El coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se ganó el apodo de “El Burro” por parte de sus compañeros del Ejército uruguayo por la forma brutal en que conducía sus interrogatorios. Agente de la dictadura en la década de 1970, formado en la Escuela de las Américas en Panamá, que enseñó métodos de tortura a militares latinoamericanos, Narbondo acaba de ser condenado a cadena perpetua en Italia por participar en “una impresionante serie de crímenes excepcionalmente graves”, que implicó secuestros ilegales, tortura, asesinato y desaparición de opositores políticos al régimen en Uruguay. “El Burro” es uno de los 14 militares del Cono Sur que han sido condenados definitivamente por los crímenes de la Operación Cóndor, una colaboración secreta de inteligencia militar entre dictaduras sudamericanas.

El proceso se llevó a cabo en Italia porque varias de las víctimas de los criminales de lesa humanidad tenían ciudadanía italiana. De los 11 uruguayos condenados por el Tribunal de Casación de Roma a principios de julio, solo Narbondo no está en prisión. A punto de cumplir 80 años en septiembre, el coronel retirado lleva una vida tranquila en un barrio de clase media de Santana do Livramento, en el estado más austral de Brasil, Rio Grande do Sul, que limita con la ciudad uruguaya de Rivera. Fue en la puerta de su casa donde habló en exclusiva con Matinal; hasta el día de hoy, ningún periodista de Argentina o Uruguay había logrado entrevistarlo.

“Yo era militar, seguía órdenes y vivíamos en una era de guerrillas en los países. Los Tupamaros en Uruguay, VAR Palmares en Brasil, lo mismo en Argentina, Chile… así que todo lo que diga en mi defensa, como militar, no servirá de nada. Es en el ámbito político donde hay que resolver estos temas ”, dijo. Ante la pregunta sobre si cometió los delitos por los que fue condenado, cambió de tema: “Fue un período, y eso fue todo en el pasado”. Se negó a ser fotografiado.

Narbondo vive a menos de dos kilómetros de la línea imaginaria que separa a Brasil de Uruguay, donde se le considera prófugo de la justicia luego de que un juez lo convocara a declarar en un caso en el que es investigado por la muerte bajo tortura de un trabajador en 1972. Él nunca se presentó y por eso existe una orden de arresto internacional emitida por Interpol a solicitud de su país de origen.

El pedido de captura internacional a Narbondo está limitado porque es considerado brasileño desde 2003, cuando acudió a una oficina de registro de Livramento para optar por la nacionalidad de su madre, nacida en el municipio de Rio Grande do Sul. Con esto, Narbondo está amparado por el artículo 5 de la Constitución de Brasil, que garantiza que “ningún brasileño será extraditado” para responder por delitos en otros países.

“Es un ciudadano libre en Brasil y tiene derechos y deberes como cualquier otro”, dijo su abogado, Julio Martin Favero, de Rio Grande do Sul, conocido por los militares por facilitar la regularización de los documentos de compraventa de inmuebles del lado brasileño. “Narbondo era militar en una época en la que prácticamente había una guerra civil. Nadie es un ángel, pero no puedes creer todo lo que se les atribuye. Estoy lidiando con las consecuencias y dentro de la ley. Y no me pregunten si me da vergüenza defender a un ciudadano, al que llaman genocida y no sé qué más ”, defendió el abogado.

Italia condena los crímenes de la Operación Cóndor

Mato Narbondo fue condenado en Italia por participar en la muerte y desaparición de cuatro ciudadanos de ese país: Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni. “Bernardo salió de la casa a las 7 de la mañana y nunca volvió. Ahora, 45 años después, puedo decir que se ha hecho justicia ”, dijo Mihura, viuda de Bernardo, al término de la audiencia final del proceso que condenó a los torturadores, en Roma, el 9 de julio.

“Es una sentencia histórica. Dimos a las víctimas memoria y justicia. Es un acto contra la barbarie ”, declaró el abogado del Tribunal de Casación, Pietro Gaeta.

Bernardo Arnone, Gatti, Ibarburu y Zaffaroni fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados al temido centro clandestino de la capital llamado Automotores Orletti, según revelan los testimonios de sobrevivientes de tortura que se cruzaron con los desaparecidos en los pasillos del taller mecánico.

Apodado por los represores como “El Jardín”, la prisión clandestina fue la base principal de la Operación Cóndor en el país. Se estima que allí fueron detenidas más de 300 personas.

Por este mismo lugar pasaron los hermanos Julien Grisonas, quienes eran niños (de uno y cuatro años) cuando fueron secuestrados con sus padres en Argentina por el servicio de inteligencia uruguayo. Este fue uno de los casos investigados por la justicia uruguaya en el que aparece el nombre de Narbondo relacionado con delitos cometidos en el ámbito de la Operación Cóndor, pero terminó siendo absuelto por falta de pruebas. Los niños pasaron por varios centros clandestinos de detención y tortura hasta que fueron abandonados en Chile, donde una familia los adoptó. Años después, recuperaron sus identidades, pero sus padres siguen desaparecidos.

En la sentencia de primer grado de Italia, la jueza Evelina Canale recordó que “la existencia del Plan Cóndor ha sido probada por muchas fuentes documentales, incluida la CIA (la agencia de inteligencia estadounidense)”. “La Operación Cóndor es un convenio de colaboración para llevar a cabo un proyecto específico para eliminar a los opositores políticos”, confirmó la jueza Agatella Giuffrida.

Uruguay comienza ahora a investigar la participación del coronel en los asesinatos del senador Zelmar Michelini y del expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, también secuestrados en la capital argentina, y trasladados al centro clandestino Automotores Orletti.

En la década de 1980, hubo un intento de dilucidar el caso, y una enfermera que supuestamente medicaba a Narbondo después de un ataque de depresión reveló que había confesado el crimen en ese momento, incluso mostrando un homenaje de las Fuerzas Armadas por la hazaña. En 2011, Uruguay condenó al ex dictador Juan María Bordaberry y a su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, a 30 años de prisión por su participación en este episodio y otros nueve delitos, entre ellos desapariciones forzadas y asesinato político.

Buscado internacionalmente, ignorado por los vecinos

En Livramento, el coronel Narbondo lleva una vida tranquila, mantiene hábitos saludables, camina y se cuida en las comidas. Viaja para visitar a su hijo, ingeniero, que vive en Bento Gonçalves, cuando aprovecha para disfrutar de los vinos y quesos que se producen en la ciudad de Serra Gaucha.

Recibe una buena jubilación. El valor ronda los 80 mil pesos uruguayos, unos 177.000 pesos argentinos. Para garantizar la pensión, todos los años necesita probar que está vivo, pero no se arriesga a poner un pie en el otro lado de la calle que divide las ciudades y los dos países, porque podría ser arrestado. El abogado Martín Favero dice que un médico uruguayo firma un certificado para su cliente y la esposa del coronel lo presenta en Rivera. Pero el semanario uruguayo Brecha reveló que ya cruzó la frontera más de una vez para el trámite y que, en 2019, estuvo personalmente en el Consulado de Uruguay en Livramento, que debió haber detenido al prófugo y no lo hizo. Consultada para este informe, la cónsul Elisa Peres se negó a comentar sobre el asunto.

El rostro del coronel es conocido en Uruguay, donde la prensa reprodujo fotos de él con familiares en playas del noreste de Brasil, en 2014, publicadas en la página de Facebook de su esposa. Pero en la calle donde viven y en los alrededores, la mayoría de los vecinos dice no conocer al vecino torturador. “He vivido aquí por más de diez años y debí haberlo visto dos o tres veces frente a mi casa, realmente no lo recuerdo, pero nunca hablamos, parece ser muy reservado”, dice un residente que pidió no ser identificado.

La alcaldesa Ana Luiza Tarouco tampoco conocía la historia del coronel Narbondo, según su oficina de prensa. Ni siquiera el periodista y columnista político más experimentado de la ciudad para el diario A Plateia, el principal periódico de la ciudad, Edis Elgarte, sabía dónde residía actualmente el coronel. Tampoco conocía su reciente condena en Roma: “No habíamos sabido nada de él durante años”, admite.

Uruguay pide juicio en Brasil

Si depende de la justicia uruguaya, el coronel puede que tenga que afrontar otro proceso, pero en Brasil. Esto se debe a que, ante la imposibilidad de extradición garantizada por la Constitución brasileña, el Ministerio Público de Uruguay decidió invocar un acuerdo entre los estados del Mercosur que obligaría a Brasil a asumir la sentencia contra el coronel en un tribunal nacional. En su artículo 11, la ley determina que “el Estado Parte que deniegue la extradición [por la fuerza constitucional] promoverá el juicio de la persona, manteniendo informado al otro Estado Parte de los avances del proceso, y también deberá enviar, después de la sentencia, una copia del veredicto ”.

“Si Italia solicita la extradición de Narbondo, pasará lo mismo que con Uruguay: Brasil argumenta que no puede extraditar a sus ciudadanos. Por eso, hace uno o dos meses Uruguay solicitó formalmente a la justicia brasileña que cumpliera con el acuerdo del Mercosur y procesara a Mato Narbondo por los delitos de los que es responsable aquí ”, informó una fuente de justicia uruguaya que prefirió no ser identificado.

No hay un plazo establecido en la legislación para responder a la solicitud y, por ahora, Brasil guarda silencio. En que pese la expectativa, el presidente del Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos, el brasileño Jair Krischke, señala que, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, la jurisprudencia brasileña no reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, lo que podría ayudar a Narbondo a librarse una vez más. Krischke fue una figura clave en el caso presentado por la Fiscalía italiana y en la lucha por la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura en Italia.

De seguir adelante, el final de Narbondo podría ser similar al de Néstor Tróccoli, también condenado en el juicio por el Plan Cóndor en Roma. Había huido de Uruguay en 2007 y desde entonces, debido a la ciudadanía italiana, había vivido libremente en Battipaglia, una pequeña ciudad del sur de Italia. Troccoli fue arrestado en la mañana del 10 de julio, el día después de la sentencia del tribunal de casación, y trasladado a la penitenciaría de Salerno, donde cumple su condena.

Este informe fue editado por el equipo de Matinal Jornalismo (Brasil), y se publica simultáneamente en la diaria (Uruguay), elDiarioAR (Argentina), y Altreconomia (Italia)