En la villa 1-11-14 del Bajo Flores, esa que suele aparecer en las noticias el narcotráfico pero que tiene más vida que sólo eso, La Libertad Avanza (LLA) fue la fuerza más votada en las primarias: 33,7%, frente a 28,5% de Unión por la Patria (UP) y 25,9% de Juntos por el Cambio (JxC), que en 16 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires ha ido armando militancia en las villas porteñas, como antes sólo tenía el peronismo u organizaciones de izquierda. Después de aquella votación se sucedieron diversos saqueos en todo el país, incluida la 1-11-14, rebautizada como barrio Padre Rodolfo Riccardelli, antiguo párroco de la zona. Fueron reflejo del malestar social, pero también del crimen organizado y de agitadores políticos. En elDiarioAR lo contamos desde el territorio y ahora volvimos a sondearlo horas antes del balojate.

En el medio ocurrieron los comicios generales, en los que la participación en la villa se elevó del 64% en las primarias al 72% y en los que se dio vuelta el resultado. Sergio Massa logró el 41,1%, frente a 31,4% de Javier Milei y 20,2% de Patricia Bullrich. ¿Qué ocurrirá hoy? “Ahora hay un rumor de saqueo para este domingo a la noche, es lo que tiene preocupados a todos”, cuenta una vecina que prefiere mantener el anonimato. De aquellos saqueos de agosto ya no se supo nada más. Sí había un rumor que de provincia, de Malvinas Argentinas, querían venir a tomar la parte donde está la feria de (calle) Bonorino que funciona los domingos. Eso se informó en una reunión y entonces en ese sector se aumentó la seguridad“, agrega.

“Aquí en lo económico es una catástrofe”, cuenta la vecina, que atiende un comedor. “Los artículos de primera necesidad no se pueden comprar. El paquete de azúcar está a $1200; el arroz también subió. No se puede. La carne directamente ya no se compra. Es mejor ir al comedor: ahí la gente se multiplicó demasiado. La fruta y las verduras ya son un lujo”, describe el panorama.

En el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre se registró efectivamente que se encarecieron alimentos populares como el arroz, un 35%; los fideos, un 32%; la lechuga, el 40%; el tomate, el 24% y el azúcar, el 15%. En las grandes cadenas de supermercados explican que faltó arroz por una mala cosecha y la harina, que ya había aumentado los meses anteriores, terminó impactando en los tallarines. Ante esa escasez, el Gobierno autorizó incrementos excepcionales del 60% por fuera de Precios Justos, que ajusta al 5% mensual. Así fue que el producto reapareció en las góndolas. En el caso de las pastas, los fabricantes recurrieron al viejo truco de lanzar nuevos productos con algún aditamento adicional para esquivar los controles de precios.

Ante las remarcaciones y la campaña electoral, la militancia peronista está más activa que antes de las primarias de agosto en la 1-11-14. “Aquí está dividida la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta, el Movimiento Evita y La Cámpora”; cuenta la vecina que trabaja en el comedor. “Pero ahora es como que se van juntando para Massa”, apunta a una alianza del jefe de Gobierno porteño con su ex amigo y actual ministro de Economía. “En la primera votación aquí era muy poca la militancia de Milei. Ahora sí aparecieron, pero los locales que abrieron están en las casas de los narcos. Mandan todo el tiempo videos por los grupos de WhatsApp. Nuestros hijos, que votaron a Milei en agosto, se van dando cuenta de que es mejor seguir con Massa. Los dos son malos, pero Massa es el menos malo”, analiza y describe el panorama de las drogas: “Aquí aumentaron mucho los fisuras. Hay mucho lío con ellos, nadie se ocupa, es un tema de nunca acabar. La Gendarmería empezó hace 20 días a reventar las negocios de droga, lo hacen a partir de las 3 de la madrugada. Dicen que reventaron todo, que llevaron a varios presos, aquí ya no los dejan vender. Por eso los pibes que están en el consumo andan como locos, no saben de dónde van a comprar. Si la consiguen dicen que esta carísima. Están todos desesperados.”

“La gente está con la cabeza en sobrevivir”, cuenta Alejandra López, encargada del comedor San Jorge y que milita con Bullrich y Jorge Macri. “No pueden pensar en otra cosa. Una a veces quiere ponerse a hablar y sacar otros temas, pero la gente está indignada, cansada de siempre lo mismo. Mucha gente que está de acuerdo con Milei no lo dice. Es casi lo mismo que pasaba antes con el PRO. Si alguien estaba a favor de (Mauricio) Macri en su momento, no lo decía porque la gente se ponía muy violenta con que iba a privatizar, va a hacer esto o lo otro. Los partidarios -se refiere a los peronistas- se nota que salen a la cancha. Hace tres meses no los veías. Sólo estaban en algún recorrido político por la villa, se mantenían muy al margen. Hoy sí están haciendo en las unidades básicas más trabajo social”, describe Alejandra, atareada por estas horas para ayudar a una madre, Ivana, con dos hijos de 5 y 7 años, a la que se le incendió la casa de dos piezas, perdió el dormitorio entero y ahora duerme en la habitación donde trabaja como costurera. Alejandra anda buscando donaciones de materiales de la construcción para levantarle otra vez el cuarto a Ivana y sus nenes. Preocupaciones más urgentes para ella que el balotaje de hoy.

AR/MG

Para que nadie la vea y después la amenacen, una vecina boliviana de la villa 1-11-14 prefiere hablar en forma anónima sobre la vereda del Nuevo Gasómetro, el estadio del que San Lorenzo quiere mudarse para volver a Boedo pero por ahora no tiene con qué. Enfrente está la parroquia Madre del Pueblo, con la imagen pintada del papa Francisco, el mismo que hace ocho años advirtió sobre la “mexicanización” de la Argentina a partir de lo que sucedía en este barrio que él visitaba cuando era arzobispo de Buenos Aires.

“Antes de que llegara la Gendarmería a la villa (en 2011) e instalara ese puesto delante de la parroquia, eso era un dormitorio de narcos”, cuenta la vecina. Son las 10 de la mañana y varios grupos de cuatro gendarmes cada uno salen de allí con cascos y chalecos antibala para hacer caminatas por este barrio, rebautizado Padre Rodolfo Riccardelli, antiguo párroco. La presencia de los uniformados de verde se reforzó y se la ve en forma constante en calles y pasillos desde los saqueos que ocurrieron hace una semana y media aquí y en otros rincones del país.

En abril pasado, ella y otros vecinos cortaron allí mismo la avenida Varela para protestar contra el plan de retirar la Gendarmería para poner la Policía Metropolitana. “Los gendarmes limpiaron bastante el narco desde que llegaron, los capos están presos o volvieron a su país, quedaron narcos menores, pero creció el choreo”, admite sobre los crecientes robos, sobre todo de teléfonos celulares.

“Los saqueos no fueron para robar comida sino para robar de todo”, reflexiona la vecina, en coincidencia con otras. Descreen de la hipótesis de que hayan buscado quedarse con la ropa, los electrodomésticos o los accesorios de celulares que saquearon para después revenderlos y hacerse de dinero para comprar alimento: “¿A quién se lo van a vender si no se está vendiendo nada?”. El indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) registró en julio el segundo mes consecutivo de baja -esta vez, del 1,6%- y en agosto se teme que caiga más por las remarcaciones de precios aceleradas que siguieron al salto poselectoral del dólar oficial.

“Los resultados electorales adversos al oficialismo no pueden disociarse de la crisis de ingresos que azota a la economía argentina desde el ocaso del gobierno anterior y que el actual no logró modificar”, advierte el nuevo informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (Cifra-CTA), elaborado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti. Allí señalan que aún en el primer semestre de 2023 el consumo crecía, pero sobre la base de una mayor desigualdad: compraban más las clases media alta y alta al tiempo que se creaban nuevos empleos, asalariados o cuentapropistas. La gente debe tener más trabajos para sobrevivir.

Frente a la parroquia, la vecina explica el contexto en que se produjeron los saqueos del 22 de agosto: “El dólar estaba subiendo mucho (no sólo el oficial, que impacta directo en precios, sino también el blue, que influye también), los comerciantes empezaron a remarcar o no te vendían ni aceite ni arroz porque no tenían precio. La papa llegó a $1.000 el kilo. Entonces vinieron en motos, en grupos de a 10 o 15, y empezaron a robar. Son narcos y chorros, algunos que vienen de los barrios Rivadavia e Illia II, donde alquilan por un tiempo y se van”.

Otros vecinos creen que son de la misma 1-11-14. Los saqueadores asolaron las calles San Jorge y San Juan, allí donde se suceden locales de ropa, un Western Union para transar en divisas, una barbería, una vendedora ambulante que ofrece a viva voz papas rellenas o empanadas, una pescadería que vende pejerrey, merluza e ispi, pececito codiciado en Bolivia y Perú, y obras de AySA -la empresa que preside Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa- para instalar cloacas. Aquí, a diferencia de los barrios Rodrigo Bueno y El Playón de Chacarita, apenas llegaron los planes de reurbanización de villas de Horacio Rodríguez Larreta.

Alertados por Whatsapp de que también vendrían asaltantes de Villa Soldati y el barrio Carrillo, los vecinos, muchos de ellos comerciantes, se prepararon con palos. Uno de los delicuentes acabó con la cabeza ensangrentada y otro, desnudo y molido a golpes, hasta que los gendarmes los arrestaron. A partir de lo sucedido, los vendedores han puesto alarmas que activan por control remoto y cámaras de seguridad para monitorear en guardias de 12 horas cada uno. Los narcos también tienen sus cámaras y hasta rejas para controlar quiénes entran y salen a determinados pasillos.

Nadie se atreve a apuntar a ningún grupo opositor como agitador de los saqueos, aunque después hayan sacado réditos de ellos y advierten que solos no se organizan. Pero más allá de los robos en masa, hay un caldo político, económico y social. “Hay jóvenes, hijos de paisanos míos, que entendieron que si gana (Javier) Milei van a pasar de cobrar 150.000 pesos a 150.000 dólares, y con eso van a poder irse de la villa y estudiar en un colegio privado, en la universidad, pero ahora están decepcionándose porque él está aclarando que puede tardar dos años en hacerlo”, cuenta la vecina frente a la parroquia. “Mucha gente quiere terminar ya con este gobierno porque no se puede comprar más. Antes no se llegaba con plata al día 20, hoy no llegás al día 10. La gente busca otros laburos, pero no hay. Traigo tela para hacer ropa, pero no vendo nada o la gente te quiere poner el precio y no saco ganancia. Por eso, la gente está yendo más a los comedores. O tenés que irte afuera del barrio a comprar porque en Coto el atún está a 480 pesos y acá, a 800”, compara los supermercados donde rigen los Precios Justos con los comercios de la villa. Lleva 35 años viviendo en la 1-11-14, recuerda que en aquellos primeros tiempos estaba peor, sin luz ni agua, sobreviviendo con la olla popular del padre Ricciardelli. Aunque milita en una organización social opositora, admite que los mejores tiempos fueron con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Ahora que es vice ya no. “Hay trabajo, pero no alcanza”, reflexiona en esta villa con trabajadores de limpieza, seguridad, enfermeros, costureros, verduleros, albañiles y cocineros, pero también con algunos hijos médicos, contadores, abogados u odontólogos.

Después de zizgaguear por la calle San Juan y un par de pasillos, se sube por una escalera de escalones angostos, como todos en las villas, y se llega a casa de la inmigrante paraguaya Blanca Arce, que tiene dos hijos graduados universitarios, coordina el comedor Estrella del Sur y militó en las primarias por Larreta y Martín Lousteau. “No fueron saqueos, fueron robos piraña y no es la primera vez que pasa; pasa desde el año pasado y es constante. Los ladronzuelos, que necesitan plata para pagar droga, aprovecharon que estaban saqueando en otras partes del país. Pero nos alertaron por Whatsapp y los vecinos estábamos organizados. Esto no es como en 2001, que te tocaban la puerta y decían: 'Vengan a saquear'. Si este gobierno no fuera peronista, sería un caos pero, como son peronistas, no quieren hacerlo caer. Acá no hay hambre. El que no tiene laburo recibe ayuda del Estado o viene a los comedores. Acá atendemos gente las 24 horas, que te vienen con la botellita cortada para que le pongas pollito”, cuenta Blanca.

En Estrella del Sur reparte 600 raciones diarias, pero llegan hasta 1.000 personas a pedir. “Les das un paquete de arroz o de yerba que tengas”, cuenta la referente de la Manzana 21 de la 1-11-14. “Acá las redes sociales hacen todo: por ahí invitaban a saquear, por ahí nos alertaron y por ahí se mostró cómo el Gobierno actuó rápido, los metió presos y les sacó el plan social”, valora. “Hoy hay changas, pero ganan poco. Tampoco les alcanza con el plan social. Por eso hay esperanza en lo que no se conoce, porque estos y los anteriores defraudaron. Me da pena ver así a la Argentina: cuando yo vine, hace 30 años, era otro país”, recuerda. Eran los principios de los 90, cuando el plan de los ídolos de Milei, Carlos Menem como presidente y Domingo Cavallo como ministro de Economía, derrotaba la hiperinflación atando el peso al dólar, pero con el correr de esa década los logros de ese esquema se diluyeron y comenzó otra crisis que estalló en 2001.

“No es casual que justo pase esto en la campaña, todos los barrios estaban alborotados”, advierte Alejandra López, encargada del comedor San Jorge, que milita con Patricia Bullrich y Jorge Macri. “Antes, en el barrio nadie decía que era del PRO y hasta las últimas elecciones nadie decía que votaba a Milei, pero fue cambiando”, acota. En su comedor se reparten 350 raciones diarias, pero además hay una lista de espera que creció de 40 personas hace un año a 72 actuales. “Es por la situación económica del país. Tenés gente sin trabajo o con doble trabajo, pero aun así no les alcanza. Tenemos muchas mujeres cabeza de familia que casi no ven a sus hijos porque deben trabajar por hora (como empleadas de casas particulares) y nos los dejan acá hasta la merienda. Si no, no comen”, cuenta Alejandra. En su espacio también se dictan talleres de capacitación laboral y se vincula a los que los cursan con empresas que necesitan personal. “Se habla mucho de inseguridad, pero la base está en la droga. Los pibes que consumen, roban porque no se los ayuda.”, advierte la referente del comedor que fundó Adrián Garay y a donde llega el aroma a comida peruana de un restaurante vecino, ambos sobre la avenida Varela.

Gabriela Mamani Heredia termina uno de sus dos trabajos a las 19 y recién entonces puede atender el teléfono para conversar con elDiarioAR, que la llamó temprano por la mañana. Milita en Barrios de Pie, organización social oficialista, es promotora de salud y auxiliar de enfermería. “Aquí hubo algo de política, porque hay que organizar para hacer daño; no sé si hubo algo de necesidad, porque la situación social no da para mucho, nadie llega a fin de mes, ni con los refuerzos que da el Gobierno, pero tampoco salieron a saquear alimento y venían bien vestidos; y hubo algo de delincuentes que no les importan los vecinos, no tienen empatía”, analiza Gabriela, de 29 años, que tenía siete en 2001 pero recuerda como “horrible” aquel tiempo entre “tiros y caballos de policía”. “Nunca pensé que íbamos a volver a eso. Fue inesperado. Buscaron generar temor en la sociedad y lo lograron. Ahora los comerciantes cierran a las 19, no a las 23, o abren con la persiana a la mitad. Pero nadie quiere que el país se venga abajo”, concluye.

“Hay mucho pendejito sin código, que roba adentro del barrio, algo les habrán ofrecido para salir a robar”, comenta otra joven que milita también en el oficialismo y prefiere mantenerse en el anonimato. “Está todo carísimo, todos los meses suben los precios, hay gente con bronca, pero no hay hambre ni los robos tuvieron que ver con eso”, reflexiona ella, que suele discutir con contemporáneos votantes de Milei: “Hablan mal del peronismo, de Cristina, se creyeron ese video de Tik Tok de que van a cobrar en dólares, o que la beca de estudio (Progresar) se va a dolarizar. Unos está muy convencidos, a otros los podemos hacer pensar”. Pero descree que la política esté detrás de los saqueos. Tienen más que ver con vidas saqueadas.

AR /DTC

El narco Marco Antonio “Marcos” Estrada González, quien durante décadas lideró una organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio porteño 1-11-14 del Bajo Flores, fue expulsado este miércoles a su país, Perú, en un operativo de seguridad especial que incluyó el traslado en helicóptero desde el penal donde estaba alojado.

Estrada González fue trasladado en la madrugada desde el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz -en el que estaba cumpliendo la pena a 24 años de prisión- hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en medio de un operativo especial que contó con la participación de efectivos de la División Asuntos Migratorios e integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina.

El traslado se realizó bajo un total hermetismo, ante la eventualidad de un intento de fuga o de que el líder narco sufriera un atentado en su contra.

“Creemos que es la única forma que deje de manejar todo desde la cárcel. No puede volver a la Argentina de por vida y si lo hace dentro de los próximos 12 años a través de algún paso irregular y es descubierto, tiene que cumplir toda la condena”, dijo una fuente judicial.

Es que para los investigadores judiciales y policiales, “Marcos” aún seguía manejando desde su celda de la cárcel el negocio de la venta de estupefacientes, los aprietes a comerciantes, la amenazas a vecinos y la violencia en la villa 1-11-14.

“Marcos” estaba detenido en Marcos Paz cumpliendo una condena de 24 años de prisión por los delitos de “narcotráfico y acopio de armas de guerra” y, en principio, el operativo de traslado incluyó ocho móviles con efectivos federales que llegaron al penal bonaerense para llevarlo al aeropuerto.

Pero instantes antes de la partida, y con el objeto de evitar posibles filtraciones, los federales realizaron un cambio de último momento y aterrizaron un helicóptero dentro del complejo carcelario, a bordo del cual subieron a Estrada González y en compañía de un comisario y dos oficiales rumbo a Ezeiza, donde -también bajo custodia federal- tomó un vuelo a Perú.

Según estableció una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el líder narco seguía dirigiendo desde prisión una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores.

Autorización judicial

Por tal motivo, el 20 de mayo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 -el último que lo había condenado en un juicio en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal Diego Velasco-, autorizó el extrañamiento (expulsión del país) a Perú de Estrada González, en un fallo en el que le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que disponga los medios para que realice el traslado del condenado a Lima y que le prohíba de manera permanente el reingreso a Argentina.

Desde entonces, autoridades nacionales, judiciales y policiales comenzaron a elaborar con las fuerzas policiales peruanas el plan para trasladar a “Marcos”, quien apenas pise suelo limeño quedará en total libertad, ya que en ese país no cuenta con causas judiciales en su contra.

El juicio

En un juicio que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 -el mismo que ahora le otorgó el extrañamiento- había condenado a “Marcos” a una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.

Los jueces lo consideraron “organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas” en la villa 1-11-14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de “tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas”.

En el mismo fallo, que fue leído a través de una videoconferencia por el coronavirus y que fue seguida por los imputados desde la cárcel, el tribunal condenó a la esposa de “Marcos”, llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.

También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias “Doña Lily”, a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como “partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes”.

Para los jueces, quedaron probados los vínculos de los condenados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de “Marcos”, que se produjo en diciembre de 2016.

“Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó uno de los investigadores al momento del juicio, quien agregó que “la entrega del dinero producto de la venta implicaba 14 millones de pesos aproximadamente” en cada turno mensual.

Para graficar el alcance del poder de “Marcos” al frente de la narco organización, los investigadores se remontan a junio de 1999, cuando se registró un triple homicidio en el interior de la Villa 1-11-14, en el predio conocido como “Cancha de los Peruanos”, que marcaron “el comienzo de poder de los Estrada González en el interior del asentamiento”.

Con información de Télam

DA

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento a tres gendarmes filmados cuando obligaron a los gritos a dos jóvenes a caminar en cuclillas a lo largo de una calle en el barrio “1-11-14” por haber supuestamente violado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo de 2020, en el marco de la pandemia.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento para los efectivos, cuyas imágenes fueron difundidas por la prensa en base a la filmación de un vecino el 25 de marzo de 2020 entre las 11 y las 14, cuando según la acusación obligaron a dos jóvenes a realizar “ejercicios físicos a lo largo de toda una calle que se encontraría ubicada en el Sector 3 del barrio”, según el fallo.

“Puntualmente, los obligaron a caminar en cuclillas, con sus manos apoyadas detrás de la nuca -siendo que uno de los jóvenes tuvo que llevar el paquete de fideos que transportaba en la boca-, al tiempo que proferían gritos y arengas”, detalló la acusación.

Los tres gendarmes, dos hombres y una mujer, quedaron procesados sin prisión preventiva por el artículo 144 bis inciso 2 del Código Penal, que reprime con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo“ al funcionario público que ”desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales“.

La denuncia fue presentada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional luego de la difusión de las imágenes sobre lo ocurrido en el lugar, conocido como “Padre Rodolfo Ricciardelli” y ubicado en el barrio porteño de Flores.

Los tres acusados cumplían funciones en la Unidad de Prevención Barrial “1-11-14” de Gendarmería Nacional y “valiéndose de los cargos que ostentaban, detuvieron, omitiendo deliberadamente dejar constancia formal de ello” a los dos jóvenes, indicaron los camaristas.

Los gendarmes desempeñaban “funciones de prevención y control del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, llevadas a cabo en la Villa 1-11-14 de esta ciudad”.

La defensa aseguró que no fueron ellos los filmados, cuestionó la autenticidad del video y la falta de testigos, al apelar el procesamiento.

Cuando se conocieron los hechos, los tres fueron pasados a disponibilidad en la fuerza, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto esta decisión y sostuvo que correspondía una suspensión.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que hay prueba para procesar a los imputados, entre ellas declaraciones de sus superiores, “quienes reconocieron el lugar de los hechos como el Sector 3 y coincidieron al afirmar que en ese lugar estaban asignados los encartados, siendo la única Unidad de Prevención Barrial con funciones en ese específico lugar que estaba integrada por dos hombres y una mujer.”

“Como complemento, surge del libro de novedades y del listado del personal de turno del día 25 de marzo del 2020, que los imputados ingresaron a realizar sus tareas ese mismo día a las 11hs, circunstancia que es compatible con la hipótesis delictiva que sostiene el fallo impugnado”, agregaron los jueces.

“Si bien es cierto que la reconstrucción del caso ha sido dificultosa, producto de las características particulares del suceso, es posible concluir que las circunstancias que han podido ser corroboradas hasta el momento se contraponen con la versión de los imputados”, concluye el fallo.

Con información de agencias.

IG