalgo, quien pedirá las condenas para los otros 11 policías que llegaron al debate, pero acusados por otros delitos, entre ellos “falso testimonio y encubrimiento”.

Los restantes acusados, todos policías, son Wanda Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica

En la jornada de alegatos estuvieron presentes los cuatro jóvenes que viajaban en el Fiat Argo que recibió los seis balazos: Cristóbal Bocco Cámara, Mateo Natali, Camila Toci y quien conducía, Juan Cruz Camerano Echevarría (21), quien en ese momento era el único mayor de edad con 18 años, mientras que los restantes tenían 17.

Junto a ellos estuvo de manera permanente la mamá de Correas, Soledad Laciar, quien en diálogo con Télam dijo: “La sociedad entendió que esto no puede pasar, yo sola no hubiese logrado nada sino tuviese la compañía ni la empatía de entender que no hace falta que te pase para pedir que las cosas cambien, para mí es el nunca más, y es entre todos”.

Con respecto a la sentencia que se espera conocer el mes que viene, Laciar admitió: “Prefiero ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, faltó un montón en este juicio, pero como dije, mi lucha no termina acá, va a terminar cuando las cosas cambien, este es un primer paso importante, hacía mucho tiempo que no había 13 policías sentados, con la expectativa de que haya por lo menos 15 más”, se extendió.

Con información de Télam.

IG

Milagros mira a Blas y le enseña a su hermanita menor Martina, a repetir el nombre de su hermano: “Blas”. La mayor, que ahora tiene tres años, era una beba cuando la Policía de Córdoba asesinó a su hermano. Y Martina, la menor, no alcanzó a conocerlo, nació ocho meses después de este crimen que conmocionó a Córdoba. En abril cumplirá dos años.

En su casa de barrio Villa Cabrera, Soledad Laciar habla con elDiarioAR; mientras su marido Ramiro, papá de las nenas, prepara café. Hace frío en Córdoba en pleno febrero. Juan, el hijo mayor, llega de la calle, saluda con un beso a todos, les hace upa a sus hermanas y los tres se van hacia el interior de la casa. Parece que todo transcurre con normalidad, salvo que la charla con Soledad, es para contar las novedades sobre el final del juicio por el homicidio de Blas Correas, su hijo de 17 años que fue asesinado por la Policía de Córdoba en un caso de gatillo fácil, la madrugada del viernes 6 de agosto de 2020 en plena cuarentena por el Covid-19.

“En estos seis meses de juicio quedó ampliamente demostrado que los policías Alarcón y Gómez dispararon contra el auto donde iba Blas y lo mataron. Que nos salvamos de una masacre de milagro y los chicos, los amigos de Blas salvaron sus vidas. También se demostró ampliamente que no los ayudaron a salvar la vida de Blas; y que tras su muerte, armaron una operación donde están involucrados policías y funcionarios políticos; más allá de los 13 acusados que están siendo juzgados. Cuando reclamamos Justicia, reclamamos que todos los involucrados sean condenados, no sólo los 13 imputados”, relata Soledad Laciar sin levantar el tono y sin mostrar enojo.

El miércoles 8 de febrero en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, comenzó la segunda etapa del juicio en el que los policías Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36) están acusados de haber asesinado a Blas Correas (17) hace 30 meses, la madrugada del 6 de agosto de 2020 en un retén policial. Otros 11 acusados, todos policías, están imputados del delito de encubrimiento en diversos grados. Ese día, renunciaron cuatro jurados populares, tres adujeron cuestiones de salud y el cuarto por motivos laborales. El viernes 10, se resolvió que todos los testimonios de testigos se incorporaran por lectura, y que desde este miércoles 22 comenzara la maratón de alegatos: primero el fiscal Marcelo Hidalgo; el viernes 24 el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno; y desde el viernes 3 de marzo, el turno de los defensores.

Violencia institucional

“El ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que ahora es legislador, declaró en el juicio y admitió ante jueces, jurados populares, la prensa y ante nosotros, que en el asesinato de Blas hubo violencia institucional, que se lesionaron los Derechos Humanos. La Justicia debe decir en su fallo, algo al respecto. Si el propio ministro Mosquera, responsable de la seguridad y jefe político de la Policía de Córdoba, admite que el homicidio de Blas fue un caso de violencia institucional, no puede ser que sólo sean juzgados 13 policías. No se puede naturalizar que en Córdoba, donde el gobernador (Juan) Schiaretti quiere ser candidato a Presidente, la violencia institucional y la violación sistemática de los Derechos Humanos sea lo normal y no la excepción. Durante los años que Mosquera fue ministro, además de Blas, fueron asesinados por la Policía, otros chicos, como Joaquín Paredes y (José Antonio) Avila. Mientras se están juzgando a 13 policías por la muerte de Blas; en otro tribunal están juzgando el caso de (Isaías) Luna, el chico del robo de barrio Urca al que asesinaron por la espalda y también le plantaron un arma como a Blas. No son casos aislados, es la política de Seguridad que implementó Mosquera”, denunció Soledad Laciar.

-¿Usted cree que a partir del juicio pueden cambiar algunas calificaciones legales de las imputaciones, como pasar de encubrimiento a encubrimiento agravado, y que además haya nuevos imputados?

-El fiscal Hidalgo nos dijo que iba a pedir una ampliación de la denuncia. Que se iba a correr vista para que haya nuevos imputados. Quiero ver qué dice el miércoles en el alegato. La Justicia ha demostrado que los condenados son casos puntuales; pero como sistema no se condena a la violencia institucional. Nosotros como querellantes exigimos que la sentencia condene explícitamente la violencia institucional, que se acepte que en el caso de Blas hubo un sistema, un aparato institucional diseñado para asesinarlo y luego encubrir el homicidio. Eso es lo que quedó expuesto en el juicio. A los policías Alarcón y Gómez los condenarán por el homicidio; a sus compañeras de patrulla, por encubrimiento. Pero acá hay más responsables que ocultaron pruebas y armaron una causa, no sólo los 13 imputados; los chats, las charlas entre oficiales de la Policía y funcionarios políticos que vimos todos en el juicio exponen que hubo un plan institucional para tapar todo. A nosotros no nos sirve que imputen a cinco, 10, 15 policías más, lo que se está juzgando no es sólo el homicidio de Blas, en el banquillo está el sistema de encubrimiento del gatillo fácil. ¿Van a juzgar a más policías, y con eso va a terminar la violencia institucional en Córdoba? No veo la intención del Gobierno de iniciar cambios profundos, de reformar a la Policía para que no haya más violencia institucional.

-Para la familia no cambió nada desde el asesinato de Blas en materia de formación policial…

-Sí. No hay ningún cambio profundo. El Ministerio de Seguridad dejó de ser ministerio y pasó al Ministerio de Gobierno. Pero en la política de seguridad no hubo ningún cambio. No es una crítica a este gobierno, no tengo nada personal contra Schiaretti, ni contra Mosquera, ni contra (el secretario de Seguridad, Claudio) Stampalija, que el otro día dijo que ‘la Policía no es violenta’. ¿Qué les pasa? Acá no hay cambios de raíz, yo voy a estar tranquila el día que sepa que mi hijo y mis hijas puedan salir y volver sin que les pase nada. Acá hay un sistema aceitado, la Policía mata, encubre; el poder político amplía el encubrimiento y se busca impunidad. Lo vimos todos en las audiencias. No se trata de dos policías loquitos o dos malos policías. Ni de un ministro que se va de boca al admitir bajo juramento que en Córdoba hay violencia institucional. Es el modelo cordobés de Seguridad, que Schiaretti quiere proponer a nivel nacional, ahora que quiere ser candidato a Presidente. Eso les va a ofrecer a los votantes del resto del país, una Policía que mata a sus jóvenes, como en Córdoba.

La madre de Blas contó que al final del juicio “quiero ver qué dicen Amnistía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que son observadores. En junio, estaría listo el informe de Naciones Unidas sobre violencia institucional en Córdoba. De la Justicia no espero mucho, el Gobierno armó esta Justicia, hace más de 20 años que vienen construyendo esta Justicia en función de ellos. Pero con Ramiro tomamos la decisión de ir para adelante, lo hacemos con convicción. La muerte de Blas tiene que servir para algo, para que no haya más gatillo fácil, para que no maten más pibes, para que no haya violencia institucional, para que las cosas mejoren”.

El pasado domingo 12 de febrero, Blas hubiera cumplido 20 años. La familia se reunió para recordarlo. Su abuelo Miguel Laciar está enojado, iban juntos a ver a Belgrano, donde “Pato” fue una de sus glorias en la década del ’70. Su abuela Nany, está triste. Y sus hermanitas no entienden su ausencia: “Milagros me preguntó ‘¿por qué Blas no viene a soplar la velita?. Mami, yo quiero que Blas venga a su cumple’ ¿Cómo le explicás que una noche la Policía le mató el hermano? Mi papá quiere que haya otro juicio y que vayan todos presos, está muy enojado. Y mi mamá está triste, pero está haciendo terapia, lo maneja como puede, busca salir, superarlo. Los que mataron a Blas y encubrieron la muerte no se dan cuenta lo que le hicieron a esta familia”.

Gatillo fácil antes y después de Blas

La misma madrugada en que Blas fue asesinado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) se interesó por el crimen. Una de las amigas de Soledad Laciar es hija de Rubén Arroyo, presidente honorario de la APDH Córdoba y ex miembro de la CONADEP Córdoba.

En noviembre del año pasado, durante la visita a Argentina de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la APDH Córdoba le presentó un preciso informe de casos fatales de gatillo fácil ocurridos en la provincia mediterránea desde el 10 de diciembre de 2019, donde se hacía mención a 10 homicidios a manos de la Policía de Córdoba. Esa vez, el funcionario de la ONU se entrevistó con Soledad Laciar y familiares de otras víctimas.

Estos son los casos fatales a manos de la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba analizados por las Naciones Unidas:

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas.

3. José Antonio Avila, vendedor ambulante muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. La APDH Córdoba denunció que “la condena a los policías Navarro y Juárez por el homicidio de José Avila, donde no se tuvo en cuenta el doble agravante por la condición de policías de los acusados, implica una condena baja en la escala penal, lo cual es un mal precedente para todos los casos de violencia institucional donde los actores son policías en funciones”. La advertencia del organismo apunta a que en el juicio de Blas Correas, puede ocurrir lo mismo.

4. Blas Correas (17). 

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo. 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. El fiscal Raúl Ramírez, un ex policía que actuó en los finales de la dictadura cívico militar en el Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía cordobesa, dejó en libertad a todos los policías imputados.

Todas las ejecuciones extrajudiciales analizadas por Morris Tidball-Binz ocurrieron durante la gestión de Alfonso Mosquera como ministro de Seguridad. En septiembre de 2022, 25 meses después del asesinato de Blas, Schiaretti ordenó disolver el Ministerio de Seguridad y convertirlo nuevamente en Secretaría. Mosquera ocupó su banca de legislador -estaba de licencia y no había asumido- y el ministro de Justicia y DDHH, Julián López, pasó a ocupar el Ministerio de Gobierno y Seguridad. Claudio Stampalija fue nombrado secretario de Seguridad de la Provincia.

El juicio en la mira de Amnistía

El juicio por el asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba comenzó hace casi seis meses, el 7 de septiembre de 2022 y el 26 de diciembre pasado se resolvió un cuarto intermedio hasta el 8 de febrero.

Los cabos primero Javier Alarcón y Lucas Gómez son juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.

También están sentadas en el banquillo de los acusados las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), quienes son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). La policía Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas. En las recorridas, se halló un viejo revólver inutilizado que había tirado Esquivel envuelto en una bolsa. Hay otros cinco policías, también imputados por encubrimiento.

El 6 de septiembre de 2022, un día antes del inicio del juicio, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina advirtió: “El caso de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad no admitirá que se trate de otro caso más de impunidad”. La acompañaron Soledad Laciar, su hijo Juan; el papá de la víctima, Blas Correas y el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno.

García Rey señaló que “este juicio es un paso fundamental para combatir la institucionalización del abuso de la fuerza y la violencia policial. Hoy la confianza de la sociedad en la Justicia y fuerzas de seguridad está fracturada. El Estado tiene que mostrar que es capaz de investigarse a sí mismo, y con ello estar dispuesto a romper la trama de poder que subyace a estos casos. Los resultados de este proceso pueden constituir una oportunidad en la dirección correcta para poner fin a la impunidad en Córdoba y Argentina”.

Tras la etapa de los alegatos, se espera que la sentencia se dicte a mediados de marzo.

GM

Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial durante un control realizado en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, denunció en las últimas horas que le violentaron su vehículo y que se trata del tercer atentado que sufre en el último tiempo, por lo que advirtió: “No me van a callar”.

En un posteo que realizó en sus redes sociales, Laciar advirtió que en los últimos días sufrió tres atentados contra propiedades de su familia, en momentos en que el juicio que se le sigue a 13 policías, algunos acusados por el homicidio de Blas y otros por el posterior encubrimiento, se encuentra en un cuarto intermedio hasta febrero próximo.

“Hago la denuncia por acá porque la policía, bien gracias. Hace un mes me apedrearon el portón. Hace 15 días le rompen el vidrio a Juan. Hoy el mío. Es personal? No me voy a callar. #justiciaporblas”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía que muestra el vidrio roto de su vehículo.

En ese posteo también hace referencia a que hace 15 días le violentaron el auto a su hijo Juan.

“Realmente estoy muy cansada de no poder vivir tranquila como si yo hubiese hecho algo malo. Nada. Solo pedir justicia”, completó en el hilo de su posteo la mujer, quien arrobó a continuación las las cuentas de Twitter del gobernador Juan Schiaretti, de la Policía provincial y del ministro de Justicia de Córdoba, Julián López.

Por el crimen de Correas, 13 miembros de la fuerza provincial son sometidos a un juicio por jurados.

En el juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas y cuatro amigos adolescentes circulaban en un automóvil por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado”.

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.

Con información de Télam.

IG

En las dieciocho audiencias que lleva adelante el juicio por el asesinato de Blas Correas, día a día se suman pruebas que demuestran que la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad, no desconocían las prácticas ilegales de algunos de sus miembros, sino que las encubrieron y en algunos casos las alentaron. El juicio expone que la violencia institucional es una práctica habitual en Córdoba, como señaló Noelia Garone, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina, en una entrevista a la agencia de noticias Télam.

Garone es observadora por parte de Amnistía Internacional en el juicio que se lleva adelante en Córdoba desde hace dos meses en la Cámara 8ª del Crimen –el pasado viernes 11 se realizó la 18ª audiencia- y según sus palabras, su presencia apunta a que “se cumplan las debidas garantías del proceso, que haya esclarecimiento y se haga Justicia”. La observadora de Amnistía Internacional le dijo a Télam que lo que le ocurrió a Blas Correas “no es un caso aislado ni exclusivo de Córdoba. Son situaciones que vienen de larga data y ocurren en todo el país por el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad”.

Blas Correas fue asesinado en los primeros minutos del 6 de agosto de 2020, cuando a bordo de un Fiat Argo, conducido por su amigo Juan Cruz Camerano, dos policías apostados en la avenida Vélez Sársfield dispararon contra el vehículo porque no se detuvo. Además de los dos adolescentes, iban Camila Toci, adelante; y Cristóbal Bocco y Mateo Natalli sentados atrás, cada uno al lado de Blas. “Estos pibes que están acá corrían a salvar a su amigo y eso no lo olvide nunca nadie. Siempre los voy a defender y en ellos encuentro la fuerza en seguir adelante”, señaló Soledad Laciar, la madre de Blas, la mañana del miércoles 7 de septiembre pasado, mientras entraba a la primera audiencia del juicio donde se trata de dilucidar penalmente las responsabilidades de 13 acusados por el crimen de su hijo de 17 años.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) que sigue este crimen desde que ocurrió, contabilizó otros nueve casos fatales de violencia a manos de la Policía de Córdoba entre abril de 2020 y julio de 2022; por lo que el 10 de agosto pasado, hace tres meses, le solicitó una audiencia “con carácter urgente” al gobernador Juan Schiaretti, pero el expediente “está cajoneado” desde el 12 de agosto pasado.

Hay 13 acusados en el juicio

En el juicio los principales acusados son los cabos primero Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36), autores de los disparos que terminaron con la vida de Blas, imputados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”. Las pericias confirmaron que la bala que mató al adolescente salió de la pistola de Gómez, un policía que no debería haber estado patrullando y mucho menos armado, por haber encubierto años antes, a un violador serial. 

El defensor del policía Lucas Gómez, Gastón Schonfeld, y Martín Cafure, defensor del policía Walter Soria –otro imputados-, se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúe como “Amicus Curiae” y que Amnistía Internacional participe como “observador” del proceso. 

Además de asesinar al chico, según el expediente, los policías intentaron fraguar un enfrentamiento y plantaron un viejo revólver. Alarcón culpó a su compañera de patrulla Wanda Esquivel (34) por ese hecho: “Cuando Esquivel recibe el llamado del cabo Leandro Quevedo, me preguntó si tenía un ‘tango’, si tenía un arma”. El policía agregó en su declaración: “Le dije que tenía un revólver viejo y se lo di a ella. Yo nunca la obligué a nada”. El fiscal federal Maximiliano Hairabedian abrió una investigación contra ambos y los imputó por “encubrimiento”, por poseer ese revólver Doberman calibre .22 sin identificar.

La acusación por el homicidio de Blas Correas, abarca además de los policías que dispararon, Gómez y Alarcón, a otros 11 uniformados de distintos escalafones, quienes participaron en un plan de encubrimiento para lograr la impunidad del homicidio.

Las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Esquivel y Yamila Martínez (24), son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). 

El 19 de octubre pasado, durante la 13ª audiencia, declaró como testigo la jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, y reconoció que la fuerza que comanda cometió “violencia institucional” en el crimen de Blas. Zárate Belletti llegó a Tribunales vestida de civil, declaró durante cuatro horas y luego de que los jueces expusieran unos videos donde se vio la balacera contra el Fiat Argo, y otros donde hay una decena de policías que no ayudaron a salvar la vida de Blas aún herido, sólo atinó a decir “siento vergüenza”. 

Tras su testimonio, 26 meses después del homicidio, los diez policías fueron pasados a situación pasiva, entre ellos el oficial Ezequiel Henot, quien esa madrugada cacheteó a Juan Camerano, el amigo que intentaba salvarle la vida a Blas. 

La jefa policial también declaró que, en su carrera, nunca se enteró de la existencia de armas para plantarles a los sospechosos.

Pese a los dichos de Zárate Belletti, esta práctica es habitual según consta en la Justicia: la noche del 31 de octubre 2007, los policías Héctor Edmundo León y Silvia Sánchez detuvieron a Raúl Mola (18), acusado de un robo en barrio Remedios de Escalada. El joven fue esposado con sus manos hacia atrás y tras iniciar el traslado hacia una comisaría, extrajo un revólver calibre .22, dentro del móvil y efectuó dos disparos: “¡Me quiere matar!”, gritó Sánchez. Su compañero León, frenó el auto, se bajó y abrió la puerta trasera; le quitó el revólver al preso y lo mató de dos balazos. 

Diez años después, en 2017, León fue juzgado y la fiscal Laura Battistelli pidió una pena leve: “La ley no acepta la emoción violenta para los casos de policías que actúan en servicio. León no tenía conciencia cuando mató. Además, no cometió ningún abuso con su propia arma reglamentaria, sino con el revólver del detenido. No existió abuso”, dijo la fiscal. Se sospecha que Mola tomó el arma de un bolso del patrullero, que llevaban para utilizar ilegalmente. León no pasó ni un día preso.

Ex ministro en la mira

El comisario mayor Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad de la Capital al momento del asesinato de Blas, declaró ante los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno apuntó a las responsabilidades administrativas, políticas y penales del entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera: “Me encontré con Soria y Galleguillo en la Oficina de Prensa. Les pregunté si a todos los intervinientes los habían podido convocar a la sede judicial, me dijeron que sí. Mientras estábamos frente al televisor, vimos una declaración del doctor Mosquera donde él hace una escueta declaración. Inmediatamente a que termina, me llama a mi teléfono personal y me dice ‘Gonzalo prepará un buen operativo, prepará las vallas, que vamos a tener quilombo porque mataron a un pibe de clase media’.  Yo le dije que iba a volver a pasar, que va a volver a pasar y puede volver a pasar. Y pasó con el chico de Paso Viejo”, declaró Cumplido el miércoles 26 de octubre, en la 16ª audiencia.

El ex comisario, que fue sobreseído en junio de 2021 del crimen de Blas por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, apuntó fuerte contra el ex ministro de Seguridad: “No me cabe ninguna duda que mis superiores sabían del tema del arma” y “Muchas veces se usan los teléfonos particulares porque siempre está la duda en la Policía sobre que los teléfonos oficiales están pinchados”. 

Durante esta misma audiencia estaba previsto que lo hiciera el ex ministro Mosquera, pero debido a la extensión del testimonio del ex policía la cita pasó para el 24 de noviembre, en pleno Mundial de Fútbol de Qatar. Mosquera fue ministro hasta el pasado 20 de septiembre.

Para respaldar sus dichos contra el ex ministro de Seguridad, Cumplido dijo que en su teléfono celular constaban las pruebas y el martes 1 de noviembre, cinco días después de declarar, el ex jefe entregó su teléfono móvil a las autoridades de la Cámara 8ª del Crimen; le tomaron declaración y lo derivaron a la Policía Judicial, donde durante cinco horas peritaron el aparato, para luego devolvérselo. Los mensajes que se analizan como prueba abarcan un lapso de 15 meses, desde el 3 de noviembre de 2019 hasta el 12 de febrero de 2021.

La APDH acusa

Además del asesinato de Blas Correas, la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contabilizó otros nueve casos de violencia institucional, por lo que le solicitó una entrevista al gobernador Juan Schiaretti “para evaluar la necesidad de que el Gobierno realice cambios en materia de Seguridad y Derechos Humanos; dado el creciente número de acciones de brutalidad policial que se registran desde que Usted inició su tercer mandato en diciembre de 2019 y que se han incrementado desde mediados de 2020 hasta la fecha, con la trágica muerte del ciudadano Johnatan Romo a principios del mes de julio mientras se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad de La Falda”.

El organismo señaló que “desde que Mosquera asumió como ministro, el 10 de diciembre de 2019, en coincidencia con la asunción de su tercer mandato como gobernador de Córdoba, hubo diez casos de violencia institucional con víctimas fatales”.

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma, pero no se encontró ninguna. Murió de un disparo en el cuello. Los policías están libres.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas. Oficialmente se dijo que hubo un intercambio de disparos. Los policías están libres.

3. José Antonio Avila, un vendedor ambulante aparece muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. Los policías que lo asesinaron Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no informaron a sus superiores y siguieron patrullando. El crimen lo denunció la viuda, Johana, y se abrió una investigación. Navarro y Juárez fueron detenidos. Los condenaron a penas menores. 

4. Blas Correas (17). Además de asesinarlo, los policías plantaron un arma, como ocurrió en el caso de Isaías Luna. Ese día a las 7, Gerardo Battistón, secretario de Lesa Humanidad de la APDH Córdoba se reunió con Ramiro, el marido de Soledad Laciar y la tía de Blas en Tribunales II y los asesoró sobre los pasos a seguir.

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia. Un operativo para detenerlo en su casa falla y el sospechoso huye. Detienen a su pareja y al hombre lo intentan detener a balazos. Uno de esos disparos le dio en el cuello y Morenigo murió en el acto. El policía está libre, acusado de homicidio por exceso en el ejercicio del cargo.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo, 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego. Por su asesinato serán juzgados seis policías que dispararon más de 100 veces contra los chicos.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital. Los policías plantaron en la mano derecha de la víctima un revólver calibre .38. Y luego avisaron a los servicios de emergencia sobre lo sucedido. La víctima era zurda.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria. El caso se presentó como legítima defensa ante un asalto. Cuatro años atrás, Paglino, también de civil y con su pistola reglamentaria mató a uno de los delincuentes que asaltó una financiera ilegal que funcionaba en Rondeau 94, fue el 15 de febrero de 2018.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio. Cinco días estuvo su familia sin saber oficialmente nada de él, pese a que su madre consultó en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). El lunes 13 la familia Castro fue informada de que Ezequiel había sido internado por un cuadro grave de deshidratación que le provocó la muerte al día siguiente.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. Seis agentes que estaban a cargo de custodiar a la víctima, declararon que se descompensó, intentaron reanimarla y al fracasar las maniobras para salvarle la vida, llamaron a un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron, Romo estaba muerto. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. A fines de 2021, ya había sido detenido y torturado, producto de las lesiones sufrió la perforación de un riñón. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, no investigó esos apremios y el abogado de los Romo, Luis Galli presentó en la Legislatura un pedido de juicio político contra la funcionaria.

Más casos

Con la salida de Mosquera, el ministro de Justicia y DDHH, Julián López fue ascendido a superministro de Gobierno y Seguridad, y la Secretaría de Seguridad quedó a cargo de Claudio Stampalija. Los casos de violencia institucional continuaron y la APDH los sigue de cerca:

-Sebastián Mackey (38), oriundo de Merlo, San Luis, fue detenido el 20 de octubre en Río Cuarto y según su padre, Eduardo Mackey, fue sometido a apremios ilegales en la Unidad Departamental de la Policía: “Lo ponían boca abajo, uno de los policías se le paraba arriba de la espalda y otro le doblaba el cuello, por lo que no podía respirar”, denunció el hombre al diario Puntal de Río Cuarto. 

Mackey detalló que su hijo padece esquizofrenia, está internado en una clínica local y recién hace unos días pudieron verlo: “Impresionaba, estaba golpeado por todos lados, tenía un derrame en un ojo, el cuello no lo podía ver y en la zona de las manos y los brazos estaba lastimado”.

-El domingo 30 de octubre murió un preso en la alcaidía de la Policía de Villa María. Eduardo César Beltramo (31), acababa de ser detenido por amenazas; y según la versión oficial, mientras era revisado por la médica policial se desvaneció y murió. En el Hospital Regional Pasteur constataron su deceso. El fiscal René Bosio abrió una investigación.

GM

Comenzó a ventilarse este miércoles en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba el juicio contra 13 policías en el marco del crimen por Valentino Blas Correas ocurrido en agosto de 2020.

El presidente de la cámara Marcelo Jaime estimó que el proceso tendrá una duración mínima de 25 audiencias. “Por las características especiales del caso y sobre todo por la cantidad de personas que intervienen, se dispuso esta sala especial para las 100 personas que van a estar presentes. Y para garantizar la publicidad del proceso, en otras tres salas se transmitirá además el juicio”, explicó a Cadena 3. 

De mantenerse las acusaciones como hasta ahora, Lucas Gómez es el más complicado: el policía de 35 años fue quien asesinó a Blas Correas de un tiro en la espalda tras evadir un control policial. 

Javier Catriel Alarcón, de 31 años, está acusado de “homicidio calificado, agravado por el uso de armas” y “tentativa de homicidio”, cuya sentencia solo tiene pena de prisión perpetua. 

Hay otros 11 uniformados que llegan al banquillo acusados de los delitos de encubrimiento calificado y omisión de los deberes de funcionario público. 

La mamá de Blas Correas

Por su parte, la mamá de Valentino Blas Correas, dijo hoy que “se va a demostrar que hay más responsables” del hecho, al ingresar a los tribunales donde se lleva a cabo el juicio por jurados a 13 policías acusados del homicidio y posterior encubrimiento.

“Hoy están siendo juzgados 13 policías. Pero hay más. Las responsabilidades políticas llegan hasta el gobernador” Juan Schiaretti, sostuvo Soledad Laciar en la puerta del edificio judicial. Asimismo calificó como “deshumanizada” la fuerza policial provincial, al sostener que “luego de asesinar plantaron un arma”.

“Confío totalmente en que la justicia va a condenar. Es la única forma de que haya un cambio”, remarcó la mujer. Y agregó: “Hoy están aquí sus amigos. Ellos son mis hijos. Son los que trataron de salvar a Blas mientras la policía plantaba un arma”, añadió Laciar, quien ingresó a la sala de audiencia del juicio con su hijo Juan Segundo Correas.

Por su parte, el joven manifestó: “Es hora que se haga justicia. Es también hora de que el Gobierno (provincial) se haga cargo de la policía que tiene y que escuche a toda la gente que vino aquí a pedir que esto que le sucedió a mi hermano no vuelva a ocurrir”.

Con la presencia de los imputados, la audiencia comenzó cerca de las 10, en la sede de Tribunales II, donde se constituyó el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y los jurados populares para dar inicio al debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Familiares y amigos acompañaron a los padres de Blas hasta la zona de ingreso portando consignas de “justicia” por el asesinato. También estuvieron los representantes de Amnistía Internacional y de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.

Cómo murió Valentino Blas Correas el 6 de agosto del 2020

De acuerdo a la instrucción de la causa, la madrugada del 6 de agosto del 2020 Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo junto a cuatro amigos compañeros de colegio, todos de 17 años, entre ellos Valentino.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, se cruzaron con un control policial de prevención y los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad.

En su testimonio, Echeverría dijo que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba a la cabeza, por lo que aceleró.

En ese marco, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes “con intención de matarlos”, según la acusación fiscal.

Por su parte, el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo” efectuó dos disparos más “a sabiendas de que no había justificación legal para ello”.

Uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la escápula derecha de Valentino y le ocasionó lesiones mortales en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho.

Si bien los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas,uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el auto con los chicos, en Chacabuco y Corrientes.

Antes, los amigos llevaron a Valentino al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por ese hecho hay otra causa que fue elevada a juicio con tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) imputados por 'abandono de persona' y 'omisión de auxilio'.

El juicio por el crimen de Valentino Blas Correas

Los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como 'coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos“.

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Ellos enfrentan cargos por 'falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público'.

Durante el debate, serán los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo quienes buscarán probar estas acusaciones.

NB con información de agencia Télam.

El silencio aturde. Al frente de la marcha, tras un banderón que reclama Justicia por Blas, además de los familiares de Blas Correas, el chico de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba en los primeros minutos del 6 de agosto del año pasado; están los familiares de las decenas de víctimas de gatillo fácil, como Joaquín Paredes, José Antonio Avila, Agustín Barrios, Lautaro Guzmán o Yamil Malizzia. 

Son las seis de la tarde de un viernes primaveral. El centro de Córdoba está desolado. De a poco se suma gente, muchos con una remera negra que dice Todos somos Blas  y tiene el dibujo de un impacto de bala. Políticos opositores lo hacen en forma personal, sin banderas ni figuraciones. No hay ni un funcionario del Gobierno de Juan Schiaretti ni de la Municipalidad de Córdoba. El jueves, el concejal juecista Ricardo Aizpeolea presentó un proyecto en el Concejo Deliberante capitalino pidiendo un homenaje para Blas. Pero el oficialismo lo rechazó en pleno. 

Tampoco se movilizaron dirigentes cordobeses del Frente de Todos. Por la vereda acompañaron Mariano Przybylski, director de Políticas contra la violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Gerardo Battistón, uno de los abogados que tiene el organismo en Córdoba, que la noche que asesinaron a Blas acompañó a la familia en la escena del crimen y en su periplo burocrático por la Central de Policía y el Palacio de Tribunales II. Battistón milita en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. Przybylski y Battistón se entrevistaron al final de la marcha con los familiares de Blas Correas.

De Belgrano

El presidente del Club Atlético Belgrano (CAB), Luis Fabián Artime llamó a la mamá de Blas, Soledad Laciar y se puso a su disposición. No pudo ir a la marcha, porque hoy el club se enfrenta con Estudiantes de Caseros. En las redes, el club pirata convocó a la marcha al cumplirse el primer aniversario del crimen de su socio. Todos los Laciar son hinchas y socios de Belgrano, y el abuelo de Blas, Miguel “Pato” Laciar fue una de sus glorias en los ’70. José María Romero Vázquez, dirigente opositor de Belgrano reclama Justicia: “Como club, como vecino de Alberdi, como ciudadano cordobés, no podemos permitir que los casos de gatillo fácil queden impunes. Hace un año le tocó a Blas, mañana nos puede tocar a cualquiera”.

Soledad es empleada del Banco Nación frente a la plaza San Martín en pleno centro cordobés. El secretario general de La Bancaria cordobesa, Raúl Ferro y de La Bancaria nacional, Sergio Palazzo, se reunieron a lo largo del año con la mamá de Blas. Y hace unos días, en las sucursales del Banco Nación de todo el país, pegaron afiches reclamando Justicia por este chico cordobés.

Juan, el hermano mayor de Blas, tiene 20 años y se encargó de la organización de la segunda marcha del silencio. Campañas con stickers reclamando Justicia por Blas o en las redes sociales y con amigos lograron que el viernes se reunieran en Córdoba unos 10 mil cordobeses reclamando para que este caso de gatillo fácil no quede impune. En 2020, una semana después del asesinato, Juan organizó la primera movilización, pese a los temores de su mamá. También fue masiva.

Una hora y media tardaron los manifestantes en unir las seis cuadras desde el cruce de las avenidas Colón y General Paz hasta el cruce de avenida Vélez Sársfield y bulevar San Juan. En cada esquina, el silencio se rompía con un minuto de aplausos.  Los carteles hechos a mano o las fotos de las víctimas de gatillo fácil reclaman lo mismo “Justicia” y “No a la impunidad”.

Contra el sistema

Acompañada de su marido Ramiro, de su hijo Juan y de su hija Milagros –la beba Martina quedó en casa de una tía-, al finalizar la movilización, Soledad Laciar criticó: “Esta marcha fue en silencio, porque el silencio es el único idioma que maneja este Gobierno que hace un año nos debe una respuesta. No sólo a mí, sino a ellos cuatro; en ese auto había cinco hijos a los que les cagaron la vida para siempre, a todos. Me siento responsable por ellos porque no quiero que los sigan dañando, ya sufrieron demasiado. Quiero que cambie algo de toda la mierda en la que estamos viviendo”. Juan Cruz, Camila, Cristóbal y Mateo son los chicos que iban con Blas en el Fiat Argo blanco tiroteado por los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón.

Soledad también reclamó por el sufrimiento de su familia: “No perdono que a Juan le hayan jodido la vida y que mis hijas no hayan podido conocer a su hermano. Cambió todo en mi familia, no seré más la que era, trataré de ser mi mejor versión, pero ya no seré como antes”.

“He visto el expediente y es enorme. Hay una investigación muy grande, pero también hay una realidad y es que los poderes no son totalmente independientes entonces hay presiones. Esto es contra un sistema”. Por el asesinato de Blas serán juzgados 13 policías, dos cabos por el homicidio del chico y el resto por encubrimiento. Inexplicablemente, el comisario Gonzalo Cumplido, jefe de Seguridad Sur de la Capital fue apartado de la investigación central y su caso ya fue cerrado por el Fuero Anticorrupción. Hoy Cumplido es candidato a diputado nacional por una fuerza de extrema derecha.

La semana pasada, Soledad y Ramiro se entrevistaron con los referentes en Argentina de Amnistía Internacional (AI). Ayer, en una pantalla LED ubicada en el cruce del bulevar San Juan y la avenida Vélez Sársfield, durante toda la marcha se emitieron imágenes de una campaña nacional de AI por el esclarecimiento del crimen de Blas. Y en algunas ciudades hubo gráfica callejera recordando el asesinato.

Cuando desconcentraron, los familiares de las víctimas de la violencia institucional se sacaron fotos con Soledad Laciar. Muchos de sus casos fueron visibilizados cuando la Policía asesinó a Blas, un chico de clase media.